Aunque pueda parecerlo, este “no es un libro anticlerical”. El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia (Akal, 2026) acaba de llegar a las librerías como una profunda investigación sobre la inscripción de miles bienes sin garantías de propiedad a nombre de la institución católica entre 1946 y 2015. Un estudio que no pretende “quitarle nada” a la Iglesia, sino “defender la legalidad democrática y el patrimonio público” frente a lo que definen sin rodeos como un “expolio” que ha originado “una descapitalización sin precedentes” en plena etapa democrática. Los autores, Antonio Manuel Rodríguez y Aristóteles Moreno, tratan de delimitar la verdadera dimensión del fenómeno, comparándolo con capítulos tan relevantes para el patrimonio español como la desamortización de Mendizábal. Como si se tratase de un reverso histórico, aquella operación llevada a cabo a principios del siglo XIX supuso la expropiación y subasta de multitud de bienes en manos de la Iglesia católica —monasterios, conventos, tierras— para financiar las arcas del Estado. Sin embargo, la maniobra se revelaría infructuosa, poco eficiente, y acabaría causando daños irreparables al propio patrimonio.

En un momento actual en el que numerosos colectivos y propietarios de todo el país exigen al Gobierno que actúe con urgencia contra lo que consideran un escándalo mayúsculo, este nuevo trabajo se presenta como un manual de “pasado, presente y futuro”. Explica Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba, que la investigación viaja hasta el origen del problema: la “simbiosis” entre Iglesia y Estado desde el Antiguo Régimen. A partir de ahí, examina “un expolio que no se comete en el siglo XV, sino a finales del XX”, en periodo democrático y, finalmente, se presenta como “un manual de futuro” para “cuando el Gobierno se atreva a acometer la tarea titánica de separar Iglesia y Estado de forma definitiva”. Actualmente, se lamentan los autores, “son como hermanas siamesas que comparten el bolsillo”. Cabe recordar algunos datos que aclaran la magnitud del problema: la práctica de las inmatriculaciones ha convertido a la Iglesia en el principal propietario inmobiliario del país, con un 80% del patrimonio histórico en sus manos, y más de cien mil bienes inscritos sin pruebas, según los cálculos de la plataforma estatal Recuperando.

“Lo más grave no es que los obispos actuasen como fedatarios públicos, sino que únicamente lo hicieran para autocertificarse el dominio de aquello que no podían probar que les pertenecía”

Fruto del respaldo que otorga esa extensísima nómina de bienes registrados —que todavía no se conoce, ni mucho menos, al detalle— la Iglesia “se sienta a negociar con el Estado de tú a tú”, porque “esto no se ha hecho por dinero, sino por el afán de poder”. Antonio Manuel Rodríguez revela algunas de las conclusiones de las que se nutren las páginas del libro, al tiempo que examina con severidad las diferentes responsabilidades. Desde el papel del Estado —que derogó en 2015 una ley hipotecaria anticonstitucional, “pero no declaró nulas las inmatriculaciones”— a la connivencia de los registradores o incluso la pasividad social. Pero, sobre todo, apunta al uso indebido que los obispos han venido haciendo de los privilegios otorgados en 1946. “Lo más grave no es que los obispos actuasen como fedatarios públicos, sino que únicamente lo hicieran para autocertificarse el dominio de aquello que no podían probar que les pertenecía”. Una potestad, inciden los autores, de la que ni siquiera los notarios gozaban.

La Mezquita de Córdoba, el paradigma

El trabajo “El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia” habla de 16 casos especialmente relevantes en el panorama español, pero sitúa uno en particular por encima del resto: la Mezquita de Córdoba. Precisamente, el germen del libro está en la implicación personal de Antonio Manuel Rodríguez y de Aristóteles Moreno en el rechazo social que produjo el registro por la Iglesia católica del templo islámico, origen de la plataforma que se creó en Córdoba para defender la titularidad pública del templo islámico. “Te duelen los ojos al comprobar que estamos ante un bien que incuestionablemente no ha construido la Iglesia; cuando la jerarquía católica llega a la Mezquita, ya estaba construida”, exponen los investigadores. En su opinión, en el monumento emblema de Córdoba se encuentra la clave que permite desmontar cualquier argumento a favor de la inmatriculación. “¿La Mezquita se puede vender? ¿Se puede hipotecar? La respuesta es que no, y los únicos bienes que están en esta situación son los de dominio público, porque son de todos”, argumenta Antonio Manuel Rodríguez, quien se pregunta por qué no existe una norma y un listado oficial que aclaren qué edificios se encuentran en esta situación en nuestro país, como sí existe en Francia, Reino Unido, Alemania o Portugal.

En el caso de la Mezquita, además, el volumen recopila datos históricos y aporta nueva documentación que permite explorar con mayor claridad el origen del templo. “Fue construida en el año 785 por el Estado Omeya para ofrecer un servicio público a los ciudadanos, en el sentido en que el culto islámico era oficial y para ello fueron utilizados recursos de todos los contribuyentes”, explica Aristóteles Moreno. De ahí, damos un salto hasta el siglo XX, cuando la Iglesia “era una especie de brazo administrativo del Estado que incluso cobraba impuestos”. Sin embargo, el catolicismo dejó de ser la religión oficial del Estado con la llegada de la democracia. “A partir de la Constitución, en 1978, la Iglesia se quedó con todo ese patrimonio histórico que se había construido, no con su dinero, sino con fondos de toda la comunidad”, precisa el periodista. “Es como si los médicos se quedaran con el hospital o los maestros con el colegio”, compara Moreno, que se ha encargado de profundizar en el dilatado recorrido temporal del edificio.

En este sentido, el coautor del libro ha buceado en diferentes archivos para construir una sólida argumentación que aleje cualquier sombra de duda. Moreno se remite, por ejemplo, a la declaración de monumento nacional, que data de 1882. “El Estado nombra a un arquitecto conservador, Ricardo Velázquez, un funcionario público que asume el control y el dominio del edificio; en este asunto, la Iglesia no participa en nada”, precisa. Es más, lo primero que hace Blázquez es “desmantelar multitud de pegotes barrocos que los obispos habían ido metiendo en la Mezquita”, añade. Pero hay más. En 1910, tuvo lugar un suceso que desafortunadamente recuerda a lo ocurrido el pasado verano: un grave incendio, en este caso, originado por una tormenta, ante la falta de un pararrayos. “Con motivo de aquel suceso, dos periodistas entrevistaron al obispo, quien negó que el pararrayos fuera su responsabilidad porque, según él, la Mezquita era incumbencia del Estado”, recoge Aristóteles Moreno. Un último dato: en 1972, el director de Vivienda en el Gobierno franquista, Rafael de la Hoz, propuso un proyecto para “extraer la catedral de la mezquita”, es decir, quitar cualquier elemento no original. “El Ayuntamiento de Córdoba se declara dispuesto a colaborar para llevar a cabo el proyecto, asumiendo que ha sido una institución fundamental en la defensa y la tutela de la Mezquita a lo largo de la historia”, recoge el periodista. 

Del Prerrománico asturiano a los payeses catalanes

Quizá el otro conjunto patrimonial que más polémica ha generado junto a la Mezquita de Córdoba en el aspecto de las inmatriculaciones sea el Prerrománico asturiano, una quincena de edificios promovidos por monarcas asturianos entre los siglos VIII y X, con Santa María del Naranco a la cabeza. En este caso, la Iglesia acometió la inmatriculación de los templos religiosos, inscribiendo las fincas en las que se encontraban. Lo paradójico fue que, pese a cobrar entrada por acceder a Santa María del Naranco, el palacio impulsado por Ramiro I no llegó a ser registrado. “Actualmente, se mantiene en un limbo jurídico porque inmatricular la sede monárquica en la que se proclamaban los reyes habría sido ya demasiado burdo”, analiza Antonio Manuel Rodríguez. Ante ese vacío en la titularidad, el profesor de Derecho Civil cuestiona el papel del Gobierno asturiano: “¿A qué está esperando el Principado para declarar Santa María del Naranco bien de dominio público e inscribirlo en el registro con esa naturaleza?”.

Los autores del trabajo van elevando la crítica al examinar casos “realmente esperpénticos”, como el de los payeses catalanes, que han tenido que enfrentarse a una situación en la que la Iglesia pretendía arrebatarles construcciones como ermitas que los agricultores habían levantado y mantenido en sus territorios particulares. “Cuando un día van a arreglar la ermita o a celebrar cualquier acto, los payeses se encuentran con que se las han quitado”, exponen los investigadores. Es decir, “ya no se trata de quedarte con la finca donde está la ermita”, apunta Antonio Manuel Rodríguez refiriéndose a casos como el de las propiedades comunales en Navarra, sino que la Iglesia “se está quedando con ermitas dentro de fincas que no les pertenecen”.

El escándalo de las inmatriculaciones —del que todavía no se conoce su verdadera dimensión, denuncian particulares y colectivos que luchan para revertir la situación— ha venido abonado por su complejidad, pero también por la “falta de conciencia social”, que los investigadores echan de menos. Y porque, a veces, la explicación del problema acaba envenenándose entre juegos de palabras. Como, por ejemplo, al preguntarse de quiénes son los templos religiosos en España o, por precisar un poco más, si las iglesias (en minúscula) pueden ser de la Iglesia. “Claro que pueden serlo”, responde Antonio Manuel Rodríguez, quien se explica: “Pueden pertenecerle cuando se han construido en su terreno, han sido ellos quienes las han construido o cuando se le han donado, las han heredado o las han comprado; es decir, cuando son bienes privados”. Pero nunca cuando son de dominio público.

El incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba el pasado mes de agosto, causado por el cortocircuito de la batería de una barredora eléctrica almacenada en el interior del templo, ha puesto en entredicho la gestión en solitario por parte de la Iglesia católica de un monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por su enorme valor histórico como símbolo de la cultura islámica en España. 

Con Alfonso Alba, director de Cordópolis, nos preguntamos qué hace la Iglesia católica gestionando en solitario un templo que fue uno de los mayores centros de oración para el islam en Europa, y cómo ha ido borrando las huellas del pasado musulmán de este conjunto arquitectónico que lo hacen único en el mundo. 

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La alarma y aflicción que el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba ha producido en Andalucía debería hacer reflexionar a quienes azuzados por la ultraderecha coligen y vocean el discurso de islamofobia que va desde los sucesos preocupantes de Torre Pacheco a la moción racista de Jumilla. Un discurso que Vox articula sobre un pasado falsario que excluye el legado andalusí para afirmar que la verdadera y única identidad cultural de España es la católica. “España no es Al-Andalus”. Cuán equivocado están Santiago Abascal y sus seguidores.

Si pregunta a cualquier andaluz sobre monumentos de su tierra, sea chico o grande o más o menos culto, responderá que la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba y la Giralda de Sevilla, todos hitos conservados de la presencia musulmana en nuestra tierra durante ocho siglos. El andaluz se enorgullece de dichos monumentos más que de ningún otro, a pesar incluso del importante legado de bellísimas iglesias góticas, renacentistas y barrocas, incluida la que alberga la Mezquita proyectada por Hernán Ruiz (el mismo que diseñó el cuerpo de campanas del alminar de la mezquita de Sevilla, que hoy conocemos como la Giralda).

El incendio comenzó en una de las capillas de la Catedral, levantada entre las columnas de la parte de la aljama (mezquita principal) impulsada por Almanzor. Aún así, la voz de preocupación de cuantos se hicieron eco del peligro no fue por la pérdida de tan importante templo cristiano, sino por la de los antiguos vestigios de la mezquita, incluida como Patrimonio de la Humanidad en 1984 y la más antigua del mundo, con esplendorosas cúpulas y mosaicos dorados de la quibla y mihrab.

Vox ha situado a Infante como un islámico traidor de la cultura nacional católica y no ha escatimado insultos contra su figura, desde «lunático islamófilo» a «tarado»

Lo paradójico es que es la Iglesia católica la responsable de su gestión y beneficios (más de 22 millones de euros en 2024 recaudó el Cabildo). Miles de visitantes de todo el mundo viajan hasta Córdoba para ver solo el monumento. El incendio ha vuelto a abrir el debate sobre si un edificio de tales características debería ser de titularidad estatal y no particular de la Iglesia. Hay quien incluso ha apostado por un doble culto del edificio, el católico actual y el musulmán del pasado. Una apuesta esta que tuvo como contrapunto durante un tiempo el esfuerzo del Obispado de Córdoba por eliminar del monumento el nombre de mezquita para llamarlo solo Catedral de Córdoba. Intentos vanos uno y otro. Lo relevante es que gracias a la rápida actuación y pericia de los bomberos el fuego no llegó a propagarse y la Mezquita ha podido salvarse. Los daños podrán ser reparados y luego sí sería justo que Gobierno, Junta de Andalucía y Ayuntamiento se sienten a negociar con la Iglesia para una gestión conjunta del importante monumento.

