Rebeca (nombre ficticio), una de las mujeres que acusaron a Julio Iglesias ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional el pasado mes de enero, ha denunciado ante la policía del país en el que reside que tanto ella como su marido están siendo seguidos y vigilados por un detective privado.

Según explica esta extrabajadora del servicio doméstico de Julio Iglesias a elDiario.es, hace menos de un mes un hombre la estuvo vigilando en la puerta de su domicilio, y después la siguió desde un automóvil mientras ella conducía el suyo propio en dirección a su trabajo.

Cuando Rebeca detectó que alguien la seguía, detuvo su coche. En ese momento, el otro conductor se paró también a una cierta distancia, y ella comprobó que no solo estaba siendo observada, sino también grabada con un móvil.

La mujer solicitó ayuda por teléfono y su marido acudió al lugar en el que se había detenido. Cuando él llegó, se dirigió hacia el hombre que estaba realizando el seguimiento, le preguntó qué es lo que estaba haciendo y le tomó fotografías con su teléfono móvil. El hombre negó que estuviera siguiendo a Rebeca.

A pesar de que hablaron en inglés, el marido de Rebeca estaba seguro de haber reconocido el acento español, incluso de una región concreta de España, del hombre que estaba haciendo el seguimiento. Tras hacer una búsqueda en internet con estos indicios, la pareja de Rebeca reconoció el rostro del hombre con el que había hablado gracias a la fotografía de su página LinkedIn, una plataforma de perfiles profesionales. De esa manera, los denunciantes pudieron identificar el nombre, la procedencia y la profesión de la persona, que se dedica a la seguridad privada. Esta información fue puesta en conocimiento de la policía local.

Según averiguaron Rebeca y su marido, el detective identificado es un hombre español y con licencia para ejercer la seguridad privada en España, aunque la vigilancia y el seguimiento se han realizado en otro país, y así lo han comunicado en su denuncia. elDiario.es ha comprobado esta información.

elDiario.es ha preguntado al representante legal de Julio Iglesias si ha solicitado los servicios de un detective privado para seguir o vigilar a Rebeca y a Laura, pero no ha recibido respuesta.

Un GPS en el coche

No es solo Rebeca quien ha detectado estar siendo espiada. Su marido encontró un dispositivo geolocalizador instalado en el coche al llevarlo al taller para una revisión. Esta persona también denunció a la policía el hallazgo de ese dispositivo, imantado a los bajos de su vehículo.

Según la Ley de Seguridad Privada que rige en España, “en ningún caso se podrá investigar la vida íntima de las personas que transcurra en sus domicilios u otros lugares reservados, ni podrán utilizarse en este tipo de servicios medios personales, materiales o técnicos de tal forma que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones o a la protección de datos”. Este es el precepto por el cual cualquier detective privado español debe regirse.

Aunque esta ley no especifica si los detectives españoles pueden utilizar dispositivos rastreadores sin consentimiento, hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que lo impide. Así lo explica Miguel Bustos Rubio, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR): “En España, puede constituir un delito e invadir la intimidad de las personas”, señala. “Hay que ponderar si en términos de proporcionalidad se vulnera un derecho fundamental y yo creo que sí”, explica sobre la utilización de un GPS para conocer la ubicación de una persona.

El penalista Iñaki Esparza señala también que, según la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las “medidas de investigación” deben de estar sujetas “a los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad”. “Si la policía judicial necesita todo eso para poner una baliza de seguimiento, un detective privado no puede hacerlo por sus propios medios”, señala Esparza. 

Además, en España, colocar un rastreador GPS en el coche de una persona sin su consentimiento puede vulnerar tanto la ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales como la ley que protege el derecho al honor, intimidad y propia imagen. En el país en el que se ha colocado el geolocalizador existe una ley de protección de datos personales que señala que es ilegal recolectar datos sin el consentimiento del individuo o sin una orden judicial.

“Si fuera en España, la conducta sería delictiva”, apunta Bustos Rubio. No obstante, la actividad se ha desarrollado en otro país, el cual se omite de esta información para proteger la identidad de la denunciante. La investigación policial tendrá que determinar si estas actividades profesionales de seguridad privada las ha realizado un profesional acreditado únicamente en España. “Si está en un país en el que no está habilitado para hacerlo, el riesgo es aún mayor y puede constituir una sanción grave”, señala el penalista. Según la Ley de Seguridad Privada, las consecuencias de ejercer fuera del territorio para el que está habilitado pueden ir desde multas de 3.000 a 30.000 euros a la suspensión temporal o la prohibición para ocupar cargos de representación legal en empresas de seguridad privada por un plazo de entre seis meses y un año.

Una persona enviada “para ayudar”

Laura (nombre ficticio), otra mujer que denunció a Julio Iglesias por agresiones sexuales, también explica a este medio que una persona de su entorno ha sido contactada con pretextos que han resultado falsos. Hace menos de diez días, explicó, un hombre preguntó por ella a un familiar suyo utilizando como referencia el nombre de una periodista de elDiario.es. De acuerdo con este familiar, con el que ha hablado elDiario.es, el hombre dijo que había sido enviado “para ayudar”, sin especificar para qué, y pidió “una entrevista” con ella aunque no se identificó como periodista. elDiario.es no ha enviado a ninguna persona para contactar con el entorno de Laura. Ese hombre proporcionó un número de teléfono, mediante el cual este periódico ha intentado localizarle, sin éxito.

Ese hombre de unos 30 años y origen venezolano, le indicó al familiar –cuya identidad parecía conocer por una persona en común– que quería saber si alguien había “coaccionado” u “obligado” a Laura para hacer declaraciones a elDiario.es y Univision Noticias sobre sus experiencias como fisioterapeuta para Julio Iglesias en Punta Cana.

Este periódico publicó los testimonios que ofrecieron libremente Laura y Rebeca y que recogían presuntos abusos y agresiones sexuales por parte del cantante.

Antes de las publicaciones, Iglesias tuvo la oportunidad de responder a las preguntas que le hicieron llegar elDiario.es y Univision Noticias sobre estas acusaciones, pero no respondió. En un comunicado posterior a la primera publicación, el cantante negó “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” y dijo que las acusaciones eran “absolutamente falsas”. Iglesias ha manifestado este miércoles a un medio de comunicación su intención de presentar “en los próximos días” una “demanda de conciliación por injurias y calumnias” contra elDiario.es y Univision.

Laura explica que unos días antes recibió mensajes por parte de un desconocido para solicitarle una sesión de fisioterapia. Esta persona le dijo que había encontrado su número en internet, pero la profesional aclara que sus datos no están disponibles online.

Hace más de 35 años, Julio Iglesias contrató a un detective privado español, Juan de Dios Vargas, para investigar a María Edite, la mujer que reclamaba al cantante la paternidad de su hijo Javier Santos. El informe que hizo el detective para Iglesias, incluía el testimonio de hombres que afirmaban haberse acostado con Edite en las mismas fechas. Este fue el material del que partió un reportaje en la revista Interviú en 1994. Para Santos, la contratación de este detective y la alianza con los periodistas supuso “una campaña de desprestigio” hacia su madre y la reclamación que ella llevaba a cabo, según explicó a elDiario.es.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 del municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra acordó el pasado viernes la puesta en libertad provisional con medidas cautelares de tres vigilantes de seguridad detenidos por su presunta relación con la muerte de un supuesto ladrón en un polígono de la localidad. La investigación apunta a que esta persona falleció por asfixia mecánica.

Según ha avanzado Diario de Sevilla y ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el juzgado, en funciones de guardia, acordó la puesta en libertad provisional y les impuso varias medidas cautelares. Entre ellas estarían la prohibición de salida de territorio nacional, la retirada de pasaporte y la de presentarse periódicamente en sede judicial.

En su comparecencia, los tres detenidos se acogieron a su derecho constitucional a no declarar e inicialmente se investiga un presunto delito de homicidio.

Por el momento, únicamente se ha recibido el informe preliminar de la autopsia, que apunta a una muerte por asfixia mecánica, por lo que el juzgado queda pendiente de recibir el informe definitivo, cuando, con más datos sobre lo sucedido, podrá citarlos nuevamente a declarar como investigados. La Fiscalía no solicitó ninguna medida distinta a la acordada por el juez.

Aportó un vídeo de los hechos y un parte de lesiones. Pidió una investigación exhaustiva de la agresión de dos vigilantes de seguridad en plena calle en 2022. Pero la jueza rechazó abrir una causa para indagar en los hechos y absolvió a los agentes tras un juicio por delito leve.

Tras agotar las instancias judiciales en España, este joven de Barcelona, que tenía 16 años cuando fue reducido con contundencia en plena calle por dos agentes de seguridad privada del Metro, ha acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo. Representado por el centro Irídia, denuncia la falta de investigación efectiva de su agresión por parte del sistema judicial, una mala práctica que en el pasado ya le ha valido condenas a España.

“La falta de diligencia del juzgado y de la Fiscalía para investigar los hechos fue total”, ha lamentado el abogado de la víctima y de Irídia, Ton Mansilla. El juzgado absolvió a los vigilantes de seguridad tras dar por probada su palabra, esta es, que el joven estaba “alterado” y que por eso se le tuvo que reducir.

La agresión ocurrió en noviembre de 2022. Al intentar acceder a la estación, el contactless de su tarjeta de transporte no funcionó, pese a ser válida y vigente. Pasó por detrás de su pareja sin llegar a validar su tarjeta. Los agentes lo vieron, y discutieron. Después, los vigilantes salieron a buscarle en plena calle, fuera de las instalaciones del metro.

Los agentes nunca denunciaron al menor. En el vídeo de los hechos, que encabeza esta información, se aprecia que los agentes hacen caso omiso a los avisos de la mujer que acompañaba al menor y que les advertía de que estaban ahogando al menor porque le agarraban del cuello mientras lo reducían.

Este caso particular ha servido a Irídia para denunciar que los juzgados no indagan de forma exhaustiva las denuncias de malos tratos. “El sistema judicial falla en la investigación de las denuncias de torturas por parte de agentes de autoridad, ya sean vigilantes de seguridad privada, funcionarios de prisiones, policías o CNI”, ha aseverado la directora de Irídia, Anaïs Franquesa.

La coordinadora de litigios de Irídia, Sònia Olivella, ha alertado que los “fallos” de la Justicia a la hora de investigar malos tratos “hace que las víctimas lo perciban como un sistema injusto y arbitrario”. “La impunidad debilita el Estado de Derecho”, ha agregado.

