El empresario Víctor de Aldama ha declarado en el juicio del caso Ábalos, caso Koldo, caso Mascarillas. Y ha ido con todo: ha acusado al PSOE de financiación ilegal y a Pedro Sánchez de saberlo y consentirlo. También ha ahondado en más detalles de su relación los otros dos acusados, a los que se veía de fondo, cómplices, entre risas y unidos de nuevo ante la declaración de Aldama. 

Hay pasajes en el relato de Aldama que pueden ser ciertos, otros que serán mentira, pero en un juicio lo más importante es que se puedan demostrar. Y el empresario no da ninguna prueba. Lo abordamos con el director adjunto de elDiario.es, José Manuel Romero. 

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La Audiencia Nacional juzga estos días el caso Kitchen, una de las operaciones policiales más sucias e ilegales de la reciente etapa democrática. Un grupo de comisarios empoderados a las órdenes del ministerio del Interior durante el mandato del PP organizó el espionaje ilegal al extesorero, Luis Bárcenas, y a su familia. El objetivo declarado de esas maniobras, perpetradas a espaldas del juez que investigaba la financiación ilegal del PP, era robar al extesorero documentos que pudieran comprometer aún más al entonces presidente, Mariano Rajoy, según admitieron varios de los policías que participaron en el dispositivo secreto.

La operación policial se inició en julio de 2013, solo cinco meses después de que El País publicara el contenido de los papeles de Bárcenas, una contabilidad secreta que registró casi 20 años —1990 a 2009— de ingresos (ocho millones de euros en donaciones ilegales de empresarios, muchos de ellos contratistas de la administración) y gastos (pago de sobresueldos trimestrales y semestrales a los principales dirigentes del PP en cada etapa, coste de obras de reforma en la sede de Génova 13…) nunca declarados a Hacienda.

Los papeles recogieron, entre otros, una treintena de apuntes contables —sobresueldos trimestrales o semestrales que sumaron 322.000 euros— a Mariano Rajoy entre 1997 y 2008.

El juez Pablo Ruz, que investigó la caja B del PP, dejó escrito que el autor de aquellos papeles era Bárcenas, según las pruebas caligráficas practicadas. Cada una de las páginas de aquella doble contabilidad tenía unos visés (especie de firma de conformidad) de Álvaro Lapuerta, tesorero del PP entre 1993 y 2008, al que sustituyó Bárcenas en el cargo.

Los informes caligráficos encargados durante la investigación acreditaron que la confección de esa contabilidad no se hizo de una sola vez —lo que descartaba su posible manipulación— sino que se apreciaba una evolución en la letra compatible con el periodo comprendido entre las fechas que figuran en los papeles. Los apuntes referidos a Rajoy tienen distintas denominaciones —Mariano Rajoy, M. Raj., M. R., Mariano o M. Rajoy—, al igual que otros referidos a los distintos vicesecretarios generales. Era el estilo Bárcenas de registrar los pagos a los jefes del partido. Al secretario general Francisco Álvarez Cascos lo denominó en su contabilidad como Paco Álvarez, Cascos, P.A.C, Paco Alv. Cascos y Paco A. Cascos; a Jaime Mayor Oreja le puso Jaime Mayor, Jaime M. y J. Mayor; a Ángel Acebes, Ángel A. y Angel; a Javier Arenas, J. Arenas y Javier; a Rodrigo Rato, R. Rato.

Los apuntes con los pagos de sobresueldos a secretarios generales o vicesecretarios generales del PP están mezclados con otros apuntes que la investigación judicial considera suficientemente acreditados, bien porque distintos registros bancarios así lo demuestran o bien porque los beneficiarios de los pagos lo han confesado. Los exdirigentes del PP Calixto Ayesa, Jaume Matas, Santiago Abascal (padre del actual líder de Vox), Jaime Ignacio del Burgo, Eugenio Nasarre, Cristóbal Paez o Pío García Escudero admitieron que habían recibido dinero de la caja B del PP, como dejó registrado Bárcenas en su “contabilidad extracontable”.

Además, se hicieron ingresos en la sucursal del Banco de Vitoria situada debajo de la sede del PP en la calle de Génova por 1,3 millones de euros en 56 movimientos distintos, todos ellos por menos de 60.000 euros, que era la cantidad máxima anual permitida para los donativos anónimos. Las fechas de los ingresos y las cantidades ingresadas se corresponden con los apuntes de las aportaciones de distintos empresarios a la caja B del PP. Algunas de esas aportaciones superaban los 60.000 euros, por lo que Bárcenas las troceaba para ingresarlas como donativos anónimos en el Banco de Vitoria.

Ninguno de los secretarios y vicesecretarios generales del PP admitieron haber cobrado las cantidades registradas en los papeles de Bárcenas. La investigación judicial consideró que aunque se hubieran acreditado esos ingresos opacos, no habría delito fiscal pues la supuesta cuota defraudada nunca superó los 120.000 euros anuales. Tan sólo llegó a juicio la contabilidad secreta de los últimos años porque los supuestos delitos correspondientes al resto de ejercicios estaba prescrito. La Audiencia Nacional consideró probada la existencia de una caja B en el PP con la que se pagó una parte de las obras de reforma de la sede nacional en la calle de Génova en Madrid, condenó a Bárcenas a dos años de prisión y el Partido Popular como responsable civil subsidiario tuvo que pagar 123.669 euros.

Rajoy ha repetido ante tres tribunales distintos —caso Gürtel, caso Bárcenas y caso Kitchen— que durante sus 40 años de militancia en el PP —13 como vicesecretario general y 15 como presidente del partido— nunca supo nada de estas prácticas que mancharon para siempre la reputación de una formación política que ha gobernado 15 de los 50 años de la reciente etapa democrática en España.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Almería ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la pieza principal del caso Hispano Almería, en concreto la pieza separada que investigaba presuntas contrataciones irregulares de obra pública a través del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. La juez da así carpetazo a un caso que cuya investigación se inició en 2014, al considerar que no se aprecian indicios suficientes sobre la comisión de delitos de blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos, entre otros.

En su auto dictado el pasado 15 de enero, la magistrada Ana Belén Vico incide en el último informe policial emitido sobre las actuaciones urbanísticas y adjudicación de obras a la mercantil en Roquetas de Mar entre los años 2000 y 2010 sin que, del examen de los documentos realizado, se puedan determinar “graves irregularidades” en la contratación.

Del mismo modo, y conforme a la petición de archivo realizada por la Fiscalía, tampoco se han podido determinar plenamente la existencia de operativas por parte de los investigados para la “ocultación” de parte de las ganancias que se habrían obtenido con contratos amañados o posibles delitos contra la Hacienda Pública. Las acusaciones llegaron a pedir la imputación de Gabriel Amat, alcalde de Roquetas y que también fue presidente tanto de la Diputación como del PP almeriense.

La juez llega a subrayar el giro radical dado por la Fiscalía en este caso, tanto que en un último informe –“cuyos fundamentos son íntegramente compartidos por esta Instructora– concluye ”modificando sustancialmente“ sus denuncias anteriores. Tanto, que subraya ahora que ”no se han detectado graves irregularidades“ que puedan ser constitutivas de delito.

Un caso que arrancó en 2014

Las actuaciones se iniciaron en 2014 con base en una serie de recibís, facturas y una libreta de anillas aportadas ante la Fiscalía, que habrían sido encontradas en un contenedor de basura, en las que se recogían supuestos pagos a técnicos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar a cambio de la adjudicación de obras públicas.

Estos indicios llevó al Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de Málaga a realizar un primer informe policial en el que se detectaron “irregularidades” en la tramitación de los 62 procedimientos, aunque el mismo informe apuntaba “la falta de documentación en varios de estos expedientes”, que fue solicitada al Consistorio roquetero. El informe recordaba que en 2003 hubo elecciones municipales, constando la entrega de 36.000 euros asociados a la “campaña electoral Roquetas de Mar”.

Pero con la documentación adicional, la UDEF emitió un segundo informe sobre actuaciones urbanísticas relativos a la adjudicación de obras a la mercantil Hispano Almería en Roquetas de Mar sin que, a raíz de la misma, se apreciaran irregularidades sobre los delitos investigados. A estos informes se unen las “múltiples diligencias de investigación practicadas” entre las que se incluyen las declaraciones de investigados y testificales, además de otras pruebas documentales.

Recibís sin firmar

En este sentido, la jueza incide en que si bien destaca la existencia de unos recibís con la supuesta entrega de cantidades de dinero por los investigados, los mismos “no se encuentran firmados por ninguno de los supuestos receptores”. “Es evidente que es un indicio de delito, pero no se ha podido acreditar, suficientemente, la efectiva entrega/recepción de esas cantidades”, expone la juez, quien además apunta que ninguno de los informes policiales al respecto “acredita con claridad dicho extremo”.

Abunda además en el estudio de la documentación de la diversas sociedades, lo que tampoco ha permitido acreditar “fuera de toda duda” la existencia de esa supuesta entrega de dinero. “Es cierto que alguno de los investigados percibió cantidades de dinero con origen en la mercantil Hispano Almería, pero también lo es que lo fueron, al menos en apariencia, por prestaciones profesionales o negocios que estaban autorizados a realizar”, distingue la instructora.

