El exedil marbellí Carlos Fernández, que se entregó la semana pasada en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras casi 20 años huido, ha sido condenado a una multa de 4.095 euros en el caso Saqueo II al Ayuntamiento de Marbella (Málaga) tras haber alcanzado un pacto con la Fiscalía a cambio de reconocer los hechos.

En la vista celebrada este miércoles ante la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, el Ayuntamiento de Marbella le ha reclamado además el pago de 258.678,31 euros en concepto de responsabilidad civil, petición con la que también se ha conformado.

Tras leer la secretaria del tribunal las peticiones de las dos acusaciones en este procedimiento, el presidente de la Sala ha preguntado al acusado si se consideraba autor de los hechos, calificados por la Fiscalía como delitos de malversación de caudales públicos y de falsedad documental continuada.

Carlos Fernández ha respondido con un escueto “sí”, tras lo que el presidente del tribunal le ha preguntado si aceptaba las penas que habían pedido las acusaciones, a lo que el exedil ha señalado: “Las acepto”.

Acuerdo con la Fiscalía

Acto seguido, las partes han renunciado a la necesidad de celebrar el juicio y, tras asegurarse que la sentencia no sería recurrida por ninguna de ellas, el presidente ha anunciado al acusado que en consecuencia se le condenaba a las penas solicitadas.

De este modo, el exconcejal marbellí ha ratificado el acuerdo alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción, que en principio pedía para él un año y medio de cárcel por el delito de malversación y tres meses de prisión por el de falsedad continuada en documento mercantil.

Penas que ha rebajado a una multa de tres años con una cuota diaria de tres euros para el primer delito, y sendas multas de seis meses y tres meses con una cuota diaria cada una de tres euros diarios, que suman en total 4.050.

El caso Saqueo II abarca las irregularidades en la gestión municipal de Marbella entre 1991 y 1999 y, en concreto, el desvío de unos 70 millones de euros del consistorio a través de empresas públicas y privadas con dádivas a los concejales, así como un fraude a la Seguridad Social de 91 millones.

En un limbo jurídico en Argentina

Por el caso Saqueo II, la Audiencia Nacional condenó en 2013 a seis años de prisión al exalcalde de Marbella Julián Muñoz, ya fallecido, y al exasesor urbanístico del ayuntamiento Juan Antonio Roca por malversación de caudales.

Tras casi 20 años huido, Carlos Fernández acordó su entrega pactada con la Fiscalía en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde llegó el pasado 29 de octubre procedente de Argentina, país en el que ha residido en los últimos años.

En el auto en el que le dejó en libertad, la Sala recordaba que pidió su extradición a Argentina tras su detención en ese país en 2017, que, sin embargo, fue denegada por la Corte Suprema argentina en 2022.

Esta decisión dejó a Carlos Fernández en un limbo jurídico en Argentina, donde no tenía documentación que justificara su estancia, por lo que finalmente decidió pactar su entrega a cambio de no ir a prisión, según explicaron a EFE fuentes jurídicas.

Fugado desde 2006

Llevaba fugado desde 2006, cuando escapó al iniciarse la segunda fase de la Operación Malaya, después de asegurar por teléfono que estaba en Galicia haciendo el Camino de Santiago, pero que regresaba de inmediato si era requerido por la Justicia, aunque esa fue su última llamada y su teléfono móvil no volvió a estar conectado.

Fue concejal de Deportes por el Grupo Independiente Liberal con Jesús Gil de alcalde; después se pasó al Partido Andalucista (PA) y en 2003 suscribió la moción de censura que desbancó de la alcaldía a Julián Muñoz.

Luego formó parte del Gobierno de Marisol Yagüe, como teniente de alcalde y concejal de Turismo, pero fue expulsado por la alcaldesa junto a otro edil tras denuncias sobre la gestión económica de las áreas a su cargo. Dimitió de la Secretaría Local del PA al conocer su condena a dos años de prisión por malversación.

El exconcejal de Marbella (Málaga) Carlos Fernández, que estaba acusado en el caso Malaya y fugado desde 2006, ha sido detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y puesto a disposición de la Audiencia Nacional. A mediodía ha quedado en libertad provisional, informa Europa Press. La Audiencia Nacional lo juzgará el próximo 5 de noviembre por la causa por la que lo reclamaba, el caso 'Saqueo II', aunque todo apunta a una conformidad.

Fernández escapó de la Justicia al iniciarse la segunda fase de la Operación Malaya, y su extradición a España fue denegada por la Corte Suprema de Justicia de Argentina en el año 2022, al considerar que el delito del que se le acusaba había prescrito.

No era solo Malaya. Tal y como desveló en su día marbellaconfidencial.es, Fernández tenía diez causas pendientes ante la Justicia cuando se marchó de España, en 2006, para esconderse en Argentina. Los delitos de los que se le acusaban en cuatro juzgados de Marbella eran malversación de caudales públicos, prevaricación, contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística (delitos urbanísticos), fraude y falsedad. Cuando huyó ya había sido condenado por un jurado popular por delito de malversación en el “caso jugadores”, lo que le llevó a renunciar a su acta de concejal en 2005.

Pero su gran causa pendiente, la que amenazaba su libertad, era Malaya. Fernández huyó en julio de 2006, cuando fue llamado por el juez instructor Miguel Ángel Torres, que se quedó esperándole. La Policía fue a su casa y allí le dijeron que no estaba. Alegó que estaba recorriendo el Camino de Santiago y se le perdió la pista en León. Pocos días después estaba en Buenos Aires, donde ha residido durante casi veinte años. Desde que se entregó a la Policía de ese país, en 2017, a la vista de todos y sin ocultarse.

Su aspiración era dejar pasar el tiempo hasta que se levantasen las acusaciones contra él. Cuando apareció, el Consejo de Ministros remitió seis solicitudes de extradición a Argentina, incluyendo una por una causa ante la Audiencia Nacional, el Caso Saqueo II, en el que se investigaba el desvío de fondos públicos a particulares, por el que fueron condenados Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, entre otros. Los otros casos, ante juzgados de Marbella, apuntaban a la comisión de presuntos delitos contra la ordenación del territorio, cohecho, prevaricación administrativa, fraude en la contratación y falsedad en documento oficial. Pero Fernández se salió con la suya y en la Navidad de 2022 logró que la Corte Suprema de Argentina zanjara la cuestión concluyendo que todos los delitos de los que se le acusaba en España habían prescrito.

En los últimos meses ha tratado de regresar a España en varias ocasiones, pero se encontraba con un obstáculo: cuando iba a subir al avión se le denegaba el pasaje y la Policía lo ponía en tierra. Aún pesaba sobre él una orden de detención internacional, pero cuando comprobaban que la Justicia argentina había declarado la prescripción de sus delitos, volvían a dejarlo libre. Ya era tarde para él: el avión había partido.

Acusado de prevaricación, malversación y cohecho

La huida a Marbella le evitó el mismo destino que para sus compañeros de corporación: la prisión preventiva y, en última instancia, una condena a penas de cárcel. En España afrontaba acusaciones de prevaricación, malversación y cohecho pasivo por recibir presuntamente 150.000 euros de Juan Antonio Roca. Las penas a las que se exponía podían sumar hasta diez años de cárcel. Tras la huida, entre sus compañeros de corporación condenados cundió la idea de que, si pudo llevarla a cabo, fue debido a su condición de confidente en el caso.

Fernández llegó a la política en pleno gilismo, ejerció como concejal del GIL tras las elecciones de 1991, 1995 y 1999, y alcanzó su cima en los años siguientes como teniente de alcalde y líder municipal del PA, una posición que, según confesó el cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, le servía para obtener mordidas más altas que sus compañeros de siglas.

En los 90, con Gil al mando, gestionó el área de Deportes, de cuyo paso da cuenta su condena en el “caso jugadores”. Aunque no formaba parte de su partido, a Fernández se le veía como un cachorro de Gil, la cara amable de su gobierno, con una imagen de gestor cercano y eficaz.

Una fuente política que lo conoció en aquella época desmiente ese talante, y lo describe como el “clásico hijo político de Jesús Gil”: “Autoritario y cínico”. “Su entrada en el PA, una vez le echaron del Gil, fue una compra de un partido que en Marbella estaba en ruinas”. Con los tres concejales que consiguió se convirtió en llave de gobierno.

El post-gilismo acompañó su decadencia. En 2003 formó parte del grupo de ediles que aprobaron la moción de censura contra Julián Muñoz, entregando la alcaldía a Marisol Yagüe, que lo convirtió en segundo teniente de alcalde. Fue su cima, valiéndose del liderazgo del partido del que dependía la gobernabilidad. En septiembre de 2005, la alcaldesa lo expulsó del equipo de gobierno, acusándole de extorsionar a trabajadores municipales para que pagaran una cuota al Partido Andalucista.

Menos de un año después, partió al Camino de Santiago para acabar en Argentina. El último fleco del Caso Malaya regresó este miércoles a España.

“¿Todo el mundo conoce a este señor?”, pregunta Roberto Guisado señalando la imagen que se muestra en el proyector. “Es el presidente del Atleti”; “¿es el que estuvo con la Pantoja?”; “ese es un exalcalde de Marbella”; “ese es un putero”.  

De los 25 alumnos que han asistido a clase a primera hora, solo nueve saben algo de él. Roberto Guisado lleva 18 años enseñando historia a los grupos de bachillerato del mismo instituto público de Marbella. Él sí sabe quién es el señor que aparece en la pizarra. Guisado creció en la Marbella de Jesús Gil y ha sondeado la percepción de sus alumnos sobre el personaje, que en los últimos tiempos está recobrando parte de su popularidad gracias a la viralización de algunos de sus vídeos en Tiktok. 

“Mi percepción es la de un chaval al que le jodió la adolescencia”, recuerda el profesor. “De repente quiso hacer de mi pueblo una ciudad de lujo y hecha solo para la gente de fuera”, añade. El profesor ha comprobado cómo el recuerdo del exalcalde de Marbella se ha ido difuminando entre la memoria de sus alumnos generación tras generación. 

Todos ellos están rozando la mayoría de edad. Nacieron en 2007, un año después de que el Gobierno central dictara la disolución del Ayuntamiento de Marbella tras el estallido del Caso Malaya. Fue una medida sin precedentes en la historia democrática del país, al igual que la trama de corrupción urbanística municipal que la provocó. 

La investigación del caso terminó con 95 detenciones y un reguero de políticos, empresarios y funcionarios públicos acusados de cohecho, malversación, blanqueo de capitales y prevaricación. El Caso Malaya explotó en 2006, cuatro años después de la dimisión de Jesús Gil, pero antes, en 2002, Gil ya había sido condenado a 28 años de inhabilitación por el Caso Camisetas. La trama desvió fondos públicos del Ayuntamiento para financiar al Atlético de Madrid, club del que Gil era presidente.

La historia política reciente de Marbella está marcada por la corrupción y la irregularidad, pero el recuerdo que ha trascendido entre muchos jóvenes es mucho más simple. “A mí lo que me ha llegado es que bueno, era un ladrón, pero salvó a Marbella de la pobreza en la que estaba”, afirma uno de los alumnos de Roberto Guisado. 

