Las diputadas andaluzas Maribel Mora y Mari García han confirmado este martes su abandono del grupo de Unidas Podemos por Andalucía y han solicitado ser parlamentarias no adscritas, lo que han comunicado mediante sendos escritos registrados en el Parlamento de Andalucía.

Mora y García se suman así a la situación en la que se encuentran Teresa Rodríguez y los ocho parlamentarios expulsados del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, lo que deja al grupo parlamentario de Unidas Podemos por Andalucía con seis diputados.

La decisión se produce diez días después de que la “nueva” Adelante Andalucía, encabezada por su actual portavoz, Teresa Rodríguez, aprobara su refundación el pasado 26 de junio, sin IU y Podemos, en Granada, con el objetivo de presentarse a las próximas elecciones andaluzas, municipales, generales y europeas.

Oposición frontal a la expulsión

Días después, Podemos e IU registraron en el Parlamento el cambio del nombre del grupo parlamentario de Adelante por el de Unidas Podemos por Andalucía, aunque esta coalición asegura que estudia medidas legales contra Adelante Andalucía por uso de la marca.

IU y Podemos sostienen que Teresa Rodríguez, Anticapitalistas y las otras cuatro formaciones andalucistas que forman ahora Adelante han “usurpado” la marca que fue común.

Maribel Mora se incorporó como independiente en Podemos Andalucía, ha sido miembro de la Mesa del Parlamento por Adelante y se opuso frontalmente, al igual que Mari García, a la expulsión por transfuguismo de sus excompañeros del grupo cuando IU y Podemos lo solicitaron al Parlamento andaluz.

Sobre la decisión, tomada tras la reforma del Reglamento de la Cámara para adaptarla al pacto antitransfuguismo, aún tiene que pronunciarse el Tribunal Constitucional (TC) tras el recurso presentado por los diputados expulsados. 

“Vox apoya un aumento del presupuesto en materia de políticas migratorias”. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (Ciudadanos), defiende que las partidas para atender la inmigración suben “un 23%” en el presupuesto andaluz, de 4,8 a 6 millones de euros. Marín, en una suerte de vuelva de tuerca presupuestaria, considera que Vox, cuyos votos lograron investir a Juan Manuel Moreno (PP) y que prevé una enmienda para dotar con 600.000 euros un plan de infraestructuras judiciales en detrimento por igual cuantía de “las asociaciones relacionadas con la promoción e inserción de personas inmigrantes”, colabora en que se mejore la atención a las personas migrantes en Andalucía.

“Si nosotros, desde el ámbito de la administración de justicia, facilitamos toda la tramitación de todos los expedientes y somos capaces de agilizar esos documentos, la identificación de las personas y su retorno, si tiene que haber retorno, se puede efectuar con mejores infraestructuras y más medios es actuar en favor de las políticas en materia de inmigración”, según ha explicado el vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en comisión parlamentaria.

La línea de subvenciones a ONG en favor de la integración se incrementa en 740.000 euros, según explicó Marín, alcanzando la cifra de 1,45 millones de euros (en 2018 se destinaron a esta cuestión 1,2 millones), de los cuales se retraerán, a la espera del trámite de enmiendas al Presupuesto andaluz, los citados 600.000 euros que constan en el documento de acuerdo de presupuestos entre el Gobierno andaluz y Vox que trascendió el pasado 12 de junio.

Para Marín, “no es cierto que el presupuesto para políticas migratorias haya descendido. No se destinan a integración 1,2 millones sino 1,45. No se ha recortado nada sino que aumenta en 250.000 euros”. El líder de Ciudadanos en Andalucía insistió en el aumento del 23% “después de una enmienda presentada por Vox en la que, dentro de la previsión de llegar a los 800.000 euros, parte de ese dinero [600.000 euros] se destine a mejorar las infraestructuras judiciales de costa que están saturadas para atender los papeles de todas estas personas migrantes. Decir que ese dinero no va a ir a esas políticas me parece... Necesitamos hacer inversiones en esos juzgados porque hay deficiencias”, comentó Marín. “Lo que se hace es reajustar en función de la enmienda” de Vox, sentenció.