La juez incide en la “compleja instrucción” llevada a cabo no sólo por la “profusa documental” practicada sino por la toma de declaraciones a investigados, técnicos y funcionarios del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, quienes “niegan categóricamente los hechos”.

Sin la “gravedad necesaria”

De este modo, asevera que de lo investigado no se ha podido acreditar, por una parte, irregularidades en la tramitación de los expedientes; y, por otra parte, el supuesto cobro de comisiones desde el Ayuntamiento roquetero para “favorecer a cualquiera de las empresas investigadas en la adjudicación de obras públicas”.

De todo ello, la juez concluye que “no concurren los requisitos expresados para estimar acreditado siquiera indiciariamente que por persona alguna determinada se haya cometido un presunto delito de prevaricación o de cualquier otro ilícito penal, no adoleciendo las posibles irregularidades que pudieran derivarse de los expedientes analizados, de la gravedad necesaria para ser relacionadas con una posible actividad criminal”.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno decidió este miércoles, “ante la gravedad de los hechos”, abrir una pieza secreta para investigar la ingente documentación que el PSOE remitió sobre los pagos en metálico efectuados a todos sus cargos y empleados de la sede nacional durante los últimos siete años (2017-2024).

Nunca un juez tuvo en sus manos una documentación parecida de ningún partido político. Ni pidió tanta información de tantos dirigentes y trabajadores de una formación con tan escasos indicios de delito.

Ni siquiera nadie se atrevió a tanto en la causa abierta por la caja b del PP, un caso investigado, juzgado por la Audiencia Nacional. El PP, condenado en ese proceso, disfrutó durante al menos 20 años de unos ingresos en metálico de ocho millones de euros abonados por empresarios, muchos de ellos contratistas de la administración pública. Con ese dinero se abonaron desde las obras de reforma de la sede del partido hasta sobresueldos para la cúpula de la organización.

El juez Pablo Ruz que investigó aquellos hechos nunca reclamó los pagos en metálico a todos los directivos y trabajadores de Génova, 13. Tan sólo pidió las cuentas oficiales del partido y comparó los ingresos declarados con los que aparecían en los papeles del extesorero Luis Bárcenas. Ese trabajo le permitió descubrir que parte del dinero en metálico ingresado en la caja b era blanqueado el mismo día mediante su ingreso en las cuentas de donativos anónimos que tenía abiertas el PP en un banco situado justo debajo de su sede principal.  

La petición de esta ingente información al PSOE por parte del juez Ismael Moreno tiene su origen en las sospechas del magistrado del Supremo, Leopoldo Puente. Tras investigar un descuadre de 500 euros en los pagos en metálico al exministro José Luis Ábalos, se mostró sorprendido de que el PSOE mantuviera en pleno siglo XXI un método escasamente riguroso de compensar a directivos y trabajadores por unos gastos de comidas o desplazamientos que debían justificar con facturas.

El magistrado Puente interrogó a los responsables de la tesorería del partido y no encontró “suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico de las que el PSOE dispondría en su propia sede para hacer frente con ellas a las compensaciones de gastos que, también en metálico, satisfacían a los señores Ábalos y García y a otros posibles beneficiarios (habida cuenta de que explicaron que esta forma de pago no era entonces infrecuente)”. El magistrado sacó esa conclusión pese a que el PSOE le facilitó distinta documentación bancaria para acreditar la limpieza de esas operaciones. El dinero en metálico utilizado para los pagos llegaba a la sede del partido a través de una compañía de seguridad previa solicitud al banco donde el partido tenía abierta una cuenta con sus ingresos oficiales.  

Pero eso no fue suficiente para eliminar la sospecha del magistrado, que remitió el caso al juzgado de la Audiencia Nacional que investigaba las comisiones ilegales supuestamente pagadas a Ábalos y a su asesor Koldo García por los empresarios que vendieron mascarillas al ministerio de Transportes en lo peor de la pandemia.

El juez Ismael Moreno decidió indagar en las sospechas del magistrado Puente y para eso pidió al PSOE todos los pagos en metálico a todos los dirigentes y trabajadores del partido en la sede nacional de la calle Ferraz. Inquieto ante tan abultada solicitud de documentación, el abogado del PSOE preguntó al juez si quería los pagos en metálico a todos los dirigentes y trabajadores o sólo aquellos pagos que el Supremo consideró bajo sospecha, referidos a Ábalos y Koldo García. El juez insistió en pedir toda la documentación y el PSOE envió un sobre cerrado con un pendrive y un ruego: que se investigara el caso en una pieza secreta para evitar que los datos estén al alcance de todas las partes y puedan difundirse públicamente aunque carezcan de relevancia penal.

¿Qué delito se investiga? De momento se desconoce. La única tesis no acreditada suficientemente es que Ábalos y Koldo pudieron engañar al partido endosándole gastos privados. Eso querría decir que Ábalos y Koldo robaron al PSOE un dinero que este partido había ingresado limpiamente en sus cuentas oficiales de funcionamiento ordinario.

Pero el PP interpreta que tras los últimos pasos del juez Ismael Moreno, la Audiencia Nacional está investigando en realidad la financiación ilegal del partido en el Gobierno, la puntilla necesaria, según los conservadores, para tumbar a Pedro Sánchez.

De lo que se conoce hasta ahora, nada apunta a que el dinero en metálico pagado por el PSOE a sus dirigentes esté vinculado a una caja b, pues tiene acreditado su origen en las cuentas oficiales de funcionamiento del partido.

El PSOE considera la nueva causa declarada secreta por el juez Ismael Moreno como “una investigación dispuesta sobre la nada más absoluta”. Para el instructor se trata, sin embargo, de unos hechos graves que deben ser investigados en una pieza secreta ante el “carácter reservado de la documentación aportada por el PSOE”. El partido investigado recuerda que jamás reembolsó unos gastos sin que se le presentara un recibo o una factura y considera que la Audiencia ha iniciado “una carrera al absurdo”.

Alvise Pérez es un sujeto político extraño. Sacó más de 800.000 votos y tres eurodiputados en las últimas elecciones europeas con un canal de Telegram como único respaldo político. El fenómeno captó portadas, las encuestas empezaron a medir su impacto y algunas llegaron a situarlo en el 5%. El agitador ultraderechista, al calor de todo aquello, se veía ya como llave para un Gobierno de PP y Vox, como demuestran los audios que desveló este diario en los que prometía leyes a favor de un empresario que le había pagado 100.000 euros unos meses antes. Queda tiempo todavía para las elecciones y la política puede tener sorpresas reservadas, pero más de un año después de esos comicios el fenómeno Alvise parece que no termina de arrancar. 

El fundador de Se Acabó La Fiesta (SALF), conocido antes de su salto a la política por difundir informaciones falsas en sus redes sociales, decidió el domingo pasado convocar un acto en Vistalegre como pista de lanzamiento de su candidatura a las generales. A pesar de que en sus plataformas habló de lleno total, en el recinto de Carabanchel había importantes huecos tanto en las gradas como en la pista, que llenó de unos cientos de sillas. En total, cerca de unas 4.000 personas, lejos de las cerca de 10.000 que congregó Vox la última vez que organizó allí un evento. Este tipo de actos y las encuestas apuntan a que el partido de moda entre la extrema derecha sigue siendo el de Santiago Abascal. 

Los sondeos que llegaron a situar a Pérez por encima del 5%, como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ahora le colocan entre el 1% y el 2%, cifras que complicarían su objetivo de entrar en el Congreso de los Diputados en las próximas elecciones y también de colocarse como partido clave para la gobernabilidad de una posible coalición del PP con Vox. Ese es el escenario que proyectaba en septiembre de 2024, unos meses después de su irrupción en las europeas, cuando le prometía al empresario Álvaro Romillo, fundador de Madeira Club Invest (MIC), que legislaría a su favor en España cuando llegase el momento. 

“Es un pulso histórico. ¿En qué sentido? En el sentido de que las encuestas me encaminan cada vez más cerca de ser llave de Gobierno con Feijóo y con Abascal y esto significa que yo en un posible acuerdo de Gobierno, puedo poner como [condición] sine qua non una serie de legislación [sic] relativas a bitcoin, etcétera. [...] Por eso estoy intentando ver cómo afronto este asunto porque quiero defender... pues no sé, ¿sabes? Defender tu negocio, defender bitcoin y, digo, lo voy a hablar antes contigo”, le decía según los audios desvelados por elDiario.es. Unos meses antes, durante la campaña de las europeas, Romillo le había pagado 100.000 euros en metálico, según confesó el propio empresario a la Fiscalía. 

La causa que investiga este asunto avanza en la Justicia: el Tribunal Supremo acaba de pedir al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad del eurodiputado para poder investigarlo por un delito electoral y otro de financiación ilegal. Pérez tiene abiertas además otras tres investigaciones judiciales contra él. Alvise Pérez suele abordar estos contratiempos colocándose como una víctima. “No falla: Ni 24 horas después del lleno en Vistalegre y la donación íntegra del sueldo, el Tribunal Supremo pide imputar a Alvise Pérez por algo que la Comisión de Ética y la Presidencia del Parlamento Europeo ya dijo que no había ninguna ilegalidad”, puso hace poco en su canal.