“Ladrón, pero buen tío”

No es el único que ha escuchado esta versión: “Él le dio nombre a Marbella, damos muy buena imagen, ¿no? Sol, playa, Puerto Banús. Al turista le gusta”, añade un compañero. Como ellos, muchos usuarios de TikTok ensalzan la figura de Jesús Gil como el salvador de Marbella.

“El hombre más íntegro que ha dado España”, comenta un usuario bajo el nombre de @Spartan en un vídeo en el que el exalcalde recuerda cómo decidió presentarse a las elecciones municipales para “proteger su propio patrimonio”, y de paso, el de los demás. 

El clip tiene 192 comentarios, muchos de ellos son jóvenes que extrañan a “El Patrón”, aunque no llegaran a conocerlo. Lo definen como un político “íntegro”, “honesto” y “claro”.

Planos cerrados, canciones rítmicas e intensas y zooms hipnotizantes. La síntesis de la “extravagancia” del político y la edición al más puro estilo Los Soprano son la combinación perfecta para encajar el discurso de Gil en el popular “cualquier tiempo pasado fue mejor”. 

En los comentarios, los usuarios adaptan las declaraciones del político a las narrativas actuales de la derecha. La mayoría tiene algo en común: aclaman la “claridad” y la “valentía” con la que el exalcalde cruzaba las líneas de lo correcto. “Te puede gustar o no, pero te decía las cosas como eran. Ahora cualquier político de cada diez palabras, nueve son mentira”, comenta @eduardo438. 

Los clips de Gil se incrustan también en el discurso xenófobo. “Es la ley de la subsistencia, o ellos con los que mandan o nosotros que queremos que esto cambie. La disyuntiva es simple: o ellos o nosotros”, explica el político bajo un texto que reza: “Jesús Gil ya predijo lo que pasaría en España con la inmigración masiva”. 

No es el único fragmento que se ha viralizado dentro de esta narrativa. En otro video con 389.000 visitas cuenta el castigo que le gustaría dar a un extranjero que robó una joyería: “Yo le diría a mi gente, debéis procurar que no venga andando la próxima vez… Pero no lo puedo decir, hay que presumir de demócrata”, concluye.

La Marbella de Gil

El peso de la opinión pública en la política del exalcalde fue determinante para consolidar su mandato. “El populismo del Gil supo capitalizar muy bien la idiosincrasia del pueblo de Marbella, donde había una población que nunca se ha sentido autóctona”, cuenta Javier de Luis. Es miembro de Ecologistas Malaka y desde los años 90 ha estado al frente de la lucha contra la explotación urbanística irregular del Ayuntamiento de Marbella.

Roberto Guisado recuerda bien la entrada de Gil a la política marbellí: “Los 90 fueron años muy duros, de cierta decadencia y llegó este señor muy mediático, presidente del Atlético de Madrid, con la promesa de cambiarlo todo y la idea de que si tú eres un empresario de éxito, también vas a ser un político de éxito”.

“Él fue muy hábil porque empezó como todos los populismos: le daba casas a los pobres, se fue al Palacio de Congresos a regalar jamones… y detrás había una política urbanística brutal”, cuenta Javier de Luis.

Si alguien vivió en su propia piel el poder de convicción del alcalde ese fue el juez Santiago Torres: “Recuerdo estar tomando declaraciones a los concejales que quedaban mientras a las puertas del juzgado había unas 5.000 personas gritando «Torres, cabrón, irás al paredón»”. Santiago Torres fue el juez encargado de instruir el Caso Camisetas que condenó a 28 años de cárcel a Jesús Gil.

“Era un hombre mucho más inteligente que cualquiera de sus predecesores y supo cómo hacer riqueza en Marbella. Los estómagos son agradecidos”, explica Torres. Gil se hizo cargo de la alcaldía en 1991 al frente del Grupo Independiente Liberal (GIL), con una mayoría absoluta del 65% de los votos emitidos. Su mayoría se repitió en los comicios de 1995 y 1999.

Javier de Luis apunta que la naturaleza de Marbella como ciudad receptora de extranjeros y trabajadores de localidades vecinas hace que exista una desvinculación política de los residentes: “La mitad de la gente son familias que se interesan por la política de sus pueblos y ni siquiera votan aquí”.

La distancia entre la población residente y la participación electoral es un factor que se ha mantenido más allá de los años de Gil. En los últimos cinco comicios municipales, de media participó un 35,7% de la población. “Además de los que emigraron de otros pueblos, hay que contar con los extranjeros que viven en urbanizaciones y muchas veces apenas hablan español”, añade Javier de Luis.

El rastro de cemento

“Gil hizo que mucha gente se enriqueciera con el urbanismo, convirtió a Marbella en el único punto de Europa occidental en el que blanquear dinero salía rentable”, cuenta el juez Santiago Torres. Tras la primera victoria en 1991 comenzó la remodelación del municipio. 

Entre 1995 y 2006, Ecologistas en Acción presentó en sede administrativa y judicial más de 300 denuncias por delitos contra la ordenación del territorio.“Él se inventó una ciudad encima de otra, la superpuso”, cuenta Javier de Luis. En el primer pleno del Ayuntamiento a cargo del GIL se aprobó la realización de una revisión del PGOU, proponiendo un aumento del suelo urbanizable hasta el 65% del total del suelo municipal.

El gilismo dejó tras de sí 38.439 viviendas ilegales. El documento de aprobación inicial del PGOU de 2010 cuantificaba 1009 licencias concedidas entre 1991 y 2006 “no ajustadas a planeamiento”. La mayor parte de las licencias se anularon a partir de 2004, tras la impugnación de la Junta de Andalucía. 

Los estragos de la corrupción urbanística es un problema que Marbella, con el gobierno de Ángeles Muñoz (PP) al frente, sigue arrastrando. El volumen de edificaciones ilegales que persiste es tal que el ayuntamiento no tendría capacidad económica para restablecer la legalidad y resarcir a los propietarios de buena fe.

“Gil no está muerto”

Esta no es la única herencia que el exalcalde dejó en la ciudad. “Gil se fue, pero el gilismo sigue en Marbella, sus herederos han consolidado su manera de actuar”, comenta Santiago Torres. “Estaba creando una manera de entender la política, una propuesta antiintelectual y en la que todos los problemas tenían una solución fácil, es algo que ahora vemos todo el rato en figuras como Trump ”, añade Roberto Guisado.  

Hay algunos que llevan la metáfora de la supervivencia del político un poco más allá. “Está vivo, en Punta Cana”, comenta @Astrick en TikTok. Es uno de los que mantienen viva la leyenda de que Jesús Gil fingió su muerte para evitar ingresar en prisión (otra vez), tras la condena por el Caso Camisetas. 

Para los alumnos de Roberto, Jesús Gil es un personaje del imaginario popular. Los que lo conocen, puede que se lo hayan encontrado en TikTok, pueden haberlo visto en un Roleplay de GTA o pueden haber oído a sus padres hablar de él. Hasta los que no levantaron la mano cuando Roberto Guisado preguntó por él, llevan su sombra pegada al DNI. 

–Guisado: ¿Y qué os suelen decir cuando viajáis y decís que sois de Marbella?

–Un alumno: ¡Que tenemos dinero!

Seis años después de dar un rápido carpetazo a su último intento, el Ayuntamiento de Marbella ha vuelto a la carga para expropiar el polémico edificio de Urbanismo de la calle Alonso Bazán. La pretensión es polémica y se ha llevado a los tribunales porque presenta múltiples aristas: la propia conveniencia de llevarla a cabo, las estrecheces presupuestarias del Consistorio, el precio a pagar, la historia del edificio y, por encima de todas, su propietario, una entidad vinculada al alcalde de Estepona, un promotor y un fugado descendiente de un destacado nazi.

Nuevos Aires 2002, S.L. es la mercantil titular de la planta baja, las plantas 4ª, 5ª, 6ª y ático (destinadas a oficinas), y cuatro niveles de sótano bajo rasante distribuidos en 38 plazas de aparcamiento. El Ayuntamiento quiere expropiarle todo eso menos un local y 12 plazas de garaje (que Nuevos Aires ya alquila a un concesionario con opción de compra), y lo valora en 5.165.000 euros.

La potencial expropiada es una entidad constituida en 2001 por José María García Urbano (alcalde de Estepona -PP-), el constructor Bonifacio Solís (donde está empleado el hijo del alcalde) y el abogado Juan Hoffman. El primero era originariamente titular del 18,2% a través de Nogales de María, S.L.; el segundo, del 57,86% a través de Omega 93; y el tercero, del 24,12% en nombre propio, aunque es sabido que actuó en el pasado como testaferro de Juan Antonio Roca y fue condenado en el caso Malaya.

En febrero de 2016, el alcalde presentó una declaración de bienes al Congreso admitiendo que tenía más del 5% de Nuevos Aires 2002 a través de Nogales de María. Desde entonces las cosas han cambiado, dicen los protagonistas. A finales de 2022, el equipo del alcalde dijo a este medio que no era copartícipe en Nuevos Aires 2002. Por esas fechas, Bonifacio Solís dijo que nada había cambiado, pero en septiembre de 2023 aseguró que había adquirido las participaciones de García Urbano hacía “dos o tres años”.

Esta semana, Solís ha reiterado a elDiario.es que se las compró hace tiempo, sin poder precisar si fue hace cuatro, cinco, seis o hasta siete años. “Cuando [García Urbano] entró en política”, replicó, deslizando que fue el propio regidor quien quiso abandonar una entidad que podía ser un quebradero de cabeza para él. García Urbano es alcalde de Estepona desde 2011, pero al menos hasta 2016 seguía participando en Nuevos Aires, o así lo expuso en su declaración de bienes.

Sin embargo, Nuevos Aires sigue teniendo tres socios, y no dos, como sería si Omega 93 (la sociedad de Solís) hubiese adquirido la parte de García Urbano. Así lo reflejan las cuentas anuales de 2023, en poder de este medio, donde se recoge que fueron aprobadas por “dos socios que representan el 79,33% de la sociedad”. Es decir, hay al menos tres socios en Nuevos Aires 2002. Solís (Omega 93), probablemente Hoffmann y un tercero misterioso que hasta 2016 fue García Urbano. Muchos piensan que sigue siendo él.

El alcalde oculta su declaración de bienes

La cuestión de si García Urbano sigue siendo partícipe de Nuevos Aires o no es relevante porque la adquisición del inmueble por el Ayuntamiento de Marbella es políticamente más sensible si, además de ser propiedad de un fugado de Malaya y un promotor, es también del alcalde vecino.

El PSOE, al anunciar su recurso a los tribunales, lo ha dado por hecho, denunciando que es un capote que la alcaldesa echa a su compañero de partido: “Es una gran cantidad de dinero que la señora Muñoz va a entregar a su compañero del PP en Estepona para hacerle un favor”. A pesar de haber sido señalado públicamente en la nota de prensa de los socialistas de Marbella, García Urbano no ha replicado.