Ojalá no hubiera ocurrido el incendio. (Ojalá es una palabra de origen árabe como azúcar, acequia, aceite, aceituna, café, naranja, alcalde, Almería, Algeciras, Alcalá… hasta cuatro mil vocablos y numerosos topónimos en lengua española). El fuego prendido el pasado día 8 ha coincidido dos días después con la conmemoración del fusilamiento por falangistas o franquistas de Blas Infante, padre de la patria andaluza. Como desde hace años, todas las fuerzas políticas le han rendido homenaje en el punto de la carretera de Carmona de Sevilla en el que fue asesinado. Todas menos Vox. Su inquina hacia el considerado por el Estatuto padre de la patria andaluza no es solo por su posición política contra el estado de las autonomías y alineación con el franquismo. Viene de lejos y se sustenta en la islamofobia y contra la inmigración de países árabes o subsaharianos que la ultraderecha nacionalista europea sostiene como artificio electoral.

Blas Infante defendió, entre otras cosas, la herencia árabe en España y particularmente en Andalucía, incluso una relación de hermandad con los territorios de Marruecos. A pesar de su admiración por ese pasado árabe (idioma que llegó a aprender), también reivindicó el legado romano de la Andalucía libre dentro de una España federal. El escudo de la bandera andaluza que ideó está inspirado en Cádiz con la figura de un Hércules que sujeta a dos leones entre columnas. Pese a ello, Vox ha situado a Infante como un islámico traidor de la cultura nacional católica (incluso con el bulo de que se convirtió a la religión musulmana en un viaje a la tumba del rey y poeta sevillano Al Mutamid en 1924) y no ha escatimado insultos contra su figura, desde “lunático islamófilo” a “tarado”.

Todo hilo de la ultraderecha conduce a lo mismo, a alimentar el odio hacia el extranjero de otro color o religión para captar a los votantes descontentos

Vox heredó ese desprecio por Blas Infante de Alejo Vidal-Quadras, uno de los fundadores de la formación, quien siendo eurodiputado del PP en 2007 llegó a calificar de “cretino” al histórico ideólogo del andalucismo. Unas declaraciones que pusieron en un aprieto a Javier Arenas cuando se postulaba en 2008 para presidir la Junta. Aunque Vidal-Quadras abandonó Vox como antes el PP, su opinión de Infante arraigó en los sucesivos dirigentes de la ultraderecha en Andalucía.

En las elecciones andaluzas de 2018 Vox estrenó su reivindicación nacional católica con el lema “Reconquista”, que luego exportaría al resto y aún hoy mantiene hasta vociferar Santiago Abascal ante líderes europeos de la ultraderecha su promesa de que España será un “muro de contención” contra la invasión islamista que atribuye a la inmigración. Todo hilo de la ultraderecha conduce a lo mismo, a alimentar el odio hacia el extranjero de otro color o religión para captar a los votantes descontentos.

Vox consiguió entrar en un Parlamento en 2018 en Andalucía con algo más de 400.000 votos, lo que fue una sorpresa. No se trataba solo de un pellizco a partidos de la derecha, ya que se ha mantenido al alza su pujanza electoral al tiempo que la izquierda perdía fuelle y representantes en Andalucía. Me cuesta creer que haya sido por haber calado su mensaje islamófobo, antiinmigrantes y racista en Andalucía. Ni siquiera en El Ejido tuvo éxito su intentona de reproducir un Torre Pacheco o Jumilla este verano. Quizás sea más fuerte el sentimiento de orgullo de que lo moro también forma parte de nuestra cultura. O es solo un deseo. Ojalá lo primero.

La decisión de Canal Sur de mantener la emisión de una corrida de toros desde Marbella mientas ardía la Mezquita de Córdoba está generando un nuevo incendio en el ente público. Comisiones Obreras ha emitido un comunicado este domingo, en el que apunta a la responsabilidad de la Dirección de Informativos y subraya que los trabajadores de la plantilla estuvieron dispuestos para cubrir el suceso en directo poco después de que saltaran las llamas, aun estando fuera de turno. Canal Sur informó del incendio cuando ya estaba apagado, y bastantes minutos después que otros medios. Las críticas de CCOO se suman a otras vertidas desde otros sindicatos, como CGT y UGT, profesionales de la televisión o en redes sociales, donde el asunto se convirtió en tendencia durante este sábado.

El incendio se declaró a las 21:15 del pasado viernes y, aunque fue rápidamente sofocado, ha acabado provocando el colapso del techo de una de las capillas. Mientras ardía la Mezquita de Córdoba, Patrimonio de la Humanidad, Canal Sur retransmitía la corrida de toros Los Candiles, con Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado, en directo desde la plaza de Marbella. Canal Sur informó por primera vez del incendio a las 22:38 de la noche, contando que ya estaba apagado y que no existían daños relevantes en el monumento mediante un mensaje leído de un teléfono a la vuelta de un corte de publicidad en los toros, sin imágenes y sin datos concretos de lo ocurrido. La segunda información se emite a las 23:41 y dura 50 segundos.

Canal Sur recibió durante todo el sábado una avalancha de críticas en redes sociales, que Isabel Cabrera, su directora de informativos, trató de detener en X (antes Twitter). En sus respuestas y citas a mensajes críticos, Cabrera defiende que “se cortó la emisión” de los toros (sin aclarar que eso ocurrió con el incendio ya sofocado) y subraya que se informó con un scrawl (el breve inserto en la banda inferior de la pantalla) de que el incendio estaba controlado en cuanto el Cabildo lo confirmó. Cabrera explicó que el fuego se dio por extinguido tan rápido que ya lo estaba cuando los profesionales llegaron al incendio. “Hay que llegar a Córdoba, preparar y levantar un directo. En cuanto se llegó, se hizo”.

Sobre la función de los medios públicos, ha sentenciado: “El principal papel de un medio de comunicación público es informar en la medida de una noticia sin alarmar al ciudadano. Las redes a veces alarman y los medios informan con fuentes oficiales. Y si hay que tranquilizar y no alarmar porque algo está controlado se hace así porque ese es nuestro trabajo”.

Cabrera también ha retuiteado varios mensajes que celebran el dato de audiencia de la emisión taurina.

Críticas sindicales a la “negligente cobertura”

UGT ha denunciado en X la “negligente cobertura” del incendio. “Mientras ardía nuestro patrimonio, Canal Sur emitía toros. Sin conexión, sin urgencia, sin servicio público. Exigimos responsabilidades y protocolos claros”. Por su parte, CCOO denuncia en su nota la “incapacidad de la dirección”, de la que dice que está “impuesta en su mayoría por afinidad política, no por mérito, experiencia o conocimiento en el medio radio televisivo”.

Tanto este sindicato como CGT aseguran que los trabajadores y trabajadoras se activaron de inmediato, a pesar de que habían terminado su turno a las 20:30 y de que en verano hay turnos y franjas por cubrir por la falta de contrataciones. “El equipo de guardia de informativos de televisión terminaba su turno a las 20:30”, ha detallado CGT: “Todos ellos, redactor, operador de cámara y operador de vídeo, supieron de la noticia al momento de producirse, camino de sus casas. Informaron al Delegado Territorial, contactaron con el compañero encargado de la seguridad del Centro de Trabajo y volvieron a sus puestos con total inmediatez. De este modo, y con los medios técnicos disponibles, hubiera sido posible ofrecer información en directo y con mayor prontitud en la televisión pública de Andalucía”.

El Coordinador y redactor de Canal Sur Radio en Córdoba habría interrumpido sus vacaciones para acudir al Centro de Trabajo, recoger el equipo necesario y cubrir la información en directo para todos los oyentes, y el Delegado Territorial acudió al lugar del siniestro en apoyo a los equipos allí desplazados, según CGT.

Tampoco sería un problema la distancia: “En televisión está casi todo inventado, existen medios técnicos para informar en directo de una forma eficaz y ágil. Canal Sur cuenta con un centro territorial a pocos minutos de La Mezquita”, explica CCOO: “La falta de cobertura solo obedece a la falta de planificación y de interés de la actual dirección por los centros territoriales que deberían ser herramientas para garantizar la vertebración territorial de Andalucía.

¿Cómo es posible que siendo Córdoba la única ciudad del mundo con cuatro nombramientos Patrimonio de la Humanidad, sea un destino que el turismo visita durante unas pocas horas o un único día?

Esa es la cuestión que me hago en muchas ocasiones cuando a mis clientes, durante o tras la visita guiada, les pregunto por el tiempo que van a pasar en la ciudad. Por fortuna, parece que el signo está cambiando y cada vez son más los que me contestan a esa pregunta diciéndome que dormirán una noche o dos, y que, por tanto, pasarán en la ciudad califal dos o tres días. Pero sigue siendo mayoritaria la respuesta de visitar la ciudad durante unas horas para luego continuar y sí pernoctar en otros destinos y ciudades como Málaga, Sevilla o Granada. 

No solo es la Mezquita-Catedral lo que esta rica y milenaria ciudad puede ofrecer al visitante, aunque así lo parezca contemplando las campañas publicitarias y videos de promoción de la Junta de Andalucía. Córdoba es una ciudad que cuenta con un patrimonio más rico y abundante que muchas otras ciudades y que se configura con una serie de edificios históricos, iglesias, conventos, yacimientos arqueológicos y museos que en la mayoría de las ocasiones pasan completamente desapercibidos al visitante, ya sea porque se informa por cuenta propia o porque la promoción y puesta en valor por parte del Ayuntamiento de Córdoba es bastante pobre. 

Una visita a Córdoba puede resumirse por parte de la gran mayoría del turismo que recibe la ciudad de la siguiente manera: visitamos la Mezquita-Catedral durante una hora aproximadamente, después visitamos el Alcázar de los Reyes Cristianos y por último dimos un paseo por el barrio judío. Ese “resumen” de Córdoba, en el mejor de los casos haciéndolo con una visita guiada, tarda en hacerse unas cuatro horas. Cuatro horas en la ciudad de los cuatro Patrimonios de la Humanidad. 

Qué maravillosa utopía sería una serie de visitas nocturnas a edificios y monumentos tan bellos como el Palacio de Viana, las diferentes iglesias que componen la Axerquía de la ciudad o inclusive actividades culturales como conciertos o teatro en museos como el arqueológico, el taurino o el de Julio Romero de Torres

Cierto es que esta ciudad tiene una asignatura pendiente que lleva años intentando resolver. Quizá ya se haya llegado a un punto de contagio estoicista y senequiano que haga que este asunto ya se tenga como caso perdido, y es la oferta nocturna de la ciudad. Son muchos los restaurantes y bares de copas que se reparten por ella, pero lo cierto es que una vez que la Mezquita-Catedral cierra sus puertas, el barrio de la judería y antigua medina apagan sus luces y a su mismo tiempo este “apagón” contagia la zona centro de la ciudad. 

No contamos con ningún cine céntrico que ofrezca una oferta cultural audiovisual, no contamos con ningún tipo de espectáculo nocturno en otros edificios históricos (pues el único es “El Alma de Córdoba”, la visita nocturna a la Mezquita-Catedral) ni tampoco contamos con espacios culturales que cierren sus puertas más allá de las siete u ocho de la tarde, en el caso de que abran. Pongo como ejemplo la Casa Góngora, un espacio que abre únicamente si hay alguna muestra o exposición en ella, cosa que en raras ocasiones ocurre. 

Claramente es costoso y requiere de un esfuerzo personal y económico importante, pero qué maravillosa utopía sería una serie de visitas nocturnas a edificios y monumentos tan bellos como el Palacio de Viana, las diferentes iglesias que componen la Axerquía de la ciudad o inclusive actividades culturales como conciertos o teatro en museos como el arqueológico, el taurino o el de Julio Romero de Torres.

Una utopía paradigma que quedará en eso mientras las instituciones públicas y privadas de la ciudad no pongan su grano de arena que, y lo digo sin ninguna duda, sería bien recibido y apoyado por la inmensa mayoría de intérpretes del patrimonio y guías de turismo que dan a conocer al resto del mundo Córdoba. 

Las únicas épocas del año donde esta ciudad parece estar más despierta en las noches son los fines de semana que el carnaval se celebra en la calle, la Semana Santa, la feria y la Noche Blanca del Flamenco

Las únicas épocas del año donde esta ciudad parece estar más despierta en las noches son los fines de semana que el carnaval se celebra en la calle, la Semana Santa, la feria y la Noche Blanca del Flamenco, iniciativa ésta última que podría expandir el Ayuntamiento de la ciudad no solo a una madrugada del mes de junio, sino en otros muchos meses para que así se consolide como un buen acto cultural, no solo en la propia ciudad sino también en el panorama regional e incluso el nacional.

Sea como sea, parece que la ciudad de los cuatro nombramientos Patrimonio de la Humanidad, a pesar de que siga batiendo los récords de visitantes y turismo y siga siendo elegida por National Geographic o Forbes como la ciudad más bella, bonita o con mejor calidad de vida de España o Europa, seguirá abocada a que sea la ciudad del pase rápido, la ciudad del Fast-Track, la ciudad a la que llegas a las diez de la mañana y abandonas a las dos de la tarde.

