La empresa Monbus ha abierto un expediente disciplinario al conductor que supuestamente obligó a bajar de un autobús a un grupo de migrantes para que subiesen otros pasajeros. Los hechos ocurrieron el 11 de abril en un servicio entre Ourense y Verín y Podemos Ourense los ha llevado ante la Fiscalía.

En un comunicado, que recoge Europa Press, la compañía indica que ha puesto los hechos en conocimiento de su Comisión Ética y del Departamento de Recursos Humanos para esclarecer lo ocurrido y no descarta la adopción de medidas disciplinarias si constata que el comportamiento del conductor fue discriminatorio.

Monbus traslada su “condena firme y rotunda” a cualquier conducta racista o discriminatoria y recuerda que se debe respetar la presunción de inocencia del trabajador mientras se resuelve el expediente.

La compañía aclara además que, según las primeras averiguaciones internas, los ocho pasajeros que se bajaron del primer autobús -entre ellos seis personas migrantes- fueron recogidos posteriormente por un vehículo de refuerzo enviado debido a que el primero iba completo.

Por su parte, Podemos Ourense, que ha solicitado a la Fiscalía investigar un posible delito de odio o discriminación, insiste en la necesidad de depurar responsabilidades y garantizar los derechos de todos los usuarios del transporte público, independientemente de su origen.

La imagen de Raúl López, el creador del imperio Monbus, uno de los principales operadores de transporte por carretera en España, quedó empañada hace casi una década por una cascada de problemas judiciales. Desde entonces, sus habituales fotos con políticos se redujeron prácticamente a los que pasaban por el palco del Obradoiro, el club de baloncesto que preside desde 2010. Tras su salto de las páginas deportivas a la crónica de tribunales, en los despachos se dejaron de contestar sus llamadas por miedo, admitían algunos dirigentes, a que el teléfono estuviese pinchado y pudiesen acabar, ellos también, en algún sumario. Sin embargo, con el paso del tiempo, el ruido mediático se ha ido aplacando y las actividades del primer empresario del transporte de pasajeros por carretera habían salido del foco... hasta que la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ratificada por el Supremo, sobre su acuerdo con Alsa para repartirse el mercado mientras la Xunta miraba para otro lado, ha devuelto a la actualidad sus conexiones con el gobierno gallego.

No consta si esta vez estuvieron regadas con Vega Sicilia, aquel vino para gourmets que mandaba por lotes a Núñez Feijóo, su vicepresidente Alfonso Rueda, el exministro socialista José Blanco o quien fue portavoz del PP en el Senado, Xosé Manuel Barreiro. Obsequios valorados en miles de euros que la justicia consideró “regalos navideños” frutos de la “cortesía”.

Hasta este varapalo del Supremo, a Raúl López le gustaba cultivar el perfil de hombre hecho a sí mismo. En su biografía abundan episodios que alimentan esa leyenda. La del niño de aldea que mamó el negocio del transporte en casa cuando su padre empezó a mover viajeros por las carreteras lucenses en una camioneta tras la Guerra Civil. Hoy, aquella pequeña empresa familiar, Monbus, controla aproximadamente el 60% de las rutas por carretera en España con más de 2.000 autobuses y una facturación que supera holgadamente los 100 millones de euros.

Pero su conglomerado, que se extiende por varios países y gestiona palacios de congresos, servicios municipales y centenares de líneas de transporte escolar, se ve ahora amenazado por los sumarios de corrupción en los que aparece implicado López, detenido en Sanxenxo (Pontevedra) en marzo de 2016 con 60.000 euros en fajos de billetes, supuesto dinero negro que iba a entregar a una familia de hoteleros de las Rías Baixas.

Hasta entonces, durante las últimas décadas todo fue sobre ruedas para el imperio Monbus: fusiones, compras de compañías nacionales y extranjeras, a menudo apadrinado por instituciones públicas... Y cajas de ahorros dispuestas a soltar dinero fácil, hasta el punto de acompañar a la sociedad en algunas aventuras como accionistas.

En 2001 adquirió la gallega Castromil; en 2008 pagó 61 millones por La Hispano Igualadina, una de las firmas con más solera del sector. La expansión hacia Europa había arrancado años antes cuando adquirió la alemana Deustsche Touring y un holding de 32 sociedades agrupadas en Eurolines. Aquellos años nadie tosía a López, que siempre presumió de buenas compañías: alternó indistintamente con dirigentes del PSOE y del PP.

El fraguismo lo apadrinó como un empresario amigo hasta que el PP perdió las elecciones en Galicia y se acercó a José Blanco, lucense como él, que llegó a ministro de Fomento. López hizo migas después con Alberto Núñez Feijóo cuando este se convirtió en presidente de la Xunta. Durante su mandato, alcaldes de ayuntamientos afectados por servicios de autobús que consideraban deficientes se quejaban amargamente del poco éxito de sus gestiones ante el gobierno gallego. “Manda más Raúl que el conselleiro”.

A medida que aumentaba su cuenta de resultados, sus relaciones políticas y económicas con partidos de distinto color y el respaldo de las cajas de ahorros, el empresario empezó a preocuparse también por el reconocimiento social. Invirtió en un club de baloncesto, el Breogán de Lugo, del que se hizo presidente para llevarlo a la máxima categoría. En 2010, cansado de intentarlo, saltó a la dirección de su club rival, el Obradoiro de Santiago, en uno de los pocos traspasos de presidentes que se recuerdan en el deporte español. Y logró también colocarse a propuesta del PP como representante de la Universidad de Santiago en el Consello Económico e Social, un órgano consultivo del Gobierno gallego.

Así iba construyendo su mito el rey de los autobuses hasta que sus llamadas telefónicas se cruzaron con las de algunos políticos gallegos que estaban siendo investigados por corrupción en la trama Pokemon, una red de sobornos para lograr adjudicaciones públicas con ramificaciones en Galicia, Catalunya, Asturias y Cantabria. El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) puso la lupa en 2014 sobre un contrato de tres suministros de autobuses con cargo a fondos europeos en el Ayuntamiento de Santiago por más de 400.000 euros a una empresa que el SVA vinculaba con Raúl López: Talleres La Campiña.

Los pinchazos telefónicos captaron a un concejal del PP, encarcelado meses después, preguntando a López qué criterios debía incluir en el pliego del concurso. Los investigadores sospecharon de esa adjudicación: las otras dos ofertas fueron rechazadas porque sus vehículos “no cumplían con la altura mínima o el radio de giro”. Agentes del SVA vieron en eso otro “indicio de un concurso hecho a medida de uno de los ofertantes, adaptándolo a las características de su producto”, según escribieron en un informe remitido a la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, Pilar de Lara, convertida ya entonces en látigo contra la corrupción.

De Lara y el SVA volvieron a cruzarse en la vida de Raúl López el 18 de marzo de 2015. Los agentes lo arrestaron ese día mientras entregaba 60.000 euros en un restaurante de lujo de Sanxenxo a una familia de hoteleros de la joya turística de las Rías Baixas. Permaneció detenido más de 72 horas y tras pagar 20.000 euros de fianza para evitar la prisión el empresario de los dos mil autobuses aseguró a la prensa: “Pudo haber alguna irregularidad administrativa, pero ya está aclarada”.

Ese fue el inicio de la llamada Operación Cóndor, que dejó otros diez detenidos. A López se le investiga por su relación con delitos fiscales y contables, blanqueo, falsedad, tráfico de influencias y cohecho. La policía sospechaba que se repartía con empresarios locales dinero negro que salía de las excursiones turísticas de jubilados. Ahora mismo, el sumario que pone fin a la instrucción de esta macrocausa está paralizado, pendiente de un recurso ante la Audiencia Provincial de Lugo.

Regalos y pagos a cargos del Ejército

Las escuchas destaparon mucho más: presuntos sobornos a cargos del Ejército para obtener concesiones del Ministerio de Defensa para trasladar a la brigada de paracaidistas del Ejército de Tierra. Fue el propio yerno de Raúl López, Rafael Casqueiro, según el sumario, el que se encargó de gestionar el regalo del servicio de autobuses para la boda de la hija del jefe de Estado Mayor de la BriPac, el teniente coronel Luis Cortés, con el defensa internacional y hoy primer capitán del Real Madrid, Nacho Fernández. Cuando la jueza preguntó si tenía algo que ver con las concesiones del transporte, un cargo del Ejército que medió en la operación aseguró que Monbus no cobró nada por el transporte, ya que le interesaba “hacer publicidad” de sus autobuses en el evento.

Los investigadores sospechan que López también intentó sobornar con medio millón de euros al presidente de la Federación Española de Baloncesto, José Luis Sáez, antes de hacerse con los traslados de los equipos durante el Mundial de Baloncesto que se celebró en Madrid en 2014. Y que Monbus tuvo acceso a las ofertas de sus competidoras en este concurso para mejorarlas y asegurarse la concesión en un consorcio donde también estaban Alsa y Globalia.

El contrato para pasear a la Orquesta Sinfónica de Galicia también está en entredicho, como la forma en que Gerardo Díaz Ferrán le fue traspasando sociedades y concesiones cuando el monopoly del presidente de la patronal empezaba a desmoronarse, antes de acabar en prisión.

En uno de sus contratos privados, López y Díaz Ferrán falsearon la compraventa de la sociedad Autobuses Urbanos de Lugo para que las concesiones a esta empresa no fuesen impugnadas. Aunque en las escrituras públicas se establecía que Díaz Ferrán traspasaba a López el 49% de las acciones, el contrato privado aclaraba que en realidad le estaba vendiendo su mitad en la Unión Temporal de Empresas (UTE). El 1% que simulaba mantener el presidente de la patronal era para evitar que el Ayuntamiento de Santiago revisase la concesión del transporte urbano, tal y como estaba obligado a hacer si la UTE que optó a la concesión se deshacía.