El problema es que no hay forma documental de verificar esto. Entre otros motivos, porque García Urbano se niega a hacer pública su declaración de bienes, como exige la ley, y tampoco deposita las cuentas de Nogales de María.

Sin embargo, sí lo hace Nuevos Aires, y ahí se ve que, si es cierto que el alcalde vendió sus participaciones a Solís, tuvo que ser a alguien diferente a Omega 93, porque sigue habiendo (al menos) tres socios. Expertos en este tipo de operaciones explican que lo normal sería comprarlas con esa misma empresa. Sin embargo, aunque sería inusual tampoco se puede descartar que Solís las haya adquirido con otra sociedad, y ese fuese el tercer socio misterioso. El promotor no ha aclarado este extremo.

La promotora que fichó al hijo del alcalde

Solís, socio en Nuevos Aires y amigo de García Urbano, ha liderado bajo su propio nombre una de las promotoras más boyantes de la Costa del Sol en los últimos años, con una facturación que en 2021 superó los 125 millones de euros. Es la responsable, por ejemplo, de la lustrosa torre del Mirador del Carmen, la obra pública más cara acometida nunca por el consistorio esteponero: 16,3 millones de euros tras un modificado de 1,8 millones al alza para adaptar la sala de exposiciones. También del estadio de atletismo (9,5 millones) o del orquidiario más grande de Europa (2,3), ambas en Estepona.

Es la principal adjudicataria de obra pública en Estepona. En 2018, el PSOE local pidió explicaciones por la adjudicación de obra pública a Solís y el regidor anunció querella, que nunca interpuso. En alguna ocasión Solís ha subrayado que, pese a estos contratos, la obra privada supone el 95% de su negocio, “que nadie nos regala”. El pasado verano, la constructora fichó como jefe de operaciones a uno de los hijos del alcalde, que hasta entonces ejercía de concejal.

En diciembre de 2022, este medio reveló que Omega 93, la sociedad con la que Solís figura en Nuevos Aires, adquirió varios locales municipales en pleno verano por una cuarta parte de su valor, tras una subasta desierta con diversas anomalías. Tras una somera investigación, Fiscalía archivó el asunto.

Hoffmann, condenado y con antecedentes familiares

El tercer socio es la figura conocida pero ausente. Juan Hoffmann es abogado, fue condenado a cinco años de prisión por actuar como testaferro del cerebro de la Operación Malaya y huyó. En 2001 suscribió el 24,12% de las participaciones de Nuevos Aires, pero en algún momento vendió a alguno de los otros dos, y se quedó con el 20,69%. De ahí, que las cuentas anuales reflejen la aprobación “por dos socios que representan el 79,33% de la sociedad”.

Como el resto de su patrimonio conocido, esas participaciones fueron puestas a la venta por la Audiencia Provincial de Málaga para saldar 17 millones de euros de multa y responsabilidad tras la condena por la Operación Malaya. Así constaba en la web expresamente dedicada a ello. La Audiencia pedía 1,6 millones por el 20,69% del capital de Nuevos Aires.

Sin embargo, en febrero ese órgano aseguró a este medio que las penas de multa habían prescrito el 14 de julio 2021, y que las participaciones de Nuevos Aires seguían anunciadas a la venta “por error”. Las acciones no se habrían vendido y Hoffman habría pagado, en total, 237.000 euros de su responsabilidad con las arcas públicas de Marbella.

Este medio ha preguntado al Ayuntamiento de Marbella si va a comunicar a la Audiencia Provincial que se dispone a pagar 5,1 millones de euros a una sociedad en la que un fugado, que ha saldado una ínfima parte de una deuda millonaria con el propio municipio, mantiene acciones valoradas en 1,6 millones de euros. El Ayuntamiento no ha contestado.

Juan Hoffmann es hijo de Hans Hoffmann, cariñosamente conocido como Juanito, un agente nazi que encontró refugio en la Costa del Sol, nada menos que como cónsul honorario de Alemania en Málaga, cargo desde el que fue pionero en aprovechar el potencial inmobiliario de la Costa del Sol. También impulsó la Residencia Hispano Alemana de Ojén, a la que García Urbano lleva tiempo vinculado, ahora como patrono.

Hoffmann (padre) dio su nombre al colegio y a una plaza en Ojén hasta 2018. Figuraba como “peligroso agente de la Gestapo” en una lista de 104 nazis reclamados por los aliados y cobijados en España, tal y como se relata en el libro Nazis en la Costa del Sol. De él se dice que sirvió de traductor a la Legión Condor en España y que fue muy cercano a Agustín Muñoz Grandes, al frente de la División Azul, llegando a ejercer de intérprete de este ante Hitler.

Otras conexiones con el Ayuntamiento de Estepona

Nuevos Aires es la sociedad con la que García Urbano, Solís y Hoffmann vehicularon la propiedad del polémico edificio que ahora quiere comprar el Ayuntamiento, uno de los primeros en ser precintados por la comisión gestora en 2006, tal y como recordaba en su día Marbella Confidencial. Su capital social suscrito es de 6.011.000 euros, y se concentra en su práctica totalidad en el inmueble. Un valor muy similar al dado ahora por el Consistorio marbellí de cara a su expropiación. Su actual administradora es una de las hijas de Bonifacio Solís.

La conexión de Nuevos Aires con García Urbano y su equipo viene también porque Ana Velasco, su concejala de mayor confianza, fue administradora única de Nuevos Aires hasta 2011, cuando fue sustituida por Antonio Zarco, su marido hasta hace poco. Fue ella quien, ya como concejala en 2022, presidió la mesa de la subasta que culminó con la compra a bajo precio de los locales del ayuntamiento por parte de Omega 93, uno de los tres socios de Nuevos Aires, la mercantil que ella administró hasta 2011.

El Ayuntamiento de Marbella quiere quedarse en propiedad con todo el edificio cuyas primeras plantas ya usa su delegación de Urbanismo. Hasta aquí, nada fuera de lo común: un Consistorio tratando de hacerse con un inmueble privado y justificándolo por sus necesidades de servicio.

Sin embargo, el inmueble, el precio a pagar y su propietario no son cualquiera: el inmueble, sito en la calle Alonso Bazán, es uno de los cientos de edificios ilegales levantados durante el mandato de Jesús Gil. Es propiedad de Nuevos Aires 2002, S.L., una mercantil constituida por José María García Urbano (alcalde de Estepona -PP-), Bonifacio Solís (un constructor habitual en las grandes obras públicas de Marbella y Estepona) y Juan Hoffman, testaferro de Juan Antonio Roca, condenado en el caso Malaya y huido desde entonces. Marbella quiere pagar 5,1 millones para quedarse con la práctica totalidad del edificio.

La pretensión del Ayuntamiento marbellí liderado por Ángeles Muñoz (PP) no es nueva, pero cada vez que amagaba con ejecutarla la oposición criticaba que se trataba de una compra para hacer un “favor” a un constructor que había logrado la adjudicación de importantes obras públicas (tanto en Estepona como en Marbella), a un alcalde vecino del mismo partido y a un condenado por el caso de corrupción más simbólico de la España del pelotazo. Y el Consistorio acababa echando el freno. Así ocurrió en 2018.

5.165.000 euros en cuatro plazos

Ahora, el Ayuntamiento marbellí ha llegado más lejos que nunca y está decidido a completar la expropiación. El 4 de diciembre aprobó la valoración del edificio: 5.165.000 euros, a pagar en cuatro plazos, por un local en la planta baja, las plantas 4ª, 5ª, 6ª y ático (destinadas a oficinas), y cuatro niveles de sótano bajo rasante distribuidos en 26 plazas de aparcamiento. Sólo dejaría fuera de la compra unos aparcamientos y un local que Nuevos Aires arrienda a un concesionario.

Después, prevé gastar 1,1 millones de euros para adaptarlo. En total, una inversión de casi 6,3 millones de euros. El Ayuntamiento arrastra una deuda de 284 millones, de los que amortiza unos siete al año.

Según el gobierno de Ángeles Muñoz, la compra mejorará el servicio público al ciudadano con la instalación de oficinas a pie de calle, y evitará tener que compaginar el uso público con otros privados que pudieran llegar a ser “perjudiciales”. Todo el expediente se ha tramitado desde agosto, cuando se expuso a alegaciones.

Tras ver cómo se rechazaban sus reparos por el Consistorio, el grupo municipal socialista ha llevado el asunto ante un juzgado, que lo va a revisar. “Carece de interés público, que es la primera premisa para llevar a cabo una expropiación. El Ayuntamiento no puede expropiar lo que quiera”, denuncia Adrián Jiménez, responsable de Urbanismo de los socialistas en Marbella.

“Hacer un favor”

Decir que algo carece de utilidad pública es otra forma de sugerir que la operación tendría otras motivaciones. De hecho, las dudas que la ponían en solfa en 2018 siguen sin despejar. ¿A quién beneficia esta operación? ¿Al Consistorio o a Nuevos Aires 2002?

“Es una gran cantidad de dinero que la señora Muñoz va a entregar a su compañero del PP en Estepona para hacerle un favor”, advertían los socialistas cuando anunciaron su recurso, entreviendo una especie de rescate: el inmueble arrastra una historia que limitaría enormemente sus posibilidades de venta, y la expropiación solventaría el apuro.

En su día, una sentencia ordenó su demolición por haberse construido de manera abiertamente ilegal. Sin embargo, el PGOU de 2010 lo salvó (como a muchos otros) de la purga, imponiendo como contraprestación la cesión de varias plantas al Ayuntamiento, que ya las ocupa desde hace años y pagó 200.000 euros a Nuevos Aires, según desveló en su día Marbella Confidencial. En 2015 el Tribunal Supremo anuló el PGOU de 2010, subrayando que no podía servir para amnistiar los cientos de inmuebles irregulares de Marbella, pero el edificio de Urbanismo ya estaba salvado, porque el Consistorio había logrado la inejecución de la sentencia que ordenaba la demolición.

Sin embargo, seguía arrastrando una losa urbanística. “A efectos jurídicos, sigue fuera de ordenación”, dice Jiménez, que explica que esta situación cambiaría si se transforma en equipamiento público vía expropiación. De ahí que los socialistas hablen de “un favor al expropiado”, porque en el mercado privado tendría mala venta y no podría alcanzar el precio que Marbella sí está dispuesta a pagar.

El rastro de García Urbano en la propietaria

Las dudas se acrecientan por la identidad de la expropiada. Nuevos Aires no es cualquier entidad. Cuando esta sociedad se constituyó, en 2001, sus titulares eran García Urbano (un 18,2% a través de Nogales de María, S.L., de la que es socio único), Bonifacio Solís (57,86% a través de Omega 93) y Juan Hoffman (24,12%).

Es imposible saber a ciencia cierta si este sigue siendo el reparto. El Ayuntamiento de Estepona aseguró a este medio en diciembre de 2022 que “Nogales de María no es copartícipe en Nuevos Aires 2002”. Lo mismo dice Solís, sin poder precisar cuándo habría comprado las participaciones de García Urbano. “Hace cinco o seis años”, responde en conversación con este medio. Así, los dos antiguos socios niegan que sigan siéndolo.