Deseo y espero que sea la ciudad a la que llegas el día diez y abandonas el día dos del mes siguiente.

En el siglo IX el monarca asturiano Ramiro I, revolucionario de la arquitectura prerrománica, impulsó la construcción de un palacio real en el monte Naranco de Oviedo. Distintos expertos reconocen que Santa María —templo católico desde el siglo XII— fue uno de los edificios más vanguardistas en la Europa del momento, un hecho que atrae a miles de visitantes cada año. Entre otras cosas, porque el Reino de Asturias —su promotor— se empeñó en su conservación, que históricamente ha precisado de cuantiosos recursos públicos. Ya en nuestros días, Santa María ha recibido desde 1986 más de un millón de euros del Principado de Asturias en restauraciones. Sin embargo, la gran paradoja es que la Iglesia —una entidad privada— es quien gestiona el monumento y se queda con los ingresos que aportan los visitantes con el pago de las entradas. De ahí que surja una pregunta que, hoy por hoy, carece de una respuesta sencilla: ¿el monumento más importante del arte asturiano es de la Iglesia o, más bien, de los ciudadanos?

Resolver este interrogante es uno de los principales retos de la asociación Grupo de Inmatriculaciones de Asturias, cuya razón de ser radica en conocer “de quién es el patrimonio” como un derecho más en democracia. Hace semanas, la labor de esta organización voluntarista logró que el Principado de Asturias hiciera pública la lista de los 1.300 bienes de la autonomía que actualmente aparecen registrados a nombre de la Iglesia. La cuestión no revestiría mayor importancia, de no ser porque la norma franquista de 1946 permitía a la jerarquía eclesiástica inmatricular cualquier bien que no fuera de culto sin demostrar la propiedad. En 1998, Aznar amplió esta posibilidad a todos los templos. “Cualquier ciudadano debe aportar una prueba de dominio o testimonios para acreditar la propiedad, pero a la Iglesia le bastaba la firma del obispo”, resume José María Rosell, presidente de la coordinadora estatal Recuperando y portavoz del Grupo de Inmatriculaciones de Asturias. “Que el Principado haya publicado ahora los bienes inmatriculados es un avance, pero tampoco es un ejemplo de transparencia, únicamente cumple con su obligación”, valora Rosell.

Pero, ¿qué ocurre en el caso concreto de Santa María del Naranco? Rosell explica que tanto su asociación como el Principado han acudido al Registro de la Propiedad para pedir una nota simple del monumento y la sorprendente respuesta fue un “no consta”. “No se puede entender que un edificio construido por monarcas asturianos, restaurado con fondos públicos, no figure hoy como dominio público”, lamenta el Grupo de Inmatriculaciones. La situación se agrava al tener en cuenta que es la Iglesia la que percibe las entradas de los visitantes, ingresos que el Arzobispado de Oviedo no fiscaliza. Teniendo en cuenta que el prerrománico asturiano en su conjunto es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1985, resulta aún más extravagante el hecho de que el Principado promocione una serie de bienes que generan unos recursos que acaban en las arcas de una institución privada, la Iglesia.

A unos pocos metros de Santa María del Naranco, se sitúa otra de las joyas del arte asturiano. “San Miguel de Lillo fue inmatriculada en 1929, antes de la norma de 1946, cuando solo se podía inscribir el uso, no la titularidad”, revela José María Rosell. En este caso, el templo —con importantes problemas de conservación— ha recibido aún mayores recursos para su restauración. Según la asociación, todo el prerrománico asturiano (compuesto por unos 15 bienes) se encuentra en una situación similar. “Nadie cuestiona que se trate de un bien de uso religioso, lo que se cuestiona es si la propiedad es de la Iglesia o no y, por consiguiente, si quien lo ha de explotar comercial y turísticamente es la Consejería de Cultura de Asturias o una entidad privada”, precisa Rosell. Interrogantes que llevan a ampliar la pregunta inicial, ¿de quién es el prerrománico asturiano, de los ciudadanos o de una entidad privada?

Navarra, una investigación pionera

El caso asturiano es relativamente reciente. Sobre todo, por las dificultades que comporta saber si un bien se encuentra inmatriculado: puede estarlo, en efecto, pero con otra denominación o en una dirección distinta a la actual. Las circunstancias las conocen bien en Navarra, comunidad que comenzó a investigar la titularidad de los bienes religiosos en 2007, cuando una casualidad reveló que la Iglesia había inscrito un templo de la localidad de Tafalla. “A raíz de este descubrimiento, consultamos los pueblos del entorno y resulta que todas las parroquias habían sido inmatriculadas”, rememora Andrés Valentín González, portavoz de la plataforma Recuperando en Navarra. Aquello motivó la movilización de alcaldes y concejales de la zona, punta de lanza del movimiento que ha ido destapando esta situación irregular en todo el país.

Cerca de 200 ayuntamientos se sumaron a la causa: querían tener sobre la mesa el listado completo de inmatriculaciones. La oportuna reclamación del Parlamento de Navarra al Ministerio de Justicia permitió que la información fuera remitida con una sorprendente agilidad: la Iglesia había registrado sin garantía jurídica 1.087 bienes. “Los primeros años fueron de una actividad frenética, pero lo que hasta la fecha había sido coser y cantar se transformó en un proceso enormemente complicado, porque nuestro adversario había espabilado”. Andrés Valentín se refiere a las primeras reclamaciones judiciales. “Nos dimos cuenta de que la Iglesia, con la complicidad de jueces y registradores de la propiedad, iba a convertirse en un enemigo temible”, reconoce.

Por fin, la plataforma obtuvo la información completa de las inmatriculaciones efectuadas desde 1900 hasta nuestros días. ¿Objetivo conseguido? En absoluto. La asociación navarra admite que ahora debe realizar un “trabajo enorme” para poner en claro centenares de documentos diversos, remitidos por los registros de la propiedad, una labor que “supera la capacidad de una organización voluntarista” como la de ellos. Por si fuera poco, Andrés Valentín González hace una “precisión importantísima”: no se trata de 1.087 bienes, sino de “muchos más”. La explicación se entiende rápidamente con un ejemplo real. La inscripción de la catedral de Sevilla incluye edificios anejos como la Giralda o el Patio de los Naranjos. Es decir, que el millar de inmatriculaciones de Navarra puede alcanzar, según los cálculos de la asociación, a más de 5.000 bienes. La misma calculadora —basada en números similares, como los de Euskadi o Catalunya— es la que arroja la cifra en la que se mueve la plataforma Recuperando para el conjunto del país, unos 100.000 bienes habrían sido inscritos sin garantías legales.

La Mezquita de Córdoba y el “paraíso fiscal” de la Iglesia

De nuevo, la casualidad permitió a un profesor de Derecho Civil conocer en 2010 que el monumento que identifica a su ciudad había sido registrado por la Iglesia cuatro años atrás. Claro que, por entonces, Antonio Manuel Rodríguez ignoraba que la defensa de la Mezquita-Catedral de Córdoba se convertirá en la reivindicación de su vida. “A nadie se le pasaba por la cabeza que un monumento patrimonio mundial por la Unesco, que no puede ser enajenado, vendido, hipotecado ni embargado, figurase en el registro de la propiedad a nombre de una entidad privada”, explica, perplejo todavía, más de una década después. Inicialmente se pensaba que la situación de las inmatriculaciones por la Conferencia Episcopal afectaba solo a la comunidad de Navarra… pero no, y aquello fue solo el comienzo de una larga, intensa, batalla que hoy continúa en pleno apogeo.

Porque el Obispado de Córdoba no se limitó a inscribir la Mezquita-Catedral. “A partir de ese momento, se produce un empoderamiento del monumento por parte de la jerarquía católica, al entender que es suyo y que puede hacer con él lo que les dé la gana”, explica Rodríguez. Aquella intención cristalizó en el cambió de nombre del templo, borrando la denominación de “mezquita”, la misma que en 1984 le había permitido alcanzar el título de patrimonio universal. “Querían cambiar el relato de su propia historia; acabaron reduciendo la mezquita a una ‘intervención islámica’ de la catedral. Era un atentado contra el monumento, pero también contra la propia ciudad de Córdoba, cuyo nombre siempre ha ido unido al de la Mezquita”, lamenta el profesor.

La lucha emprendida por personas como Antonio Manuel Rodríguez, hoy portavoz nacional de Recuperando, y Miguel Santiago, actual responsable de la asociación en Córdoba, cristalizó en 2013 en un movimiento social que ha permitido, por lo pronto, devolver el nombre original al edificio de origen islámico. “La jerarquía católica ha construido un relato confesional de la Mezquita que ha sido desmentido por todos los estudios arqueológicos que se han realizado”, subraya Rodríguez. Esa narración histórica se basaba en la supuesta construcción del monumento musulmán sobre San Vicente, una basílica visigoda preexistente. “La investigación científica, desde las primeras excavaciones de Félix Hernández en los años treinta, ha descartado que los restos hallados perteneciesen a esa basílica”, precisa el portavoz nacional de Recuperando, quien insiste: “En todo caso, la Unesco reconoce como bien mundial la Mezquita de Córdoba, da igual lo que hubiera antes”.

Un escándalo de 20 millones de euros al año

Pero el escándalo al que se refiere el movimiento reivindicativo va más allá, mucho más allá. Porque la Mezquita-Catedral de Córdoba recauda unos 20 millones de euros, resultado de multiplicar los datos de visitas ofrecidos por el obispado por el importe de la entrada (11 euros hasta ahora, que serán 13 desde el 1 de enero). Unos ingresos que, como en el caso de Santa María del Naranco, no están fiscalizados. “Una cosa es que la recaudación esté exenta de IVA y otra muy distinta, que no esté sujeta al impuesto”. Rodríguez pone el dedo en la llaga: “Lo que hace el Obispado de Córdoba con la Mezquita es, incuestionablemente, una actividad comercial que está sujeta al impuesto de sociedades, actividades económicas o valor añadido”. Es decir, continúa Antonio Manuel Rodríguez, que “se le exige transparencia a la Corona, a los sindicatos o a los partidos políticos, mientras resulta que hay un paraíso fiscal, que es la Iglesia, que ni declara ni tributa por sus ingresos”.

La Mezquita de Córdoba y la Iglesia como un “paraíso fiscal”. Afirmaciones duras, pero no únicas, que destapan las claves de un escándalo generalizado. Un fenómeno anterior al citado decreto aprobado por el expresidente Aznar en 1998 y que se remonta a la norma franquista de 1946, vigente hasta su derogación en 2015. Aquella ley, afirma la plataforma, permitía a la Iglesia comportarse como una administración pública y convertía a los obispos en notarios. “Lo que ocurrió después de 1998 es que la Iglesia comenzó a inscribir bienes de un extraordinario valor, un hecho que no tiene parangón en Europa: en Francia, Nôtre Dame pertenece al Estado y lo mismo en Inglaterra con la abadía de Westminster, mientras que en Portugal, el dictador Salazar firmó un convenio con el Vaticano por el que estos bienes de extraordinario valor pertenecen al Estado, que es quien se encarga de su conservación”, argumenta Antonio Manuel Rodríguez.

Pero, ¿por qué el Estado no reclama a la Conferencia Episcopal bienes como la Mezquita de Córdoba? La conclusión, verbalizada por la plataforma, no deja de ser difícil de creer. “Hoy, el Estado es más débil que la Iglesia porque tiene menos patrimonio y, cuando te sientas a negociar con ella, es una institución más poderosa que tú”, afirma sin ambages Rodríguez. La conclusión no es una broma de mal gusto. “¿Cuánto vale la Mezquita de Córdoba? ¿Y la catedral de Burgos? La Iglesia española tiene más patrimonio que el propio país y seguramente, también más que el Vaticano”, zanja el profesor.

Regreso al dominio público

La plataforma “Mezquita-Catedral, patrimonio de todas y todos”, que se creó hace una década, logró frenar el cambio de nombre del bien, pero aún está lejos de conseguir un objetivo clave: que se retire la inmatriculación y el monumento regrese a la condición de bien de dominio público.

Pero eso no es todo. El actual portavoz, Miguel Santiago, incide en el “mal uso” que el actual obispo, Demetrio Fernández, está haciendo del edificio. “El obispo pretende que, por encima de todo, la mezquita sea catedral: se hacen grandes actividades de tipo católico que inundan la totalidad del templo con el tema sacro”, resume Santiago. Se refiere a polémicas decisiones, solo frenadas por la Justicia española, como la retirada de una celosía diseñada en el siglo XX por el arquitecto Rafael de la Hoz para dar luz al interior. La estructura impedía que la Mezquita-Catedral fuera el eje de la “carrera oficial” de las procesiones de Semana Santa, para lo que los pasos debían penetrar en el edificio. Los diferentes tribunales, del Contencioso al Supremo, dieron la razón al denunciante, el hijo del autor de la celosía: un bien protegido por el Estado y por la Unesco no se puede modificar. Y otro hecho más, también revelador: la apertura de las visitas nocturnas. “Se montan con dinero público, de la Unión Europea, y se convierten en una catequesis que menosprecia la historia de la Mezquita”, enfatiza Miguel Santiago, autor del libro Los obispos de la Mezquita, que acaba de ver la luz. “Pedimos que se redacte un plan director para que se haga un uso adecuado de la Mezquita”, añade.