De los 49 procedimientos que lleva Irídia contra agentes de la autoridad, en 32 el algún momento se ha archivado la causa, se ha tramitado como delito leve o se han archivado sin practicar todas las diligencias para esclarecer los hechos. Ello ha comportado que las instancias superiores (la Audiencia Provincial) corrijan a los jueces de instrucción en 24 casos y ordenen investigar debidamente los hechos.

“Los juzgados de instrucción no investigan adecuadamente, asumen de forma incuestionable la versión de la policía sin contrastar adecuadamente con la de las denunciantes”, ha criticado Olivella.

Cira Martínez, psicóloga de Irídia, ha explicado que la falta de investigación de las denuncias de torturas y malos tratos empeora el trauma de las víctimas: “Se sienten solas y que toda la presión recae en ellas”. Irídia ha denunciado que, además de jueces y fiscales, la desidia a la hora de indagar en estos hechos se extiende a los forenses de los juzgados, que no evalúan correctamente la afectación en las víctimas.

Para cambiar esta situación, Franquesa ha reclamado “más y mejor” formación de jueces y fiscales en derechos fundamentales, además de crear juzgados y fiscalías especializadas y un organismo independiente de control de las actuaciones policiales.

Un tribunal de Madrid ha confirmado una regularización de 600.000 euros de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a Luis Gil Lasa, fundador de Securitas Direct en España. El empresario se desgravó indebidamente gastos personales de más de 850.000 euros con una sociedad patrimonial que maneja millones en inmuebles de lujo y ha tenido como accionista a una firma de Malta.

El litigio ha aflorado en una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que recoge que en marzo de 2016 la AEAT abrió una inspección a Gil y a su sociedad patrimonial, entonces llamada Tecnola Invest, que se saldó, entre otras actuaciones, con actas por el IRPF del empresario de los ejercicios 2012 a 2015 por importe de 307.652 euros.

De esa cifra, 121.810,34 euros fueron sanciones, incluyendo una multa de 70.480 euros por una infracción grave en el ejercicio 2012, por “determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos tributarios a compensar o deducir en la base o en la cuota de declaraciones futuras”.

Tras esas actas, el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de Madrid desestimó hasta ocho reclamaciones de Gil Lasa. El caso acabó en la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, que en 2023 estimó total o parcialmente dos reclamaciones de Tecnola Invest sobre el IVA de 2016 y 2019 y ahora ha rechazado gran parte de las pretensiones del magnate de las alarmas.

Según la resolución, entre 2012 y 2014 “Tecnola contabiliza y satisface una serie de gastos que la Inspección no considera relacionados con la actividad empresarial, sino que corresponden a la esfera personal del recurrente, socio al 99,99%”. 

Fueron 853.670,97 euros en gastos que Tecnola se dedujo indebidamente en “mantenimiento, reparación, combustible y limpieza de un barco propiedad del recurrente, marca Princess V65”, un yate con unos 20 metros de eslora y capacidad para ocho pasajeros; en “reparación de automóviles de alta gama (Bentley, Porsche, Audi A6, Audi A7)”; y “por adquisición de una serie de bienes y servicios relacionados con el mantenimiento y la mejora de la vivienda habitual del recurrente” en una de las zonas más caras de Madrid, “como mobiliario, lámparas, cortinas, artículos de decoración, instalaciones varias (lucernarios), reparaciones, mejoras y jardinería”.

La AEAT regularizó esos gastos tras la inspección con la “conformidad” de Gil “pues no son deducibles porque se trata de liberalidades”. Pero Hacienda determinó que debían considerarse rendimientos del capital mobiliario en el IRPF del multimillonario, como si se hubiera embolsado un dividendo.

El empresario recurrió argumentando que “el pago por la sociedad de gastos personales del socio no constituye una retribución por su condición de partícipe, esto es, una retribución de los fondos propios”, sino una “devolución de aportaciones”, que “si bien no puede ser un gasto deducible a efectos del Impuesto sobre Sociedades (motivo por el que se ha prestado la conformidad en la regularización de la sociedad), tampoco puede calificarse como un ingreso del socio, pues se le estaría haciendo tributar por una capacidad económica ficticia e irreal”. 

El TSJM lo rechaza porque esas cantidades “se habían deducido como gastos en sede del Impuesto sobre Sociedades como si estuvieran relacionados con la actividad empresarial”. Y “esta parte de la regularización tributaria ha de ser confirmada, lo que conlleva que no proceda rectificación alguna de los rendimientos del capital mobiliario del ejercicio 2012, inicialmente negativos en la autoliquidación del contribuyente (-498.683,70 euros) y que pasan a ser positivos por importe de 100.686,29 euros”, dice la sentencia. 

Gil Lasa sí ha logrado que el TSJM acepte la reducción del 30% que, contra el criterio de la AEAT, se aplicó por un pago extraordinario de 844.499 euros del grupo Securitas Direct-Verisure tras la cancelación, en enero de 2015, del programa de retribución variable que tenía asignado al dejar de ejercer las funciones de presidente en la plataforma Sur, responsable “de los países de España, Francia, Portugal, Chile, Perú y Brasil”, y “pasar a ser Presidente de Expansión, Desarrollo de Negocio y Adquisiciones (puesto sin retribución variable asignada)”. 

Según la sentencia, “no estamos ante el pago del bonus que se satisfacía con una periodicidad anual”, sino ante “un rendimiento percibido como consecuencia de la modificación de las condiciones de trabajo y, como tal, obtenido de forma notoriamente irregular en el tiempo”. Por eso “la reducción de 90.000 euros que había consignado es conforme a derecho, debiendo anularse el acuerdo de liquidación en dicho extremo”.

Fuera del foco

No consta si la Agencia Tributaria ha investigado las sociedades a las que Luis Gil ha estado vinculado en Malta o Chipre, territorios de la UE que España llegó a tener en su lista de paraísos fiscales. En Chipre, el empresario administró hasta su disolución en julio de 2023 Hyndostar LTD y, hasta 2021, Gateactive LTD y Letomia Holdings LTD.

Otra firma creada en Malta en 2012, Maltaco Global Invest LTD, era accionista de Tecnola Invest, de acuerdo con la base de datos Offshore Leaks, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. La firma, según el registro de Malta, se declaró en quiebra a finales de 2020. Securitas Direct no ha respondido a las preguntas planteadas por este medio.

Gil Lasa nunca ha figurado en las listas de mayores fortunas españolas, aunque podría hacerlo a la vista de los activos manejados por alguna de sus empresas. Junto a su esposa administra Tecnola, hoy Securholds Spain, que en 2020 (último ejercicio del que hay cuentas disponibles en el Registro Mercantil) declaró activos de 55 millones, frente a los 92 millones de un año antes. En su mayor parte eran inversiones en ladrillo, cerca de sesenta inmuebles.

Muchos están en el pequeño municipio menorquín de Sant Lluis, que alberga una de las mejores calas de esa isla. Allí Tecnola tenía en 2020 varios suelos y quince exclusivas viviendas con entre 313 y 1.100 metros cuadrados de superficie, según información del Catastro. También era propietaria de terrenos, viviendas, garajes y oficinas en Alcobendas (Madrid), en la urbanización La Finca, de Pozuelo [donde están las oficinas centrales de Securitas Direct en España], en Huesca y en la capital.

La web de Tecnola ofrece a sus clientes “una manera diferente de disfrutar su tiempo” con servicios “de alquiler de Villas exclusivas, en los idílicos y exclusivos entornos de Menorca”, y “viviendas de lujo para vivienda habitual, en la mejor zona de Madrid y mayor seguridad de Europa, en La Finca. También ofrecemos inmueble y velero en el mejor mediterráneo, en Villajoyosa, Alicante; o un apartamento en Candanchú”.

En Menorca alquilan “exclusivas villas de lujo” con nombre de cóctel [Villa Margarita, Villa Negroni, Villa Daiquiri...] con la marca Binibeca Hills, denominación de una extinta promotora inmobiliaria cuyo administrador único era Ángel Ybáñez, a la postre director de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Securitas Direct.

La empresa antes conocida como Tecnola estuvo domiciliada en un edificio en la calle Miguel Yuste de Madrid que albergó la sede de la Asociación Europea de Profesionales para el conocimiento y regulación de actividades de Seguridad Ciudadana (AECRA), uno de los lobbies de este sector. En 2023, Tecnola traspasó parte de sus activos a otra sociedad que no ha presentado aún cuentas, Tecnola Invest Real Estate SL, y pasó a llamarse Securholds Spain tras absorber una filial con esta denominación.

Esta última declaró en 2020, último año en el que presentó cuentas, beneficios de 101 millones y 376 millones en “inversiones financieras a largo plazo” que no detallaba. En 2018 se anotó un beneficio de 215 millones. Ese año explicaba que la mayor parte de sus activos (entonces de 300 millones) eran acciones en Shield Luxco 2 SARL, uno de los vehículos del entramado de los dueños de Securitas en Luxemburgo.

Allí participan en esta empresa, entre otros socios, la familia March y otras grandes fortunas españolas que en los últimos años han invertido pequeñas sumas en Verisure. El gigante de las alarmas (solo usa la marca Securitas Direct en España y Portugal) es líder en ese sector en Europa y segundo a nivel mundial, con presencia en 17 países, más de 28.000 colaboradores y más de 4,4 millones de clientes. Su máximo accionista, el fondo estadounidense Hellman & Friedman, compró en 2015 la participación que tenía Bain Capital, su socio en la empresa desde 2011, cuando la adquirieron a otro fondo, EQT.

Durante la inspección de Hacienda a Luis Gil, Tecnola Invest tenía como administradora única a la esposa del empresario, que también administra Fast Aviation SL, dedicada a “transporte aéreo de viajeros”. Con una facturación en torno al millón de euros en 2023, esta firma lleva años en pérdidas (ese ejercicio fueron de 375.440 euros) y en 2021 recibió 181.346 euros en avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), de acuerdo con la información disponible en Axesor.

Ingeniero de 64 años, Luis Gil inició su carrera en el sector de la seguridad privada en la extinta Esabe, cuyos activos se repartieron hace 30 años, poco antes de su quiebra, Prosegur y la sueca Securitas, antigua matriz de Securitas Direct. Una persona que lo conoció bien hace años cuenta que el ejecutivo presumía de haber tenido de oportunidad de trabajar en su juventud como directivo de la Telepizza de otro visionario del marketing, el cubano-español Leopoldo Fernández Pujals, recientemente aterrizado en Madrid tras años radicado en el paraíso fiscal de Bahamas.

