Las diputaciones de Badajoz y Cáceres han suscrito este martes con CCOO y UGT y la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura (CREEX) el I Convenio Marco de Concertación Social por la Economía, el Empleo y la Innovación, calificado de “histórico” por las partes, que “no viene a sustituir ni romper nada” y que tiene una visión “más local y municipalista”.

Según ha precisado el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Angel Gallardo, el acuerdo se enmarca dentro del ámbito competencial de las instituciones provinciales, ampliando lo que siempre ha sido el dialogo social y la concertación social que ha significado estabilidad política y bienestar a Extremadura, incorporando una visión más local y más próxima al ciudadano.

A su juicio, este acuerdo “no solo no va a chocar” con otros acuerdos de esta índole, como por ejemplo el firmado con la Junta de Extremadura, sino que complementa esa parte que estaba libre.

Aunque es el primero que se firma en Extremadura, ya hay experiencia en otras comunidades autónomas, según Gallardo, que ha defendido que se enmcarca en ese proceso de “escucha activa” para ser más capaces de trabajar en políticas que vayan de acuerdo de las necesidades de las provincias.

Este primer convenio contiene cuatro como son Formación y Empleo; Tejido Productivo e Innovación, Cohesión Territorial y Social y Servicios Públicos y Administración y, según el presidente de la institución pacense, “va a significar un impulso importante en todo lo relacionado con el mercado laboral y el tejido productivo”.

Gallardo ha incidido en que “en absoluto se quiere una invasión de competencias, sino cooperación”, aunque reconoce que la Junta y las diputaciones tenían muchos ámbitos de coordinación, “que han ido enfriándose como consecuencia de la falta de acción política” del gobierno regional, que “está en la no política”.

Por su parte, presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Angel Morales, ha incidido en el carácter fundamental de estas instituciones para la subsistencia de muchos municipios, por lo que este acuerdo tiene la importancia de buscar puntos de encuentro, dentro de las competencias de cada uno.

“No es una cuestión que vaya que más allá de las competencias”, ha precisado, para recordar que la Diputación cacereña, en su área de dearrollo local, ha creado una sección específica para promocionar el empleo, dando formación que los empresarios demandan, al margen de los acuerdos que sindicatos y patronal tengan con la Junta de Extremadura.

A su juicio, es fundamental que los responsables públicos den ejemplo en momentos tan complicados “y alejar la crispación y que los residuales no sean protagonistas”.

Para la secretaria regional de UGT, Patro Sánchez, es un acuerdo histórico porque “pone en valor el diálogo y la concertación social” que ya viene desarrollándose con la Junta, aunque esta vez con las diputaciones, que son instituciones muy cercanas al ciudadano y donde hay mucho trabajo por hacer.

El acuerdo está abierto a que se sumen más organizaciones y ha resaltado su aportación a la lucha contra la despoblación rural, así como para poder trabajar en políticas activas de empleo y con estudio de los nichos de mercado en cada uno de lo municipios.

En este mismo sentido se ha expresado Encarna Chacón, secretaria regional de CCOO, que ha incidido en que el acuerdo refleja la intención de todas las parte de avanzar con el dialogo social, que es esencial para desarrollar la cultura democrática.

A su juicio, lo más importante es que recoge son las señas de identidad de la región y que están reflejadas en la unidad “en caminar juntos y en lo que nos une”, sin perder de vista la necesidades de infraestructuras o las clausulas sociales en los proyectos que presenten las diputaciones.

Por último, el secretario general de la CREEX, Javier Peinado, ha recordado que las organizaciones empresariales provinciales ya han tenido un alto grado de colaboración con las diputaciones, entidades fundamentales en el desarrollo económico en cuanto a los servicios que prestan y lo que contratan.

“Faltaba dar el pasito en el ámbito del dialogo social en el que de manera tripartita y reglada se pudiera compartir espacio y dar opinión”, ha remarcado Peinado, que ha agradecido el que ambos presidentes de diputaciones tegan esa vocación por lo público-privado.

Llegará mucho tiempo después de que lo dispusiera el artículo 26.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía aprobado en marzo de 2007. Pero llegará. El 'Acuerdo para el Impulso de la Participación Institucional' firmado este miércoles por la Junta, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), y los sindicatos CCOO y UGT, pone fin a una larga espera por parte de los principales agentes sociales y económicos, que venían demandando una normativa que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid aprobó en 1995. Según el acuerdo que ha reunido en San Telmo a las cuatro partes (la precedente fue hace 15 meses para pactar un “escudo social” de casi 9.000 millones con ayudas urgentes a familias y empresas), las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en la comunidad autónoma tendrán una ley que permitirá su participación en el diseño de determinadas políticas públicas de Andalucía.

El asunto, además de haber estado en mente de patronal y sindicatos durante mucho tiempo, se viene pintando en los planes del Gobierno andaluz. En la anterior legislatura, la coalición PP-Ciudadanos aprobó en febrero de 2020 tramitar la esperada norma para regular definitivamente las relaciones entre la Junta y los referidos agentes en los asuntos que les competen dentro de los organismos e iniciativas públicas. Y antes, el Gobierno de Susana Díaz había dado los pasos previos, que se vieron cortados en este punto tras las elecciones de 2018.

Todos los firmantes del acuerdo han coincidido en aplaudir la plasmación de un paso “histórico”, a partir del cual se da inicio a la andadura parlamentaria para aprobar una Ley de Participación Institucional, cuyo proyecto prevé materializarse la próxima semana en el Consejo de Gobierno de la Junta. Según lo avanzado por el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, la futura ley aumentará el nivel de compromiso y de decisión de los agentes sociales y económicos “en la propia acción de gobierno” para que accedan a los proyectos de ley “antes de su aprobación”, propongan “directrices y líneas generales de actuación” de acuerdo a sus competencias, participen en “iniciativas políticas y legislativas para llevar al Parlamento”, y hagan seguimiento para la evaluación de los planes del Gobierno autonómico.

Moreno: “Os necesitamos”

A expensas del contenido del proyecto de ley, la presencia de sindicatos y empresarios en los órganos constituidos por las distintas entidades públicas para la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales supondrá un “salto relevante” en su nivel de participación, ha dicho Moreno ante la presencia de tres de sus consejeros (Presidencia, Hacienda y Empleo) y de numerosos representantes institucionales, empresariales y sociales, entre ellos el máximo dirigente de UGT a nivel nacional, Pepe Álvarez.

Andalucía acumula décadas de experiencia acumulada en materia de concertación social como tradicionalmente se había entendido. En 2013 caducó el séptimo y último gran Acuerdo en ese sentido, con puntuales fotografías con sindicatos y empresarios para asuntos clave hasta el cambio de Gobierno de 2019. Desde entonces, los sindicatos han considerado fundamental el diálogo social para la vertebración, el progreso económico y la creación de empleo en nuestra comunidad autónoma, con visibles dificultades expresadas en ese sentido desde la llegada del PP a San Telmo. “El diálogo social no es una tertulia”, expresó Nuria López, secretaria general de CCOO-A, combativa siempre en este punto. El presidente no ha dejado pasar la oportunidad de “echarse flores” y de presumir de que “hemos tenido que llegar nosotros” para dar el paso hoy rubricado.

Moreno ha destacado que ahora que la futura norma “eleva el diálogo social a rango de ley”, “institucionalizado su valor”, agradeciendo la “altura de miras” de sindicatos y empresarios en la elaboración de los “muchos borradores” precedentes al acuerdo y “pese a las lógicas discrepancias, movilizaciones y legítimas reivindicaciones”, sobre todo en alusión a los sindicatos de clase, que vienen reclamando mejora principalmente en servicios públicos como sanidad y educación. “Os necesitamos”, ha dicho a los cofirmantes, resaltando el “punto de inflexión” que supone el acuerdo “para seguir avanzando”.