“Es un recorte”

El vicepresidente había entrado en discusión con la diputada de Adelante Andalucía, Maribel Mora, que le preguntaba en comisión por el IV Plan Integral de Inmigración pero quien le trasladó la “enorme preocupación” de los colectivos sociales que trabajan con inmigrantes al aceptarse algunas de las propuestas de Vox. Mora, que agradeció el tono mostrado por Marín y su sensibilidad hacia estos temas, le reprochó en cambio que su predisposición hacia este tema no se traduce en los presupuestos porque en el acuerdo con la extrema derecha “se retira y se destina a infraestructuras judiciales” parte de la cuantía dirigida a la integración de personas inmigrantes. “Las infraestructuras judiciales en frontera sur no están dentro de las políticas de integración de los migrantes. Es un recorte”, dijo Mora, anunciando una enmienda en ese sentido por parte de su grupo parlamentario.

“Se está vaciando el presupuesto para integración, ¿cuál es el giro que van a tomar las políticas?”, le preguntó, amén de poner en duda la procedencia de incluir en dicho acuerdo la “tramitación de una propuesta de convenio con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mediante el cual se proceda al apoyo económico y de gestión de la administración de la Junta de Andalucía para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de inmigración irregular”.

Marín, que se mostró abierto a enmiendas que pueda proponer Adelante Andalucía para favorecer las políticas migratorias, señaló que “quizás lo que les ha cogido a contrapié” es que “Vox apoya un aumento del presupuesto en materia de políticas migratorias”. “Otra cosa es que no le guste a usted en qué partida se pueda poner el dinero. No hay recorte, no es cierto”, insitió el vicepresidente andaluz durante la comisión.

Este es el contenido íntegro del debate completo ente Marín y Mora:

Podemos ha registrado una pregunta en el Senado exigiendo a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que aclare si en Semana Santa visitó en Málaga la tumba del aviador franquista Joaquín García-Morato, “responsable de haber bombardeado la población andaluza”, porque, de confirmarse, sería un “grave insulto” para los ciudadanos de esta comunidad.

“¿Es cierto que la ministra de Defensa visitó la pasada Semana Santa la tumba del aviador franquista Joaquín García Morato, tal y cómo aparece publicado y anunciado en medios de comunicación y por la Hermandad de la Misericordia en Málaga?”, es la primera de la batería de preguntas que registró a este respecto la senadora andaluza de Podemos Maribel Mora.

En caso de que esta información sea cierta, Podemos quiere saber los motivos por qué una ministra de Defensa en, su condición de representante público, visite la tumba de “un militar fascista que apoyó el golpe de Estado contra la II República” y al que se le atribuyen bombardeos en Andalucía durante la Guerra Civil.

“García-Morato habría sido el responsable de los bombardeos realizados por la aviación franquista sobre la ciudad de Antequera, que precedió a la Masacre de la Carretera de Málaga, uno de los episodios más sangrientos de la Guerra Civil y que dejó entre 3.000 y 5.000 víctimas civiles asesinadas por el bando franquista”, explica la formación morada.

Mora también pregunta a Cospedal si “en su condición de representante público piensa identificar y visitar a las víctimas de los bombardeos del señor García-Maroto”. Para Podemos, la participación de Cospedal en el homenaje a un militar franquista “podría constituir una grave vulneración de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica de ámbito estatal y la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía”.

“Si se confirman las informaciones publicadas, estaríamos ante unos hechos gravísimos, porque una ministra de Defensa, sea cuál sea su ideología, no puede bajo ninguna circunstancia homenajear a militares golpistas con graves responsabilidades en la comisión de Crímenes contra la Humanidad”, zanja la parlamentaria de Podemos.

“¿Qué protocolos tiene adoptados el Gobierno ante la posibilidad de un apocalipsis zombi?”. El senador de Compromís Carles Mulet utilizaba el pasado martes esta pregunta –que él mismo calificaba de “absurda”– para denunciar una idea que comparten muchos senadores: el Gobierno entorpece su labor de control parlamentario a través de las preguntas escritas con respuestas “de poca calidad”. Este martes, el Gobierno ha anunciado que responderá por escrito a la pregunta de Mulet.

Las preguntas por escrito de los senadores pasan primero por el filtro de la Mesa del Senado y, en caso de ser admitidas, se remiten al Gobierno para que las conteste en treinta días. Los senadores critican que, aunque reciban respuesta, en muchas ocasiones el Gobierno recurre a contestaciones muy genéricas, citan la legislación vigente sin responder a la pregunta o se acogen a que “no se tiene información sobre dichas cuestiones”.