Tras casi ocho años de silencio, ha sido otra sentencia la que ha vinculado la actividad ilícita de Monbus con el consentimiento de la Xunta. La decisión del Tribunal Supremo de no aceptar los recursos de los afectados ha convertido en firme la sentencia del TSXG que obligaba a la Comisión Galega da Competencia a abrir expediente sancionador tanto a esta empresa como a Alsa por “repartirse el mercado”. Ambas firmas concurrieron juntas a los lotes más jugosos del concurso autonómico de transporte de viajeros por carretera. En el resto, no se enfrentaban: donde competía una, no se presentaba la otra. Competencia, un órgano formado por tres antiguos cargos populares puestos a dedo por el gobierno gallego, había archivado la denuncia de un competidor sin siquiera pararse a comprobar lo que allí se decía. Mientras la oposición centra sus dardos en la “connivencia” de la Xunta –el BNG quiere que la conselleira dé explicaciones en el Parlamento– Monbus ya ha anunciado que pedirá amparo ante el Constitucional.

El Tribunal Supremo ha inadmitido los recursos que interpusieron la Xunta, Alsa y Monbus contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que dictaminó que que estas dos empresas se habían repartido el mercado y ordenó al órgano gallego de Competencia, que desoyó las denuncias de sindicatos y otras empresas de transporte, imponer una sanción. El fallo, adelantado por Praza.gal, tiene fecha del 4 de octubre y hace firme la decisión, dado que ya no cabe recurso.

El fallo del Supremo aborda el argumento de la Xunta, que denunciaba una infracción de un artículo legal por supuesta falta de legitimación activa de la recurrente en la instancia, pero los magistrados del Supremo consideran que “la cuestión planteada carece de interés casacional objetivo, pues es abundante la jurisprudencia sobre la legitimación del denunciante y el interés legítimo, evidenciándose una mera discrepancia con la apreciación de las circunstancias concurrentes realizada por la sala de instancia”.

En cuanto a los escritos de Alsa y Monbus, el tribunal señala que se acordó el archivo del expediente sin comprobar los hechos denunciados, “existiendo indicios racionales de infracción”. Por ello, dice, “la hipotética consideración de que no fueran conformes a derecho los argumentos y razonamientos de la sentencia recurrida en este particular aspecto no se traduciría en el éxito de la pretensión estimatoria en casación”.

Las denuncias ante Comisión Galega da Competencia, órgano adscrito a la Xunta, fueron archivadas sin que se hiciesen siquiera comprobaciones. En esa comisión las decisiones las toman el presidente y dos vocales, nombrados por el Consello de la Xunta, que en la actualidad son: Ignacio López-Chaves, ex diputado del PP, y los vocales Teresa Cancelo Márquez, profesora, ex parlamentaria y ex concejala del mismo partido, y Daniel Neira Barral, profesor y hace años también militante de la formación conservadora.

El BNG ha pedido, tras conocerse la decisión del Supremo, que la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, comparezca en el Parlamento. La acusa, y también al Gobierno gallego, de “connivencia” y “trato de favor”.

Una de las empresas, Monbus, ha reaccionado también a la noticia. Según publica Europa Press, se muestra “profundamente sorprendida”. “Si bien es cierto que la admisión de recursos en esta instancia es inferior al 13%, confiábamos en que el máximo tribunal entrase a valorar el fondo de la cuestión, algo que, desafortunadamente, no ha considerado oportuno hacer en este caso”, señalan fuentes de la compañía, que anuncian recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en los próximos días. Insiste en que la sentencia del TSXG es “injusta” y sostiene que no ha incurrido en “práctica anticompetitiva alguna”. Lo que señala esa sentencia es que Alsa y Monbús evitaban competir entre ellas en los concursos para adjudicar las rutas de transporte de viajeros por carretera para repartirse el mercado.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por nueve empresas contra la adjudicación, por parte de la Xunta, del lote 57 del contrato de transporte escolar a centros públicos dependientes de la Consellería de Educación a una UTE (unión temporal de empresas) por estar dominada por Monbus, cuando este grupo ya es el que controla mayoritariamente a las agrupaciones a las que se concedió el servicio en más lotes de los que permiten las normas (el pliego fijaba el tope de ocho, pero alcanzaban 12).

La semana pasada el TSXG dio a conocer otras dos sentencias que anulaban las adjudicaciones de dos lotes por este mismo motivo. La nueva decisión judicial explica que la UTE a la que se entregó el lote 57 de líneas de transporte escolar está controlada al 97% por empresas del grupo Monbus. La sección tercera de la sala de lo Contencioso-administrativo ha ordenado al órgano de contratación a que le requiera a la UTE (que es la formada por las empresas demandantes) que obtuvo la segunda mejor puntuación la presentación de la documentación previa a la adjudicación del contrato.

En los tres casos, según la sala, las empresas que se agruparon y consiguieron la adjudicación de los lotes estaban “dominadas de forma clara por las empresas del grupo Monbus”, una circunstancia que afirma que “tenía que haber sido apreciada” por la mesa de contratación, por el órgano de contratación y, finalmente, por el tribunal, para aplicar los límites recogidos en el propio pliego del concurso.

Contra las sentencias cabe recurso de casación y Monbús ya ha anunciado que llevará los casos ante ante el Tribunal Supremo, informa Europa Press. La semana pasada indicó que no compartía los argumentos de las sentencias que se conocieron entonces y que tenía intención de continuar con el litigio. Para la compañía el tribunal hace una interpretación “contraria a los pliegos de los concursos y a la propia normativa de contratos del sector público”.

Por su parte, la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, sostiene que la Xunta cumple “escrupulosamente” la ley de contratos y “todo procedimiento administrativo que debe cumplir”.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado la adjudicación por parte de la Xunta a dos futuras uniones temporales de empresas (UTE) de parte de las líneas de transporte escolar de la Consellería de Educación. El motivo es la posición de dominio de la empresa Monbus en más lotes de los que las normas del concurso público permiten. Tiene una participación muy mayoritaria en las agrupaciones que ganaron 12 de los lotes en los que se reparte el servicio, cuando el límite que fijaba el propio pliego estaba en ocho.

Las adjudicaciones anuladas en dos sentencias de la sección tercera de la sala de lo Contencioso-administrativo son las que se refieren a los lotes 51 y 45 del contrato de transporte escolar para centros públicos que dependen de la Consellería de Educación. En los fallos indica que la participación de las empresas de Monbus es del 94% en el lote 4; del 93% en el lote 6; del 92% en el lote 11; del 95% en los lotes 13, 14, 25 y 45; del 97% en los lotes 24 y 57; del 100% en el lote 32; y del 63% en el lote 50 y en el 51. En total, añade, son doce las licitadoras en las que las empresas del grupo Monbus tenían una presencia “muy significativa, lo que lo hacía claramente dominante a los efectos de aplicar una limitación que permite la ley de contratos públicos en su artículo 99.4 y que fijaba la cláusula 8.2 del pliego rector.

De estas doce licitaciones se impugnaron en esta vía solo cuatro: además de las que tratan los fallos, también las referidas a los lotes 50 y 57. En las anuladas, Monbus controlaba, en un caso el 95% y en el otro, el 63%. Esta posición, añaden los fallos, “tenía que haber sido apreciada” por la mesa de contratación, por el órgano de contratación y, finalmente, por el tribunal, para aplicar el límite impuesto en las normas.

El TSXG ordena también que el órgano de contratación les requiera a las UTE Canbus y UTE Somosbus, que en ambos casos obtuvieron la segunda mejor puntuación, que presenten la documentación previa a la adjudicación del contrato. Los recursos los presentaron veinte empresas de transporte, las cuales se agruparían en las futuras UTE Canbus y Somosbus.

En las sentencias, contra las que cabe recurso de casación, los magistrados explican que la Xunta aprobó el expediente para contratar el transporte escolar para 424 centros públicos y lo dividió en 57 lotes. Al número 51 se presentaron dos licitadoras en las que estaban agrupadas diversas sociedades mercantiles comprometidas a fusionarse en sendas uniones temporales de empresas, con las denominaciones UTE Escolar Lote 51 y UTE Canbus. Fue la primera la que se llevó el contrato, en octubre de 2021. Al lote 45 se presentaron tres licitadoras formadas por distintas empresas y, en noviembre de 2021, fue adjudicado a UTE Escolar Lote 45.

Pactos restrictivos de la competencia

El TSXG subraya en los fallos que “sería posible que, pese a ser razonable desde el punto de vista empresarial la agrupación de empresas en futuras uniones temporales” también se podrían utilizar para “encubrir acuerdos colusorios -pactos ilícitos- restrictivos de la competencia” para saltarse la limitación de adjudicaciones por empresa y “poder repartirse de forma anómala el mercado”.

Por ello, recalca que “no tiene tanto interés examinar la identidad de las empresas que formarían cada UTE, sino su grado de participación en ellas, que es lo que se ha conseguido acreditar con la prueba practicada de oficio”. La futura UTE Escolar Lote 51 “estaría formada por siete empresas del grupo Monbus y dos ajenas” y tenían el 63% de la representación.

En cuanto al otro lote, el alto tribunal gallego advierte que la futura UTE Escolar Lote 45 estaría formada por cinco empresas del grupo Monbus y cuatro ajenas, si bien las primeras “contaban con una participación muy mayoritaria, que alcanzaba el 95%, frente al 5% restante de las otras cuatro”. Concluye que puede probarse la existencia de “prácticas concertadas con un objetivo contrario a la competencia”.

