El popular músico y cantautor Nil Moliner ha aprovechado sus últimas actuaciones para concienciar sobre la matanza provocada por el Ejército de Israel en los territorios palestinos ocupados, y especialmente en la Franja de Gaza.

Este sábado, durante su concierto en el Festival La Movida Sound, que se celebraba por primera vez en la localidad gaditana de Barbate, el cantante de Sant Feliu de Llobregat lanzó un potente mensaje de condena del genocidio israelí y tras el que quiso dirigirse también a los niños que poblaban el concierto.

“Y con esto quiero mandar un mensaje a todos los niños y niñas que veo esta noche aquí, que es increíble, que sois el presente pero también el futuro de este mundo que cada vez está peor”, y añadió: “Deciros que no perdáis nunca las ganas ni la ilusión para luchar por un mundo mejor”. Tras ello arrancó su canción 'Good Day', publicada en 2023 en su álbum 'Lugar paraíso'.

Lo cierto es que no es la primera vez que Nil Moliner envía un mensaje de este tipo. Esta misma semana durante un concierto en la localidad catalana de Cambrils, Moliner expresó su apoyo al pueblo palestino ante la difícil situación que vive asediado por la guerra, el hambre y las enfermedades.

El Tribunal Supremo ha decidido confirmar las condenas de entre 36 y 43 años de prisión impuestas a dos de los tres colaboradores de la célula terrorista que en 2017 atentó en Barcelona y Cambrils. Los jueces avalan la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a Mohamed Houli Chemlal (43 años), Driss Oukabir (36 años) y rebajan a un año y medio de prisión la de Said Ben Iazza por formar parte del grupo terrorista, fabricar los explosivos o adquirir el material y como responsables de los daños y lesiones que causó la explosión de la casa de Alcanar donde preparaban ataques contra lugares emblemáticos de Barcelona.

Los jueces también rechazan recursos de varias acusaciones y descartan que el proceso haya lesionado su derecho a la verdad. “Por su minuciosidad, extensión y control jurisdiccional desde su mismo arranque han cumplido, sin ambages, con los estándares de protección que se derivan del artículo 2 de la Convención Europea de Derechos Humanos donde se ubica, por lógica extensión, el invocado derecho de las víctimas a la verdad”, dice el Supremo.

Los condenados formaron parte del grupo terrorista que el 17 de agosto de 2017 perpetró un atropello masivo en La Rambla de Barcelona que acabó con la vida de 14 personas, mató a otro hombre más durante la huida y finalmente dejó una última víctima mortal en la localidad de Cambrils, en Tarragona. Los diferentes ataques dejaron también más de 150 heridos y los Mossos d'Esquadra mataron a seis de los terroristas.

La investigación destapó que el grupo llevaba meses radicalizándose en la localidad catalana de Ripoll a las órdenes de Abdelbaki Es Satty, imán de la localidad y con antecedentes tanto por tráfico de drogas como por su relación con el yihadismo radical. Al frente del grupo de jóvenes, empezó a adoctrinarles, a planificar atentados y a fabricar explosivos de forma casera. El plan original era atentar contra la Sagrada Familia y el Camp Nou en Barcelona, pero una explosión truncó los planes de los terroristas y obligó al grupo a improvisar: la explosión de la casa de Alcanar donde preparaban explosivos.

En esa explosión fallecieron dos miembros del grupo: el imán Es Satty junto con Youssef Aalla. Mohamed Houli Chemlal sobrevivió a la deflagración. Youness Abouyaaqoub fue quien se dirigió con la furgoneta a La Rambla de Barcelona y murió días más tarde por los disparos de la policía autonómica. El resto perpetraron el ataque de Cambrils y también fueron abatidos: Omar y Mohamed Hichamy, El Houssaine Abouyaaqoub, Said Allaa y Moussa Oukabir.

Todos los autores materiales de los atentados murieron y el juicio se centró en tres colaboradores del grupo: Mohamed Houli, Driss Oukabir y Said Ben Iazza. Los dos primeros estaban acusados de haber participado en los preparativos de los atentados truncados antes de la explosión de Alcanar y el tercero de colaborar con la adquisicón del material necesario para elaborar explosivos. En el caso del tercero, su condena baja de ocho años a un año y seis meses por entender que actuó por imprudencia grave.

La Audiencia rebajó las condenas

La primera sentencia de la Audiencia Nacional declaró probado que los tres acusados “no tenían conocimiento” de que sus compañeros iban a atentar en Barcelona y el paseo marítimo de Cambrils tras la explosión condenó a los tres por delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos y estragos terroristas junto con 29 delitos de lesiones por todos los afectados por la explosión de Alcanar. Ninguno fue condenado, por tanto, como responsables de las 16 muertes.

La condena inicial más alta fue de 53 años y medio para Mohamed Houli Chemlal, Driss Oukabir fue condenado a 46 años y Said Ben Iazza a ocho años. La Fiscalía había pedido condenas más bajas para ellos.

Posteriormente fue la sala de apelaciones la que rebajó a 43 años la condena de Houli, a 36 años de la Oukabir y dejó en ocho años la de Ben Iazza, aunque el límite máximo de cumplimiento entre rejas seguía siendo de dos décadas de prisión. Los jueces entendieron que no tenían “intención” de atentar contra los efectivos que trabajaban en las labores de desescombro cuando hubo una segunda explosión y aplicó el concurso ideal entre los estragos y las lesiones, rebajando las condenas.

El Tribunal Supremo rebaja notablemente la condena de Ben Iazza a año y medio de prisión al entender que no hay pruebas que demuestren que supiera que con su actuación, estaba contribuyendo a un atentado terrorista. Su delito de cooperación con organización terrorista pasa a estar considerado como una imprudencia grave “pues con su comportamiento, cediendo el uso de un vehículo y su documento de identidad que los terroristas utilizaron para comprar precursores de explosivos, incumplió gravemente deberes objetivos de cuidado”, dice el Supremo.

El cadáver del imán

Una parte de las quejas de las víctimas en sus recursos era que no se había indagado lo suficiente en la posibilidad de que Es Satty siguiera vivo y no hubiera fallecido en la explosión de Alcanar. Si su teléfono no apareció entre las ruinas, explica el Supremo, se debe a que la explosión dejó “absolutamente destrozados” los cuerpos de los miembros de la célula, recogiendo 14 kilos de restos humanos. “Es muchísimo más plausible considerar, desde la lógica de lo razonable, que la destrucción provocada impidió la localización de las tarjetas y el teléfono”, afeando que se lancen hipótesis “sobre la manipulación y la confabulación de todos los agentes del TEDAX del Cos de Mossos d’Esquadra que de manera heroica pusieron en juego su vida buscando evidencias entre los restos de la vivienda”.

Que la familia del imán no reclamara el cuerpo, dice el Supremo, puede responder a “mil razones, incluso de tipo emocional”. O una razón económica por no poder hacerse cargo del traslado.

Sobre la posible implicación o negligencia de los servicios españoles de inteligencia, el Supremo afirma: “Es obvio que tales datos, por su genericidad, no permiten sostener una hipótesis de incumplimiento grave de los deberes de control de las fuentes de peligro conocidas que cabe exigir a los servicios secretos que tienen encomendada dicha función”.

Los retrasos de la Justicia pueden suponer que el exdirector de la Hacienda de Gipuzkoa y exsenador del PNV Víctor Bravo evite la entrada efectiva en la cárcel. Sobre Bravo pesa una condena inicial de siete años de prisión ya rebajada en su momento por “dilaciones indebidas”. Cometió tres delitos de fraude fiscal. Se trata de unos hechos que se remontan a 2001, que se empezaron a investigar en 2007, que se juzgaron en 2019 y que desde 2020 están pendientes de ser revisados por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. Hipotéticamente, además, aún quedaría un posible recurso final ante el Tribunal Supremo para lograr la firmeza de la sentencia. Ninguna fuente judicial es capaz de aventurar un plazo para que se despeje el futuro judicial de Bravo y tampoco de ofrecer una explicación a por qué hace casi cuatro años en que no se ha comunicado ningún avance en este asunto.

El de Víctor no es el primero de los casos en su familia, procedente de Extremadura. El primero lo protagonizó su hermano, José María, que fue condenado a diez años de prisión en 2013 por apropiarse durante años de dinero de las deudas fiscales desde su puesto como responsable de la delegación de la Hacienda foral en Irún. En concreto, el 'modus operandi' consistía en que manejaba en primera persona una lista de morosos, a los que ofrecía una rebaja en la deuda a cambio de que le pagasen a él. Y se quedaba con esos fondos públicos.