Gil, al que el grupo de seguridad privada definía en 2014 como “fundador de Securitas Direct España”, no aparece en actos públicos, aunque hace años se dejó ver en una visita a un colegio del Opus Dei en Madrid para impartir una charla a las alumnas sobre emprendimiento y explicó “cómo construir un pequeño negocio y cómo debe funcionar para crecer de forma sólida”.

Ocurrió el pasado mes de septiembre en el polígono industrial La Maja de Arnedo donde los vigilantes de seguridad privada colaboraron con agentes de la Policía Nacional en la detención de una persona que se encontraba en busca y captura. Así, tal y como relata UGT, todo ocurrió durante el turno de noche en el que se encontraba trabajando esta persona. La Policía Nacional solicitó la colaboración de los vigilantes para el cierre y control de determinados accesos y “gracias a esta colaboración se pudo detener al individuo sin ninguna otra incidencia”. De hecho los agentes policiales felicitaron a los vigilantes de seguridad.

Una intervención con la que desde UGT Rioja reivindican el valor de los vigilantes de seguridad y su contribución al mantenimiento del orden público porque no solo favorecen el mantenimiento de la seguridad en el desempeño de sus servicios privados sino que también contribuyen al mantenimiento del orden público mediante su colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Pero además, desde el sector de Seguridad Privada de UGT hacen extensiva su felicitación al equipo de vigilantes que prestan servicio en el Polígono La Maja de Arnedo por su trabajo. Y al mismo tiempo, reivindica la relevancia del papel que desempeña la seguridad privada en España, “colaboradora necesaria de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para el mantenimiento del orden público. La profesionalidad mostrada por los vigilantes de seguridad demuestra lo esencial de este sector para garantizar la seguridad y protección de las personas y bienes que custodian a diario”. 

Ayer martes, el Ayuntamiento de Logroño informaba del refuerzo en el número de efectivos de la Policía Local para garantizar la seguridad en las piscinas municipales de Las Norias. De esta forma, y desde el pasado 10 de agosto, una pareja de policías locales recorre a diario, de manera intermitente, los distintos espacios del recinto. Por las tardes, cuando se alcanza la máxima afluencia de bañistas, se dispone de hasta cuatro agentes y dos vehículos policiales para recorrer las instalaciones. Los agentes, uniformados, acceden incluso al vaso de la piscina para, con su presencia, apoyar y reforzar las indicaciones de los socorristas a las personas usuarias y corregir así malos usos de las instalaciones.

Y este miércoles, la concejala, Patricia Sainz, ha asegurado que el Ayuntamiento descarta contratar servicio de vigilancia privada para Las Norias porque “la Policía Local está legitimada para exigir el cumplimiento de las normas en el recinto”. Ante las quejas de incivismo, la concejal -que hoy ha actuado como portavoz de Gobierno en funciones- ha indicado que son conocedoras de ellas y recuerda que “en general, casi todos los veranos ocurre igual”. Además -añade- “este año, con las olas de calor, la afluencia de personas ha sido mayor y también es más probable que aumenten esas conductas poco respetuosas”.

“En cuanto tuvimos conocimiento de ello hemos actuado de forma inmediata porque son muy buenas instalaciones y lo correcto es que la gente lo disfrute como debe ser”.

REFUERZO DE POLICÍA LOCAL

Así -como informó ayer el concejal, Miguel Sáinz- se ha reforzado la presencia de la Policía Local en las instalaciones. Por las mañanas, de forma itinerante, y por la tarde hay dos parejas de Policía Local, una de paisano y otra de uniforme, y además se les permite acceder a los vasos de la piscina para que estén cerca de los socorristas y que estos estén más protegidos para advertir del cumplimiento de las normas“. Como asegura ”la Policía Local tiene las herramientas adecuadas para cumplir la normativa y exigir comportamientos e identificar a las personas que no lo hagan“.

“Estaremos pendientes de la evolución pero estos días parece ser que estas medidas están funcionando”, ha finalizado.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que avala que una empresa obligue a sus trabajadores a llevar corbata incluso en los meses de verano si las condiciones no atentan contra la dignidad del trabajador. Los jueces han rechazado el recurso de un sindicato contra la decisión de la empresa de seguridad de El Corte Inglés de imponer a sus vigilantes el uso de esta prenda en los meses de verano, al entender que “no atenta contra la dignidad de los trabajadores” y que solo afecta a los que realizan su labor de cara al público en zonas del centro comercial con aire acondicionado.

La sentencia explica que en febrero de 2021 SICOR, empresa de seguridad de El Corte Inglés, pidió permiso a la Comisaría de Seguridad Ciudadana para que autorizara un complemento en la vestimenta de sus vigilantes de seguridad: la corbata en invierno y en verano. La autorización llegó un día después mientras llegaba a un acuerdo adicional con UGT: la empresa se comprometía a contemplar excepciones y eximir de la corbata a los trabajadores que, por ejemplo, prestaran sus servicios en almacenes o muelles, de noche o en las obras. Sitios sin aire acondicionado.

Fue otro sindicato con representación en la empresa, Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada, la que llevó sin éxito el acuerdo hasta la Audiencia Nacional. “Tal medida corresponde adoptarla al empresario, que sólo se vería limitado en su decisión cuando el uniforme no respete la dignidad del trabajador, lo que no acontece en este caso”, dijeron los jueces ya en 2021. Tuvieron en cuenta, ya en esa primera sentencia, que “la vigilancia de los centros comerciales está dotada de aire acondicionado” y que en otras dependencias no había que llevar corbata.

Unos argumentos que ahora confirma la sala de lo social del Tribunal Supremo, que con el apoyo de la Fiscalía ha decidido desestimar el recurso. Recuerdan que la normativa de Interior vigente desde hace más de una década avala que El Corte Inglés imponga la corbata a sus trabajadores de seguridad en esas condiciones, algo que “sólo se vería limitado en su decisión cuando el uniforme no respete la dignidad del trabajador”.

La empresa de seguridad de El Corte Inglés, que ha rechazado hacer valoraciones, “ha actuado de conformidad con el acuerdo alcanzado” con UGT, recurrido por otro sindicato del sector de la seguridad privada, según el Supremo.

El sector de la seguridad privada, que aglutina a un millar de profesionales en Cantabria --80.000 en España--, se ha concentrado este martes frente a la sede de la Seguridad Social de Santander para exigir la jubilación anticipada a los 60 años como “mínimo” y que se resuelvan los expedientes presentados desde 2017 para que se pueda jubilar el personal con coeficientes reductores.

En la protesta, convocada por La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT en las principales capitales del país, se ha lucido una gran pancarta que decía '¡Estamos en lucha! Hoy por mí, mañana por ti' Seguridad privada. Jubilación anticipada'.

El portavoz de UGT, Alberto González, ha señalado en declaraciones a la prensa que el sector cumple con los requisitos de penosidad y peligrosidad exigidos para solicitar dicha jubilación anticipada para los vigilantes de seguridad, cuya media de edad se sitúa en los 52 años, salvo transporte de fondos que se eleva a los 54.

Según ha explicado, en 2017 el sindicato presentó ya un expediente para que se pudiera jubilar el personal de seguridad privada con coeficientes reductores y todavía “no hay contestación” por parte de la Seguridad Social.

De esta forma, el objetivo de la movilización es “presionar un poco” a la Seguridad Social para que saque dicho expediente y sea “favorable”.

“Queremos una jubilación anticipada con coeficientes reductores, queremos que cumplimos los objetivos que nos expone el Gobierno”, ha trasladado.

El sindicato reivindica una jubilación anticipada para los vigilantes de seguridad a partir de los 60 años “mínimo”, al tener en cuenta que “se hacen miles de horas extraordinarias” y “la peligrosidad está declarada” porque son “el primer parapeto” cuando se avisa a la policía.

“Cuando avisamos a la policía quiere decir que los vigilantes ya han actuado y avisamos a la policía para que se haga cargo de la situación”, ha indicado el portavoz

Asimismo, González ha subrayado que estos profesionales hacen festivos, sábados y domingos, y trabajan las 24 horas del día, por lo que también la penosidad está “reflejada”.

“Entendemos que es hora de que se trate el asunto y que sean favorables los expedientes que se han metido desde el año 2017, que tenían que estar resueltos porque han pasado más de siete años desde ese expediente”, ha manifestado.

Asimismo, el portavoz ha apuntado que se tiene que producir un cambio generacional en el sector que “se empiece a hacer cargo” de las nuevas tecnologías que están surgiendo.

Además, ha añadido que la competencia es “feroz” en la seguridad privada, por lo que desde el sindicato entienden que los profesionales se tienen que “poner al día” a través de módulos de formación.

En este punto, el sindicalista ha aplaudido que en 2023 el Boletín Oficial publicó el módulo de formación para la seguridad privada de grado medio.

Toque de atención de la auditora EY a los Revoredo, dueños de Prosegur, por la falta de información sobre las inversiones en ladrillo en Estados Unidos que ha realizado la inmobiliaria de esta familia, una de las más ricas de España.

La firma EY ha puesto salvedades en su auditoría a las cuentas del ejercicio 2022 de esa inmobiliaria, Proactinmo. Esta empresa pertenece a la patrimonial de los Revoredo, Gubel SL. Es dueña de un importante patrimonio inmobiliario en Madrid y es el casero del gigante de la seguridad privada en varios de sus inmuebles en la capital de España.

Las salvedades de EY están relacionadas con la falta de información sobre la situación de Proactinmo US, Corp, una filial de Proactinmo que se creó en Estados Unidos en el año 2021 y que desde entonces ha realizado inversiones en al menos cuatro sociedades inmobiliarias con sede en el refugio fiscal de Delaware.

Según explica EY en su auditoría, la española Proactinmo recoge en sus cuentas la inversión en el capital de esa filial por su coste de adquisición, de unos 22 millones de euros. Pero deja entrever que esa cifra puede no corresponder con la realidad.

“En el transcurso de nuestro trabajo no hemos dispuesto de evidencia de auditoría adecuada y suficiente en relación con la estimación del importe recuperable de esta inversión, incluyendo, entre otras, las cuentas anuales auditadas de la sociedad dependiente, por lo que no nos ha sido posible concluir acerca del valor recuperable de la misma y la necesidad, en su caso, de registrar correcciones por deterioro de su valor al 31 de diciembre de 2022”, dice el informe de EY.