Reivindicaciones importantes: unas logradas, otras en marcha y el resto, lejos de materializarse. Tanto en Asturias y Navarra como en Córdoba, las asociaciones que luchan por revertir el patrimonio inmatriculado a la figura de dominio público —reunidas en la coordinadora estatal Recuperando— reconocen que “somos David contra Goliat”. De ahí que recuerden al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su compromiso de devolver a los ciudadanos el patrimonio promovido, conservado y protegido por todos, que hoy continúa en manos de una entidad privada.

La Plataforma Mezquita Catedral ha cuestionado el actual cierre del monumento por motivo de la Covid-19. En una nota, recuerda que el pasado 11 de noviembre la Mezquita Catedral de Córdoba y el Patio de los Naranjos cerraban sus puertas a la visita sin fecha de reapertura tras una reunión capitular del Cabildo catedralicio y “atendiendo a la recomendación de las autoridades sanitarias”. A pesar del cierre de la visita, el Cabildo sí ha mantenido abierta desde entonces la actividad litúrgica en la Catedral y en la Parroquia del Sagrario, como ha publicado Cordópolis.

La Plataforma Mezquita Catedral plantea qué circunstancias han cambiado ahora, cuando el pasado 26 de mayo el monumento fue el primero de ámbito nacional en abrir sus puertas con la entrada de la provincia de Córdoba en la Fase 2 de la desescalada durante el ya concluido estado de alarma por la pandemia de Covid-19. En aquel momento, por la ausencia de movilidad interprovincial, la Mezquita solo era visitable por personas que viven en la provincia de Córdoba, tal y como ocurre ahora.

Entonces, el pasado mayo, la portavocía del Cabildo hablaba de “momento oportuno” para que pudieran ir los cordobeses, se afirmaba que “Córdoba es segura y la Mezquita Catedral también lo es” y que se había realizado “un esfuerzo importante” en limpieza y desinfección. “Resulta extraño comprobar que este esfuerzo ya no merece la pena ahora, con el perjuicio que este cierre provoca en los empresarios y hosteleros de la zona, además del faro que el monumento significa para el pueblo de Córdoba también en tiempos de pandemia y con una caída de los visitantes”, indica la plataforma.

Por otro lado, aseguran, también llama la atención el hecho de que Medina Azahara, el otro gran monumento omeya de Córdoba, no haya cerrado sus puertas desde que las volvió a abrir tras el estado de alarma el pasado junio. El conjunto arqueológico está gestionado por la Junta de Andalucía, la administración autonómica que tiene transferidas las competencias sanitarias y que dicta las recomendaciones en este ámbito, administración que tampoco ha cerrado desde que se reabrieron el resto de monumentos que gestiona en la ciudad: el Museo de Bellas Artes, la Sinagoga y el Museo Arqueológico.

La Alhambra, abierta

Por su parte, la Alhambra ha reabierto sus puertas este martes a la visita pública después de tres semanas sin recibir visitantes por las restricciones aplicadas en la provincia de Granada para frenar el coronavirus y lo ha hecho con un aforo limitado al 65%. La suspensión por parte de la Junta de Andalucía de toda actividad no esencial en la provincia granadina, cosa que no ha ocurrido en Córdoba, obligó al monumento a cerrar a la visita pública el pasado 10 de noviembre. El monumento nazarí ha vendido más de 500 entradas para la primera semana de diciembre en sus primeras horas reabierto.

La Plataforma Mezquita Catedral vuelve a poner sobre la mesa la urgente necesidad de dotar al conjunto monumental de un Plan Director que estipule un marco regulatorio claro para su gestión y frene de una vez por todas la “caprichosa administración” del edificio por parte del Cabildo catedralicio, empeñado desde hace años en arrinconar los valores andalusíes del templo contraviniendo los principios reconocidos en la declaración de Patrimonio Mundial de la Unesco.

Unos 30.000 bienes, entre catedrales, iglesias, garajes, frontones, jardines, apartamentos y campos de labranza. Esos son los bienes que, a falta de confirmación oficial, ha entregado el Colegio de Registradores al Gobierno, y que hacen referencia a los bienes inmatriculados –puestos a nombre de la Iglesia– gracias a la Ley Aznar entre 1998 y 2015. Un informe que, según ha podido confirmar eldiario.es, el Ejecutivo socialista tiene en sus manos desde hace más de un año y que todavía no ha decidido cómo hacer público.

Sin embargo, esa cifra –adelantada por El País– no refleja toda la realidad. “Es el chocolate del loro”, lamenta el responsable de la plataforma Recuperando, Jorge García, que recuerda al Gobierno que la Iglesia “lleva inmatriculando bienes a su nombre desde 1946”. “Es imposible saber cuánto”, recalca este activista aragonés, que ha conseguido, después de muchos años de pelea, que Aragón diera una cifra concreta: 49 en la capital (Zaragoza) y 2.023 en toda la comunidad. Aunque sin decir cuáles, ni por supuesto hablar de los inmuebles puestos a nombre de la Iglesia con anterioridad.

Y es que, si solo contáramos los bienes apropiados por la Iglesia católica desde 1978 (año de la proclamación de la Constitución española), la cifra se incrementaría por tres o por cuatro. Distintos expertos en Patrimonio consultados por este diario cifran en más de cien mil los inmuebles inmatriculados desde la instauración de la democracia.

“Se han 'afeitado' las cifras”

“A mí no me gusta dar más cifras que las oficiales”, apunta Jorge García, que no obstante ve “extraño” que el propio gerente de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, admitiera el pasado año que los bienes inmatriculados rondarían los 40.000, y que una primera estimación elevaba los datos a entre 40 y 60.000. “Da la impresión de que se han 'afeitado' las cifras”, denuncia el responsable de Recuperando.

Y es que, por el momento, las únicas cifras oficiales (el Gobierno no ha confirmado ni desmentido que el dato de 30.000 bienes sea real) son las que distintas asociaciones han arrancado en algunos territorios.

Así, la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Navarra ha conseguido que el Gobierno hable de 1.087 propiedades públicas anotadas entre 1998 y 2007, que casi se triplicarían si se tiene en cuenta el periodo en que estuvo en vigor la 'Ley Aznar'. Hace meses, la plataforma Recuperando anunció que había logrado documentar otros 1.500 registros anteriores a la reforma en el territorio foral, aunque, explicaban, en muchos casos una sola inmatriculación incluye varios bienes. En un mismo paquete se hablaba de parroquia, atrio, casa parroquial o huerto.

Sólo en la ciudad de León se registraron más de 2.000, y en la Iglesia vasca, apenas 530. En Córdoba, hasta 401 inmuebles, entre los que destaca la mezquita-catedral. Un templo registrado por 30 euros y que el nuevo alcalde de la capital andaluza ya se ha reunido con el obispo para confirmarle que el Consistorio no pone en duda la titularidad de la Iglesia.

Sea como fuere, lo cierto es que desde hace años, distintas plataformas en favor de la devolución de los bienes expropiados por la Iglesia denuncian el “negocio inmobiliario” de la institución católica en España, que tiene su máxima expresión en la inscripción a nombre de la Iglesia de todos aquellos terrenos, locales y edificios que considerara suyos, con la mera firma del obispo, que resulta tan válida como la de un notario. Algunos de esos bienes, con posterioridad, fueron vendidos para otros usos que no fueran meramente litúrgicos.

Una vez se conozca el listado de bienes puestos a nombre de la Iglesia, serán los posibles afectados, fundamentalmente ayuntamientos, pero también particulares, los que tendrían un registro oficial ante el que poder recurrir la titularidad del inmueble, cementerio o parque.

Batalla legal

A partir de ese momento comenzaría una batalla legal de difícil solución puesto que, en la mayoría de los casos, los bienes jamás estuvieron registrados oficialmente, de modo que el único papel oficial es el que pueda presentar el obispo de cada diócesis.

Esta es una de las razones por las que el Gobierno socialista aún no ha hecho público el listado de bienes, sin un informe jurídico anexo, en el que señalará las dificultades para la reclamación de propiedades, al tiempo que advierte de una posible parálisis del sistema jurídico español, sin olvidar los más que seguros recursos a la justicia europea. La Iglesia, que hace unos meses hablaba de “clima de desamortización encubierta”, está preparada para una hipotética batalla legal.

Distintos expertos han apuntado que, una vez publicados los registros (si logra salvarse otro escollo, que es el de la Ley de Protección de Datos, a la que los Obispados podrían acogerse), tendría que verse qué instituciones o particulares podrían, llegado el caso, denunciar la titularidad de cada inmueble individualmente. “Nosotros no podemos hacerlo”, apunta Jorge García, de Recuperando, que apunta a que debería ser cada Ayuntamiento, o particular, quien habría de intentar hacerlo. “Siempre y cuando tuviera algún título de propiedad anterior” lo cual, en el caso de los templos, se antoja sumamente complicado. Además, según la normativa, pasados dos años desde que el bien es registrado resulta casi imposible demostrar que la inscripción a favor de la Iglesia perjudicó a terceros.

Lo que sí podría plantear el Ejecutivo a la Iglesia sería negociar la titularidad de los más de 3.000 edificios reconocidos como 'Bienes de Interés Cultural', preservando el uso litúrgico y religioso de los inmuebles. Unos inmuebles que el Gobierno considera “bienes de dominio público” y, por lo tanto, falsas inmatriculaciones. La cifra es estimativa, teniendo en cuenta los datos de la propia Conferencia Episcopal, que en su última Memoria de Actividades afirmaba que “3.168 bienes inmuebles de interés cultural pertenecen a la Iglesia”.

Entre ellos, 22 de los 44 bienes culturales declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad, entre los que se encuentran varias catedrales. Hasta 31 de ellas, como ya adelantó eldiario.es, fueron nacionalizadas por el Gobierno de Niceto Alcalá Zamora en 1931, y ahora podrían volver a manos del Estado, tal y como sucede en Portugal o Francia.

En una respuesta de Justicia al diputado socialista Antonio Hurtado en la legislatura pasada, se avanzaba que “la Constitución española consagra los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los bienes de dominio público”.

Esto quiere decir –afirmaba el Ministerio– que, “si a pesar del control por parte del Registrador, hubieran accedido a registro como bienes de propiedad privada bienes que efectivamente lo son de dominio público, deberá procederse a la correspondiente depuración física y jurídica”. La decisión “correspondería a la Dirección General de Patrimonio del Estado y no al Ministerio de Justicia decidir si al Estado corresponde algún derecho sobre dichos inmuebles, sometido todo ello a la tutela judicial efectiva”.

¿Qué bienes podrían verse afectados? Hasta 31 catedrales (entre ellas, la mezquita de Córdoba, o los templos mayores de San Sebastián, Valladolid, Granada o Málaga), u otros templos, como la Seo de Zaragoza o la Giralda de Sevilla. Del mismo modo, habría que valorar cuáles de esos 3.168 bienes calificados como 'de interés cultural' fueron puestos a nombre de la Iglesia entre 1998 y 2015, para posteriormente proceder, en su caso, a la rectificación de la inmatriculación. Junto a ellos, muchos de los 616 santuarios existentes en España (desde Covadonga a Guadalupe, pasando por Caravaca de la Cruz, Loyola, El Rocío o Torreciudad).

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Ocho siglos dan para mucho y ese es el tiempo que la península ibérica estuvo bajo control musulmán. Desde que Córdoba cayó en el año 711 en manos de la conquista islámica y la reconquista cristiana se culminó en 1492 con la toma de Granada la huella de al-Ándalus quedó impresa para siempre en nuestra cultura de una u otra manera.

Una de ellas es la arquitectura: palacios, fortificaciones y mezquitas en las que las refinadas técnicas islámicas crearon verdaderas obras maestras, un patrimonio cultural básico para comprender la importancia que al-Ándalus tuvo en la península ibérica. Hoy ese legado es considerado uno de los reclamos turísticos más importantes de España y éstos son sus mejores representantes.

1. La Alhambra y el Generalife de Granada

Todos conocemos la Alhambra y es sin duda la mejor representación de la España musulmana, una verdadera obra maestra que atrae a millones de turistas de todo el mundo. Austera por fuera pero rica como ninguna otra por dentro, la Alhambra encabeza merecidamente esta lista de monumentos islámicos. El Generalife, por su parte, podemos decir que era la zona de descanso de los reyes musulmanes de Granada, una villa donde desconectar entre jardines, vegetación y el sonido del agua de sus fuentes. La Alhambra, el Generalife y el Albaicín de Granada fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984.