El sumario en torno a Víctor Bravo giró en torno a una figura fiscal especial llamada “Sociedades de Promoción de Empresas” y que era exclusiva de Gipuzkoa. Procuraba generosas exenciones fiscales, hasta el punto de que el tenista Rafael Nadal, en sus inicios, se domicilió también en el territorio foral a pesar de ser balear. Era la Hacienda foral la que daba el visto bueno a las empresas interesadas. Según la resolución judicial de primera instancia, Bravo y su amigo y socio Fernando Isidoro González Enfedaque, empresario y ex de Air Madrid, “planificaron” que una empresa inmobiliaria con sede real en la localidad catalana de Cambrils y ninguna estructura real en Donostia llamada Glass Costa Este Salou se hiciese pasar por guipuzcoana. Fue el propio Bravo el que concedió el régimen especial a la empresa en la que tenía intereses.

Según se apreció en el juicio, en el que Bravo ejerció como su propio abogado, al modo de las series legales estadounidenses, el fraude pudo alcanzar los 1,8 millones de euros en los años 2003, 2004 y 2006, sin contar otros ejercicios en los que la cuota no llegó a los 120.000 euros requeridos para que sea posible castigar la elusión o los años anteriores, ya prescritos cuando se inició la investigación en 2007. Como en otros casos de corrupción, los acusaron recurrieron al comodín de ETA. Si el empresario no operaba en Euskadi era por una amenaza terrorista. “Por seguridad no podía invertir aquí. Entonces no estábamos tan tranquilos como ahora”, explicó en el juicio González Enfedaque. En el proceso salió a la luz Bravo que tenía una casa “grandísima” en Donostia y que también disponía de vehículos de alta gama y hasta de una avioneta particular.

La primera sentencia del caso se conoció en febrero de 2020. En concreto, fue el mismo día en que cayó el vertedero de Zaldibar, a las pocas semanas de la resolución inicial del 'caso De Miguel', que ya tiene una sentencia firme, a las pocas horas de que Iñigo Urkullu disolviera el Parlamento y convocara las autonómicas de 2020 y en puertas de la llegada del coronavirus. Es cierto que el confinamiento detuvo la Administración de Justicia durante unas semanas en aquella primavera pero en septiembre de ese año este periódico ya dio cuenta de que Bravo había interpuesto un recurso contra la condena ante la Audiencia de Gipuzkoa.

¿Por qué una nueva rebaja por retrasos podría hacer que Bravo no pisara la cárcel a pesar de tener una propuesta inicial para que cumpla siete años? La condena es por tres delitos de fraude fiscal y cada uno de ellos está calculado en dos años y cuatro meses. Es habitual que no se cumplan las penas de menos de dos años e incluso tampoco aquellas más altas pero en las que cada uno de sus componentes no superen esa barrera. Una hipotética y plausible reducción por nuevas dilaciones indebidas -algo que dan por hecho alguna partes conocedoras del proceso- dejarían cada delito en dos o menos años. De hecho, hay un precedente muy reciente. Los socios de Alfredo de Miguel en algunos de los negocios corruptos del caso que lleva el apellido del ex 'número dos' del PNV de Álava, Iñaki San Juan y Josu Azkarraga (antes Josu Montés), pudieron esquivar la entrada efectiva en la cárcel en estas mismas circunstancias.

Las dilaciones indebidas -los retrasos injustificados de la Justicia, en definitiva- han condicionado numerosas causas de relevancia pública en Euskadi. El propio 'caso De Miguel' no tuvo penas más altas por ello, aunque en este caso la responsabilidad fue de una magistrada que gestionó la fase transitoria entre la investigación y el juicio donde se produjeron numerosos errores. El denominado 'caso Margüello', de irregularidades en la externalización de servicios en la Sanidad pública vasca, también concluyó con menos penas por esta razón. E, igualmente, en el caso del saqueo del museo Balenciaga de Getaria, un asunto que se inició en pesetas, las dilaciones indebidas marcaron la resolución final del larguísimo proceso.

Los jóvenes terroristas del 17-A alardeaban en sus vídeos de lo fácil que les había sido conseguir materiales para fabricar explosivos. Además de robarlos en la empresa metalúrgica en la que trabajaba uno de los yihadistas de Ripoll, la célula mintió para que varias tiendas les vendieran materiales precursores de explosivos con los que elaboraron la 'madre de Satán', el explosivo que estalló en Alcanar y precipitó los ataques de la Rambla y Cambrils. Así lo han explicado este miércoles en la Audiencia Nacional los responsables y dependientes de los establecimientos. 

Dos de los terroristas, Youssef Aalla (fallecido en la explosión de Alcanar) y Mohamed Hichamy (abatido en Cambrils) compraron más de 300 litros de peróxido de hidrógeno, un precursor de explosivos, con la excusa de que lo querían vender en Marruecos para blanquear roba, pues en ese país, alegaron, es un material difícil de encontrar. Ocurrió, según han explicado dos vendedores de la tienda 'La Industrial Sabonera', los días 12 y 27 de julio de 2017.

Uno de los vendedores ha relatado que los terroristas le indicaron que querían “rebajar con agua el peróxido de hidrógeno para venderlo como blanqueante” de ropa en Marruecos. Los dos terroristas que realizaron la compra ya están muertos, pero la operación también implica a uno de los acusados en el juicio, Said Ben Iazza, porque según los testigos los yihadistas usaron su DNI para adquirir el material. La Fiscalía pide para Ben Iazza ocho años de cárcel por colaboración con organización terrorista. 

Houli y Aalla, han indicado los vendedores, pretendían comprar el material sin factura, a lo que ellos se negaron pues la normativa de mercancías peligrosas obliga a identificar el origen, destino, matrícula del vehículo y DNI del transportista. El documento que usaron los terroristas fue el de Ben Iazza.Un día antes de la primera compra, otro de los acusados en el juicio, Mohamed Houli, acudió a la misma tienda para, con la misma excusa, comprar otros 100 litros de peróxido de hidrógeno. Sin embargo, han explicado los testigos, no tenía toda la documentación necesaria. Al día siguiente acude Aalla para comprar los 100 litros, aunque niega tener relación con la consulta de Houli. Ambos pretendieron adquirir el material sin IVA ni factura, a lo que se negaron los vendedores.

Finalmente consiguieron llevarse el material en furgonetas, han explicado los testigos. La del 27 de julio tenía dentro tres neveras pues Aalla y Hichamy habían comprado 240 litros. En otra tienda de Tortosa, cerca de Alcanar, el dependiente ha explicado que vendió 25 litros de acetona a la célula, que le contó que quería el producto par limpiar madera. También compraron 175 litros de acetona en Vic, a medio camino entre Ripoll y Alcanar. La excusa en esta ocasión fue llenar un depósitos.

También han declarado este miércoles trabajadoras de una tienda de compraventa de oro, uno de los métodos que la célula empleó para financiarse y poder comprar el material explosivo. Una de las empleadas en la tienda de Vinaròs ha explicado que Houli (herido en la explosión de Alcanar y a quien la Fiscalía pide 41 años de cárcel) quiso vender unas joyas pero que rechazó comprarlas porque le dio “mala sensación”. También lo intentó Aalla, igualmente sin éxito.

Sí lo encontraron en la tienda 'Oro Inversión' de Vinaròs, cuyas empleadas han explicado que la célula vendió varias joyas diciendo que era una herencia de una abuela y que las vendían con autorización de su madre. Uno de los jóvenes que vendió las joyas era Houli, según han identificado las trabajadas, que lo han tildado de “normal, tranquilo y simpático”. Las joyas en realidad eran robadas, tal y como ha testificado la mujer de Ripoll a quien Said Aalla se las hurtó. El presidente del tribunal, Félix Alfonso Guevara, se ha comprometido a devolvérselas pues las joyas siguen bajo custodia.

Cuando Younes Abouyaaqoub asesinaba a 14 personas en su atropello de la Rambla de Barcelona, varias patrullas de los Mossos d'Esquadra estaban inspeccionando el chalé de Alcanar (Tarragona) que había explotado la medianoche anterior. Los investigadores todavía no sabían que el derrumbe de la casa había sido provocado por los explosivos que confeccionaba en ella los terroristas y que la detonación accidental precipitó los ataques de la célula. Mientras escarbaban en los escombros, se produjo una segunda explosión.

