La selección de animales en granjas modernas favorece ejemplares que crecen rápido y ponen más huevos en menos tiempo. España es una potencia avícola porque produce enormes volúmenes de carne y huevos, apoyada en sistemas industriales que buscan rendimiento y uniformidad.

Ese modelo ha ido apartando a razas que no encajan en esa idea, aunque durante décadas formaron parte de la vida rural. La presión por producir más ha cambiado qué animales se crían y cuáles desaparecen, y ahí aparece una pregunta que exige mirar casos concretos.

La gallina extremeña azul sigue en una situación delicada

Esa forma de producir explica por qué una raza concreta como la gallina extremeña azul sigue en riesgo pese a los intentos por recuperarla. Esta estirpe apenas reúne unos 2.000 ejemplares y su situación no ha cambiado lo suficiente desde que en 1991 se localizaron los últimos núcleos en cinco pueblos.

El problema no se limita al número de aves, sino a su capacidad para mantenerse en un sistema que no está diseñado para ellas. Sin un uso económico estable, la recuperación se queda a medio camino.

La expansión de la avicultura industrial desde mediados del siglo XX desplazó a muchas razas locales. Las explotaciones pasaron a centrarse en híbridos seleccionados para producir carne o huevos de forma intensiva, lo que dejó fuera a animales con otros ritmos y características.

Ese cambio no fue puntual, sino continuo, y terminó por arrinconar a variedades que antes eran habituales en cortijos y pequeñas fincas. El sistema, por lo tanto, favorece la especialización y penaliza cualquier modelo que no se ajuste a esa idea productiva.

Los programas de conservación no aseguran el futuro

En ese contexto, la gallina extremeña azul, que no es que tenga ese color como tal sino que es más bien grisácea, se ha convertido en una excepción dentro del país. Su censo ronda unos pocos miles de ejemplares y se concentra casi por completo en Extremadura, sobre todo en Badajoz, con pequeños focos en Cáceres.

Tal y como recoge Xataka, la Asociación de Criadores de la Gallina Extremeña Azul agrupa 23 ganaderías, aunque muchas personas la crían solo para consumo propio o como afición. Esa presencia limitada explica por qué se la considera una de las gallinas más escasas de España.

El esfuerzo por recuperarla ha permitido mejorar la situación respecto a los años 90, pero no ha resuelto el problema de fondo. Existen programas de cría, registros genealógicos y apoyo institucional, pero la raza no ha conseguido dar el salto a una producción que permita vivir de ella.

Incluso con herramientas como bancos de germoplasma o el sello de raza autóctona, su presencia sigue siendo frágil. La mejora ha sido real, aunque insuficiente para garantizar su continuidad.

La pérdida de diversidad afecta a la mayoría de razas

El caso no es aislado dentro del país. En España hay 21 razas avícolas en peligro de extinción, lo que supone el 95,4% de las registradas. Si se amplía la mirada a todas las razas ganaderas autóctonas, el porcentaje en riesgo alcanza el 84%. Estos datos muestran un patrón claro en el que la diversidad genética retrocede mientras crecen los sistemas intensivos. El problema no está en la falta de producción, sino en el tipo de producción que domina.

La cuestión es qué modelo territorial se quiere para zonas rurales y qué valor se da al patrimonio genético acumulado durante generaciones. Mantener una raza implica integrarla en una actividad real, no solo conservarla en registros o proyectos puntuales. Sin una forma de vida ligada a ella, la gallina extremeña azul sigue dependiendo de esfuerzos dispersos que no aseguran su futuro a largo plazo.

La granja de cerdos de Castellote (Teruel), que está bajo lupa debido a los animales heridos, agonizantes y que han convivido con cadáveres en avanzado estado de descomposición, trabaja con Mazana, una empresa especializada en producción porcina, al menos desde el 28 de noviembre de 2025. Ubicada en Huesca, posee el sello de bienestar animal Welfair, que garantiza supuestamente que “los animales de granja y matadero son criados y tratados respetando altos estándares de bienestar”. La agroganadera suministra vacunas; abono, semillas y cereales, y se encarga de la supervisión técnica de la instalación, según la documentación a la que ha accedido elDiario.es.

La ficha de control de cebaderos es un documento técnico que se utiliza en explotaciones de engorde (por ejemplo, porcino) para registrar y supervisar el estado de los animales, las instalaciones y el manejo. Este documento acredita que hubo una entrada de 400 cerdos el pasado 28 de noviembre en una de las naves y otra de 435 el 3 de diciembre.

La marca Costa Brava Mediterranean Foods (Grupo Cañigueral) es la otra empresa con sello de bienestar animal Welfair que trabajó anteriormente con la polémica granja, propiedad de Ganados La Yruela S.C. Esta empresa catalana rescindió su relación con la explotación porcina en el último trimestre de 2025, aunque las razones no han trascendido. Este diario ha podido acreditar que el 2 de noviembre del año pasado se trasladaron 119 cerdos de la categoría de cebo hacia su matadero, propiedad de Frigoríficos Costa Brava S.A. Esta sociedad recibió cerca de 2 millones de euros de fondos europeos de la PAC (Política Agraria Común) entre 2015 y 2024, según la Open Knowledge Foundation Deutschland.

Costa Brava Mediterranean Foods, socio único del Grupo Cañigueral, dispone de 300 granjas propias o integradas, 17 plantas de producción especializada y tiene presencia en más de 60 países. Afirman que “el 100% de nuestras granjas propias e integradas están certificadas en Bienestar Animal”. En un comunicado remitido a este diario, informaron de que la granja en cuestión “nunca ha sido propiedad de nuestra organización y que actualmente no provee de animales a nuestro grupo”.

Señalaron, además, que los suministros que en el pasado hayan podido llegar a sus instalaciones “contaban con los requisitos indicados en el Reglamento General de Certificación en Bienestar Animal Welfair” y que “en ningún caso se detectó ningún tipo de afectación similar a las imágenes informadas”. Añadieron que no han detectado “problemáticas de este tipo en las inspecciones realizadas en nuestras instalaciones”. Una portavoz de Welfair se limitó a resaltar que la granja “no está certificada” con el sello de bienestar animal.

Una nueva empresa, bajo el foco

Mazana, con sede en Capella (un pueblo de la comarca de la Ribagorza, en Huesca), es una empresa agroganadera especializada en producción porcina, fabricación de piensos, así como logística comercial, según su web. “Unimos los esfuerzos de cientos de familias dedicadas a la producción porcina con las necesidades de la industria alimentaria y la sociedad, logrando alcanzar los más altos estándares en materia de eficiencia, calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad”, afirman.

Entre los objetivos de la empresa, destacan que quieren “seguir siendo una empresa familiar en un mercado global” y añaden que las personas, la innovación, la calidad y el medio ambiente están entre sus principios fundamentales. “Apostamos por involucrar a las personas como factor determinante, manteniéndonos fieles a nuestros principios pero siempre mirando al futuro, con la innovación, la calidad y la sostenibilidad como premisas”, manifiestan.

Este diario se ha puesto en contacto telefónicamente con un responsable de producción porcina de Mazana, a quien se le preguntó por su relación con la polémica granja de cerdos, y si es la responsable de suministrar pienso, medicamentos (vacunas), así como de su gestión técnica. “Bueno, a ver, no te voy a dar ningún tipo de información, solo decirte que por ahí están corriendo unos hechos, que no sé si son ciertos o no, no lo sé, pero cuando ocurrieron no estaba gestionada por nosotros”, ha respondido. Sin embargo, se le menciona que hay documentos que prueban lo contrario.

El más reciente es un albarán de salida de dos vacunas (Auskipra GN -100 dosis-, para la enfermedad Aujeszky y Stellamune Mycoplasma –125 dosis–, para la neumonía enzoótica porcina) desde Mazana Piensos Compuestos S.L hasta Ganados La Yruela S.C., con fecha del 10 de febrero de 2026. Por otro lado, hay una entrada de 400 cerdos el 28 de noviembre en una de las naves y otra de 435 el 3 de diciembre.

Esta entrada de animales coincide con el cambio de propietario de la granja –cuyo nombre no ha trascendido–, y que ocurrió a finales de noviembre, según publicó Climática. Las primeras imágenes grabadas por ARDE son del 30 de octubre y 2 y 3 de noviembre de 2025, mientras que las últimas son del 24 y 25 de febrero de 2026. “Bueno, yo no tengo más que decirte. Solo te puedo decir la verdad”, ha afirmado el responsable de Mazana.

Este diario se ha puesto en contacto con un responsable de calidad de la empresa, sin que haya sido posible obtener una respuesta. Se le consultaba sobre cuál es la relación entre Mazana y la granja de cerdos de Castellote; si dicha empresa es la encargada de la gestión de la explotación y cuál era la relación comercial que tenían con el dueño de la granja.

En cuanto a Welfair, que gestiona su sello de bienestar animal, fuentes de la firma señalan a este diario que la granja dejó de estar certificada en noviembre de 2025 y que recientemente ha experimentado un cambio de titularidad. “El nuevo propietario ha iniciado el proceso de certificación en marzo de 2026 a través de una entidad de certificación independiente”, señalan. Asimismo, indican que esta mañana han llevado a cabo “una auditoría no anunciada”, en la cual, “no se han observado las condiciones mostradas en las imágenes difundidas”. “Estamos procesando la información recogida y la trazabilidad de los animales”, afirman. Por otro lado, concluyen que los animales que presentan lesiones o patologías incompatibles con los estándares sanitarios “no acceden a la cadena alimentaria”. “Animales como los mostrados no llegan al consumidor, garantizando así la seguridad alimentaria y la protección de la salud del consumidor”, concluyen.

Cerdos con heridas por canibalismo

En un primer reportaje, este diario informó sobre las presuntas irregularidades en una granja de cerdos de Castellote (Teruel), donde se veían animales con heridas producidas por canibalismo y cerdos agonizantes que no recibían los suficientes cuidados veterinarios. Además, algunos de ellos estaban muy sucios, con hernias o abscesos. De las imágenes también se desprendía una gestión deficiente de los cadáveres, algunos de ellos acumulados en las instalaciones en contacto con los cerdos vivos, además de ratones vivos. Sin embargo, los hechos descritos a través de las imágenes grabadas, no han sido acreditados por la inspección del Gobierno de Aragón, donde gobierna Jorge Azcón (PP) en funciones.

Tras la publicación del reportaje, fuentes de la Consejería de Agricultura y Ganadería de Aragón explicaron a elDiario.es que, a raíz de las denuncias recibidas en el Departamento, técnicos veterinarios de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Alcorisa (Teruel) se desplazaron a la explotación ganadera de Castellote señalada (este martes) para realizar las comprobaciones oportunas, levantando el acta correspondiente. Según estas mismas fuentes, tras la inspección “no se han detectado irregularidades ni en materia de bienestar animal ni en el ámbito sanitario” y constataron “un estado óptimo de higiene en cada uno de los corrales”.

La granja, con una capacidad aproximada de 1.300 animales y en la que en ese momento había alrededor de 910 cabezas, mantenía tres animales apartados por enfermedad conforme a los protocolos establecidos, según las mismas fuentes. Asimismo, añaden, se verificó que la gestión de los cadáveres “se realiza de manera correcta y de acuerdo con la normativa vigente”. Este diario ha solicitado el acceso al expediente de la inspección de forma anonimizada, protegiendo los datos personales de las partes afectadas, sin que haya sido posible obtenerlo.

Bebedero sucio, larvas y ratones

Las imágenes grabadas por ARDE mostraban cerdos con abscesos de grasa y pus, heridas en las patas, hernias, cadáveres dentro de la granja, presencia de ratones, el bebedero sucio y lleno de moscas, larvas en el suelo de la explotación, así violencia por parte de los operarios, que propinó patadas a uno de los cerdos. La veterinaria Laura Barreda, en un informe, consideró que las imágenes evidenciaban “presuntas deficiencias graves” en materia de bienestar animal y bioseguridad. Un extremo que, sin embargo, no ha sido acreditado por la inspección de un organismo dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Entre las presuntas irregularidades, en referencia a las condiciones de alojamiento y cría, la veterinaria describía la existencia de “suelos húmedos, cubiertos de excrementos”. Los animales tenían, afirmaba Barreda, “problemas locomotores” como cojeras e imposibilidad de incorporarse, así como heridas, algunas de ellas “producidas por canibalismo”. Había animales, además, que no estaban recibiendo “los cuidados necesarios, ya que podemos observar cerdos agonizando o incapaces de moverse”. 

Por otro lado, la veterinaria observaba irregularidades en la “gestión de animales enfermos y cadáveres”. En este sentido, apuntaba a que había animales enfermos y heridos “sin tratamiento ni sacrificio”; cadáveres acumulados en las instalaciones, “en avanzado estado de descomposición, con miasis, en contacto con animales aún vivos”. Barreda lamentaba que se desconocía “si hay contenedores de cadáveres en las instalaciones o cómo se gestionan los residuos”. En cuanto a las condiciones de bioseguridad, la profesional valoraba como “un riesgo” la presencia de otros animales en las instalaciones, como ratones y un perro.

Tres yogures sobre la mesa, papel y boli. Eso se encontró una veintena de personas mayores de sesenta años que acudieron a la cata de un producto que todavía no está en el mercado. A priori, nada distinto a los encuentros que suelen organizar las empresas de mercadotecnia, pero esos yogures, uno con sabor a vainilla, otro de avellana y otro mixto, contenían un ingrediente poco habitual: harina de gusano.

Esta cata, que tuvo lugar en septiembre de 2025 en Barcelona, fue la primera con humanos en el marco de la cultura mediterránea, una zona que tiene una gastronomía en la que los insectos causan, de primeras, bastante rechazo. Y fue, además, la primera cata con propósitos científicos, no comerciales. Organizada por científicas de la Universitat Oberta de Barcelona (UOC), la cata quería empezar a ver qué tolerancia tiene el público al sabor de los insectos y al hecho de saber que lo que comen está hecho con estos animales.

Este experimento dejaba entrever las posibilidades de un mercado en auge. Este martes, sólo cinco meses después de esa cata, se constituyó la Asociación Catalana de Industrias de Insectos (Indicat) para “dar visibilidad” a empresas pioneras. Por ahora, este conglomerado une a siete compañías que comercializan diversos productos, ya sean polvos que sirven como complementos alimenticios, o productos procesados como barritas energéticas o galletas.