Por su parte, Proactinmo señala en sus cuentas que a 31 de diciembre de 2022 “no se han puesto de manifiesto indicadores de deterioro sobre la inversión” en esa filial en Estados Unidos. elDiario.es contactó con Prosegur para preguntar por este asunto, sin obtener respuesta.

La auditoría de EY está fechada el pasado 20 de diciembre de 2023. Esta firma audita tanto a Proactinmo como a Gubel. También es el auditor de Prosegur y de su filial Prosegur Cash (estas últimas, cotizadas en bolsa).

La filial estadounidense de la inmobiliaria de los Revoredo fue inscrita en North Palm Beach, Florida (EEUU) en mayo de 2021. Desde entonces y hasta el cierre de 2022 había invertido, según explica Proactinmo en sus cuentas de ese ejercicio, en cuatro sociedades radicadas en Delaware: Rienzi Dallas LLC, Homefield KS LLC, Carlton Miami LLC y Apache Tempe LLC.

Todas ellas han realizado “inversiones en otras sociedades vehículo” cuyo fin es invertir en proyectos inmobiliarios para la venta o alquiler, que Proactinmo no detalla.

Domiciliada en Madrid, Proactinmo es dueña de oficinas, hoteles, locales comerciales, viviendas y garajes en las mejores zonas de Madrid. También es propietaria de inmuebles en Sotogrande (Cádiz).

Desde 2015 tiene una filial dedicada al alquiler de viviendas, Proactinmo Viviendas, dueña de dos edificios de apartamentos en el barrio madrileño de Justicia, en pleno centro de la capital, en las calles Prim y Conde de Xiquena, por cuyas rentas facturó en 2022 cerca de 840.000 euros, según sus cuentas de ese ejercicio.

Activos por 283 millones

Con activos de 283 millones a cierre de 2022, un 13,8% más, ese año la cifra de negocios de Proactinmo creció un 36,5%, hasta 10,7 millones. De esa cantidad, unos 4,8 millones fueron alquileres que cobró al grupo Prosegur.

Entre los edificios que la compañía de seguridad privada alquila a Proactinmo está su sede central en Madrid, en la calle Pajaritos, 24, y el inmueble colindante, en la calle Santa Sabina, 8. En 2023, las rentas que pagó Prosegur a la inmobiliaria de sus máximos accionistas crecieron un 13,3%, hasta 5,44 millones, según detalla la multinacional en sus últimas cuentas anuales. En ellas deja claro que esos alquileres se pagan a precios de mercado. 

Los Revoredo también alquilan a terceros, entre otros, el edificio de la calle Barquillo, 13 que durante años fue la sede de la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE) y que actualmente alberga la delegación madrileña de la New York University. Los dueños de Prosegur adquirieron el inmueble en 2014 por 11,3 millones en una subasta organizada por el Ministerio de Hacienda, en una operación que fue ruinosa para el erario público: el antiguo regulador energético (que el Gobierno va a resucitar) había comprado el edificio el 16 de septiembre de 2008 –un día después de la quiebra de Lehman Brothers y en plena sacudida mundial– por un importe muy superior, de 19 millones.

Los dueños de Prosegur también han apostado por el sector hotelero. En el número 17 de la calle Alcalá, sobre antiguas oficinas del BBVA y junto al Casino de Madrid, en una zona con numerosos alojamientos de alto nivel como el Four Seasons, el Ayuntamiento tramita desde el año pasado un hotel de lujo con 60 habitaciones en una reforma que va a costar a los Revoredo 3,8 millones.

En 2022, Proactinmo amplió su apuesta por ese sector con la compra de un establecimiento en el barrio madrileño de las Letras, en la calle Moratín, 52 de Madrid, que tienen alquilado a la cadena Radisson.

200 millones para inversiones

La inmobiliaria de los Revoredo ha recibido desde su creación hace dos décadas cerca de 200 millones de euros de sus dueños para realizar inversiones en ladrillo. Está administrada por Bárbara Gut Revoredo, hija de Helena Revoredo, la presidenta de Prosegur y ex consejera de grandes cotizadas como Mediaset o Endesa.

Proactinmo pertenece a Gubel SL, la sociedad con la que esta familia canaliza parte de su participación en Prosegur y que es propiedad de la matriarca (49,99%) y de sus cuatro hijos. Recientemente la familia ha ampliado su participación en el grupo de seguridad privada hasta el 73,133% por unos 132 millones, tras lanzar recientemente una oferta pública de adquisición (opa) con la que han adquirido un 13,23%, adicional al 59,9% que tenían hasta entonces. La opa se quedó ligeramente por debajo del capital al que iba dirigido, del 15%.

La familia Revoredo es una de las más ricas de España, pese al desplome de la cotización que ha sufrido Prosegur en los últimos años. Actualmente, la capitalización del mayor grupo español de seguridad privada ronda los 850 millones, frente a los 4.000 millones que valía a cierre de 2018.

El último ranking de El Mundo coloca a esta familia en el puesto 74 de mayores fortunas del país, con un patrimonio estimado de 800 millones. Además de Prosegur y sus inversiones inmobiliarias, los Revoredo tienen fincas rústicas en Cuenca y Ciudad Real. 

Esta actividad la canalizan a través de filiales de Gubel como Agrocinegética San Huberto SL. Esta empresa fue condenada el año pasado por tratar de eludir 94.000 euros en el IVA por deducciones indebidas relacionadas con, entre otros aspectos, la reforma de un castillo medieval propiedad de la familia en su coto de caza en Salvacañete (Cuenca).

Esa sociedad es una de las firmas agrícolas de los Revoredo que durante años contrató los servicios del aristócrata, ingeniero agrícola y terrateniente Juan Pedro de Borbón. Borbón, hijo de un primo del rey emérito, Juan Carlos I, fue uno de los beneficiarios de la amnistía fiscal que el PP lanzó en 2012.

Decenas de trabajadores y trabajadoras de Castilla-La Mancha, convocados por UGT, se sumarán el martes 2 de abril a la concentración de protesta que tendrá lugar en Madrid para reclamar la jubilación anticipada en el sector de la seguridad privada, el cual emplea en España a unas 80.000 personas, cerca de 7.000 de ellas en Castilla-La Mancha.

En la actualidad, la edad media de las plantillas del sector de la seguridad privada ronda los 54 años en una actividad profesional con suficientes elementos acreditados de penosidad, peligrosidad y de requerimientos físicos que no cuenta con la posibilidad de incorporación en segunda actividad.

El sindicato añade que las personas de la seguridad privada representa uno de los colectivos profesionales con mayor número de horas extraordinarias en España y, además, con una gran rotación en sus jornadas de trabajo y con turnos en horario nocturno, en fines de semana y festivos.

“Una necesidad urgente”

Para el Sector de Seguridad Privada de FeSMC-UGT, la jubilación anticipada en este sector no es un capricho, “es una necesidad y urgente”; y más si se tiene en cuenta que ahora está viviendo una transformación con un cada vez mayor peso de la tecnología que se impondrá a los planteamientos de negocio tradicionales.

Por ello, insta a un necesario “escenario de anticipación al cambio” y a abordar el ingreso de nuevos perfiles laborales que se van a imponer, impulsar la formación de estas nuevas especialidades profesionales, “lograr una salida digna” de las personas trabajadoras de más avanzada edad y rejuvenecer unas plantillas con una edad media elevada.

UGT apuesta por generalizar el contrato de relevo para conseguir el mencionado rejuvenecimiento e insiste en implantar la jubilación anticipada “con urgencia y sin más demoras”.

En este sentido, recuerda que presentó en el año 2017 un expediente de solicitud de coeficientes reductores para el sector que está pendiente de resolverse y reclama que se apruebe lo antes posible, como primera medida para avanzar hacia la jubilación anticipada.

UGT matiza que las asociaciones empresariales más representativas del sector en España ya han mostrado su interés por abordar de manera conjunta la posibilidad de establecer mecanismos de jubilación anticipada tanto mediante el contrato de relevo como con coeficientes reductores.

Begoña Villacís ha vuelto a la empresa privada cuatro meses después de que su candidatura al Ayuntamiento de Madrid fracasara y no lograra mantener representación en Cibeles. La vicealcaldesa de Madrid y dirigente de Ciudadanos acaba de ser fichada como nueva directora global de relaciones institucionales de la empresa BeDisruptive, una “boutique tecnológica” experta en ciberseguridad, según ha informado la propia empresa en un comunicado.

Tras el batacazo en las elecciones del 28M, Villacís insistió en que no se iba a ir al PP, como muchos pensaban, y anunció su deseo de regresar al sector privado. “Estoy encantada de empezar esta nueva etapa en BeDisruptive, una empresa en pleno crecimiento, en un sector clave y de futuro, como la ciberseguridad, que cada día cobra más importancia para nuestras empresas e instituciones”, ha reconocido la propia Villacís ante su fichaje.

La exdirigente de Ciudadanos, que es abogada, cree que es necesario “concienciar a la sociedad de la importancia de proteger nuestros sistemas y datos de las posibles amenazas que puedan presentarse”. “No tendremos libertad sin seguridad”, añade.

En la nota emitida por la empresa, se explica que a partir de ahora será “el nexo de unión entre la compañía y las administraciones públicas, organizaciones y entidades privadas fomentando su seguridad y apoyando sus procesos de transformación digital”.

José Ángel Delgado, CEO de BeDisruptive, ha dado la bienvenida a la exvicealcaldesa y ha señalando: “Es un verdadero placer contar con una profesional como Begoña Villacís en esta etapa de crecimiento y consolidación de nuestra compañía. Begoña representa claramente los valores de BeDisruptive: es innovadora, cercana, rigurosa y disruptiva. No se me ocurre persona más idónea que Begoña para representar a BeDisruptive ante las instituciones”.

De su currículo destacan que durante sus ocho años de mandato municipal coordinó las áreas de Desarrollo Urbano, Economía, Empleo e Innovación, Familias, Igualdad y Bienestar Social y las áreas de Internacional y Transparencia y Coordinación Territorial. Villacís cuenta con un máster en Asesoría Fiscal y Derecho Tributario por la Universidad Pontificia de Comillas, y trabajó anteriormente en la empresa privada siendo responsable de las Áreas de Derecho Tributario, Laboral y Mercantil en Legálitas. Además, Villacís cursó un postgrado en la Universidad de Deusto sobre liderazgo público, emprendimiento e innovación.