López: “Tenemos muchas propuestas y soluciones”

Pese a que hace apenas tres meses los máximos representantes sindicales expresaron su insatisfacción con el cumplimiento del Pacto Social y Económico suscrito un año atrás con patronal y Junta, este miércoles Nuria López, y el secretario general UGT Andalucía, Oskar Martín, se han mostrado confiados en que el acuerdo firmado, contemplado precisamente en aquel pacto de marzo de 2023, sea el arranque de un nuevo tiempo. “Tenemos muchas propuestas y soluciones”, ha dicho la secretaria general de CCOO-A, resaltando la necesidad de que se avanzara realmente en “la participación institucional de las personas trabajadoras organizadas”, representadas por los sindicatos.

López también ha recordado que el proyecto de ley viene de muy atrás, “desde el año 2000”, ha concretado, agradeciendo en ese punto la labor de los equipos negociadores de su organización sindical y con palabras de recuerdo a su predecesor, Francisco Carbonero, y Juan Pérez, histórico sindicalista de CCOO Cádiz fallecido en 2018. La dirigente ha alabado que se tenga en cuenta para el desarrollo de las políticas públicas “la visión del mundo del trabajo, que sufre en primera persona las consecuencias” de las mismas. “Claro que queremos dar nuestra opinión y el Gobierno tiene que escucharnos”, ha enfatizado, ya que “condicionan nuestra vida y nuestro futuro”, ha dicho en nombre de la clase trabajadora, que se ha ganado “a pulso” el “derecho” a participar, ha insistido.

Martín: “Una larga lucha de tres lustros”

Oskar Martín, por su parte, ha apostado por una “concertación robusta y efectiva” y ha alabado el “nuevo marco de entendimiento”, agradeciendo en particular al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, por “su paciencia” y por “tender puentes” para el acuerdo en un proceso que ha calificado de “complicado”. También ha destacado la labor de sus compañeros de UGT-A: “Este logro es nuestro logro”, ha dicho, insistiendo en “la concertación, no confrontación”, después de “una larga lucha de tres lustros”, según ha detallado antes del acuerdo de participación institucional.

El representante del mundo empresarial andaluz, Javier González de Lara, ha considerado que el acuerdo es “un acontecimiento crucial” para el “desarrollo de nuestros derechos y obligaciones”, contando con “un plus de legitimidad en forma de ley”. Además, el presidente de la CEA espera que los partidos se posicionen en el Parlamento y ha agradecido el “firme compromiso” del Gobierno andaluz para que la Ley de Participación Institucional vea la luz en un futuro próximo de cara al “bien común para el conjunto de la sociedad andaluza”.

El papel que cumplen los agentes sociales, sindicatos más representativos y patronal mayoritaria, es muy desconocido para gran parte de la población que, sin embargo, se beneficia diariamente de las negociaciones y los acuerdos alcanzados en el marco del diálogo social. Las subidas consecutivas del Salario Mínimo, un 54% desde 2018, no son ningún regalo del cielo sino reivindicaciones sindicales que se consiguen tras movilizaciones y negociación. Igual que los incrementos de las pensiones, con un mínimo garantizado del IPC.

En nuestra comunidad, las medidas sociales contempladas en los tres acuerdos de reactivación económica y social firmados con el Gobierno andaluz han beneficiado a cientos de miles de personas y han sido fruto de un arduo trabajo de sindicatos, patronal y Junta de Andalucía. 

Participamos en órganos que son fundamentales para el buen funcionamiento de la economía andaluza, como el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos (SERCLA), donde se evitaron en el primer semestre casi 400 mil horas de huelgas, lo que hubiera supuesto un coste de 27 millones de euros. Trabajamos en el Consejo Económico y Social de Andalucía, y en los de todas las provincias y capitales, donde realizamos informes, propuestas y presentamos resoluciones sobre las iniciativas legislativas que después se debaten en el Parlamento, diputaciones y ayuntamientos. Si hablamos de la negociación colectiva, en Andalucía hemos negociado cerca de 600 convenios colectivos, que afectan a 251 mil empresas y 1.236.471 personas trabajadoras.

Llega un año tarde, pero ha valido la pena. Sólo tres comunidades autónomas españolas no cuentan con esta norma, y la nuestra dejará pronto de pertenecer a ese grupo, y sólo quedarán Asturias y País Vasco

Durante la pandemia, los sindicatos fuimos esenciales en negociar medidas y en atender a las personas trabajadoras que lo necesitaban, para que nadie quedara atrás. En UGT, entre 2020 y 2021 atendimos medio millón de consultas de todo tipo: sobre prestaciones del Ingreso Mínimo Vital, de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), sobre teletrabajo, o cómo gestionar las bajas por COVID. Nuestros delegados y delegadas asesoraron y acompañaron a miles de compañeros y compañeras sobre los derechos que tenían, porque la legislación iba cambiando cada momento.

Nuestros técnicos asesoran a trabajadores, y también a empresas, a la hora de negociar y firmar los planes de igualdad, los planes de prevención de riesgos laborales, o la actualización de las funciones profesionales de los convenios. 

Los sindicatos más representativos: UGT y CCOO, la patronal CEA, y el Gobierno andaluz firmaremos este miércoles el respaldo a la Ley de Participación Institucional en el Palacio de San Telmo. Han sido años de propuestas, discrepancias y acuerdos. La última etapa, desde la firma del Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía, en marzo del año pasado, donde se recogía la puesta en marcha de la Ley de Participación Institucional. Llega un año tarde, pero ha valido la pena. Sólo tres comunidades autónomas españolas no cuentan con esta norma, y la nuestra dejará pronto de pertenecer a ese grupo, y sólo quedarán Asturias y País Vasco.

La Ley de Participación Institucional es una demostración de buen gobierno, y de nuestra capacidad para construir una sociedad más justa y democrática. 

Esta ley es mucho más que el cumplimiento de un compromiso político: es el desarrollo de un mandato estatutario. Tanto la Constitución Española como el Estatuto de Autonomía de Andalucía reconocen la relevancia del diálogo y la concertación social

En UGT Andalucía, buscamos influir en el diseño, seguimiento y evaluación de la política socioeconómica. Los sindicatos somos canalizadores de las revindicaciones de la clase trabajadora. El papel que desempeñamos beneficia a toda la sociedad, y permite evitar conflictos y que haya paz social. Pero ese trabajo tiene un coste que sufragan las cuotas de nuestros afiliados. La concertación permite que los recursos públicos puedan sufragar parte del trabajo que realizan los agentes sociales más representativos. La participación institucional es un reconocimiento a nuestra labor representativa de los derechos e intereses legítimos de la clase trabajadora andaluza.

Desde las primeras huelgas y protestas en el siglo XIX hasta las movilizaciones masivas del siglo XX, nuestra lucha siempre ha tenido como objetivo fundamental la mejora de las condiciones de vida y trabajo de la clase trabajadora. La participación institucional es una extensión natural de esta lucha. 

Esta ley es mucho más que el cumplimiento de un compromiso político: es el desarrollo de un mandato estatutario. Tanto la Constitución Española como el Estatuto de Autonomía de Andalucía reconocen la relevancia del diálogo y la concertación social. 

Así lo señala el artículo 26.2 de nuestro Estatuto de Autonomía. De igual forma, la Constitución Española, en su artículo 7, establece que las organizaciones sindicales y empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios que, no son otros, que mejorar la calidad de vida y el bienestar general del conjunto de la ciudadanía.

Además, el Tribunal Constitucional ha reforzado este principio en diversas sentencias, destacando la importancia de la participación institucional como un elemento central de nuestra democracia. 

La historia de la concertación social es larga en Andalucía. Hemos conseguido ocho acuerdos a lo largo de más de tres décadas de trabajo en común de Gobierno andaluz y organizaciones sindicales y empresariales más representativas

La participación institucional es respaldada, también, por múltiples normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por la nueva Declaración del Centenario para el Futuro del Trabajo. Y el Convenio 150 de la OIT, sobre 'Administración del Trabajo', ratificado por España en 1982. Por su parte, la Comisión Europea, ya en su Comunicación de 2004 titulada 'Colaboración para el cambio en una Europa ampliada: Potenciar la contribución del diálogo social europeo', destacaba el papel esencial que el diálogo social ha desempeñado en la mejora de la gobernanza europea.