Una de las empresas de la Indicat es Grillco, una de las primeras que apostaron por la cría y comercialización de insectos. En su caso, grillos. Nacidos hace tres años, todavía hoy siguen siendo de las pocas granjas pensadas para el consumo humano en España. Su producto se vende en forma de polvo para hacer batidos o usarlo como complemento de la harina para cocinar. “Tiene una gran proporción de proteína [cerca del 70%] y unos índices de vitamina B12 superiores a los de la carne”, apunta Bernat Monter, fundador y CEO de Grillco.

La historia de esta empresa empezó con un viaje a México, donde su fundador probó los chapulines (grillos) y se sorprendió de que, a pesar de sus propiedades nutricionales, no se consumieran en Europa. En ese momento, el grillo se acababa de convertir en el primer insecto en recibir el visto bueno de la UE para comercializarse. Así que Monter, que era propietario de una carnicería, decidió dejar atrás los cerdos y pollos para enfocarse en los grillos.

Ahora cuenta con una nave industrial en el municipio de Sant Miquel de Balenyà (Barcelona) que en 300m2 cría a unos 22 millones de grillos. “La ventaja de estas granjas es que no ocupan espacio y, además, pueden crecer hacia arriba o hacia debajo del suelo”, explica el propietario.

El empresario coincide en que el principal escollo de su negocio se encuentra en el rechazo que la sociedad siente hacia los insectos. “Se relacionan con algo sucio, lo que sale cuando la comida se pudre o no se limpia, pero es todo lo contrario”, asegura Monter, que se afana en dejar claro que las granjas de insectos son “mucho más limpias” que las granjas tradicionales.

Para que los grillos se reproduzcan bien, se requiere tener una temperatura y humedad controladas, además de mantener celosamente la limpieza. “Los insectos no tienen casi cadena nerviosa y no sienten dolor, pero sí se pueden estresar, y eso es lo que no queremos. Por eso no hay demasiados grillos en cada caja y ven a los humanos lo mínimo indispensable”, añade.

Una posible solución para un escenario en crisis

Las proyecciones de aumento de la población mundial hacen prever que de cara a 2050 la demanda de proteína aumentará entre un 70 y un 80%. La principal fuente para conseguir este compuesto en los países del norte global siguen siendo los animales (en España la proteína vegetal sólo supone el 20% del total), pero teniendo en cuenta el impacto que las granjas suponen para el medio ambiente, diversos organismos como la Unión Europea llaman al consumo de “proteínas alternativas”.

Y si bien hoy las legumbres son la principal alternativa a la carne -tanto por precio como por impacto ecológico-, los insectos prometen ser mucho más sostenibles. De hecho, el proceso de cría y procesamiento requiere de hasta un 80% menos agua, un 99% menos de espacio y producen un 90% menos de gases de efecto invernadero. De la misma manera, necesitan casi seis veces menos de alimento para generar la misma cantidad de proteína que una vaca.

Eficiencia de la cría de insectos respecto a la ganadería tradicional

Espacio de cría (m²) que necesitan diversos animales para conseguir la misma cantidad de proteina

17,68

47

55,3

200

Huella

hídrica (m³)

Gases de efecto

invernadero*

Uso de

energía (MJ)

Alimento necesario

para producir 1 kg

de masa corporal (g)

Porción

comestible (g)

23

57

34

112

13,16

37

27

122,5

167,23

165,3

116

225

1700

2500

2500

10000

80%

57,5%

57,5%

45%

*Para producir un 1 kg de proteína (kg CO₂ -eq)

FUENTE: UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC)

Eficiencia de la cría de insectos respecto

a la ganadería tradicional

Espacio de cría (m²) que necesitan diversos animales para

conseguir la misma cantidad de proteina

17,68

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55,3

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Huella

hídrica (m³)

Gases de efecto

invernadero*

Uso de

energía (MJ)

23

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112

13,16

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167,23

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Alimento necesario

para producir 1 kg

de masa corporal (g)

Porción

comestible (g)

1700

2500

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80%

57,5%

57,5%

45%

*Para producir un 1 kg de proteína (kg CO₂ -eq)

FUENTE: UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC)

Tras años de estudios para garantizar las propiedades y la seguridad de consumir insectos, la UE empezó a elaborar leyes que permitían su comercialización y cría en 2023. Hasta la fecha, esto afecta a cuatro insectos: las larvas de Alphitobius diaperinus (escarabajo pelotero), como producto congelado, liofilizado o como ingrediente de otros alimentos procesados; la Locusta migratoria (langosta migratoria), como producto seco, congelado y en polvo; el Tenebrio molitor (gusano de la harina) como producto entero o en polvo; y el Acheta domesticus (grillo doméstico), como producto entero o en polvo.

De estos cuatro animales, el que tiene una de las mejores cualidades nutricionales es el gusano de la harina y, por eso, fue el insecto escogido para la cata organizada a finales del año pasado por las investigadoras de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en Barcelona. Estas científicas, ante el reto que supondrá cubrir la necesidad creciente de proteína, se han propuesto hacer que los insectos puedan convertirse en un ingrediente más de la cocina, aceptado por el paladar de la población mediterránea.

“Hay una dificultad de consumo evidente”, apunta Marta Ros, tecnóloga de los alimentos e investigadora de la UOC. Es una de las autoras de un estudio pionero que analiza la mejor manera de introducir los insectos en el día a día. Pero, a pesar de que los asistentes de la cata habían superado los tests de neofobia (dificultad para probar productos nuevos) y se habían mostrado dispuestos a comer insectos, el yogur con harina de gusano no fue del agrado de los participantes. “Interesante”, “correcto” o “aceptable” fueron las mejores valoraciones.

Ni la textura ni el sabor pasaron la prueba, pero las investigadoras no se dieron por vencidas. “Nosotras sabíamos de las propiedades de los insectos, pero necesitábamos trabajar con quien supiera cocinarlos. Necesitábamos a la gastronomía”, explica Ros. Así que se pusieron a trabajar mano a mano con el Basque Culinary Center, que consiguió hidrolizar la harina de gusano para extraer la grasa y concentrar la proteína. El resultado fue una especie de melaza que amplió el recetario posible.

Al contrario que la harina, que tiende a endurecer y a apelmazar, la melaza de insecto permite camuflar mucho mejor el insecto. Y ahí encontraron el producto ganador: el brownie. Su color naturalmente oscuro es ideal para que no se note la presencia de un ingrediente extraño; su textura es ya es de por sí densa y la masa acepta aromatizantes que permiten camuflar el amargor.

Acertar la receta fue el resultado de meses de investigación conjunta entre la UOC y el Basque Culinary Center y, finalmente, pudieron hacer una segunda cata, esta vez en el Forum Gastronómico de Barcelona, en noviembre de 2025. “Fue toda una experiencia. Nunca había trabajado con estos ingredientes y, a pesar del reto, estamos muy contentos con el resultado”, explica Lucía Curiel, cocinera experta en la ciencia de los alimentos.

Lo más difícil fue trabajar con la amargura, un sabor que no está demasiado presente en la dieta mediterránea y que, unido al hecho de saber que proviene de insectos, causa “mucho rechazo” en el consumidor. Pero los cocineros saben maridar los sabores y, por eso, echaron mano del agua de azahar, naranja, chocolate o yogur como maneras de contrastar. Y el brownie gustó.

“Hay muchos intentos de introducir insectos en la dieta que fracasan porque los químicos y los biotecnólogos son muy buenos en lo suyo, pero no saben cocinar. Puedes tener un estudio magnífico, pero luego hay un choque entre ciencia y realidad”, apunta Curiel, que ve “emocionante” el campo de trabajo que abren los insectos.

Si bien el brownie es lo mejor que se ha conseguido por ahora, no se trata de que esta nueva fuente de proteína sólo se vaya a consumir en este formato. La idea es buscar las mejores recetas para comercializarlas y hacer que la tolerancia hacia los insectos vaya aumentando, a la vez que mejora la técnica para procesar estos pequeños animales, se optimiza la producción y se profundiza en la investigación biomédica. “La coordinación entre disciplinas es necesaria”, asegura Marta Ros, sobre todo en el actual contexto de crisis climática en la que la proteína va a ser cada vez más difícil de conseguir.

A pesar de que tanto la industria como la ciencia apuntan hacia el consumo de insectos, hay sectores de la población que no se dejan convencer. Más allá de quienes se niegan a consumirlos por rechazo o asco, la principal oposición a su cría y comercialización se encuentra en los colectivos animalistas. Si bien reconocen que tienen un impacto mucho menor en el ecosistema que las granjas tradicionales, recuerdan que siguen siendo seres vivos y que, aunque sean de las especies que menos empatía generan, siguen siendo “seres sintientes” y su consumo, como tal, supone un “debate ético y moral”, según apunta la Unión Vegetariana Española (UVE).

El vegeterianismo y el veganismo apuestan por eliminar el consumo de animales de cualquier tipo y centrarse en la proteína vegetal, sobre todo aquella de proximidad como las legumbres. Esta, si bien sería la solución ideal en términos ecológicos y éticos, podría no ser suficiente para cubrir las necesidades proteicas de la población mundial en las próximas décadas, según apunta la FAO (la agencia de la ONU para la alimentación).

Ante tal contexto, la agencia ha llegado a defender el consumo de insectos como una “herramienta para acabar con el hambre en el mundo”. Tal como apunta Marta Ros, la población crece, pero los recursos son finitos. “Hay muchos lugares que están en una situación alimenticia límite. Aquí puede que no tengamos esos problemas todavía, pero tenemos una tradición ganadera muy concreta”, apunta la investigadora, que anima a la adaptación.

El mismo Bernat Monter, que fue carnicero, reconoce esa misma necesidad. “Soy un defensor acérrimo de los ganaderos, porque con sus animales incluso ayudan al ecosistema, limpiando, por ejemplo, el sotobosque”. El problema, dice, son las granjas intensivas que “contaminan una aberración y son las que proporcionan la carne barata que compra todo el mundo”.

Todavía queda lejos el día en que haya gusanos, langostas o grillos de manera habitual en nuestros platos. El cambio será progresivo, según aseguran los expertos, y empezará con harinas o melazas en los que el animal sea irreconocible. Pero llegará y, con él, la aceptación. O así lo esperan investigadoras como Marta Ros: “Tenemos una dieta muy global. Si hemos incorporado el sushi o las algas, ¿por qué no los gusanos?”.

Castilla-La Mancha sigue sumando la oposición frontal de los vecinos y vecinas de las localidades donde las promotoras proyectan macrogranjas y cebaderos o ya las han instalado. A las habituales de cerdos o avícolas se suma ahora una instalación de cría de terneros proyectada en el término municipal de Hellín (Albacete), concretamente en la pedanía de Torre Uchea. Y ya cuenta con el rechazo frontal de sus habitantes, que alertan de que es un “serio aviso” para la comarca.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicó hace unos días el anuncio del Ayuntamiento de Hellín para la exposición pública de este proyecto, cuya promotora es Nutripelet, con sede en esta localidad. Juan Antonio Sánchez Sánchez, secretario de la Asociación en Defensa de la Torre Uchea ya anunciado los vecinos no quieren esta instalación y que presentarán alegaciones.

“Nos hace invisibles”, argumenta. Básicamente, porque explica que hay casas habitadas de esta pedanía que se encuentran a una distancia de 170 metros de las futuras instalaciones.

Según apunta, una granja de estas características, con más de 1.400 vacas en producción y a esa distancia, implica “riesgos claros para la salud y graves molestias para la vida cotidiana por el nivel de ruido, olores, y tráfico de camiones que implica”.

Explica además que el volumen de residuos que genera “contaminará el suelo y el nacimiento de agua cercano y hará incompatible continuar con la agricultura tradicional y ecológica de la zona”, que desde hace más de 90 años se ha basado en regadío de árboles frutales.

La asociación se reunió recientemente con el alcalde de Hellín, Manuel Serena, y apunta que presentará sus alegaciones siguiendo sus recomendaciones. Lo que quieren es denunciar que no se tenga en cuenta a las personas que viven en Torre Uchea ni se considere la distancia de la futura “macrogranja”.

“No merecemos la exposición a los riesgos”

De hecho, ahora que el expediente se ha hecho público, este colectivo invita a la ciudadanía de Hellín y de su comarca a que lo revise y a que pueda presentar también sus alegaciones al estudio de impacto ambiental durante el plazo de información pública.

Ante todo, considera que la aprobación de este proyecto supondría “un peligroso antecedente” para la comarca de Hellín y podría tener “un efecto llamada” para otros promotores de explotaciones ganaderas similares. “Ni la población de Hellín, ni la de la Torre Uchea nos merecemos la exposición a los riesgos que este tipo de instalaciones conllevan si se proyectan sin guardar las garantías necesarias”, concluye el secretario de la asociación.

El estudio de impacto ambiental, consultado por este medio, contempla la creación de un cebadero de terneros y terneras cruzados. Se pretende realizar un cebadero con un “sistema productivo intensivo” y cuya capacidad productiva será de 1.416 animales aproximadamente al año entre machos y hembras. Para ello, pretende mejorar y adaptar las instalaciones existentes en la finca para llevar a cabo la actividad ganadera.

Por sus características, el proyecto debe ser sometido a tramitación ambiental ordinaria, si bien su promotora remarca que el cebadero implica la mejora y adaptación de unas instalaciones ya existentes para llevar a cabo la actividad ganadera perseguida, “sin afección” a espacios Red Natura 2000 u otros espacios naturales protegidos.

En este documento también se incluyen las medidas a implantar para mitigar los posibles efectos ambientales mediante un plan de vigilancia. Entre ellos, destacan camas de “paja limpia y abundante” en los patios interiores cubiertos, “en los que haya un agradable ambiente de atmósfera, sin sensación de carga de gases ni corrientes de aire”; evitar que el estercolero esté abierto o desprotegido frente a los vientos dominantes; así como su limpieza “en la mayor brevedad posible”, cada 15 o 20 días.

L’empresa Avícola Son Perot S.A., que opera sota la marca comercial Avícola Ballester, ha procedit al sacrifici de gairebé 90.000 gallines de les seves instal·lacions a Llucmajor (Mallorca), la coneguda com a “macrogranja dels horrors”. Aquesta mesura s’ha executat en compliment de les mesures cautelars dictades per la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural del Govern balear.