Un enorme crecimiento en solo dos años

BeDisruptive cuenta con oficinas en Madrid, Roma y Ciudad de Panamá y planea abrir nuevas sucursales en Washington y Milán. Fundada en 2016, la empresa ha experimentado un enorme salto en sus resultados en los últimos tres años. Según las cuentas accesibles a través del portal Insight View consultadas por este medio, BeDisruptive cerró 2020 con tres empleados y unos ingresos de 36 millones de euros, para un beneficio neto de 4 millones. Un ejercicio después la empresa registraba unas ventas de 50 millones de euros y unos beneficios netos de 6 millones, con una plantilla de 10 personas.

En 2022 la firma triplicó sus ganancias, llegando a sobrepasar los 17 millones de euros netos, cerrando el ejercicio con 65 empleados y unos 82 millones en ventas. Actualmente BeDisruptive se acerca ya a los 200 trabajadores.

BeDisruptive ha recibido una importante inversión de Cofides, una sociedad público-privada que gestiona fondos del Estado y recursos propios. A través de varias rondas de financiación que alcanzan los cinco millones de euros en total, el fondo (que solo invierte en empresas españolas) ha ayudado a la compañía a su expansión en Italia.

Eulen Seguridad SA, la división de seguridad privada del gigante español de los servicios Eulen, ha sido vetada por el Ministerio de Hacienda para obtener contratos públicos de la Administración durante un periodo de siete meses, tal y como desveló elDiario.es. La decisión se debe a una sanción por “trato vejatorio” a un trabajador en un centro de trabajo en Madrid, según explican a este medio fuentes conocedoras del expediente que resolvió la Comunidad de Madrid por estos hechos.

Fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo indican que ese expediente no es público y que se abrió después de una denuncia ante la Inspección de Trabajo, que es competencia de la Dirección Provincial (Gobierno de España).

“A la Comunidad de Madrid le corresponde darle trámite” y al denunciante se le dio la razón. “Los hechos de refieren a un centro específico de la empresa y con un problema de un trabajo en concreto”. “No ha sido algo generalizado”, según esas fuentes.

El resultado fue una sanción por una infracción “muy grave” recogida en el artículo 8.11 del Real Decreto-Ley 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Ese artículo castiga “los actos del empresario que fueren contrarios al respeto de la intimidad y consideración debida a la dignidad de los trabajadores”.

La resolución sancionadora fue notificada a la empresa el 14 de mayo de 2021 y fue declarada firme un mes después. La empresa abonó la sanción, que ascendió a unos pocos miles de euros, según fuentes del Gobierno madrileño, que no precisan la cifra.

Tal y como establece la ley, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid informó de la resolución sancionadora a la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado el 8 de abril de 2022. La junta estatal de contratos acordó iniciar la tramitación de expediente administrativo para determinar el alcance y la duración de la prohibición para contratar, al concurrir la causa descrita en el artículo 71.1.b de la ley 9/2017, de contratos públicos.

Y, tras analizar el caso, abogó por aplicar esa prohibición a Eulen Seguridad durante el plazo de 7 meses, tal y como finalmente se ha aplicado por orden de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La prohibición ya figura en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, tal y como establece la legislación. 

Más de cien denuncias

Fuentes sindicales decían este jueves no tener información sobre estos hechos en una empresa que acumula numerosas denuncias de los representantes de los trabajadores ante la Inspección: 42 en 2022 solo en Madrid, en el caso de UGT, y más de un centenar desde 2021, en el de CCOO.

No obstante, según UGT, la situación “ha cambiado mucho” recientemente, a mejor, con la llegada de una nueva dirección de Recursos Humanos.

El veto a Eulen Seguridad para contratar con la Administración entró en vigor el pasado 19 de abril y estará vigente hasta el próximo 18 de noviembre.

La decisión de Hacienda va a implicar que se quede sin optar a contratos públicos durante más de la mitad del ejercicio 2023. En 2021, último año en el que presentó cuentas, la filial tuvo unas ventas de 218 millones de euros y un beneficio de apenas 426.000 euros, con 6.588 empleados y unos gastos de personal de 192 millones.

La filial es una de las principales patas de negocio de Eulen, un gigante que, tal y como explica en su web, factura más de 1.530 millones al año (el 81% en España), con cerca de 75.000 empleados (el 64% en España) y presencia en Chile, México, Perú, Colombia o Estados Unidos. El grupo ha declinado comentar este asunto.

Pese a esa elevada facturación, la empresa “da un retorno del 1,5%”, según decía la presidenta ejecutiva de Eulen, María José Álvarez, en una entrevista concedida hace años en la que confirmaba que la guerra con sus hermanos “está igual”.

Álvarez, que heredó de su padre, David Álvarez (fallecido en 2015), el 60% de las acciones de Eulen, contaba que algunos empresarios le habían ofrecido mediar en un conflicto de difícil solución: “Tengo algunos que me dicen: 'Yo os voy a juntar a comer'. Y respondo que vale, pero que no ponga ni tenedores ni cuchillos. Aprecio el esfuerzo, pero mejor que no”.

La familia Álvarez figuraba en el puesto 106 de la lista de los más ricos de España del último ranking de El Mundo. Recientemente el clan perdía al mayor de los siete hijos del fundador, Jesús David, considerado el hermano neutral en la guerra que el clan mantiene desde hace una década. Desvinculado de Eulen en 2018, llegó a ser consejero de la gasista Enagás. 

Constituida en marzo de 1974 y con sede en las oficinas de Eulen en la urbanización La Florida, en Madrid, Eulen Seguridad es, como recuerda en su último informe de gestión, correspondiente a 2021, la empresa decana de servicios globales de seguridad en España, “con unos pilares sólidos sobre los que cada día, todos lo que trabajamos en Eulen Seguridad tratamos de desarrollar un concepto de protección física, lógica, reputacional, etc. que pasa por el uso prioritario de la inteligencia y la tecnología, sin olvidarnos por supuesto de las personas y los procedimientos”.

En sus últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, de 2021 y accesibles a través de Insight View, Eulen Seguridad no hace ninguna mención a esa sanción por vulnerar la dignidad de ese trabajador, que se le impuso en ese ejercicio, más allá de reseñar un impacto fiscal de 64.000 euros por “sanciones y expedientes laborales y administrativos”. El importe de esa sanción fue testimonial, pero le va a salir caro al grupo.

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Securitas Direct España pulverizó todos sus récords de resultados en 2021, con un incremento de sus beneficios del 79,6%, hasta 126,5 millones de euros, muy por encima del anterior máximo de 2017, según se recoge en las últimas cuentas que ha depositado recientemente en el Registro Mercantil.

Estos resultados corresponden al ejercicio posterior al estallido de la pandemia, que propició un aumento de la demanda en España de los sistemas de alarma que vende esta empresa, en un contexto de inquietud social por la ocupación de viviendas que muchas voces han considerado infundada.

Las cuentas de Securitas Direct, accesibles a través de Insight View, reflejan que la facturación de la empresa se situó en 2021 en niveles similares a los del año anterior, aunque alcanzó otro nuevo máximo de 910,5 millones.

El buen comportamiento de los resultados se explica, indican fuentes del grupo, por la introducción en España el 1 de enero de 2021 de la normativa internacional contable NIIF15, que “ha tenido un efecto muy positivo en el resultado de explotación (al igual que en el resto de compañías del sector) y, en consecuencia, en el impuesto de sociedades (donde se observa un incremento de 18 millones de euros a 43 millones, derivado de esta nueva normativa contable)”.

“Esto es porque obliga a repartir en el tiempo algunos aprovisionamientos y los costes variables de venta. Esta periodificación es, por tanto, la responsable del descenso observado en los gastos de personal de la empresa, en un contexto de crecimiento medio de plantilla”.  

Ese buen resultado, que ha corrido paralelo a la creciente demanda de los equipos que comercializa el grupo, llegan tras el efecto negativo que tuvieron en los ejercicios 2019 y 2020 varios contenciosos con Hacienda y la Seguridad Social.

En sus cuentas, la empresa explica que “las reclamaciones administrativas previas a la vía judicial iniciadas por la Compañía contra las Actas emitidas por el Ministerio de Trabajo por importe de 6.789 miles de euros siguen su tramitación”, después de que en 2020 la Inspección obligase a Securitas a regularizar cuotas impagadas a la Seguridad Social tras una catarata de denuncias.

Respecto a los litigios con Hacienda, en 2021 el grupo no reservó fondos para cubrirse de nuevos riesgos fiscales. En 2019, tuvo que provisionar casi 6 millones por una inspección del periodo 2015-2018 que se saldó con actas en disconformidad. Posteriormente Securitas recurrió la liquidación ante el Tribunal Económico Administrativo Central.

En sus cuentas explica que el 9 de julio de 2021 la Agencia Tributaria le comunicó el inicio de unas nuevas actuaciones, es decir una nueva inspección, de comprobación e investigación sobre el Impuesto de Sociedades (2016-2018), e IVA, retenciones a cuenta del IRPF y retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de No residentes (junio de 2017 a diciembre 2018).

“No se espera que de estas actuaciones surjan reclamaciones por importes significativos”, dice en sus cuentas. Estas incluyen una nueva salvedad del auditor de Securitas Direct España por la opacidad en los sueldos de su cúpula, como ha venido ocurriendo en los últimos años.

Aunque PwC reconoce que la compañía incluye las remuneraciones percibidas por los miembros del consejo de administración y la alta dirección, le reprocha que no se publiquen de forma separada, como exige la ley.

PwC también incluye otra salvedad al informe de datos no financieros del grupo. Recuerda que no se incluye el desglose de “Remuneración media de los consejeros, incluyendo la retribución variable, dietas, indemnizaciones, el pago a los sistemas de previsión de ahorro a largo plazo y cualquier otra percepción desagregada por sexo” que exige el Código de Comercio.

Más de 10.000 empleados

La compañía cerró el ejercicio 2021 con una plantilla media de 7.758 efectivos (7.827 en 2020) y, explican fuentes de Securitas Direct, ha cerrado 2022 con 9.200 profesionales, un 15% más que en el ejercicio anterior. “Este año esperamos que la plantilla siga creciendo en línea con años anteriores creando otros 1.000 empleos netos”. 