Este llamamiento expreso al diálogo social y a la mejora de la gobernanza se refuerza con el Pilar Europeo de Derechos Sociales de 2017, que subraya la necesidad y el deber de consultar a los interlocutores sociales en el diseño y aplicación de políticas sociales, económicas y laborales a financiar por otro elemento fundamental en la historia reciente de Andalucía, los fondos europeos.

La historia de la concertación social es larga en Andalucía. Hemos conseguido ocho acuerdos a lo largo de más de tres décadas de trabajo en común de Gobierno andaluz y organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

Estos acuerdos han sido fundamentales para el desarrollo de los intereses sociales y económicos de nuestra comunidad y para la prosperidad de la ciudadanía andaluza. La concertación social ha demostrado ser un instrumento válido y útil, tanto en la esfera europea como en los ámbitos nacional y regional. Tres décadas de trabajo en común.

En marzo del año pasado, el presidente de la Junta se garantizaba la paz social a dos meses de unas elecciones que volcaron el tablero municipal andaluz. Aquel Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía firmado entre el Gobierno autonómico, CCOO, UGT y patronal suponía una suerte de 'escudo social' de casi 9.000 millones de euros en ayudas directas a las familias y al sector empresarial, con la inflación acechando. Se aprobaron por entonces una docena de ayudas “urgentes”, amén de otras medidas sociales y económicas. Más de diez meses después, pese a que Moreno apostaba por priorizar su desarrollo con el arranque del nuevo curso político, la mayor parte de las medidas en ejecución se centran más en el apoyo a empresas y autónomos que a las familias con mayores apuros económicos pese a que todas fueran catalogadas como urgentes.

“Nuestro objetivo es proteger a los más vulnerables y reactivar el tejido productivo”, dijo Moreno el 13 de marzo tras firmar el pacto. Diez días después anunciaba la activación inminente de ayudas para pymes y autónomos para compensar el sobrecoste energético de la luz y el gas generado por la guerra entre Rusia y Ucrania, puestas en marcha finalmente en julio. Lo cierto es que la segunda parte de aquel objetivo del presidente se está cumpliendo antes que el primero ya que, según coinciden fuentes oficiales de los sindicatos de clase firmantes, e incluso de la patronal, el paso es más lento (incluso inexistente en algunos casos) en las medidas de apoyo a las familias más vulnerables como el Bono Familia o el Bono Carestía, y a los jóvenes como el Plan Urgente de Empleo Juvenil, si bien es cierto respecto a este colectivo que la garantía sobre los nuevos préstamos hipotecarios para adquisición de viviendas a menores de 35 años arrancó hace unas semanas.

No solo es una reivindicación sindical sino que la patronal reconoce que las medidas urgentes para aliviar los bolsillos de las familias están “más atrasadas”, según comenta a este periódico el secretario general de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Luis Fernández-Palacios. Y es que el despliegue del “mayor escudo social y económico de nuestra historia”, como dijo Moreno, no corre tan deprisa en ciertos puntos para tratar de paliar los efectos de la inflación en los bolsillos más necesitados, principalmente. Desde la Consejería de Presidencia, que coordina los trabajos, evitan hacer balance del Pacto y emplazan a una próxima comisión de seguimiento prevista para dentro de unas fechas.

En cuanto a las medidas concretas y urgentes que recogía el acuerdo destacaban para las personas más vulnerables en ese sentido el Bono Familia (ayudas directas a aquéllas con menores en condiciones vulnerables y que se encuentren por debajo del umbral de pobreza severa, con una previsión de 119 millones de euros) y el Bono Carestía (un único pago de 200 euros para familias con menores a su cargo e ingresos anuales inferiores a tres veces el IPREM vigente. La partida contemplada en el acuerdo para este bono fue de 12 millones). Según los últimos datos, Andalucía tiene un millón de personas con carencias materiales y sociales severas.

“Incumplimientos” a la luz de los presupuestos

En su valoración por medidas, fuentes de UGT-A lamentan que “solo” han mantenido una reunión (el 22 de diciembre) para el Bono Familia en la que se les comunicó que vendría a través del Fondo Social Europeo y que las líneas de actuación vendrían marcadas por la Administración General del Estado, si bien la posterior gestión correría por parte de la Junta. Desde CCOO-A se denuncia respecto a ese Bono Familia que en los presupuestos para 2024 “no se contempla ni un euro pese a ser una de las medidas contempladas como urgente” en el acuerdo.

Respecto al Bono Carestía, en una reunión el 30 de octubre la Junta presentó un borrador y está consignado en los presupuestos de 2024. Explican desde UGT que será una ayuda con concurrencia no competitiva y con plazo de solicitud de un mes a partir de su publicación en BOJA. La pretensión, asegura el sindicato, era ponerla en marcha este mes de enero pero aún no se ha publicado. Fuentes de CCOO-A denuncian que ese Bono Carestía “no aparece en el presupuesto, ni en la memoria, ni en gastos, ni en ingresos, es decir, que no se contempla su puesta en marcha”.

“Las medidas van avanzando. A todos nos gustaría que estuvieran listas al día siguiente pero muchas de ellas tienen una regulación previa y otras tienen más complicaciones. Las urgentes se están ejecutando, o se ejecutarán a medio plazo, como los bonos, que van más atrasadas”, dice Fernández-Palacios, de la CEA, que destaca “un nivel de ejecución satisfactorio”. Este pasado martes asistía a una reunión para la puesta en marcha del Plan de Empleo Juvenil, algo muy demandado por los sindicatos de clase y que estima el representante de la patronal pueda estar listo “en dos meses”. Fuentes sindicales aluden a ese mismo encuentro, donde se le pidió a la administración más concreción para su puesta en marcha, anunciando cerca de 250 millones con fondos también procedentes de otras administraciones.

Otro punto urgente del Pacto fue “disponer en todos los centros con hospitalización para salud mental de espacios específicos destinados a menores”, con 6,7 millones, de lo cual “nada” saben los sindicatos. Recordemos que se trata de una cuestión que desde hace un tiempo se vienen sufriendo carencias de personal y de recursos en la sanidad pública andaluza y que el presidente Moreno se había comprometido en ir mejorando.

CCOO valora que algunas de las medidas se hayan incluido en este presupuesto del año entrante “pero otras o no llevan respaldo presupuestario o no se ven reflejadas y por tanto las entendemos como incumplimientos en el 2024”, comentan fuentes de este sindicato, desde donde se incide en que también se contemplan algunos de los compromisos derivados del 'Pacto por la Atención Primaria' “pero quedando la mayoría sin respaldo presupuestario”.

En cuanto al citado Plan de Empleo Juvenil, fuentes de UGT-A apuntan que se iba a constituir un grupo de trabajo más técnico en el seno de la Mesa de la Juventud para abordar la cuestión pero desde octubre no se había convocado a las partes ni se han tenido más noticias sobre la constitución de ese grupo de trabajo.

CCOO valora por su parte la puesta en marcha del programa Garantía Vivienda Joven pero “nada se contempla” en cuanto al resto de compromisos incluidos en el Pacto en esa materia. “Nada sobre la necesidad de impulsar vivienda protegida, y nada sobre medidas que ayuden a las familias a paliar el encarecimiento de las hipotecas, las dificultades de acceso a la vivienda y al alquiler, especialmente en jóvenes”, critica este sindicato, que lamenta que tampoco ha observado presupuesto alguno “para el desarrollo del Plan de Choque contra la Siniestralidad” suscrito posteriormente en agosto en virtud del Pacto Social del que emana.

La Junta de Extremadura y los agentes económicos y sociales de la región se comprometen a transitar “por el camino de la igualdad” desde “el diálogo y la concertación social” en el Pacto por la Igualdad de Género en la comunidad autónoma que han suscrito este jueves.