Reparto de mercado

No es el único caso de prácticas contrarias a la competencia sancionadas por el TSXG en las que está implicada la empresa Monbus. En marzo de este año la Justicia ordenó a la Comisión Galega da Competencia incoar un expediente sancionador a Alsa y Monbus “por indicios de repartirse el mercado”.

El jueves de esta semana el presidente de la Comisión Galega da Competencia informó de que la entidad ha recurrido al Tribunal Supremo, como hicieron Monbus y Alsa, aquella sentencia.

Lo que no vio la Comisión Galega da Competencia, órgano autónomo pero dependiente de la Xunta de Galicia, sí lo vio la justicia: existen indicios de que Monbus y Alsa, dos de las mayores empresas de transporte de viajeros por carretera, “se reparten el mercado” al optar a las concesiones del Gobierno gallego. Competencia había desoído denuncias de pequeñas compañías de autobuses o del sindicato CIG. Fue el recurso de una de ellas, Travieso Software, ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la que destapó su estruendoso silencio y revocó su decisión de archivar la demanda “sin haber comprobado la comisión de los hechos y su afectación a la libre competencia en el mercado relevante”.

Tres personas toman las decisiones en la Comisión Galega da Competencia, el presidente y los dos vocales. Los nombra el Consello de la Xunta, es decir, el gabinete del Partido Popular. “Órgano colegiado independiente”, su ámbito de actuación son las “conductas empresariales prohibidas” por la Ley de la Competencia –por ejemplo el reparto del mercado– “con efectos únicamente en la Comunidad Autónoma de Galicia”. Ahora mismo lo preside Ignacio López-Chaves, ex diputado del PP, y los vocales son Teresa Cancelo Márquez, profesora, ex parlamentaria y ex concejala del mismo partido, y Daniel Neira Barral, profesor y hace años también militante de la formación conservadora. La oposición ya ha exigido su renovación.

“Competencia no practicó ninguna de las pruebas, y si solo hubo una denunciante que recurrió a la Justicia es porque hay que pagar”, señala a elDiario.es la diputada socialista Patricia Otero. Su compañero de escaño Pablo Arangüena lo llevó a comisión parlamentaria el 5 de abril y en ella denunció la “baja frecuencia de trabajo” del organismo: según sus datos, en 2022 solo emitió cinco resoluciones sobre los 205.000 expedientes de contratación del Gobierno gallego. “Infringir la competencia en Galicia es totalmente gratis”, concluyó el socialista.

El propio presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, se desentendió de la actuación de la comisión. “Son decisiones de un órgano independiente”, indicó al día siguiente de que transcendiese la sentencia del Tribunal Superior. No tuvo en cuenta la filiación partidaria de sus miembros. Tampoco la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade se da por aludida. En un correo electrónico remitido a esta redacción, se escuda a que el dictamen judicial “no se dirige contra el procedimiento seguido por este departamento para la puesta en marcha del Plan de Transporte Público de Galicia”. “La sentencia no cuestiona el proceso de contratación, sino las decisiones de dos empresas ante posibles 'indicios' de acuerdos ilícitos”, añade. Un juzgado de Santiago ha admitido, sin embargo, una denuncia de la Asociación Empresarial de Tranposrte de Viajeros por Carretera de Galicia Galibus contra la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta por, explica a esta redacción fuentes de la misma, entender que ha dictado resoluciones para “salvar empresas y UTE vinculadas al grupo Monbus, perjudicando al resto de licitadores”. Suso Pastoriza, sindicalista de la CIG, coincide, y critica la “posición de dominio” de Monbus que su central denunció, primero, en la consellería y después en Comepetencia, con escaso éxito. “En Aragón, conductas similares fueron consideradas fraude”, advierte.

El juez del Superior habla, en concreto, de la concurrencia en UTE (unión temporal de empresas) de Alsa y Monbus a cinco de los lotes de transporte de pasajeros por carretera ofertados en concurso público de la Xunta en 2020. Cuatro de ellos eran los de mayor importancia. La UTE no se presentó, además, a ninguno de los otros 24 lotes por separado. “No puede interpretarse conforme a las reglas de la lógica y las pautas de la experiencia como una casualidad, sino como una causalidad de un acuerdo previo para aprovecharse, además, de que los pliegos permiten concurrir a todas las licitaciones”, dice el documento, que se extiende sobre el particular: “La licitación en UTE por Alsa y Monbus en cinco lotes no está justificada y responde a la conducta, prohibida, de repartirse el mercado, toda vez que las UTE resultan anticompetitivas”. Si esa colaboración respondiese a “la necesidad de complementarse por su capacidad financiera o técnica”, sería diferente, pero no es el caso, porque “en modo alguno se acredita ni la necesidad ni los efectos beneficiosos”.

Así, la sala de lo Contencioso Administrativo del tribunal ordena a la Comisión Galega da Competencia incoar un expediente sancionador contra Monbus y Alsa ya que, asegura, “existen indicios racionales de infracción” relacionados con el reparto de mercado al concurrir en UTE a los concursos públicos. Contra la sentencia cabe recurso, que Monbus ya ha anunciado que presentará: de casación y ante el Supremo. “No compartimos el contenido de la sentencia, ya que no ha habido práctica restrictiva alguna”, declara Monbus a este periódico, “siempre hemos actuado con absoluto rigor e integridad dentro de la legalidad”.

Vega Sicilia para Feijóo y sumarios múltiples

Monbus es una de las principales empresas de transporte de viajeros por carretera de España. No hace muchos años controlaba más del 60% de rutas del Estado y facturaba unos 100 millones de euros. Su propietario, Raúl López, la heredó de su familia. Y en los últimos años su nombre no ha dejado de aparecer en la prensa, no siempre en la sección de economía. En 2016 era detenido en Sanxenxo (Pontevedra) con 60.000 euros en efectivo. Salió del calabozo tras pagar 20.000 euros de fianza. El caso todavía no ha sido resuelto. El vino de alta gama que solía enviar a Alberto Núñez Feijóo y su entonces vicepresidente en la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, llegó a los tribunales, por superar lo que la juez entendía como “regalo de cortesía” y constituir un posible delito de cohecho. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) archivó la causa. Su nombre también figuró en los sumarios de la Operación Pokemon, cuyos micrófonos captaron a un concejal del PP preguntando a López qué criterios debía incluir en el pliego del concurso.

Monbus Obradoiro y Herabalife Gran Canaria disputarán este jueves un encuentro muy importante para las aspiraciones de permanencia de ambos equipos en la Liga Endesa de baloncesto, en la que se encuentran igualados a once victorias, solo dos por encima de los puestos de descenso.

Tal como manifestase el entrenador del Granca, Pedro Martínez, en la rueda de prensa previa a este choque, no recuerda una temporada relativamente reciente en la que hubiese tantos conjuntos luchando por la salvación a falta de solo cuatro partidos para culminar la fase regular, cuando se desvelará los dos que finalmente bajarán.

El Herbalife Gran Canaria, que llega a este partido tras sufrir una severa derrota ante el líder Barça Lassa (79-99), en un choque en el que fue superado de principio a fin, afrontará este nuevo encuentro en una cancha “caliente”, como ha subrayado el ala-pívot dominicano Eulis Báez.

Por el contrario, la mejor noticia para el equipo isleño es que, por fin, ha vaciado la enfermería -salvo Luke Nelson, inédito durante todo el curso, y Luke Fischer, baja lo que resta de temporada-, por lo que Pedro Martínez tendrá un amplio abanico de jugadores para oponer a lo largo del encuentro al conjunto de Moncho Fernández.

En tal sentido, el partido en tierras gallegas debe servir para que el propio Eulis Báez adquiera poco a poco su mejor nivel después de haber salido de una prolongada lesión de gemelos y haber disputado unos minutos ante el Barça. Por su parte, Obradoiro llegará a este encuentro con la necesidad de dejar los dos puntos en casa, no solo por su delicada situación clasificatoria, sino porque atraviesa una adversa racha, siendo su derrota más reciente la visita al MoraBanc Andorra (91-72).

En cuanto al apartado estadístico, el Herbalife Gran Canaria tiene una ligera ventaja sobre su rival cuando visita la cancha de Obradoiro, donde ha vencido en cinco ocasiones y ha perdido en las tres restantes. Asimismo, resalta que en este encuentro, que será el 850 de Pedro Martínez como técnico en un banquillo de ACB, se darán cita los tres mejores jugadores del tiro de triple, casos de los locales Ben Simons y Kostas Vasileiadis y del amarillo Marcus Eriksson.

El partido entre gallegos y grancanarios se disputará en el Pabellón Multiusos Montes do Sar a partir de las 18.15 horas, con arbitraje de José Antonio Martín Bertrán, Luis Miguel Castillo e Iyán González. 

Finalmente la reestructuración planteada por la empresa Monbus en la que se proponía la supresión de varias líneas de autobús, de las VAC212 y VAC114, en las provincias de Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Toledo, no llegará a hacerse efectiva el próximo 17 de noviembre, este mismo sábado, tal y como la empresa había informado a los ayuntamientos de los municipios afectados.

Lo confirman a esta redacción fuentes de la propia concesionaria que explican que el Ministerio de Fomento y Monbus han llegado a un acuerdo este jueves por la mañana. Así, la empresa se compromete a seguir con el servicio tal y como se está ofreciendo hasta ahora, sin la supresión de líneas planteadas, con la condición de que el Ministerio de Fomento establezca un calendario para poder poner fin a esta situación.