Una d’elles consistia que l’explotació avícola passés de gairebé 136.000 aus al sostre de 40.000 animals, tal com estableix la legislació autonòmica. Cal assenyalar que l’explotació avícola es va situar sota el focus mediàtic a finals de maig de 2025, quan elDiario.es va publicar en primícia les condicions d’insalubritat, manca d’higiene i brutícia extremes que es desprenien de les imatges inèdites, gravades per les associacions ARDE i Satya Animal entre els dies 21 i 29 d’abril.

El sacrifici massiu s’ha dut a terme tot i que la Federació de Santuaris d'Animals (FESA) va sol·licitar formalment una “solució ètica i urgent” per evitar la mort de les aus. “Fem una crida urgent a les autoritats locals, al propietari de l’explotació i a la Conselleria d’Agricultura per aturar aquesta mesura cruel i innecessària”, va assenyalar a aquest diari María González Sola, secretària de la Federació, en referència al “buidatge sanitari” –és a dir, el sacrifici– que va imposar la Conselleria que dirigeix Joan Simonet (PP), després de decretar el tancament d’una de les set naus –destinada a gallines camperoles–.

Va ser una de les mesures que va imposar el Govern de Marga Prohens després que diversos tècnics de la Conselleria, així com agents del Seprona de la Guàrdia Civil, comprovessin que s’havien comès un total de set infraccions qualificades de “greus”. El tancament de la nau set va suposar el sacrifici d’unes 20.000 gallines. Tot i que inicialment es va proposar una sanció de 420.000 euros, finalment es va imposar una multa de 200.100, per set faltes greus i una de lleu, com va informar aquest diari. La Conselleria, però, va assegurar no tenir competències quant a la gestió de les aus i va traslladar la responsabilitat a la propietat. González Sola va assegurar a aquest mitjà que l’alternativa que proposava FESA no posava en risc “en cap moment les mesures sanitàries necessàries per al correcte trasllat dels animals”.

“Els diners estan per damunt de tot”

El portaveu de Satya Animal, Kike Gimeno, explica a aquest diari que el cas de Llucmajor és una mostra més “de la cosificació dels animals tant per part de l’empresa, que només busca el benefici econòmic, com per part de l’administració, a qui no li interessen gens ni mica els animals”. Gimeno lamenta que sembli que els diners estan “per damunt de tot: de les persones, dels animals i del medi ambient”.

L’explotació avícola de Llucmajor, situada a la finca de Ses Cisternetes, compta amb un total de set naus –sis per a les aus, així com un centre de classificació d’ous–, amb una capacitat màxima de 135.696 gallines (54.672 gallines en gàbies, 63.024 gallines camperoles –tipus 1– i 18.000 aus en producció d’aviari). Tanmateix, després de la investigació publicada per aquest diari, i arran de diverses irregularitats detectades pel Govern en inspeccions anteriors, s’imposa a la macrogranja l’obligació –que marca també la nova llei– d’acollir un màxim de 40.000 gallines.

Aquesta mesura cautelar ha estat complerta per part de la macrogranja, tal com es desprèn de la resolució de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, arran d’una petició de transparència sol·licitada per aquest diari. El 5 de desembre de 2025, una veterinària oficial del Servei de Producció Ramadera va revisar la documentació relativa a l’expedient de l’explotació avícola, així com els registres de moviment i cens. La inspecció va constatar que tres dies abans, el 2 de desembre, la granja de Llucmajor havia reduït el nombre d’aus per sota de les 40.000 gallines.

Segons la informació sol·licitada, Fernando Fernández, director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, va dictar una resolució mitjançant la qual s’ordenava “la ratificació de la suspensió parcial de l’activitat de producció i reproducció de l’espècie avícola”. A la pràctica, suposava la prohibició de l’entrada de noves aus i la desescalada progressiva fins a situar el sostre per sota de les 40.000 gallines. En aquest cas, com va ocórrer després del “buidatge sanitari” de la nau 7 –la que es trobava en estat més greu, segons van determinar les autoritats mitjançant inspecció–, l’empresa ha procedit al sacrifici de totes elles, malgrat que diferents organitzacions van oferir els seus santuaris per evitar-ho.

Concretament, FESA va manifestar que existia “una alternativa real i compassiva: el trasllat immediat de tots els animals afectats a una xarxa de santuaris associats, on podran ser acollits, rehabilitats i viure lliures d’explotació”. Així, afirmen que diversos dels seus membres van confirmar la seva disponibilitat per acollir les gallines i “garantir-los una vida digna”. Van oferir la seva infraestructura de santuaris i refugis com La Vida Color Frambuesa, Espíritu Libre, Mis Amigas Las Palomas (MALP), Finca Arkadia i El Hogar. Per transportar-les de manera segura, sostenien que comptaven amb diverses organitzacions com Salvando Peludos, que van mostrar “interès i suport” per encarregar-se del trasllat. Per finançar-ne el rescat, indicaven que disposaven de la col·laboració ciutadana.

Finalment, FESA va exigir al Govern balear facilitar “permisos per al seu rescat i transport”, indicant que la federació animalista seguiria “en tot moment els protocols de trasllat d’acord amb els permisos sanitaris pertinents”. “Aquest cas reflecteix la necessitat urgent, com a societat, de canviar la manera com tractem els altres animals”, van concloure. En aquest sentit, Gimeno destaca la implicació de les organitzacions animalistes agrupades a FESA, que “sempre estan al costat dels animals i no s’amaguen quan cal actuar solidàriament”. “És una cosa que deixa encara més en evidència els nostres governants”, manifesta.

Un jutjat de Palma arxiva la causa

Després que aquest diari revelés en primícia la situació de la macrogranja de Llucmajor, les entitats animalistes, juntament amb una plataforma veïnal afectada per les males olors del femer –l’Associació Stop Macrogranja Llucmajor–, van presentar diverses denúncies davant els òrgans judicials corresponents. En una interlocutòria amb data 3 de juny de 2025, el Jutjat d’Instrucció número 11 de Palma va obrir diligències penals contra l’empresa Avícola Ballester per la presumpta comissió d’un delicte de maltractament animal. En la seva resolució, a la qual va tenir accés aquest mitjà, la jutgessa va sol·licitar al Seprona de la Guàrdia Civil que dugués a terme les investigacions necessàries per esclarir els fets, així com els informes complets de totes les actuacions efectuades entorn de l’explotació avícola.

Tanmateix, el jutjat va acordar el sobreseïment provisional de la causa en considerar que no quedava acreditada la comissió de cap delicte per part de l’empresa. En l’escrit es denunciaven la presència d’animals morts, les deficiències higienicosanitàries i els riscos per a la salut animal i pública derivats de les condicions de la macrogranja. La interlocutòria judicial reconeixia la presència de cadàvers de gallines en diferents estats de descomposició a les instal·lacions, fet que evidenciava deficiències en la seva retirada i, per tant, higienicosanitàries. No obstant això, la Sala va concloure que aquestes deficiències corresponien a infraccions administratives, ja sancionades, i no penals.

“Els animals no tenen cap protecció per part del sistema legislatiu actual”, opina Gimeno sobre aquest punt. El portaveu de Satya Animal lamenta que no han estat suficients “una infinitat d’imatges de l’horror de la granja perquè es consideri un maltractament als animals”. “Costa de creure-ho, i costa imaginar-se què ha de passar perquè [el maltractament] sigui penalment punible”, valora.

Lorenzo Peñas, advocat de l’Associació Stop Macrogranja, va presentar un recurs d’apel·lació contra la interlocutòria del Jutjat d’Instrucció número 11 de Palma davant l’Audiència Provincial de les Balears. Una mesura que té el suport també de les entitats que van denunciar el cas perquè sortís a la llum. “Pensem que el recurs és el mínim que es pot fer per reclamar la justícia que mereixen tant els animals com els veïns”, assegura Gimeno. “Visibilitzar aquesta realitat és primordial perquè comencem a generar un canvi legislatiu i social”, conclou.

La empresa Avícola Son Perot S.A., que opera bajo la marca comercial Avícola Ballester, ha procedido al sacrificio de casi 90.000 gallinas de sus instalaciones en Llucmajor (Mallorca), la conocida como “macrogranja de los horrores”. Esta medida se ha ejecutado en cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern balear.

Una de ellas consistía en que la explotación avícola pasara de las casi 136.000 aves al techo de 40.000 animales, como establece la legislación autonómica. Cabe señalar que la explotación avícola se situó bajo el foco mediático a finales de mayo de 2025, cuando elDiario.es publicó en primicia las condiciones de insalubridad, falta de higiene y suciedad extremas que se desprendían de las imágenes inéditas, grabadas por las asociaciones ARDE y Satya Animal, entre los días 21 y 29 de abril.

El sacrificio masivo se ha llevado a cabo a pesar de que la Federación de Santuarios de Animales (FESA) solicitó formalmente una “solución ética y urgente” para evitar la muerte de las aves. “Hacemos un llamamiento urgente a las autoridades locales, al propietario de la explotación y a la Conselleria d’Agricultura para detener esta medida cruel e innecesaria”, señaló a este diario María González Sola, secretaria de la Federación de Santuarios de Animales, en referencia al “vaciado sanitario” –es decir, el sacrificio– que impuso la Conselleria que dirige Joan Simonet (PP), después de decretar el cierre de una de las siete naves –destinada a gallinas camperas–.

Fue una de las medidas que impuso el Govern de Marga Prohens después de que varios técnicos de la Conselleria, así como agentes del Seprona de la Guardia Civil, comprobaran que se habían cometido un total de siete infracciones calificadas como “graves”. El cierre de la nave siete supuso el sacrificio de unas 20.000 gallinas. Aunque inicialmente se propuso una sanción de 420.000 euros, finalmente se impuso una multa de 200.100, por siete faltas graves y una leve, como informó este diario. La Conselleria, sin embargo, aseguró no tener competencias en cuanto a la gestión de las aves y trasladó la responsabilidad a la propiedad. González Sola aseguró a este diario que la alternativa que proponía FESA no ponía en riesgo “en ningún momento las medidas sanitarias necesarias para el correcto traslado de los animales”.

“El dinero está por encima de todo”

El portavoz de Satya Animal, Kike Gimeno, explica a este diario que el caso de Llucmajor es una muestra más “de la cosificación de los animales tanto por parte de la empresa, que solo busca el beneficio económico, y por parte de la administración, a quien no le interesan ni lo más mínimo los animales”. Gimeno lamenta que parece que el dinero está “por encima de todo: de las personas, de los animales, y del medio ambiente”.

La explotación avícola de Llucmajor, situada en la finca de Ses Cisternetes, cuenta con un total de siete naves –seis para las aves, así como un centro de clasificación de huevos–, con una capacidad máxima de 135.696 gallinas (54.672 gallinas en jaulas, 63.024 gallinas camperas –tipo 1– y 18.000 aves en producción de aviario). Sin embargo, después de la investigación publicada por este diario, y tras varias irregularidades detectadas por el Govern en inspecciones anteriores, se impone a la macrogranja la obligación –que marca también la nueva ley– de acoger un máximo de 40.000 gallinas.

Esta medida cautelar ha sido cumplida por parte de la macrogranja, como se desprende de la resolución de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, tras una petición de transparencia solicitada por este diario. El 5 de diciembre de 2025, una veterinaria oficial del Servicio de Producción Ganadera revisó la documentación relativa al expediente de la explotación avícola, así como los registros de movimiento y censo de la explotación. La inspección constató que tres días antes, el 2 de diciembre, la granja de Llucmajor había reducido el número de aves por debajo de las 40.000 gallinas.

Según la información solicitada, Fernando Fernández, el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, dictó una resolución mediante la cual se ordenaba “la ratificación de la suspensión parcial de la actividad de producción y reproducción de la especie avícola”. En la práctica, suponía la prohibición de la entrada de nuevas aves y la progresiva desescalada hasta situar el techo por debajo de las 40.000 gallinas. En este caso, como ocurrió tras el “vaciado sanitario” de la nave 7 –la que se encontraba en estado más grave, según determinaron las autoridades mediante inspección–, la empresa ha procedido al sacrificio de todas ellas, pese a que diferentes organizaciones ofrecieron sus santuarios para evitarlo.

Concretamente, FESA manifestó que existía “una alternativa real y compasiva: el traslado inmediato de todos los animales afectados a una red de santuarios asociados, donde podrán ser acogidos, rehabilitados y vivir libres de explotación”. Así, afirman que varios de sus miembros confirmaron su disponibilidad para acoger a las gallinas y “garantizarles una vida digna”. Ofrecieron su infraestructura santuarios y refugios como La vida color frambuesa, Espíritu Libre, Mis Amigas Las Palomas (MALP), Finca Arkadia y El Hogar. Para transportarlas de forma segura, sostuvieron, cuentan con varias organizaciones como Salvando Peludos que mostraron “interés y apoyo” para encargarse del traslado. Para financiar su rescate, indicaron que contaban con la colaboración ciudadana.

Finalmente, FESA exigió al Govern balear facilitar “permisos para su rescate y transporte”, indicando que la federación animalista seguiría “en todo momento los protocolos de traslado acordes a los permisos sanitarios pertinentes”. “Este caso refleja la urgente necesidad, como sociedad, de cambiar la forma en que tratamos a los demás animales”, concluyeron. En este sentido, Gimeno destaca la implicación de las organizaciones animalistas agrupadas en FESA, quienes “siempre están del lado de los animales y no se esconden cuando hay que actuar solidariamente”. “Es algo que deja todavía más en evidencia a nuestros gobernantes”, manifiesta.

Un juzgado de Palma archiva la causa

Después de que este diario desvelara en primicia la situación de la macrogranja de Llucmajor, las entidades animalistas, junto a una plataforma vecinal afectada por los malos olores del estercolero –la Asociación Stop Macrogranja Llucmajor–, presentaron varias denuncias ante los órganos judiciales correspondientes. En un auto fechado el 3 de junio de 2025, el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma abrió diligencias penales contra la empresa Avícola Ballester por la presunta comisión de un delito de maltrato animal. En su resolución, a la que tuvo acceso este medio, la jueza solicitó al Seprona de la Guardia Civil que llevara a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos, así como los informes completos de todas las actuaciones efectuadas en torno a la explotación avícola.