“Creo que es premeditado. Saben que las preguntas no las hacemos porque sí, las hacemos para sacar un hilo o un tema”, apunta Carles Mulet en declaraciones a eldiario.es. El senador EH Bildu Jon Iñarritu coincide con su criterio: “Creo, sinceramente, que hay una voluntad de obstaculizar y no ser transparentes en la mayoría de los casos. Cumplen con ese mínimo que les obliga la ley de responder, pero contestan lo que les da la gana y dejan de responder a preguntas muy concretas, que son de lógica”.

Iñarritu cuestionó el 22 de diciembre por escrito al Senado cuánto tiempo tardan en resolverse las solicitudes de nacionalidad con arreglo a la Ley de Memoria Histórica –que recoge, entre otras cuestiones, que los nietos de exiliados que perdieron la nacionalidad como consecuencia del exilio tendrán derecho a ella– y los motivos por los que se deniegan las solicitudes. Ninguna de esas dos cuestiones obtuvo respuesta.

El Ejecutivo señaló que, debido a “la falta de informatización de los Registros Civiles Consulares”, no hay estadísticas actuales y las únicas existentes al respecto corresponden a 2014. El Gobierno no puede aportar datos ni sobre las causas de denegación ni sobre tiempo que se tardan en resolver.

“También hice una solicitud de informe sobre maniobras militares realizadas por el Ejército en estos últimos cinco años en zonas no militares, y me decían que el Gobierno desconoce ese dato porque tendrían que preguntar a todas las unidades de las Fuerzas Armadas. Pues que pregunten, si es lo que les estoy pidiendo”, critica Iñarritu, que denuncia otro caso similar cuando pidió datos sobre el nivel de conocimiento de euskara de los jueces y magistrados en Navarra.

El pasado miércoles ocurrió lo mismo con una pregunta referente a la querella argentina contra los crímenes del franquismo: el Gobierno, cuestionado por un escrito enviado por la Fiscalía General del Estado en el que se pedía a los juzgados que no colaborasen en la investigación que lleva a cabo la magistrada argentina, respondió que carecía “de información directa y completa” sobre esos hechos. También evitó responder sobre si tomarán medidas para investigar los crímenes del franquismo.

“Se carece de información sobre dichas cuestiones”

Carles Mulet –que ha presentado un total de 4.268 cuestiones por escrito, de las cuales 2.133 todavía esperan tramitación– solicitó información al Ejecutivo sobre el estado de la identificación de cada una de las 2.000 fosas comunes que hay en España y las previsiones al respecto. La respuesta del Gobierno remitía a la web oficial para la consulta de los datos y alegaba que “no se tiene dato alguno acerca de actuaciones proyectadas o que se pudieran estas desarrollando en estos momentos sobre las localizaciones antedichas”.

En la web no está la información completa, defiende Mulet, pero “ahora consta como que lo han contestado y tendría que volver a formular la pregunta diciendo que lo que han contestado no corresponde. Es una espiral”.

Iñarritu incide en la misma crítica: “Vuelves a meter la pregunta y tardan otro mes y pico. Si no te responden, tienes derecho a convertirla en pregunta oral, pero luego también responden lo que les da la gana”.

Según la normativa del Senado, si el Gobierno no remite la respuesta dentro de los treinta días siguientes a su comunicación, la pregunta se puede incluir en el orden del día de la siguiente sesión en la Comisión correspondiente.

“Al pasarlas a orales empiezan a contestar, pero me ha pasado que contesten con la misma respuesta a montones de preguntas, con cuestiones que no tienen nada que ver”, expone la senadora de Podemos Maribel Mora, que destaca también “la sensación de impotencia”: “El control al Gobierno es una falacia. Si no quieren, no te contestan y no pasa nada. Si no te contestan en tiempo, tampoco pasa nada”.

Mora, que ejerce también como portavoz en la Comisión de Interior del Senado, solicitó conocer el tiempo que llevan las personas encarceladas en primer grado (el régimen más restrictivo) en dicha calificación. El Gobierno eludió la pregunta y le remitió a la legislación, por lo que la senadora se quejó mediante un escrito de disconformidad de que la respuesta era “genérica” y “no resolvía la pregunta planteada”.