De momento no hay fechas en el horizonte para poner fin a una situación provisional que no resuelve el problema para los pequeños municipios. Dicen esas mismas fuentes que la empresa continúa “soportando todas las cargas de estas líneas” que, como se ha reiterado en estos últimos meses, son deficitarias.

La Junta de Comunidades ha recibido la noticia hace apenas unos minutos. Así lo explica el director general de Transporte de Castilla-La Mancha, David Merino. “Yo mismo he estado en contacto constante con el Ministerio para conocer las circunstancias que rodeaban a este anuncio de la empresa. Ahora lo importante es que hemos conseguido que los vecinos y vecinas de los municipios de la región afectados pueden tener la tranquilidad de que se mantienen sus rutas habituales; mientras tanto, nosotros vamos a continuar en comunicación con el Ministerio para comprobar que las gestiones se están realizando en el orden de este último anuncio”.

Albacete y Cuenca, las provincias más afectadas

La paralización da un respiro a cuatro de las cinco provincias de la región, especialmente a Albacete y Cuenca que habrían sido las más afectadas. Y es que, en el caso de Cuenca,  Monbus había anunciado el cierre de la línea que une Cañete –Mira y la de Quintanar de la Orden-Utiel. También de Minglanilla-Villamalea a las 06.00 horas; Villamalea-Cuenca, a las 06.40 horas Cuenca-Villamalea, a las 15.00 horas; y Motilla-Valverde-Cuenca a las 08.15 horas, entre otros.

En la provincia de Albacete, entre los municipios afectados estaban Viveros, El Ballestero, Balazote, El Jardín, Mahora, Golosalvo, Fuente Albilla, Casas Ibáñez, Alborea y Villatoya.

Después de que Monbus anunciara nuevamente la rescisión de líneas de autobuses en la región, la Dirección General de Transportes de Castilla-La Mancha sigue insistiendo en que es el Ministerio de Fomento quien tiene las competencias. La prueba clara, dice David Merino, de que la responsabilidad no es de la Junta “es que a nosotros no nos ha comunicado nada”.

Es el propio director general el que recuerda que Junta y Ministerio pactaron que tras sacar una nueva licitación, los esos trayectos de bus que quedaban dentro del territorio regional pasarían a gestionarse por el Ejecutivo Autonómico.

Eso que se fechó a 15 de enero de 2018 pero , a día de hoy, todavía no se ha producido porque, primero el Ministerio no licitó la concesión para esa fecha, sino que lo hizo en el mes de abril, 3 meses más tarde, y el concurso quedó desierto. Ahora, tal y como ha señalado el director provincial de Transportes, David Merino, el Ministerio tiene que volver a sacar la licitación. Sin eso la Junta no puede asumir la gestión de las líneas intracomunitarias, explica.

Según Merino, desde el pasado mes de septiembre, ya con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, los responsables de la Administración Autonómica y el Ministerio se han reunido en hasta cuatro ocasiones para ponerle solución al tema de los autobuses. “En eso estamos trabajando”, explica el director general de transportes de Castilla-La Mancha que dice que “la sorpresa ha sido que Monbus ha comunicado a los Ayuntamientos la supresión de varias líneas”.

Ahora, la decisión de Monbus lo ha precipitado todo y Junta y Ministerio están en comunicación para intentar buscar una solución ante lo que Merino ha tachado de “amenaza” de la empresa concesionaria. Pero la realidad se impone y los plazos que se barajan para que la Junta asuma las líneas intracomunitarias son de meses y eso hablando de “una solución rápida”.

De momento, dice, la responsabilidad es del Ministerio que tiene que buscar una solución “con su empresa”. “¿De quien es la responsabilidad de que esa licitación quedara desierta? Del gestor”, se responde a sí mismo Merino, que añade: “el gestor en este caso es el Ministerio de Fomento”.

El PP acusa a Page de estar “de brazos cruzados viendo venir el problema”

Por su parte la secretaria general del PP en Albacete, Cesárea Arnedo, ha reprochado la actitud del Ejecutivo Autonómico ante este problema. Dice Arnedo que le parece “inaudito” que los dirigentes socialistas no tomen “cartas en el asunto” contra la despoblación y no impidan el cese de las lineas. Asegura que este problema viene de tiempo atrás y que se sabe de la situación de la empresa y las líneas “desde hace meses” y añade que  Page en vez de solventar el problema, “está de brazos cruzados viendo venir el problema”

Especialmente crítica se muestra Arnedo con el tema de las competencias. Dice que muchos son los alcaldes que asumen como propias competencias que son de otras administraciones y afea al Gobierno regional que se escude en las competencias. “Que hable Page con los alcaldes y diga cuantas competencias que no nos son propias las asumimos los alcaldes por responsabilidad”, asegura la también alcaldesa de Alpera.

La Junta estudia abrir expediente sancionador

Poco puede hacer la Junta de Comunidades ante la decisión de Monbus de acabar con varias líneas que afectan a municipios de Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Albacete. Pero no descartan abrir expediente sancionador, algo que también hizo el Ejecutivo de Castilla-La Mancha a finales del pasado año cuando, por entonces, la decisión de Monbus era la de cesar por completo el servicio, algo que finalmente no se produjo.

El Herbalife Gran Canaria, sin apenas tiempo de descanso tras su derrota en los cuartos de final de la Eurocopa por parte del Lokomotiv Kuban ruso, recibirá este domingo al Monbus Obradoiro con la intención de olvidar la eliminación continental y volver a la senda de las victorias en la Liga Endesa, en la que ha ganado sus últimos cuatro enfrentamientos.

El entrenador del conjunto isleño, Luis Casimiro, manifestó tras el segundo encuentro ante Lokomotiv que solo quedaba “pasar capítulo” y pensar a volver en estar con una “buena mentalidad”, sabiendo que su equipo está a una sola victoria del segundo clasificado liguero, y que lleva cuatro victorias consecutivas, ante Zaragoza, Gipuzkoa, Fuenlabrada y Valencia.

Por su parte, el técnico de Monbus Obradoiro, Moncho Fernández, indicó esta semana en rueda de prensa que no considera que el hecho de que su rival dispute dos encuentros en apenas 48 horas pueda perjudicarle, porque está acostumbrado a esta dinámica y además tiene una plantilla larga y de mucho nivel.

Monbus afrontará esta cita con las bajas seguras del escolta norteamericano Matt Thomas y el pívot polaco Jordan Bachynski, mientras que es seria duda el alero letón Martins Laksa, quien ha estado enfermo en cama durante prácticamente toda la semana.

Por su parte, el Herbalife no podrá contar una semana más con su mejor tirador, el sueco Markus Eriksson, que tanto se echó en falta en la eliminatoria de Eurocup ante Lokomotiv Kuban.

Los grancanarios, sextos en la clasificación con un balance de 13 victorias y 8 derrotas, están tan solo a un triunfo de la segunda plaza, en tanto que Monbus Obradoiro es décimo clasificado, con 10 victorias y 11 derrotas.

Este encuentro, correspondiente a la 21ª jornada de la Liga Endesa, se disputará este domingo a partir de las 19.00 horas (canaria) en el Gran Canaria Arena, con arbitraje de Hierrezuelo, Caballero y Torres.

De momento la empresa Monbus seguirá prestando el servicio de autobús en las líneas que unen Cuenca-Valencia-Albacete con Hijuelas (VAC-114) y Puertollano (Ciudad Real)- Albacete-Valencia (VAC-212) hasta principios del año próximo. Así lo ha asegurado la secretaria general de Transporte del Ministerio de Fomento, Carmen Librero, tras la reunión con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha donde se ha debatido el futuro más inmediato de estas líneas de autobús que pasan por 74 municipios de la región.

Así, según declaraciones de Carmen Librero, ambas administraciones van a trabajar durante las próximas semanas “para que a primeros del año que viene tengamos una solución definitiva. Hasta entonces el servicio se seguirá prestando”. Será para entonces, tal y como se ha acordado en dicha reunión, cuando el Gobierno de Castilla-La Mancha se haga cargo de las líneas que quedan dentro del territorio de la Comunidad Autónoma. Es decir, “la Junta hará una licitación del servicio y asumirán esos tráficos”, ha apuntado la directora general de Transporte del Ministerio de Fomento.

Por su parte la consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha señalado que estos servicios se seguirán prestando hasta la primera quincena de enero de 2018, momento en que se abordarán las nuevas soluciones previstas sobre aquellos puntos que no sean asumidos por el Ministerio. “Mientras tanto, vamos a trabajar conjuntamente para garantizar la movilidad de los ciudadanos y que se haga de forma segura”, ha apostillado.

Según el director general de Transportes de Castilla-La Mancha, David Merino, parte de los servicios los va a seguir proporcionando la concesión titular del Estado, especialmente los que son de carácter interregional mientras que “se estudiará la integración de los pueblos que dejen de recibir el servicio de la concesión estatal en nuestros tráficos internos con carácter previo a la nueva licitación. Para ello, se analizará la posibilidad de prestar estas rutas con las concesiones regionales que operan en estas zonas, para garantizar de esta manera la movilidad de nuestros ciudadanos”.

Con esta decisión se acaba con la última crisis mantenida entre las dos instituciones y que amenzaba con dejar sin servicio de autobús a 74 municipios de toda Castilla-La Mancha a partir de este sábado, 25 de noviembre.

Ahora Monbus, cuyos trabajadores también estaban pendientes de la decisión adoptada por el Ministerio y la Junta de Comunidades, seguirá ofreciendo el servicio hasta el próximo año, a principios de 2018, cuando el Ejecutivo regional se haga cargo del servicio.