El eurodiputado publicó hace meses un vídeo en el que mostraba una carta de la Presidencia del Europarlamento de la que solo se hicieron eco medios afines como EDATV y en la que supuestamente le declaraba inocente, aunque lo único que se ve en su publicación es un papel impreso en el que se habla de que una de las comisiones de vigilancia de la cámara no ha encontrado evidencia suficiente sobre las acusaciones. La carta no se puede localizar en la web del parlamento y tampoco Alvise aportó ningún enlace para comprobar su validez, pero además el eurodiputado usó ese argumento para restar importancia a las acusaciones de “medios de comunicación, de algunos partidos y muchos influencers” sin mencionar que lo que pesa contra él no son “calumnias” como él las llama sino investigaciones judiciales.

Lejos de un fenómeno de masas que efectivamente podría haber llenado un pabellón como Vistalegre, como ocurrió con Vox hace unas semanas o con Podemos en sus inicios, Alvise Pérez logró juntar un número considerable de gente el pasado domingo, pero mucha menos de la que seguramente él pensaba. Para hablar del supuesto lleno en su canal, utilizó una fotografía en la que se lo puede observar en el escenario mientras saluda al público. Pero en las gradas aparecen rastros de flashes en zonas donde, según pudo comprobar este diario aquel día, no había nadie. La foto tiene una pequeña marca de agua en una de las esquinas que desvela que ha sido tratada con la inteligencia artificial de Google. 

El líder de SALF combina estos gestos con sus quejas por la escasa cobertura mediática que, según piensa, suscitó su lanzamiento como candidato. “Cuando salió Podemos tras aparecer en todos los medios, se les cubrió. Cuando apareció Abascal, todos los medios que movilizaron el miedo le sacaron. Cuando aparece ATENEA con todos los medios detrás, copa debates y prime-time con Iván como invitado… pero cuando un movimiento civil que renuncia a subvenciones, que dona el escandaloso sueldo público que recibe, y que llena Vistalegre sin la más mínima cobertura en ningún medio, se le silencia, difama y ridiculiza”, escribió en su canal, pese a que aquel día había varios de los principales medios de comunicación del país. 

Alvise ni siquiera ha cumplido todavía uno de los grandes momentos de su lanzamiento como candidato, la donación de 50.000 euros de su sueldo público, que anunció durante el evento que irían a una fundación de la Guardia Civil. Tanto la Asociación Por Huérfanos de la Guardia Civil como una similar de la Policía han rechazado la donación en los últimos días bajo la premisa de salvaguardar su neutralidad política. Hace unos días, el agitador colgó una noticia en su canal de Telegram para acusar a esa asociación de vínculos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A pesar de que la donación de su sueldo fue una de sus grandes promesas electorales, hasta ahora apenas ha sorteado dos mensualidades en más de un año en el cargo.

Las cuatro imputaciones de Alvise Pérez

Su incierta carrera política ha ido acompañada de una lista de problemas judiciales que han ido empeorando en el último tiempo, pero que no comienzan el 9 de junio de 2024. De hecho, para cuando se convirtió en eurodiputado, el agitador de extrema derecha ya había sido condenado en firme por lo civil en el Tribunal Supremo por publicar fotos privadas de la periodista Ana Pastor. Y varias causas penales estaban siendo tramitadas por los tribunales, todas enviadas al Supremo cuando consiguió su asiento en el Parlamento Europeo y, por tanto, quedó aforado.

En estos momentos Alvise está investigado en cuatro causas diferentes tramitadas ante la Sala de lo Penal del Supremo. Una de ellas tiene que ver con Crypto Spain, la compañía de Álvaro Romillo, el empresario que le pagó 100.000 euros supuestamente para financiar su aventura política. Un caso de financiación supuestamente ilegal destapado por elDiario.es y que ahora avanza hacia el juicio: el magistrado que le investiga ha pedido el Suplicatorio al Parlamento Europeo, paso indispensable para poder sentar a un eurodiputado en el banquillo.

Alvise se enfrenta en esta causa a un delito de financiación ilegal y un delito electoral en una causa en la que sus explicaciones no han convencido al juez. En su declaración defendió que esos 100.000 euros eran un pago de Romillo por participar en un acto de su plataforma de inversiones en el Hipódromo de La Zarzuela, y también para amortiguar las consecuencias económicas de sortear su sueldo. El juez, a día de hoy, está convencido de que ese dinero sirvió para financiar su candidatura y que nunca pasó por manos del Tribunal de Cuentas. 

Una segunda causa ha sido abierta recientemente contra él por su actividad más conocida fuera del Parlamento Europeo: instigar linchamientos en su canal de Telegram, donde tiene 650.000 seguidores, contra sus detractores. En este caso, contra sus propios eurodiputados Nora Junco y Diego Solier, con los que está abiertamente enfrentado después de acusarles de cobrar dinero de lobbies armamentísticos a cambio de modificar su opinión en votaciones sobre el rearme.

Esta causa está íntimamente relacionada con la descomposición de su formación en Bruselas. Junco y Solier abandonaron a Alvise para unirse al sector que comanda el partido europeo de Giorgia Meloni después de denunciar que su líder les acusaba en falso de venderse por maletines de dinero y de, afirman, recibir cientos de amenazas de sus seguidores después de que Alvise les pusiera en la diana. El Supremo investiga, incluso, si en ese canal de Telegram el agitador o sus suscriptores publicaron el teléfono móvil de los eurodiputados.

Una tercera causa contra Alvise está relacionada con este modus operandi del agitador que desde hace años usa su canal de Telegram, con cientos de miles de seguidores, para ajustar cuentas con sus enemigos y difundir bulos. Está investigado por promover un hostigamiento similar contra Susana Gisbert, fiscal en València. Finalmente, en una cuarta causa que arrancó en 2021 se le acusa de difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa.

Todas estas causas judiciales, encabezadas por la financiación ilegal de su candidatura, están a la espera de que el Parlamento Europeo levante la inmunidad de Alvise Pérez y los jueces puedan proceder contra él y, en la práctica, llevarle a juicio en el Tribunal Supremo. El calendario judicial hace factible que, si llega a sentarse en el banquillo en alguno de estos casos, sea hipotéticamente condenado e inhabilitado antes de las elecciones generales de 2027 si así lo deciden los jueces que estudien su caso.

El líder de Se Acabó La Fiesta también se enfrenta a diversas causas judiciales tramitadas por la vía civil en las que los jueces estudian si debe indemnizar a personas a las que ha difamado, o cuya intimidad ha invadido en sus mensajes de Telegram y Twitter. Condenas, por ejemplo, a indemnizar con miles de euros a la periodista Ana Pastor, la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena o el exministro y hoy imputado José Luis Ábalos.

El Tribunal Supremo ha decidido dirigirse al Parlamento Europeo para que suspenda la inmunidad de Luis 'Alvise' Pérez y poder seguir investigándole por financiar ilegalmente su candidatura a los últimos comicios europeos. El juez Julián Sánchez Melgar entiende que la eurocámara debe dar el visto bueno a seguir adelante con la causa al considerar “poco verosímil” su versión de los hechos: que los 100.000 euros que el empresario Álvaro Romillo le pagó en efectivo no era para financiar su candidatura sino como contraprestación por participar en un acto de su plataforma de inversiones. El juez apunta a dos delitos: financiación ilegal y delito electoral.

Se trata de una de las cuatro causas que el Tribunal Supremo mantiene abiertas contra el líder de 'Se Acabó La Fiesta', que hace unos días lanzó su candidatura a las próximas elecciones generales en un palacio de Vistalegre que no consiguió llenar, proponiendo medidas como las macrocárceles que El Salvador. También está investigado por hostigar a una fiscal de València, por promover el acoso a sus propios eurodiputados y por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa durante la pandemia.

En este caso, tal y como reveló elDiario.es, el político y agitador de extrema derecha está investigado por financiar su candidatura de las últimas elecciones europeas con los 100.000 euros que Álvaro Romillo, empresario de las criptomonedas y también imputado por el colapso de su club de inversiones, le dio en Madrid pocas horas antes de que empezara la campaña electoral de Alvise. El propio Romillo lo reconoció por escrito y lo ratificó en su declaración como investigado.

El juez anuncia que pedirá el suplicatorio y revela que las explicaciones de Alvise sobre el origen y el destino de ese dinero no son creíbles. Ante el juez, afirmó que esos 100.000 euros en efectivo eran un pago de Romillo por haber participado en un acto de su plataforma de inversiones en el Hipódromo de La Zarzuela. Algo “a todas luces por verosímil”, dice ahora el juez después de escuchar tanto sus explicaciones como las de Romillo.

Ese dinero, añade el juez, “no se documenta, se mantiene opaco, y se utiliza para fines electorales, lo que supone una forma de proceder que desequilibra el buen funcionamiento electoral”. Actuaron tratando de aprovechar “influencias futuras” ayudando a Alvise a obtener el escaño, rompiendo “el bien jurídico protegido que lo es la limpieza y transparencia electoral”.

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que ponga en marcha los mecanismos necesarios para que Luis 'Alvise' Pérez pierda su inmunidad de eurodiputado y pueda ser juzgado por financiar ilegalmente su candidatura electoral. Según ha podido comprobar elDiario.es, el Ministerio Público se ha sumado al resto de acusaciones y ha pedido al juez Julián Sánchez Melgar que emita un suplicatorio para tumbar la protección del Parlamento Europeo, al entender que estos meses de investigación “han confirmado sobradamente las iniciales sospechas” que llevaron a la apertura de una causa por haber cobrado 100.000 euros en efectivo de un empresario de las criptomonedas durante la última campaña electoral europea.