Sin respuesta se quedó también la pregunta del grupo socialista en el Senado con respecto a una medida para “reforzar el valor del papel que desempeñan los profesores y fomentar la cultura de la responsabilidad y superación personal” prevista en la 'Estrategia de emprendimiento y empleo juvenil 2013-2016'. Los senadores querían conocer su grado de implementación y su dotación económica, pero se quedaron sin respuesta: el Gobierno cita lo que recoge la LOMCE sobre la educación en valores y desconoce el dinero público que se dedicó en concreto a esa medida.

Lo fue, pero no es una cárcel, aunque una jueza ha denunciado hace unas semanas condiciones propias de un “régimen carcelario” en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de La Piñera, ubicado en Algeciras (Cádiz). Maribel Mora, senadora andaluza del grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, se ha propuesto este año visitar las trece prisiones andaluzas. Un alto en ese camino le ha llevado este miércoles a acudir a este CIE, junto a los miembros de de la Comisión de Interior del Senado. El lugar no le es desconocido pero sigue sacando la conclusión de que, éste en particular y los CIE en general, no deben seguir abiertos. No es muy optimista.

¿Qué se ha encontrado en esta visita?

Nosotros llevamos tiempo haciendo el seguimiento de los CIE. Concretamente este de Algeciras lo visité en abril del año pasado. Nos hemos encontrado con las mismas deficiencias que resalta el reciente auto de la jueza de control: la impronta carcelaria, que no se puede quitar porque este edificio antes era un prisión, la falta de ropa interior suficiente para los internos que tiene que proporcionar una ONG, la presencia de un solo médico, la ausencia de asistencia psicológica ni psiquiátrica, etc. Ya lo constatamos antes, presentamos iniciativas al respecto y sigue la cosa igual. La única solución es su cierre.

¿Cuál es la solución a esta situación?

Cerrarlo. La situación es indigna. Es imposible que un edificio como éste sea habitable de manera digna y la única posibilidad que tiene es el cierre. En eso deberíamos estar todos de acuerdo, porque además lo lleva diciendo mucho tiempo la Defensora del Pueblo y la Fiscalía.

¿El auto de la jueza no es de obligado cumplimiento?

Como todas las resoluciones judiciales, se tiene que cumplir. Ahora hay que pedir explicaciones al Gobierno y, en caso de que no lo cumpla, podrían incurrir en un delito de desobediencia, porque es una juezz ordenando que se modifiquen determinadas cosas en el CIE de Algeciras, porque no cumple con la normativa actual. En la siguiente visita de control que realice la jueza tendrá que insistir si no se han solucionado las cuestiones. Estaremos vigilantes y preguntándole al ministro.

¿Ha visto in situ que se estén solventando algunas cosas?in situ

El comisario jefe y la directora del centro han comentado que, en la visita de familiares, la mampara la han colocado a un lado o al otro para que los internos pudieran tener contacto. Eso ha sido a partir del auto de la jueza aunque, claro, sigue habiendo rejas, sigue sin haber espacio de ocio, lavadora no hay,... Todo el mundo opina que el CIE de Algeciras es insostenible y que todo el dinero que se invierta es tirarlo en un saco roto porque es un lugar que se cae y que lo que se hace es poner parches sinsentido.

Se está planteando construir uno nuevo en Algeciras, ¿qué le parece esa opción?

Con eso no estamos para nada de acuerdo porque, independientemente que este CIE tenga unas condiciones de habitabilidad que no son adecuadas, no solamenta para los internos sino para sus trabajadores (tiene aluminosis, unas humedades enormes, muchas alas clausuradas por riesgo de derrumbe, etc.), nosotros no compartimos la privación de libertad para los migrantes en situación administrativa irregular.

¿Qué utilidad tienen los CIE?

A los CIE no les vemos la utilidad. Son millones y millones de euros que nos cuestan a todos los ciudadanos, con todas las necesidades que hay, cuando en realidad la mayoría de las personas que están en los CIE no pueden ser expulsadas. Se les da un gran sufrimiento al privarles de libertad y al final se les deja libres después separarles de su familia, de su trabajo y de su entorno durante 60 días, pasando luego a centros de acogida. Hay un módulo de mujeres donde casi ninguna es expulsada. ¿Qué sentido tiene privarlos de libertad cuando no se les puede expulsar? Es un sinsentido total.

¿Cuál es su alternativa?