Un largo mes de noviembre

Noviembre ha sido un mes de mucha incertidumbre para los vecinos de la región cuyos municipios forman parte de las rutas de autobus que todavía gestiona Monbus. El pasado 1 de noviembre amanecieron sin saber si podían contar con este servicio ya que la Consejería de Fomento había advertido por carta que se quedarían sin autobús porque el Ministerio había decidido dejar de asumir las líneas sin más. No pasó así, ya que el autobús siguió llegando puntualmente a los municipios como lo había hecho hasta el momento.

Pero los desencuentros entre ambas administraciones a cuenta del servicio de autobús ha provocado que en las últimas semanas unos y otros responsabilizasen a la administración contraria del servicio. Semanas después el propio Gobierno de Castilla-La Mancha advertía de que el cese del servicio llegaría desde este sábado, 25 de noviembre. Finalmente Ministerio y Junta de Comunidades se han sentado decidiendo que, por el momento, el Ministerio asuma las líneas de autobús mientras Castilla-La Mancha elabora una licitación para poder asumirlas el próximo año.

Los trabajadores piden ser subrogados

Estas semanas de incertidumbre sobre la continuidad del servicio han afectado a los pueblos pero también a los trabajadores de la empresa Monbus que han temido por sus puestos de trabajo. Es por ello que, desde que se habló de que la Junta podría hacerse cargo de la gestión de las VAC 114 y VAC 212, se han venido concentrando a las puertas de la Estación de Autobuses de Albacete para pedirle al Gobierno regional que, una vez que se haga con la gestión del servicio, obligue a la empresa conceisonaria a subrogarlos. Se trata de una treintena de trabajadores sólo en la provincia de Albacete. La mayoría de ellos cuenta con una antigüedad que oscila entre los 20 y 25 años y la media de su edad es de 50 años.

El Gobierno regional ha solicitado una reunión al Ministerio de Fomento “con la intención de buscar soluciones con una doble vertiente: garantizar un servicio que es necesario para los usuarios de Castilla-La Mancha y, también, para buscar una salida a los trabajadores que se ven en una situación preocupante”, según ha explicado la consejera de Fomento, Agustina García Élez minutos antes de iniciarse la reunión que ha mantenido con Comisiones Obreras para abordar la problemática de las líneas VAC-114 y VAC-212 que viene prestando Monbus y que comunican entre sí a 70 municipios de las provincias de Cuenca, Albacete y Ciudad Real con la Comunidad Valenciana.

Pese a que la consejera ha insistido en que la competencia del servicio pertenece al Ministerio de Fomento, ha solicitado esta reunión también para determinar qué pasará con los trabajadores en el caso de que, como ya ha trasladado Fomento al Gobierno de Castilla-La Mancha y a la propia empresa, el próximo 24 de noviembre, en apenas cuatro días, se prevé un cese del servicio. Según García Élez “al igual que los trabajadores, pero nosotros como Administración, a día de hoy todavía no nos ha llegado carta oficial del Ministerio”, comunicación con la que se tenía constancia y que sí ha recibido la empresa Monbus, tal y como aseguraban a esta redacción hace unos días.

Ahora es el propio Gobierno de Castilla-La Mancha quien ha solicitado, de manera unilateral, esta reunión con el Ministerio de Fomento que está motivada porque “no podemos estar pendientes de si el día 24 se va a suprimir o no ese servicio interregional de autobuses, por lo que queremos saber qué va a pasar con ese mantenimiento del servicio y con los trabajadores de Monbús, quienes nos consta por CCOO que tampoco tienen esa comunicación oficial”.

Desencuentro entre Administraciones

Desde que en el mes de julio la empresa Monbus trasladase a algunos municipios su intención de dejar de prestar el servicio correspondiente a las mencionadas VAC 114 y VAC212 que afectan a más de 70 de la región el diálogo entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Castilla-La Mancha ha terminado por romperse. Es ahora decisión del Ministerio, titular de las lineas que unen Cuenca, Ciudad Real y Albacete, con la Comunidad Valenciana, el que traslada a la empresa que cede la gestión a la Junta sin que ésta última Administración esté de acuerdo. De hecho, la consejera García Élez ha insistido:  “si se va a suspender un servicio tiene que haber, lo primero una comunicación y, si quieren que la Junta se haga cargo de algún servicio, lo que se tiene que hacer es sentarse en una mesa y hablar”.

El Ministerio alega que ha sido el propio Gobierno de Castilla-La Mancha quien ha solicitado hacerse cargo de los tramos que están dentro del territorio autónomico algo que desde la Junta se matiza y dicen que en esta petición, hecha mediante una carta el pasado 1 de marzo de 2016 “se habla de una segregación de tráfico, siempre de cara a una nueva licitación, y es en lo que veníamos trabajando con el propio Ministerio” y ha pedido que el Ministerio tome “decisiones” y se haga una “gestión eficiente”.

La consejera ha hablado de buscar soluciones una vez que se conozca qué es lo que se pretende es dejar de prestar el servicio en todas las líneas, se van a suprimir algunos trayectos o no se va a comunicar con la Comunidad Valenciana. A partir de ese momento, “cuando sepamos qué es lo que se va a dejar de prestar, podremos hacer la reestructuración; ahora no podemos porque no tenemos la competencia de esas líneas interregionales”.

Lo cierto es que apenas quedan cuatro días para que termine el plazo dado por el Ministerio a la propia empresa Monbus y los vecinos de los municipios que pueden quedarse sin servicio siguen sin saber si el 25 verán pasar el que es, en algunos casos, el único medio de transporte público con el que cuentan.

Pendientes también los trabajadores

La reunión con los miembros de CCOO ha sido para abordar el otro problema que dejaría el cese de Monbus el 25 de noviembre.  Carmen Juste, secretaria de CCOO Albacete, ha precisado que desde el día 2 están concentrándose con los trabajadores en la puerta de la estación de autobuses para reclamar una solución, ha defendido la necesidad de que este servicio que afecta a 33 trayectos de 74 municipios se siga prestando y “se busque una solución a estos trabajadores” y que sean subrogados, y que “venga la empresa que venga” se haga cargo de ellos.

Juste ha confirmado que la empresa no ha comunicado una fecha oficial a los trabajadores sobre la finalización del servicio y los afectados “están a la expectativa con cierta incertidumbre porque no saben qué va a pasar con ellos de un día para otro”.

Por su lado, la secretaria regional de Acción Sindical y Formación Sindical de CCOO, Carolina Vidales, ha defendido igualmente la prioridad de que “se subrogue a los trabajadores y se busque una salida a su situación laboral, para que puedan seguir prestando servicios” en la futura prestadora y para ello quieren “buscar la complicidad de las administraciones públicas inmersas en este proceso”.

De hecho, esta misma semana el sindicato espera poder reunirse con la Delegación del Gobierno en la región para abordar este asunto. “Lo que más anhelamos es que las administraciones se pongan de acuerdo y sean capaces de comunicarse”, ha detallado Vidales.

Unos 80 municipios de toda Castilla-La Mancha temen que el el próximo 25 de noviembre puedan quedarse sin los autobuses que les comunican, en muchos casos, con otras localidades mayores o las propias capitales donde se trasladan para cuestiones tan necesarias como una consulta médica. El desencuentro entre el Ministerio de Fomento (quien tiene las competencias en las líneas de autobús que unen municipios de Cuenca, Ciudad Real, Albacete y Valencia) con el Gobierno de Castilla-La Mancha a cuenta de los trayectos que se quedan dentro del territorio tiene, por ahora en el próximo 25 de noviembre, en apenas unos días, su próxima cita. Es la fecha que ha dado el Ministerio a la Junta para que se haga cargo de las líneas sólo de la región, algo que también ha comunicado a la empresa concesionaria Monbus.

Por segunda vez en un mes hay vecinos en esta región, especialmente del entorno rural, que no saben si en unos días habrán perdido el único medio de transporte que les conecta con otros puntos de Castilla-La Mancha. Estas líneas de autobús son, en el caso de localidades como Belmonte, en Cuenca, el nexo con el exterior y el último reducto contra la despoblación, también de los núcleos rurales de su entorno.

“¿Qué solución se va a dar a los mayores cuando tengan que trasladarse a Cuenca, que está a 100 kilómetros, para ir al Hospital y no haya autobús?”, pregunta Angustias Alcázar, alcaldesa de Belmonte (Cuenca), municipio que tiene ahora mismo dispone de cuatro líneas: la que les une con Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, con Albacete, Valencia y con su capital, Cuenca.  “No da igual de quien sea competencia”, insiste, porque lo que quiere es que sus ciudadanos tengan un servicio “al que tienen derecho”.

La alcaldesa de Belmonte denuncia además que la decisión del Ministerio de Fomento que puede dejarles sin autobús en poco menos de una semana “choca con los discursos de que hay que hacer que los pueblos vivan” y ha pedido “respeto” a los ayuntamientos como el suyo que “siempre somos los perjudicados”.

Muy preocupada está también Verónica Gómez, alcaldesa de El Bonillo, localidad de Albacete. Su censo ronda los 440 vecinos y la población está envejeciendo. “El 33% son mayores y usan el autobús para ir al Hospital de Albacete de médicos”. Para ellos, además, es el único autobús que les comunica con el exterior y sin él se quedan completamente aislados. “Hasta los jóvenes lo usan para ir a sacarse el cané de conducir”, añade la alcaldesa que asegura que perder el autobús sería “una catátrofe”. “Vale que a lo mejor todos los días no tienesna tres viajeros pero ¿y cuando haga falta?”, dice. De hecho tal es su necesidad del autobús que este verano, tras recibir un aviso de Monbus diciendo que cesaría el servicio, se manifestaron en la plaza del pueblo e iniciaron una recogida de firmas para evitarlo.  