El Tribunal Supremo decidió abrir la causa por financiación ilegal contra el líder de 'Se Acabó La Fiesta' el pasado abril. Tal y como reveló en exclusiva elDiario.es, el entonces agitador ultra contactó con Álvaro Romillo, empresario del sector de las criptomonedas apodado 'CryptoSpain', para colaborar y finalmente obtener dinero de cara a las elecciones europeas de 2024. Un día antes de lanzarse a la carretera y empezar su campaña, Alvise acudió a las oficinas de una empresa de Romillo y recogió 100.000 euros en efectivo.

Romillo, también imputado en esta causa e investigado en la Audiencia Nacional por la quiebra de su fallido club de inversiones, ha reconocido que entregó el dinero y el propio Alvise lo confesó en su declaración judicial voluntaria del pasado mes de julio. Según su versión, el dinero no era para financiar la candidatura en la que consiguió casi 800.000 votos y tres escaños en Bruselas, sino para “capitalizarse a nivel personal” por el sorteo de su sueldo que prometió a sus seguidores y votantes.

El juez del Supremo preguntó a las partes si había llegado el momento de dar un paso más y la Fiscalía ha contestado que el Parlamento Europeo debe retirar su inmunidad para, en su caso, poder sentarle en el banquillo en Madrid. El Ministerio Público deja claro que no ha quedado convencido con las explicaciones de Alvise y explica que las “iniciales sospechas” que llevaron a abrir el caso se han transformado en “indicios racionales de criminalidad”, lo que aumenta su “potencia incriminatoria”.

En medio año de diligencias la Policía ha concluido en un informe que Alvise recibió esos 100.000 euros en efectivo para financiar su campaña y no por otros motivos esgrimidos por el agitador, que ha pasado de afirmar que era dinero cobrado por “trabajos” como “autónomo” a decir ahora que era para hacer frente al sorteo de su sueldo. La “motivación subyacente” de esta entrega de dinero, dice la Policía, era “financiar parte de la campaña electoral”.

La Fiscalía destaca que Alvise cobró ese dinero en efectivo “con el objeto de financiar su campaña electoral a las elecciones al Parlamento Europeo del año 2024”, mientras Romillo abría wallets [monederos digitales donde están las criptomonedas] para que sus seguidores pudieran hacer donaciones en criptomonedas. Lo hizo, además, “ocultando a las autoridades encargadas de supervisar los gastos electorales la existencia de tal donación”. Según las acusaciones que pesan sobre él, 'Se Acabó La Fiesta' nunca explicó al Tribunal de Cuentas de dónde sacaba el dinero para financiar la candidatura.

El fiscal encargado del caso entiende que Alvise se puede enfrentar a varios delitos de financiación ilegal al infringir la normativa que regula el dinero que pueden recibir los partidos políticos, expuesto a condenas de hasta cuatro años de cárcel en los casos más graves. El Ministerio Público añade que el juez debe emitir el suplicatorio para que el Parlamento Europeo retire su inmunidad y así, llegado el caso, poder sentarle en el banquillo.

Un “extra” de 100.000 euros en una “maleta negra”

En su comparecencia voluntaria ante el Supremo, el eurodiputado y líder de 'Se Acabó La Fiesta' reconoció que había cobrado ese dinero en efectivo, pero negó que fuera destinado a financiar su campaña. Después de unos primeros meses en los que aseguró que el dinero era un pago “como autónomo y sin facturas” por servicios prestados a Romillo y sus empresas, ante el juez añadió que necesitaba el dinero para hacer frente a su promesa de sortear su sueldo mensual de eurodiputado.

Alvise explicó que recogió el dinero en una “maleta de deporte negra” y que el objetivo era sufragar gastos personales como “cenas con fuentes de información” o reuniones con “personas afines”. “Tengo tres vidas diferentes. Como eurodiputado, y ahí utilizo las dietas, cuando estoy con el partido y utilizo el dinero del partido, y cuando tengo que hacer viajes personales, que utilizo mi dinero privado”, dijo en el alto tribunal.

El juez preguntó varias veces a Alvise si había presentado su contabilidad al Tribunal de Cuentas, encargado de fiscalizar las candidaturas y sus finanzas, momento en el que el eurodiputado descargó la responsabilidad en una empresa a la que, asegura, contrató para hacer ese trabajo. “La agrupación de electores 'Se Acabó la Fiesta (SALF)' no ha presentado la contabilidad electoral”, dice este organismo en su último informe.

La causa por financiación ilegal es una de las múltiples imputaciones a las que se enfrenta Luis 'Alvise' Pérez, la mayor parte relacionadas con su actividad como agitador ultra en sus redes sociales, donde acumula cientos de miles de seguidores. Está investigado por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa y por incitar al hostigamiento contra la fiscal valenciana Susana Gisbert, mientras los jueces han rechazado una nueva imputación por difundir los rostros de decenas de detenidos en la Aste Nagusia de Bilbao en 2023.

Un informe de la Policía Nacional aportado al juez que investiga por financiación ilegal al eurodiputado ultra Alvise Pérez concluye que los 100.000 euros que el líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) recibió de un empresario eran para financiar su campaña de las elecciones europeas de 2024, en la que acabó obteniendo tres escaños. Los agentes llegan a esta conclusión tras analizar el móvil que el empresario Álvaro Romillo —investigado en la Audiencia Nacional por una supuesta estafa con criptomonedas— puso a disposición del magistrado del Tribunal Supremo que investiga al europarlamentario. 

El atestado califica de “veraz” la entrega de esos 100.000 euros y afirma que su “génesis” se produjo siempre “bajo la motivación subyacente de financiar parte de la campaña electoral a la que concurría la agrupación SALF a las elecciones del Parlamento Europeo ocurridas en junio de 2024”. Según el informe, aunque ambos tenían voluntad, el interés del empresario estaba relacionado con sus “expectativas de negocio” de cara a “involucrar” a los seguidores de Alvise como clientes de sus negocios, si bien “siempre fue consciente” de que sus acciones “conducirían” a financiar al político.

En el informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, figura además que en las conversaciones que ambos mantuvieron durante meses “no hay dato alguno” que corrobore que el dinero era el pago por un trabajo, tal y como sostiene el eurodiputado ultra. Alvise Pérez compareció el pasado julio ante el juez Julián Sánchez Melgar e insistió en que cobró esos 100.000 euros en una “maleta de deporte negra” como contraprestación por su participación en un “evento” sobre criptomonedas en el Hipódromo de Madrid. 

El objetivo de Alvise, según relató él mismo a su interlocutor y recoge el informe, era recaudar “entre 300.000 y 360.000 euros” para hacer frente a la campaña electoral y “financiar la logística, actos electorales, propaganda, publicidad, etc.”. El atestado pone de manifiesto, además, que Alvise ofreció en un primer momento al empresario cobrar los 100.000 euros a través de una sociedad llamada Somos Libres SL, que está siendo investigada por el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España (Sepblac) tras recibir una alerta de una entidad financiera. Somos Libres SL también fue utilizada por Alvise para cobrar otros 7.000 euros de otro empresario.

Las conversaciones también reflejan que Romillo creó para Alvise cuatro wallets [monederos digitales donde están las criptomonedas] con las que recaudar fondos de sus seguidores. Casi al instante, el agitador dio difusión a las direcciones de pago a través de su canal de Telegram, en el que entonces contaba con casi medio millón de seguidores. “Ante las limitaciones bancarias, las ardillas se organizan en el mundo crypto”, escribió el ahora eurodiputado. 

Los investigadores creen que esos fondos recaudados en los monederos vinculados a SALF “pudieran en su mayor parte acabar mezclados” con otros de mayor cuantía relacionados con la actividad de Madeira Invest Club, la oficina de inversión de Romillo y que la Audiencia Nacional considera una estafa piramidal. Y que podrían haber sido “violentamente” robados en el asalto que el empresario denunció que había sufrido en su casa el pasado agosto.

El eurodiputado ultra Alvise Pérez reconoció el pasado julio ante el juez del Tribunal Supremo que le investiga por financiación ilegal que cobró 100.000 euros en “fajos” de billetes de un empresario semanas antes de que se iniciara la campaña electoral de las europeas de 2024. A preguntas del magistrado Julián Sánchez Melgar, justificó que necesitaba ese dinero para “capitalizarse a nivel personal” dada su “promesa” de sortear cada mes el salario público de 8.500 euros netos que obtendría en caso de resultar elegido eurodiputado, algo que solo ha hecho con dos mensualidades, la primera, hace justo un año. Así lo recoge la transcripción de esa declaración, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Alvise utilizó ese argumento para tratar de justificar que en ningún caso utilizó ese dinero para financiar su campaña, tal y como sostiene el empresario Álvaro Romillo y acreditan los mensajes que se intercambió con él. “Me posibilitas una parte urgente de la campaña. Mil gracias tío”, le dijo, ante el ofrecimiento de esos fondos. Además, un año después, Alvise ha incumplido de forma flagrante el compromiso de rifar su salario público.