Apostamos por unas políticas migratorias totalmente diferentes donde no tienen cabida los CIE. En la legislación actual, ni siquiera son obligatorios. Estamos absolutamente en contra de los CIE y vamos a luchar por un modelo diferente. La cuestión es que los partidos mayoritarios, PP y PSOE, no están por la labor de cerrarlos. Esa es la realidad.

¿Es pesimista entonces o mantiene esperanzas en un cambio?

Queda un camino en que la sociedad civil sea la que se movilice y presione para que tengamos unas políticas migratorias respetuosas con los derechos humanos. Hoy por hoy, no las tenemos.

¿Con qué sensación se queda tras la visita?

Pues que en algunas cosas quizás nos podemos poner de acuerdo con el resto de los grupos parlamentarios. Por ejemplo, que cuando haya condiciones indignas no se puedan permitir, independientemente del posiconamiento ideológico que tenga cada uno. Creo que es bueno que los parlamentarios responsables de Interior vayan a ver los sitios y lo vean con sus propios ojos, pero creo que falta mucho, muchísimo, para que se defienda que una persona no pueda ser detenida simplemente por no tener un papel en regla.

Concluido su primer año como senadora, la que se convirtió en la primera representante de la historia de Podemos en la Cámara Alta, Maribel Mora, no puede rendir cuentas de su actividad en el Parlamento de Andalucía como le gustaría hacerlo. Podemos ha intentado llevar este tema a la Mesa de la Cámara pero su petición ha sido tumbada por la mayoría que suman el PSOE-A y sus socios de investidura de C's. Las razones esgrimidas, que no lo contempla el reglamento.

Cabe recordar que Maribel Mora es senadora por designación autonómica, dentro de los nueve que por población le corresponden a Andalucía y fue nombrada tras las elecciones autonómicas del 22 de marzo de 2015 junto a otros tres del PP y cinco del PSOE. Estas elecciones se hacen según lo previsto en el Estatuto de Autonomía, en la Ley de Designación de Senadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el Reglamento del Parlamento de Andalucía. Las dos primeras contemplan, en sus artículos 223 y 8, respectivamente, que podrán comparecer en la cámara “en los términos que establezca su reglamento para informar de su actividad en el Senado”. Lo que ocurre es que ni el reglamento ni la resolución de presidencia del 9 de abril de 2008 que concretaba un poco más el proceso relativo a los senadores por designación autonómica han previsto los términos para estas comparecencias.

Nadie lo ha considerado relevante hasta el momento pese a las sucesivas reformas en el reglamento y a las resoluciones de presidencia para resolver cuestiones que podían dar lugar a dudas de interpretación. La realidad es, según los comentarios sobre el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que sólo cuatro reglamentos parlamentarios han contemplado estas comparecencias: Canarias,  Castilla la Mancha, Murcia y País Vasco lo han desarrollado. Cada uno de ellos regula trámites en los que estos senadores autonómicos intervienen en sesiones de los órganos de las asambleas legislativas para informar de asuntos que, encontrándose en tramitación en la Cámara Alta, interesan a su territorio o se encuentran relacionados con cuestiones objeto de decisión de la misma.

Hay que unir a esto que también está previsto en el estatuto de Cataluña, donde pueden comparecer pero a petición propia, y Baleares. E igual que ocurre con la ley de designación de Andalucía, también figura en las de Aragón, que establece que pueden comparecer una vez al año por petición de la mayoría de la cámara, y Comunidad Valenciana, si lo piden comisiones, grupos o el propio senador, y siempre previa aprobación de la Mesa de la Cámara. 

De momento, Maribel Mora se ha quedado sola en este empeño porque ninguno de sus otros ocho colegas ha demostrado interés en explicar su actividad en Andalucía. Se trata de Javier Arenas, Juan Manuel Moreno y Rosario Soto, por el PP, y José Caballos, Juan Cornejo, Francisco Menacho, Elena Víboras y Mar Moreno por el PSOE.

La senadora por Andalucía Maribel Moral registra este lunes una enmienda a la reforma de la Ley del Aborto del PP. Es la primera iniciativa de Podemos en el Senado y supone, además, ese posicionamiento claro de Podemos y salir de la indefinición en relación a esta norma que desde muchos frentes se le reclamaba. Esta propuesta será debatida en la comisión de Salud el 25 de agosto, y el 8 de septiembre llegará hasta el pleno.