Sin embargo, el juzgado acordó el sobreseimiento provisional de la causa al considerar que no quedaba acreditada la comisión de ningún delito por parte de la empresa. En el escrito se denunciaban la presencia de animales muertos, las deficiencias higiénico-sanitarias y los riesgos para la salud animal y pública derivados de las condiciones de la macrogranja. El auto judicial reconocía la presencia de cadáveres de gallinas en distintos estados de descomposición en las instalaciones, lo que evidenciaba deficiencias en la retirada de los mismos, y por lo tanto higiénico-sanitarias. No obstante, la Sala concluyó que estas deficiencias correspondían a infracciones administrativas, ya sancionadas, y no penales. 

“Los animales no tienen ninguna protección por parte del sistema legislativo actual”, opina Gimeno, sobre este punto. El portavoz de Satya Animal lamenta que no han bastado “infinidad de imágenes del horror de la granja para que se considere un maltrato a los animales”. “Cuesta creerlo, y cuesta imaginarse qué tiene que pasar para que [el maltrato] sea penalmente punible”, valora.

Lorenzo Peñas, abogado de la Asociación Stop Macrogranja, presentó un recurso de apelación contra el auto del Juzgado de Instrucción número 11 de Palma ante la Audiencia Provincial de Balears. Una medida respaldada también por las entidades que denunciaron el caso para que saliera a la luz. “Pensamos que el recurso es lo mínimo que se puede hacer para reclamar la justicia que se merecen tanto los animales como los vecinos”, asegura Gimeno. “Visibilizar esta realidad es primordial para que empecemos a generar un cambio legislativo y social”, concluye.

Son las 6:30 de la mañana, los primeros rayos de sol empiezan a colorear el horizonte mostrando el relieve de las cumbres cercanas. Suena la alarma que indica el comienzo de otro día en la vida de José Manuel, de otra jornada laboral que concluirá unas quince horas más tarde, cuando ya no quede ni rastro de los tonos anaranjados con los que el sol baña la Peña Montañesa durante los atardeceres. José Manuel desayuna mientras arregla un papeleo pendiente desde hace tiempo, se cambia repasando mentalmente las tareas de las que se tiene que ocupar hoy, se sube a la pick up y pone rumbo al lugar donde comienza esta historia: su granja. 

El Sistema Internacional de Unidades establece el metro como unidad básica de longitud, una medida vinculada hoy a la velocidad que recorre la luz en el vacío en 1/299 792 458 segundos, es decir, vinculada a una constante universal. Este sistema garantiza precisión técnica en todo el mundo, pero es inútil para medir ciertas distancias, como por ejemplo la distancia emocional. Aunque el sistema dicte que un hijo recién independizado está a 400 kilómetros de su hogar, la madre siente que la separación es mucho mayor. Es cierto que la tecnología, mediante una videollamada, por ejemplo, permite acortar esta distancia emocional que este sistema es incapaz de medir. Pero también hay que destacar que este avance tecnológico nos ha distanciado de las realidades presentes en lo natural y analógico.

El modelo de producción actual ha empujado a la mayoría de personas a concentrarse en núcleos urbanos cada vez más grandes, haciendo que, quienes hemos nacido en ciudades dominadas por el asfalto y el ladrillo, estemos muy alejados de todo lo que rodea al mundo rural y al sector primario. Ni siquiera la alta movilidad en vacaciones rompe esta brecha: el turismo actual premia la rapidez y lo superficial, impidiendo al turista absorber formas diferentes de relacionarse con el territorio.

Es cierto que existen métodos que consiguen aproximarnos al entendimiento de mundos que desconocemos. Uno de ellos, sin duda, es acudir a dichos lugares con una actitud de respeto, con una posición que busque comprender a través de la escucha, la observación, la vivencia. Por ello, decidí irme a trabajar al lugar donde se desarrollan las actividades de un sector hasta entonces muy lejano para mí, pero de vital importancia en nuestro día a día. Me refiero a una granja y al sector de la ganadería. 

Entre bosques de robles, encinas y pinos, y bajo la atenta mirada de la Peña Montañesa, se encuentra Los Molinos, un municipio de menos de diez habitantes situado en la comarca del Sobrarbe, en el Pirineo oscense. A través de conversaciones que transitan entre la propiedad de los terrenos colindantes a la granja y explicaciones acerca de los árboles genealógicos de las familias que antaño habitaron estos parajes, fui introduciéndome a la vida de este lugar tan especial, comprendiendo poco a poco su idiosincrasia. 

A medida que me adaptaba a la rutina y las picaduras de pulgas invadían mis tobillos, me aproximaba gradualmente al modo de pensar de José Manuel, el ganadero con quien trabajé. Natural de Los Molinos, recuerda cómo desde bien pequeño estuvo ligado a la comarca, a la vida en el campo, a las ovejas... Heredó el oficio de su padre y, tras varias inversiones, consiguió levantar las dos naves con las que cuenta su granja y modernizar la maquinaria. Su apego a la profesión y al modo de vida que esta le permitía le llevó a formar una familia en el pueblo que le vio nacer.  

A pesar de las diferencias tan marcadas de nuestros orígenes y de mis escasos conocimientos acerca de todo lo que rodeaba la actividad ganadera, percibía cómo la gran distancia entre nuestras perspectivas sobre el paso del tiempo o la forma de observar a los animales de la granja se iba acortando amanecer tras amanecer. Esta reducción de las distancias, forjada tras muchas horas de trabajo a su lado y enriquecida por las conclusiones extraídas de las conversaciones que iba teniendo con pastores de la zona, me permitió asimilar —aunque fuese parcialmente— la manera de pensar y de relacionarse con el entorno que caracteriza a los trabajadores del sector ovino en la comarca oscense. 

Al visitar distintas granjas ovinas y observar el trabajo de los ganaderos, se percibe que cada cual posee su propia metodología: la meta suele coincidir, pero el trayecto hasta alcanzarla varía según quien lo transite. Sin embargo, todos ellos escogen las mismas palabras cuando dan respuesta a esta cuestión: “¿Qué es lo que podrían hacer las autoridades para facilitaros la labor?”. “Deberían exigirnos mucha menos burocracia. Si quieren que podamos desarrollar nuestro trabajo con normalidad, tienen que aliviarnos cierta carga administrativa”, replican todos, como si fueran alumnos con una respuesta memorizada. 

La dependencia de la PAC

Para entender esta demanda, cabe señalar que la gran mayoría de estos ganaderos dependen de la Política Agraria Común (PAC), que regula las ayudas de la Unión Europea al sector agrónomo y supone alrededor del 35% de sus ingresos. La última reforma (PAC 2023-2027), presentada como “una política modernizada y centrada en los resultados” ha producido que la calidad de vida de los pequeños ganaderos y pastores, marcada por la falta de rentabilidad y la exigencia de atender el rebaño los 365 días, se haya visto un poco más mermada por el exceso de burocracia.

Es cierto que esta burocracia busca democratizar los procesos de asignación de las subvenciones, pero el tener que documentar minuciosamente cada actuación, desde los movimientos del ganado hasta las tareas rutinarias, supone una carga de trabajo que excede su disponibilidad de tiempo. Además, la rigidez de los requisitos impuestos desde los despachos europeos evidencia su distancia con la realidad ambiental: el retraso en la entrega de documentos o en la recolección de una cosecha puede implicar penalizaciones e incluso la pérdida total de la subvención.

A esta situación se suma la obligación de solicitar permisos para realizar tareas tan básicas como quemar aliagas o desbrozar un camino; “intervenciones imprescindibles para el desarrollo normal de las labores agrícolas y ganaderas, ya que permiten mantener los alrededores de las explotaciones limpios y sanos”, subraya José Manuel. Estas prácticas, transmitidas de generación en generación, corresponden a un conocimiento afinado durante décadas. Reconocer su valor no impide incorporar mejoras tecnológicas o científicas, pero sí debería evitar que se sustituyan por políticas rígidas que tienen como resultado una disminución notable en el número de explotaciones destinadas al sector ovino, integradas con el paisaje y sus ritmos, y un empuje hacia ganaderías con animales que permiten la rentabilidad a través de la intensificación. 

La conversión de la ganadería en mera industria choca frontalmente con los mensajes ecologistas de la UE, ya que refuerza un modelo productivo que deja en segundo plano los beneficios medioambientales vinculados a la ganadería extensiva y aumenta la posibilidad de la desaparición de productos autóctonos como podría ser el Ternasco de Aragón. Y es que, la ganadería extensiva mantiene el equilibrio de los ecosistemas rurales. “La trashumancia y el pastoreo ayudan a limpiar el monte, a reducir el riesgo de incendios, aportan abono natural y regulan la vegetación sin destruirla”, señalan los pastores. Además, reduce la dependencia de piensos industriales y químicos, traduciéndose en una menor contaminación de suelos y aguas. 

A pesar de estos beneficios, los productos obtenidos de dicha ganadería apenas reciben incentivos institucionales y se ven obligados a competir con productos importados de países que tienen un menor precio en el mercado ya que no se rigen por tantos estándares ambientales y, por lo tanto, tienen un menor coste de producción. Todo lo descrito anteriormente, sumado a la caída del consumo nacional de ovino —de cinco kilos por habitante en 2020 a menos de uno en la actualidad—, genera un escenario claro: la pérdida de un modelo, el de la ganadería extensiva, y de un oficio, el de pastor.

Relevo generacional 

En la mirada de aquellos que observan los parajes agrestes desde la perspectiva del hogar se adivina el temor a que dichas montañas dejen de ser el escenario de las vidas de sus descendientes. La incertidumbre causada por la ausencia de un relevo generacional claro es uno de los motivos de tristeza que más pesa sobre los pequeños ganaderos y pastores de hoy en día. Y es que el avance social ligado a la era tecnológica que estamos viviendo ha provocado que ciertos valores y maneras de entender la vida también hayan impregnado el pensamiento de quienes han crecido en entornos rurales. Además, las condiciones sociales de vida que ofrecen ambos oficios, que exigen dedicación casi total y apenas conceden descanso para unas vacaciones regulares y cuya estabilidad económica rara vez está asegurada, no resultan atractivas para el tejido más joven de nuestra sociedad. 

Conscientes de esta situación y con el fin de preservar el pastoralismo ovino, nacen proyectos como el de BEEP (BioEconomía forestal para potenciar el Pastoralismo en los Pirineos). Dicha iniciativa, liderada por gente local relacionada con la profesión, que cuenta con el apoyo del Ministerio para la transición Ecológica y el Reto Demográfico y de planes financiados por la UE, pretende resolver el problema del relevo generacional mediante medidas como la difusión de los valores culturales y ecosistémicos de la ganadería extensiva o mediante figuras como la del pastor compartido. Esta última propuesta pretende encontrar una solución al problema surgido por la poca atracción que generan las condiciones casi esclavistas de la profesión. Según comentaba José Manuel, “hay pastores que llevan más de 15 años sin vacaciones y sin faltar ni un solo día al trabajo”. El pastor compartido es un asalariado que rota entre tres ganaderías diferentes, haciendo así que los pastores principales de dichas ganaderías tengan la posibilidad de conciliar el trabajo con la vida familiar, puedan tener vacaciones o cuenten con un apoyo puntual en caso de caer enfermos. 

En definitiva, no se trata solo de ajustar cuotas o pagar ayudas: es cuestión de recuperar cercanía en las políticas —decisiones hechas con y desde el campo—, de facilitar que los ganaderos y pastores puedan integrarse en las dinámicas de la vida contemporánea, y de entender la ganadería como una actividad vinculada a ecosistemas complejos, no como una simple unidad productiva. Es obvio que el papel de la UE ha sido y es fundamental en la conservación del sector primario, pero la situación que atraviesa la ganadería requiere de una mayor empatía con el sector y un cambio en el pensamiento vinculado al modelo actual. Porque, según afirman desde el sector, “aquellas personas que se vayan a incorporar en el futuro están obligadas a tener un número ingente de animales para recibir ayudas, y, aun así, es posible que nunca lleguen a recibir la PAC, puesto que es muy complicado hacerse con las tierras necesarias que te permiten recibir dicha subvención”. Y es que, en España, si no heredas las instalaciones y los terrenos a los que va ligada la ayuda europea, resulta prácticamente imposible hacer frente al gasto inicial que supone comenzar una explotación ganadera. Mantener viva la producción local y posibilitar que sigan surgiendo personas como José Manuel pasa por impulsar el relevo generacional revisando y distribuyendo la propiedad de los terrenos destinados a las actividades ganaderas, a la vez que se trabaja por mejorar las condiciones del oficio. 

Son muchas las señales que nos indican que la profesión del pastor ovino está desapareciendo y son muchas las señales que nos indican que esta desaparición trae consigo una serie de peligros ambientales que afectan a nuestros bosques y a los parajes que se encuentran alrededor de aquellos lugares donde se lleva a cabo la vida rural. A día de hoy, parece que solo nos enfrentamos a los problemas cuando el sistema internacional es capaz de medirlos. Es decir, vemos el problema cuando somos conscientes del número de hectáreas que se han perdido tras un incendio o cuando nos hablan con datos sobre la reducción de la capa de ozono, pero obviamos todas aquellas problemáticas previas que se escapan al control de este sistema y que nos indican qué sucederá en el futuro. Es necesario, por tanto, que volvamos a acercarnos a ciertos modos de vida y que volvamos a aproximarnos a profesiones que resultan vitales para la sostenibilidad de nuestras sociedades. Que nos alejemos un poco de todo aquello que pretenden imponernos desde el sistema que impera en las grandes ciudades y nos acerquemos más a la realidad de quienes viven en contacto con la tierra, con los alimentos, con la naturaleza. 

Episodios de conjuntivitis, ataques de tos, mucosidades negras y picores son algunos de los síntomas que varios trabajadores de una empresa proveedora de huevos de insectos de Villamalea, en la provincia de Albacete, han denunciado. Lo achacan a la falta de equipos de protección (EPI) adecuados en el tratamiento de los insectos, cuya extracción de excrementos provoca “polvo en suspensión” que “se agarra” a los ojos, las manos y el pelo de los empleados y empleadas.