En una entrevista en un canal de YouTube, él mismo reconoció que los sorteos quedaron paralizados en octubre cuando decidió que durante tres meses donaría su sueldo a las víctimas de la DANA, aunque no hay pruebas de esas donaciones. También explicó que desde entonces había “cambiado de parecer” y que el parón se debía a que estaba sometido a una inspección de Hacienda y a que se había dado cuenta de que “todo lo que estaba donando” le estaba “repercutiendo al IRPF”. Aludió, asimismo, al “doble pago de impuestos de los eurodiputados” y a que al salario le debía “sumar el impuesto autonómico”.

A pesar de ello, el supuesto sorteo del salario fue uno de los principales argumentos que esgrimió ante el juez del Supremo para justificar el cobro de 100.000 euros en efectivo por parte de un empresario. Alvise se acogió a su derecho a responder únicamente a las preguntas del juez y de su defensa. Y cargó contra la Fiscalía y la acusación popular que ejerce el PSOE, a las que se negó a responder con el argumento de que actúan en esta causa con un “ánimo espurio”.

Tal y como reveló elDiario.es, el 27 de mayo de 2024 Alvise acudió a las oficinas de una de las empresas del empresario Álvaro Romillo para recoger 100.000 euros en efectivo pocas horas antes de lanzarse a la carretera a promocionar su candidatura a las elecciones europeas, donde finalmente obtuvo tres escaños. En los meses previos, las conversaciones entre el agitador y el empresario, publicadas por este periódico, revelan que Alvise dijo que necesitaba “fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas” para afrontar gastos electorales e indemnizaciones por juicios. A cambio, prometió al empresario que legislaría a favor del sector de las criptomonedas, dado que confiaba en ser “llave de Gobierno” entre PP y Vox en España.

Las “tres vidas” de Alvise

Ante el juez, Alvise insistió en que cobró esos 100.000 euros en una “maleta de deporte negra” como contraprestación por su participación en un “evento” sobre criptomonedas en el Hipódromo de Madrid. Y que el objetivo era poder “tener un extra” para “afrontar” su vida debido a la promesa de sortear su salario.

La transcripción de esta declaración evidencia que el agitador de extrema derecha se vio en apuros cuando el juez le pidió que detallara en qué había gastado el dinero recibido del empresario. Alvise afirmó que inicialmente guardó el dinero en su domicilio y que ya había utilizado aproximadamente la mitad, mientras que el resto se encontraba en un lugar “seguro”, aunque no en su casa. Explicó que destinó parte de esos fondos a lo que él definió como gastos personales, entre los que citó “cenas con fuentes de información” o reuniones con “personas afines”.

Ante esta respuesta, el juez le preguntó si ese uso no podía considerarse, en realidad, como una actividad vinculada a su partido, lo que supondría un indicio de financiación ilegal de partidos políticos. Alvise lo negó y alegó que él tenía “tres vidas diferentes”. “Tengo la vida como eurodiputado y ahí utilizo las dietas, cuando estoy con el partido y tengo que organizar un evento en un hotel (...) utilizo el dinero del partido convenientemente, según la ley de financiación de partidos políticos (...); y cuando tengo que hacer viajes personales a conocer gente antes siquiera de que tuviéramos confirmado el partido político —que es diferente a la agrupación de electores— (...) utilizo mi dinero privado”, afirmó.

Durante el interrogatorio, el juez también preguntó a Alvise si había presentado al Tribunal Cuentas la contabilidad de sus respectivos ingresos y gastos electorales durante la campaña de las europeas. El eurodiputado apuntó entonces a la empresa a la que había contratado para hacer ese trabajo y aseguró que llamó a uno de sus responsables en cuanto leyó que se le acusaba de no presentar las cuentas ante este organismo y que este le dijo que sí se habían presentado y que tenía la confirmación, por lo que no entendía esa “discrepancia de criterio”.

Sin embargo, el último informe del Tribunal de Cuentas sobre las elecciones europeas es claro al respecto: “La agrupación de electores Se Acabó la Fiesta” (SALF) no ha presentado la contabilidad electoral“. De hecho, el órgano fiscalizador propuso, incluso, que no se le adjudicaran subvenciones electorales dado que la agrupación no había presentado esa documentación. La candidatura tendría derecho a 962.350,26 euros en subvenciones, según los votos y escaños que obtuvo en esos comicios.

El eurodiputado de extrema derecha Luis 'Alvise' Pérez ha declarado como imputado en el Tribunal Supremo para reconocer que recibió 100.000 euros en efectivo en un maletín negro de un empresario de las criptomonedas. Un dinero que cobró un día antes de empezar su campaña de las elecciones europeas del año pasado pero que, según ha dicho hoy ante el juez, se usó para gastos “personales” y no para financiar su candidatura. Su comparecencia, que ha terminado entre insultos a los periodistas que esperaban en la puerta, ha chocado con la declaración de Álvaro Romillo, el empresario que le dio el dinero, ha dicho, “por cualquier otro servicio relacionado con su futuro puesto de poder”.

Tal y como reveló elDiario.es, el hoy eurodiputado y el empresario Álvaro Romillo, apodado como 'CryptoSpain' y al frente del fallido Madeira Invest Club, hablaron durante meses buscando colaborar en actos públicos y de cara a la irrupción de 'Se Acabó La Fiesta' en el Parlamento Europeo. Conversaciones en las que Alvise llegó a comprometerse a legislar a favor de las criptomonedas si era “llave de gobierno” entre PP y Vox en un futuro. Pocos días antes de las elecciones europeas de 2024 Alvise acudió a una de las empresas de Romillo a recoger 100.000 euros en efectivo.

Ante el juez, ha dicho textualmente que “no hubo financiación ilegal” de su candidatura. Fuentes del caso explican a elDiario.es que ha asegurado que pagó sus gastos de campaña “antes siquiera” de que Romillo le hiciera llegar el dinero en fajos de billetes en un maletín. Su campaña, ha dicho, se basó en “una furgoneta, un megáfono de pilas grandes y camisetas y papeletas” y no gastó más de 30.000 euros.

El agitador de extrema derecha, con casi 700.000 seguidores en su canal y con un grupo de tres eurodiputados en descomposición en Bruselas, se ha visto en apuros cuando el juez le ha pedido que explique con más detalle en qué se gastó los 100.000 euros que le entregó Romillo. Alvise ha explicado que dejó el dinero en su “casa” y que, posteriormente, se ha gastado la mitad, estando la segunda mitad de ese dinero en un lugar “seguro” pero no en su domicilio. Alvise ha explicado que, por ejemplo, ha invertido ese dinero en comer o estar con simpatizantes de su candidatura, a lo que el juez ha repreguntado si eso no se puede considerar como una actividad de su partido.

Hasta la fecha, el líder de SALF ha reconocido que cogió ese dinero sin dar explicaciones a Hacienda y asegurando que fue “como autónomo” y “sin factura”. Sus versiones han ido variando hasta asentarse en que era el pago por aparecer en un acto organizado por el fallido club de inversiones de Romillo en el Hipódromo de la Zarzuela, algo que el propio empresario niega.

Álvaro Romillo, en su declaración y tal y como ha explicado al salida, ha comparecido en dirección opuesta: le pidió el dinero para financiar su campaña y por eso se lo dio. “En todas las conversaciones son para el uso de la campaña, en todas las conversaciones son para el uso de la campaña, no es de ningún evento ni de ningún pago”, ha dicho. “Él quiso poner un testaferro”, ha añadido. La contraprestación, ha explicado, era “hacer promoción del Sentinel” pero como “no la llegó a hacer” cambió a “cualquier otro servicio relacionado con su futuro puesto de poder, no quedó definido”.

“A nosotros la política nos da igual, nosotros queríamos ganar dinero”, ha zanjado al explicar que el futuro político de Alvise le resultaba indiferente. Algo que el agitador, una vez fuera del juzgado, ha interpretado como que Romillo ha reconocido que nunca financió ilegalmente su candidatura europea. El letrado de Alvise le ha preguntado ante el juez si sabe en qué se gastó el dinero: “No. A mi me dijo en qué se lo iba a gastar”.

Culpa a una empresa de no presentar sus cuentas

“¿Ha presentado usted sus cuentas al Tribunal de Cuentas?”, ha preguntado directamente el magistrado Julián Sánchez-Melgar a Alvise. La respuesta de Alvise Pérez ha sido apuntar a la empresa a la que afirma que contrató para que “las entradas y salidas de dinero estuvieran computadas y presentadas al Tribunal de Cuentas”. Asegura que llamó a esa empresa en cuanto leyó que se le acusaba de no presentar las cuentas ante este organismo y que está “subsanando” esos problemas.

El último informe del Tribunal de Cuentas sobre las elecciones europeas es claro al respecto: “La agrupación de electores ”Se Acabó la Fiesta“ (SALF) no ha presentado la contabilidad electoral”. Propone, incluso, la “no adjudicación de las subvenciones electorales que correspondan a la agrupación de electores al no haber presentado la contabilidad electoral”.

Un informe de la Policía Nacional aportado recientemente a la causa ha abierto nuevas incógnitas sobre la financiación de los primeros pasos de 'Se Acabó La Fiesta' tras revelar que un inversor inmobiliario, Mariano Schoendorff, hizo llegar en total algo más de 10.000 euros al partido. Por un lado haciéndose cargo con una de sus empresas de una factura de 3.500 euros de la formación y, por otro, haciendo pagos que entre todos sumaban 7.000 euros más. Este viernes el juez no le ha preguntado por este informe.