En concreto, se trata de una propuesta de veto de la reformada Ley del Aborto “para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo”, en referencia a la exigencia de que sean informados sus progenitores o tutores si quieren ejercer ese derecho. Maribel Mora entiende que “no existe ningún argumento científico, social o de protección de derechos fundamentales para esta reforma” y que “la exigencia de este consentimiento por parte de los partes implicará un aumento del número de adolescentes que recurren a procedimientos peligrosos, inseguros, clandestinos e ilegales, poniendo en riesgo su salud, bienestar, y hasta su vida”.

En este sentido, la abogada apunta que es “insostenible que se considere a una persona de 16 años puede ser responsable penalmente según Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, por la comisión de delitos calificados como graves en el Código Penal, incluyendo los delitos sexuales, con imposición de medidas de internamiento en régimen cerrado de hasta ocho años, por considerar su capacidad para ser conscientes de la gravedad el hecho cometido, y tomar decisiones de manera libre y voluntaria, y sin embargo, se considere que una mujer joven no tiene suficiente madurez para decidir sobre su maternidad”.

Podemos no ha tenido que esperar a las elecciones generales para llegar a las instituciones del Estado. Maribel Mora y Ramón Espinar han entrado en el Senado por designación de los parlamentos de Andalucía y Madrid, respectivamente, y se prevé que en los próximos días lo haga Pilar Lima en representación de la Comunidad Valenciana. Esto obligará al partido a fijar su postura en temas sobre los que hasta ahora había mostrado cierta indefinición. Tendrán que votar una treintena de leyes que se espera que se tramiten en la cámara, entre las que se encuentran la reforma del aborto, los Presupuestos Generales del Estado y la ley de la carrera militar.

Ramón Espinar adelanta la postura que prevén adoptar respecto a los Presupuestos Generales del Estado, que se prevé que se tramiten antes de la disolución de las Cortes para la convocatoria de elecciones. “Por la política que viene haciendo el Gobierno en los últimos años, nos tememos que tendremos que presentar una enmienda a la totalidad y plantear una alternativa a la propuesta del Gobierno”, afirma, aunque se muestra cauteloso a la espera de conocer el proyecto del Ejecutivo.

También adelanta la línea en la que iría esa propuesta alternativa de Presupuestos: “Las políticas de austeridad y recortes de derechos sociales solo han generado más depresión y más crisis. Hay que cambiar esas políticas para que el país salga adelante”. Cuando se debatan las cuentas del Estado, tendrán la oportunidad de mostrar las políticas económicas concretas que proponen. Si finalmente se decantan por pedir una renta básica universal, propuesta que demandaban en sus inicios y después han dejado de lado, podrán presentar una enmienda al respecto. Otro tema sobre el que se verán obligados a posicionarse es el aborto. Hasta ahora han mantenido cierta indefinición al respecto, pero su reforma se aprobó este jueves en el Congreso de los Diputados y será después tramitada en el Senado.

Espinar afirma que esos posicionamientos se determinarán de forma participativa. “Podemos recoge demandas de la ciudadanía y las elabora en políticas a través de las áreas del Consejo Ciudadano, de los círculos sectoriales y de los círculos territoriales, y nosotros tenemos que ser la voz de eso en las instituciones”, explica, aunque dice que aún están discutiendo cuál va a ser el mecanismo para canalizar ese trabajo.

Una institución que “sirve para poco”

Maribel Mora y Ramón Espinar se han incorporado a una cámara parlamentaria que no creen que tenga mucho poder en la práctica. “Ni las comunidades autónomas tienen un poder decisorio real ni, con un rodillo absoluto del PP, que no facilita ningún diálogo, es posible hacer grandes cambios”, considera Mora. “Esta institución ahora mismo sirve para poco. O es realmente una cámara de representación de la pluralidad del país de países que es España o lo mejor que se puede hacer es cerrarla”, sentencia Espinar, más rotundo.

De momento, Podemos tiene tres senadores confirmados. Aún cabe la posibilidad de que se sumen representantes de las comunidades autónomas que todavía no han decidido su designación, pero no se espera que puedan llegar a ser suficientes como para formar un grupo parlamentario propio. Esto limita las posibilidades de incidencia del partido en una cámara cuya capacidad legislativa ya es de por sí reducida; participa en la elaboración de las leyes pero el Congreso de los Diputados siempre tiene la última palabra.