El pacto ha sido firmado por el presidente del Gobierno extremeño, Guillermo Fernández Vara; por las secretarias generales de UGT y CCOO en Extremadura, Patro Sánchez y Encarna Chacón, respectivamente; y por el responsable de la patronal regional, la CREEX, Javier Peinado, en un acto al que ha asistido la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña.

Fernández Vara ha reconocido que la firma de este documento “no ha sido fácil”, por lo que ha agradecido el trabajo realizado por los agentes económicos y sociales para marcar esta senda de futuro, alineada, ha recordado, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la Agenda para la Reactivación Económica y Social de la región tras la pandemia.

En ese sentido, el presidente extremeño ha señalado que todas las crisis generan un incremento de la brecha social y la desigualdad y que para superarlas hay que trabajar en la corrección de estas, lo que a su vez propia el crecimiento económico. Por ello, ha explicado que el pacto consta de tres estrategias, la de la Conciliación y la Corresponsabilidad; la de la Igualdad Salarial y la de Revisión de la Ley de Igualdad.

Paro femenino y brecha salarial

Vara ha manifestado que mientras la primera tiene que ver con un “cambio cultural que se va produciendo poco a poco”, la segunda viene marcada por unas cifras que hablan con “claridad”, los diez puntos que separan el paro femenino del masculino, un 27,1% frente a un 17,8% en Extremadura, y una brecha salarial que se sitúa en torno al 17,5%.

Tras precisar que mejorar las cifras de empleo entre las mujeres sería lógicamente beneficioso para el conjunto de la sociedad extremeña, ha abogado por revisar la Ley de Igualdad de la región que “tiene diez años, pero que en una sociedad que ha cambiado tanto es como si tuviera 30”.

Por ello, el pacto recoge que para finales del año 2022 tienen que estar listas todas esas modificaciones legislativas que fomenten la igualdad de género en la comunidad autónoma, mientras que en los próximos meses se debe trabajar “para consolidar el inicio de las medidas concretas” de cada estrategia.

Para Guillermo Fernández Vara, el feminismo es una de las actitudes fundamentales del siglo XXI, en el que la lucha contra la violencia machista no puede parar mientras sigan muriendo personas solo por el hecho de ser mujeres.

Corresponsabilidad de los cuidados

Patro Sánchez ha incidido en la necesidad de avanzar en la conciliación y la corresponsabilidad de los cuidados y las tareas del hogar, algo que repercute en la brecha salarial entre hombres y mujeres, que en España se sitúa en el 21,4%, y que se ve favorecida por la temporalidad y precariedad en el empleo que sufren las mujeres, agravada con la pandemia.

La dirigente de UGT ha instado a los gobiernos a abordar con urgencia el problema de la violencia de género, ya que son “inasumibles las cifras de asesinatos machistas que se están produciendo”, y a “dignificar” el sector de los cuidados con servicios públicos de calidad.

La secretaria general de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón, ha insistido en que la tasa de paro en las mujeres está en la región diez puntos por encima de la del hombre, mientras que la temporalidad afecta a un 32,7% de las extremeñas frente al 29,4% de extremeños.

Tras recordar que el 87% de las personas que se piden excedencias para el cuidado de niños o mayores son mujeres, ha lamentado que hoy se haya producido un nuevo asesinato machista en Sevilla, que se suma a los cinco más que se registraron hace una semana en un plazo de tan solo 72 horas, una realidad que es necesario y urgente cambiar, ha dicho, con medidas como las que recoge el Pacto por la Igualdad de Género en pos de una sociedad “menos sexista y más justa”.

“Necesitamos recursos públicos, políticas de corresponsabilidad, de conciliación”, ha añadido, además de precisar la importancia del decreto que regule el registro salarial.

Javier Peinado, de la CREEX, ha destacado que este pacto es el más trasversal y el más importante de la concertación social, además de precisar que obliga no solo a los firmantes sino a toda la sociedad, que es la que, a su juicio, debe de convencerse de que la igualdad es “una necesidad”.

El secretario general de la patronal extremeña ha lamentado los “estigmas” que aún tienen los empresarios “ahí colgados de la percha” en materia de igualdad de género y que, en su opinión, no responden a la realidad de lo que se vive en los centros de trabajo.

Cuando el pasado mes de febrero se aprobó la Ley del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, pocos preveían que las organizaciones, colectivos y entidades que forman parte del mismo, y cuyo trabajo diario se centra en los servicios sociales destinados a una mayor autonomía, inclusión e integración de las personas, se enfrentarían con una situación inédita que está poniendo a prueba toda su capacidad. Ya entonces, este sector celebraba la nueva normativa por otorgarles seguridad jurídica pero también demandaba que fuera acompañada de un nuevo concierto social -la acción concertada de la Administración pública con estas entidades cuando no dispone de medios propios para cubrir la demanda- y así lo recogió finalmente la ley.

Ahora, en plena segunda oleada de la pandemia de COVID-19, la Consejería de Bienestar Social ya ha sacado a información pública el proyecto de decreto que regula este nuevo concierto social, al amparo de la Ley de Servicios Sociales de 2010 y como respuesta a la multitud de conciertos y acuerdos con entidades para la prestación de estos servicios.

Para entender esta regulación, es necesario explicar que el concierto social es la forma de prestación, por entidades públicas y entidades privadas, de carácter social o mercantil, de servicios sociales incluidos en el catálogo de prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, de naturaleza no contractual, ni subvencional. Es decir, no son contratos públicos ni ayudas. Es acción concertada. Un decreto de estas características supone darle unidad a las fórmulas de concertación no contractuales llevadas a cabo hasta ahora dentro del Sistema Público de Servicios Sociales.

Parte de sus antecedentes se explican por la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, por la que se transpusieron al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo a este respecto. Se posibilitó así que determinados servicios relacionados con la atención a las personas puedan ser desarrollados al margen de la contratación pública mediante la aprobación, por las Comunidades Autónomas, de instrumentos no contractuales con la finalidad de satisfacer necesidades de carácter social.

Según el texto sometido a información pública, el Gobierno castellanomanchego destaca que las nuevas vías de colaboración entre la administración pública y el sector privado pueden ser beneficiosas para las personas usuarias, para las administraciones competentes y para las entidades prestadoras de servicios, aportando una “combinación equilibrada” entre la gestión directa, la acción concertada y la contratación pública. Esta idea, añade, se ha reforzado con la reciente aprobación de la Ley del Tercer Sector en la región.

Más agilidad, más urgencia, más obligaciones

Entre los objetivos de este nuevo concierto social está realizar procedimientos de concertación más ágiles para “evitar cargas administrativas innecesarias”, y también de transparencia, ya que establece la obligación de publicar los conciertos que se celebren. Entre sus principales novedades destaca que tendrán preferencia las entidades privadas que tengan reconocida la condición de Tercer Sector “cuando existan análogas condiciones de eficacia, calidad y costes”.

De hecho, además de regular los conciertos sociales, se incluye también en este decreto la posibilidad de celebrar “acuerdos directos de acción concertada”. ¿Qué son? Se trataría de una herramienta que permita “abordar situaciones imprevistas de urgencia social, emergencia o catástrofe, a las que sea necesario dar respuesta innovadora y eficaz”. Ahora bien, la suscripción de estos últimos deberá ser motivada por el órgano competente para celebrar la concertación, justificando la “necesidad y emergencia de la prestación y la disponibilidad presupuestaria”. Tras la formalización del acuerdo, el plazo de inicio de la prestación no podrá ser superior a un mes.

También resulta significativo el establecimiento de obligaciones para las entidades que quieran suscribir acuerdos de acción concertada. Por ejemplo, tendrán que disponer de la oportuna autorización administrativa cuando así se exija por la normativa sectorial correspondiente, y además deberán estar inscritas en el Registro de Servicios Sociales y tener la disponibilidad de estructura y capacidad suficientes para garantizar el desarrollo de las actividades concertadas.