2. La Mezquita de Córdoba

Al contrario de lo que sucedió en otras ciudades, cuando la reconquista cristiana tomó Córdoba en 1236 no se procedió a demoler su mezquita, sino que se optó por convertirla en Catedral, por lo que hoy hablamos de una Mezquita-Catedral de Córdoba. De hecho, dentro de la mezquita musulmana se encuentra la catedral cristiana. Su elemento más representativo lo encontramos en sus inconfundibles 1.300 columnas de mármol, jaspe y granito sobre las que descansan 365 arcos de herradura bicolores. Es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1985.

3. El Castillo de Gormaz, Soria

Construida a finales del siglo X bajo mandato de Al-Haquem II, esta fortaleza islámica califal puede presumir de ser el mayor bastión de la Europa medieval. El Castillo de Gormaz fue una pieza clave para los musulmanes a la hora de defender Medinaceli contra los reinos cristianos del norte y por ello muestra un perímetro amurallado de 1200 metros. Sus muros cuentan la historia de batallas, conquistas y reconquistas, y desde ellos ventanas con arcos de herradura miran el paso del río Duero.

4. La Aljafería de Zaragoza

El Palacio de la Aljafería de Zaragoza fue conocido en su origen como Qasr al-Surur, o Palacio de la Alegría, cuando fue ordenado construir a finales del siglo XI por Al-Muqtadir. A lo largo de su historia ha pasado por varias manos y usos, desde alcázar islámico hudí en su comienzo a sede de las Cortes de Aragón en la actualidad, pasando por palacio medieval mudéjar, palacio de los Reyes Católicos, cárcel de La Inquisición o cuartel militar, y aunque en todo este tiempo ha sufrido modificaciones y reformas es un buen reflejo de la riqueza arquitectónica del momento de mayor esplendor del reino taifa. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2001.

5. La Alcazaba de Málaga

Como su propio nombre indica en árabe (al kasbah), la alcazaba de Málaga se trataba de toda una ciudadela, un recinto amurallado con torres defensivas que destaca como una de las obras militares del pasado islámico de la península ibérica que mejor ha perdurado en el tiempo. Aún hoy podemos disfrutar en su interior de su plaza, sus calles, sus puertas y sus arcos mientras paseamos por lo que antiguamente fue un barrio de viviendas. Fue construida entre 1057 y 1063 y a sus pies se encuentran los restos del teatro romano de Málaga.

6. La Giralda de Sevilla

Símbolo indiscutible de la ciudad de Sevilla, la Giralda también es de origen musulmán. La que hoy luce orgullosa como torre campanario de la Catedral de Sevilla fue en su origen el alminar de la antigua mezquita de la ciudad durante su periodo almohade, mandado construir en el año 1184 por el califa Abu Yaqub Yusuf. Tiene una altura de 97,5 metros, 101 si se incluye el Giraldillo  (la veleta que corona su punta), y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Como curiosidad, para subir a ella no hay escaleras, sino rampas, pues fue diseñada para ascender a caballo.

7. La ciudad de Medina Azahara, Córdoba

Proclamada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en julio de 2018, la ciudad de Medina Azahara, en Córdoba, es otro de los mejores ejemplos de la España musulmana. Fue en el año 936 cuando Abderramán III, primer califa de al-Ándalus, ordenó la construcción de esta ciudad a pocos kilómetros de Córdoba y se volcó en ella como símbolo del esplendor del Califato de Córdoba. Sin embargo, sólo 70 años después Medina Azahara quedó reducida a ruinas como consecuencia de la guerra civil que puso fin al Califato en el año 1010, y la reconquista cristiana terminó por derruir lo que quedaba. Hoy es un conjunto arqueológico que no deberías pasar por alto.

8. La Torre del Oro de Sevilla

Otro de los símbolos de Sevilla y que marca la silueta de la ciudad cuando ésta se observa desde Triana, en la otra orilla del Guadalquivir. La Torre del Oro no tiene ese nombre porque en ella se guardase oro, sino por el color amarillento que reflejaba sobre el río al estar rematada en sus inicios por una argamasa de cal y paja de color dorado. Su cuerpo principal fue construido entre 1220 y 1221 bajo el mandato de Abù l-Ulà, gobernador almohade, y formaba parte de la muralla defensiva de la ciudad. Hoy alberga el Museo Naval de Sevilla.

De los cuatro integrantes de la comisión de expertos sobre la titularidad de la Mezquita de Córdoba, Alejandro García Sanjuán es el especialista en historia medieval y, sobre todo, en la herencia islámica. Profesor en la Universidad de Huelva, se muestra perplejo por la polémica que han provocado las conclusiones que acaban de hacer públicas.

Desde que se publicó el informe, ha habido intentos de dinamitar la credibilidad del estudio. Hemos leído a Gloria Lora, experta medievalista de la Universidad de Sevilla, negar que no haya documentación que avale la propiedad de la Iglesia Católica. Se refiere por ejemplo a La crónica de los veinte reyes. ¿Qué responde? ¿No sería éste, por ejemplo, un testimonio documental como el que usted reclama para que se avale la supuesta donación?se publicó el informeUniversidad de Sevilla La crónica de los veinte reyes

Me remito a los argumentos que ya expuse en el artículo publicado en eldiario.es. Esos testimonios no demuestran absolutamente nada, salvo la carencia de argumentos de quienes los esgrimen. La crónica de los veinte reyes no es una fuente coetánea a la conquista de Córdoba y, además, no dice lo que Gloria Lora dice que dice. No existe documento de donación y las fuentes narrativas coetáneas a la conquista de Córdoba en 1236 tampoco lo mencionan.

¿Como cuáles?

Me refiero a Rodrigo Jiménez de Rada y Juan de Soria, dos miembros de la jerarquía de la Iglesia Católica muy bien informados, el segundo de los cuales, además, participó personalmente en la conquista de Córdoba y en la consagración de la Mezquita. No basta repetir una y otra vez que la donación por Fernando III en 1236 está perfectamente demostrada. Hay que aportar los documentos o testimonios que lo acrediten.

¿Estamos en este caso ante una cuestión en la que conclusiones igualmente válidas pueden entrar en contradicción por las limitaciones y/o interpretaciones que se puedan hacer de hechos históricos en función de la documentación que tenemos? Quiero decir, ¿depende desde la perspectiva que se mire?

Sin duda, las fuentes son limitadas ya que, por ejemplo, no disponemos del Repartimiento de Córdoba. No obstante, las fuentes disponibles son muy claras. Según la legislación de la época (Código de las Siete Partidas), las mezquitas eran propiedad del rey, que podía darlas a quien quisiera, y en el caso de Córdoba no hay ninguna evidencia de donación. Por lo tanto, es totalmente infundado repetir constantemente que la Mezquita de Córdoba es de la Iglesia Católica porque se la dio Fernando III. Lo que se cedió fue el uso cultural del templo, no la propiedad.

En la misma línea, ¿qué le parece el manifiesto que hemos conocido el pasado fin de semana firmado por medio centenar de profesores, en su mayoría de historia medieval, del CSIC? Literalmente dicen que “carece del mínimo rigor exigible a supuestos expertos en estas materias”… ¿qué le parece el manifiesto que hemos conocido el pasado fin de semana firmado por medio centenar de profesores, en su mayoría de historia medieval, del CSIC?

Resulta llamativo que se acuse a la comisión de haber actuado por razones ideológicas cuando ese manifiesto ha sido promovido por alguien que milita en la Asociación Católica de Propagandistas y fue candidato de Vox y dirigente de Falange [en alusión a Rafael Sánchez Saus], y que además se ha referido públicamente de forma despectiva a los miembros de la comisión, lo cual dice mucho de su talante académico. De igual forma, el manifiesto alude a los autores del informe como “supuestos expertos” y eso revela que se trata de una reacción muy visceral y nada académica.

Pero no negará que está firmado por expertos...

Se trata de unas pocas personas dentro de un colectivo muy amplio que incluye en España a cientos de historiadores, arqueólogos y arabistas, entre otros. Hay que recordar que en 2015 más de un centenar de expertos nacionales e internacionales se adhirieron a la titularidad pública. Sinceramente, creo que no hay que darle más importancia a ese manifiesto, aunque sería deseable que, en lugar de contribuir a intoxicar a la opinión pública, se dedicaran a exponer y justificar sus ideas con argumentos. Lo demás es humo y propaganda.

En dicho escrito se dice que no aceptan que el edificio ha pertenecido a la Iglesia Católica “desde el mismo momento de la conquista de la ciudad por Fernando III de Castilla y León en 1236”... 

Como he dicho, no hay ni un solo testimonio histórico que avale semejante afirmación. Es pura propaganda católica.

Usted es historiador, y hay quien insiste en que esta cuestión debería abordarse también desde la perspectiva jurídica, que entienden que falta en el informe, ¿lo comparte?

El informe tiene una parte histórica y otra jurídica. Carmen Calvo es profesora de derecho constitucional, no es una aficionada que no sabe de qué habla. Insisto, hay una fuerte campaña de intoxicación de la derecha católica para desacreditar al informe y a sus autores.

Serafín Fanjul, catedrático de Literatura Árabe en la Universidad Autónoma de Madrid, entrevistado por ABC para la ocasión, sostiene que “este informe está dentro de un conjunto de actividades políticas por parte del Gobierno del PSOE y los neocomunistas de Podemos para enfrentarse a la derecha”. ¿Se siente en medio de una batalla política?Universidad Autónoma entrevistado por ABC

No milito en ninguna organización política y mi trabajo en la comisión ha sido estrictamente profesional. Como historiador, estoy convencido de que la Mezquita de Córdoba ha sido siempre patrimonio común de todos los cordobeses y, desde 1984, Patrimonio de la Humanidad.

¿Qué responde a los que dicen que la comisión a la que pertenece ha sido un instrumento “para dar cobertura a disputas ideológicas o de intereses” y que ello puede confundir a la opinión pública?

La Iglesia Católica ha llegado a recurrir al argumento de la conspiración judeo-masónica para atacar a la comisión. Parece evidente que el informe es bastante consistente, porque ha desatado un notable nerviosismo en la iglesia y en la derecha católica. Por eso se han lanzado a una desaforada campaña mediática de desacreditación.

¿Se está batallando por una cuestión nominal o por conseguir que la gestión del monumento, y sus ingresos, estén en manos públicas, habida cuenta de que estamos hablando del segundo monumento más visitado de Andalucía?

La Mezquita de Córdoba es un sitio histórico absolutamente singular que desde el año 2006 ha sido secuestrado por la Iglesia Católica. Desde entonces se ha convertido en un centro de promoción de la fe católica, supeditando su valor histórico a los intereses confesionales. No es razonable que un sitio histórico de esa importancia se gestione conforme a criterios confesionales en lugar de profesionales.

¿Pero esto qué consecuencias reales tiene sobre el monumento?

La comisión no cuestiona en absoluto el culto católico en la Mezquita de Córdoba, pero la situación creada con la inmatriculación genera enormes obstáculos a la hora de valorar la importancia histórica del monumento, que radica en su singularidad. Se trata del símbolo principal de la dinastía Omeya de Córdoba y es la única mezquita del periodo de Al-Andalus que se ha conservado prácticamente intacta. La Iglesia Católica lleva años intentado ocultar esa identidad histórica del monumento por razones puramente ideológicas. El propio obispo de Córdoba publicó en 2010 un artículo en la prensa exigiendo que se eliminara la palabra “mezquita” de su nombre, lo cual hicieron, aunque después tuvieron que rectificar. Todo esto no es aceptable desde el punto de vista de la gestión del patrimonio histórico.

De cara al compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez de publicar los bienes registrados por la Iglesia Católica al calor de la reforma de la Ley Hipotecaria llevada a cabo en 1998 por el Gobierno del PP, ¿cree que arrojará más luz?

Las inmatriculaciones son el fruto de un privilegio concedido a la Iglesia Católica por el Gobierno de Aznar. Me parece positivo que los ciudadanos tengamos acceso a toda la información sobre las inmatriculaciones.

La cifra que baraja el Gobierno para hacer público el censo de bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia es una mínima parte del total de propiedades inscritos a su nombre con total opacidad y sin ningún tipo de control. Y es que el Ejecutivo está elaborando el listado con aquellos inmatriculados a partir de 1998, cuando una reforma impulsada por Aznar amplió este privilegio. Sin embargo, la Iglesia lleva utilizando este procedimiento desde 1946, cuando la dictadura franquista introdujo la posibilidad en la Ley Hipotecaria.

Se baraja que, desde 1998, la Iglesia inscribió a su nombre unos 4.500 bienes inmuebles pertenecientes al pueblo o a particulares. Cementerios, pisos, terrenos, huertos, parroquias e incluso catedrales que la Iglesia inmatriculó sin más requisito que la firma de un obispo. Esta es la cifra que previsiblemente hará público el Ejecutivo, que actualmente está “procesando los datos”, según ha confirmado el Ministerio de Justicia en una respuesta parlamentaria.