Los papeles que se conocen reflejan otra cosa, pero no son recientes. El 4 de febrero de 2016, García Urbano presentó al Congreso una declaración de bienes en la que constaba esa entidad como una de las varias en las que tiene más de un 5% de participaciones de forma indirecta (a través de Nogales de María).

Después, ningún documento oficial recoge la supuesta venta, lo que impide comprobarla fehacientemente. La compraventa de participaciones no se inscribe en el Registro Mercantil. García Urbano oculta la declaración de bienes e intereses que debe presentar como regidor, incumpliendo la Ley de Transparencia. Y las últimas cuentas que Nogales de María depositó en el Registro son las de 2019.

Dudas en la valoración

Si es por Solís, la operación saldrá, aunque ha dejado la decisión en manos de su hija, que ahora gestiona sus sociedades. “En principio se aceptará, pero va a depender mucho de los números. El precio está muy justo muy justo muy justo”, dice. “Pero he dicho que si lo ven oportuno tiren adelante y si no que se pelee. Tengo tasaciones de Tinsa que están por encima, pero a veces hay que salir de los problemas”.

El Consistorio de Ángeles Muñoz está tramitando la expropiación a través de un proyecto de ampliación de servicios públicos destinado a mejorar la eficiencia de las delegaciones de Urbanismo, Industria y Vía Pública concentrándolas en ese inmueble. Lo expuso a alegaciones públicas en pleno agosto. Los socialistas subrayan que concentrar tres servicios en un edificio no tiene por qué mejorar el servicio y denuncian que todo es un subterfugio orientado a “esconder” la adquisición de los inmuebles afectándolos primero como equipamiento público.  

El Ayuntamiento ya rechazó estas alegaciones, que también cuestionaban el precio que el Ayuntamiento está dispuesto a pagar. El Consistorio admite en su respuesta a las alegaciones de los socialistas que “no pondera” la situación urbanística del inmueble (es decir, que está fuera de ordenación), “modificando el criterio de anteriores informes”, pero no explica por qué.  

Los socialistas han pedido al equipo de gobierno que paralice la expropiación mientras el juzgado resuelve, para no comprometer al Ayuntamiento en una responsabilidad con la expropiada si finalmente los tribunales declaran que no es posible llevar a cabo la operación. 

Julián Muñoz fue el aprendiz que se rebela contra el maestro y lo supera sublimando la técnica. Si Jesús Gil patentó un prototipo español de la zafiedad política, Julián Muñoz añadió aún más espectacularidad al cóctel y lo mostró sin rubor, aderezando el populismo con un puñado de ingredientes que marcan el momento que atravesaba el país: ladrillo, bolsas de basura desparramando billetes, el romance con la tonadillera, sobremesas de Telecinco y el show rosa como destilado de los tiempos.

Muñoz, nacido en El Arenal (Ávila) y fallecido este martes a los 76 años de edad en Marbella, acabó convertido en símbolo máximo de todo aquello, no sólo por su participación central en el Caso Malaya y decenas de causas de la corrupción marbellí, sino por la ocupación televisiva del inmenso hueco que dejó la muerte temprana de Jesús Gil.

La huella es aún visible en la ciudad: hay una ristra de mil edificios fuera de la legalidad, una pesada losa económica sobre las cuentas municipales, una deuda económica que los corruptos difícilmente pagarán y una imagen labrada en el imaginario colectivo gracias a la corrupción galopante exhibida sin pudor. Muñoz y su troupe mostraron al país la putrefacción de su ecosistema, alimentada por la combinación de poder, codicia y celos, y la colaboración decisiva de los programas del corazón, proveedores por accidente del servicio público consistente en destapar las alcantarillas.

La televisión no sólo contribuyó a forjar la imagen de la despendolada corrupción marbellí, sino que acabó por marcar los procedimientos judiciales, a rebufo de las barrabasadas que se decían en los platós. Es Maite Zaldívar en Bravo por la tarde (Canal Sur), con Agustín Bravo: “Confirmo que mi relación con Julián Felipe Muñoz Palomo, alcalde de Marbella, está rota. Porque creo, supongo o doy por entendido, que está con otra señora, llamada Isabel Pantoja Martín”. Es Maite Zaldívar, ahora en A tu Lado (Telecinco), despechada por los cuernos: “Es un dinero que había en casa, que él me decía que era normal, que era de unas comisiones de obras. Me lo comentaba cuando venía con las bolsas”. El amor entre la tonadillera más famosa de España y el alcalde de Marbella tuvo una influencia decisiva en el estallido de la gran causa de corrupción de la democracia.

Y la cima de todo esto. Es el cara a cara en Salsa Rosa (Telecinco) entre Jesús Gil y Julián Muñoz. Entraron en conexión simultánea, con la promesa de que el enemigo esperaría turno con el micrófono apagado. Pero la directora subió el volumen, y entre comentarios por lo bajini que todos oían, aquello se calentó hasta acabar en una reyerta para aclarar quién de los dos era más golfo. Julián Muñoz: “Yo he firmado todos los convenios de esta ciudad, que me has mandado tú. Eres un golfo y un mentiroso. ¡,Que me has obligado a firmar todo!”. Jesús Gil: “El golfo eres tú, que has puesto la mano por todos y has convertido tu oficina, el ayuntamiento, lo has convertido en una casa de atracos. Y tú nada más entrar lo primero que pones es la comisión por medio”.

Aquel espectáculo en prime time del sábado puso en alerta (si no lo estaba ya) a la Fiscalía y es el origen de la Operación Malaya. Y pese al trance, Julián Muñoz no escarmentó. Con varias causas ya abiertas y Operación Malaya a punto de estallar, fue capaz de pasar por TVE para comentar su relación con Isabel Pantoja mientras removía unas patatas revolconas.

“Puso Marbella al nivel de Torrente”

“Puso Marbella a nivel de Torrente y el ayuntamiento alcanzó un grado hortera y merdellón incomparable, sin parangón. La de ahora [la alcaldesa Ángeles Muñoz] al menos va de Chanel”, resume la abogada Inmaculada Gálvez, azote del gilismo y el post-gilismo, tanto desde la arena política (fue candidata y luego parlamentaria de Los Verdes) como, principalmente, judicial. De aquellos tiempos recuerda los comentarios machistas de Muñoz en los recesos de los juicios.

Fue Gálvez quien inició la ristra de denuncias por las irregularidades del Hotel Guadalpín, levantado por la constructora Aifos con una licencia de reforma menor y en contra del criterio de seis informes de técnicos municipales. Es el antecedente inmediato de la Operación Malaya. “Nos llamaba al despacho y preguntaba: ”¿Pero qué queréis, qué queréis?“. Yo alucinaba”. Aifos acabó siendo el gran gigante caído (sus dueños han sido durante años los principales deudores -personas físicas- de Hacienda) de la burbuja inmobiliaria en la Costa del Sol y Muñoz fue condenado por la ilegalidad de la licencia, que había concedido justo un día después de que Isabel Pantoja comprase uno de sus apartamentos de lujo pagando todo en efectivo: 353.000 euros.

Aquello fue sonado, pero una más de tantas en las que Gálvez se las vio con Muñoz en los tribunales. Calcula que habrá sido acusación particular en unos 50 juicios contra él; la mitad se celebraron, la otra mitad acabó en sentencia condenatoria después de que él alcanzara un pacto con Fiscalía para reconocer los hechos. En los juzgados ni siquiera saben cuántas condenas tiene, pero se calculan en más de medio centenar.

Por aquel entonces, Muñoz firmaba convenios hasta en los capós de los coches. “Se dio cuenta de que la fuente de financiación personal era la firma de licencias y convenios, y se puso a darlas como un loco. Era su forma de entender la política: recibir prebendas y luego repartir. Eso es lo que le llevó en romería a los juzgados durante tantos años”, rememora Javier de Luis, otro exconcejal y activista ecologista que se las vio con el gilismo desde la primera denuncia por el Caso Camisetas.

El ascenso de Muñoz

Camarero de profesión, Muñoz aterrizó en la política en 1991, y fue ascendiendo hasta convertirse en el más fiel soldado del carismático Jesús Gil. “¿Qué va a pasar ahora si Gil se va? Perdonad, con toda mi modestia lo digo. El próximo alcalde, mi mano derecha: Julián Muñoz. Sabe lo que tenemos que hacer todos”, le presentó en su día. Primero lo sustituye durante su inhabilitación. Y en mayo de 2003, con Gil purgando sus delitos, el delfín saca mayoría absoluta.

Empieza entonces su affaire con la cantante, en la que ella se presta a todo: el show, los negocios. Está en la cresta de la ola. Y es entonces cuando acaba perdiendo las alas por querer volar más alto que su jefe y que el personaje en la sombra que todo lo maneja, Juan Antonio Roca.

Gil ordena a los suyos defenestrarlo a toda costa, y por la moción de censura de agosto de 2004 acabó asomando la pus de un sistema sostenido por la corrupción. Inicialmente, Marisol Yagüe, Gil y compañía intentan negociar con el PP, pero Javier Arenas sube la apuesta, y pide la alcaldía con tres concejales. Y la cuenta falla. Es entonces cuando los rescoldos del gilismo tocan a la puerta del PSOE y el Partido Andalucista en Marbella, a los que atraen a la causa.

Inmaculada Gálvez lo define como el golpe de “las chaneles”. La suerte de Muñoz está echada. Yagüe se hace con la alcaldía y García Marcos acaba siendo pieza clave del post-gilismo y expulsada del PSOE. “García Marcos contaba que Muñoz la llamaba y le decía: ”Te doy el doble de lo que te dé Gil. La moción fue la prostitución de la política“, rememora De Luis.

“Gil creó la escuela con alumnos aventajados como Muñoz”

Fue el principio del lento declive del exalcalde, cuya actitud cambió de un día para otro. Contactó con algunos de sus opositores más duros, se dulcificó. “En el poder era muy prepotente, y se convirtió en alguien afable. Lo sorprendente es que, lejos de reprocharle nada, mucha gente se levantaba de las mesas para abrazarle, besarle, preguntarle. No perdió nunca ese carisma. Nadie le hacía reproches”, subraya De Luis.

El 19 de julio de 2006 fue detenido e ingresó en prisión provisional en el marco de la Operación Malaya y empezó un calvario judicial que le acompañó casi hasta el final. Le condenaron por toda la gama de posibles corrupciones: delitos urbanísticos, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, fraude, contra la ordenación del territorio, cohecho o prevaricación administrativa figuran en sus antecedentes.

En los últimos años, su imagen y su propia vida quedaron marcadas por el cáncer. Por el más de medio centenar de condenas que se le estiman apenas cumplió ocho años de cárcel, parte de ellos con beneficios penitenciarios. “Quiero estar con mis hijas y con mis nietos, nada más. Aspiro a intentar vivir”, replicó en su primer permiso penitenciario, concedido en 2016, tres años después de entrar en la cárcel de Alhaurín de la Torre. Poco después logró el tercer grado por su estado de salud, revocado tras difundirse un vídeo donde se le veía bailando sevillanas. En 2021 obtuvo la libertad condicional.