El ejercicio 2021 se cerró con más de 1,75 millones de clientes (el 80%, particulares, y el 20%, pequeños negocios), frente a los 1,5 millones del año anterior, en un mercado en el que se ha endurecido la competencia en los últimos años tras la entrada, en 2020, de Movistar de la mano de Prosegur. Ese año, Securitas Direct firmó una alianza con Vodafone para la comercialización conjunta de alarmas.

Respecto a 2022, “hemos cerrado con un portfolio de clientes de 1,8 millones de alarmas conectadas, a las que se suman 135.000 sistemas de Protección Senior”, explican fuentes de Securitas Direct.

Con ello, la compañía estima que está “protegiendo a más de 6 millones de personas” en España. “Esto refuerza la estabilidad y tranquilidad que vive nuestro país a pesar de tratarse de un país de tránsito, con un elevado nivel de turismo, lo que podría suponer un catalizador de inseguridad”.

“España dispone de una de las mejores estructuras de seguridad del mundo. La combinación entre seguridad pública y privada completa una función estatal primaria e imprescindible para cualquier sociedad”, afirman esas fuentes.  

El grupo, cuyas agresivas técnicas de formación de comerciales reveló en 2017 elDiario.es, va a celebrar en 2023 su 30 aniversario desde la llegada de la compañía a España en 1993 con una pequeña oficina en Madrid con menos de 10 trabajadores. La empresa presume en la documentación enviada al Registro Mercantil de haber conseguido “democratizar” la seguridad privada. “En Securitas Direct creen que es un derecho humano sentirse seguro y protegido”, recuerda, al hacerse eco de su misión.

En su informe de gestión destaca que “ha mantenido el buen comportamiento de ejercicios precedentes, siendo capaz de mejorar en la mayoría de los principales indicadores”. E indica que “pretende continuar maximizando su crecimiento aprovechando las diferencias tecnológicas y de servicio que, actualmente, son las que nos hacen diferenciarnos de nuestros competidores”.

El año pasado, la empresa recibió 650.000 euros en fondos Next Generation EU para su utilización en proyectos basados en la aplicación de inteligencia artificial a los dispositivos de alarma y a los procesos de seguridad y gestión de las alarmas, así como a la mejora de la sostenibilidad del negocio. En inversiones en I+D, “seguimos apostando por las inversiones tecnológicas, con el último lanzamiento de la nueva generación de alarmas PreSense, el pasado mayo”, indican desde Securitas Direct.

“En los últimos cinco años hemos invertido 255 millones de euros y esperamos en 2023 incrementar nuestra inversión en torno a un 10% a pesar de las condiciones más complicadas de financiación y la situación macroeconómica”. 

Dividendos

En sus últimas cuentas presentadas, el grupo explica que ha propuesto destinar la totalidad de los beneficios obtenidos en 2021 a dividendos: 40 millones como compensación a dividendo a cuenta y otros 86,575 millones en concepto de dividendo complementario, que se suman a los más de 70 millones repartidos en el ejercicio 2020.

No se trata de dividendos repartidos a sus accionistas, aseguran fuentes de Securitas Direct. “El beneficio se utiliza en un dividendo que permite que nuestras filiales (resto de países de nuestro cluster: Italia, Argentina, Brasil, Perú…) puedan seguir creciendo en sus mercados”.

Securitas pertenece a la multinacional sueca Verisure, controlada por el fondo estadounidense Hellman & Friedman, y en la que tiene una participación la familia March, a través de la Corporación Financiera Alba.

Los March, la séptima fortuna española, según el último ranking de millonarios de El Mundo, reclutaron poco antes del estallido de la pandemia a otros grandes patrimonios para invertir en esta compañía. Los March vendieron pequeños paquetes de acciones entre otros a los Domecq Bohórquez, los Riberas, el fundador de Desigual o los principales accionistas de Porcelanosa, entre otros.

La ultraderecha extraparlamentaria cuenta con una exitosa empleadora desde 1979. La empresa Levantina de Seguridad, vinculada al dirigente de España 2000 José Luis Roberto, factura más de seis millones de euros, según las últimas cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil. La firma ha sido premiada por la Policía Nacional, aunque el Gobierno considera que no se trata de galardones oficiales ni institucionales.

El CEO de Levantina de Seguridad, Javier Benítez, recibió en 2019 una “mención de honor”, en el marco de la gala que anualmente distingue a profesionales de la seguridad privada, en reconocimiento a la “larga y laureada trayectoria profesional de la empresa valenciana pionera en seguridad privada desde hace más de 30 años”. Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez considera que la Policía Nacional “no ha concedido ningún tipo de reconocimiento oficial, de manera institucional, ni a través del ingreso en la Orden al Mérito Policial ni a través de ningún otro distintivo institucionalizado u oficialmente reconocido en su normativa propia”, según reza una respuesta parlamentaria al senador de Compromís Carles Mulet.

La empresa, un caladero de trabajo para elementos de la extrema derecha valenciana, ha superado los 6,2 millones de euros durante el ejercicio 2021. “El hecho de que tanto nuestra cifra de negocios como el beneficio antes de impuestos que hemos registrado no se viera drásticamente reducido a causa de las restricciones a la movilidad y al menor número de eventos sociales celebrados en comparación con los acontecidos anteriormente a la pandemia de la COVID-19, suponen un gran logro del que nos sentimos sumamente orgullosos”, reza el informe de gestión firmado por el premiado Javier Benítez. 

Levantina de Seguridad aborda un cambio en la línea de negocio que consiste en abandonar “progresivamente” la contratación con administraciones públicas y virar hacia instituciones privadas. “A su vez, apoyamos este cambio incrementando la inversión publicitaria, fundamentalmente, prensa y TV”, agrega el informe.

Las cuentas de la empresa destacan en el contexto de pandemia mundial y de guerra en Ucrania. A pesar de ello, señala el CEO de Levantina de Seguridad, “somos optimistas y creemos que la incidencia sobre la marcha económica futura será menor que la que hemos soportado en el ejercicio [2021] y por ello esperamos una tendencia creciente en nuestro nivel de actividad”.

En el apartado de hechos posteriores al cierre, la firma alude a la “escalada bélica en Ucrania por parte de Rusia”. A pesar del complejo escenario internacional de los últimos ejercicios, la firma obtuvo en 2020 unos beneficios antes de impuestos de 295.885 euros. La cifra bajó hasta los 287.676 euros en 2021, el último ejercicio declarado.

Satisfechos pero a medias. Así se podría describir cómo se encuentran desde la Unión General de los Trabajadores (UGT) tras la firma del convenio colectivo de la seguridad privada, y es que el aumento de salarios no se ha celebrado tanto por el contexto de pérdida de poder adquisitivo que se está viviendo en todos los sectores y, sobre todo, en los más precarios. No obstante, el lema que llevaron los trabajadores en sus reivindicaciones, 'Salario o conflicto' llegó a la patronal y fue bien recibido. Y según cuenta Alberto González, el responsable de Seguridad Privada de UGT Cantabria, ahora lo que toca es centrarse en las mesas de negociación para poner en marcha cuantos más derechos. Un trabajo arduo que realizarán con la tranquilidad de, al menos, tener cerrado un convenio para los próximos cuatro años.

¿Por qué comienzan las reivindicaciones del convenio en la seguridad privada?

El convenio caducaba el 1 de enero del próximo año y lo que queríamos era adelantarlo un poco y no llegar a diciembre sin el convenio firmado. Tenemos otras experiencias en las que hemos llegado a diciembre y el convenio se ha mantenido a cero, pasamos un año a cero y no puede ser. Venimos de perder poder adquisitivo durante mucho tiempo y necesitábamos que el nuevo convenio entrase en vigor cuando el otro venciese.

¿Y cuándo empiezan los problemas?

Hace un mes y medio hicimos unas concentraciones porque no iba bien la cosa. La patronal ofrecía un 3% para este año y entendíamos que el 3% era insuficiente para tal y como está la situación. Además, la patronal nos proponía era quitarnos la antigüedad, parte de las incapacidades temporales (IT) y la jornada de transporte garantizada. Lo que hicimos fue movilizar a la gente a nivel nacional y esta tuvo una aceptación mediana por lo complicado que es para este sector, que trabaja a turnos, poder escaparse. Tras esa concentración la patronal viró un poco el sentido de las negociaciones y se ha llegado a firmar un convenio que para nosotros se pierde en algunas cosas. El lema es 'Salario o conflicto', porque el salario era lo que más nos preocupaba porque la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores ya estaba siendo muy importante.

¿Qué se ha conseguido con este nuevo convenio?

Para el año 2023 se ha conseguido una subida del 6%, para 2024 una subida del 4%, para 2025 una subida del 3% y para 2026 otra subida del 3%. Hemos firmado una subida del 16% para los próximos cuatro años y aunque parezca una subida positiva, los sindicatos estamos de acuerdo en que es totalmente insuficiente esta subida. La cuestión es que tenemos que saber dónde estamos, los tiempos que están corriendo y a quién nos tenemos que enfrentar para conseguir las mejoras. Aparte, se ha puesto una cláusula de revisión salarial del 2% que en el caso de que en 2026 se haya sobrepasado ese 16% se metería esa cláusula. El tema de la antigüedad se quitó de la mesa, y los trabajadores seguirán cobrando lo que estaban cobrando. Los quinquenios no se han tocado que era lo que pretendían. El tema de las IT, lo que se ha abordado es que hasta la tercera baja se mantiene como estaba, y a partir de la tercera baja se haría lo que determina la seguridad social. Y lo que sí que se ha aumentado es que del día 91 al 100 de la baja, se sube del 70% que está legislado al 80%. En el tema transporte de fondos ha habido más controversia porque gozaban de una jornada garantizada y con la modificación lo que pasa es que la representación de los trabajadores tendrá que negociar con cada empresa su jornada. Ahí dependerá la fuerza que tendrá cada uno para negociar unas condiciones.

¿Qué ha quedado fuera de lo conseguido?

Han quedado muchas cosas en el tintero. Desde UGT se nos pidió que mandásemos propuestas a la Mesa del convenio para poder ser tratadas y es apabullante la cantidad de cuestiones que se quieren tratar. Ahí hemos solicitado abrir dos mesas de negociación: una para vigilancia y otra para transporte de fondos. Entendemos que ahora mismo transporte de fondos tiene poco que ver con vigilancia porque la actividad que está desarrollando es totalmente distinta. Se han solicitado esas mesas, han sido aceptadas por la patronal y lo que vamos a hacer es intentar que todas las propuestas que han ido desde cada comunidad, se introduzcan en el artículo de ese convenio que, como son mesas abiertas, es probable que muchas de ellas se puedan introducir.