El número, según reconoce hasta la Conferencia Episcopal, apenas llega al 10% de las propiedades que, desde los años 40, los obispos inscribieron gracias primero a las prebendas de Franco y, posteriormente, al Gobierno de Aznar. Esto es así porque la Proposición No de Ley aprobada en abril de 2017 que da origen a esta decisión instaba al Ejecutivo a publicar la relación de bienes inmatriculados por la Iglesia solo tras la reforma de la Ley Hipotecaria de 1998 y hasta 2015, cuando una modificación legal puso fin a este privilegio.

En concreto, el Gobierno debía solicitar “al Colegio de Registradores de la Propiedad una relación de todas las inmatriculaciones llevadas a cabo por vía del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que fue derogado por la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria, desde 1998 hasta la citada derogación”, especificaba la iniciativa que apoyaron todos los grupos parlamentarios excepto PP y Ciudadanos.

En algunas ocasiones el gerente de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, ha asegurado que el número de bienes inmatriculados a nombre de la Iglesia estaría en torno a los 40.000, mientras que otras fuentes aseguran que la cifra ascendería a los 60.000.

En todo caso, el grueso de los bienes, incluidos más de una treintena de catedrales, o la mitad de los cementerios de nuestro país, fueron inscritos por la Iglesia gracias a una norma franquista, la Ley Hipotecaria de 1946, que permitía que, con apenas un certificado del obispo, automáticamente se incluyera el edificio en sí como propiedad de la Iglesia católica.

La normativa aprobada por el dictador buscaba compensar a los obispos por la nacionalización de bienes de la Iglesia llevada a cabo por el Gobierno de Niceto Alcalá Zamora en 1931, que declaraba “Monumentos Histórico-Artísticos pertenecientes al Tesoro Artístico Nacional” 36 catedrales, 24 monasterios, 18 conventos, cinco capillas y más de 200 iglesias.

La inmatriculación en tiempos de Franco

El proceso de inmatriculación en la época franquista, y gracias a la ley de 1946, se llevaba a cabo de forma automática, mientras que en el período de José María Aznar, el único coste era el del pago de la tasa de inscripción: así, por apenas 30 euros, la Iglesia puso a su nombre tres de los lugares más visitados de España, como la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla o la Seo de Zaragoza.

El Gobierno del PP no solo no derogó en 1998 los artículos de la ley franquista tachados frecuentemente de inconstitucionales, sino que amplió el privilegio de la Iglesia a lugares de culto, hasta entonces excluidos de la inmatriculación.

De esta forma, la Iglesia se hizo con catedrales, museos, bienes de interés cultural o cementerios que, por otro lado, continúan siendo financiados por las arcas públicas, mediante distintos acuerdos con las Administraciones locales, provinciales, regionales o estatal para la iluminación de los templos, su restauración o la seguridad. A ello hay que sumar los beneficios derivados tanto de su uso litúrgico (limosnas, estipendios, funerales, comuniones, etc...) como de su explotación turística.

Una difícil batalla legal

Desde hace años, distintas plataformas en favor de la devolución de los bienes expropiados por la Iglesia denuncian el “negocio inmobiliario” de la institución católica en España, que tiene su máxima expresión en la inscripción a nombre de la Iglesia de todos aquellos terrenos, locales y edificios que considerara suyos, con la mera firma del obispo, que resulta tan válida como la de un notario. Algunos de esos bienes, con posterioridad, fueron vendidos para otros usos que no fueran meramente litúrgicos.

Una vez se conozca el listado de bienes puestos a nombre de la Iglesia, serán los posibles afectados, fundamentalmente ayuntamientos, pero también particulares, los que tendrían un registro oficial ante el que poder recurrir la titularidad del inmueble, cementerio o parque.

A partir de ese momento comenzaría una batalla legal de difícil solución puesto que, en la mayoría de los casos, los bienes jamás estuvieron registrados oficialmente, de modo que el único papel oficial es el que pueda presentar el obispo de cada diócesis. Un papel que firmó él mismo, convertido en único notario de la legalidad. En todo caso, las futuras denuncias afectarían a una mínima parte de los terrenos que, desde 1946, la Iglesia puso a su nombre, y que no entrarán en el listado que ultima el Ejecutivo socialista.

¿Y qué dicen los obispos?

Cabe resaltar que la reforma de la Ley Hipotecaria en la que se basan las inmatriculaciones no sirvió para que cualquier otra institución –o confesión religiosa– reclamara como suyos diversos inmuebles, sino únicamente la Iglesia católica. La comunidad islámica jamás tuvo la más mínima posibilidad de intentar inscribir a su nombre la misma Mezquita de Córdoba que hoy, por apenas 30 euros, pertenece a la Iglesia católica.

¿Y qué dicen los obispos? Según cita EFE, Giménez Barriocanal ha mostrado este martes su conformidad con la decisión del Gobierno socialista “siempre que se haga conforme a la legislación vigente y que opere el principio de no discriminación”, ha especificado.

Hace unos meses, preguntado sobre el asunto, el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, lamentó el “clima de desamortización encubierta o de manipulación de un bien de dominio público”. En su opinión, “una catedral, una iglesia, una casa parroquial, son de una comunidad concreta (la Iglesia católica), que probablemente es la institución más antigua de este país”. En opinión de los obispos, “la inmatriculación ya existía, lo que se hizo fue darle forma legal”.

El Gobierno hará público el listado de bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia católica, algo sobre lo que ya está “procesando los datos”. Así lo ha confirmado el Ministerio de Justicia en una respuesta parlamentaria al diputado socialista Antonio Hurtado. Ante la ausencia de datos oficiales y públicos sobre el número de propiedades que la Iglesia ha hecho suyas sin control, este censo dará a conocer las que inmatriculó desde 1998, aunque no son la mayoría. Pero, ¿qué son las inmatriculaciones? ¿por qué tiene la Iglesia este privilegio? ¿qué lugares emblemáticos ha registrado?

Las inmatriculaciones: registrar un bien por primera vez

En la jerga administrativa, inmatricular es inscribir un bien inmueble por primera vez e incorporarlo al Registro Público de la Propiedad. La Iglesia encontró en esta acción, en connivencia con la dictadura franquista y más tarde con el Gobierno de Aznar, el instrumento perfecto para incrementar su patrimonio inmobiliario a base de cementerios, pisos, huertos, parroquias, catedrales y otro tipo de propiedades que hasta ese momento pertenecían al pueblo o a particulares.

De esta manera, la Iglesia logró inscribir a su nombre miles de bienes de forma opaca y sin ningún control, algo que diversas organizaciones han denunciado como una “apropiación ilegítima”. Muchos de estas propiedades fueron posteriormente vendidos, con sus correspondientes ingresos por una cuantía desconocida.

La ley franquista que lo permitió

Las inmatriculaciones han sido posibles gracias a una aprobada durante la dictadura. La reforma que hizo Franco de la Ley Hipotecaria en 1946 incluía en su artículo 206 –y el 304 del Reglamento que la desarrollaba– la equiparación de la Iglesia católica con una corporación pública a la hora de inscribir un bien inmueble. De esta forma, únicamente era necesaria la mera firma de un obispo, que actuaba como funcionario público, para que una propiedad fuera inscrita a su nombre.

Mientras que para cualquier ciudadano, la inscripción de una finca, un piso o cualquier otro bien en el Registro era un proceso complejo, para la Iglesia se trataba de un sencillo trámite sin necesidad de darle publicidad ni de aportar ningún título que acreditara la propiedad.

La reforma de Aznar que agrandó el privilegio

Con la llegada de la democracia, la norma no solo no fue derogada, sino que años después, el primer Gobierno de José María Aznar aprobó un decreto en 1998 en el que reformaba la ley para ampliar el privilegio. De esta forma, extendió la posibilidad de que la Iglesia hiciera suyos mediante esta vía los lugares de culto, hasta entonces al margen de la norma. A partir de esa fecha, las diócesis comenzaron a inscribir a su nombre parroquias, ermitas e incluso catedrales o la misma Mezquita de Córdoba.

Este precepto fue derogado mediante la reforma de la Ley Hipotecaria de 2015, cuando se puso fin a este privilegio tras décadas de inmatriculaciones –la mayoría desconocidas– y los recurrentes avisos de inconstitucionalidad de numerosos juristas. Así lo interpretaba el catedrático de Derecho de la Universidad de Navarra, Alejandro Torres Gutiérrez, para el que se trataba de una práctica, al menos, “paradójica” atendiendo al carácter aconfesional del Estado. Esta “extraordinaria prerrogativa preconstitucional” entra en “manifiesta contradicción con los postulados constitucionales”.

Propiedades emblemáticas por 30 euros

Tras la ampliación llevada a cabo por Aznar, la Iglesia comenzó a inscribir templos, parroquias o incluso catedrales con el único coste del pago de la tasa de inscripción. De esta manera, se inmatricularon algunos lugares especialmente emblemáticos y que reciben millones de visitantes al año por apenas 30 euros, entre ellos la Mezquita de Córdoba en 2006, la Giralda y la Catedral de Sevilla en 2010 o la Catedral de Zaragoza –conocida como la Seo–. A esta lista hay que sumar la Catedral de Valladolid, la del Buen Pastor de Donostia, la de Granada, Jaca y Málaga.

La ausencia de datos oficiales

El proceso opaco y sin publicidad con el que la Iglesia inmatriculaba los bienes posibilitó el desconocimiento por parte de particulares o Administraciones públicas, con la consiguiente imposibilidad de recurrir la decisión. Por lo tanto, actualmente no es posible saber cuántos bienes ni en qué fecha se inscribieron. Con el paso del tiempo, numerosos ayuntamientos y colectivos han dado visibilidad a esta realidad y han exigido en muchas ocasiones la restitución de los bienes.

No hay cifras oficiales, aunque en alguna ocasión se ha hablado de entre 40.000 y 60.000 propiedades desde 1946. Solo en Navarra, donde sí se cuenta con datos, la Iglesia inscribió a su nombre casi 1.100. En cuanto a los bienes inscritos desde 1998, cuando se instaló la reforma de Aznar, desde hace años se habla de unos 4.500, una minoría con respecto a la cifra total.

Estrasburgo declaró nula una inmatriculación

En 2016 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo declaró nula una inmatriculación realizada por la Iglesia. La sentencia condenó al Estado a pagar una indemnización de 600.000 euros a la Sociedad Anónima de Ucieza por inscribir a su nombre en 1994 varios edificios de Palencia que pertenecían a la empresa.

Mucho antes de la emisión del fallo, una sentencia del Tribunal Constitucional había sido utilizada por los juristas contrarios a este privilegio para demostrar su inconstitucionalidad. El tribunal argumentaba en 1993 que no se pueden confundir fines estatales con fines religiosos, ni fines públicos con fines religiosos y tampoco a la Iglesia con una corporación de derecho público.

El Congreso instó al Gobierno a recuperar los bienes

El Gobierno del PP ya había comenzado a elaborar el censo que el Ministerio de Justicia ha confirmado que hará público tras la aprobación en el Congreso de una proposición no de ley que instaba al Ejecutivo a hacerlo. La iniciativa contó con los votos a favor de todos los grupos excepto los populares y Ciudadanos y el Gobierno no se dio por enterado. Meses más tarde rectificó y aseguró estar impulsando las acciones pertinentes para ponerlo en marcha. Sin embargo, nunca confirmó que el listado iba a hacerse público, como ahora asegura Justicia.

Lograr la titularidad pública de la Mezquita-Catedral. Ese es el objetivo con el que nace la comisión de expertos creada por el Ayuntamiento de Córdoba para tal fin y que estará presidida por Federico Mayor Zaragoza, el que fuera director general de la Unesco cuando este organismo internacional protegió el emblemático monumento cordobés con el título de Patrimonio de la Humanidad.

La puesta en marcha de la comisión, que ha sido presentada este viernes por la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, junto al propio Mayor Zaragoza, se completará con el nombramiento de cuatro asesores más “de reconocido prestigio”, de ámbito nacional e internacional, que realizarán su labor de asesoramiento desde el punto de vista “jurídico, administrativo, patrimonial y cultural”.

La elección de Federico Mayor Zaragoza para guiar este trabajo viene apuntalada no solo por su conocimiento de la Unesco y de la propia Mezquita-Catedral cuyo título de Patrimonio de la Humanidad impulsó, sino por su postura en defensa de la titularidad pública del monumento desde que se conoció que la Mezquita fue inmatriculada por la Iglesia inscribiéndola a su nombre en el Registro de la Propiedad en 2006 sin tener título de dominio sobre ella. De hecho, Mayor Zaragoza fue una de las personalidades que firmaron un manifiesto reclamando que el monumento fuera público, promovido por la Plataforma por una Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos.

“No ha asistido impasible a la privatización” del conjunto monumental ha dicho sobre ello la alcaldesa de Córdoba, en alusión a su idoneidad para presidir la comisión de trabajo que se constituirá formalmente el 20 de junio próximo y que se ha marcado como objetivo elaborar un informe completo para presentárselo al Ayuntamiento el próximo otoño. En base a ese documento, será el equipo municipal de gobierno quien deba decidir los pasos a dar desde la institución para reclamar la titularidad pública del monumento.