Un informe de la Policía Nacional afirma que Luis 'Alvise' Pérez financió varios gastos de su candidatura europea con dinero de un inversor inmobiliario, ingreso que su partido 'Se Acabó La Fiesta' recibió a través de sociedades “instrumentales”. Los investigadores constatan que empresas vinculadas a Mariano Schoendorff transfirieron 7.000 euros al partido en sus primeros días de campaña y que, además, pagaron un gasto de la formación de casi 4.000 euros. Todo mientras esos mismos días de 2024 el agitador ultra, imputado en el Tribunal Supremo por financiación ilegal, recibía 100.000 euros en efectivo de un empresario del sector de las criptomonedas, tal y como reveló elDiario.es.

Alvise Pérez, después de trabajar para Ciudadanos y de convertirse en el mayor agitador de extrema derecha con cientos de miles de seguidores en Telegram, dio el salto a la política en el verano de 2024 cuando constituyó su plataforma SALF y se presentó a las elecciones europeas con promesas como construir una cárcel para políticos o sortear su sueldo, algo que ha dejado de hacer. Una campaña en la que presumió de imprimir millones de papeletas y viajar con una furgoneta y un megáfono por decenas de ciudades con sus ahorros y el dinero que le donan sus seguidores.

La realidad, según desvela este informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional aportado al Tribunal Supremo, es que en los días en los que Alvise empezaba su campaña a las europeas un empresario transfirió varios miles de euros al partido a través de sociedades interpuestas y pagaron algunos de los gastos de la formación. Por un lado, 7.000 euros que llegaron a la cuenta de Se Acabó La Fiesta en cinco transferencias distintas y, por otro, el pago de un gasto de algo más de 3.500 euros en que incurrió el partido con una empresa asturiana de gestión documental. La ley prohíbe que un partido reciba anualmente más de 50.000 euros de un mismo donante.

Los primeros 7.000 euros, según explica este documento al que ha tenido acceso elDiario.es, salieron de una empresa llamada “Sport Gamala” en tres transferencias con destino a otra sociedad llamada “Somos Libres SL”, la misma que Alvise ofreció al empresario Álvaro Romillo para ingresar los 100.000 euros que finalmente le dio en efectivo. Desde “Somos Libres SL”, casi de manera instantánea, los 7.000 euros llegaron de forma casi íntegra a la cuenta de SALF.

Los movimientos de dinero se produjeron entre el 24 de mayo del año pasado y el 4 de junio. En los primeros días de campaña, cuando el hoy eurodiputado presumía de haber impreso por sus propios medios dos millones de papeletas, cuando empezaba a pedir donaciones a través de las 'wallets' digitales que Romillo había abierto para él o cuando hizo sus primeros mítines callejeros en Valladolid y Zaragoza. La mayor parte del dinero llegó a las cuentas de SALF mientras Alvise iba personalmente a las oficinas de la empresa de Romillo en el barrio de Salamanca de Madrid a recoger 100.000 euros en efectivo.

La Policía entiende que todas las empresas y cuentas involucradas tienen “rasgos inequívocos” de ser “instrumentales” para mover el dinero sin dejar rastro y muestra, incluso, sus “sospechas de blanqueo de capitales” en estas transferencias que acabaron en las cuentas de 'Se Acabó La Fiesta', que recientemente se ha quedado sin subvención por no presentar sus cuentas de esas elecciones. Los agentes policiales piden, además, una batería de diligencias para investigar a fondo las cuentas y los movimientos bancarios de Alvise y sus financiadores.

Un inversor y un excandidato de Vox

La Policía apunta a dos personas “de crucial interés” como el origen de los más de 10.000 euros que recibió SALF en esos días de campaña, a través de transferencias directas o pagando una factura del partido: Mariano Schoendorff y Luis P.P.D. El primero es un empresario conocido por ser el inversor principal de Nyesa, compañía del sector inmobiliario que cotiza en la Bolsa. El segundo, que entra en escena cuando el dinero ya había sido transferido, fue candidato suplente por Vox en la localidad madrileña de Estremera en las elecciones municipales de mayo de 2023.

Ninguno de los dos ha sido imputado por el juez del Supremo que investiga el caso y por el momento la Fiscalía se ha limitado a insistir en que el magistrado ponga en marcha las diligencias solicitadas por la Policía. Ni el empresario ni el entorno del eurodiputado han querido hacer comentarios al respecto. La ley de financiación de partidos políticos prohíbe que una formación reciba donaciones de una misma persona que sean superiores a 50.000 euros anuales.

El nombre de Schoendorff ya había sido vinculado a Alvise con anterioridad. Diversos medios de comunicación como The Objective o también OkDiario informaron de que un mes y medio antes de las transferencias y la campaña electoral el hoy eurodiputado se reunió en una cafetería de Madrid con Mariano Schoendorff y con Iván Espinosa de los Monteros, exdirigente de Vox pero para entonces casi un año fuera del partido de Santiago Abascal. Semanas después de ese encuentro, refleja el informe policial, las sociedades que entonces administraba Schoendorff y después De Pobil hicieron llegar los 7.000 euros al partido de Alvise y pagaron una factura de más de 3.500 euros de la formación.

El dinero, detalla este informe, salió de la cuenta que “Sport Gamala SL”, de la que Schoendorff era entonces administrador único, tenía en Bankinter, llegando a la cuenta que otra sociedad llamada “Somos Libres SL” tenía en la Caja Rural. Fue aquí donde, según el informe, saltaron las alarmas de las autoridades antiblanqueo del SEPBLAC. De ahí el dinero viajó en cinco transferencias a la cuenta de SALF cuando Alvise celebraba sus primeros mítines.

Esta segunda sociedad también es conocida para los investigadores del caso de posible financiación ilegal de Alvise Pérez y su candidatura europea. “Somos Libres SL” es la sociedad “puente” alicantina que Alvise ofreció a Romillo para ingresar el dinero que finalmente le dio en efectivo y que le donaran sus seguidores. Detrás, destaca este informe, hay una persona llamada Jorge Gracia que, según la Policía, tiene “antecedentes con operativas relacionadas con el blanqueo de capitales” y que está vinculado con casi dos decenas de empresas “en situación de cierre de hoja registral”.

El nombre de Schoendorff, que por el momento ha rechazado escuchar y contestar a las preguntas de elDiario.es, no aparece vinculado solo a ese pago de 7.000 euros al partido de Alvise. También está detrás de un pago posterior por un “gasto” del partido. Tres semanas antes de esas transferencias otra empresa vinculada a los dos, ésta llamada “Inmogalama SL”, pagaba una factura de 3.500 euros en nombre de SALF a una empresa asturiana especializada en custodia y destrucción de documentos.

Tanto esta empresa como Sport Gamala, la que pagó días después los 7.000 euros, están domiciliadas en la misma casa y su administrador único era entonces Mariano Schoendorff. Ya en noviembre de 2024 ambas pasaron a tener como nuevo administrador a Luis P.P.D, que no formaba parte de ninguna de las dos empresas cuando se transfirió el dinero pero que es considerado de “crucial interés” para la Policía por salir a relucir en ambos pagos. Este nuevo administrador ha sido candidato suplente de Vox en unas elecciones municipales en la localidad madrileña de Estremera.

Imputado por financiación ilegal

El informe policial que ha podido ser examinado por elDiario.es está a disposición del juez Julián Sánchez Melgar que desde el Tribunal Supremo investiga a Alvise Pérez y también al empresario Álvaro Romillo por la financiación ilegal de su candidatura a las últimas elecciones europeas, una plataforma electoral convertida posteriormente en partido político. El eurodiputado y el hombre apodado como 'CryptoSpain' que le entregó 100.000 euros en efectivo están llamados a declarar el próximo 11 de julio.

Tal y como reveló elDiario.es, el 27 de mayo de 2024 Alvise acudió a las oficinas de una de las empresas de 'CryptoSpain' para recoger 100.000 euros en efectivo pocas horas antes de lanzarse a la carretera a promocionar su candidatura a las elecciones europeas, donde finalmente obtuvo tres escaños. En los meses previos, las conversaciones entre el agitador y el empresario publicadas por este periódico revelan que Alvise prometió legislar a favor del sector de las criptomonedas y ser “llave de Gobierno” entre PP y Vox en España.

Hasta la fecha Alvise ha reconocido la recogida del dinero pero ha ido dando diversas versiones hasta afirmar que fue un pago “como autónomo y sin factura” por haber promocionado el club de inversiones de Romillo, que finalmente quebró, sobre todo en un acto en el Hipódromo de Madrid. Romillo, por su parte, reconoció haber entregado el dinero y no dijo que fuera un pago por un servicio.

La financiación supuestamente ilegal de su candidatura europea es una de las múltiples causas por las que Alvise está imputado en el Supremo, tribunal ante el que está aforado tras conseguir un escaño en Bruselas. En las últimas semanas también ha declarado por difundir una falsa prueba PCR atribuida a Salvador Illa y por promover el hostigamiento contra una fiscal en su canal de Telegram, donde acumula más de 680.000 seguidores. En paralelo su grupo parlamentario en Bruselas se descompone después de que sus dos eurodiputados se hayan rebelado contra él después de que les acusara de plegarse al lobby militar en varias votaciones sobre gasto en defensa.