Una decena de mossos d'esquadra y dos bomberos de la Generalitat que sufrieron la segunda explosión en el chalé de Alcanar el 17 de agosto del 2017 han explicado en el juicio de la Audiencia Nacional cómo sucedieron los hechos y las secuelas que han sufrido desde entonces. La segunda explosión ocurrió poco después de que una excavadora se pusiera a desescombrar grandes bloques de piedra. La onda expansiva afectó a todos los servidores públicos que trabajaban en la zona. Pero de los agentes que han comparecido este martes, cuatro no han sido reconocidos como víctimas, como sí ha ocurrido con otros cinco policías y dos bomberos.

Los mossos que han declarado, de seguridad ciudadana, información, investigación y policía científica, han relatado que la tarde del 17 de agosto, poco después de llegar, y cuando la excavadora llevaba dos o tres paladas, se produjo una gran explosión que les dejó a todos aturdidos. “En ese momento te quedas ciego y sordo”, ha rememorado un agente. “Vi caras llenas de sangre”, ha expuesto otro. La mayoría de los agentes tienen secuelas en el oído y pérdida auditiva, además de haber sufrido estrés postraumático y ataques de ansiedad,.

El mosso herido de mayor gravedad tiene reconocida la invalidez total permanente. “Salí corriendo, me encontré a un bombero y a mi jefe y después perdí el conocimiento por lo que me trasladaron el helicóptero al hospital de Tarragona”, ha manifestado el agente.

A pesar de haber sido reconocidos como víctimas del terrorismo, algunos de los agentes que han testificado todavía no han cobrado todas las indemnizaciones por las lesiones sufridas, y otros cuatro no han sido ni reconocidos como víctimas del terrorismo por parte del Ministerio del Interior. Por su lado, uno de los bomberos que ha declarado ha explicado que las secuelas en el oído le han impedido formar parte del grupo subacuático del cuerpo, ya que la inmersión podría ser peligrosa para su salud. El otro bombero sufrió lesiones importantes en una mano y ha sido declarado incapacitado.

Otro de los mossos que ha declarado explicó que él fue el encargado de contar y cargar en un camión las bombonas de gas butano que había en aquel laboratorio de explosivos de la célula yihadista, el mayor descubierto nunca en Europa, y con el que los terroristas pretendían atentar contra la Sagrada Familia, el Camp Nou y la Torre Eiffel. En total encontró 94 bombonas llenas y siete vacías. En la explosión falleció el líder espiritual de la célula, el imán de Ripoll Abdelbaki Es–Satty, quien radicalizó a un grupo de jóvenes de Ripoll, y otro de los miembros de la célula. Uno de los tres acusados en el juicio, Mohamed Houli, resultó herido en la explosión.

Los primeros mossos que se personaron en la casa de Alcanar tras la explosión de la noche del día 16 han testificado que cuando llegaron desconocían que la misma pudiera tener un origen terrorista. Han añadido que tras la explosión procedieron a buscar indicios en el lugar que pudieran esclarecer las causas y que ya al día siguiente, el 17 de agosto, fue utilizada una excavadora para ir retirando escombros hasta que se produjo una segunda fuerte explosión sobre las cinco de la tarde. Entonces se barajaba la posibilidad de que la explosión de la noche anterior se hubiera debido a una explosión de gas. El atropello en la Rambla hizo cambiar la hipótesis: el chalé de Alcanar era el depósito de explosivos de una célula terrorista.

La primera sesión del juicio por los atentados del 17 de agosto de 2017 ha comenzado este martes con el visionado de un material inédito hasta ahora y que se alza como una de las pruebas de cargo claves para la Fiscalía: los vídeos de los terroristas fabricando bombas en la casa de Alcanar (Tarragona). Las grabaciones las realizó dos días antes de los ataques uno de los tres acusados en el juicio, Mouhamed Houli, herido en la explosión del chalé que precipitó los ataques en la Rambla de Barcelona y el Paseo Marítimo de Cambrils.

En los vídeos aparecen Mohamed Hichamy, que junto a otros cuatro terroristas fue abatido en Cambrils tras matar a una mujer, Younes Abouyaqooub, el terrorista de la Rambla abatido días después por los Mossos, y Youssef Aalla, que falleció junto al imán de Ripoll cuando estallaron de forma accidental los explosivos en el chalé de Alcanar el 16 de agosto. La explosión obligó a la célula a improvisar sus planes terroristas, pues el plan inicial era usar los explosivos para causar una masacre atentando contra la Sagrada Familia, entre otros objetivos.

“Esto va dirigido a los enemigos de Dios, esperad que aquí os esperaremos”, empieza Hichamy señalando los cinturones de explosivos que está fabricando junto a Abouyaqooub y Aalla. “Que vean como van a sufrir”, tercian los otros miembros de la célula. Los discursos y diálogos de los terroristas ante la cámara que sostiene Houli alternan el catalán, el castellano y el árabe para emitir tanto proclamas religiosas como amenazas de muerte a la población cristiana y las fuerzas de seguridad. También se reafirman en sus planes terroristas.

“Os vais a arrepentir de haber nacido”, dice Hichamy en otro momento entre las risas del grupo, para después, en catalán, focalizarse en la policía catalana: “Sobre todo, vosotros Mossos d'Esquadra, os estáis metiendo en un berenjenal que no sabéis dónde os habéis metido”. “El musulmán tiene la dignidad y la fuerza con el poder de Dios, vosotros queréis la vida, nosotros hemos sido elegidos entre millones de hombres, Alá nos ha prometido el paraíso y a vosotros el infierno”, apostillan.

Aalla remarca, mientras fabrica los explosivos, que “con la ayuda de Dios” el grupo pretende “proteger la religión”. “Dios es el más grande, en nombre de Dios”, agrega Abouyaqooub. La grabación también se dirige a otro depósito de explosivos de los terroristas en el chalé de Alcanar.

Antes de mostrar el depósito, los terroristas alardean de lo barato que les han salido los cinturones de explosivos. “Tener fe en Dios no supera los 15 euros”, presume el terrorista de la Rambla. “Y hace mucho daño”, añade Houli riendo. Hichamy, mostrando una, en sus palabras, “granada de mano improvisada pero que hace su trabajo” también destaca ante la cámara el bajo presupuesto con el que pretenden perpetrar la matanza. En su caso, porque ha robado el material de la empresa de Ripoll donde trabajaba: “El presupuesto de cada granada no se cuánto es porque todo lo he traído de mi trabajo. Os mataremos con vuestro dinero. Cada gramo de este hierro se va a meter en las cabezas de vuestros hijos y vuestras mujeres con el permiso de Dios”.

En el último de los vídeos, Abouyaqooub sale vestido con un cinturón de explosivos y mantiene un breve diálogo con Houli. “¿Qué hace esto?”, pregunta Houli. “Hace ¡puk!”, responde Aalla, a lo que el acusado en el juicio de la Audiencia Nacional replica: “¡Faltaría algo de metralla!”. A preguntas de su defensa este martes, Houli se ha ratificado en lo que declaró en fase de instrucción sobre los vídeos, cuando reconoció haber grabado los vídeos pero alegó que lo hizo para “pasar desapercibido” ante la célula y por miedo. “Me podían haber matado en cualquier momento”, afirmó, además de insinuar que los terroristas le podrían “haber tirado algo en la comida”.

“Siempre he colaborado y he mostrado arrepentimiento”. Así se ha expresado ante el tribunal de la Audiencia Nacional Mohamed Houli, el principal acusado por los atentados de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017. En cambio, los otros dos procesados por los ataques, Driss Oukabir y Saïd Ben Iazza, han negado que formaran parte o ayudaran a la célula y se han desvinculado de los plantes terroristas.

En una primera sesión del juicio que ha estado marcada por la crudeza de los vídeos inéditos de la célula terrorista mientras fabricaban explosivos en el chalé de Alcanar (Tarragona), los acusados han coincidido en acogerse a su derecho de contestar tan solo a las preguntas de sus defensas. En el resto, han seguido estrategias opuestas: mientras Houli ha optado por mostrarse arrepentido, Oukabir y Ben Iazza han negado todas las acusaciones.