Sobre ello, la alcaldesa ha afirmado que “se tomarán las decisiones más rentables, eficientes y que permita con más garantías avanzar en la titularidad pública”, para lo cual espera tener el informe del grupo de expertos con “argumentos contundentes y establecer una estrategia para conseguir la titularidad”. En ese camino, Isabel Ambrosio no ha renunciado a que el Ayuntamiento pueda acudir a los tribunales. “No se descarta nada”.

La Mezquita como icono mundial

Federico Mayor Zaragoza ha advertido que la Unesco puede declarar el monumento como Patrimonio Mundial “en peligro” si no se cumplen los valores “excepcionales” de “convivencia” y respeto entre culturas por el que fue protegido por este organismo internacional. En ese sentido, ha destacado “su valor desde un punto de vista cultural pero también de civilización, de convivencia y fraternidad”.  “Es un icono a escala mundial de convivencia, fraternidad y solidaridad”, ha añadido sobre el principal atractivo turístico de la capital cordobesa, un monumento que define como símbolo entre culturas.

En ese sentido, desde el Ayuntamiento se ha defendido que “los motivos excepcionales por los que se le concedió el título de Patrimonio de la Humanidad tienen que ser respetados por todos”, en palabras de la alcaldesa. Una afirmación en alusión a la Iglesia que ha querido borrar el nombre de Mezquita de la nomenclatura del monumento y llamarlo solo como Catedral, hasta que rectificó el pasado año.

La apertura de una nueva puerta en la Mezquita-Catedral llegará a los tribunales. El proyecto, a iniciativa del Cabildo para retirar unas celosías de madera diseñadas por Rafael de La-Hoz y que forman parte del monumento que fue distinguido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, ha obtenido el visto bueno de la Junta de Andalucía previo informe de Icomos. Pero el dictamen el organismo de la Unesco dedicado al ámbito del patrimonio, según la familia de De La-Hoz, sólo tuvo en cuenta las alegaciones del Cabildo porque las suyas no fueron trasladadas por la Junta de Andalucía.

Según ha anunciado este viernes Rafael de La-Hoz, hijo del mismo nombre que el arquitecto que diseñó las celosías, llevarán a los tribunales la acción de la Junta al considerar que no preservó su “derecho a ser escuchado” por no dar traslado de las alegaciones de De La-Hoz al organismo de la Unesco para realizar su informe: “Por razones que no conozco, el dictamen de Icomos fue realizado sobre el proyecto con las alegaciones y razones del Cabildo pero no con las mías”.

En ese sentido, ha explicado que él mismo solicitó a la Junta de Andalucía que enviara sus alegaciones al organismo de la Unesco “para que se pronunciara con conocimiento de todas las partes. Desgraciadamente no fue así y solo envió las del Cabildo. Fui parte inaudita, no escuchada”, denuncia.

Cabe recordar que el proyecto presentado por el Cabildo de la catedral para abrir esta nueva puerta en la Mezquita-Catedral, tuvo luz verde de la Junta de Andalucía en diciembre pasado después de que ésta realizara su dictamen teniendo en cuenta el informe positivo de Icomos.

Para la familia del arquitecto que llevará ante el juez la acción de la Junta “lo razonable” es que “si se envían las alegaciones de una parte (el Cabildo), se envíen también los de la otra parte” al órgano de la Unesco que debía realizar un informe sobre el impacto que la retirada de la celosía conllevaría en el monumento declarado Patrimonio de la Humanidad. Sobre este hecho, De La-Hoz señala que, en este tiempo, “he preguntado a la Junta pero no he obtenido respuesta” sobre “por qué se envían unas alegaciones y otras no” a Icomos, un extremo que deberán ahora dilucidar los tribunales.

Licencia para el proyecto

Así, acerca de la retirada de la celosía, los familiares de Rafael de La-Hoz dan por hecho que se llevará a cabo. Y es que a la luz de los informes de la Junta e Icomos y con dicha documentación, ahora es la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba la que, técnicamente, debe dar el visto bueno para otorgar la licencia de obra al Cabildo, algo que previsiblemente ocurrirá la próxima semana. “La Gerencia dará licencia porque no cabe otra actuación. Me parece consecuente”, reconoce el arquitecto.

“Aquí termina el proceso administrativo. Hasta donde yo sé, la puerta se va abrir sin duda”, señala De La-Hoz al reconocer que la comisión de licencias de Urbanismo no puede frenar el proyecto que ya cuenta con los informes favorables de la Junta. Un final administrativo sobre el que el arquitecto se ha mostrado “moderadamente satisfecho” según ha explicado porque el proyecto inicial del Cabildo “consistía en derribar todas las celosías y reemplazarlas por puertas de acero. Al menos ahora todas las celosías menos una se van a preservar y esa se sustituye por una puerta”.

No obstante, ha pedido que la celosía de su padre que previsiblemente se retirará de la Mezquita-Catedral se conserve y se guarde en algún lugar apropiado. “Quizás generaciones venideras sepan apreciar su valor”.

A partir del 1 de enero de este nuevo año, entrar a la Mezquita-Catedral de Córdoba cuesta un 25% más. Es la subida que ha decidido aplicar el Cabildo –el órgano de la Iglesia que gestiona el monumento- y que se traduce en que la entrada de acceso al mismo pasa de 8 a 10 euros, una cuantía que deberán abonar todos las personas que visiten el edificio a excepción de las empadronadas en Córdoba, que tienen pase gratuito.

Con esta subida, la Mezquita se convierte en la Catedral con la entrada turística más cara de toda Andalucía, ya que los 10 euros que cuesta a partir de ahora el ticket de acceso doblan el precio de entrada de la mayoría de las iglesias mayores de cada diócesis andaluza. Visitar, por ejemplo, las catedrales de Málaga, Jaén, Almería, Granada o Cádiz cuesta 5 euros, según las tarifas de precios consultadas por eldiario.es/andalucia.

En un extremo de estos casos, la Catedral de Huelva es la única de Andalucía cuya visita es gratuita totalmente, mientras que en la capital andaluza, la Catedral de Sevilla, que hasta ahora tenía un precio superior a la de Córdoba, baja al segundo puesto del ranking, con nueve euros como precio de su entrada, que incluye también la visita a la iglesia de El Salvador.

Todas estas catedrales ofrecen distintos tipos de descuentos para turistas pensionistas, jubilados, menores de 16 años y visitas en grupo, según establece la tarifa de cada monumento y, en una u otra medida, ofrecen acceso gratuito en horario de misa para los feligreses.

12 años con el precio “congelado”

El Cabildo de la Catedral de Córdoba defiende que la subida de un 25% del ticket del monumento se hace “tras 12 años de congelación de precios” y considera que los 10 euros que se pagan a partir de ahora suponen “un precio inferior al que tienen los principales sitios de interés turístico en España”. Cabe recordar que la última actualización de precios que llevó a cabo el Cabildo sobre la Mezquita se produjo en 2005, cuando se incrementó el importe de 6,5 euros a los 8 que se venían pagando hasta este año 2017.

La actualización del precio llevará acompañada, según ha anunciado el Cabildo, un proceso de modernización tecnológica en la adquisición de las entradas para poder abonarlas con tarjeta de crédito o débito, así como la adquisición de las entradas a través de internet a lo largo de este año 2017, facilitando así la planificación del viaje por parte de los turistas.

La subida del precio de la entrada del monumento cordobés ha sido criticada desde la Plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos, que defiende que el monumento sea de titularidad pública y se deje sin efecto la inmatriculación que de él hizo la Iglesia en 2006 inscribiéndola en el Registro de la Propiedad a su nombre por 30 euros. Este colectivo ha calificado la subida como “desmedida” dado que considera como “un aumento muy notable” el precio que a partir de ahora tendrán los tickets turísticos de entrada al monumento.

El Cabildo Catedralicio de Córdoba – que gestiona la Mezquita Catedral- tiene preparado un proyecto por el cual trasladaría las taquillas de venta de entradas de la Mezquita-Catedral al Palacio Episcopal, sede del Obispado de Córdoba. De esa manera, el millón y medio de turistas que recibe el monumento cada año tendrían que pasar obligatoriamente para adquirir sus tickets de manera presencial por la sede eclesiástica, edificio situado en una de las calles que conforman el perímetro de la Mezquita-Catedral.

Según consta en el documento, el proyecto también prevé la construcción de un Centro de Interpretación del monumento en el propio Palacio Episcopal, pendiente de una remodelación que llevará a la instalación de este centro dentro del Obispado, como paso previo a la visita turística al monumento propiamente dicho.

El proyecto, que ya cuenta con el visto bueno de los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba y de la Delegación Provincial de Cultura, debe ahora pasar a la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía, que será la encargada de otorgarle la aprobación definitiva para que el Obispado pueda iniciar las obras oportunas.

Así, las taquillas para la venta de las entradas de la Mezquita-catedral quedarán enmarcadas dentro del Palacio Episcopal, desapareciendo de su ubicación actual, el Patio de los Naranjos del emblemático monumento que actualmente goza de acceso libre para cualquier persona, estando la entrada restringida sólo para la visita al interior del edificio.

Ingresos íntegros

Las entradas para acceder a la Mezquita-Catedral tanto en horario diurno como nocturno –de un lado- y a la Torre Campanario (antiguo alminar) –por otro- han sido objeto de polémica ya que sus ingresos íntegros van a parar a manos de la Iglesia. El dinero de los tickets ni se declara ni se tributa al estar exenta la Iglesia de publicarlos oficialmente y del abono de impuestos, algo que ha sido criticado por la Plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos y Córdoba Laica, entre otros. Los cálculos –ya que el Cabildo no ofrece información pública sobre dichos ingresos- estiman que anualmente la Iglesia ingresa alrededor de 13 millones de euros por las visitas de turistas al monumento.

Cabe recordar que la apropiación de la Mezquita-Catedral por parte de la Iglesia se inició con su inmatriculación en el Registro de la Propiedad en el año 2006, por un coste de 30 euros, sin tener título de dominio sobre el monumento y gracias a un artículo de época franquista que mantenía la antigua Ley Hipotecaria reformada por el expresidente del Gobierno José María Aznar.

A partir de ese momento, la Iglesia inició un proceso por el que hizo desaparecer del nombre del monumento el término Mezquita y solamente lo denominaba Catedral, nomenclatura que aparecía en cuantos carteles, documentos y folletos turísticos emitía el Cabildo –incluso llegó a desaparecer de Google Maps-, pese a que el nombre oficial del monumento según aprobó el Ayuntamiento de la ciudad era Mezquita-Catedral. No ha sido hasta este mismo año 2016 cuando la Iglesia ha recuperado ambos términos y desde hace unos meses denomina oficialmente al edificio como Conjunto Monumental Mezquita-Catedral de Córdoba.

Era la primera vez que la Iglesia y la plataforma por una Mezquita-Catedral Patrimonio de todos se sentaban cara a cara a exponer sus razones para defender la propiedad del monumento, unos como propia de la Diócesis de Córdoba y otros como bien público. Dos abogados, Manuel Espejo como asesor jurídico de la Diócesis cordobesa y Rafael Mir como integrante de la plataforma pro Mezquita pública, han sido los encargados de defender por primera vez en un acto conjunto las posiciones de ambas partes.  Un acto organizado por el Aula de Debate de la Universidad de Córdoba y con la participación de seis estudiantes para debatir sobre este asunto, donde los dos juristas han expuesto frente a frente sus posiciones antagónicas. O no tanto, porque el representante de la Diócesis de Córdoba ha admitido que la inmatriculación por la que la Iglesia inscribió la Mezquita-Catedral a su nombre en 2006 no le otorga la propiedad de la misma, como igualmente ha defendido siempre la plataforma que defiende su titularidad pública.

“La inmatriculación no da la propiedad. Inscribir un bien en el Registro de la Propiedad no otorga la propiedad”, ha argumentado el abogado de la Diócesis, quien ha defendido que la Iglesia es “el legítimo propietario” de la Mezquita-Catedral porque “la adquirió en 1236 mediante donación de Fernando III El Santo”. Y, sobre ello, ha explicado que las donaciones del rey “podían ser con carta o sin carta –con o sin documento de por medio- y tendría valor”.

Ese es el principal argumento que esgrime la Iglesia para decirse propietaria de la Mezquita-Catedral, la donación ‘verbal’ del templo por parte del rey, “poseyéndola desde entonces como propietario”. “No hay ningún argumento para poner en duda la propiedad de la Diócesis” sobre el monumento.