Un servicio que ya estaba “en precario”

Con más población pero también pendiente de qué pasa con el autobús está Casas Ibáñez, también en Albacete. Para ellos no es un problema reciente el que tienen con las líneas del Ministerio gestionadas por Monbus. “Desde hace años nos están dando el servicio en precario”, explica Carmen Navalón, la alcaldesa, que relata que desde hace años Monbus les modifica horarios “sin avisar” e incluso obliga a hacer transbordo en viajes que no lo tenían y cuyos usuarios son personas mayores. Tanto es así que incluso han llegado a mandar, años atrás resoluciones plenarias pidiendo mejoras al Ministerio que no llegaron.

Ahora la situación que ellos bien conocen se ha extendido por toda la región agravada por la posibilidad de que a 25 de noviembre el autobús finalmente no llegue. “Nos dejan como ciudadanos de segunda”, denuncia Navalón y cuenta que a sus 4500 habitantes hay que sumar a los municipios de alrededor como Jorquera o Alcalá del Júcar y algunas pedanías que necesitan del autobús y añade: “sin comunicación no hay zonas rurales”.

También afectado está el municipio conquense de Villar de Olalla aunque su situación no es tan preocupante como la de otras localidades de la región.  Su cercanía con Cuenca capital, a apenas 7 kilómetros de distancia, hace que sean muy pocos los vecinos, según dice el alcalde, Santiago Valverde, los que cogen el autobús a diario. Aún así no quiere que se pierda un servicio que les puede ser necesario en momentos puntuales y menos aún si supone que otros pueblos de la provincia, donde es imprescindible, lo pierdan.

La necesidad y dependencia que muchos pueblos de la región tienen del autobús para que sus vecinos puedan seguir con sus vida se demostró el pasado 2 de noviembre cuando, ante el anuncio de que el autobús no pasaría por su pueblo, el ayuntamiento de Fuensanta, en Albacete, había preparado un vehículo municipal para poder ofrecer transporte a los vecinos que tenían que viajar a Albacete capital por trabajo o para ir al Hospital. Finalmente no fue necesario porque ese día el autobús llegó.

La consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Agustina García Élez, ha vuelto a exigir al Ministerio del ramo que proceda a licitar de nuevo las líneas de autobús “caducadas” VAC-114 y VAC-212, que unen Cuenca y Puertollano con Valencia, ambas caducadas en 2012 y 2013, toda vez que se ha sabido que el próximo 24 de noviembre podría cesar este servicio, prestado en la actualidad por la empresa Monbus. La Junta insiste que a día de hoy “siguen siendo competencia estatal”, por lo que es el Ministerio quien tiene que sacar de nuevo a licitación este servicio.

Por todo ello, toda vez que se proceda a este trámite, desde el Gobierno autonómico están dispuestos a sentarse a negociar sus nuevas líneas para cubrir las localidades que se queden fuera de esta ruta.

Agustina García Élez ha recordado que el 1 de marzo de 2016 se envió una carta al Ministerio desde la Dirección General de Carreteras y Transportes en la que se asegura que el Gobierno regional se haría cargo de estas dos líneas a través de una segregación de tráfico, pero ha resaltado que “siempre y cuando ellos plantearan sacar una nueva licitación y aprovechando un momento en que estamos haciendo una reestructuración de nuestras líneas, como ahora con la zonal integrada”. Con la nueva concesión, ha aseverado, “no tendríamos problema en estudiar la inclusión de aquellas paradas que el Ministerio pretende eliminar dentro de la reestructuración de la Junta”.

El Ministerio da por cedidas las líneas del interior de la región

Tal y como ha trasladado la empresa Monbus a esta redacción el Ministerio de Fomento les ha enviado una carta en la que se comunica que a partir del 25 de noviembre las líneas que discurren dentro del territorio de Castilla-La Mancha pasan a estar gesionadas por el Ejecutivo Autonómico. “Es decir, que a partir del 25 de noviembre las líneas intercomunitarias ya no dependen del Ministerio de Fomento”, insisten desde la empresa que actualmente ofrece servicio a través de las AVC 114 y VAC212 en más de 80 municipios de Castilla-La Mancha. “Esto quiere decir que la empresa debe seguir prestando servicio de las líneas que abarcan territorio de más de una Comunidad Autónoma”, dicen desde Monbus donde añaden que el resto de líneas, pasan a depender de la Junta que, por el momento, no se ha puesto en contacto con Monbus.

“Si el titular de la concesión es la Junta, según dice esta carta del Ministerio, y la Junta no le da ninguna indicación a Monbus, la empresa tiene que abandonar el servicio. No podemos prestar el servicio en una línea sin que lo autorice el titular de la línea”, dicen desde la empresa de autobuses.

Se trata de una situación parecida a la vivida hace apenas unos días cuando, después de que la Junta anunciara que el 1 de noviembre se dejaría de prestar el servicio, el autobús siguió llegando con normalidad a los municipios afectados. Lo que sucedió fue algo similar: la empresa recibió una misiva parecida a la recibida ahora donde el Ministerio especificaba que el Gobierno de Castilla-La Mancha se hacía cargo de la gestión de líneas. Finalmente, por motivos que se desconocen, el Ministerio ha seguido asumiendo las VAC íntegras y Monbus, sigue a día de hoy, llegando a los municipios de la región.

Los trabajadores de Monbus, 30 en la provincia de Albacete, temen por la continuidad de sus puestos de trabajo cuando, finalmente, la empresa deje de llevar el servicio de transporte en las VAC114 y 212 que hace trayectos entre Valencia Albacete y Cuenca, y que gestiona el transporte en cerca de 80 municipios de toda la región.

Es por eso que este viernes se han concentrado a las puertas de la Estación de Autobuses de Albacete, convocados por Comisiones Obreras, para pedirle a la Junta que, una vez se haga con la gestión del servicio, obligue a la empresa concesionaria a subrogarlos.  La mayoría de ellos cuenta con una antigüedad que oscila entre los 20 y 25 años y la media de su edad es de 50 años.

“Tan sólo se habla de las líneas pero hay 30 familias que se podrían quedar sin trabajo”, asegura la secretaria general de CCOO en Albacete, Carmen Juste, quien ha acompañado a los trabajadores en su protesta y que ha descrito una situación de inestabilidad para los afectados.

Y es que, tanto los trabajadores como el sindicato, aseguran que “es cuestión de días” que la empresa sigue ofreciendo el servicio. “No se sabe hasta cuándo”, insiste Juste, porque la situación es imprevisible después de que desde la Consejería de Fomento se anunciara que a partir del 2 de noviembre no habría servicio por parte de Monbus, cosa que no ha sucedido porque la empresa, hasta hoy, sigue con su actividad. “Ahora está todo en el aire y hasta que no salgan las VAC, se haga la subasta y esto lo coge una nueva empresa”, dice Conrado Rodrigo uno de los conductores de Monbus.

Su futuro laboral más inmediato está en manos de la Junta, quien previsiblemente se hará cargo del servicio aunque no se sabe en qué momento sucederá. A la Administración regional le piden “que busque una empresa fuerte que pueda hacerse cargo de las líneas y no nos deje en la calle”, sentencia Conrado Rodrigo.

Junto a él, otro conductor, Vicente Martínez, advierte de que el servicio, tal y como ha venido quejándose Monbus, es deficitario. “Castilla-La Mancha no tiene una población muy densa. Hay muy poco viajero y mucho municipio”, asegura, por lo que “el transporte tiene que estar subvencionado o  no puede ser viable”.

Pese a que la Junta había comunicado hace unos días que la empresa cesaría la actividad con fecha 2 de noviembre

El Gobierno de Castilla-La Mancha exige al Ministerio una nueva adjudicación para garantizar el servicio

“Monbús hoy está prestando el servicio. Eso es lo que sabemos”. Carmen Juste, la secretaria provincial de Comisiones Obreras en Albacete asegura que todos los trabajadores, un total de 30 en la provincia, están este jueves, 2 de noviembre, en sus puestos de trabajo con las rutas de la VAC 114 y VAC 212. Ésta última afecta a 16 municipios y un total de 40 núcleos urbanos del territorio albaceteño. No se cumple, por tanto, el pronóstico del Gobierno de Castilla-La Mancha que anticipaba en exclusiva hace unos días a esta redacción que la empresa Monbús, adjudicataria del servicio, dejaría de prestarlo a partir del 1 de noviembre.

La empresa sigue cubriendo las rutas “al no tener notificación alguna desde el Ministerio de Fomento”, en contra de lo que la Consejería de Fomento aseguraba el pasado martes 31 de octubre, por la tarde. Es el Gobierno de España el que tiene la competencia del servicio al ofrecerse entre dos comunidades autónomas. “A la empresa nadie le ha dicho que deje de dar el servicio”, insiste Carmen Juste que destaca la contradicción entre el mensaje que el Gobierno de Castilla-La Mancha envió a los ayuntamientos afectados anunciándoles el cese de las rutas mientras que, por otro lado, Monbús les hacía llegar por escrito una modificación de horarios.

Normalidad en los municipios

Los pueblos afectados corroboran que el servicio se está dando con normalidad. Ejemplo de ello son los municipios de Fuensanta y El Ballestero, ambos de la provincia de Albacete. En el primero, su alcalde José Manuel Núñez, ha asegurado a este medio que, tras las informaciones que llegaron hace un par de días de la Consejería de Fomento, habían preparado un vehículo municipal para poder ofrecer transporte a los vecinos que este jueves tenían que viajar a Albacete capital por trabajo o para ir al Hospital. Finalmente no ha sido necesario “porque el autobús ha llegado a su hora y con normalidad”.