Algunos trabajadores, que han pedido permanecer en el anonimato por temor a represalias de la empresa, se han puesto en contacto con este medio para hacer pública una situación que consideran “insostenible”.

La empresa es Protiberia, cuya titularidad corresponde a Villa Insect S.L. Dispone de varias naves en el municipio albaceteño y se define como compañía “líder” en el suministro de colonias de huevos de Tenebrio molitor, un coleóptero (escarabajo) conocido como el “gusano de la harina” por su forma larvaria.

El equipo “multidisciplinario” de la empresa trabaja para suministrar estos huevos a granjas de cría, utilizando “materias primas sostenibles y prácticas basadas en la economía circular”.

Este insecto tiene gran contenido proteico, ácidos grasos, fósforo y calcio y es una opción “sostenible, saludable y segura tanto para alimentación humana como animal”. Además, Protiberia promociona el hecho de que el cien por cien de sus componentes se aprovechan y muchos de ellos se utilizan como biofertilizantes naturales o para usos biotecnológicos, farmacéuticos y cosméticos.

Actualmente, el Tenebrio molitor, según ha podido comprobar este medio, está certificado por la Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria (EFSA) para el consumo humano y Protiberia destaca que se ha convertido en un “alimento más sostenible” que las fuentes de proteína tradicionales.

La empresa explica en su web que la operación de tratamiento de los insectos se realiza de forma manual y semimanual en muchas instalaciones, aunque actualmente está desarrollando una solución “automatizada”. Este desarrollo está actualmente en “fase de validación técnica y proceso de protección de patente”. Aduce que esta línea de innovación cuenta con el respaldo financiero del Gobierno de Castilla-La Mancha y de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Innova-Adelante 2024.

Pero a pesar de estas bondades, la situación en su planta de Villamalea, donde trabajan alrededor de 25 personas, no parece la ideal, al menos según los testimonios recabados por este medio. Se trata de personas empleadas tanto en el tratamiento manual de los insectos, como en el mantenimiento y la limpieza de las naves.

“No hay equipos de protección. Hemos trabajado con mascarillas quirúrgicas, con guantes de látex y con unas gafas de protección que no sirven para nada cuando haces el cribado, es decir, cuando los pones en el tamiz para filtrar los excrementos. Ahí se produce un polvo que no paras de respirar durante ocho horas. Son partículas en suspensión”, explica una de estas personas.

Los empleados están “continuamente expuestos” a estas partículas. “El primer día que hice esa labor yo ya tenía problemas respiratorios. Hablé con mis compañeros y muchos me contaron lo mismo, que a ellos les había pasado lo mismo”. Relatan así episodios de conjuntivitis, de fatiga o de “respiración asmática”.

En el siguiente vídeo, cedido a este medio por una de las personas empleadas, puede verse cómo es el cribado habitual de los insectos. En este caso, la persona dispone de una bata de manga corta que deja parte del brazo al descubierto. El rostro está cortado por el anonimato que han solicitado, pero ni su mascarilla ni sus gafas, alegan, son las “adecuadas”:

Uno de los trabajadores pone el acento en que no existe actualmente ninguna investigación ni prueba piloto de cómo ese polvo en suspensión derivado del cribado puede afectar a la salud humana. “Es algo tan nuevo que este sector ni lo está analizando”.

“La ropa que tenemos es la misma con la que nos volvemos a casa, no nos han facilitado nunca ropa para cambiarnos allí, ni tampoco duchas”. Tampoco llevan batas especiales, salvo las de manga corta, ni dicen haber recibido indicaciones para evitar los efectos del cribado.

Otro trabajador confirma este testimonio: “Estás comiendo polvo todo el rato”. Detalla que cuando se criban los insectos, se utilizan máquinas vibradoras que hacen que se separen, y que el excremento, que es como un polvo, al vibrar “se levanta por todos lados”. Este empleado afirma que las mascarillas quirúrgicas ya se han sustituido recientemente por las FPP2 (dan más protección) pero resalta que es “insuficiente”. Por ejemplo, la cabeza solo se la cubren con una redecilla, por lo que el pelo se queda lleno de partículas.

No es normal irte a tu casa con toda esa suciedad

Este empleado dice haber constatado que hay gente que “no para de toser” y que algunas veces “necesitamos salir fuera para respirar”. “Te suenas la nariz y los mocos están negros. No me parece normal”. Y pide también trajes y batas especiales de protección, además de duchas y de equipamiento “para no irte a tu casa con toda la suciedad”. O por lo menos, añade, debería haber “sistemas de ventilación o de aspiración del polvo”.  

Hay otra cuestión que, según estos testimonios, también puede afectar a la salud pública: el tratamiento que se hace de los insectos que mueren. “Al final es como una granja y no se les da el tratamiento adecuado”. “Puede haber en torno a 20 o 30 kilos a la semana de bichos muertos”.

Cuentan que, en un principio, la dirección de la empresa quería instalar contenedores fitosanitarios para albergar los insectos muertos y que después otra empresa externa se encargara de gestionarlos. “Pero al final eso no se ha hecho porque costaba mucho dinero. Lo que se hace es congelarlos y después tirarlos a un remolque, que, cuando está lleno, se lleva con un tractor a esparcirlos en el campo de al lado, que es propiedad también de la empresa, y se dejan como abono para labranza”. Es otro de los usos que se da las larvas de estos insectos, como abono agrícola. “Pero queda al aire libre”.

El problema, añade, es que cada vez que el remolque se llena, “eso echa un humo de toda la fermentación que lleva, generando una pestilencia horrible”. Esos insectos y sus residuos, no se entierran ni encapsulan. “Se esparcen en el campo y quedan expuestos a que pájaros u otros animales se los coman o se expongan. Es algo realmente asqueroso y no creo que sea ni adecuado ni bueno para el medio ambiente”.

“Al final, entre unas cosas y otras está todo el mundo bastante quemado. Si no lo dejan es porque muchos son jóvenes, incluso sobrecualificados para el trabajo que hacen, pero no se quieren quedar en paro”.

La situación llegó al punto en que uno de los empleados se ha puesto en contacto con el Ministerio de Trabajo para denunciarla. En ese documento, al que ha tenido acceso este medio, el empleado relata que la empresa abrió en 2022 con el objetivo de investigar el ciclo reproductivo del Tenebrio molitor y que el fin último es conseguir una producción con la que la empresa sea rentable, mediante la venta del insecto en cualquier fase de su ciclo vital, la producción de abono (a partir de los excrementos) y producción pienso para aves y reptiles.

Detalla que disponen de las siguientes maquinarias para llevar a cabo estas tareas: vibradoras (para cribar insectos) congeladores (para matar o sacrificar) y un microondas industrial (para deshidratar la larva). Pero añade que, no obstante, la empresa no ha invertido dinero en la compra de EPI, ropa de trabajo, lavadoras y aspiradores industriales.

“Los trabajadores que están toda la jornada cribando (separando los tamaños y edades del insecto) se llenan contantemente de los excrementos, que se asemejan a la textura de la arena. Es muy fácil que penetre en orificios del cuerpo (…) No tenemos protección adecuada”. Demanda por todo ello que actúe la Inspección de Trabajo. Por el momento, esta petición no ha obtenido respuesta.

La empresa dice cumplir con la prevención de riesgos laborales

Este medio ha podido comunicarse por escrito con la dirección de la empresa para conocer su valoración sobre estas acusaciones. Afirma que todas las cuestiones relacionadas con la seguridad y la salud laboral las toman “extremadamente en serio”.

“Cumplimos con la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y contamos con protocolos específicos adaptados a nuestros procesos productivos”, añaden fuentes de la compañía.

Según su página web, la empresa fue fundada por cuatro socios unidos “con un conjunto de valores compartidos” y una “diversidad de habilidades” que abarcan la gestión empresarial, la internacionalización, la investigación y la producción agroalimentaria, “nuestra empresa es el reflejo de un equipo 100% comprometido con la creación de un mundo mejor para las futuras generaciones”.

“En Protiberia, creemos firmemente que el mañana se construye hoy, y estamos dedicados a liderar el cambio hacia un futuro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente”, concluyen en la web.

Una macrogranja de codornices situada en Juneda, en Lleida, con sello de bienestar animal Welfair y que comercializa con los huevos de las aves, está en el punto de mira tras ser acusada de condiciones de insalubridad, falta de higiene y presunto maltrato animal. Como se observa en las imágenes inéditas grabadas por la asociación animalista ARDE, a las que ha tenido acceso en primicia elDiario.es, los huevos están en contacto directo con la suciedad, con excrementos y con cadáveres de aves en descomposición, lo que evidenciaría deficiencias higiénicas y sanitarias en la explotación avícola. 

La entidad de protección medioambiental y animal ARDE presentó el 16 de enero una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Catalunya por un presunto delito de abandono animal y estafa debido a las condiciones en que se encuentran las codornices en la granja. Fuentes fiscales confirman la recepción de la denuncia en la Fiscalía Superior de Catalunya y explican que previsiblemente será remitida en los próximos días a la Fiscalía de Lleida, que es la competente por territorio al estar la granja en Juneda. 

Después de que saliera a la luz el caso de la ‘granja de los horrores’ de Llucmajor (Mallorca), que tuvo que cerrar una nave y perdió su sello de bienestar tras la investigación publicada por este diario, ARDE denuncia ahora las condiciones en que se encuentran las codornices en esta explotación de Juneda. Las instalaciones son propiedad del grupo Urgasa, el grupo que registra la mayor producción de codornices a nivel europeo. 

Tras la publicación de este reportaje, el grupo Urgasa ha enviado un comunicado a este diario en el que manifiesta que las imágenes que se han publicado “muestran diferentes momentos de la granja con planos cortos, editados y sin continuidad”. “Además, se incorporan afirmaciones que no son ciertas”, han agregado. Los huevos, han afirmado, pasan por diferentes controles antes de ser comercializados y se descartan aquellos que “no cumplen con la exigencia de calidad”. “Este centro está auditado y certificado conforme al estándar IFS en seguridad alimentaria y trazabilidad”, han destacado.

La macrogranja de Juneda dispone de un complejo ganadero con cinco naves destinadas a la cría de codornices, una nave a la cría de perdices, otra a la incubadora de huevos de codorniz y finalmente un matadero avícola. En su web, Urgasa explica que para alcanzar la calidad de sus productos, controlan todas las etapas de crianza y producción, utilizando tecnología punta.

La organización ARDE ha lamentado que el grupo Urgasa disponga del certificado Welfair, que acredita el bienestar animal, de forma independiente, científica y basada en la observación directa del animal. Fuentes de Welfair explican a este diario que han iniciado una investigación en las instalaciones señaladas. “Hemos hecho una auditoría interna no anunciada el martes 20 de enero”, han afirmado. Sin embargo, han matizado que no pueden hacer más valoraciones porque desconocen de qué nave se trata. Estas fuentes añaden, aunque sin concretar, que no toda la explotación avícola dispone de la certificación de bienestar animal.

Por otro lado, ARDE también ha criticado que dispongan del certificado ‘Free to Fly’, específico en materia de bienestar animal para granjas de codornices, como aparece en la web de la empresa. El sello ha sido desarrollado por el Grupo Solé Bertrán, como figura en la web de ‘Free to Fly’. El grupo Urgasa, que ha declinado responder cuál es su relación con el sello, es la matriz del conglomerado de empresas (entre ellas, el Grupo Solé Bertrán y Aeropic S.A.).

De acuerdo con las imágenes recabadas, el interior de la explotación avícola presenta cadáveres en avanzado estado de descomposición en contacto con las aves vivas. También suciedad debido al polvo, telarañas, restos de plumas, pienso y heces acumuladas. Y cadáveres con el cuello mordido por roedores, hacinamiento de centenares de codornices en jaulas, así como aves vivas en la cinta de excrementos.

Las grabaciones de ARDE, de casi una hora y media de duración, muestran que las codornices se encuentran en un estado penoso. En primer lugar, se observan decenas de aves hacinadas en sus jaulas, algunas desplumadas o con sus plumas caídas, rodeadas de suciedad, así como cadáveres debajo de ellas. Esta falta de higiene, con restos de plumas y excrementos, se aprecia en el interior de las jaulas de los animales. La mayor acumulación de heces y restos de plumas o cáscaras de huevos se localiza en las bandejas situadas bajo las rejillas sobre las que se alojan las codornices.

Además de llevar el caso a la Fiscalía, la entidad animalista envió un escrito a la conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat el pasado 19 de enero, para alertar de esta situación. Desde la Administración catalana no han querido valorarlo a preguntas de este diario. 

Una veterinaria observa “graves” deficiencias

La asociación ARDE ha acompañado su denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Catalunya con un informe veterinario. En este escrito, al cual ha accedido este diario, se hace una evaluación exhaustiva a partir de la visualización de las imágenes. En él, la veterinaria Silvia Gimeno, colegiada en el Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas, afirma que de las imágenes se desprende la presencia de cadáveres de codornices “en evidente estado de descomposición”, en el interior de las jaulas, en “contacto directo con aves vivas”.

Además, observa “numerosos cadáveres adicionales” bajo las jaulas, así como a un trabajador recogiendo “un número elevado de aves muertas, lo que sugiere una mortalidad significativa y persistente”. La profesional incide, sobre el estado de las instalaciones, que la mayor acumulación de excrementos “se localiza en las bandejas situadas bajo las rejillas sobre las que se alojan las codornices, apreciándose una carga orgánica elevada y persistente”. Según la veterinaria, se debe a “una retirada insuficiente de los residuos”. Además, aprecia presencia de sangre bajo las jaulas, lo que considera compatible “con lesiones traumáticas o episodios de picaje”.

Por otro lado, las aves están alojadas en jaulas con suelo de rejilla metálica. En las imágenes analizadas se observa que los dedos de las codornices se introducen entre los huecos de la rejilla y que, en algunos casos, las patas llegan a introducirse a través del suelo. Esto indica, según la veterinaria, que el tamaño de la malla no es adecuado para esta especie y no permite un apoyo normal y seguro del animal. Desde el punto de vista veterinario, un suelo inadecuado impide una postura fisiológica correcta, por lo que puede aumentar el riesgo de lesiones, atrapamientos, dolor crónico y dificultad para el descanso.