En el proyecto de decreto se especifica todo el procedimiento de concertación. En el caso del inicio del proceso, se iniciará de oficio por el órgano competente para gestionar la prestación en función de la materia, mediante un informe-propuesta que deberá contener la motivación de que concurren las circunstancias que hacen necesario acudir a la acción concertada, atendiendo a la insuficiencia de medios propios y a la idoneidad de dicha forma de gestión. El expediente debe contener un estudio de costes con el cálculo del importe económico del concierto.

Convocatoria, solicitudes y duración de los acuerdos

Después, incorpora todos los aspectos que deberán recoger las bases de cada convocatoria, así como los criterios de selección que servirán para la selección de las entidades que hayan concurrido a la convocatoria de concierto. Algunos de ellos son el arraigo en el entorno, el precio de la prestación o servicio, la ubicación del centro en zona prioritaria, zona ITI o con ratio de plazas inferior a la media provincial o regional, y la implantación de la entidad en la localidad donde vaya a prestarse el servicio.

Las solicitudes las atenderá una comisión de valoración creada por aquella administración pública (regional o local) que vaya a concertar el servicio y se establece que la formalización de cada concierto se efectuará, en plazo máximo de un mes. Esta es una de las fórmulas para agilizar los procedimientos.

Asimismo, se regula que la duración de los acuerdos de acción concertada será la establecida en cada convocatoria con un máximo de cuatro años, pudiendo prorrogarse cada dos años, si así lo decide la administración competente, con carácter previo a la finalización del concierto, hasta un máximo de diez años, debiendo existir acuerdo entre ambas partes. Y en el caso de concertación de plazas vinculada a la construcción de centros, el plazo de duración del acuerdo de acción concertada tendrá como máximo una duración de diez años en inicio, sin incluir prórrogas, y comenzará a contar desde la puesta en funcionamiento del centro construido.

Finalmente, entre las obligaciones de las entidades concertadas se estipula que deben hacerse cargo de forma exclusiva del personal adscrito al servicio concertado, de sus retribuciones, obligaciones en materia de seguridad social y salud laboral, de su formación continuada y demás condiciones laborales impuestas por la normativa vigente. Además, precisa que “en ningún caso el personal que preste servicio en las entidades concertadas tendrá la consideración de personal laboral de la administración concertante”. El decreto exige asimismo realizar una auditoría técnica y económica externa con la periodicidad que le sea requerida para garantizar la calidad del servicio.

Una palabra planea sobre el anuncio que el presidente de Castilla-La Mancha en funciones realizó hace unos días en torno a la intención de su Ejecutivo de crear una empresa semi-pública de gestión de los servicios sociales: privatización. Es lo que muchos implicados en esta materia han interpretado de estas palabras, que Emiliano García-Page pronunció defendiendo las iniciativas público-privadas. Las valoraciones al respecto han sido muy variopintas. Unos se preguntan si bajo este anuncio está la intención de “semi-privatizar” la política social mientras que otros no lo consideran tan relevante, puesto que ya hay muchas entidades sociales que trabajan en función de este tipo de fórmulas de concertación. De ahí a una privatización, hay un largo camino que no todos han valorado en igual medida.

Se trata de un mecanismo que ya existe con métodos similares en otras comunidades autónomas. En Aragón, está el Instituto regional de Servicios Sociales; en Castilla y León se realiza a través de gerencias provinciales y en Extremadura se creó hace tiempo el Servicio de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD). En Castilla-La Mancha, lo más parecido es el SESCAM, el Servicio regional de Salud.

De momento, la Consejería de Bienestar Social ha explicado a eldiarioclm.es que el objetivo es crear un “instrumento” que dote a este departamento de capacidad para tener “una mayor operatividad” a la hora de implementar servicios. “Nadie está hablando de privatizar nada”, han indicado fuentes de esta Consejería.

Con esta futura empresa se buscaría incrementar los servicios y recursos de atención social para personas mayores o personas con discapacidad, mejorar la concertación con las entidades privadas y del tercer sector, y crear y ampliar servicios, así como plazas públicas para personas en situación de dependencia. “En ningún momento se reducirán servicios públicos ni personal público”, concluyen desde la Consejería. Es en el debate de investidura del próximo 2 de julio cuando está previsto que García-Page ofrezca más detalles al respecto.

Una fórmula no incluida en la futura Ley del Tercer Sector

La fórmula de concertación social que busca la Junta de Castilla-La Mancha está recogida en el proyecto de Ley del Tercer Sector, cuya aprobación está prevista en el primer periodo de sesiones de la nueva legislatura, aunque no contempla ninguna fórmula de creación de una empresa. A este respecto, el Colegio de Trabajo Social afirma no haber tenido noticia de este proyecto salvo por los medios de comunicación y admite “bastante revuelo” entre sus colegiados, que proceden tanto del ámbito público como del privado.

Este colectivo coincide con el objetivo de reforzar los mecanismos de colaboración con la iniciativa privada, puesto que forma parte del Sistema Público de Servicios Sociales, pero recuerda que los servicios del Modelo Social Europeo se caracterizan por ser “una rama de regulación pública, con financiación mayoritariamente pública y provisión mixta con el papel que desempeña el tercer sector en la complementación de servicios, que no sustitución”. Apela a la Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha aprobada en 2010, que prevé mecanismos de coordinación con las entidades de iniciativa privada, preferentemente de iniciativa social.

A la vista de este contexto y de toda la normativa europea, los trabajadores sociales apuestan por el concierto social como “la fórmula más idónea para una provisión mixta de servicios, administración e iniciativa privada”. “La creación de una empresa semi-privada para la gestión de servicios sociales no parece que sea el modelo más adecuado de provisión de servicios, ni responde a demandas vinculadas a los profesionales ni del ámbito público ni del tercer sector”.

También destaca este colectivo que la administración pública debe velar por la homogeneización de sueldos, tipos de contratos, perfiles profesionales o tipología de servicios a conveniar, y que es muy importante “que no se trate a estas entidades como empresas”, como ocurre ahora con una Ley de Contratos Públicos “que no pueden cumplir”. Muestra por todo ello su preocupación por una posible liberalización de los servicios sociales o con que se “semi-privaticen” recursos enteramente públicos como residencias o centros de día de discapacidad, “con el único objetivo del ahorro económico”.

Precisamente, desde el CERMI de Castilla-La Mancha, el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad que agrupa al mayor número de entidades de la región, su gerente, José Antonio Romero, ha hecho un llamamiento a la “cautela” frente a cualquier tipo de “alarmismo”. Ha querido dejar claro que la prioridad de estas organizaciones es la aprobación de la Ley del Tercer Sector, que precisamente “viene a poner claridad” en las relaciones de la Administración pública con las entidades sociales, en una futura Comisión de Diálogo Civil. “Hay un sistema por el que estamos apostando para dar tranquilidad y estabilidad a la prestación de servicios, que es la concertación social”.

En este sentido, también explica que el tercer sector es muy diferente a otros, porque los servicios los prestan organizaciones sociales, con centros que pertenecen a las mismas y con su propio personal, como sucede, por ejemplo, en dependencia, discapacidad y menores. Es diferente, añade, que cuando se habla de privatizar un servicio de un hospital o de transporte.

“En nuestro caso, a lo largo de los últimos 40 años se han constituido una serie de servicios para la ciudadanía que ya estamos prestando las entidades sociales mediante subvenciones anuales”. Por eso lo fundamental, insiste, es que se clarifique ese sistema de concertación y el catálogo de servicios sociales. Según añade, la idea apuntada por García-Page de que sea una empresa “puede ser interesante”, pero primero “hay que poner orden a la concertación social”.

También los partidos políticos han valorado el anuncio del presidente, e igualmente lo han hecho de forma muy diferente. Izquierda Unida (IU) le ha criticado duramente poniendo en duda que el Ejecutivo socialista quiera defender los servicios públicos, equiparando esta cuestión a otras como el transporte sanitario por carretera, “entregado a empresas que han demostrado su falta de sensibilidad en materia laboral”, llevando a la huelga a sus trabajadores; como el Hospitalito del Rey de Toledo.