De los tres acusados, Houli es el que mayor protagonismo otorgan las acusaciones en la célula. Herido en la explosión de Alcanar que precipitó los ataques de la célula y trasladado al hospital, Houli reconoció que los terroristas querían colocar explosivos en los monumentos más importantes de Barcelona. Si bien admitió que conocía los planes desde hacía dos meses, el acusado negó que perteneciera a la célula. La Fiscalía, por contra, considera acreditado que formaba parte de la organización terrorista “seguidora de los postulados de Estado Islámico” y encabezada por el imán Es Satty y pide para él 41 años de cárcel.

De pie, detrás del cristal de la sala de vistas y junto al resto de acusados, Houli ha defendido su “colaboración” con la policía, tal vez en busca de un atenuante que le acorte la estancia en prisión. Los indicios que obran en la causa contra Houli son abundantes: no solo es el autor de la grabación de los terroristas mientras fabricaban los explosivos con los que pretendían volar la Sagrada Familia (la explosión en Alcanar frustró sus planes iniciales y les obligó a improvisar los atropellos en la Rambla y Cambrils). También está documentada su relación con el imán Abdelbaky Es Satty, líder espiritual de la célula.

“Mi arrepentimiento se basa en que todas las veces que me han llamado para declarar he declarado, incluso he declarado voluntariamente”, ha agregado Houli a preguntas de su abogada, María del Carmen González, quien le ha preguntado si era un sentimiento “sincero”. El presidente del tribunal, Alfonso Guevara, ha tenido que cortar varias veces las preguntas de la letrada porque inducía las respuestas a Houli.

Por contra, Oukabir ha negado que formara parte de la célula yihadista de Ripoll y ha afirmado que desconocía sus planes, aunque su hermano pequeño fuera uno de los atacantes en Cambrils. Uno de los argumentos de defensa de Oukabir ha sido que, al contrario que los miembros de la célula, él no seguía un estilo de vida religioso. “No soy religioso ni practicante, no conozco al imán, me gusta salir de fiesta”, ha dicho en su declaración, en la que también ha asegurado ser consumidor de “alcohol, cocaína y hachís” y haber tenido relaciones sexuales con prostitutas.

Según su versión, no se relacionaba con los jóvenes de la célula porque eran más jóvenes que él, algunos menores de edad o rondando los 20 años, y él tenía 28. Además, últimamente había perdido el contacto habitual con su hermano, que le insistía para rezar e ir a la mezquita, ha explicado. “No conocía al imán, jamás he ido a la mezquita de Ripoll y jamás he estado en Alcanar”, ha zanjado, aunque un testigo protegido le situó durante el mes de julio en el chalé donde se fabricaron explosivos.

Oukabir, a quien la Fiscalía pide 36 años de prisión, ha sostenido que pasó las semanas anteriores de los atentados en Marruecos porque en julio había mantenido una discusión con su pareja y un juez le impuso una orden de alejamiento. Volvió el 13 de agosto, ha agregado, porque el juez que llevaba el caso de la agresión a su pareja le había advertido de que si no se presentaba emitiría una orden de detención.

En la misma línea se ha situado Ben Iazza, a quien la acusaciones sitúan como colaborador de la célula y piden ocho años de cárcel. A preguntas de su abogado, Ben Iazza ha negado conocer al imán y ha asegurado que con el resto de miembros de la célula no habló “ni de bombas ni de religión”. Su relación con los miembros de la célula, ha recalcado, se limitó a que fueron clientes de la carnicería de Vinaròs donde trabajaba.

Objetivos: Sagrada Familia, Camp Nou y Torre Eiffel

Tras los acusados ha sido el turno del inspector de los Mossos d'Esquadra que instruyó los atestados sobre el grupo terrorista. Según ha relatado el agente, la célula de Ripoll tenía como primeros objetivos el Camp Nou, estadio del Fútbol Club Barcelona que iba a atacar el día 20 de ese mes con motivo de un partido del Barça, la Sagrada Familia de la capital catalana y la Torre Eiffel de París.

El testigo dirigió la investigación tras los atentados y ha corroborado que la explosión de Alcanar precipitó que los terroristas llevaran a cabo, al día siguiente, los atentados en Las Ramblas y en el paseo marítimo de Cambrils. Según se desprende del contenido de ordenadores de los terroristas y de la declaración de uno de ellos, su pretensión era cometer un atentado con furgoneta bomba, con granadas y con cinturones explosivos en el Nou Camp el 20 de agosto de 2017 con ocasión de un partido entre el FC Barcelona y el Betis, y según el jefe de la investigación también tenían como objetivos atentar contra la Sagrada Familia de Barcelona y la Torre Eiffel de París, ciudad que visitaron una semana antes de los ataques.

El agente ha detallado que la célula yihadista tenía una estructura piramidal, con el imán Es Satty en lo más alto ejerciendo de “líder espiritual”. En un segundo nivel, estaban Younes Abouyaqooub, el terrorista de la Rambla abatido días después por los Mossos, Youssef Aalla, muerto en la explosión de Cambrils, y Mohamed Hichamy, abatido en Cambrils, que según el agente eran los “más allegados” a Es Satty y sus principales colaboradores. Omar Hichamy y el acusado Mohamed Houli estarían por debajo de los tres jóvenes, mientras que el resto de miembros de la célula “participaron pero de forma no tan directa” en los planes terroristas, ha afirmado el agente.

El mosso ha detallado que todos los jóvenes de Ripoll radicalizados por Es Satty tenían “lazos de amistad y familia” –varios de ellos eran hermanos. Todos se conocían desde pequeños y habían ido al mismo colegio en Ripoll, lo que hacía al grupo “impenetrable” y “endogámico”. “Solo vivían ellos y para ellos”, ha zanjado el investigador.

Este sábado la ciudad de Barcelona ha rendido homenaje a las víctimas de los atentados de La Rambla del 17 de agosto de 2017 en el que murieron 16 personas y otras 155 resultaron heridas.

El Ayuntamiento ha organizado, con la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por el Terrorismo (Uavat), un minuto de silencio a las 10.00 de la mañana en la misma Rambla.

En un acto breve, sobrio, emotivo y sin consignas políticas, las autoridades y familiares de los fallecidos y heridos -algunas de ellas muy emocionadas y con camisetas con lemas como “exigimos la verdad” y “tenemos derecho a la verdad”- han depositado claveles blancos frente al monumento a las víctimas junto al mosaico de Miró de las Ramblas, donde se detuvo la furgoneta con la que Youness Abouyaaqoub cometió el atentado la tarde del 17 de agosto de 2017.

El acto se ha llevado a cabo sin discursos, por expreso deseo de las víctimas, y en silencio, que solo ha roto una violoncelista que ha interpretado 'El Cant dels Ocells', un himno a la paz compuesto por Pau Casals.

Mientras sonaba 'El Cant dels Ocells', los familiares, primero, y las autoridades, después, han efectuado la ofrenda floral, depositando claveles blancos en cuatro grandes tiestos instalados junto al mosaico de Miró en las Ramblas, a la altura del Liceo de Barcelona.

Algunos de los asistentes también llevaban camisetas con el lema “Nombrarnos y ayudarnos”, para denunciar los problemas que dicen que se encuentran a la hora de que el Gobierno les reconozca como víctimas del terrorismo.

Entre los asistentes que han participado en la ofrenda floral había también un grupo que llevaba una gran pancarta con el lema “El Islam condena tajantemente el asesinato de personas inocentes”, así como carteles como “Amor para todos, odio para nadie”.

Torra, Colau y Grande-Marlaska, entre los asistentes

En el acto han estado presentes el president de la Generalitat, Quim Torra; el president del Parlament, Roger Torrent; la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el presidente del Senado, Manel Cruz; el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès; la consellera y portavoz del Govern, Meritxell Budó, y la delegada del Gobierno central en Cataluña, Teresa Cunillera.

También han asistido distintos representantes consulares de países como Portugal, Alemania, Reino Unido, Bélgica y Australia, entre otros representantes de la Comunidad Autónoma.

En representación del Ayuntamiento de Barcelona han participado en la ofrenda floral, además de la alcaldesa Ada Colau, los líderes de los grupos municipales, así como el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle.

Acto alternativo de la ACVOT

De este acto institucional, convocado por el Ayuntamiento de Barcelona y la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por el Terrorismo (UAVAT), se ha desmarcado la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), que consideró que se trataría de un homenaje “más bien político” y optó por organizar su propio acto, que se ha celebrado a partir de las 11.30 horas al inicio de las Ramblas.