La agrupación Se Acabó la Fiesta (SALF) que lidera Luis 'Alvise' Pérez Fernández no presentó la contabilidad de sus gastos de campaña de las elecciones europeas de junio de 2024, incumpliendo así lo previsto en la ley, de modo que el Tribunal de Cuentas ha propuesto que no se le abonen las subvenciones que le correspondían por sus tres escaños y los más de 800.000 votos recibidos.

En su informe sobre las elecciones europeas del año pasado, recogido por Europa Press, el Tribunal de Cuentas señala que, conforme a lo previsto en el articulo 133 de la ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), las nueve formaciones que lograron entrar en el Parlamento Europeo debían presentar “una contabilidad detallada y documentada de sus respectivos ingresos y gastos electorales” entre los 100 y 125 días posteriores a los comicios.

Así lo hicieron los otros ocho partidos y coaliciones (PP, PSOE, Vox, Sumar, Podemos, Junts y las alianzas lideradas por ERC y por PNV), pero no así la agrupación de electores de Alvise, que no presentó ninguna documentación ante el Tribunal incumpliendo el citado precepto legal.

La duda sobre sus donaciones

Al no haber recibido nada, el Tribunal de Cuentas no puede dirimir si la financiación de Se Acabó la Fiesta respetó o no los límites establecidos o las prohibiciones de donaciones que establece la legislación que se aplica a los partidos políticos.

Pero lo que sí puede hacer el Tribunal de Cuentas es comunicar a Interior que, a la vista de que SALF no ha presentado su contabilidad, no se le debe abonar ningún tipo de subvención pública a la que tuviera derecho.

En el caso de la agrupación SALF, que después se constituyó en partido político, tendría derecho a 97.526,22 euros por sus tres escaños y a más de 864.000 euros por los votos cosechados, lo que da una cifra cercana al millón de euros.

Alvise Pérez lleva más de un año ocultando al Parlamento Europeo sus ingresos en la declaración obligatoria después de tomar posesión como eurodiputado. Pero por fin ha cumplido la exigencia y ha presentado una nueva declaración, adelantada por Infolibre, en la que explica que cobró ingresos por valor de 783.200 euros entre enero de 2021 y julio de 2024.

Lo que figura en el documento es, en primer lugar, la cifra de 20.000 euros al mes durante 2024, prorrateados, que en los seis meses hasta julio fueron 120.000 euros. En 2023 la cifra fue de 145.200 euros, en 2022 fue de 198.000 y en 2021 de 156.000.

La cifra de 2024 incluye un “pago único” de 100.000 euros por participar en lo que él describe como “una charla no profesional sobre la carga fiscal y la libertad financiera el 6 de abril de 2024 en Madrid”. Los datos aportados coinciden con el evento sobre criptomonedas organizado en el madrileño Hipódromo de la Zarzuela por la plataforma de inversiones Madeira Invest Club, vinculada a Pérez después de que el empresario Álvaro Romillo dijera haberle entregado precisamente 100.000 euros en plena campaña de las europeas, tal y como reveló elDiario.es. La causa está ya ante el Tribunal Supremo y tendrá que declarar el 11 de julio.

Además de eso, se suman 15.000 euros en 2021 como administrador de la compañía Resistencia Popular, según recoge la declaración de Alvise. Y añade 500 euros mensuales por suscripciones de Instagram y Patreon (Twitter, YouTube). No aparecen incluidas las microdonaciones: “La cifra exacta se actualizará en la declaración al final de cada año”, añade.

El líder de 'Se Acabó La Fiesta' fue recientemente sancionado con la suspensión de las denominadas dietas de estancia durante dos días (700 euros) por no publicar sus ingresos. El Código de Conducta de la Eurocámara obliga a los eurodiputados a dar detalles sobre las actividades remuneradas los tres años anteriores a la entrada en el Parlamento así como la pertenencia durante ese tiempo a comités o consejos de administración de empresas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones u otros organismos con personalidad jurídica.

El Tribunal Supremo ha llamado a declarar al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez el próximo 11 de julio como imputado para responder por la financiación supuestamente ilegal de su candidatura a las últimas elecciones europeas. El juez llama a comparecer tanto al líder de 'Se Acabó La Fiesta' como al empresario Álvaro Romillo en la causa en la que está acusado, tal y como reveló elDiario.es, de financiar con 100.000 euros en efectivo la plataforma con la que consiguió tres escaños y casi 800.000 votos en los comicios europeos.

El agitador ultra y eurodiputado tiene varias causas abiertas en el Tribunal Supremo, sede judicial a la que ya ha acudido a declarar en dos ocasiones. En una de ellas, ha reconocido haber difundido una prueba PCR falsa atribuida a Salvador Illa aunque negando haber elaborado el documento y en otra ha rechazado haber promovido un hostigamiento público a una fiscal de València. En el caso de la financiación supuestamente irregular de su partido, el Supremo le había ofrecido declarar de forma voluntaria sin necesidad de pedir un suplicatorio al Parlamento Europeo.

Tal y como reveló elDiario.es, Alvise cobró 100.000 euros en efectivo del empresario Álvaro Romillo, del sector de las criptomonedas y líder del fallido club de inversiones Madeira, pocas horas antes de lanzarse a la carretera en su campaña de las últimas elecciones europeas. Según los audios y mensajes revelados por este periódico, Alvise llevaba para entonces meses hablando con Romillo y prometiendo al empresario, entre otras cosas, legislar a su favor y del sector de las criptomonedas si llegaba a ostentar una posición de poder en España.

Hasta la fecha, Alvise ha reconocido una entrega de dinero que el propio Romillo asumió ante la Fiscalía. La versión del agitador ultra y eurodiputado es que fue un pago “como autónomo y sin factura”, sin que existiera ningún tipo de contrato entre ambos más allá de la presencia del agitador en un evento celebrado por el chiringuito financiero de Romillo, centrado e torno a inversiones y criptomonedas, en el Hipódromo de la Zarzuela en Madrid.

“Seré llave de Gobierno”

La Fiscalía considera que Alvise Pérez pudo incurrir en un delito de financiación ilegal al usar, supuestamente, este dinero para sustentar económicamente su aventura electoral europea sin pasar por el Tribunal de Cuentas ni tampoco por Hacienda. “Seré llave de gobierno con Feijóo y Abascal”, llegó a decir el líder de SALF en sus conversaciones con Romillo antes de recoger los 100.000 euros en efectivo en una de las empresas del también imputado.

El eurodiputado, que afronta desde hace semanas una crisis interna en su partido y con los dos parlamentarios que le acompañaron en sus listas, está encausado en varias diligencias penales tramitadas por la sala segunda del Supremo a la espera del desarrollo de otras. Por ejemplo, la acusación de difundir una foto de una de las hijas de Pedro Sánchez promoviendo su hostigamiento entre los cientos de miles de seguidores que tiene su canal de Telegram.

También está imputado por difundir, en 2021, una falsa prueba PCR de Salvador Illa, entonces candidato del PSC a la Generalitat de Catalunya. En su comparecencia ante el Supremo, el líder de SALF reconoció ante el juez que publicó el documento en su cuenta de Twitter, pero negando ser el autor del documento falsificado. También está encausado por publicar fotos y datos de la fiscal Susana Gisbert, promoviendo el acoso de sus seguires, una causa en la que ha defendido que sus mensajes fueron “crítica política”.

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido archivar la investigación que mantenía abierta en torno a dos aspectos de la financiación de Vox: el préstamo de un banco húngaro y la venta de merchandising denunciados por el PSOE. El departamento que dirige Alejandro Luzón explica que el Tribunal de Cuentas ya sancionó al partido de extrema derecha por las donaciones y recuerda que el préstamo del banco húngaro “fue íntegramente amortizado por VOX en septiembre de 2024. No hubo, por tanto, ninguna donación”.

“Ahí está lo de Vox con la financiación irregular, ahí está la multa y la sentencia”, ha dicho este mismo lunes Pedro Sánchez sobre una denuncia que fue interpuesta por el propio PSOE hace unos meses.

La denuncia de Vox ponía el foco, en primer lugar, en las “huchas” del partido. Ingresos anónimos prohibidos por la normativa de financiación de partidos políticos que también incluían la venta de merchandising y que, según el PSOE, rozaba los cinco millones de euros. La denuncia hacía hincapié en las donaciones recibidas por el partido de extrema derecha en el año 2019, cuando las donaciones privadas a Vox superaron la suma total de donaciones del resto de partidos, como informó elDiario.es. Ya en su informe 2020, el Tribunal de Cuentas detectó posibles donaciones ilegales al partido que resultarían después en una multa económica superior a los 200.000 euros.

Anticorrupción entiende que Vox no debe ser denunciado por la vía penal porque el Tribunal de Cuentas ya impuso una sanción al partido por esta gestión irregular de sus fondos, descartando que sea materia de los tribunales ordinarios. Fue el pasado mes de abril cuando el organismo de responsabilidad contable impuso una multa de más de 862.000 euros.