De la “privatización” al “titular medido”

“Esta decisión mítica de externalizar su responsabilidad sobre los más vulnerables de la región no es el modelo social y económico que nos gusta. Pero, sin duda, hoy ya hay muchas empresas preparando la oferta económica para hacerse con estos servicios y se hará con ella la oferta más barata donde pierden los trabajadores y trabajadoras y la calidad del servicio. Y si no, al tiempo”, ha avisado.

Finalmente, la portavoz de Ciudadanos en las Cortes castellano-manchegas, Carmen Picazo, coincide con las entidades sociales en urgir a la aprobación de la futura Ley del Tercer Sector, donde “no se prevé la creación de ninguna empresa ni pública ni semipública”. En su opinión, García-Page “ha medido al milímetro el titular de prensa para evitar palabras como ‘privatización’ o ‘externalización’ de servicios” y no ha explicado ningún detalle.

“Si sigue adelante ¿qué va a hacer? ¿Va a echar para atrás toda tramitación del proyecto de Ley del Tercer Sector para incluir esta empresa? Estamos hablando de entidades que son un pilar básico de nuestro Estado del Bienestar y hay que tomarlas más en serio, en lugar de marearlas con una ley que no hace más que anunciarse pero que nunca llega”, se pregunta. Y adelanta que cuando entre en el Parlamento, Ciudadanos estudiará la propuesta y garantizará que participe en ella el rercer sector.

Carmen Picazo ha afirmado que la formación naranja estará “muy vigilante” para que esta medida no se convierta “en un chiringuito político” y ha remarcado que al hablar de contratación pública, regulada a nivel estatal y europeo, es necesario abordarlo con transparencia, reiterando su confianza en que “no se convierta en la adjudicación de contratos públicos a dedo, vulnerando la legislación en materia de contratación pública y, al final, la fiesta de Page la acabemos pagando todos”.

La Fábrica de Armas de Toledo es el escenario en el que durante dos días diferentes expertos debatirán sobre modelos de inclusión social en el actual contexto socio-económico. Se trata de las I Jornadas de Servicios Sociales e Inclusión organizadas por la Federación de Municipios de Castilla-La Mancha (FEMP-CLM), con la participación de más de 200 profesionales y responsables de servicios sociales de la región. En el acto de inauguración han participado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, y la presidenta de la federación de municipios y alcaldesa de Puertollano, Mayte Fernández.

La alta participación en las Jornadas, con unas 290 personas inscritas inicialmente, muestra el interés suscitado por encontrar un espacio de debate sobre el futuro de los Servicios Sociales y de la Inclusión Social.

Entre los ponentes, figuran destacados especialistas tanto de la implantación y gestión territorial de los servicios sociales como estudiosos de la Inclusión Social. Así, la primera ponencia está a cargo de Fernando Fontava, dedicada a la gestión de los sistemas públicos de Servicios Sociales desde su experiencia en el País Vasco. Le seguirán Fermín Rodríguez, catedrático de la Universidad de Oviedo, y Alejandra Boto, así como Víctor Renes, que orientará su intervención al Tercer Sector y la provisión de Servicios Sociales.

El viernes 10 interviene Miguel Laparra, consejero del ramo en Navarra, y especialista de referencia en materia de Inclusión Social, que dedicará su ponencia a ‘Los retos de las políticas de Inclusión Social, tendencias y prácticas innovadoras’. A continuación, se expondrá el trabajo desarrollado por los profesionales del Servicio de Acción Social de la Consejería de Bienestar Social en colaboración con la UCLM sobre el Manual de Prestación ante Situaciones de Exclusión Social en la región y la herramienta de diagnóstico en tales situaciones.

Durante la presentación, la consejera de Bienestar Social ha anunciado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a incrementar en 2018 un 6,6% el importe del presupuesto del Marco de Concertación con las entidades locales, con el que acuerda con los ayuntamientos la prestación de los servicios sociales, entre otros servicios, que llegará a alcanzar los 58 millones de euros.

También ha destacado que se aumentará en 2018 un 33% el presupuesto de la Convocatoria de Inclusión Social, con la que las entidades del Tercer Sector atienden a personas en situación en riesgo de exclusión social, colectivos vulnerables y personas sin hogar.

El Gobierno andaluz mantuvo este martes una reunión con los representantes de los empresarios andaluces y los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, para retomar el diálogo social prácticamente paralizado en el útlimo año y abordar el cambio del sistema productivo en Andalucía. Hacía tiempo que no se encontraban todos juntos y del encuentro en San Telmo los agentes sociales salieron reclamando al nuevo gobierno de Susana Díaz entrar de inmediato en acción para asentar la recuperación económica, incentivar el empleo y disminuir las desigualdades.

“Este Gobierno no tiene los 100 días de gracia porque ya se desperdiciaron 80 para lograr la investidura. Es el momento de ponerse manos a la obra, actuar con decisión y voluntad”, señaló el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara.

González de Lara coincidió con los secretarios generales de CCOO y UGT, Francisco Carbonero y Carmen Castilla, en reclamar cuanto antes las políticas activas de empleo y apostaron por propiciar iniciativas que favorezcan la reindustrialización. Los agentes sociales coincidieron también en exigir a todos los actores políticos la estabilidad suficiente para atraer inversiones en la región.

El presidente de la CEA descartó preocupación en el empresariado por la llegada de nuevas formaciones políticas al escenario político andaluz y negó que se estén retirando inversiones. “Lo que sí le preocupa al empresario es la falta de estabilidad política”, añadió.

Francisco Carbonero, de CCOO, avanzó que la siempre defendida paz social ya no pasa por los acuerdos de concertación del pasado, tan elogiados por unos como denostados por otros. “Lo práctico ahora no son los acuerdos con mucho nombre y poco de gobernabilidad. Lo que es necesario son medidas concretas y fáciles de poner en marcha”. A su lado, Carmen Castilla asentía reclamando al gobierno “actuar ya para solventar los dos grandes problemas de Andalucía, el desempleo y la desigualdad”.

El objetivo, que la industria ocupe el 22% del PIB

Mayor crecimiento, y empleo de calidad, añaden, significa propiciar la reindustrialización de Andalucía. Sólo así se complementarían las principales actividades económicas de la región (turismo, agricultura y construcción) que están marcadas por la estacionalidad en el empleo. El consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, afirmó que “no se puede tener todos los huevos en la misma cesta” y recordó que el objetivo de la Agenda de Empleo 2014-2020 es que la industria pase a aportar en seis años el 22% del PIB andaluz, frente al 13% que ocupa ahora.

La aeronáutica, las energías renovables, el sector de las TIC, la minería y la inversión en I+D+i serán los sectores a través de los que conseguir recuperar reindustrializar Andalucía. “Nos referimos a industria en un sentido más amplio, tecnológico, no a la industria pesada tradicional”, matizó el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, que avanzó que el dialogo social del Gobierno andaluz se extenderá a otros actores y se intensificará en las próximas semanas. “No ponemos un formato cerrado y habrá diálogo en todas las direcciones”, ha destacado.

Optimista, Sánchez Maldonado ha señalado que en 2015 Andalucía se situará “muy cerca” de la media del crecimiento en España y que en años posteriores será superior a la media del país. Para ello abogó por hacer de Andalucía una tierra “agradable” para los inversores extranjeros. El Gobierno prepara medidas para hacer más atractiva la contratación, eliminar las trabas administrativas y burocráticas y mejorar la financiación de las empresas a través de “grandes convenios con bancos”.

Las presuntas irregularidades en la recepción de subvenciones públicas y el punto muerto de la concertación social han marcado el año para los sindicatos.

2013 se cerraba hace ahora un año con el registro de la sede de UGT Andalucía, una hecho sin precedentes en el ámbito sindical y que se producía en la instrucción judicial del caso de las facturas falsas. Semanas antes, por esta causa, había dimitido su entonces secretario general, Francisco Fernández Sevilla. La investigación en los juzgados y en el seno de la Junta de Andalucía, con escaparate parlamentario, han situado la recepción de subvenciones públicas en el punto de mira ciudadano y han marcado la actualidad sindical en este curso.