Pero, a ojos de la plataforma por una Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos, sí que los hay. El abogado Rafael Mir ha tratado de desmontar precisamente los argumentos de la Iglesia, recordando que en la época de Fernando III El Santo, las donaciones de bienes cuyo valor superaran las 500 monedas –como el caso de la Mezquita con creces- debían hacerse por escrito. Y por escrito no la donó el rey a la Iglesia: “No la dio por escrito porque sólo la cedió a la Iglesia como usuaria”, defiende y recuerda que en el Archivo Municipal constan los documentos de los edificios que efectivamente donó el rey y donde no aparece la Mezquita.

“Según la Iglesia, adquirió la Mezquita con la ceremonia de la ceniza sobre el suelo” que se narra en la hoja de inscripción del monumento en el Registro de la Propiedad, una ceremonia “inadmisible como forma de adquirir el dominio” sobre el edificio, para Rafael Mir. De hecho, al realizar esa inscripción, la Iglesia admite no tener título de dominio sobre el monumento y así consta en el registro.

“La inmatriculación no concede el derecho de adquisición” ha reafirmado también el abogado de la plataforma por una Mezquita pública, que ha recordado cómo a lo largo de la historia “la Iglesia nunca se comportó como propietario” del monumento, haciéndose cargo de las obras y conservación del mismo a lo largo de los siglos distintas administraciones: el Estado e incluso el Ayuntamiento de Córdoba.

Los argumentos de ambas partes están puestos sobre la mesa. “Sobre este tema hay mucha pasión”, admite el abogado de la Diócesis, quien pide que se mire estrictamente a la ley para debatir sobre la propiedad. Y echa un órdago a las administraciones: “Es el momento de que los responsables públicos dejen de hacer declaraciones y pasen a la acción. Si tienen informes que cuestionen la propiedad de la Diócesis sobre la Mezquita, que acudan a los tribunales. Pero si esos informes no la cuestionan, que dejen de alimentar debates estériles”. Habrá que esperar para ver si éste dará o no frutos.

El gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba tiene ya sobre la mesa un documento con argumentos jurídicos para decidir si reclama por la vía legal la nulidad de la inmatriculación que la Diócesis de Córdoba realizó sobre la Mezquita-Catedral en 2006 inscribiéndola a su nombre en el Registro de la Propiedad por 30 euros.

El secretario del Pleno ha elaborado un informe que se elevará a la Asesoría Jurídica municipal y que apunta varios argumentos que podría esgrimir el Ayuntamiento si decide impugnar la inmatriculación hecha por la Iglesia católica. Así, la principal conclusión que expone este escrito de diecisiete páginas –al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia- es que la inmatriculación del monumento es “nula de pleno derecho”.

De un lado, se esgrime esa nulidad por la inconstitucionalidad de los artículos de la antigua Ley Hipotecaria en base a los cuales se realizó la inmatriculación y que daban poderes a los diocesanos como si fueran fedatarios públicos para inmatricular el monumento sin tener título de propiedad sobre él. El informe señala que esa ley no debería haber tenido validez al contravenir el principio de igualdad establecido en la Constitución.

“Las normas que amparan formalmente la inmatriculación son inconstitucionales. Así pues la inscripción sería nula de pleno derecho”. E incluso añade posteriormente: “El Registrador de la Propiedad debió rechazar la inscripción solicitada por el Cabildo al venir firmada la certificación por persona que no tenía la condición de funcionario público”.

El informe apunta también el hecho de que la Diócesis de Córdoba admitía ante el Registro no tener “título de dominio” sobre la Mezquita y dice sobre ello que “siempre resulta necesaria la existencia de un título material y previo que justifique la titularidad del derecho real sobre un bien inmueble, que además debe ser susceptible de propiedad privada”.

De hecho, el informe municipal rechaza que la Mezquita-Catedral pueda tener un propietario, ya que jurídicamente se trata de “un bien de dominio público superior o especial fuera del comercio de los hombres”. Sobre ello precisa: “Los bienes de dominio público no se adquieren por la posesión en el tiempo”.

“La consagración religiosa no es un modo de adquisición”

Y además, a ello se une el título de Patrimonio de la Humanidad que le concedió la Unesco en 1984 y la consideración de Bien de Valor Universal Excepcional que el mismo organismo le otorgó en 2014. “Dichas declaraciones emanadas de un organismo internacional dependiente de Naciones Unidas suponen y significan el reconocimiento y la confirmación solemne, explícita e implícita de que dicho bien inmueble (…) ha tenido, tiene y tendrá un único dueño y legítimo titular siendo éste todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas del mundo”.

De hecho, el informe bucea en la historia para explicar que la consagración católica que de la Mezquita hizo la Iglesia tras la Reconquista para convertirla en Catedral en 1236 y que la Diócesis esgrimió ante el Registro de la Propiedad como “toma de posesión” del monumento para sí, no es legalmente asimilable a ningún título de propiedad. “La consagración religiosa no es, jurídicamente, un modo de adquirir la propiedad”, precisa y pone un ejemplo: “Si así fuera, la Sagrada Familia de Barcelona habría pasado a poder del Estado Vaticano desde que fue bendecida por el Papa”.

Y por ello, el escrito estima que “sobre la Mezquita-Catedral, la Iglesia Católica exclusiva y únicamente ostentaría y conservaría las potestades reales relativas a la custodia, conservación, administración y uso para fines litúrgicos y de culto”.

Titularidad del monumento: “Es de todos los ciudadanos”

El documento respalda que “procedería que la Excma. Sra. Alcaldesa de la ciudad elevara el contenido del presente informe a la Asesoría Jurídica municipal” de manera que se valorara su contenido “y en su caso proponer al Pleno municipal el ejercicio de las acciones que correspondan en la vía judicial”, encaminadas a deshacer la inmatriculación de la Mezquita-Catedral por parte de la Iglesia.

“Sería legítimo y cabría legalmente admitir (…) que no solo el Ayuntamiento de Córdoba sino también cualquier administración, colectivo o institución, (…) pudiera instar ante la jurisdicción ordinaria las correspondientes acciones al objeto de poder obtener una resolución judicial que pudiese declarar inexacta por causa de nulidad de pleno derecho la precipitada inscripción registral de la Mezquita-Catedral practicada el día 2 de marzo de 2006”.

Otra cuestión bien distinta sería obtener la titularidad del monumento, ya que el mismo informe del secretario municipal señala que al ser la Mezquita-Catedral un “bien de dominio público superior o especial”, esa catalogación “implica que dicho bien inmueble no ha sido ni puede ser titularidad de ninguna entidad ni organismo público o privado ni de persona física o jurídica ni de ninguna entidad u organización religiosa porque su titularidad ha pertenecido, pertenece y pertenecerá siempre a los ciudadanos y ciudadanas del mundo”. La decisión, en cualquier caso, está ahora en manos del gobierno municipal.

Este 2 de marzo se cumple una década desde que ese mismo día de 2006 la Diócesis de Córdoba inscribiera a su nombre en el Registro de la Propiedad la Mezquita-Catedral. La Iglesia inmatriculó entonces como propio el emblemático monumento -denominándolo únicamente “Santa Iglesia Catedral de Córdoba”- con un certificado expedido por el obispo y amparándose en un artículo de época franquista de la Ley Hipotecaria vigente entonces que le permitió hacerlo sin tener título de propiedad sobre el edificio. Ahora, pasados diez años sin que haya variado la situación, un elemento jurídico aparece en el debate entre quienes defienden la titularidad pública del monumento y la Iglesia como firme defensora de su inmatriculación.

La usucapión es ese término jurídico que define la adquisición de una propiedad por el hecho de haberla poseído en apariencia a lo largo de un período de tiempo, pese a no ser el dueño del bien. Es decir, -según las fuentes jurídicas consultadas- existe la posibilidad jurídica de que los años transcurridos desde la inscripción de la Mezquita-Catedral en el Registro de la Propiedad a nombre de la Diócesis sirvan para consolidar una propiedad sobre el monumento de la que carecía con anterioridad.

Las fuentes consultadas explican que la usucapión sobre un bien como es el caso de la Mezquita-Catedral puede darse cuando nadie interrumpe ni reclama la propiedad del mismo durante un tiempo considerable, un plazo que puede entenderse a partir de estos diez años que cumple ahora la inmatriculación del monumento. “Se puede entender como asentado el registro (de su propiedad) y su titularidad”, señalan. En definitiva, el estado de hecho sobre un bien, se consolida en estado de derecho sobre el mismo.

De hecho, cuando la Plataforma por una Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos sacó a la luz en 2014 el debate sobre la titularidad del monumento y reunía miles de firmas para reclamar que fuera pública, ya entonces se mencionaba este año 2016, una década después de la inmatriculación, como fecha a partir de la cual sería mucho más difícil revocar la apropiación del edificio que había hecho la Iglesia. Una fecha entorno a la cual la plataforma no va a organizar ningún acto, sin querer dar publicidad a la efeméride ni, por tanto, a las consecuencias jurídicas que podría conllevar.

Una idea de la importancia en la práctica de estos diez años de inmatriculación y lo que supone jurídicamente la usucapión la da una sentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 1988 que declara que ésta se produce  para “legitimar, por razones de simple seguridad jurídica, la posesión como simple hecho, convirtiéndola en dominio, siempre que aquella mera apariencia externa de propiedad sea pública y pacíficamente reconocida por los demás”.

Justamente esa fórmula verbal es la que ha empleado la Iglesia en Córdoba para defender su propiedad sobre la Mezquita-Catedral en diversos momentos: desde la inscripción en el Registro de la Propiedad del monumento en 2006, donde se dijo que “la Diócesis de Córdoba (…) resulta dueña del pleno dominio de esta finca, que posee quieta y pacíficamente, sin interrupción ni contradicción, desde tiempo inmemorial a título de dueño”, hasta los argumentos esgrimidos por la Diócesis ante varias denuncias en los juzgados sobre la inmatriculación del monumento y donde la Iglesia aducía que “la Mezquita fue adquirida mediante donación (…) en 1236 y desde entonces ha sido poseída de manera pública, pacífica y no interrumpida en concepto de dueño”.

No obstante, tampoco se ha enarbolado de momento por parte de la Iglesia el uso jurídico de la usucapión –ser propietario de un bien por el paso del tiempo y no por tener título de propiedad-, ya que supondría aceptar que inscribió a su nombre la Mezquita sin ser dueño real de ella. De hecho, la inmatriculación del monumento se permitió amparada en la antigua Ley Hipotecaria pese a que en la nota del Registro de la Propiedad consta que la Diócesis cordobesa la inscribió “sin que tenga título escrito de dominio”, reza el documento.

La fecha en la que se cumplen estos diez años, pese a tener una importancia real en lo jurídico, parece que se ha querido pasar por alto tanto para quienes defienden la titularidad pública de la Mezquita-Catedral como para propia Iglesia. En todo caso, deja en evidencia que nada ha cambiado en los dos últimos años pese a las reiteradas peticiones realizadas a las administraciones en este tiempo para cambiar la situación del monumento antes de que se cumpliera una década de su inmatriculación.

La Junta de Andalucía ha decidido reclamar al Cabildo de la Catedral de Córdoba que reponga el nombre de Mezquita-Catedral en todos los documentos informativos del monumento cordobés al que la Iglesia actualmente sólo denomina Catedral. La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, ha anunciado que su departamento tiene listo un requerimiento que enviará al Cabildo para instarle a “reponer los folletos que informen en su conjunto de lo que es la Mezquita Catedral”.

Este requerimiento de la Junta de Andalucía pretende que el Cabildo devuelva el nombre completo de Mezquita-Catedral al monumento cordobés tanto en las señales informativas en el edificio, como en los folletos informativos y en su página web.

La Junta argumenta que “la reposición de esos folletos tiene su base en la declaración de Patrimonio de la Humanidad de la propia Mezquita-Catedral por parte de la Unesco”, en referencia al título que ostenta el monumento desde 1984, cuando se le reconoció por sus particularidades como obra culmen del arte islámico occidental y símbolo de interculturalidad tras mantener desde 1239 una catedral en su interior. “Cualquier tipo de información que se dé por parte del Cabildo tiene que contener en su totalidad el monumento”, ha argumentado Aguilar.

Cabe recordar que Mezquita-Catedral fue el término acordado y aprobado en su día por el Ayuntamiento de Córdoba para denominar al monumento por el que la ciudad es internacionalmente conocida y que durante el pasado año 2015 recibió 1.576.000 visitantes.

Para la consejera de Cultura, en la denominación del edificio “se tiene que informar del conjunto monumental, no se puede ocultar una parte fundamental de esa declaración de la Unesco que señalaba los valores que tiene la Mezquita Catedral de Córdoba”.

Así, el requerimiento anunciado por la Junta de Andalucía pretende que el Cabildo reponga el nombre de Mezquita-Catedral “en los folletos, la web y en todos aquellos lugares donde se dé información, que ésta no omita una parte que fue base primordial y fundamental para la declaración de Patrimonio de la Humanidad”.

La consejera ha expresado su deseo de que el Cabildo sea receptivo con la propuesta y “proceda al cumplimiento del requerimiento” de la Junta, a la espera de que finalmente prevalezca “la información y la difusión del monumento como Mezquita-Catedral que es”.