“Ni la muerte ni la enfermedad nos hacen santos”, resume Gálvez. De Luis ve al personaje cómo síntoma: “Gil creó la escuela, con alumnos aventajados como Muñoz o Yagüe. No estaban al servicio de los ciudadanos, sino a ver cómo se servían de los ciudadanos. Él es la constatación de cómo se puede degradar la política en esta ciudad”.  

El Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga tiene previsto juzgar este lunes a un hombre para el que piden tres años de prisión por llevarse dos cuernos de rinoceronte que el exasesor de Marbella y principal condenado en el caso Malaya, Juan Antonio Roca, tenía como trofeos de caza y poner en su lugar unos de plástico.

Así, se le acusa de los delitos de hurto, contra la fauna en grado de tentativa y de contrabando, según las conclusiones provisionales del ministerio fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press. El comercio de este animal y sus restos importados esta prohibido, aunque el acusado no logró este propósito.

Según el escrito de acusación inicial, en febrero de 2011, el administrador judicial de la empresa Marqués de Velilla, titular de la finca La Caridad de San Pedro Alcántara, en Marbella, encargó al acusado para realizar trabajos de desparasitación y desinfección de los trofeos de caza.

Importados legalmente

Entre esos trofeos estaban dos cuernos de rinoceronte blanco auténticos, montados en una tabla, los cuales habían sido legalmente importados por su titular y amparados por certificados del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de fauna y flora silvestre (Cites) de importación.

Así, supuestamente “con ánimo de ilícito beneficio”, el procesado sustituyó los dos cuernos auténticos “por otros falsos de imitación compuestos de material de plástico”. Esas piezas estaban tasadas pericialmente en 52.000 euros, según apunta el ministerio público en sus conclusiones iniciales.

Destinarlos a la venta

“La pretensión del acusado no era tener los cuernos para sí, sino destinarlos a su venta”, señala el fiscal, ya que este se dedicaba, entre otras actividades, al comercio de restos de animales particularmente cuernos de rinocerontes, “sin que quede acreditado que hay conseguido tal propósito”, apunta.

Así, por el delito de hurto la acusación pública solicita una pena de dos años de prisión; por el delito contra la fauna, pide tres meses de cárcel; y por el de contrabando, un año de prisión y el pago de una multa de 120.000 euros. Asimismo, insta a que indemnice a la empresa con 52.000 euros.

La terminal del sistema de escuchas telefónicas instalada en la Jefatura Superior de la Policía Nacional recogió la llamada del juez al gerente de Urbanismo. Ignorante de la cantidad de oídos al otro lado de la línea, el juez le decía con familiaridad que lo sentía, que se había equivocado en el procedimiento por el que había ordenado la suspensión de un programa de televisión dedicado al patrimonio del citado gerente.

El error, por la tramitación vía querella en lugar de denuncia, le había obligado a archivar y volver a iniciar el procedimiento por la vía correcta, momento aprovechado por la cadena de televisión local, regida por un policía municipal ya fallecido cuyas motivaciones nunca quedaron claras, para volver a emitir el programa en bucle.

Calma. Pronto estaría todo subsanado y el programa suspendido de nuevo. El gerente de Urbanismo no tenía motivos para arrepentirse de haber pagado el día anterior al juez, en metálico y en dos sobres diferentes, los 73.800 euros con los que dicho juez iba a sellar la señal del contrato de compraventa de una casa a la que le había echado el ojo.

Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la serie? No es The wire. Tampoco El pionero. Es la Marbella real de marzo de 2006, días antes de que los espectaculares registros simultáneos ordenados por el juez Miguel Ángel Torres sacaran a la luz la Operación Malaya contra la mafia urbanística marbellí y pusieran fin a quince años de gilismo en la ciudad malagueña. El juez pillado por casualidad en las escuchas del sistema SITEL, tal y como recogería años después la sentencia en firme del Supremo que le condenó, era Francisco Javier de Urquía, titular entonces del juzgado de instrucción número 2 de Marbella. El gerente de Urbanismo: Juan Antonio Roca, cerebro de la mafia marbellí.

Miguel Ángel Torres había ordenado las escuchas a Roca desde que, en el otoño de 2005, oyó su nombre en las conversaciones telefónicas de otra investigación, Ballena Blanca, contra el blanqueo de capitales. No abrió ni registro informático. Utilizó el número de un proceso ya archivado para esquivar los riesgos de una justicia que sabía agujereada. Empezaba la Operación Malaya.

El gilismo había convertido el Ayuntamiento de Marbella en una máquina de hacer dinero pero gracias a un motor de arranque, una primera y engrasada máquina de comprar voluntades, porque el que reparte se queda con la mejor parte. El que no pasaba por ella iba a la otra sección, la trituradora. Abogados, periodistas, jueces, ecologistas que no tragaron con el sistema imperante sufrieron persecución, amenazas, robos en sus domicilios y juzgados y campañas de persecución en el periódico local de distribución gratuita pagado con los impuestos. Y así, junto con el apoyo de la Junta de Andalucía, el Gobierno central y jueces como Pilar Ramírez, la gran archivera de las denuncias contra Gil, suspendida de ejercicio durante cuatro años por el Supremo tras demostrarse que su familia mantenía intereses inmobiliarios en Marbella, lograron quince años en los que el Estado de Derecho pareció dimitido de sus funciones.

Esa máquina de comprar voluntades, aunque estuviera en sus horas de actividad más bajas cuando finalmente se actuó contra el gilismo, quedó al descubierto gracias a dos hallazgos que nada tienen que ver con tigresas, ganaderías, arte ni helicópteros, por espectaculares que quedasen en televisión: los archivos Excel encontrados durante los registros ordenados por Torres en el despacho de Maras Asesores y los documentos manuscritos que contenía el maletín Balenciaga de piel marrón que sujetaba con fuerza Salvador Gardoquí cuando el agente de la UDYCO le dijo que se lo entregara.

Los archivos Excel eran la transcripción informática de los papeles de Gardoquí, misma estructura, mismas siglas, en los que el contable de la trama urbanística iba recogiendo de su puño y letra los ingresos procedentes de promotores inmobiliarios que le iba dictando Roca y su transformación en pagos a concejales del Ayuntamiento a cambio de su voto favorable en proyectos urbanísticos que incumplían el Plan General de Ordenación Urbana vigente. La prueba equivalente, según el propio fiscal de Malaya, Juan Carlos López Caballero, al “puto pendrive” de la Gürtel, según lo denominó Correa.

Dinero para comprar voluntades siempre hubo en Marbella. Cuando el Supremo inhabilitó en 2002 a Jesús Gil por el caso camisetas, el gilismo colocó al frente del municipio a Julián Muñoz. Este no fue, sin embargo, lo dócil que Gil y Roca esperaban. Aconsejado por su entonces pareja Isabel Pantoja, muy bien relacionada con la Junta de Andalucía y quien vio rápidamente que la firma de Muñoz estaba en todas las decisiones comprometidas (Gil se quitaba de en medio cuando había que firmar un papel), pactó con San Telmo una salida a la situación marbellí, con más de 20.000 viviendas ilegales para entonces, a cambio de poner fin a la locura que habían dejado hacía mucho entrar en metástasis.

Y la máquina de comprar voluntades volvió a ponerse en funcionamiento en forma de moción de censura para arrebatarle la alcaldía a Muñoz. Precio: 20 millones de pesetas por cabeza, les dijo Roca en un reservado del Asador Donostiarra de Madrid a los concejales firmantes, huidos durante días de Marbella a la espera del Pleno en el que se consumó el cese de Muñoz. Así lo declararon en el juicio de Malaya, apuntando como financiador de la moción al mayor propietario de suelo de Marbella, el millonario Judah Eleazar Binstock. “¿Les dio mantequita el día de la notaría cuando estuvieron encerrados solos?”, les preguntó Muñoz a los concejales en el Pleno de la moción, enrabietado al ver que lo desbancaban sin darse a tiempo cuenta de que estaba descubriendo el pastel que tan bien conocía por dentro. Entre esos concejales, IGM, según las siglas de los archivos de Maras, que corresponden a Isabel García Marcos, firmante de la moción y quien ha aparecido en el primer capítulo de El pionero completamente amnésica de su participación en la mafia marbellí, su parte en la moción contra Muñoz y su condena en Malaya por aceptar pagos de Roca procedentes del dinero de los promotores.

Playa burbuja, mucho más que Marbella

Cuando, a mediados de 2016, Antonio Delgado y yo decidimos coger la moto, incrustarle una cámara en el guardabarros delantero y recorrer el litoral mediterráneo peninsular para recoger la imagen de cómo había quedado todo tras el estallido de la burbuja, era imposible que imaginásemos la España que íbamos a conocer. Un viaje que fueron dos por todo el litoral y muchos otros para permanecer durante semanas en los lugares que sabíamos que necesitaban un conocimiento a fondo, hasta completar casi dos años de investigación y más de 15.000 kilómetros de carretera. Un viaje que derivó en el libro Playa Burbuja (Datadista, 2018).

Marbella, la zona cero, el municipio protagonista de la Operación Malaya, teórico icono de la lucha contra la corrupción, se eligió sola como una de las historias a las que debíamos dedicar tiempo y esfuerzo. Marbella, el nombre que en la mayor parte de España resuena a turismo de lujo y jet set, a borbones y familia real saudí, blancura y yates nos recibió con las heridas de una ciudad a la que dejaron quebrada y sin suelo para los mínimos equipamientos, dolida en los bolsillos por impuestos que se esfuman en el pago de las rondas que la corrupción dejó a deber, y en sombra, bajo edificios de apartamentos de más de diez plantas, elevados sobre suelo destinado a colegios, a zonas verdes, a vía pública y convertidos en un invento en altura de primera línea de playa.

Marbella le dio el cetro de alcalde por mayoría absoluta a Jesús Gil una y otra vez y eso se convirtió en argumento, tantas veces esgrimido en este país en otros casos, para justificar una gestión al margen de la legalidad. Tras un análisis de semanas de los datos de licencias ilegales concedidas en época del GIL (Grupo Independiente Liberal) llegamos a la respuesta que durante tantos años buscó Marbella. ¿Cuántas viviendas ilegales dejó el gilismo? Se dio licencia para construir al menos 38.439 viviendas ilegales. No todas se construyeron, hubo un momento a partir de 2003 que a la justicia no le quedó otra que empezar a paralizar obras, pero el daño causado a una ciudad que cuenta actualmente con 86.700 viviendas fue inmenso.

En el viaje conocimos a Inmaculada Gálvez, la abogada que mientras otros decían que no se enfrentaban a Gil decidió echarse a la espalda decenas de causas contra la mafia urbanística marbellí y asumir las consecuencias para su vida profesional y personal. A Carmen Suárez, defendida por Gálvez, que a sus 86 años sigue batallando contra el edificio de doce plantas que Gil le construyó a menos de un metro de la barandilla de la terraza de su casa de una planta, en otro tiempo frente al mar. A Santiago Torres, el juez que se enfrentó a Gil, parando por primera vez las obras de un edificio, precisamente el que hoy aún tapa las vistas de Carmen, y quien consiguió su inhabilitación definitiva por el caso camisetas. A periodistas como Antonio Rubio, que tenía que dormir lejos de Marbella mientras investigaba el caso Saqueo, la trama de facturas falsas del Ayuntamiento marbellí.