Verónica Gómez , alcaldesa de El Ballestero cuenta también que a su pueblo ha llegado el autobús, eso sí, con cambio de horario, que había sido anunciado por Monbús hace unos días. “El horario que nos han puesto nos viene mucho mejor porque pasa igual de lunes a viernes pero a las 07:40 horas que viene muy bien para los médicos”, añade la alcaldesa.

Son sólo dos de los 16 municipios a los que Monbús, a través de las dos empresas subcontratas Alsina y La Requenense, ofrece el servicio de autobús, y que necesitan de dicho servicio para poder mantenerse vivos ya que su población es, generalmente, de avanzada edad y no dispone de medio de transporte propio para moverse a otros pueblos o hacia la capital.

El Gobierno Regional exige una nueva adjudicación

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, la responsable de Fomento ha manifestado “nuestro malestar por la falta de información y de gestión por parte del Ministerio”, pues como ha explicado, “el martes por la tarde recibimos un e-mail anticipando el contenido de una carta que, a día de hoy, no ha entrado en el registro de la Consejería”. No obstante, y aunque el servicio se esté dando desde la Consejería, “hemos pedido soluciones al Ministerio para conseguir una nueva adjudicación que acabe con la incertidumbre de muchos ayuntamientos y ciudadanos de esta región”. Asimismo, ha dicho “le vamos a exigir que concrete de forma oficial el mantenimiento y condiciones de todas estas líneas, hasta que la nueva concesión suceda”.

“Pese a que las líneas se están manteniendo y prestando con normalidad, queremos poner de manifiesto que la Consejería ha trabajado de forma rápida y urgente ante lo que parecía la pérdida de un servicio para sus vecinos y vecinas, para que no se quedaran sin estos trayectos y mantuvieran una movilidad. Como ya dijimos y mantenemos, nunca vamos a dejar a los castellano-manchegos y castellano-manchegas en la cuneta, algo que parece que no le importa tanto al Ministerio, dada la falta de información oficial en este asunto”, ha concluido la consejera.

Por su parte, el portavoz del Gobierno castellano-manchego, Nacho Hernando, ha criticado que “algunos” pretendan que las Comunidades Autónomas asuman sus competencias “sin mayores recursos”. Hernando recordab a así que las líneas de transporte afectadas por su concesión caducada son interregionales y que este tipo de situaciones denotan la “dejación” por parte del Ministerio y también por parte de la empresa, Monbús.

En este sentido, Hernando criticó que las Comunidades Autónomas parecen el “cajón de sastre” de todas las administraciones. “Tenemos que financiar la sanidad, dependencia y educación y resulta que el Estado cede sus propias competencias. Dentro de poco veremos que hay que comprar tanques y aviones”, ironizó.

Piden subrogar a los trabajadores

Aunque a día de hoy Monbús siga dando el servicio “este tema no está zanjado y mucho menos solucionado”, según advierte la líder de CCOO en la provincia de Albacete. Por ello, el sindicato ha convocado una concentración para pedir que los 30 trabajadores de las dos empresas subcontratas de Monbús en la provincia de Albacete, La Requenense y Alsina, sean subrogados por la empresa que se haga con la concesión en caso de que se produzca el tan anunciado cese de servicio. “Son 30 familias las que están afectadas” por lo que CCOO pide garantizar que esos 30 conductores no perderán sus puestos de trabajo.

Monbús cumplirá sus “amenazas” y dejará de dar servicio de transporte a medio centenar de municipios de Castilla-La Mancha este próximo mes de noviembre que comienza en apenas unos días. Así lo ha asegurado el Director General de Carreteras y Transportes, David Merino, que explica que “estamos en una situación crítica” ya que ese cese del servicio puede llegar en cuestión de días.

Según Merino, el Ministerio de Fomento, a quien corresponde la competencia del servicio ya que une dos Comunidades Autónomas, “nos acaba de comunicar que va a dejar de dar el servicio”. Esta comunicación se recibió el pasado 4 de octubre y ha sido ratificada la semana pasada y en la que se anuncia que la empresa Monbús deja de prestar los servicios internos de la región “a partir del 1 de noviembre”.

Este corte de servicio por parte de Monbús afecta a las líneas VAC 114, que comunica el sur de la provincia de Cuenca y las comarcas de La Mancha y La Manchuela con la capital conquense, Alcázar de San Juan y Valencia, y la VAC 212, que afecta a 16 municipios de la provincia de Albacete.

La Junta se hará cargo

Ante esta situación, que afectará a 50 municipios de toda la Castilla-La Mancha, y después de que el Ministerio de Fomento haya trasladado a la Junta que no obligará a la empresa Monbús a que siga cubriendo estas rutas de transporte, será el gobierno regional quien cubra el servicio. “Hemos tomado la decisión de salir al rescate”, explica el director general de Transportes, que asegura que se suplirá a la empresa Monbús a través de las concesiones de la Junta con lo que se garantiza que los pueblos afectados tengan servicio de autobús. “

Estamos trabajando a marchas forzadas para poder llegar a primeros de noviembre a dar una solución“, cuenta David Merino que añade, ”entendemos que cubriremos el 100 por 100 de los municipios“.

Por el momento, desde la Dirección General de Transportes se desconoce si los ayuntamientos afectados son conocedores de la situación ya que es el Ministerio de Fomento quien debería trasladárselo. Este jueves por la tarde, municipios como Mota del Cuervo o Belmonte, en la provincia de Cuenca, no habían recibido notificación alguna ni por parte del Ministerio ni de la empresa Monbús. Así lo aseguraba a esta redacción el coordinador de Izquierda Unida en la provincia de Albacete, Jacobo Medianero.

Tampoco tienen notificación del Ministerio ni de la empresa Monbús en el municipo de El Ballestero, en la provincia de Albacete, desde nos aseguran que en las anteriores ocasiones fue la propia empresa concesionaria la que les comunicó por escrito la intención de cesar en la actividad. “He consultado y me aseguran que a día de hoy no nos ha llegado nada”, explica el anterior alcalde, Daniel Martínez.

Concesiones caducadas

La decisión de Monbús no es nueva. La empresa lleva meses comunicando a los ayuntamientos de las VAC114 y la VAC212 que quiere reducir los servicios, es decir, quitar líneas de autobús, a cuenta de que no le son rentables. “En el mes de mayo planteban una renuncia al Ministerio de Fomento, una supresión de servicios, que decía que a partir del 15 de mayo iba a dejar de dar servicio”, recuerda Merino que aegura que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha intentado mediar para mantener el servicio después de “varias amenazas” en los meses de junio, julio y agosto.

Las concesiones de las líneas de autobús que gestiona Monbús, y de la que se hará cargo la Junta a partir del próximo mes, están caducas o anuladas desde 2013, y se esperaba que el Ministerio volviera adjudicar la concesión, que estaba prevista para este mes de octubre.

En el caso de la provincia de Albacete, serán 16 los municipios afectados directamente por la reducción de servicio de autobús de la VAC 212. Se trata de municipios pequeños, con población altamente envejecida que necesitan esos servicios bien para comunicar con la capital o para acercar a los vecinos a otros municipios donde hay hospitales.

El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha traído del Ministerio de Fomento el “compromiso” de esta institución para “mantener los servicios del transporte por carretera hasta que se liciten las nuevas concesiones”, ahora caducadas,  para el próximo mes de octubre. Así lo ha asegurado el director general de Carreteras y Transportes, David Merino, después de la reunión que ha mantenido hoy en Madrid con el director general de Transporte Terrestre, Joaquín del Moral, en la reunión que se ha desarrollado a dos bandas, tal y como estaba previsto.

Merino ha expresado que “ha quedado claro que la competencia de ambas concesiones es del Ministerio y será él el que inicie próximamente las conversaciones con la empresa Monbús, en las que la Consejería de Fomento ya no va a participar, aunque sí estará al corriente de cualquier novedad que acontezca al respecto”.

El responsable de Carreteras y Transportes del Gobierno regional ha añadido que se ha planteado “que los servicios de transporte por carretera de cara al futuro se hagan de una manera coordinada entre el Ministerio y la Consejería”, aunque por el momento “el Ministerio asume la competencia, abrirá las conversaciones en breve con la empresa y son optimistas de cara a que no se suspendan los servicios a partir del 21 de julio”.

De la misma forma, David Merino ha dicho que Del Moral le ha trasladado que se ofrecerá a la empresa Monbús “distintas alternativas para que se mantengan los trayectos en las líneas de ambas concesiones hasta que entre en funcionamiento”.

El director general ha reconocido que el encuentro ha transcurrido “dentro de los cauces normales de lealtad institucional entre administraciones, y con la única intención de buscar soluciones encaminadas a mantener los servicios de transporte de viajeros por carretera hasta que se liciten las nuevas concesiones el próximo mes de octubre”. La estimación es que, una vez adjudicadas, puedan entrar en funcionamiento a finales del verano de 2018.

Negociaciones con las empresas concesionarias del grupo Monbús

A partir de ahora el trabajo es del Ministerio de Fomento, quien va a iniciar las negociaciones con las empresas concesionarias del grupo Monbús con “la única idea de que dentro de las alternativas que se ofrezca, siempre se considere el mantenimiento de los servicios actuales sin que haya merma de la calidad y la cantidad de los mismos hasta que entre en funcionamiento la nueva concesión”.