En cuanto a la salud de las aves, el informe describe que hay animales “con pérdida de plumaje”, lo cual es compatible con “picaje” con otras codornices, indicativo de “estrés y manejo inadecuado”. Además, estos síntomas son compatibles con enfermedades o malestar, como el entrecerrado de los ojos; actitud apática o el plumaje erizado.

El erizamiento del plumaje, afirma la profesional, es un signo “frecuentemente asociado a enfermedad, dolor, debilidad, estrés térmico o infecciones”, y refleja, según la veterinaria, “una alteración del estado general del animal”. Por otro lado, lamenta que haya huevos en contacto directo con suciedad, excrementos y cadáveres de aves en descomposición, así como huevos picoteados. “Esta situación supone una grave deficiencia higiénico-sanitaria, incompatible con los requisitos de higiene de la producción primaria”, argumenta.

Potencial “riesgo” para la salud pública

Sobre la gestión de los residuos, Gimeno pone el foco en la cinta transportadora de retirada de estiércol, que está bajo las jaulas. Esta cinta está provista de tapas móviles que un trabajador retira manualmente durante las operaciones de limpieza. En las imágenes grabadas, detalla la veterinaria, se observa que hay codornices vivas fuera de las jaulas, deambulando por el suelo de la nave y algunas de ellas se encuentran sobre y dentro de la zona correspondiente a la cinta transportadora. La profesional observa que el operario, “siendo consciente de la presencia de aves vivas”, procede a retirar las tapas móviles, introducir residuos y poner en funcionamiento “la cinta transportadora con las codornices vivas aún presentes, sin retirarlas previamente”.

Por estas razones, Gimeno observa que las condiciones son “gravemente incompatibles con un nivel aceptable de bienestar animal”. Detalla que la situación del interior de la granja presenta “deficiencias estructurales y de manejo”, así como “omisiones graves del deber de cuidado”. Entre las insuficiencias, destaca higiene deficiente y acumulación de carga orgánica, contacto prolongado de animales vivos con cadáveres en descomposición; suelos inadecuados que permiten el paso de dedos y extremidades; evidencia de estrés, picaje y enfermedad no atendida y riesgo extremo e inmediato derivado del uso de un sistema mecánico de evacuación de residuos en presencia de animales vivos, con posibilidad de atrapamiento, traumatismos graves o muerte.

La veterinaria valora la existencia de “riesgos sanitarios para el consumidor”. Entre ellas, riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas (de transmisión humana), como la salmonelosis; el contacto de huevos con cadáveres en descomposición, heces y suciedad “favorece la contaminación de la cáscara, con riesgo de penetración bacteriana al interior del huevo”; la presencia de aves enfermas no aisladas “aumenta la probabilidad de diseminación de agentes infecciosos” y la manipulación de huevos en un entorno visiblemente insalubre “es incompatible con los principios básicos de higiene de la producción primaria”.

Según la veterinaria, las condiciones a que son sometidas las codornices son “compatibles con múltiples incumplimientos” de la normativa en materia de gestión animal. Incluye aquí el Decreto Legislativo 2/2008, el Real Decreto 348/2000, la Ley 32/2007, la Directiva 98/58/CE y los Reglamentos 852/2004 y 853/2004. Se incumplían, según menciona, varias obligaciones de bienestar animal: higiene deficiente, atención insuficiente a animales enfermos, retirada tardía de cadáveres y riesgo derivado de la manipulación mecánica de residuos en presencia de aves. Gimeno concluye que todo ello podría suponer infracciones graves o muy graves de las distintas normativas, lo que podría acarrear sanciones que irían desde los 6.000 a los 100.000 euros. 

La normativa europea específica de bienestar animal recoge que los huevos destinados al consumo humano “deben mantenerse limpios, secos y protegidos frente a la contaminación, desde el momento de la puesta y durante todas las fases de su manejo”, explica Gimeno. Tras el análisis global, la veterinaria aprecia “sufrimiento animal evitable, riesgo inmediato para la vida de los animales, incumplimientos reiterados y sistemáticos y potencial riesgo para la salud pública”. Esto constituiría, a su juicio, “infracciones graves y muy graves”.

La empresa hace gala de su producto

Urgasa defiende en sus publicaciones la calidad de sus productos y también el bienestar animal con el que aseguran tratar sus animales. “Nuestro esmero en vigilar todos los detalles del proceso de elaboración nos ha permitido obtener las certificaciones de mayor prestigio y rigurosas”, aseguran en su web, y añaden que es así como garantizan que sus productos “estén al nivel de la máxima categoría”. “Solo así una empresa puede convertirse en un referente internacional del sector”, indican. Unos productos que son de “máxima calidad y frescura”, según afirman.

El grupo Urgasa opera bajo varias sociedades. Una de ellas es Aeropic S.A., empresa especializada en la cría y comercialización de aves como la codorniz –y sus huevos–, el picantón y la perdiz, como destaca la web. Esta es la empresa que vende directamente a mayoristas y distribuidores al por mayor, entre ellos, al sector HORECA (acrónimo de hoteles, restaurantes y cafeterías). Sin embargo, los huevos de codorniz de esta granja, con los códigos sanitarios 14.01367/L y 14.003390/L, corresponden a la empresa SAT 5749 Codornices Urgell y proceden del centro de clasificación de huevos del complejo. Es otra de las que opera bajo la marca del grupo, como se puede comprobar a través del buscador de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Consumo.

Entre los supermercados a los que distribuye en España, cabe mencionar en Catalunya a Mercadona, que bajo la marca Hacendado vende los huevos de codorniz de esta empresa, así como los supermercados Carrefour y Bon Preu. En Valencia y Madrid, bajo la marca Dagu, se vende en supermercados El Corte Inglés.

Fuentes de Mercadona afirman a este diario: “Aeropic es uno de nuestros proveedores de huevos de codorniz y cuenta con certificaciones en materia de Bienestar Animal y de Seguridad Alimentaria basadas en estándares internacionales reconocidos, como el resto de nuestros proveedores”. Y añaden que exigen cumplir con sus estándares de bienestar animal. “Tomaremos las medidas que sean necesarias”, responden por su parte fuentes del supermercado Bon Preu, que añaden que están “analizando la situación”. El resto de supermercados y empresas consultadas no ha respondido en el momento en que se publica este reportaje.

La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad viral altamente contagiosa de los cerdos domésticos y silvestres, con un índice de mortalidad que puede alcanzar el 100 % entre esta población. Así define la enfermedad la Organización Mundial de Sanidad Animal. El organismo asegura que este virus “no representa ningún peligro para la salud humana”, y advierte que es “altamente resistente en el medio ambiente, lo que significa que puede sobrevivir en la ropa, el calzado, las ruedas de los vehículos y otro tipo de equipos”, de ahí la urgencia en implementar las medidas de bioseguridad e higienización en el sector porcino. 

A finales de noviembre aparecieron 13 jabalíes muertos infestados con el virus de la peste porcina africana. La crisis se disparó. Hasta la fecha, la PPA está localizada, no ha salido de la zona del brote localizada en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), y no afecta por el momento a ninguna granja ni explotación. Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat aseguran que los “mejores expertos en bioseguridad” de Cataluña, del Estado y de la Unión Europea están trabajando en la investigación para determinar dónde y cómo de este brote de peste porcina africana, que ha reaparecido en España después del último caso hace 31 años. 

La notificación de la presencia del virus en España ha supuesto el cierre automático de fronteras de los países de fuera de la Unión Europea que importan porcino y alimentos derivados. China, Estados Unidos o Reino Unido, entre otros seguirán comprando porcino a empresas españolas, salvo a aquellas situadas dentro del radio de 20 kilómetros alrededor del foco de PPA. 

Pero preocupan otros mercados, en especial Japón y México. Ambos países han cerrado sus fronteras y juntos las pérdidas ascienden a 1.200 millones de euros en exportaciones. A esto se añade el protocolo internacional, que marca que las compras quedan suspendidas durante al menos un año tras una alerta sanitaria como la que vive España. ¿Cómo afecta a Aragón?

En Aragón, el sector del porcino representa más del 40% de la producción final agraria en toda la comunidad. Crea más de 21.000 empleos directos e indirectos y cuenta con un censo de más de 10 millones de cerdos y más de 4.300 explotaciones ganaderas dedicadas a su producción. Estas cifras sitúan a Aragón como la primera región productora de porcino de España.

Por el momento no se han detectado casos en la comunidad, pero el peso del sector en la economía de la región ha activado las alarmas. 

Los jabalíes en el punto de mira: cerca de 3.000 abatidos este puente

Se estima que en Aragón hay entre 90 mil y 150 mil ejemplares de jabalí, dependiendo de la fuente consultada, y la mayor concentración de la especie se encuentra localizada en la provincia de Huesca. El censo es variable y ha ido en aumento debido a cambios sociales; como la despoblación y la disminución del pastoreo, que ha hecho que los montes están menos limpios y sean más propicios para la habitabilidad de especies cinegéticas; o las cosechas cada vez más abundantes, que dan sustento a estas especies, entre ellas, el jabalí. 

Entre las medidas aprobadas por el Gobierno de Aragón para prevenir la entrada de la enfermedad en la Comunidad, el consejero del ramo, Javier Rincón, daba luz verde a la caza intensiva de jabalíes, financiando una subvención de 30 euros por animal abatido y el uso excepcional de visores térmicos. 

Este puente festivo de la Constitución y la Inmaculada en la comunidad ha coincidido con la solicitud del Gobierno de Aragón a los cazadores de intensificar las batidas rutinarias de caza, como medida para luchar contra la peste porcina. En un fin de semana, sábado y domingo, la estimación media de ejemplares abatidos ronda los 2.000, sin embargo, este fin puente el saldo ha ascendido a cerca de 3.000 jabalíes. 

La Federación Aragonesa de Caza (Farcaza), la segunda más numerosa en federados después del fútbol en Aragón, cuenta con 45.000 licencias de caza activas y más de 28.000 cazadores federados en 2025. En este panorama, la federación está colaborando con el Gobierno de Aragón al considerar que la entidad es “una herramienta indispensable en la gestión de una crisis” como lo está siendo la peste porcina africana.

“Entendemos que la sobreabundancia de jabalíes produce accidentes a nivel sanitario, de accidentes de tráfico y daños agrícolas, pero si de repente la especie desaparece, tiene una repercusión negativa en el desarrollo del equilibro natural ambiental”, apunta el Nicolás Urbani, veterinario de Farcaza. Además, apunta a que el impacto negativo de la desaparición total del jabalí se expendería a todo el sector cinegético, a la economía vinculada al mismo, “y a nivel social”.  

El director técnico de la Federación Aragonesa de Caza recuerda sobre el último brote que afectó al país que: “Nos costó más de 30 años conseguir erradicarlo”, por ello argumenta que los cazadores “son clave en esta situación de crisis que todavía no afecta a Aragón” ya que “la única forma de evitar una expansión rápida del virus es bajar las poblaciones de jabalí” ha asegurado públicamente Urbani. 

El SEPRONA investigará en firme la posible fuga de un laboratorio

Mientras en Aragón se pide intensificar la presión cinegética sobre los jabalíes, el Gobierno de España no descarta la posibilidad de que el origen del foco de peste porcina africana de la provincia de Barcelona proceda de una fuga de laboratorio. Lo hace tras recibir el informe del laboratorio de referencia de la Unión Europea, que ha secuenciado el genoma del virus en cuestión, se deduce que “cabe la posibilidad de que el origen del virus no esté en animales o productos de origen animal provenientes de alguno de los países en los que actualmente está presente la infección”.

Por ello, la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura ha iniciado las siguientes actuaciones: “Comunicar al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), de la Guardia Civil, la necesidad de investigar estos hechos, como autoridad competente para la investigación de posibles infracciones o delitos medioambientales”. Y, de otra parte, “iniciar un procedimiento de investigación del origen del virus en el marco del artículo 57.2 del Reglamento (UE) 2016/429, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016”.

En este sentido, Juan José Badiola catedrático de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza que asistía este martes a la reunión del comité de seguimiento de la evolución de la peste porcina africana convocada en Aragón por el ejecutivo, ha dicho que el laboratorio cercano a Collserola, escenario de la presunta fuga, tiene nivel 3 de bioseguridad y que, aunque “es improbable” que esto haya sucedido, reconoce que “habrá que investigarlo”. 

Por otra parte, Juan José Badiola ha recalcado que la peste porcina no es transmisible a la especie humana, solo al cerdo y al jabalí, “nada más”, añadiendo que “se puede consumir carne de cerdo y de jabalí sin ningún problema”.

Más medidas para transportistas, mataderos y propietarios de granjas

Las medidas de bioseguridad para evitar que la peste africana salte a Aragón se han intensificado desde hace una semana. Afectan especialmente a los trabajadores de la cadena: transportistas, trabajadores de mataderos y propietarios de granjas. Desinfectar los vehículos, la ropa y el calzado son las medidas prioritarias que, además deben mantenerse en práctica durante 12 meses después del último contagio detectado. 

Los profesionales del sector del transporte actúan con “normalidad” estos días y aseguran que “no han recibido instrucciones diferentes” ya que todo lo que se transporta pasa de manera rutinaria por controles y laboratorios para comprobar que esté limpio y cumple la normativa. La higienización es “obligatoria” y los camiones pasan por vados de desinfección.

Los mataderos han reforzado el personal de limpieza, en algunos casos han limitado el acceso de los camiones de transporte de animales a las instalaciones, y se han instalado vados de desinfección para la desinfección de los transportes al entrar y al salir del matadero.

Esta intensificación de las medidas de higienización forma parte del plan de acción puesto en marcha por el Gobierno de Aragón que incluye: “campañas de comunicación dirigidas a ciudadanos y visitantes”, “protocolos de actuación ante el hallazgo de animales muertos en la montaña”, “inversión de 100.000 euros en material especializado equipos de protección profesional”, y la “contratación de veterinarios a través de SARGA”, un número todavía indeterminado, que se unirán a “los 4 que trabajan en el Departamento” para asesorar, controlar las medidas de bioseguridad y supervisar las 4.217 explotaciones ganaderas que hay actualmente en Aragón. 

Las organizaciones agrarias piden coordinación

Las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, ARAGA, UPA y UAGA están participando en las reuniones sectoriales con el Gobierno de Aragón para reforzar la bioseguridad y coordinar esfuerzos para adelantarse a un brote de peste porcina africana en Aragón, comunidad que, por el momento no ha registrado ningún caso. 