Además, los autodenominados “Comités de Defensa de la República” han convocado una concentración silenciosa a las 12.00 horas frente a la Sagrada Familia para exigir que se aclare “qué se esconde” detrás de los atentados de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017.

En este segundo aniversario del atentado, los distintos líderes políticos han recordado a las víctimas. Entre ellos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado su “recuerdo y solidaridad” a los afectados. También lo han hecho el presidente del PP, Pablo Casado, el secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, o el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

Por su parte, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha recibido este mismo sábado a las víctimas del 17A en acto privado en el Palau de la Generalitat, al que también han acudido la consellera de Presidencia y portavoz, Meritxell Budó; el conseller de Interior, Miquel Buch, y la consellera de Justicia, Ester Capella.

El pasado miércoles, el presidente de Aragón, Javier Lambán, realizó unas declaraciones en las que aseguró que el presidente catalán, Quim Torra, “no representa a Catalunya ni al pueblo catalán”. Por ello, afirmó que trató de evitar “darle la mano” en los actos de homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils.

Este viernes, el secretario de Organización de PSOE en Aragón, Darío Villagrasa, ha señalado que el partido comparte esas declaraciones, que se basan, a su entender, en una “cronología de los hechos y la conducta política unilateral del Govern de la Generalitat”. Un Ejecutivo, ha dicho, “que lleva tiempo sin oír a sus ciudadanos, sin afrontar los problemas reales y centrando toda la carga política en el relato frentista”.

Para Villagrasa, Lambán siempre se ha caracterizado “por ser dialogante e impulsar relaciones fraternales con Catalunya”. Es un presidente, ha apuntado, “que ha estado a la altura de las circunstancias, un hombre de Estado”. Asimismo, ha condenado “los ataques que Lambán está sufriendo por parte de los independentistas”, refiriéndose a los mensajes y comentarios que contra él se vierten en redes sociales.

Manipulación de los independentistas

En sus declaraciones, el máximo mandatario aragonés también expuso que el conjunto de las instituciones había ido a Catalunya a “acompañar a las víctimas”, y que “los independentistas, con Torra a la cabeza”, habían hecho “una manipulación burda y zafia, y un aprovechamiento indecoroso del asunto”.

El Estado, dijo Lambán, “de una manera casi irresponsable, lleva décadas yéndose de Catalunya y dejándola a merced de los independentistas”.

El PP ha aprovechado el aniversario de los atentados de la Rambla de Barcelona y de Cambrils para arremeter contra el Gobierno de Pedro Sánchez. La portavoz parlamentaria de los conservadores, la exministra Dolors Montserrat, ha vinculado los mensajes aparecidos en distintas pancartas contra la presencia del rey en los actos de homenaje a las víctimas para arremeter contra el Ejecutivo al que acusa de connivencia con las fuerzas independentistas.

Montserrat ha asegurado en una entrevista en Antena 3 que “la pancarta en contra del Rey es ofensiva”, y ha responsabilizado de la misma a las fuerzas soberanistas. “Vemos de nuevo cómo los políticos independentistas quieren usar el dolor para su uso miserable. Cualquier ofensa de hoy, su único responsable será el señor Torra”, ha asegurado, mencionando así al president de la Generalitat catalana.

A renglón seguido, ha añadido: “Quiero recordar que Sánchez está sentado en La Moncloa gracias a los independentistas y a Torra. Hoy le pido que estemos unidos con el Rey y ante el terrorismo”. Y ha concluido presentando a su partido como el adalid de la defensa de las víctimas. “En el PP siempre hemos estado y estaremos con las víctimas, con la Constitución, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con el Rey. No va a cambiar ni un ápice en nuestra firmeza contra el terrorismo”, ha apuntado.

La Policía, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra siguen sin poder compartir sus bases de datos en tiempo real un año después de los atentados de Las Ramblas de Barcelona y Cambrils que provocaron la muerte a 15 personas y heridas a un centenar. Una incompatibilidad tecnológica en cuya solución ya está trabajando el nuevo equipo del Ministerio del Interior ha impedido en los últimos años intercambiar esa información al momento, según reconocen fuentes del departamento que ahora dirige Fernando Grande-Marlaska. No obstante, el Ejecutivo asegura que la cooperación con las autoridades policiales catalanas es “excelente”.

Interior asegura que en los últimos años las bases de datos de los cuerpos policiales españoles y la del catalán “no se entendían entre sí” por un “pequeño fallo tecnológico” que sigue impidiendo ese intercambio inmediato. Pero aseguran que tras la llegada al poder del Ejecutivo de Sánchez el ministerio se está ocupando de hacer frente a ese contratiempo y espera solucionarlo “en breve, en poco tiempo”. Explican que cuando eso ocurra “el intercambio de información” entre Policía, Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra “va a ser en tiempo real”.

En todo caso, las fuentes del departamento de Grande-Marlaska consultadas por eldiario.es señalan que “la colaboración” entre la administración española y la catalana en materia policial y de lucha contra el terrorismo es “constante”. Recuerdan que dicha cooperación se inició en 2007 con el acuerdo suscrito entre el ministerio entonces encabezado por Alfredo Pérez Rubalcaba y la consellera de Interior de la Generalitat, Montserrat Tura, que permitió a Mossos y Policía acceder a sus respectivas bases de datos.

Interior señala, además, que de forma “permanente” un oficial de los Mossos se encuentra integrado en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) creado en 2014 y que es el encargado de realizar la gestión y el análisis de toda la información estratégica relativa al terrorismo, la criminalidad organizada y las organizaciones violentas. Y el Ejecutivo añade que el cuerpo catalán también está presente en la Audiencia Nacional así como en la Comisaría General de Información del barrio de Canillas, en Madrid, que es la encargada de la lucha contra el terrorismo.

La investigación de los ataques

“El intercambio es constante”, insiste el equipo de Grande-Marlaska, que cita como ejemplo de esa cooperación la investigación de los atentados del 17A y el esclarecimiento de lo sucedido, así como el procesamiento de todas las personas implicadas en los ataques.

Las afirmaciones de Interior contrastan con las declaraciones efectuadas este jueves por el exconseller de Interior de la Generalitat Joaquim Forn, máximo mando policial durante los atentados del 17A de 2017 y que se encuentra en prisión acusado por el Tribunal Supremo de rebelión por su vinculación con la celebración y preparación del referéndum independentista del pasado 1 de octubre. En una entrevista en el diario Ara, Forn denunciaba que el Estado “es celoso a compartir datos” sobre terrorismo. “Hoy Cataluña no tiene acceso a determinadas fuentes de información que son primordiales para poder luchar efectivamente contra el terrorismo”, apunta.

El propio Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior cuando ocurrieron los ataques, reconoce que pudo haber ciertos fallos de coordinación con las autoridades policiales catalanas. “Reconozco que cuando se analiza con posterioridad, uno puede encontrar alguna laguna, pero he visto absoluta colaboración, existe a diario y existió en aquella época. Institucional y también desde el punto de vista policial y con eso nos tenemos nos tenemos que quedar”, indicaba este jueves en una entrevista en Antena 3.

Una “asignatura pendiente”

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), principal organización del cuerpo, también considera que se produjeron errores. En declaraciones a Europa Press, su presidente, Juan Fernández, reconocía que hubo una falta de colaboración con los Mossos tras los atentados y lo achacaba al modelo policial. A su juicio, esa cooperación entre todos los cuerpos policiales “es la gran asignatura pendiente que tiene la democracia”. Todos los cuerpos policiales “recelan” y quieren tener todas las competencias lo que, en su opinión, “perjudica al ciudadano”.

También desde el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) denuncian que la colaboración de los Mossos tras los ataques del 17A fue “demencial”. A juicio de su portavoz, Ramón Cossio, el problema de los responsables de la policía catalana es que “se arrogan una autosuficiencia” habida cuenta, en su opinión, de “su sesgo político” que “deriva en la falta de coordinación” con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

El rey intenta mantenerse al margen de la polémica que ha suscitado su presencia en los actos de conmemoración del primer aniversario de los atentados del 17A en Barcelona y Cambrils que tendrán lugar mañana en la capital catalana. La Casa Real evita hacer cualquier tipo de comentario acerca de la posibilidad de que el monarca reciba abucheos o insultos como los que encajó el año pasado durante la manifestación en repulsa de los ataques que se cobraron la vida de 15 personas, tras el rechazo de los grupos independentistas a su asistencia al homenaje.