¿Y cosas concretas?

Ahora mismo los trabajadores hacen guardias y no las tenemos ni cuantificadas ni sabemos lo que cada trabajador ha de cobrar por estar en su casa haciendo esa guardia. Y ese era un tema prioritario porque no hay respuestas y hay que darle una vuelta. En transporte de fondos, el tema de las subrogaciones cuando se pierde parte de un servicio a favor de otra empresa, la elección de trabajadores se hace por sorteo para pasar al nuevo servicio. Y en Cantabria ahora mismo operan, principalmente, dos empresas: Loomis y Prosegur. Lo que ocurre es que Prosegur tiene base en Santander pero Loomis, no. Eso genera que el trabajador, cuando hay una subrogación se tiene que desplazar a la comunidad donde queda subrogado. Entonces, todos los trabajadores que han pasado subrogados han pedido la vuelta porque es imposible soportar los gastos con el sueldo que tiene, que no llega a 1.000 euros. Es un método que viene desde hace muchos años y hay que darle una vuelta ya.

Además, en vigilancia estamos solicitando el carácter de agente de autoridad de forma insistente. Nos vemos inmersos en muchísimos conflictos y la vigilancia es la primera fuerza de intervención antes de que llegue la Policía, cuando llega es porque ya el vigilante ha atendido el suceso y lo ha puesto a disposición. El vigilante detiene y pone al detenido a disposición de las Fuerzas y Cuerpos Generales del Estado, pero para eso tú ya has tenido que intervenir. Hay muchísimos casos de intervenciones donde los vigilantes se juegan el pellejo. Y dentro de este problema hay otro, y es que normalmente los vigilantes están solos a diferencia de la Policía, que siempre va en parejas. Aquí cuando tienes un percance te encuentras solo. En 2012 salió la nueva Ley de Seguridad Privada que venía de 1982, y ahora estamos esperando aún el reglamento que nos dice lo que entra en nuestras competencias y lo que podemos hacer, y lo que no nos compete como agentes privados. Hay más de 400 propuestas para ello e intervienen más de 12 ministerios porque es un tema muy complejo. Tiene que salir ya, pero esperamos que cuando salga, salga bien.

Otra de las cosas que estamos pidiendo es que aquellos agentes que están en servicios conflictivos y sufren servicios para la integridad física, la jubilación baje de los 65 años. Existe el contrato relevo, que ya viene en convenio pero no se respeta, que dice que el trabajador se pueda jubilar a los 62 años y dos meses, y a medida que pasen los años se van sumando dos meses más. Por el lado de la formación, estamos solicitando que se haga formación reglada para acceder a la profesión. Ahora mismo solo se hace formación en academias y después se realiza una prueba del Ministerio de Interior y ya el último paso es presentarse a los exámenes de las empresas donde quieras entrar. Lo que solicitamos es que se hagan módulos de formación profesional para acceder a la profesión. No es lo mismo tratar a un menor, a las personas con el sexo contrario al tuyo y demás.

¿Cómo está planteada la seguridad privada en Cantabria?

En Cantabria hay 1.000 trabajadores, y el grueso de la seguridad privada en Cantabria lo lleva Securitas con más de 480 trabajadores, y Prosegur que está en 300 trabajadores. La seguridad privada está donde no llega la pública, y en la pandemia ha crecido. Tenemos datos, no ya de que no fuésemos a ERTE, sino de nuevas contrataciones porque no se daba abasto a cubrir todos los servicios que se estaban generando. La gente que fue a ERTE, fueron de oficinas, pero lo que son vigilantes no fue prácticamente nadie al ERTE. Incluso la seguridad pública intentó que se cubriesen servicios de forma esporádica por parte de lo privado porque no llegaban. En transporte de fondos pasó parecido, se hicieron ERTE que duraron días porque después se rescató a todo el mundo.

Que el convenio sea plurianual de cuatro años en lugar de año a año, ¿por qué es positivo?

Por las mesas de negociación y por lo que se ha quedado fuera. Si tenemos un convenio cerrado a cuatro años ya no nos tenemos que preocupar por eso, solo de dar contenido a esas mesas de negociación. Hay que abrir esas mesas a transporte de fondos para cubrir diferentes problemáticas como, por ejemplo, la formación a los trabajadores en cajeros automáticos porque es una cuestión que están cubriendo. Aquí te van metiendo cada vez más cosas pero por el mismo sueldo, y eso hay que empezar a solucionarlo. 

Los sindicatos UGT, CCOO y USO y las asociaciones de empresarios APROSER y ASECOPS han suscrito este viernes el nuevo convenio colectivo estatal de Seguridad Privada que afecta en Cantabria a más de un millar vigilantes y 100.000 en toda España, que estipula un incremento salarial de un 16% en sus cuatro años de duración (2023-2026)

Según ha informado en un comunicado el Sector de Seguridad Privada de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT, el nuevo convenio colectivo de Seguridad Privada, que se suscribe un mes después de que los tres sindicatos convocaran movilizaciones en todo el país por el bloqueo que sufría su negociación, estipula un incremento salarial acumulado de un 16% en sus cuatro años de vigencia.

Según lo acordado por patronales y sindicatos, el aumento de los salarios será de un 6% en 2023, un 4% en 2024, un 3% en 2025 y otro 3% en 2026; y en todos ellos con un cláusula de revisión salarial de un 2% de incremento adicional según los indicadores de inflación de cada año.

El texto del nuevo convenio colectivo no incluye la pretensión de las patronales de congelar la antigüedad y mejora la prestación de incapacidad temporal de larga duración a partir del día 91 de baja, ha subrayado el sindicato.

En relación al transporte de fondos y de gestión del efectivo, donde en los últimos años se han venido negociando distintas jornadas laborales según los territorios, se remite a acuerdos concretos entre sindicatos y empresas para modificarla y, de no haberlos, se aplicaría la del personal vigilancia, aunque se respetará la jornada garantizada mensual, no diaria como hasta ahora.

Para esta actividad de transporte de fondos y de gestión del efectivo, el nuevo convenio colectivo crea una mesa específica para el seguimiento de los distintos acuerdos alcanzados, la adecuación de categorías profesionales e impulsar actuaciones que se anticipen a los cambios de actividades susceptibles de tenerlos en los próximos años.

Además, el acuerdo incorpora nuevas categorías profesionales cuya actividad ya se está realizando, como las vinculadas a las nuevas tecnologías.

El Tribunal Supremo ha rebajado hasta los siete años la condena de cárcel impuesta a un trabajador de seguridad de una discoteca de la localidad castellonense de Alcossebre que en 2014 dejó a un cliente en coma de un puñetazo. La víctima había participado en una pelea y estaba siendo sacado del local por dos trabajadores cuando el condenado, también miembro de seguridad del establecimiento, le propinó un fuerte puñetazo en la cabeza por detrás. Los jueces del Supremo rebajan su condena por los retrasos judiciales que ha sufrido el proceso judicial: “No hay el más mínimo atisbo de justificación del comportamiento del acusado”, dice la sala.

La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, explica que los hechos tuvieron lugar a primera hora de la mañana del 20 de julio de 2014. La víctima, que tenía entonces 28 años, se había visto involucrada en un altercado, un forcejeo en el cual había golpeado a uno de los trabajadores de seguridad del local. Ese portero que había sido golpeado fue el que aprovechó que, instantes después, la víctima estaba siendo sujetada y siendo sacada del local por dos compañeros para propinarle un fuerte puñetazo en la cabeza por la espalda.

Las secuelas del puñetazo fueron reflejadas rápidamente en los informes médicos. La víctima quedo en un coma vegetativo permanente y pasó a depender completamente de sus padres. Entre otros muchos gastos y cambios tuvieron que trasladarse a Galicia para llevarle a diversos hospitales y a una Fundación, reformar su casa y comprar una furgoneta para su traslado.

El proceso judicial se ha dilatado durante ocho años antes de ser sentenciado en firme, pero las cámaras de seguridad del local han sido en todo momento la prueba principal que registró el puñetazo del portero. La Audiencia Provincial de Castellón impuso al trabajador de la discoteca una condena de nueve años de cárcel por lesiones agravadas con alevosía, aunque ahora el Tribunal Supremo ha rebajado su condena a siete años de presidio

La resolución modifica a la baja el tiempo que pasará entre rejas pero no la indemnización que recibirán sus padres. Por un lado queda el medio millón de euros que ya pagó extrajudicialmente la aseguradora de la empresa que explota la discoteca, y los jueces mantienen otra cantidad similar que debe pagar el condenado con su entonces jefe y la empresa que gestionaba entonces la discoteca como responsables civiles subsidiarios.

La sala de lo penal del Supremo explica, en su rechazo a la mayor parte de los recursos, que el puñetazo dado con fuerza y por la espalda en la cabeza de la víctima no estaba justificado de ninguna manera por la posible existencia de una pelea previa cuando, además, para entonces el joven estaba siendo expulsado del local y “en estado de embriaguez”.

Dice la sentencia que esta desproporción “es de tal magnitud que el juicio de reproche no puede verse minorado en ningún aspecto. No hay el más mínimo atisbo de justificación del comportamiento del acusado”. La pelea que llevó a la expulsión de la víctima del local, añaden los jueces, “ya había terminado, y ésta era sacada de la discoteca por dos empleados. Se hallaba en estado de embriaguez y el comportamiento del acusado solo se explica por el deseo de dar un escarmiento al alborotador”.

Condena económica para el jefe

El Supremo estima parcialmente el recurso del condenado y rebaja de nueve a siete años su condena de cárcel al entender que el proceso judicial, que arrancó en 2014 cuando ocurrieron los hechos, se ha dilatado demasiado en el tiempo. Pero la sentencia también amplía la responsabilidad civil subsidiaria, como pedía la familia, al entonces jefe del condenado, y no sólo a la empresa que explotaba el negocio de la discoteca.

Los jueces repasan la documentación del caso e incluyen en el relato de hechos probados que el empleador del condenado era el dueño de la empresa y no sólo la empresa en sí misma. No sólo existía un “vínculo laboral” y una “dependencia” sino que “cuando menos directamente se beneficia de las actividades de vigilancia que desarrollaba el acusado en la discoteca” y, finalmente, “le incumbía la gestión de esa entidad que era la que administraba la discoteca”.