UAGA-COAG (Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón - COAG) ha reclamado medidas rápidas y control estricto del brote, pidiendo transparencia y cumplimiento de protocolos. UPA Aragón (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos) coinciden en la necesidad de implementar medidas de protección e incluso ponen sobre la mesa la posibilidad de restringir la actividad en las proximidades de las explotaciones, “Aragón lidera la producción de porcino en España con 2.300 millones de euros y la aparición de casos tendría un impacto económico y social brutal”, han sentenciado.

El sector porcino recuerda que una granja porcina estándar en España ha tenido que invertir entre 135.000 y 240.000 euros por explotación en medidas de bioseguridad durante las dos últimas décadas. Entre esas medidas se encuentran: vallado perimetral de bioseguridad, vados sanitarios y arcos de desinfección, vestuarios y duchas para el personal.  

'Criminalización' de una especie para salvar un modelo agroindustrial que no funciona

“Se está poniendo el foco de manera errónea en la fauna silvestre”, apuntan desde Ecologistas en Acción. La organización reconoce que “puede estar justificado el aplicar medidas de control de jabalíes en el foco donde ha aparecido la PPA para evitar que la enfermedad se expanda entre las poblaciones de animales silvestres y llegue a las granjas”, pero sin embargo, denuncia la medida puesta en marcha por el Gobierno de Aragón de intensificar la caza y subvencionarla ya que, por el momento la comunidad no se ha visto afectada y “no es una medida que se deba hacer extensiva a otras zonas de forma preventiva con la excusa de que hay superpoblación”, explican.

Los ecologistas niegan que exista superpoblación de jabalíes, y apuntan a que las poblaciones “se han recuperado de unos niveles anormalmente bajos de hace un siglo”. Una proliferación derivada de la expansión de “su ecosistema preferido, el monte y el matorral”, como también apuntaba el veterinario Nicolás Urbani.

Evitar la suelta y alimentación suplementaria de jabalíes en los cotos de caza, proteger al lobo “ya que es el mejor sistema natural de regulación de las poblaciones de jabalíes, por su depredación directa”, mejorar la gestión de los residuos urbanos y usar vacunas esterilizantes como sistema de la fertilidad en poblaciones como los jabalíes, son algunas de las medidas que proponen desde la organización ecologista para reducir el impacto humano en el medio y recuperar los equilibrios naturales. 

“Se debería poner el foco en la ganadería industrial, que mueve miles de millones de euros, pero es un ejemplo incuestionable de insostenibilidad”, aseguran desde Ecologistas en Acción. Laia Serra, portavoz, ha declarado que la respuesta del gobierno demuestra “la vulnerabilidad que genera la dependencia” de unas empresas que apuestan por maximizar la producción en granjas, a la vez que se muestra sorprendida de que las Administraciones “que no tienen suficiente presupuesto para la conservación de los ecosistemas y espacios protegidos”, sin embargo, “habiliten partidas no previstas cuando hay una crisis en el sector agrario industrial”.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha mantenido ya varias reuniones telemáticas para coordinar, junto a diferentes departamentos del Gobierno regional, y trasladar al sector porcino, el trabajo de prevención, vigilancia y aplicación de medidas de bioseguridad después de la aparición de varios casos de peste porcina africana en jabalíes en la provincia de Barcelona.

En una primera reunión participaron responsables de las Delegaciones provinciales del ramo, además de los servicios veterinarios oficiales y representantes de las Consejerías de Desarrollo Sostenible y de Sanidad, respectivamente, para establecer los mecanismos de coordinación entre la propia Administración regional, contando además con el apoyo de expertos en Sanidad Animal del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos (IREC).

Se busca el menor impacto posible en el sector porcino regional

Acto seguido, tuvo lugar el encuentro con el sector porcino y representantes empresariales, a los que se trasladó “el apoyo, la colaboración y la unidad de acción del Gobierno regional” para abordar esta situación y lograr, entre todos, que tenga el menor impacto posible en el sector regional. A este encuentro, dada la implicación de estos colectivos en la gestión de la fauna silvestre, asistieron también veterinarios y representantes del sector cinegético.

Desde el Ejecutivo autonómico, la directora general de Ordenación Agropecuaria, Lydia Benítez, encargada de coordinar estos trabajos, ha señalado que “Castilla-La Mancha cuenta con un sector del porcino muy competente, que hace las cosas muy bien y tenemos que seguir en esta línea”.

Se ha insistido en el mensaje de “prudencia”

en los movimientos de animales y, sobre todo, en la aplicación de las medidas de bioseguridad, limpieza y desinfección para evitar que ningún virus entre dentro de una explotación, incidiendo en particular en “la importancia de aumentar la vigilancia pasiva por parte de todos los sectores implicados”.

También se insiste desde el Ejecutivo autonómico en “pedir prudencia para no dar pasos que afecten negativamente al porcino, dado que tiene gran importancia en el conjunto del sector agroalimentario”. En este sentido, se lanza un mensaje de tranquilidad a los consumidores, dado que la peste porcina africana es una enfermedad que no afecta a las personas ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos.

Por último, la directora general ha agradecido a los expertos del IREC la aportación de todo su conocimiento en esta materia, fundamentado en muchos años de estudio de la fauna cinegética y en concreto de jabalíes, lo que ha permitido elaborar un mapa para conocer dónde se encuentra la mayor población de estos animales. Un reconocimiento que ha extendido a todas las personas, asociaciones e instituciones que han participado en estas reuniones.

La compañía gallega Avícola Tratante, con sede en Pontevedra y que cuenta con el sello 'Galicia Calidade', ha pasado a manos de la empresa Hevo Group.

En un comunicado, Hevo Group, con sede en Guadalajara, ha remarcado que la adquisición de esta empresa gallega con más de cinco décadas de trayectoria en la producción y comercialización de huevos, supone “un paso estratégico” en la expansión del grupo y marca un “año clave”.

Así, Hevo Group cierra un 2025 “decisivo” tras adquirir tres compañías -Granja Legaria, El Granjero y Avícola Tratante-, así como ampliar y modernizar sus instalaciones productivas.

Dos centros en Castilla-La Mancha

Con estas incorporaciones, el grupo refuerza su presencia en todo el territorio nacional con fábricas de pienso, granjas de recría y granjas de puesta en Guadalajara, Cuenca, Tarragona, Navarra, Vizcaya y Pontevedra.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, ha pedido este lunes “prudencia” en referencia al brote de peste porcina detectado en Barcelona. “Nosotros aquí lo que tenemos que hacer es pedir prudencia en la gestión de las explotaciones, sobre todo en ver muy bien cómo se realizan los movimientos de los animales que se llevan a las granjas”, ha comentado.

En este sentido ha trasladado tranquilidad. “Sabemos que lo hacen perfectamente”, ha explicado, pero también ha reclamado “sobre todo aplicar las medidas de bioseguridad, que son las fundamentales para que no entre ningún virus dentro de una explotación”.

Martínez Lizán ha informado de que hoy se ha producido una reunión de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE), “Es el órgano que vigila precisamente la aparición de enfermedades, para ir coordinadas todas las comunidades autónomas junto con el Ministerio”, detallaba.

Se informará al sector para trabajar en prevención en la comunidad

Ha avanzado además que esta misma tarde, en Castilla-La Mancha, representantes de la consejería y de los servicios veterinarios oficiales van a establecer una conexión vía telemática con el sector “para informarles de todo lo que se ha planteado y organizar el desarrollo del trabajo de prevención”, pero también en cuanto a la “vigilancia y aplicación de medidas de bioseguridad”.

“Es lo que podemos hacer, puesto que no hay vacuna, que no hay tratamiento para el control de esta enfermedad y, sobre todo, tenemos que ser muy precavidos a la hora de evitar la dispersión”.

El Govern balear ha reconegut aquest dijous que no pot tramitar els permisos ambientals de l’anomenada ‘macrogranja dels horrors’, situada a Llucmajor (Mallorca), que es va situar en el punt de mira informatiu després que elDiario.es publiqués en primícia les condicions d’insalubritat, brutícia extrema i presumpte maltractament animal que presentava l’interior de les instal·lacions. El conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ha admès que, amb la legislació vigent, les condicions actuals de la granja no permeten efectuar aquesta tramitació.

Així ho ha assenyalat després de ser interpel·lat per Ferran Rosa, diputat del grup ecosobiranista Més per Mallorca, en la compareixença parlamentària que ha oferit el conseller per informar sobre la situació actual de l’explotació avícola. Cal recordar que la granja va acaparar l’atenció mediàtica després que, el passat 26 de maig, aquest periòdic publiqués imatges inèdites de l'interior, gravades per les associacions de protecció mediambiental i animal ARDE i Satya Animal entre els dies 21 i 29 d’abril. En aquell primer reportatge, aquest mitjà va informar que els propietaris de la granja de gallines ponedores havien rebut una sanció de 150.000 euros per part de l’Executiu autonòmic  per no disposar de l’autorització ambiental integrada.

Aquest fet suposa un compliment del que estableix el Reial decret legislatiu 1/2016, que delimita els requisits per regular la contaminació. Enguany, a més, va entrar en vigor el Decret Llei 1/2025, de 17 de gener, que endureix els requisits per a les explotacions avícoles intensives de les Balears. La disposició addicional quarta del text estableix que les noves explotacions avícoles, així com les ampliacions de les ja existents, només es podran autoritzar si respecten unes distàncies mínimes de qualsevol nucli residencial, determinades segons la seva capacitat ramadera. En concret, les granges amb més de 80.000 gallines s’han de situar a més de sis quilòmetres de les zones poblacionals.

En el cas de la granja de Llucmajor, aquesta es troba a aproximadament un quilòmetre dels nuclis urbans de Tolleric i Badia Gran. Si l’explotació supera les 80.000 gallines ponedores, segons la nova normativa, hauria de mantenir una distància “no inferior a 6.000 metres lineals respecte del sòl urbà residencial més proper”. Per tant, si es volgués tramitar qualsevol nova autorització, aquesta s’hauria d’ajustar a les exigències del nou decret llei, requisits que actualment l’explotació no compleix, tal com va informar en el seu moment aquest diari.

L’oposició qüestiona el Govern

El diputat ecologista Ferran Rosa (Més per Mallorca) ha recordat que la Direcció General d’Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental —dependent de la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat— va desestimar la sol·licitud d’autorització ambiental integrada de l’explotació de Llucmajor en una resolució signada el 25 de setembre, fet que, segons ell, posa en evidència les contradiccions de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural per no haver arxivat abans l’expedient.

En aquesta resolució, Paz Andrade, directora general d’Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental, afirma que per autoritzar la tramitació ambiental s’ha de tenir en compte l’entrada en vigor de la nova llei que modifica la llei agrària i que, en la seva disposició addicional quarta, estableix que les explotacions ramaderes que superin les 80.000 gallines ponedores —com era el cas, aleshores, de la granja de Llucmajor— han de mantenir una distància mínima al sòl urbà més proper no inferior a 6.000 metres lineals. Tanmateix, el projecte no compleix aquestes condicions, ja que les urbanitzacions de Tolleric i Badia Gran es troben, aproximadament, a un quilòmetre. “La instal·lació no és autoritzable”, conclou Andrade, d’acord amb la redacció inicial del Decret llei 1/2025, la redacció definitiva del qual ha quedat recollida en la Llei 2/2025.

A la descripció del projecte, recollida a la resolució, s’indica que la granja de Llucmajor té una autorització màxima de 40.000 gallines ponedores. No obstant això, va funcionar amb sis naus amb capacitat per a 135.696 gallines. La sol·licitud de legalització de les instal·lacions va ser desestimada. Això significa que la granja ha estat funcionant durant anys il·legalment.

En les seves conclusions, Paz Andrade sosté que, a més d’arxivar l’expedient de sol·licitud d’autorització ambiental integrada, el promotor (Avícola Son Perot S.A., empresa que explota la marca Avícola Ballester) haurà de reduir la capacitat de la granja a un màxim de 40.000 gallines ponedores i presentar un pla verificable per complir aquest objectiu abans del 31 de desembre de 2025. Aquest document s’haurà de presentar a la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, dirigida per Fernando Fernández (PP). A més, el promotor haurà de tramitar també “les autoritzacions corresponents de què actualment no disposa”, tant pel que fa a la capacitat màxima de l’explotació com al femer de Sa Llapassa. També ha de comptar amb l’autorització APCA (activitats potencialment contaminadores de l’atmosfera) i complir amb la Llei 3/2019, de 31 de gener, d’activitats agràries, així com amb el Reial decret 637/2024, de 27 de juliol, que estableix les normes bàsiques d’ordenació de les granges avícoles.

Rosa s’ha mostrat sorprès que Simonet, conseller del ram, hagi comparegut el 13 de novembre, quan l’“escàndol” es va fer públic el 26 de maig. “No només afecta els veïns de Llucmajor, sinó que va escandalitzar bona part de la població de les Illes Balears”, ha dit. El diputat ha recordat que la resolució que desestimava l’autorització ambiental integrada es va signar el 25 de setembre i es va publicar al BOIB el 9 d’octubre.

“La proposta de desestimació es va fer el 23 de juliol”, ha dit Rosa. Com que no es van presentar al·legacions, des de l’11 d’agost ja s’hauria pogut concloure el procés, ha indicat el diputat ecologista. I va més enllà: “El curiós és que, durant tot aquest període d’elaboració del procediment d’avaluació ambiental integrada, no hagin informat des del minut u que la llei agrària havia canviat i, per tant, era legalment impossible” atorgar aquesta autorització a la instal·lació de Ses Cisternetes, ha puntualitzat Rosa.

En aquest punt, el diputat ecologista ha començat a enumerar tots els canvis normatius que s’han succeït des del gener de 2025. En conseqüència, segons Rosa, aquest expedient s’hauria pogut arxivar ja al gener, i no a l’octubre, com finalment ha ocorregut. A més, ha lamentat que de la resolució adoptada per Paz Andrade, directora general d’Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental, es desprèn que els informes que remetia la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural (concretament a través del Servei de Producció Ramadera) eren “condicionats” en lloc de “desestimatoris”. “No eren informes desestimatoris, com vostè ha dit avui [aquest dijous], sinó condicionats”, ha retret.