Fuentes de la Jefatura del Estado han explicado a eldiario.es que la Casa Real no suele valorar “esos asuntos” y que tampoco lo hará ahora a pesar de que el rey se haya situado en el centro de la polémica y de la trifulca política. Preguntadas por cuál será la agenda concreta del monarca durante su visita a Catalunya, cuándo llegará y cuántos días se quedará allí, esas mismas fuentes también optan por no facilitar más información. Se remiten así a la agenda oficial, que tan solo apunta a que los reyes “asisitirán al acto en recuerdo de la víctimas y solidaridad por los atentados terroristas del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils”.

Mientras tanto, la oposición plantea esa posible pitada al rey como una suerte de plebiscito de la legitimidad del Gobierno de Pedro Sánchez. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha advertido al jefe del Ejecutivo en los últimos días de que “se la juega” el 17 de agosto porque si permite que en el aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils de hace un año haya “insultos” al rey y el acto se convierta en una “reivindicación” a favor de la independencia, quedará “deslegitimado como presidente del Gobierno”.

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, Carlos Carrizosa, exigió l lunes por su parte a Sánchez que haga una declaración pública en defensa del rey si se produce cualquier acto de boicot contra él. Carrizosa señaló que los independentistas usan la manifestación en repulsa del terrorismo“como un medio para erosionar” al jefe del Estado. “Pienso que recibirá pitadas y un recibimiento impropio”, ha añadido Carrizosa.

Desde el Gobierno, su portavoz en Catalunya, Teresa Cunillera, ha definido este jueves como “deplorables” los abucheos que sufrió el rey el año pasado y ha asegurado que los soberanistas “no sacaron el beneficio que buscaban”. En este sentido, la delegada del Gobierno ha señalado en una entrevista en Onda Cero que tiene “la esperanza de que todo el mundo haya aprendido la lección” y, tal y como ha dicho la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, las administraciones se muestren este año unidas “en honor” a las víctimas.

“A ti no te toca ninguna indemnización, ¿lo sabes?”. Núria Figueras y Mohamed el Ouabi escucharon esta frase de funcionarios del Ministerio del Interior a las pocas horas de presenciar directamente los atentados del 17 de agosto. La primera paseaba por el Passeig de les Palmeres de Cambrils con su pareja cuando este fue apuñalado por uno de los jóvenes yihadistas; el segundo vio como la furgoneta conducida por Younes Abouyaaqoub arrollaba Rambla abajo a miembros de su familia –afortunadamente, sin matar a ninguno de ellos–. Un año después, denuncian falta de acompañamiento y asesoramiento por parte de la Administración hacia aquellos que, pese a que la ley no les considera víctimas de terrorismo, sí presentan secuelas psicológicas por lo ocurrido. En el caso de Mohamed, es su hermano quien recoge su queja, puesto que él murió de hepatitis  C en diciembre.

La ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, aprobada en 2011, prevé que los afectados psicológicamente –que acrediten secuelas causadas por el atentado– pueden solicitar una indemnización. “Nadie nos avisó de esto, al contrario, nosotros nos creímos a la funcionaria del Ministerio, ¿qué íbamos a hacer si no?”, lamenta Youssef el Ouabi, hermano de Mohammed. En su caso, no dudan de que al menos la hija, Fátima (10 años), sufre consecuencias psicológicas. Para esquivar la furgoneta, la niña tuvo que lanzarse dentro de un quiosco de la Rambla. La madre no tuvo la misma suerte y fue arrollada. Estuvo 45 días en la UCI del Hospital Clínic de Barcelona.

Núria Figueras también ha quedado marcada por el atentado. Con una invalidez por depresión desde 2012, este año ha visto como su estabilidad emocional se agravaba, un diagnóstico avalado por su psiquiatra. Hace un año, uno de los cinco terroristas de Cambrils apuñaló en la cara a Rubén, su pareja. Ahogándose él por la sangre, ella lo condujo andando por la playa para apartarse del lugar, hasta que finalmente un convoy de bomberos se lo llevó de la zona. Acabó operado de urgencia, siete días en la UCI del Hospital Joan XXIII de Tarragona, por lo que resultó ser un corte de 18 centímetros con afectación en la lengua, amígdalas, cuerdas vocales y parótidas.

Tanto Figueras como El Ouabi aseguran a este diario que no es el dinero de la indemnización el que motiva sus quejas, sino reclamar sus derechos y evidenciar que la Administración no ha actuado de forma correcta con ellos. “Lo que quiero es información y empatía”, resume Figueras. En ambos casos se les ha facilitado atención psicológica a cargo del erario público, tal como estipula la norma, pero denuncian trabas burocráticas y falta de información a la hora de conocer cuáles son sus derechos y los pasos que deben seguir para pedir una indemnización. “Nadie de la administración nos ha asesorado bien en todo este tiempo”, sentencia Figueras.

Esta mujer pone como ejemplo de esa “dejadez” los formularios de daños psicológicos y personales que les enviaron a ella y a su pareja para que los rellenara. “Nos enviaron por correo esos documentos, en los que entre otras cosas había que marcar si teníamos representante legal, sin darnos detalles de para qué eran”, lamenta. Los devolvieron, completados, el 14 de noviembre. No obtuvieron acuse de recibo hasta el 20 de diciembre. “Es un despropósito constante, hay desatención en todas las gestiones”, sostiene esta mujer.

Apoyo a estos afectados

Figueras y la familia de El Ouabi, como otros afectados de perfil similar, se han puesto en manos de la Unidad de Atención a Víctimas y Afectados por Terrorismo (UAVAT), una entidad de reciente creación en la que participan figuras como Roberto Manrique, víctima de Hipercor e histórico presidente de la asociación catalana de víctimas de terrorismo ACVOT. Defiende este colectivo que Interior ha incumplido la ley a la hora de garantizar que todos los afectados reciban la necesaria información para conocer sus derechos. “Si la furgoneta pasa cerca de ti estás vivo, pero no bien; esto no quiere decir que vayas a sufrir secuelas, pero quizás sí, y hay que hacer todo lo posible porque no te quedes fuera”, sostiene.

En los últimos meses, el Ayuntamiento de Barcelona ha recogido el guante de estas peticiones. En una carta enviada al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la alcaldesa Ada Colau le pedía ampliar el plazo de un año contemplado en la ley para pedir estas ayudas. “Hemos constatado que la mayoría o bien desconoce los detalles del proceso o bien topan con dificultades burocráticas”, expresa Colau en la misiva. Esta fue la conclusión del consistorio tras contactar recientemente con las 223 personas a las que ofrecieron asistencia psicológica los días siguientes al atentado. Para garanitzarles asesoramiento jurídico, Colau firmó a finales de junio un convenio de 80.000 euros con la UAVAT. 

Días después de la petición, el Gobierno se comprometió finalmente a eliminar el plazo de un año que tienen las víctimas para iniciar los trámites. “Si una víctima no siente a la administración cercana, tenemos que intentar hacerlo mejor”, aseguraba en declaraciones a El País la directora general de apoyo a las víctimas del terrorismo, Sonia Ramos. Interior ha gestionado 223 expedientes de afectados por los atentados, de los cuales 83 han sido estimados, 23 rechazados y el resto siguen sin resolver. Por su parte, la UAVAT asegura haber atendido hasta 188 casos que han puesto en conocimiento de la Administración. 

Los problemas para acceder a indemnizaciones por parte de testigos presenciales que padecen secuelas psicológicas no son exclusivos del 17-A. Desde la ACVOT recuerdan que ya con el atentado de Hipercor el juez ya rechazó la indemnización a varias trabajadoras que sufrieron consecuencias psíquicas de lo ocurrido. El magistrado no consideró acreditado que hubiera una causalidad clara.

A diferencia de la UAVAT, Vicente Navarro, abogado miembro de la ACVOT, considera que la ley española es “una de las más generosas del mundo” y argumenta que empezar a reconocer a todos los afectados psicológicos supondría “abrir la lata” para el Ministerio. Sería muy difícil poner un límite, añade, a la enorme cantidad de personas que pueden haber padecido alguna consecuencia, aunque realmente no vivieron el atentado en primera persona.