La multa que impuso el Tribunal de Cuentas a Vox, recuerda Anticorrupción, “no es firme y cuenta con dos votos particulares discrepantes que ni siquiera consideran que los hechos sean sancionables en vía administrativa”. Por eso, añade el Ministerio Público, no se puede “traspasar” el caso a la jurisdicción penal. Son hecho que, recuerda, “han sido ya investigados y sancionados en la vía administrativa por el propio órgano fiscalizador de las cuentas de los partidos políticos”.

Las cuentas de Vox también recogen que el partido de extrema derecha se financió en el verano de 2023 con seis millones y medio de euros del MBH Bank húngaro, apliado con casi 200.000 euros más un año después. El préstamo, destaca Anticorrupción, fue pagado por la formación a finales de ese año y no existió una “donación”, única vía de financiación ilegal de un partido. Anticorrupción vuelve a basarse en el Tribunal de Cuentas para enterrar esta vía de investigación, ya que “no ha sido posible acreditar” que ese banco esté participado por el ejecutivo del ultra Viktor Orbán.

El juez del Tribunal Supremo ha abierto diligencias contra Luis 'Alvise' Pérez por financiar su partido con 100.000 euros en efectivo entregados por un empresario de las criptomonedas y ha dado una opción al eurodiputado: declarar voluntariamente, como ya hará próximamente en otra causa en el mismo tribunal. Si no acepta esa propuesta, el magistrado pondrá en marcha la maquinaria necesaria para que el Parlamento Europeo levante su inmunidad.

El líder de 'Se Acabó La Fiesta' está imputado en tres causas distintas abiertas en el Tribunal Supremo. Una de ellas, por la que ya declarará voluntariamente en unas semanas, gira en torno a la difusón de un bulo y una falsa prueba PCR de Salvador Illa durante la pandemia. Una segunda causa indaga en si promovió el hostigamiento a una fiscal de València a través de su canal de Telegram, donde acumula casi 700.000 seguidores.

La tercera causa está relacionada con la financiación de su partido político. Tal y como reveló elDiario.es, el día anterior a lanzarse a la carretera en la campaña de las últimas elecciones europeas, Alvise acudió a las oficinas de una de las empresas del empresario Álvaro Romillo, más conocido como 'CryptoSpain', a recoger 100.000 euros en efectivo. Un empresario al que había prometido legislar a su favor si alguna vez conseguía poder político en España o Bruselas.

En el caso de la falsa PCR de Salvador Illa, el agitador ultra ya ha comunicado al Supremo que acudirá a declarar voluntariamente a Madrid el próximo seis de junio. En el caso de la fiscal Susana Gisbert, el instructor ha pedido a la eurocámara que levante su inmunidad a la espera de saber si el líder de 'SALF' también fija una fecha voluntaria para comparecer como investigado.

El eurodiputado tiene ahora cinco días para explicar si también quiere comparecer de forma voluntaria en esta causa, ahorrando meses de trámites al Tribunal Supremo para pedir y obtener un suplicatorio de Bruselas. El magistrado deja la investigación en manos de la Policía Nacional y pregunta a las partes por las diligencias de investigación que consideran que se deben poner en marcha.

La legislatura, al menos en lo económico, no está marchando bien para el partido de Santiago Abascal, Vox. A la multa de 233.000 euros por financiación irregular a la que tuvo que hacer frente la formación en julio de 2024, ahora se le suma una nueva sanción del Tribunal de Cuentas. El órganismo que fiscaliza los ingresos y los gastos de los partidos políticos ha vuelto a multar a Vox. En esta ocasión, la sanción alcanza los 862.000 euros por tratarse de una infracción muy grave de la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos.

Este miércoles, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Santiago Abascal hacía referencia a esa última multa, aunque no sin antes tratar de desacreditar a las instituciones. Abascal, que acusa directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “asaltar” el Tribunal de Cuentas “por gentileza del PP” y para que “le pongan multas a Vox”. El líder de la ultraderecha patria tiró en esta ocasión, además de hipérbole, de victimismo, y a la vez que calificaba estas sanciones como “sin precedentes”, aseguraba que se debían al “gravísimo delito de vender pulseras en las carpas” del partido.

No perdió la ocasión el líder socialista para disparar contra Abascal. Sánchez recordó “para que lo sepan los ciudadanos y ciudadanas porque ha pasado desapercibido” que el Tribunal de Cuentas ha condenado “varias veces” a Vox por financiación irregular. “Y no es la venta de pulseritas, señor Abascal. Noo... Que usted ha subido aquí y ha dicho: ”No es que nosotros vendemos pulseras“. No. No.”, cuestionó el presidente del Gobierno desde la tribuna. “Son más de seis millones de euros desde un banco húngaro y 400.000 euros mediante sospechosos ingresos a cajeros automáticos, señor Abascal. No vendiendo pulseritas”, le recordó.

Pero no se quedó ahí el jefe del Ejecutivo. Tras un sonoro aplauso por parte de la mitad izquierda del hemiciclo, Sánchez insistió y golpeó por el otro costado: “No les gusta, no les gusta la migración. Ahora, cuando hay pasta de por medio, señor Abascal... Cuando hay pasta de por medio...” Y, de nuevo, aplausos de la bancada socialista. Esta vez con algunas risas incluidas.

El Tribunal Supremo acepta investigar al eurodiputado de extrema derecha Alvise Pérez por financiación ilegal de partidos tras haber recibido 100.000 euros en metálico de un empresario para sufragar su campaña al Parlamento Europeo, tal y como desveló elDiario.es. El alto tribunal admite la exposición razonada en la que el juez de la Audiencia Nacional que investiga por estafa a ese empresario de criptomonedas pedía abrir una causa contra él al considerar que existen “indicios sólidos” de responsabilidad penal. 

El Supremo también abre una segunda causa contra Alvise Pérez por difundir una falsa prueba PCR del exministro y president de la Generalitat de Catalunya Salvador Illa. En este caso, la Sala de lo Penal le atribuye presuntos delitos de falsedad en documento privado e injurias en relación a esos hechos ocurridos en 2021. El tribunal designa instructor al magistrado Javier Hernández.

En relación a los 100.000 euros que recibió de un empresario y sus tratos con este, la Sala de lo Penal sostiene que son hechos que remiten a los delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental y que, en el caso del eurodiputado, podrían ser subsumidos en el delito de financiación ilegal de partidos. También abre causa contra el empresario, Álvaro Romillo, y nombra instructor al magistrado Julián Sánchez Melgar. Además, admite la personación del PSOE como acusación popular si abona una fianza de 15.000 euros.

El juez José Luis Calama afirmaba en su exposición razonada, que la investigación ha evidenciado que el eurodiputado de Se Acabó La Fiesta (SALF) solicitó la colaboración del empresario Romillo para crear un monedero virtual para recibir donaciones anónimas que quedaran fuera de todo control público. Unas donaciones que, a su juicio, estaban destinadas a financiar su campaña de las europeas y que su interés era que “no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas”, tal y como explicó Alvise en uno de los mensajes enviados al empresario.

El juez sostenía que tanto la apertura de ese monedero virtual como la entrega de 100.000 euros tenían la “intención” de que Alvise, posteriormente, pudiera actuar en distintos foros publicitando tanto su plataforma bancaria Sentinel como la mercantil Madeira Invest Club, que cerró sorpresivamente el pasado septiembre dejando atrapados a miles de inversores.

En su exposición razonada, Calama afirmaba que, de esta forma, el empresario perseguía conseguir nuevos clientes a los que venía cobrando un 10% de la inversión. “Esta comisión la compartiría con Luis Pérez [Alvise] si resultaba eficaz y llegaban a un acuerdo en tal sentido”, recoge su exposición razonada. En este sentido, el magistrado aludía como “primer acto de colaboración” al evento que su club financiero organizó en el Hipódromo de la Zarzuela la pasada primavera y en el que participó Alvise.

En este evento, el entonces aspirante a eurodiputado defendió la plataforma de negocio de Romillo y alabó que quedaba fuera de cualquier control financiero y permitía obtener una significativa rentabilidad sin tributar por ella. También expuso su programa electoral basado en la supuesta “libertad financiera”. Tras ese evento, el empresario comunicó a Romillo que habían recaudado 100 millones de euros en 53 minutos, según recogen los mensajes aportados a la causa.

El pasado 27 de marzo, la Fiscalía se posicionó a favor de investigar a Alvise Pérez por estos hechos y pidió que se pusieran en marcha varias diligencias: que se investigue el tráfico de dinero en las 'wallets' que Romillo creó para él, que el eurodiputado justifique todos sus pagos durante la campaña y que se examinen sus cuentas bancarias y las del partido.

Archivo de la causa por los disturbios de Ferraz

En otro auto, la Sala acuerda no abrir causa contra el eurodiputado por un presunto delito de desórdenes públicos en relación con las protestas por la ley de amnistía en noviembre de 2023 en las inmediaciones de la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.

Un juzgado de Madrid pidió su imputación por promover altercados multitudinarios en unas manifestaciones en las que Alvise llegó a liderar una multitud de miles de personas a las que llevó hasta las inmediaciones del Congreso para después anunciar que se marchaba a su casa “a cenar”. La Sala considera que de la exposición razonada enviada por el Juzgado de Instrucción nº 13 de Madrid “no resultan elementos necesarios y suficientes para determinar la instrucción de una causa penal por los hechos relacionados en la misma”.