Por otra parte, con el paro como uno de los mayores problemas que sigue golpeando Andalucía y las consecuencias de la reforma laboral como argumentación recurrente entre los sindicatos para lamentar los escasos avances en la mejora de los salarios y las condiciones de los trabajadpres, la concertación social tan sólo ha tenido un pequeño avance a finales de año, con la vista puesta en el Plan Juncker, después de un año en el que los sindicatos mayoritarios y la patronal han estado bastante desconcertados por la posición del Gobierno autonómico, en el más amplio sentido de la palabra.

Desde que, ahora hace un año, expirara el  VII Acuerdo de Concertación Social, no ha habido encuentro que lo haya reavivado. Sindicatos y patronal han critican la falta de diálogo en las políticas socieconómicas por parte de la Junta, que insiste en que “el modelo ha cambiado” y que la base ahora es la Agenda por el Empleo 2014-2020, cuyas medidas se irán concretando anualmente con los presupuestos autonómicos.

El desencuentro ha sido tal que, si bien no oficialmente por ese motivo, UGT-A rompía relaciones con la Junta este noviembre. Días antes había pedido al juzgado suspender las seis resoluciones de reintegro notificadas por la Junta, que ya suman más de 15 millones en reclamaciones. El sindicato acusa a la Junta de “actuar de forma inquisitorial” al “emprender injustificadamente una causa general indiscriminada contra todas las actividades formativas del sindicato en Andalucía con el único objetivo de limpiar su imagen”.

El caso es que los consejeros Luciano Alonso y José Sánchez Maldonado informan periódicamente del análisis de los expedientes de subvenciones para formación y de las cantidades que reclama a UGT-A por el asunto de las facturas. Por este caso, en la investigación judicial, los dos últimos secretarios regionales, el histórico Manuel Pastrana y el citado Fernández Sevilla, han sido llamados en calidad de imputados por el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla. El primero no declaró por enfermedad y el segundo prefirió hacerlo cuando esté toda la documentación presente en las actuaciones, aunque rechazó de plano las acusaciones.

Una veintena de sindicalistas entre los más de 200 imputados en los ERE

Al margen del asunto de los cursos de formación y las facturas falsas de UGT-A, el caso de los ERE también viene salpicando a los sindicatos. El pasado agosto, la exposición razonada elevada por la jueza Alaya al Tribunal Supremo confirmaba una cosa que ya había dicho un año antes y que ha venido manteniendo durante toda la instrucción: que UGT Y CCOO se financiaron de forma irregular durante una década.

Según concreta la Guardia Civil, ambos sindicatos cobraron entre 2001 y 2009 un total de 7,6 millones de euros de dos aseguradoras implicadas en los ERE (Vitalia y Uniter) aunque “no prestaron ningún servicio efectivo”. Las mediadoras, con las sobrecomisiones que cobraban en cada ERE, pagaban a los sindicatos y “con dicha retribución facilitaban la culminación normalizada de los mismos, a pesar de ser entidades sin ánimo de lucro cuya esencia es la defensa del derecho de los trabajadores y la negociación colectiva”, según la tesis de Alaya.

Por estos motivos, hasta una veintena de sindicalistas de UGT y CCOO se encuentran entre los más de 200 imputados por los ERE, encabezados por un líder estatal, José Luis Montesinos, secretario general de Fiteqa-CCOO, y el ya citado exsecretario general andaluz, Francisco Fernández Sevilla, de UGT.

Este 2014 será un año perdido para la concertación social después de que el VII Acuerdo de Concertación Social expirara el 31 de diciembre de 2013 y la Junta de Andalucía, los sindicatos y la patronal no se hayan sentado a negociar todavía. Ni antes del verano, como se anunciaba a comienzos de año, ni en septiembre, como se prometía cuando llegaron las vacaciones. El plazo que se da ahora la Consejería de Economía, que debe liderar este proyecto, es para después de los presupuestos autonómicos -que deberían pasar por Consejo de Gobierno a finales de octubre- aunque los agentes sociales entienden que es una “excusa” más.

El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, vincula el hecho de que no se haya iniciado el tema con que “la Junta de Andalucía no ha ofrecido nada”. Y CCOO-A “no se va a sentar a negociar nada mientras no haya una propuesta sobre la mesa porque no nos interesa la foto de la concertación social”. En este sentido, desde CCOO-A entienden que el Gobierno de Andalucía “está incómodo con las exigencias que conlleva un pacto de este tipo” y por eso está “dejándolo morir”.

En términos parecidos se expresa la secretaria de Institucional de UGT-A, Carmen Barrera, quien insiste en que su sindicato quiere “colaborar” pero entiende que “la Junta de Andalucía ya debió sentarse a negociar hace tiempo”. No es sólo la concertación social, continúa, “sino que no se está negociando ninguna política socioeconómica, y estamos verdaderamente preocupados”.

En la misma línea, los responsables de los dos sindicatos mayoritarios trasladan su malestar por el hecho de que los planes que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía, por ejemplo en materia de creación de empleo, “no tengan ningún tipo de evaluación”, por lo que no conocen sus resultados. “No es por falta de voluntad de nuestro sindicato, pero lo cierto es que hasta la fecha no hay nada”, recalca Carmen Barrera.

El diálogo “no avanza”

La última negociación entre las partes fue la Agenda por el Empleo 2014-2020, aprobada el pasado mes de julio para su trámitación por el Parlamento de Andalucía. El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, aseguraba que era el primer paso para la concertación social. Y desde su departamento confirman que será el marco sobre el que se debatan todas las políticas en materia de economía y empleo. Es más, la concertación social tal y como se ha entendido hasta la fecha no tiene cabida, según fuentes de esta consejería, que aseguran que la planificación es “a siete años vista”, en función de los fondos europeos.

Desde la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), el otro pilar tradicional en este diálogo, su presidente, Javier González de Lara, reconoce que, hoy por hoy, la concertación social está guardada en el cajón: “Está paralizada”. Más aún, asegura que no le preocupa que así sea: “No se avanza, no porque no haya voluntad de las partes, sino sencillamente porque no se ha producido un inicio formal de la misma, por lo tanto no lo digo con espíritu crítico, sino a la espera de que haya una agenda de trabajo”. Él apuesta por “el diálogo social, que es el que ha dado tantísima estabilidad a nuestro país”.

Eso sí, su apuesta no parece llegar a tanto como para incitarle a liderar el proceso: “Nosotros estamos esperando a que la Junta de Andalucía nos convoque. Es el procedimiento lógico y natural que sea ella. Hemos tenido algún contacto previo, pero poco más”. De hecho, el presidente de la patronal no tiene empacho alguno en reconocer también que no negocia nada con la Junta de Andalucía desde que se firmó la citada ECA, para traer fondos europeos. “Desde entonces no hemos tenido más conversaciones”, afirma.

Es importante señalar que la concertación social ha tocado ser debatida en un mal momento para los agentes protagonistas. Por un lado, la Junta de Andalucía ha planteado abrirla a otros agentes, como los representantes de la economía social o los consumidores, propuesta que no ha sido bien recibida por los clásicos. Y por otro, tanto fuerzas sindicales como la patronal andaluza se encuentran, en general, inmersos en escándalos que han derivado en investigaciones en los juzgados, fundamentalmente relacionadas con el uso de subvenciones destinadas a la formación. Estas circunstancias parecen retrasar la esperada reunión entre los agentes sociales y tienen paralizado un acuerdo con el que, todos coinciden, sirve para poner en marcha medidas que propicien el incremento de la productividad y por tanto la generación de empleo en la comunidad autónoma.

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos UGT-A y CCOO-A han presentado este martes un manifiesto instando a la Junta de Andalucía a sentarse a negociar ya el nuevo marco de concertación social. Pero sólo con los agentes que tienen “legitimidad” para ello por su representación. Este manifiesto ha puesto sobre la mesa el tradicional rechazo de estas organizaciones a que entren nuevos participantes. Pero también ha entrado en colisión con lo que en su primera entrevista tras su toma de posesión decía el presidente de la CEA en los micrófonos de Canal Sur.