La vida, un año después

Poco después del atentado, la salud de Mohamed empeoró hasta fallecer, finalmente, en diciembre. Durante aquellos meses y hasta ahora, su mujer, Rqia, ha tenido serias dificultades para recuperar la estabilidad. “Cuando despertó en la UCI no recordaba nada; solo las palomas a las que habían estado dando de comer en plaza Catalunya antes de bajar por la Rambla”, detalla su cuñado. A día de hoy, sigue sin poder devolver a su memoria lo que le pasó. Y no iban solos esa tarde. Estaban paseando con los primos de Mohamed, una pareja y su hijo, que justo aquel día acababan de llegar desde Montpellier para empezar sus vacaciones.

La furgoneta arrolló a Rqia i también a Aboubakkar, el hijo de los primos, de 6 años, que ingresó aquella tarde inmediatamente en Vall d’Hebron. Fue precisamente familia francesa la que les advirtió que también ellos tenían derecho a reclamar indemnizaciones por daños psicológicos. Al final, el Ministerio ha concedido 6.500 euros a la pequeña Fátima, aunque Youssef no tiene claro que sea suficiente.

Núria Figueras, por su parte, se siente “indignada”, “impotente” y “desatendida” un año después ante la frialdad mostrada por los funcionarios a lo largo de todo el proceso. En una conversación con eldiario.es, pocos días después de acudir al médico forense por orden del juez –su nombre figura como testigo en la causa, que está bajo secreto de sumario–, explica que este año ha sido para ella un calvario administrativo y psicológico. “Tengo memoria sensorial, y constantemente vuelven a mi cabeza los olores y las imágenes de todo lo que sucedió aquella noche”, relata. 

En su caso, no puede evitar pensar que la poca predisposición de la Administración para atenderles tiene que ver también con que son víctimas de Cambrils y no de Barcelona. “Somos de segunda”, ironiza. 

Los servicios policiales franceses, en colaboración con el Servicio de Información de la Guardia Civil y la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra, han procedido hoy a la detención de tres personas por su supuesta relación con Driss Oukabir, actualmente en prisión por su presunta pertenencia a la célula terrorista que atentó en Barcelona y Cambrils el pasado mes de agosto.

Las detenciones han sido practicadas en los departamentos occitanos de Gard y Tarn. Igualmente, los agentes han realizado varios registros en domicilios franceses.

Tras los atentados de Barcelona y Cambrils, una de las principales líneas de investigación que se abrió, y que aún permanece activa, fue la de averiguar posibles conexiones de los miembros de la célula terrorista con terceras personas que residieran fuera de España.

Y en este ámbito la estrecha colaboración de las autoridades francesas ha dado sus frutos. Esta colaboración con la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra, está siendo clave para el correcto esclarecimiento de los posibles vínculos que ha podido mantener esta célula terrorista en el exterior.

Los investigadores esperan que de esta actuación, y de los datos obtenidos en los registros, se puedan incorporar hechos relevantes sobre la relación y posible conexión de los detenidos con los terroristas participantes en los atentados de agosto pasado.

Ciudadanos quiere que el Congreso de los Diputados abra una comisión de investigación para esclarecer los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) ocurridos el pasado mes de agosto, en el que murieron quince personas y hubo más de un centenar de heridos.

La iniciativa la ha adelantado Albert Rivera durante una entrevista en 'Los desayunos de TVE' y la ratificado en la Cámara baja el portavoz parlamentario de su grupo, Juan Carlos Girauta.

La petición de Ciudadanos se produce justo un día después de que El Periódico de Catalunya publicara que el anterior operativo de los Mossos intentó destruir la alerta que había dado la CIA ante la posibilidad de que hubiera un atentado en La Rambla. El líder de Ciudadanos también quiere que se sepa cuál es la relación de España con la agencia de inteligencia norteamericana.

Rivera ha aclarado que, más que buscar a los responsables del atentado, lo que pretende su grupo es evitar que en el futuro vuelvan a ocurrir esos dramáticos sucesos. Pero también coordinar actuaciones dado que, a su juicio, no la hubo entre los Cuerpos de Seguridad del Estado y la policía autonómica.

Rivera ha justificado la tardanza en pedir esa comisión por el hecho de que cree que debía transcurrir un tiempo prudencial en señal de respeto “al dolor que han vivido las familias de las víctimas y toda la sociedad”.

También el PSC acaba de anunciar que va a exigir al nuevo Govern de la Generalitat -cuando se forme- explicaciones sobre las actuaciones de los Mossos ante este sangriento atentado.

Por su parte, ERC ha pedido en el Congreso la comparecencia del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, para que explique si el imán de Ripoll, presunto cerebro del atentado que murió en una explosión de la casa en la que se escondían los terroristas, era confidente del CNI.

El jefe del cuerpo de Policía Foral de Navarra, Torcuato Muñoz Serrano, firmó este jueves y ha enviado este viernes una circular a los miembros de la organización en la que autoriza a “todos” ellos a “portar fuera de servicio el arma reglamentaria de dotación individual” debido a la alerta terrorista 4 sobre 5 vigente en España desde el verano de 2015 y reforzada como consecuencia de los atentados de Cataluña. El máximo responsable policial matiza, eso sí, que el uso de esas armas “deberá cumplir lo establecido en la legislación”.

Muñoz Serrano, según el documento al que ha tenido acceso eldiarionorte.es, entiende que a la luz de las “características” de los atentados de Barcelona y Cambrils “se hace aconsejable extremar las medidas de seguridad” tanto de cara a los ciudadanos como de cara a la autoprotección de los agentes forales, que comparten las competencias en la comunidad foral con la Guardia Civil y con la Policía Nacional. La Policía Foral, tras los ataques, también había reforzado sus equipos de Intervención rápida, trinomios que patrullan zonas sensibles con armas largas.

Se da la circunstancia de que en los últimos días la Ertzaintza había derogado la denominada Instrucción 21 por la cual se autorizaba precisamente el uso del arma reglamentaria fuera de servicio. Tras el fin de la amenaza de ETA, el Gobierno vasco había entendido que no había una necesidad de que todo el personal pudiese llevar las pistolas fuera del horario de trabajo. Ahora, se valorarán casos específicos (como los escoltas de autoridades). El riesgo yihadista, según han denunciado varios sindicatos de ertzainas, no ha cambiado los planes de la consejera Estefanía Beltrán de Heredia.

“Queremos decirle, con todo el respeto pero también con toda la contundencia, que no podemos callar más ante las opiniones que, noche tras noche, se vierten en las tertulias de 13TV”. Ha sido la gota que ha colmado el vaso. Los mensajes de odio, desprecio y descalificaciones vertidos en los programas de tertulia de 13TV, especialmente en El Cascabel, tras los atentados de Barcelona y Cambrils, han llevado a un grupo de sacerdotes catalanes a escribir una carta abierta al presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez.

“No podemos callar más”, escriben en su carta los religiosos, que recuerdan al cardenal Blázquez, que “en estos últimos días, tras los atentados en Catalunya, la agresividad de los tertulianos y de los responsables del programa, si cabe, se ha hecho todavía mayor”. La misiva, firmada por 26 sacerdotes, es una de las muchas cartas que en los últimos meses se han recibido en los despachos de la Conferencia Episcopal española.

Esta, sin embargo, es la primera de todas que se escribe en abierto y en ella piden al Episcopado que “sin dilación y con valentía, corrijan o supriman los programas de tertulia en 13TV que tanto daño hacen a la convivencia y ensucian la imagen de la Iglesia Católica que siempre debe fomentar el diálogo sincero y fructífero”.

Este paso más, justifican los curas catalanes, tiene que ver con las críticas vertidas por la televisión episcopal a la actuación de los Mossos d'Esquadra tras los atentados y la vinculación de la gestión política de los mismos con el hipotético referéndum por la independencia del 1 de octubre.

“Esta gente es anormal”

Entre otras perlas, denuncian el especial de La Marimorena, dirigido por Carlos Cuesta, en el que se cargaba deliberadamente contra la actuación de los Mossos (“¿Por qué los Mossos no avisaron a la Policía?”) o se criticaba al portavoz de Generalitat por “hacer propaganda del referéndum independentista” en mitad de la tragedia.

En el mismo espacio, Xavier García Albiol (PP) se refirió a la CUP y al Govern como “gente que es anormal” y afirmó que “hoy por hoy, la única religión que mata en nombre de su dios es el Islam”.

Durante los especiales, subrayan los firmantes de la carta, se sucedieron también críticas a Colau y a la Generalitat de “incompetencia” por no colocar bolardos en Las Ramblas.