Las dos concesiones que operan se corresponden con las VAC-114 (Cuenca-Albacete-Valencia) y la VAC-212 (Puertollano-Albacete-Valencia), ambas competencia del Ministerio de Fomento como indica el acrónimo VAC (Viajeros Administración Central). Las concesiones están caducadas desde el año 2013 y han sido prorrogadas forzosamente como permite la Ley de Transportes dentro del “limbo legal” en que se encuentran, desde el punto de vista administrativo.

El pasado 8 de mayo el Gobierno regional tuvo conocimiento por los ayuntamientos afectados de la amenaza de Monbús de suprimir los servicios el siguiente día 15, aunque se consiguió un plazo de diálogo inicialmente para que terminara el curso escolar y, seguidamente, hasta el 21 de julio, aunque “sorpresivamente y sin comunicación previa” Monbús informó nuevamente de que la suspensión definitivamente se produciría el pasado 10 de julio hasta conocerse formalmente que llegaría esta reunión a dos bandas en el día de hoy.

Merino ha estimado que alrededor de 35 municipios de Cuenca, Albacete y Ciudad Real serían los que podrían verse afectados por la suspensión total de estos servicios y otra veintena sufrirían una reducción de su oferta, ya que algunas propuestas de la empresa no es suspender líneas enteras sino conexiones entre municipios.

La rama política de la Operación Cóndor, en la que la jueza de Lugo Pilar de Lara investiga al propietario de la empresa de transportes Monbus, Raúl López, por presuntos delitos fiscales, de blanqueo, tráfico de influencias y cohecho, ha registrado en los últimos días dos novedades decisivas. El Tribunal Supremo, primero, y justo después el Tribunal Superior de Justicia de Galicia han coincidido en no apreciar “indicios” de delito de cohecho en los políticos que, según dan por constatado, recibieron durante años lotes de vino Vega Sicilia como regalo de López. Ambos tribunales coinciden en que estos regalos pueden ser enmarcados en el ámbito de la “cortesía”, pero mientras que el Supremo se limita a apuntar que su valor no fue “excesivo”, el alto tribunal gallego considera que los importes de estos lotes de bebidas, de un mínimo de 500 euros en los casos analizados, es “ínfimo”.

El Supremo abordó las exposiciones remitidas por De Lara que afectaban a aforados del ámbito estatal -el eurodiputado socialista José Blanco y los senadores del PP José Manuel Barreiro y José Antonio de las Heras- y el TSXG hizo lo propio con Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda, por ser el presidente y el vicepresidente de la Xunta aforados de ámbito autonómico. En el auto en el que dispone el archivo de la causa el Superior gallego entiende que, en la línea de lo estipulado en diversas leyes, “la delimitación entre lo punible o no” en este tipo de casos no debe ser, como pide De Lara, una cantidad económica concreta -la magistrada propone 400 euros-, sino el “criterio (...) de la adecuación social o de los usos habituales y de cortesía”.

Es en este punto donde implícitamente los magistrados consideran desdeñable el valor de los lotes de vinos remitidos por Raúl López y cuya recepción por parte de Feijóo y Rueda dan por acreditada, ya que en ninguno de los dos casos “consta que los regalos fueran devueltos”. De Lara considera que los regalos de Monbus al presidente y al vicepresidente pueden encajar en el artículo 422 del Código Penal, que detalla uno de los tipos de soborno, pero los jueces del TSXG consideran que “no debe ser aplicado mientras los regalos o dádivas sean de ínfimo valor o representen un comportamiento no sujeto a la reprobación social, sin que en ningún caso se comprometa la imparcialidad de las autoridades”. Este, “estiman”, es el caso de los lotes de Vega Sicilia, que, según los informes que el propio TSXG acepta como correctos, oscilaron entre los 517 -tres botellas- y los 670 euros -cuatro botellas- hasta sumar en ambos casos 2.327,32 euros en sus respectivos cuatro envíos entre los años 2010 y 2013.

Con este razonamiento los magistrados descartan que puedan ser “susceptibles de ser indiciariamente tenidos por delictivos” unos hechos que, por lo demás, explican, sí podrían encajar en el tipo penal que apunta De Lara. Así, reflejan, más allá del criterio de la cortesía las normas penales establecen que puede haber delito si existe una “dádiva o regalo” a la autoridad, hecho del que no “caben dudas”; que “esa dádiva o regalo fuese admitido por el destinatario”, lo cual está “acreditado” en los casos de Feijóo y Rueda; y que los obsequios sean entregados “en consideración” del cargo de quien es agasajado, algo que la magistrada de Lugo explicita con el “hecho de que no constan relaciones de amistad o familiares” entre los políticos y el presidente de Monbus.

Ley del bipartito y código ético del PP

El encuadre de regalos de estos importes dentro de la cortesía y de las costumbres no reprobadas socialmente que los magistrados exponen en su auto contrasta, no obstante, con el criterio adoptado por el actual Gobierno gallego en el código ético que, desde 2014, rige en la Xunta sobre los regalos y atenciones protocolarias. Así, como el propio auto recuerda, desde el año 2006 estaba vigente en Galicia la ley de transparencia y buen gobierno impulsada por el bipartito de PSdeG y BNG, que vetaba la aceptación de regalos “que superen los usos habituales, sociales o de cortesía”, pero no estipulaba un importe concreto.

No obstante, el código ético del actual gobierno sí fija un umbral más estricto. Así, ese documento, en la actualidad ligado a la aplicación de la nueva ley de transparencia, estipula que “supera” los “usos habituales y costumbres sociales de cortesía” cualquier regalo que “sobrepase el importe máximo de 90 euros”. Del mismo modo, indica que “la regularidad o reiteración de este tipo de atenciones por parte de la misma persona física o jurídica” a un mismo destinatario, como en el caso de los regalos de Monbus, “significará la pérdida del carácter de cortesía” si el “importe de las gratificaciones” suma más de los mencionados 90 euros. Los vinos remitidos por Raúl López a los políticos superan todos estos límites pero, como también recuerda el auto, el código fue aprobado a mediados de 2014, esto es, unos meses después del último regalo de Raúl López que consta en los documentos de la investigación del caso Cóndor que hacen referencia a Feijóo y Rueda.

Fin del caso 'Vega Sicilia' para los cargos políticos señalados. Apenas veinticuatro horas después de que el Tribunal Supremo hiciera público el archivo de la investigación al exministro socialista José Blanco y al actual portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, por no apreciar “indicios” de delitos de cohecho en los regalos de vinos de alta gama que les había enviado el propietario de la empresa de transportes Monbus, Raúl López, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia acaba de tomar una decisión idéntica con relación al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y de su vicepresidente, Alfonso Rueda.

La Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal gallego ha notificado este martes el auto por el que se declara competente para abordar la exposición razonada en la que la magistrada de los juzgados de Lugo Pilar de Lara pedía, con la oposición de la Fiscalía, investigar a Feijóo y Rueda al considerar que los envíos de vino, al superar los 400 euros, estaban por ebcuna de un regalo de cortesía y “podrían revestir caracteres de delito de cohecho”, concretamente, del tipificado en el artículo 422 del Código Penal. En la misma actuación el Superior gallego determina “el archivo de las actuaciones, por no ser constitutivos de delito”.

Según los informes de Vigilancia Aduanera, en los que se basó Pilar de Lara, el propietario de Monbús y presunto centro de la trama corrupta que se investiga en la Operación Cóndor realizó envíos de botellas de vino a los domicilios particulares de Feijóo y Rueda durante varios años por importes que oscilaron entre los 517 y los 670 euros hasta sumar en ambos casos 2.327 euros, tal y como refleja el auto. Para De Lara, es necesario tener en cuenta que Monbus “mantiene importantes vínculos contractuales con la Xunta” y que “la gestión de sus negocios y concesiones depende directamente” de la normativa autonómica.

La jueza, subraya el TSXG, “no aporta dato alguno” sobre si los regalos de Monbus suponían una “contraprestación” por favores prestados desde la Administración, por lo que “ni siquiera sería admisible” que la sala “se plantee si los hechos plasmados en la exposición razonada podrían ser o no constitutivos” de delito. En cualquier caso, el tribunal valora que las botellas de vino “se enviaron a una pluralidad de personas, algunas de ellas ajenas a la condición de autoridad o funcionario público” y que además los envíos “se realizaron a través de empresas o servicios de transporte habitualmente utilizadas para envíos comunes”, sin “concurrencia alguna de la nota de la clandestinidad”.

El tribunal tiene en cuenta, además, que los regalos eran remitidos por Navidad y las botellas de vino son “obsequios no desacostumbrados en tales fechas”. En este contexto, cree que el mencionado artículo del Código Penal relativo al delito de soborno “no debe ser aplicado” cuando los “regalos o dádivas sean de ínfimo valor o representen un comportamiento no sujeto a la reprobación social”, sin que “en ningún caso se comprometa la imparcialidad de las autoridades en el ejercicio de su cargo”. Estos, dicen, deben ser los límites para distinguir si los hechos son “punibles” o no. Coinciden, de este modo, con el criterio del Supremo y del fiscal jefe de Lugo.

Cuando el informe de Aduanas sobre los regalos salió a la luz el equipo del presidente gallego señaló la imposibilidad de corroborar la recepción o no de unas botellas que, de haberse recibido, habían especificado, se enmarcarían dentro de la cortesía protocolaria e institucional. Al ser cuestionadas al respecto las mismas fuentes del Gobierno gallego habían destacado que desde el año 2014 está en vigor un código ético que limita a 90 euros el importe por el que los cargos de la Xunta pueden recibir regalos y considerarlos “usos habituales y costumbres sociales de cortesía”. Ese código, destaca el TSJG, no estaba vigente cuando Raúl López envió las botellas de Vega Sicilia.