Javier González de Lara se mostraba el pasado mes de enero dispuesto a “hacer autocrítica”, “a cambiar el modelo” y a “abrir la concertación social”. Es cierto que también dejaba claro que no se podía abrir “a cualquiera, sino a entidades representativas y que puedan acreditarlo”. Pero ¿qué entiende por entidades representativas y que puedan acreditarlo? En su momento, cuando con estas palabras respondía a la idea lanzada desde el Gobierno de Andalucía se habló de la necesidad de tener en cuenta la economía social, a los consumidores e incluso a otros sindicatos.

Sin embargo, esta semana tanto él como los líderes de UGT-A y CCOO-A han dejado claro que la organización más representativa de la economía social en la comunidad autónoma, Cepes-A, no tiene cabida porque no tiene el peso que para participar en diálogos de este tipo confieren la Consitutión Española y el Estatuto de Autonomía. Lo reiteraba este miércoles Javier González de Lara. “La CEA no veta a nadie”, decía, para agregar que quien quiera sentarse en esta mesa debe demostrar su representatividad, pero no tienen cabida “aquellos que no lo puedan hacer o representen el 1,5% de la economía y no más de 7.000 empresas de dos millones que hay en toda España”. Entiende que “no se trata de vetar o no, sino de analizar la legitimidad de cada cual”.

“La economía social está presente en el 82% de los municipios”

No han tardado en responderle desde Cepes-A. Su presidente, José María Algora, ha declarado a Europa Press que la economía social está “totalmente legitimada” de cara a la Junta de Andalucía tras los diferentes actos acordados en los últimos años. Ha recordado que la economía social está presente en el 82% de los municipios de Andalucía y supone una forma de desarrollo “totalmente diferente”, basado en la cohesión social y del territorio, en la no deslocalización y en la capacidad de resistencia en tiempos de crisis con un empleo estable y de calidad. Por eso se ha mostrado convencido de que serán convocados por la Junta de Andalucía para esta negociación.

También las organizaciones de consumidores, como Facua, siguen esperando ser convocadas para este foro porque entienden que tienen cabida en el marco del compromiso que anunció la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, de abrirlo a nuevos agentes. El secretario general de Facua Andalucía, Rubén Sánchez, insiste en que se debe “reactivar el diálogo social y abrirlo a nuevos actores, reconociendo su papel como agentes sociales y económicos”. Y “Facua Andalucía es uno de ellos”.

Desde el PSOE-A, su portavoz parlamentario Mario Jiménez dejaba entrever que podría ser de esta manera. Se remitía a las palabras de la presidenta cuando habló de la necesidad de “revisar todo el modelo”, “abrir la economía en canal” y “no dar nada por sentado”. Ha confiado en que la propuesta para este “diálogo social” llegue en próximas fechas, una vez que tanto la patronal como los sindicatos han instado a comenzar ya.

¿Qué dice el Estatuto de Autonomía? En su artículo 10 hace alusión a que uno de los objetivos básicos de la comunidad autónoma es “la concertación social, reconociendo la función relevante que para ello cumplen las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Andalucía”. Y en el 26.2 “garantiza a los sindicatos y a las organizaciones empresariales el establecimiento de las condiciones necesarias para el desempeño de las funciones que la Constitución Española les reconoce” y que la ley regulará “la participación institucional de las más representativas en la comunidad autónoma”. El problema radica precisamente en eso: todavía se espera la Ley de Participación Institucional, que está llamada a complementar la de transparencia, recién aprobada, y la de participación ciudadana, que todavía está en negociaciones entre los socios del Gobierno de Andalucía.

Cabe recordar que en el marco del VII Acuerdo de Concertación Social en vigor hasta el 31 de diciembre de 2013, se movilizaron en torno a 20.000 millones de euros para reactivar la economía de la región. Pese a sus buenos propósitos, los firmantes de ese pacto no pueden estar orgullosos del resultado porque el desempleo ha crecido unos 10 puntos y el PIB pero cápita ha caído otro cinco.

Lo dijo el PSOE-A por boca de su secretaria general y presidenta de Andalucía Susana Díaz -“hay que revisar todo el modelo”- y lo secundan IU, que aboga por un nuevo Acuerdo de Concertación Social en el que se incluyan más agentes -y no sólo los sindicatos UGT-A y CCOO-A y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)- e incluso el PP-A, para quien deberían tener voz hasta las administraciones locales, por medio de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

La idea de la que parten los socios del Gobierno de Andalucía es que la firma de la que sería la octava hoja de ruta que marcaría los compromisos para generar riqueza y empleo en la comunidad autónoma cuente con un debate más participativo que hasta el momento. El vicepresidente Diego Valderas ha hablado este jueves de abrirlo a todos los agentes con los que a lo largo de 2012 y 2013 la Junta de Andalucía ha ido firmando acuerdos, hasta un total de nueve. Entran ahí los representantes de la economía social, pero también de la cultura, las ONG, la educación... “Estos acuerdos tienen que convertirse en los pilares de la nueva concertación social”, ha dicho, abogando por un modelo “abierto y no excluyente”.

En cuanto a la mano tendida por la presidenta a la oposición para este debate, Diego Valderas se ha mostrado receloso. “Cuando se le ha tendido la mano al PP-A no sólo no la ha estrechado, sino que a veces la ha mordido”, ha dicho gráficamente. En este sentido, ha considerado positivo que los populares entraran en el debate, pero ha expresado sus dudas: “El diálogo es para construir y pensar con grandeza y no para confrontar, y ése el primer examen de conciencia que habrá que hacerle al PP-A”.

Por su parte, la secretaria de Organización del PP-A, Ana María Corredera, que ha respondido con acritud a las críticas vertidas desde IU, ha incidido también en la necesidad de contar con más agentes, incluso con las administraciones locales. Ha puesto el caso de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), restándole importancia al hecho de que su dirección lleve más de un año sometida a la interinidad, “porque es la voz autorizada del municipalismo”.

En todo caso, en el Gobierno de Andalucía son conscientes de que un modelo de este tipo necesita meses de trabajo, especialmente cuando la concertación social vive sus horas más bajas, con crisis como las originadas por los escándalos en las direcciones de UGT-A y la CEA. Por ello, Diego Valderas ha puesto como fecha deseable que estuviera para septiembre. De hecho, el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, ha urgido que se hable menos del tema y se empiece a trabajar ya “con reuniones discretas, donde se conozcan las posiciones de las distintas organizaciones políticas, sociales y económicas, sin vetos ni exclusiones y con mucha lealtad para que no se juegue con Andalucía”.

Buena acogida de la oferta

La posible entrada de nuevos agentes, ha sido acogida con optimismo por algunos de los que podrían entrar con voz propia en esta mesa de diálogo. Es el caso de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCE-A), que ha recordado que es una reivindicación histórica, “pero hasta la fecha quedában excluidos de participar en un modelo que se limitaba a empresarios y sindicatos”, según ha expresado en un comunicado.

También ha reclamado su participación el secretario de Acción Sindical de CSIF-A, Francisco Iglesias, quien ha criticado que este sindicato haya quedado al margen hasta ahora pese a ser “el de mayor representación en la administración pública y el tercero en empresas privadas”.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Entidades para la Economía Social en Andalucía (Cepes-A), Antonio Romero, ha saludado la oferta con entusiasmo. En su opinión, la economía social pueda estar al mismo nivel que los agentes que siempre han negociado sobre estos asuntos. En declaracione a la agencia Europa Press ha dicho que “cuanta más personas opinen y consensúen medidas para salir de la crisis, mejor será”.

Le ha parecido bien hasta la CEA, que hasta ahora mostraba recelos a la entrada de agentes como por ejemplo los de economía social. En este sentido, el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y candidato a la presidencia de la CEA, Javier González de Lara, ha dicho en declaraciones a Canal Sur Radio que ve fundamental incluir a nuevos colectivos porque “se ha perdido el diálogo social y político y se está en un frentismo preocupante”.