Tanto Mora como Espinar muestran más expectativas en otra de las funciones de la cámara: el control al Gobierno. “Cada senador, independientemente del grupo en el que esté, puede plantear de forma ilimitada preguntas escritas al Gobierno o preguntas orales y comparecencias de cualquier ministro o alto cargo en las comisiones”, explica Mora. Ambos senadores muestran ganas de interpelar al Ejecutivo. En el Pleno sí tienen más limitadas las iniciativas, ya que deben repartirlas entre todos los miembros del grupo mixto, que incluye formaciones tan heterogéneas como Izquierda Unida, Foro Asturias, Bildu o Esquerra Republicana.

Duplicidad de cargos

Ramón Espinar compagina su cargo de senador con el de diputado autonómico en la Asamblea de Madrid. Podemos prefirió tener un miembro con dos cargos institucionales al mismo tiempo a quedarse sin representación en la Cámara Alta, ya que la normativa de esta comunidad autónoma solo permite designar como senadores a miembros del parlamento regional. “Eso es una locura y hay que cambiarlo, pero mientras sea así no vamos a renunciar a tener senadores. Tenemos que aprovechar los espacios de representación democrática que nos tocan”, manifiesta Espinar, y asegura que van a discutir si proponer un cambio en la normativa para que en el futuro se puedan designar senadores que no sean diputados autonómicos, como ocurre en otras comunidades.

En cualquier caso, Espinar no tendrá que mantener esa duplicidad más de doce meses, ya que el grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid decidió establecer una designación rotatoria, de manera que cada año entre un diputado distinto de Podemos en el Senado. Por otro lado, no cobrará de las dos instituciones; planea donar íntegramente su retribución del Senado al partido y a diferentes proyectos sociales y ha renunciado a las tarjetas de transporte, seguros y demás gratificaciones que la Cámara Alta otorga a todos sus titulares. En cuanto a la retribución que percibe del parlamento madrileño, también asegura que donará una parte, de manera que se quedará sólo con el equivalente al triple del salario mínimo interprofesional.

Maribel Mora, por su parte, no tendrá ningún otro cargo institucional, aunque sí ha pedido la compatibilidad con el ejercicio de la abogacía. Pretende ejercer como abogada “de manera altruista” en casos de vulneraciones de derechos humanos, lo que venía haciendo hasta ahora en la asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. “Para mí es importante, para no perder el contacto con la realidad social, sobre todo de Andalucía”, explica. También ha renunciado al plan de pensiones, el seguro y la tablet que el Senado otorga a los parlamentarios. No obstante, al no tener otro cargo, ella sí se queda con la parte de la retribución que equivale a tres salarios mínimos, así como con el teléfono móvil y la asignación para alojamiento y transporte, puesto que se tiene que desplazar desde Andalucía.

"Me comprometo a luchar por el cumplimiento de los Derechos Humanos de Andalucía, España y la humanidad, por encima de cualquier otro interés, y bajo esa premisa prometo acatar la Constitución", ha afirmado la senadora Maribel Mora al tomar posesión de su escaño.

Podemos tenía que designar uno de los nueve senadores que le corresponden a Andalucía, y el primer representante de esta formación en alguna cámara nacional. De trayectoria activista en defensa de los derechos humanos y coordinadora general de la APDHA durante años, la abogada Maribel Mora (Huelva, 1971) se presentó a las primarias del partido apoyada por el Consejo Ciudadano andaluz. De un día para otro, su vida ha cambiado.

Doctorada en Derecho Penal y Procesal y experta universitaria en sistema y ejecución de penas, tiene claro que no quiere desvincularse de la lucha en favor de las personas más desfavorecidas que ha marcado su vida. La primera senadora de Podemos en España atiende a eldiario.es/Andalucía poco antes de coger el AVE a Madrid para tomar posesión de su escaño este mismo martes, durante su primer Pleno en la Cámara Alta. El primer pleno para una senadora de Podemos.

¿Cómo se decidió a dar el paso y cómo lo está viviendo?