Olvidar su lucha y la de otros muchos héroes anónimos que encontramos en nuestro camino por el litoral y cuyas historias recogemos en Playa Burbuja sería doblemente injusto. Por lo que supone de borrado de la historia, plagada de reclasificaciones de suelo, casos archivados, indultos exprés y mociones ligadas al ladrillo y porque, en lugares como Marbella, se siguen comprando y vendiendo viviendas ilegales sencillamente porque en el Registro de la Propiedad no figura que lo son y que en muchos casos, como en el del edificio que deja en sombra a Carmen, tienen sentencias en firme. Y mientras no figure en el registro, derribar equivaldrá a indemnizar a los propietarios de sus 119 apartamentos por lo que se conoce como daños a terceros de buena fe, imaginen en una ciudad con miles de edificios ilegales. Y si se sigue sin indemnizar a los afectados por un Estado de Derecho que falló, esperando a que las ejecuciones de sentencia prescriban, cambiando leyes para que el tiempo convierta en legal lo ilegal, Gil, fallecido en mayo de 2004, seguirá venciendo.

Que no se borre la historia. Porque en un país con agua por casi todas partes, con el litoral plagado de pequeños municipios y una economía entregada al sol y la playa, el ladrillo vuelve con todo su poder y no ha aprendido la lección.

Este texto está basado en el libro de Antonio Delgado y Ana Tudela Playa Burbuja: un viaje al reino de los señores del ladrillo, publicado por Datadista.Playa Burbuja: un viaje al reino de los señores del ladrilloDatadista

La Fiscalía de Málaga ha decidido solicitar la extradición del prófugo Carlos Fernández en el ‘caso Malaya’, al considerar que esta causa por corrupción municipal, en la que el exconcejal del PA no pudo ser juzgado, al ser declarado en rebeldía, no ha prescrito para él. A partir de ahora será el titular del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, Sergio Ruiz Martín, quien deberá pronunciarse y pedir al Gobierno, como es previsible, que se dirija a las autoridades argentinas para reclamar al ahora encarcelado y ser juzgado en la Audiencia de Málaga, como lo fueron sus compañeros del Partido Andalucista, los que aparecen en la foto que ilustra esta noticia: Pedro Pérez ‘Chotis’ y María José Lanzat, ambos condenados por cohecho (recibir sobornos) y encarcelados por ello.

Según ha podido saber Marbella Confidencial, el criterio del fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, a la hora de pedir la extradición de Fernández a Argentina se rige por considerar que la pena de inhabilitación que acarrea el delito de cohecho (artículo 419 del Código Penal), por el que se acusaba a Fernández, no ha prescrito, porque lo hace a los 15 años.

Tras un minucioso análisis, la Fiscalía ha llegado a la conclusión de que la pena de prisión, al contrario que la de inhabilitación, sí habría prescrito a los diez años.

Cabe recordar que en el auto de procesamiento dictado el 18 de julio de 2007 por el entonces titular del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, Fernández estaba acusado de recibir 150.000 euros en sobornos del cerebro de la trama de corrupción municipal marbellí, Juan Antonio Roca.

López Caballero, que fue el fiscal delegado de Anticorrupción encargado del ‘caso Malaya’ desde que se abrieron las diligencias previas 4796/2005 entre octubre y noviembre de 2005, se centra por tanto en la pena de inhabilitación para cargo o empleo público por la que podría ser condenado Fernández y no en la de prisión.

El artículo 419 del Código Penal contempla para el delito de cohecho una pena de inhabilitación superior a 10 años y este delito prescribe a los 15 años, por lo que para el Ministerio Público no existe la prescripción que ha alegado la defensa de Carlos Fernández tras su detención el pasado 15 de septiembre.

Anticorrupción y el 'caso Saqueo II'

Con este movimiento de López Caballero, a falta de lo que dictamine el Juzgado 5 de Marbella, serían dos las causas en las que está procesado Carlos Fernández en las que se pediría su extradición al Consejo de Ministros. En lugar de los 30 días de plazo de los que se habló en un primer momento, las fuentes jurídicas consultadas para elaborar esta información aseguran que son 40.

A lo largo de jueves se podrían conocer más detalles sobre la importante decisión que adopta el Ministerio Público sobre Fernández, que se suma a la de la fiscal Anticorrupción Belén Suárez, que ya solicitó a la Audiencia Nacional que reclamara al Gobierno la extradición de Fernández por el llamado ‘saqueo 2’. El presidente de la Sección Tercera del citado tribunal con sede en Madrid, Alfonso Guevara, lo tuvo claro y a su vez se dirigió al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy para que acceda a la petición y la curse ante Argentina.

Cabe recordar que la fiscal Suárez reclama a Fernández 7,8 millones de euros de indemnización para el Ayuntamiento de Marbella en ‘caso saqueo 2’, en concepto de responsabilidad civil, así como una petición de prisión de nueve años por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento público. Todo ello relacionado con su etapa como concejal de Deportes del GIL (1991-1998), como gerente de la sociedad Actividades Deportivas 2000 S.l., una de las 21 sociedades que creó Jesús Gil a su llegada al Consistorio marbellí, con el fin de escapar al control de los funcionarios municipales, especialmente el interventor, dada la opacidad que aplicaban.

La causa ‘saqueo 2’ también conocida como ‘caso Tribunal de Cuentas’ en sus inicios, dimana de una macro querella ante la Audiencia Nacional, interpuesta por el entonces fiscal jefe de Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, en marzo de 2003, a raíz de los informes contables que elaboró el Tribunal de Cuentas del Estado, después de la fiscalización del Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades municipales, durante el periodo 1991-1999.

El exedil de Marbella (Málaga), Carlos Fernández, el que el andalucista fugado cuando estalló el caso Malaya y está considerado por muchos como el que tiró de la manta, tenía 10 causas pendientes cuando se marchó de España en 2006 para esconderse en Argentina, según ha publicado marbellaconfidencial.es.

El el famoso prófugo del mayor caso de corrupción urbanística juzgado tenía esas causas relatadas por el que fuera titular del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella Miguel Ángel Torres, entonces instructor del caso Malaya que dictó el auto de procesamiento para un hombre que primero fue edil del GIL (entre 1991 y 1998) y luego del PA (entre 1999 y 2005).

De hecho, en 2005 renunció a su acta de concejal por su condena a dos años por el conocido como caso jugadores del equipo de fútbol Unión Deportiva San Pedro, según recuerda el mismo portal. También tenía en contra el caso conocido como “la trama del PA” por supuesto acoso a trabajadores municipales, además de prevaricación.

Es más, marbellaconfidencial.es recuerda que en ese titular del juez con todas las causas en las que estaba imputado no consta el caso saqueo 2. Fue imputado en el mismo en 2003 por presunta malversación de caudales públicos cuando era edil de Deportes y la la empresa municipal Actividades Deportivas 2000. Este sumario, donde sentencia firme ya del Tribunal Supremo, lo llevaría a afrontar otro juicio si no llega a ser porque también ha prescrito.

En resumen, imputación de cargos como malversación de caudales públicos, prevaricación, contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística (delitos urbanísticos), fraude y falsedad, que le llevaron a poner tierra de por medio y estar huido en Argentina hasta su reciente aparición con la intención de presentarse en los juzgados cuando estos delitos habrían prescrito.

“A través de esta web, Ud. podrá adquirir desde fincas de recreo, de producción agrícola, viviendas unifamiliares en sitios singulares, hoteles en explotación, y otros variados inmuebles, hasta relojes de primeras marcas, armas de fuego, una colección de carruajes ”con historia“, vehículos de época …, y todo ello sin perjuicio de cuadros y otras obras de arte, mobiliario y demás objetos suntuarios que Ud. descubrirá en este portal virtual”. Así se presenta www.ventadebienesmalaya-roca.com, que expone en internet los bienes pertenecientes a las mercantiles del entramado vinculado con Juan Antonio Roca tras la conocida como Operación Malaya, que ahora cumple diez años.

Desde carruajes a viviendas pasando por látigos, caballos, obras de arte y un largo etcétera por valor de 75 millones por el que se podrá pujar. El 'caso Malaya', tras años de tramitación procesal de la fase de instrucción, de juicio oral y de resolución de recursos ante el Tribunal Supremo, con fecha 11 de enero de 2016 se decretó el inicio de la fase de ejecución. Los bienes han estado “sometidos a la medida de Administración Judicial que ha supuesto no sólo la conservación sino la puesta en valor de dicho patrimonio, y ello a los efectos de ser vendidos en las mejores condiciones y así poder atender al conjunto de responsabilidades civiles y penales a que ha resultado condenado el Sr. Roca Nicolás”, explica la web.

Los bienes serán vendidos a precios de mercado que atiendan a la exclusividad y singularidad de tales bienes, según las directrices establecidas por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga, que este viernes ha presentado oficialmente una web que lleva visible desde febrero y que ha recibido más de medio millón de visitas. “Los bienes que se detallan en esta web y que son objeto de compraventa no sólo son variados en cuanto a su naturaleza, sino que gozan de exclusividad en la práctica totalidad de los mismos”. El dinero que se obtenga por la venta de dicho patrimonio se le dará el destino que las leyes determinen.

Hasta 416 millones de euros. Es la cifra que adeudan sociedades relacionadas con casos de corrupción, como el caso Malaya y la 'Operación Púnica', según los datos publicados por la Agencia Tributaria. Las empresas investigadas por las tramas de corrupción (en su mayor parte por recibir contratos públicos a dedo) adeudan cifras millonarias a Hacienda. A estas cifras habría que sumar las deudas con la Seguridad Social y las multas que se les impongan en el curso de los procesos judiciales en los que están envueltas.

La operación Púnica, trama municipal y autonómica en varios puntos de España con la participación de alcaldes, funcionarios, y 150 constructoras y empresas de servicios energéticos tiene varias de sus empresas en la lista de morosos.

El que fue número dos de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, fue uno de los detenidos y entre los implicados también se encontraba el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, además de media docena de alcaldes madrileños: el socialista José María Fraile, alcalde de Parla, y el de Valdemoro (del PP), José Carlos Boza. También arrestaron a los alcaldes de otros cuatro municipios de Madrid: Agustín Juárez (PP), de Collado Villalba; David Rodríguez (PP), de Casarrubuelos; Antonio Sánchez Fernández (Unión Demócrata Madrileña), de Serranillos del Valle; y Gonzalo Cubas (PP), de Torrejón de Velasco.Y han sido imputados el ex vicepresidente madrileño Salvador Victoria y la ex consejera de Educación Lucía Figar.

Y 150 constructoras y empresas de servicios energéticos han sido relacionadas con la trama. De ellas, Martaleg S. L. debe 1.924.931 euros; Atención social y estancias residenciales S. A., 1.216.850; Inversiones Torrelasco, S. L., 5.434.634; Musara 1057 S.L., 1.385 044; Obras y vías S. A., 17.108.186; Promodico S. L., 3.365.834; Izen Innovación S. L., 8.629.072; Grupo DHO Obras y Construcciones S. A., 4.160.074. En total: 43.224.625 euros.