Esto implica, a efectos prácticos, que el medio millón de euros de indemnización establecidos por la vía judicial para la familia siguen siendo responsabilidad directa del trabajador condenado pero ahora su jefe también es considerado responsable civil subsidiario junto con la empresa.

Varios vigilantes de una empresa de seguridad privada que trabaja en Metro de Madrid se organizan para identificar y agredir a grafiteros, personas sintecho y con drogadicciones, según informa este miércoles la Cadena SER, que ha tenido acceso a las denuncias. Los trabajadores organizan redadas y patrullas de vigilancia, a pesar de que su objetivo real es que los grafiteros no se cuelen en las instalaciones de Metro y pinten los trenes.

La Policía Nacional está investigando los abusos, según informa la Cadena SER, que también proporciona algunas imágenes de estas agresiones. De momento han identificado a cinco víctimas en los últimos años. También se han recibido denuncias de algunos compañeros de los agresores que corroboran intimidaciones y agresiones en las que fotografían documentos personales, interrogan a las personas a las que retienen antes de que lleguen los agentes policiales y agreden a jóvenes —algunos menores de edad— fuera de las instalaciones del Metro.

La Policía investiga a los trabajadores de la empresa privada por exceder sus funciones identificando a personas y, en algunos casos, agrediéndolas. En realidad, los vigilantes deberían avisar de la presencia de grafiteros a la seguridad de Metro, que a su vez deberá comunicárselo a la Policía Nacional para que actúe.

Las denuncias señalan a dos inspectores el turno de noche, pero se investiga a más vigilantes. Algunas agresiones han sido grabadas por ellos mismos, como la retención de una persona sin hogar a la que le propinan patadas en un parque o la de dos jóvenes menores de edad a los que también identifican y a uno de los cuales le amenazan con darle una bofetada al descubrir que tiene un tren tatuado.

La empresa para la que trabajan los investigados es SEGURISA y los denunciantes aseguran que está al tanto de los hechos. La Cadena SER ha tratado de contactar con esta empresa pero de momento no ha obtenido respuestas.

El Tribunal Supremo ha recordado en una sentencia a la empresa de seguridad privada Securitas que no puede pedir a sus empleados que revelen si tienen o no antecedentes penales. Los jueces de la sala de lo social han confirmado que la empresa no podía solicitar a los trabajadores subrogados que afirmaran por escrito que no habían sido condenados en los últimos cinco años. Recuerda el Supremo que, además, en el momento de obtener la habilitación para ser vigilante de seguridad privada ya se exige la ausencia de determinados antecedentes penales.

Fue el sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada (ASTSP) el que llevó ante la Audiencia Nacional la práctica de Securitas de pedir a los empleados que empezaban a trabajar por subrogación que firmaran un formulario en el que aseguraban no tener antecedentes penales en el último lustro. No se les pedía la certificación del registro de penados, pero sí que revelaran si tenían o no antecedentes penales.

El Tribunal Supremo ha confirmado ahora lo que dijo en un primer momento la Audiencia Nacional: que ninguna Ley permite a Securitas pedir esta información a sus empleados subrogados, aunque nunca hayan despedido a nadie por negarse a rellenarlo. “Las empresas de seguridad no están facultadas para recabar los antecedentes penales de los vigilantes de seguridad”, dice la sentencia.

La sala de lo social explica que el control de estos datos “es materia competencia de la Administración Pública (Ministerio del Interior) y no de la empresa que solo debe comunicar las altas y bajas de sus trabajadores a dicho Ministerio”. En definitiva, dice el Tribunal Supremo, “no hay marco legal que ampare su actuación y no ex necesario para la ejecución del contrato de trabajo”.

No es necesario porque, según recuerda el Tribunal Supremo, el control de los antecedentes penales es algo que se hace previamente por la Administración cuando entrega las habilitaciones profesionales para ejercer como vigilante de seguridad privada. “Es un dato que debe manejar exclusivamente quien tiene competencia para otorgar las habilitaciones en el marco de una convocatoria para obtener esa habilitación que va a permitir ejercer como vigilante de seguridad”, dice la sentencia.

Esto viene reflejado, por ejemplo, en la Ley de Seguridad Privada. Un aspirante, según el artículo 28, debe “carecer de antecedentes penales por delitos dolosos”. Y por eso el Supremo añade que esa exigencia de información de Securitas iba más allá de lo que establece la norma para ese primer filtro: la empresa exigía información sobre cualquier tipo de antecedentes y la Ley sólo de condenas por delitos dolosos. “Al vigilante de seguridad le basta con acreditar estar en posesión de la tarjeta de identidad profesional para poder atender las funciones que con ella pueda desarrollar”, dice el Supremo.

Además, añaden los jueces, se trata de un dato personal protegido que no tiene, en realidad, ningún efecto para su relación laboral con la empresa. Securitas, dice la sentencia, “estaría recabando datos personales que gozan de protección, carente de efecto alguno y colocando al trabajador en una tesitura que afecta a sus derechos fundamentales y que es innecesaria, posición que es más comprometida para el trabajador que lo es de nueva contratación y tiene su habilitación en vigor”.

“Unos intrusos han entrado en el chalet de abajo -dice una voz interior en la cuña de la radio-, ahora mismo llamo para que me instalen una alarma”. Así suenan, chispa más o menos, los anuncios de Securitas Direct, que ya se ha llevado algún toque serio por parte de Autocontrol. Es miedo a granel. Te venden jindama y, a continuación, la alarma. Cave canem. También venden envidia (“Todos los vecinos tienen alarma menos nosotros, Manolo”“) y fakes futuribles (”A ver si, para dos días que nos vamos de vacaciones, nos van a entrar okupas“. Lo dicen como si ello fuera algo habitual, algo que desmienten las cifras del INE. Para hacerse de oro, las empresas de seguridad no necesitan ladrones sino acrecentar nuestra sensación de miedo e inseguridad. ”Están robando en la zona! En el tiempo que usted tarda en leer este mensaje, un ladrón ha podido abrir su puerta convencional. PROTEJA LO QUE USTED MÁS QUIERE“, grita en letras rojas el folleto que sostengo ahora mismo en las manos. Se trata de una cerrajería que hace constar su móvil, pero evita incluir su nombre en el panfleto, lo que me hace pensar que el dibujito del hombre con pasamontañas que ilustra el texto representa al dueño de la empresa más que a un ladronzuelo. 

Lo de los vendedores de alarmas y candados es la parte más tosca y visible de las sofisticadas maneras actuales de dispensar miedo y administrar lentamente la pérdida de derechos y libertades. La salud y la enfermedad, la vida y la muerte son lo más importante y, por ello, un lugar especialmente fértil para sembrar un miedo que venda biblias de vida sana, superalimentos, ejercicios físicos marciales, pildorillas… hasta que, el día menos pensado, mientras te estás comiendo con gula el bocadillo, alguien te suelta que comer trigo es malísimo, prácticamente mortal. Aunque no seas celiaca, escupe, ¡puaf!, caca. Lo ha dicho el chamán de turno. “De algo hay que morir”, respondo, sacudiéndome las migajas de la pechera. Donde dicen “trigo”, mañana dirán “leche”, “altramuces” o “garbanzos de Fuentesaúco”.

Me pregunto hasta qué punto es bueno que un centro sanitario tenga el objetivo de ser rentable, y qué posibles repercusiones puede conllevar en la gestión del miedo pasar de tratar pacientes a tener clientes.

La pandemia, y la situación de estrés en la que ha puesto a la sanidad pública, ya de antes asediada por distintos flancos, ha sido un nicho de mercado fabuloso para la sanidad privada. Solo en televisión, la publicidad de seguros médicos privados se multiplicó casi por cinco con la llegada del coronavirus, según la Sociedad Española de Anunciantes. En torno al hospital privado que hay en mi barrio han crecido anexos, laboratorios, centros de diagnóstico o de fisioterapia, cafés…, en una especie de complejo hospitalario repentino. Por la calle transitan, con verdadera agitación, gentes con muestras, sobres, bolsas de farmacia. En la serie New Amsterdam, el nuevo director médico del hospital se ventila a todo el equipo de cirugía cardiaca porque están anteponiendo la facturación (y con ella, operaciones a corazón abierto que eran prescindibles) a los cuidados. Esta escena de ficción hace que me pregunte hasta qué punto es bueno, incluso para los propios asegurados, que un centro sanitario tenga el objetivo de ser rentable, y qué posibles repercusiones puede conllevar en la gestión del miedo pasar de tratar pacientes a tener clientes. La deontología profesional, en este caso, tiene que vérselas a caraperro con el capital.

“¿Sabes que tienes puntos negros en la zona T?”, me informa. Suelta la pinza de las cejas y me planta la luz blanca y un espejo de aumento en las narices. Vistos así, no son puntos, son agujeros negros. Aunque rechazo la oferta de limpieza de cutis (no tengo previsto que nadie, ni yo misma, me escrute la napia con tanto ahínco), continúa comentándome la diferencia entre el bótox y el ácido hialurónico. Me aclara que ciertos “retoquitos” no son cosas para viejas, que es el momento perfecto para comenzar y que, incluso, ya voy tarde… El tratamiento, sin lugar a dudas, realzaría estos labios míos, que son una puñalaíta en un cartón (y a mucha honra) y borraría los signos de la edad. Yo, que había entrado al centro de estética cejuda pero carilucia, salgo con la sensación de tener el careto de una bruja. El miedo a perder la belleza y la juventud es el gran negocio. Su público objetivo somos las mujeres (sin belleza y lozanía pareciera que no nos merecemos nuestro nombre), pero se amplía cada vez más a los hombres. Es de nuevo miedo al contacto con la vida y su materia orgánica: más que cuidarnos, luchamos contra nosotros mismos. De nuevo ejercicios marciales, no porque sean divertidos, no por jugar, no por dar rienda a la vitalidad: son reventaderos y sacrificios contra el pánico.

Mientras tanto, el verdadero tío del saco, el verdadero coco que asoma en todas las nanas, campa a sus anchas por dentro y por fuera de cada cual. Que se lo digan si no a Carl Gustav Jung. El miedo y sus parches es inversamente proporcional a la verdadera libertad. Lo peor de esta condena –añadiría la poeta Isabel Escudero, y así lo canta, hasta que nos lo aprendamos, Rocío Márquez- es cogerle el gusto a las cadenas.