Cada vez son más los obispos y clérigos que no entienden la dinámica de descalificación y politización de la cadena episcopal, que se ha intentado atemperar en los últimos tiempos, pero que la mayoría moderada en el Episcopado no ha logrado erradicar. Sacerdotes de Madrid, Cataluña, Canarias, Aragón, Galicia o Asturias han mostrado su desacuerdo por escrito con algunos programas de 13TV que “ensucian la imagen de la Iglesia católica”.

Todo ello en una televisión que en los últimos años cuenta con pérdidas de 60 millones de euros y que, según los propios informes internos de la cadena, es identificada por los españoles como “una televisión eminentemente política, con una marca definida en la derecha”, con un perfil “culturalmente pobre” y que “no es plural desde un punto de vista religioso”.

“13TV es una televisión-muralla con un discurso político cerrado que no propone el evangelio y convoca a un público cercano al PP y de edad elevada”, destacaba el citado informe interno que, como las cartas que habían llegado hasta ahora, servían para el debate interno en la Conferencia Episcopal y entre los dirigentes de la cadena.

Una denuncia que se repite

En la carta hecha pública, los firmantes dicen haber “escuchado repetidamente las quejas de muchos de nuestros fieles” y recuerdan que en 2013 ya denunciaron el “grave escándalo” que suponía que la cadena episcopal “en algunos de sus informativos y tertulias, opte por el desprecio, la descalificación e incluso el insulto”.

“Han pasado cuatro años de aquella declaración de nuestros obispos pero en las tertulias de este canal de televisión, ligado a la Conferencia Episcopal Española, se continúan fomentando los sentimientos contrarios al respeto, la tolerancia, el diálogo y la solidaridad”, prosigue la carta, que añade que “tras los atentados en Catalunya, la agresividad de los tertulianos y de los responsables del programa, si cabe, se ha hecho todavía mayor”.

La nota culmina reivindicando unas palabras del Papa Francisco, en las que pedía a los comunicadores ejercer su labor “de forma constructiva rechazando los prejuicios contra los demás”; algo que, en su opinión, sigue sin respetarse en 13TV, una televisión envuelta en deudas y que este curso arranca con nuevas sinergias con la cadena Cope.

Para ahorrar costes se han unificado las redacciones de informativos de la emisora y la cadena propiedad de los obispos, que estarán capitaneados por José Luis Pérez, hasta la fecha jefe de Informativos de Cope. La radio anunciaba estos cambios con la intención de “poner en marcha mecanismos que mejoren la producción y distribución de sus contenidos en cada una de las plataformas donde el oyente/usuario esté presente hoy en día”. Y, fundamentalmente, para reducir costes y tratar de frenar la relevancia de los programa estrella de 13TV (El Cascabel y La Marimorena) que, paradójicamente, son los que mantienen mayor cuota de share y de inserción publicitaria de la cadena.

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (Tenerife), en coordinación con la Policía Nacional y la Local, ha decidido reforzar la seguridad en las zonas de mayor afluencia de turistas, donde se colocarán nuevos hitos de seguridad y elementos de mobiliario urbano, entre otras medidas.

El pasado viernes tuvo lugar una reunión de trabajo entre miembros de la Corporación municipal y representantes de la Policía Nacional y Local con el objeto de analizar la situación de alerta 4 reforzada y decretada tras los atentados perpetrados en Barcelona y Cambrils a manos del terrorismo yihadista.

El encuentro sirvió para valorar las recomendaciones emanadas de la Dirección General de la Policía y su aplicación en zonas turísticas y para profundizar en el estudio de las medidas a adoptar desde el Consistorio a corto y medio plazo en materia de seguridad, tráfico y mobiliario urbano.

Entre las conclusiones de la reunión destaca el consenso sobre las ubicaciones donde se procederá a la próxima colocación, de forma provisional, de elementos de seguridad pasiva, que coincidirá con las zonas de mayor tránsito de residentes y afluencia de turistas y que principalmente provendrán del stock actual de mobiliario urbano e hitos de seguridad existente en diferentes dependencias municipales.

También se habló de los elementos nuevos a adquirir en las próximas fechas de cara a restringir el tránsito de vehículos en las principales zonas peatonales de la ciudad y sobre la conveniencia del incremento de la presencia de patrullas de ambos cuerpos en estas zonas, para reforzar la idea de seguridad subjetiva que tienen tanto los residentes como los visitantes.

Más de un centenar de miembros de la comunidad musulmana pertenecientes al Centro Islámico La Paz se han concentrado en Toledo en rechazo al terrorismo y los atentados de Barcelona y Cambrils. El acto ha tenido lugar en la céntrica plaza de Zocodover a las 20.00 horas. Allí, han procedido a encender 15 velas en recuerdo a los fallecidos en los atentados de Cataluña y han guardado posteriormente un minuto de silencio.

Tras ello, el activista musulmán Mohaymin Elfarh ha leído un comunicado en nombre de los presentes titulado 'Su dolor es nuestro igual' en el que rechazaban este “inhumano acto criminal” que condenaban con “repulsa enérgica”. Asimismo, continuaba el comunicado, “pedimos a Dios que alivie el dolor” de las familias. Al término se han podido escuchar gritos de “no en mi nombre”, así como “no tinc por”.

A la concentración también han asistido la concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Toledo, Isabel Martín; el edil de Bienestar Social, Javier Mateo; y representantes de de Podemos y de asociaciones vecinales de la ciudad.

Una representación heterogénea de las comunidades islámicas del País Vasco (marroquíes, argelinos, paquistaníes, senegales, nigerianos, mauritanos o españoles) han rodeado este viernes por la tarde el icono verde de 'Vitoria-Gasteiz', en el centro de la plaza de la Virgen Blanca, para transmitir un mensaje de condena rotunda al yihadismo en euskara y en castellano. “El Islam insiste sobre los valores de la paz, la tolerancia y la convivencia, por lo que ni nuestra religión ni ninguna otra puede ser utilizada como instrumento para matar a víctimas totalmente inocentes”, rezaba el manifiesto que se ha leído en ambos idiomas después de un minuto de silencio y que se cerraba con un mensaje de solidaridad hacia Barcelona y hacia Cambrils tras los atentados de la pasada semana.

Khaula, de 17 años, ha sido una de las portavoces. “Los yihadistas no son musulmanes”, ha enfatizado en conversación con eldiarionorte.es antes de la concentración. La joven tiene claro que no todos los musulmanes de su edad son como los causantes de la masacre en Cataluña y también plantea que no se considere que todos los imames son como el hombre de Ripoll que radicalizó a los terroristas.

En su parte del comunicado, Khaula ha reclamado que Barcelona sea “el último eslabón” en la larga lista negra del yihadismo. En este sentido, Abba, de la comunidad senegalesa, ha reclamado abordar la lucha contra el terrorismo desde una óptica “global”. Ha citado atentados recentísimos en Burkina Faso, Nigeria, Malí o Kenia tan o más sanguinarios que los de Cataluña y que parecen una realidad ajena a la sociedad europea. “Tenemos que levantarnos todos, seamos de cualquier religión o etnia, y condenar todos los atentados”, ha sentenciado.

Muchos de los asistentes, varios centenares, han acudido en familia, con niños muy pequeños. Varios portaban carteles. “No en mi nombre” o “Islam=Paz” eran algunos de sus mensajes. “Los terroristas se cubren con el mantel del Islam pero el Islam es paz, amor, solidaridad, fraternidad, como cualquier religión”, abundaba Abba.

Ahmed, mauritano, repetía: “No nos tenemos que callar, porque esto es una vergüenza”. Este hombre, señalando su vestimenta, lamentaba que le “mirasen mal” en la calle por su forma de vestir tradicional y dejaba claro: “Nosotros no estamos con esa gente”.

Bilal, de 20 años y vascoparlante, ha leído parte del comunicado. Fuera de sus notas, defendía que los musulmanes vascos saben de la importancia de condenar el terrorismo porque han conocido la violencia de ETA. “Aquí hemos tenido el terrorismo muy cerca”, razonaba. Y se felicitaba también por la presencia de musulmanes en la protesta, que habrían podido ser más, ha dicho, de no ser verano y hallarse muchos en sus países de origen.

Junto a las comunidades islámicas, algunos vitorianos se han sumado a la iniciativa. El apoyo político e institucional, en cambio, ha sido más bien escaso. Apenas algunos cuadros del PSE-EE han acudido a la Virgen Blanca. El acto se ha cerrado con aplausos y proclamas contra el terrorismo.