El emporio del empresario cordobés conocido como Sandokán, Rafael Gómez Sánchez adeuda en total 192 millones de euros. Su promotora fue conocida por construir a las faldas de Medina Azahara. La burbuja inmobiliaria y Cajasur apoyaron a la firma y al dueño de la misma, que llegó a fundar un partido que fue la segunda fuerza política de Córdoba. En 2006 fue detenido en el marco de la Operación Malaya y ha sido investigado por fraude, por lo que el fiscal le pide 44 años de prisión.

El además líder del partido Unión Cordobesa –llegó a liderar la oposición en el Ayuntamiento de Córdoba– fue condenado por el Caso Malaya y está imputado por impagos a Hacienda. La Fiscalía Provincial ha pedido 44 años de cárcel para él.

Además, AIFOS debe a Hacienda 96,2 millones de euros. Su antiguo administrador y propietario, Jesús Ruiz Casado, otros 9,2 millones. Su mujer, Teresa Maldonado, 9,3 millones. Otras tres empresas vinculadas a AIFOS, la gran promotora de la Costa del Sol hoy en liquidación, deben un total de 67,1 millones. Hace falta calculadora: AIFOS, sus dueños y sus empresas vinculadas deben a la Hacienda pública 181,8 millones de euros.

En el listado también aparecen empresarios ligados a tramas regionales, como Santiago Santana Cazorla, asociado con varias trmas de corrupción en Las Palmas y que en el listado aparece adeudando 1,43 millones de euros.

NOTA: ESTA INFORMACIÓN HA SIDO ACTUALIZADA CON DATOS DE AIFOR PROPORCIONADOS POR LA DELEGACIÓN DE ANDALUCÍA

Rafael Gómez, el empresario cordobés conocido como ‘Sandokán’ y condenado por el Caso Malaya, ha resultado ser uno de los mayores morosos con Hacienda según se desprende de la lista publicada este miércoles por la Agencia Tributaria. Varias empresas vinculadas a Gómez aparecen en el listado dado a conocer por el ministerio que dirige Cristóbal Montoro, donde se ha hecho pública la identidad de los 4.855 contribuyentes –entre personas físicas y jurídicas- que deben más de un millón de euros al Fisco y aún no han regularizado sus deudas pendientes.

Entre los mayores morosos aparece Rafael Gómez con una deuda total con Hacienda que asciende a 192 millones de euros. Esa cifra se reparte entre siete compañías vinculadas al empresario cordobés que ha desarrollado gran parte de sus negocios en el sector de la construcción.

De sus firmas, la que debe más dinero a la Agencia Tributaria es Arenal 2001, con 67,07 millones de euros de deuda, seguida de Arenal 2000 S.L. con 58,05 millones más. Grupo Inversor Arenal 2000 S.L. debe a Hacienda 48,6 millones, y Arenal 2000 de Inversiones S.L. otros 12,5 millones de euros. Asimismo también aparecen en este listado de morosos con las arcas públicas la compañía Grupo de Empresas Rafael Gómez Sánchez S.L. con una deuda de 2,4 millones, la firma Rafael Gómez S.A. que debe 2,01 millones y, por último, Rafael Gómez Sánchez S.A. con otros 1,2 millones de euros de deuda.

El empresario, que fue detenido en 2006 en el marco de la Operación Malaya y condenado finalmente a seis meses de prisión y una multa de 150.000 euros por un delito de cohecho al pagar ilegalmente para obtener una licencia de obras en Marbella, se sitúa así como uno de los mayores morosos con Hacienda de todo el país y el primero en el ranking entre los andaluces.

De hecho, por los impagos a la Seguridad Social y a Hacienda de sus empresas, Rafael Gómez se encuentra en estos momentos procesado por un juzgado de Córdoba, asunto por el que el Ministerio Fiscal ha solicitado una pena de 44 años de cárcel para el empresario por considerarlo autor de hasta once delitos fiscales. Él, junto a su mujer y sus cuatro hijos fueron imputados por un presunto delito contra la Hacienda pública, acusados de haber dejado de pagar 70 millones de euros en el IRPF entre los años 2003 y 2006, ni pagar tampoco el importe del impuesto de sociedades de sus empresas en los mismos ejercicios.

Deudas, también, con el Ayuntamiento de Córdoba

Las deudas con Hacienda no son las únicas que arrastra Rafael Gómez. El que también fuera concejal del Ayuntamiento de Córdoba entre 2011 y mayo de 2015, es el mayor deudor del propio consistorio con una multa de 20 millones de euros por la construcción de unas naves ilegales en la antigua fábrica láctea de Colecor.

La lista publicada este miércoles por la Agencia Tributaria incluye 345 personas físicas con una deuda conjunta de más de 700 millones y 4.510 personas jurídicas con una deuda de 14.900 millones, lo que hace que la deuda total ascienda, por tanto, a 15.600 millones de euros.

Mientras el Tribunal Supremo no diga lo contrario, Rafael Gómez –conocido popularmente como Sandokán- sigue su camino para presentarse a ocupar el sillón de la alcaldía de Córdoba en las próximas elecciones municipales de mayo. El empresario y también actual concejal en el Ayuntamiento de la ciudad está a la espera de conocer la sentencia firme del alto tribunal sobre el Caso Malaya, en el que ya fue condenado a seis meses de prisión por un delito de cohecho. El Supremo se dio de plazo este mes de mayo para fijar la sentencia, que de resultar condenatoria y privativa de libertad, como lo ha sido la que ya pesa sobre él hasta ahora, le convertiría en “inelegible” –no podría presentarse a las elecciones- según dicta la Ley Electoral.

De momento y mientras el Tribunal Supremo se pronuncia, sin guardar ninguna cautela ante la previsible sentencia y jugando con los tiempos en que ésta pueda producirse, Rafael Gómez ha seguido el camino que inició el otoño pasado al anunciar que se presentaría de nuevo a los comicios locales “para ganar con mayoría absoluta y cambiar Córdoba para siempre”.

Y hace unos días, presentaba formalmente la candidatura de su partido –Unión Cordobesa (UCOR)-, bajo el mismo lema que utilizó en la campaña de 2011: “Empleo y progreso”. Literalmente el mismo lema y la misma lona publicitaria, que fue colocada en el lugar de presentación de la lista, también polémico: las naves que construyó ilegalmente a las afueras de Córdoba y por las que debe unos 20 millones de euros de multa al Ayuntamiento que aspira a liderar.

Una candidatura en la que, de su actual grupo municipal de cinco miembros, sólo repite él mismo y otra concejala -Aurora Aguilar- y en la que le sigue como número dos su propio sobrino y los mismos integrantes que conformaron la candidatura de 2011 a excepción de los tres ediles que no repiten.

“Serán miles los empresarios que se establezcan en la ciudad”

“Cordobeses, os presentamos la lista de Unión Cordobesa para ganar las próximas elecciones del veinticuatro de mayo”, comunicaba el líder de UCOR para presentar esta candidatura, con mensajes propios de su personalidad como “Todos los cordobeses tienen que saber que las personas que van a representar al partido harán en cada momento aquello que necesitan los cordobeses. ¿Y qué necesitan los cordobeses? Necesitan trabajo y acabar con la situación que tantas familias están viviendo en estos momentos y así lo vamos a llevar a cabo desde el primer día, ayudándoles a conseguir los puestos de trabajo que tanto necesitan y el bienestar de sus hogares”.

“Todos os preguntaréis si seremos capaces de llevarlo a cabo”, prosigue Gómez. Y añade su solución: “Quiero deciros que con el apoyo de los empresarios establecidos y todos aquellos que se van a establecer -porque serán miles los que se establezcan en nuestra ciudad, porque les daremos todas las facilidades necesarias- conseguiremos que todos los empresarios estén contentos, ellos y sus trabajadores”.

Así las cosas, en la recta final hacia la campaña electoral de los comicios municipales, los plazos del Tribunal Supremo pueden hacer que se conozca en estos días si Rafael Gómez es definitivamente “alcaldable”, si los tiempos juegan a su favor y la sentencia del alto tribunal no influye en su concurrencia definitiva a las elecciones.

De momento, su actividad electoral se ha limitado a la presentación de la candidatura y no ha realizado actos preelectorales. De hecho, ha declinado participar en el único debate entre candidatos que se celebrará en Córdoba, organizado por la Asociación de la Prensa, al que acudirán los cabeza de lista de PP, IU, PSOE, Ganemos Córdoba y Ciudadanos.

Se esperaba para el mes de enero la sentencia definitiva del Tribunal Supremo tras el recurso sobre el caso Malaya en el que el empresario y concejal cordobés Rafael Gómez fue condenado a seis meses de prisión por un delito de cohecho. Pero el alto tribunal se acaba de dar un plazo de hasta tres meses más para dar a conocer la decisión definitiva que, en el caso de confirmar la pena impuesta a Gómez o ampliarla como pide la Fiscalía hasta los 18 meses, podría hacer que el empresario cordobés resultara ‘ineligible’ como señala la Ley Electoral sobre los condenados en firme a una pena privativa de libertad.

Así las cosas, los plazos del Tribunal Supremo pueden hacer que se conozca si 'Sandokán' es “alcaldable” o no en plena precampaña electoral de las elecciones municipales de mayo, ya que es la fecha que se baraja para dar a conocer la sentencia firme del caso que afecta a Gómez.

A la espera por tanto de la decisión del Supremo todo podría hacer pensar que en esa situación Rafael Gómez no optaría a repetir candidatura municipal –desde círculos próximos al empresario se señala que quizás no fuera lo más conveniente que se presentara a las municipales, dada la situación- el empeño del empresario es el contrario. Hace oídos sordos a esta situación y ya ha anunciado su voluntad de volver a concurrir a los comicios locales para ocupar un sillón en el Ayuntamiento del que ahora es jefe del mayor grupo de la oposición municipal con su partido, Unión Cordobesa (UCOR).

Y aunque la cuestión radica en si finalmente podrá presentarse a las elecciones, él parece tenerlo meridianamente claro: “¿Qué vamos a hacer en las próximas elecciones municipales? Vamos a ganar con mayoría absoluta para cambiar Córdoba para siempre, que es lo que quieren las familias cordobesas”, proclama en sus últimas declaraciones hechas a través de un comunicado público la pasada semana. Predice, sobre los resultados, que triplicarán el número de votos de las pasadas municipales y alcanzarán los 75.000 en la ciudad.

En ese mismo sentido, mantiene el tono y los mensajes que han marcado siempre su particular manera de expresar anhelos en la batalla municipal: “Tener un empleo y acabar con la incertidumbre en la que vivimos la mayoría, sin ningún horizonte desde hace cuatro años, que nos decían que esto iba a cambiar y desgraciadamente seguimos no cómo estábamos sino peor todavía”, señala en alusión al actual mandato del gobierno municipal del PP.

