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Los dueños de Prosegur rompen sus negocios con el aristócrata y gestor cinegético Pedro de Borbón

Pedro López Quesada junto a su cuñado, Pedro de Borbón, en el funeral del Infante Carlos de Borbón. Foto: GTRES

Antonio M. Vélez

14 de diciembre de 2020 22:25 h

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La familia Revoredo, una de las mayores fortunas españolas y principales accionistas de Prosegur, acaba de aflorar su ruptura con el aristócrata Pedro de Borbón, ingeniero agrícola y terrateniente que, además de las fincas familiares, gestiona bienes rurales de otros propietarios.

En 2012, por las mismas fechas en las que Pedro de Borbón se acogió junto a varios miembros de su familia a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro, el duque de Calabria fue nombrado apoderado en varias sociedades de los dueños del gigante español de la seguridad privada, propietarios de casi el 60% de Prosegur. La relación ha tocado a su fin hace tiempo, según explica el aristócrata a elDiario.es, si bien esa ruptura no ha salido a la luz hasta ahora en los registros públicos.

De acuerdo con el Registro Mercantil, el pasado 26 de noviembre se inscribió la revocación de los poderes que tenía otorgados el aristócrata en dos de esas sociedades de los dueños de Prosegur: Gubel SL, la principal sociedad patrimonial de los Revoredo, con la que canalizan una participación del 55,881% en el grupo de seguridad privada, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); e Hispaninver SL, propiedad al 100% de Gubel.

Preguntado por este asunto, Pedro Juan de Borbón señala que la ruptura viene de atrás y se remonta al fallecimiento, en octubre de 2015, de su padre, Carlos de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, infante de España, príncipe de las Dos Sicilias, duque de Calabria, conde de Caserta, jefe de la Casa de Borbón-Dos Sicilias y primo directo del rey emérito, Juan Carlos I de Borbón.

“Ya no colaboro con la familia Gut Revoredo”, explica el aristócrata. “En el 2015, cuando murió mi padre, acordé que en un año dejaría de trabajar definitivamente con ellos. Así pues, desde el 2016 ya no tengo ninguna relación con estas sociedades”, asegura. “Mantengo por supuesto una muy buena relación de amigos”, añade.

Una reciente investigación del diario El Mundo situaba a los De Borbón-Dos Sicilias entre los grandes propietarios de cotos de caza de España, con 6.151 hectáreas de fincas en las provincias de Cuenca, Ciudad Real, Teruel y Castellón. A los Revoredo les atribuía por su parte un total de 10.296 hectáreas en las provincias de Ciudad Real y Cuenca.

En Ciudad Real, en las localidades de Almodóvar del Campo y Abenójar, diversas sociedades de la familia tienen las fincas rústicas Las Ventosillas, La Romera, San Enrique, Arroyo de la Virgen, Cañas Viejas y el Tocón; y en Cuenca (Salvacanete) cuentan con las fincas rústicas Torrefuerte, Masegosillo y La Peraleja. En casi todas esas sociedades figura o ha figurado como apoderado Pedro de Borbón.

Pese a que, según su versión, la relación profesional se rompió hace ya cuatro años, el aristócrata todavía aparece como apoderado en dos sociedades de los Revoredo. Se trata de Agrocinegética San Huberto SL y de Prorevosa, que en los registros de la CNMV figura como dueña del 0,038% de Prosegur y que también pertenece a Gubel.

La accionista de control de esta última empresa (56%) es la matriarca del clan Revoredo, la multimillonaria de origen argentino Helena Revoredo, presidenta de Prosegur y miembro del patronato de la Fundación Princesa de Asturias. Sus hijos Christian (primer ejecutivo del grupo de seguridad privada), Chantal, Bárbara y Germán se reparten el resto de Gubel, con paquetes del 11% para cada uno.

Juan Pedro de Borbón no es la única persona cercana a la Casa Real que ha ocupado cargos en empresas patrimoniales de los Revoredo. Otro ejemplo es Jaime López Ibor, vinculado a la banca privada y que en el pasado desempeñó cargos en sociedades de la familia como Gubel, Prorevosa, Proactinmo SL o su sicav, Romercapital.

Sobrino del empresario Alberto Alcocer, cercano al emérito, Jaime López Ibor se encargó junto a Beltrán Gómez Acebo y Borbón (sobrino de Juan Carlos I) de comercializar el complejo inmobiliario Valdecañas, la Marbella extremeña en zona protegida que declaró ilegal el Tribunal Supremo en la que tienen villas de lujo algunas grandes fortunas españolas, y que salvó del derribo el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura el pasado verano.

Amnistía fiscal y subvenciones

Pedro de Borbón es el primero en la línea sucesoria al trono español tras los descendientes de Juan Carlos I y es el jefe de la Casa Borbón-Dos Sicilias desde el fallecimiento de su padre. Casado desde 2001 con Sofía Landaluce, gestiona la explotación cinegética y agrícola de La Toledana, la finca familiar en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real), además de la Dehesa de la Higuera y El Crespo, que administra junto a su suegro, José Manuel Landaluce.

Hasta 2006, el aristócrata figuró como administrador de Perdicampo SL, una de las empresas del empresario vasco Patxi Garmendia, considerado el mayor criador de perdices del mundo, amigo personal y compañero de caza del rey emérito y detenido en 2012 en la Operación Emperador contra el blanqueo de capitales.

En junio de 2016, la investigación de Los Papeles de la Castellana reveló que Pedro de Borbón regularizó junto a su hermana, su padre y su abuela, la infanta de España Alicia de Borbón Parma, cuatro millones de euros que ocultaban en Suiza gracias a la amnistía fiscal de 2012. La mayor parte del dinero regularizado estaba en manos de su abuela (2,36 millones) y su padre (1,281 millones), mientras que él y su hermana afloraron 177.735 euros cada uno. Su cuñado, Pedro López Quesada Fernández-Urrutia (íntimo amigo del Rey Felipe), también legalizó junto a su familia otro millón de euros aprovechando la amnistía.

En enero, elDiario.es cifró en más de un millón de euros las subvenciones cobradas por empresas de Pedro de Borbón desde 2016 hasta entonces. Entre ellas, Polmar 2009, que tiene como administrador único al asesor fiscal Domingo Plazas, presunto testaferro de Rodrigo Rato. El aristócrata fue uno de los beneficiarios de la amnistía que ha cobrado ayudas públicas en los últimos años, junto a otros como los hermanos Gallardo (dueños de los laboratorios Almirall) o la esposa del excomisario europeo Miguel Arias Cañete.

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