Me invitaron a presentarme a las primarias y, tras reflexionar lo que podía suponer, accedí y fui la más votada. Es algo bastante emocionante, un proceso totalmente nuevo para un trabajo nuevo, donde por primera vez se podía presentar cualquier ciudadano y ser elegido por cualquiera que quisiera votar. En realidad es eso, el acceso de cualquier ciudadano de a pie, que no es un político profesional, a las Cortes Generales, donde puedes llevar realmente la voz de los ciudadanos de a pie porque tú eres unos de ellos, trabajando además en el día a día por los derechos humanos y los derechos de los andaluces. Lo estoy viviendo con bastante intensidad y con mucha emoción.

¿De qué manera seguirá ligada a lo que ha estado haciendo durante los últimos veinte años?

Ya he pedido la compatibilidad para poder seguir ejerciendo como abogada y mi idea es seguir trabajando en todas las cuestiones de derechos humanos desde la base, ya sin los cargos órganicos de APDHA. Para mí es muy importante conseguir compatibilizar ambas cosas para no perder el contacto con la realidad, que es lo que me ha llevado hasta aquí. Mi militancia de toda la vida es por los sectores más desfavorecidos de la población y quiero seguir al pie del cañón en esa lucha para realmente ser voz en el Senado.

¿Cómo gestionará su independencia con la representación de Podemos?

Creo que va a ser bastante fácil porque Podemos va en la línea de la lucha por el cumplimiento de derechos humanos, con lo cual ahí no habrá problema ninguno, lógicamente. Además de ofrecer mi experiencia en los derechos humanos para dar visibilidad desde las Cortes pues aportaré, desde mi profesión y mi formación, el intentar forzar un cambio de cara al nuevo panorama tras las elecciones.

¿Qué posibilidades le ve a Podemos para las generales?

Pues veo bastantes posibilidades. Cada vez se ven más casos de corrupción y que la política cada vez está más alejada de la realidad de la calle y la gente puede ver que el referente diferente que pueden tener es este partido, que en realidad es una herramienta para que la gente acceda a la democracia.

Me la puedo imaginar pero, ¿cuál será su primera iniciativa?

Todavía tengo que aterrizar, ver a qué comisiones me adscriben, aunque puedo plantear propuestas, preguntas, mociones en todas ellas. No lo tengo claro del todo porque aún hay que coordinar cosas pero, independientemente de otras cuestiones que tenga que plantear, me gustaría, como homenaje a las personas con las que llevo trabajando veinte años, pedir una comparecencia del secretario general de Instituciones Penitenciarias para preguntarle sobre la realidad de las prisiones.

¿Qué le parece el actual papel del Senado y qué cambiaría primero?

Cambiaría bastantes cosas. Para empezar es fundamental que los ciudadanos sepan para qué sirve. La gente tiene la idea de que no sirve para nada, simplemente para que puedan estar allí un montón de políticos que no se sabe dónde colocar, para aforarlos o para darles un retiro. Lo primero es hacer una labor de visibilización de las funciones del Senado. La realidad es que tiene unas funciones legislativas bastante limitadas porque, aunque se pueden introducir enmiendas en la tramitación de las leyes, la última palabra la tiene el Congreso.

Por otra parte, como Cámara de representación territorial, las comunidades autónomas tienen bastante poco poder decisorio. Serían cuestiones a tratar, bajo mi punto de vista. De todas formas, en Podemos hay qun grupo de trabajo que está debatiendo las reformas y en qué orientación se quiere encaminar todo ello. Desde luego, que sea una institución que sirva para la ciudadanía, útil y efectiva, y no un gasto de dinero simplemente.

¿A qué aspira con su presencia en el Senado, en el más amplio sentido?

Por un lado, como he dicho, que la gente en procesos democráticos decida sobre las instituciones. Mientras se cambia y no el Senado, por ejemplo, hay que utilizar todas las herramientas legales que te ofrece en beneficio de los ciudadanos, todas sus posibilidades (realización de preguntas, petición de información, petición de estudios, comparecencias, etc.) para visibilizar los problemas de las personas y para pedir explicaciones a los responsables sobre las cuestiones en las que están tomando decisiones y hacer visible el hecho de que puedan no mostrar interés en cosas que afecten a las personas. Aparte de los de Podemos, entiendo que habrá otros políticos que tendrán interés en que las instituciones sirvan y pueda haber un cambio. Y seguramente, si miran de cara a lo que les interesa a los ciudadanos y no solamente en los suyos propios, verán que puede ser sensato realizar cambios para que aquello sea útil.