Sus concejales no repetirán

Eso sí, de la lista electoral que su partido presentaría nada se sabe hasta el momento: “¿Para qué vamos a pensar en la lista si ahora está lo de la Junta de Andalucía?”, dice en alusión al adelanto de las autonómicas. Lo que se conoce son las bajas que tendría de su actual grupo municipal. De los cinco concejales que lo conforman, aparte de Gómez sólo una concejala –Aurora Aguilar- se ha mostrado a disposición de UCOR para repetir candidatura; el actual portavoz del grupo, Juan Miguel Alburquerque, ya ha dicho que no repetirá y los otros dos ediles –Carlos Baquerín y María José López de la Bastida- llevan enfrentados a su líder desde los inicios de la legislatura y es obvio que quedan fuera de juego.

Por si no fuera suficiente con la espera de la sentencia firme del Tribunal Supremo que puede hacer deshojar la margarita sobre la candidatura de Gómez en uno u otro sentido, el empresario y concejal estará inmerso en otro frente judicial de calado en plena precampaña electoral: Hacienda le reclama casi 70 millones de euros no pagados a lo largo de cuatro años. Porque el empresario, su mujer y sus cuatro hijos fueron imputados por un presunto delito contra la Hacienda pública, acusados de haber dejado de pagar 69,9 millones de euros en el IRPF entre los años 2003 y 2006, ni pagar tampoco el importe del impuesto de sociedades de sus empresas en los mismos ejercicios.

Como guinda del pastel, la situación de Rafael Gómez roza el esperpento al querer concurrir a las elecciones municipales en un Ayuntamiento del que es el mayor deudor. La construcción sin licencia de unas naves en 2005 le acarreó una sanción de 24,6 millones por parte del consistorio cordobés, recurrida hasta la saciedad por Gómez que nunca se ha mostrado dispuesto a pagarla; ni esa multa, ni otros 6,5 millones de euros que debe al Ayuntamiento en otros conceptos. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estimó parcialmente un recurso de Gómez y rebajó finalmente la multa a 20 millones, pero el empresario ha seguido insistiendo en que no pagará y ha llegado a acudir al Tribunal Constitucional.

Varios políticos y empresarios encausados por corrupción pasarán las fiestas navideñas entre rejas

Algunos de ellos llevan ya casi una década en prisión, como es el caso de José Antonio Roca, por su relación con la corrupción en Marbella (Málaga)

La actualidad informativa de este 2014 ha estado marcada una vez más por diferentes casos de corrupción: los ERE en Andalucía, las tarjetas 'black' de Caja Madrid, la operación Pokemon en Galicia o la Púnica, la más reciente. Las últimas encuestas elaboradas por el CIS muestran una preocupación inédita por parte de la ciudadanía en torno a este tipo de asuntos. En el barómetro del mes de noviembre, un 63,9% de los encuestados lo señalaba como uno de los principales problemas, situándose solo por detrás del paro. 

Los motivos que han llevado a la cárcel a los personajes detallados en el mapa son diversos: algunos de ellos ya han sido juzgados y cumplen condena. El resto han sido enviados a prisión por un juez de manera preventiva y para evitar una posible fuga.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga ha rechazado este miércoles el recurso de súplica interpuesto por los abogados de Isabel Pantoja contra su encarcelamiento. El tribunal presidido por el magistrado Federico Morales otorga un plazo “improrrogable” de tres días a la cantante para que ingrese en prisión, “en el centro penitenciario de su elección”, según Marbella Confidencial.

El plazo para el ingreso comenzaría a contar desde que su representación legal reciba la notificación del auto, a través del Colegio de Procuradores.

“Nada nuevo se añade en el recurso de interposición de recurso, por tanto nos remitimos a los argumentos del auto recurrido”, según la resolución de siete folios de extensión. Los magistrados insisten en que se encuentran “ante delitos de blanqueo de capitales, derivados de delitos de corrupción política, con el terrible menoscabo que se causó al interés público.

El empresario y concejal del Ayuntamiento de Córdoba por el partido Unión Cordobesa (UCOR), Rafael Gómez, ha anunciado ya su voluntad de concurrir como candidato para ocupar el sillón de la alcaldía de la capital cordobesa en las próximas elecciones municipales de mayo de 2015. Y lo hace pese a haber sido condenado a seis meses de prisión por un delito de cohecho activo dentro del conocido caso Malaya, pese a estar imputado por no pagar 70 millones en impuestos y pese a ser el mayor deudor del propio Ayuntamiento de Córdoba con una multa de 20 millones de euros por la construcción de unas naves ilegales, las naves de Colecor.

La Ley Electoral actual no impide, de momento, que se presente a los comicios locales. Porque sólo señala que son inelegibles los condenados a una pena que les inhabilitara para cargo público –cosa que no es el caso- o bien si tuviera sentencia firme sobre la condena privativa de libertad por seis meses. Pero Gómez –y también la propia Fiscalía Anticorrupción- recurrió la sentencia del caso Malaya ante el Tribunal Supremo y éste aún no ha dictado su decisión firme ni se espera que lo haga en varios meses.

En el caso Malaya, Rafael Gómez fue condenado, junto a otras 150 personas, por la Audiencia Provincial de Málaga en la mayor causa contra la corrupción hasta entonces en España. Ese volumen ha hecho que el Tribunal Supremo ya haya advertido de que su sentencia se retrasará hasta 2015 por la complejidad de la causa. Eso sí, en el recurso, el fiscal pide que la pena de Gómez suba a 18 meses de cárcel y 1,2 millones de euros de indemnización por un delito de cohecho activo.

El empresario está pendiente así de cuándo y en qué términos se pronunciará el Tribunal Supremo, pues la sentencia firme sí podría suponer la inhabilitación para presentarse como candidato a la alcaldía. Gómez, en cualquier caso, se muestra decidido a concurrir a los comicios con su especial personalidad y ha llegado a decir que ganará las municipales y alcanzará los 80.000 votos en la ciudad.

Su particular encuesta no es otra que el boca a boca: “Es muy fácil, si en 2011 nos votaron 25.000, con que estos se lo digan a dos personas de su entorno ya tenemos 75.000″, dijo hace unas semanas en la presentación del ala joven de su partido. En UCOR, su liderazgo no está cuestionado ya que él mismo creó el partido a su imagen y semejanza. Lo que estaría por ver es si, sin Gómez, el partido seguiría adelante con sus propósitos.

Multado con 20 millones por el Ayuntamiento al que representa

Multado con 20 millones por el Ayuntamiento al que representA la espera de una condena en firme en el caso Malaya, también se da la circunstancia de que el empresario es el mayor deudor del Ayuntamiento en el que está sentado como jefe de la oposición. La construcción sin licencia de unas naves en 2005 le acarreó una sanción de 24,6 millones por parte del consistorio cordobés, recurrida hasta la saciedad por Gómez que nunca se ha mostrado dispuesto a pagarla; ni esa multa, ni otros 6,5 millones de euros que debe al Ayuntamiento en otros conceptos.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se pronunció en febrero pasado sobre la sanción por las naves ilegales, estimando parcialmente el recurso interpuesto por la constructora de Gómez –Arenal 2000-, y rebajándola en 4,6 millones de euros. Al final, la sanción se ha quedado en los citados 20 millones pero el empresario ha seguido insistiendo en que no pagará y ha llegado a acudir al Tribunal Constitucional.

El Ayuntamiento de Córdoba, por su parte, ante la negativa del concejal a abonar su deuda, inició este verano pasado un nuevo capítulo de la causa con el embargo de bienes de Rafael Gómez como medida cautelar hasta que la sanción sea firme. Cinco fincas urbanas y otras tres rústicas le han sido embargadas preventivamente.

A esta situación se suma que Hacienda le reclama a Gómez y su familia casi 70 millones de euros de impuestos no pagados a lo largo de cuatro años. El empresario, su mujer y sus cuatro hijos fueron imputados por un presunto delito contra la Hacienda pública, acusados de haber dejado de pagar 69,9 millones de euros en el IRPF entre los años 2003 y 2006, ni pagar tampoco el importe del impuesto de sociedades de sus empresas en los mismos ejercicios.

Nueva polémica en torno al 'caso Malaya' en el seno del Ayuntamiento de Marbella con respecto a las actuaciones que lleva a cabo el Equipo de Gobierno del PP, después de que fuera la única acusación que no recurriera la sentencia ante el Tribunal Supremo. En esta ocasión, la coalición Izquierda Unida denuncia que la alcaldesa, Ángeles Muñoz, se ha opuesto a crear un censo público de los bienes que se recuperen con dicha resolución judicial cuando se haga firme.

El coordinador local de IU, Miguel Díaz, recientemente designado candidato a la Alcaldía, argumenta que Muñoz, con su negativa, “torpedea la participación ciudadana y las esperanzas de justicia y reparación de la población”. De hecho, según afirma el también edil opositor, “el veto a la propuesta de IU impide que el Pleno haga una petición institucional para reclamar más medios para la ejecución de la sentencia”, explica en un comunicado remitido por la federación de izquierdas.

La solicitud rechazada de la coalición, que cuenta con dos concejales en el Consistorio marbellí, incluía la petición de un censo no sólo con todos los bienes que puedan ser recuperados, sino también con las cantidades económicas recibidas como compensaciones. Todo ello en virtud de la ejecución de dicha sentencia, cuyos recursos se han visto recientemente en el Supremo, durante una vista que se ha prolongado durante tres días.

Miguel Díaz y Enrique Monterroso, este último portavoz municipal de IU, pretendían que la medida propuesta sirviera como mecanismo para permitir, “de forma objetiva”, que la ciudadanía pueda realizar “un seguimiento a tiempo real de cómo es resarcido, o no, el municipio”.

Monterroso apunta que “el rechazo de la propuesta es una irresponsabilidad, e impide que se desarrollen fórmulas de participación para que los propios vecinos puedan implicarse en la decisión de qué destino dar a los fondos recuperados, o qué hacer con los bienes obtenidos en virtud de la sentencia”. También se cercena la posibilidad -acota el edil- de poder ejercer una presión conjunta ante las administraciones para reclamar justicia, “en el caso de que la ciudad no sea compensada”.

La moción vetada por la alcaldesa, que IU pretendía llevar a la sesión plenaria ordinaria de este viernes, también contenía una propuesta para que se solicitara, tanto a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía como al Ministerio de Justicia que, en orden a sus respectivas competencias, doten de todos los recursos necesarios a la sección bis creada en la Audiencia de Málaga. Esta petición se produce para que la ejecución de la sentencia del 'caso Malaya' pueda efectuarse en el menor tiempo posible y con las mayores garantías de éxito.

Finalmente, Díaz dice no entender “cómo el gobierno de Muñoz puede rechazar una propuesta para que el máximo órgano de la representación de la ciudadanía, el Pleno Municipal, pida formalmente a la Administración que haya más medios en favor de un rápido y justo cumplimiento de la sentencia”.

En contra de la rapidez habitual, cada vez que la oposición marbellí emite cualquier comunicado crítico con la gestión municipal, el Equipo de Gobierno aún no ha ofrecido respuesta oficial alguna para replicar a IU.