Basant-se en aquests arguments, sosté Rosa, els tècnics de la Conselleria d’Agricultura, com a òrgan substantiu en matèria agrària, haurien d’haver-hi “remès un informe d’ofici a la Direcció General d’Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental, explicant que, com a òrgan substantiu, instaven a arxivar aquest expedient perquè no era legalment viable d’acord amb la normativa vigent”.

Rosa ha recordat que aquests informes condicionats del Servei de Producció Ramadera es van emetre els dies 15 d’abril i 27 de maig, respectivament. El diputat ecologista afirma que és especialment significatiu que aquest segon informe s’emetés un dia després que aquest diari revelés, en primícia, la situació de l’interior de la granja, i que s'hi establissin les condicions mitjançant les quals la granja podria tramitar aquesta autorització ambiental integrada, que és obligatòria per al seu funcionament.

Unes condicions que són impossibles, atès que no es compleixen les distàncies mínimes entre l’explotació avícola i els nuclis urbans dels voltants, motiu pel qual la granja hauria de canviar d’ubicació i tramitar nous permisos per poder continuar la seva activitat legalment. Aquesta és una opció. L’altra, per la qual finalment s’ha optat, és reduir la capacitat màxima de les instal·lacions a 40.000 gallines per operar legalment. “Em sap greu, senyor conseller, però crec que ens prenen el pèl”, ha afirmat Rosa. “No van fer res en el moment en què es va aprovar la llei i no ho van fer fins que es va publicar a la premsa”, ha lamentat.

Simonet (PP): “Els nostres informes són desfavorables”

Joan Simonet, que en la seva primera intervenció s’ha limitat a llegir els expedients relacionats amb l’explotació investigada per les seves irregularitats, així com a defensar la gestió de la seva Conselleria, ha respost a Rosa que “crec que la Direcció General d’Harmonització [Urbanística i Avaluació Ambiental] sap perfectament quines lleis s’aproven”. “De totes maneres, quan ens demanen informes (...), tots han estat desfavorables”, ha indicat el conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural.

“No condicionats, desfavorables”, ha insistit Simonet. En els informes d’autorització d’impacte ambiental, ha argumentat el conseller, ens demanen que indiquem “quins són els condicionants que hi hauria per poder superar-la si fos el cas”. Així ha justificat la seva actuació Simonet, que ha afegit que José Luis Mateo (PP), conseller d’Habitatge, Territori i Mobilitat, ja havia argumentat anteriorment que el procediment es va dur a terme així per una qüestió de “doble seguretat jurídica”.

D’altra banda, Marc Pons, portaveu adjunt del PSOE al Parlament balear, ha lamentat que existeixin “llacunes evidents”, segons la seva opinió, pel que fa al procediment que ha dut a terme la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, i que quedaria reflectit en els expedients. Així, Pons ha començat a enumerar el procés iniciat per la Conselleria en diferents informes i expedients en relació amb l’explotació avícola. L’informe i l’expedient sancionador que fan referència a la gestió del femer, així com al seu pla de gestió —signats els dies 12 de desembre de 2023 i 26 de setembre de 2024, respectivament—, indiquen que s’hi podrien haver comès tres infraccions greus i dues de lleus, tal com va informar elDiario.es.

Tanmateix, segons ha recordat Pons, la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural —dependent de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural— va suspendre el 5 de novembre de 2024 un procediment sancionador, així com les mesures cautelars aparellades al mateix, iniciat contra Avícola Son Perot S.A. Tot això malgrat les greus deficiències detectades pels tècnics del mateix Executiu balear. “Qui signa aquesta suspensió de les mesures és el director general d’Agricultura, Ramaderia i Medi Rural, Fernando Fernández”, ha detallat Pons, i ha afegit que ho va fer tot i que la suspensió no anava acompanyada “de cap informe tècnic que avali la suspensió del procediment sancionador”. Així mateix, s’ha qüestionat si no s’hauria produït la comissió d’un presumpte delicte de prevaricació administrativa.

Simonet es defensa: “No és prevaricació”

“No és prevaricació ni de bon tros”, ha resolt Simonet. El conseller del ram ha argumentat que, quan hi ha un procediment obert tant a la Fiscalia com a un jutjat, és la cap dels serveis jurídics de la Conselleria qui prepara una resolució. “No la redacta el director general”, ha aclarit, i ha afegit que es fa d’acord amb la normativa vigent de procediment administratiu, així com amb la llei agrària. “Tranquil·litat total en relació amb aquest tema”. “Se suspenen els procediments sancionadors que després es tornen a activar”, ha conclòs Simonet.

Pel que fa a aquest procediment de l’expedient de suspensió del procediment sancionador, al qual va accedir aquest diari, la Conselleria d’Agricultura va citar el Decret 1/2004, pel qual s’aprova el reglament sancionador de la Comunitat Autònoma de les Balears. Mitjançant l’article 12, sobre la transcendència penal dels fets i la suspensió del procediment, l’administració pública considera que els fets “poden ser constitutius d’il·lícit penal”. Després de les investigacions, creuen que existeixen “elements de judici suficients” per arribar a aquestes conclusions, motiu pel qual la Conselleria d’Agricultura va decidir remetre la documentació a la Fiscalia.

Així mateix, va puntualitzar que el procés penal “no impedeix el manteniment de les mesures cautelars acordades en el procediment administratiu sancionador”. Finalment, el text legal citat per la Conselleria d’Agricultura recordava que, una vegada hi hagi una resolució judicial —de condemna o de sobreseïment—, l’administració competent haurà de “dictar la resolució que correspongui” i notificar-la a les parts interessades.

El Govern balear ha reconocido este jueves que no puede tramitar los permisos ambientales de la conocida como la ‘macrogranja de los horrores’, ubicada en Llucmajor (Mallorca), que se situó en el foco informativo después de que elDiario.es publicara en primicia las condiciones de insalubridad, suciedad extrema y presunto maltrato animal que presentaba el interior de las instalaciones. El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha admitido que, con la legislación vigente, las actuales condiciones de la granja no permiten efectuar esa tramitación.

Así lo ha señalado tras ser interpelado por Ferran Rosa, diputado del grupo ecosoberanista Més per Mallorca, en la comparecencia parlamentaria que ha ofrecido el conseller para informar sobre la situación actual de la explotación avícola. Cabe recordar que la granja acaparó la atención mediática después de que, el pasado 26 de mayo, este periódico publicara imágenes inéditas de su interior, grabadas por las asociaciones de protección medioambiental y animal ARDE y Satya Animal entre los días 21 y 29 de abril. En ese primer reportaje, este medio informó de que los dueños de la granja de gallinas ponedoras habían recibido una sanción de de 150.000 euros por parte del Ejecutivo autonómico por no disponer de la autorización ambiental integrada.

La obligatoriedad de esta autorización se encuentra recogida en el Real Decreto Legislativo 1/2016, que delimita los requisitos a tener en cuenta para regular la contaminación de este tipo de explotaciones. Este año, además, entró en vigor el Decreto Ley 1/2025, de 17 de enero, que endurece los requisitos para las explotaciones avícolas intensivas de Balears. La disposición adicional cuarta del texto establece que las nuevas explotaciones avícolas, así como las ampliaciones de las ya existentes, podrán autorizarse únicamente si respetan unas distancias mínimas de cualquier núcleo residencial, determinadas según su capacidad ganadera. En concreto, las granjas con más de 80.000 gallinas deben situarse a más de seis kilómetros de las zonas poblacionales.

En el caso de la granja de Llucmajor, esta se encuentra a aproximadamente un kilómetro de los núcleos urbanos de Tolleric y Badia Gran. Si la explotación supera las 80.000 gallinas ponedoras, según la nueva normativa, debería mantener una distancia “no inferior a 6.000 metros lineales respecto al suelo urbano residencial más cercano”. Por tanto, si se pretendiera tramitar cualquier nueva autorización, ésta debería ajustarse a las exigencias del nuevo decreto-ley, requisitos que actualmente la explotación no cumple, tal como informó en su día este diario.

La oposición cuestiona al Govern

Durante su intervención, el ecosoberanista Ferran Rosa ha recordado que la Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental —dependiente de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad— desestimó la solicitud de autorización ambiental integrada en la explotación de Llucmajor mediante una resolución firmada el 25 de septiembre, lo que, en su opinión, pone en evidencia las contradicciones de la Conselleria de Agricultura al no haber archivado con anterioridad el expediente.

En dicha resolución, la directora general, Paz Andrade, señala que, para autorizar la tramitación ambiental, se debe tener en cuenta la entrada en vigor de la ley 2/2025 -derivada del decreto ley 1/2025-, principalmente en lo referido al número máximo de gallinas ponedoras —como era el caso, en ese momento, de la granja de Llucmajor— y a la distancia respecto a los núcleos urbanos, condiciones que el proyecto no cumple. “La instalación no es autorizable”, concluye Andrade.

No en vano, la descripción del proyecto, recogida en la resolución, indica que la granja de Llucmajor tiene una autorización máxima de 40.000 gallinas ponedoras, pese a lo cual estuvo funcionando con seis naves con capacidad de hasta 135.696 aves. La solicitud de legalización de las instalaciones, sin embargo, fue desestimada. La resolución de la Dirección General confirma así que la granja ha estado durante varios funcionando de forma ilegal.

Además de archivar la solicitud de autorización ambiental, el documento emplaza al promotor (Avícola Son Perot S.A., la sociedad que explota la marca Avícola Ballester) a reducir la capacidad de la granja a un máximo de 40.000 gallinas ponedoras, además de a presentar, antes del 31 de diciembre de 2025, un plan verificable de cumplimiento de estos objetivos, que la empresa deberá presentar ante la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que dirige Fernando Fernández (PP).

También deberá tramitar “las correspondientes autorizaciones necesarias de las cuales no dispone actualmente”, relativas tanto a la capacidad máxima de la explotación como a su vertedero, el de Sa Llapassa; contar con la autorización APCA (actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera), y cumplir con la Ley 3/2019, de 31 de enero, de actividades agrarias, así como con el Real Decreto 637/2024, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas.

Ferran Rosa (Més per Mallorca): “Nos toman el pelo”

Rosa, en su intervención, se ha mostrado sorprendido de que Simonet haya comparecido el 13 de noviembre, cuando el “escándalo” se hizo público el pasado 26 de mayo. “No solo afecta a los vecinos de Llucmajor, sino que escandalizó a buena parte de la población de las Illes Balears”, ha argumentado. El diputado ecologista ha dado inicio a su intervención haciendo referencia, precisamente, a la resolución que desestimó la autorización ambiental integrada, firmada el 25 de septiembre y publicada el 9 de octubre en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

“La propuesta de desestimación se hizo el 23 de julio”, ha aseverado. Dado que no se presentaron alegaciones, desde el 11 de agosto se podría haber concluido ya el proceso, ha subrayado el ecosoberanista, quien ha ido más allá: “Lo curioso es que, en todo este periodo de la elaboración del procedimiento de evaluación ambiental integrada, no hayan informado desde el minuto uno de que la ley agraria había cambiado y de, por tanto, era legalmente imposible” otorgar dicha autorización.

En este punto, Rosa ha comenzado a enumerar todos los cambios normativos que se han sucedido desde enero de 2025, reprochando al Govern su tardanza en archivar un expediente que “podía haberse cerrado en enero”, en cuanto entró en vigor la nueva ley, y no en octubre, como finalmente ha ocurrido. Además, ha aseverado que de la resolución de la directora general de Armonización Urbanística se desprende que los informes que remitía la Conselleria de Agricultura -concretamente a través del Servicio de Producción Ganadera- eran “condicionados” en lugar de “desestimatorios”. “No eran informes desestimatorios, como usted ha dicho hoy [este jueves], sino condicionados”, ha recriminado.

En base a estos argumentos, sostiene Rosa, los técnicos de la Conselleria deberían haber remitido un informe de oficio a la Dirección General “explicando que, como órgano sustantivo, instaban a archivar este expediente porque no era legalmente viable de acuerdo a la normativa vigente”.

El ecosoberanista ha recordado que esos informes condicionados del Servicio de Producción Ganadera se emitieron los días 15 de abril y 27 de mayo, respectivamente, remarcando el hecho de que ese segundo informe se emitiera un día después de que este diario desvelara, en primicia, la situación del interior de la granja, y que en él se estableciesen las condiciones mediante las cuales la granja podría tramitar esa autorización ambiental integrada, que es obligatoria para su funcionamiento.

Unas condiciones que, dado que no se cumplen las distancias mínimas entre la explotación avícola y los núcleos urbanos de los alrededores, son imposibles. Una de las opciones de las que dispone la granja para poder continuar de forma legal con su actividad pasaría por cambiar de ubicación y tramitar nuevos permisos. Otra de las alternativas, por la que finalmente se ha optado, es reducir la capacidad máxima de las instalaciones a 40.000 gallinas para operar legalmente. “Me sabe mal, señor conseller, pero creo que nos toman el pelo”, ha afirmado Rosa. “No hicieron nada en el momento en que se aprobó la ley y no lo hicieron hasta que se publicó en prensa”, ha lamentado.

Simonet (PP): “Nuestros informes son desfavorables”

Simonet, que en su primera intervención se ha limitado a leer los expedientes relacionados con la explotación investigada por sus irregularidades, así como a defender la gestión de su Conselleria, ha respondido a Rosa: “Creo que la Dirección General de Armonización [Urbanística y Evaluación Ambiental] sabe perfectamente qué leyes se aprueban”. “De todas maneras, cuando nos piden informes (...), todos han sido desfavorables”, ha indicado el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

“No condicionados, desfavorables”, ha insistido Simonet. En los informes de autorización de impacto ambiental, ha argumentado el conseller, “nos piden que digamos cuáles son los condicionantes que debería haber para superarla si fuera el caso”. Así ha justificado su actuación Simonet, quien ha añadido que el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo (PP), ya había argumentado anteriormente que el procedimiento se llevó a cabo de esta forma por una cuestión de “doble seguridad jurídica”.

Por su parte, Marc Pons, portavoz adjunto del PSIB-PSOE en el Parlament balear, ha lamentado que existen “lagunas evidentes”, en su opinión, en cuanto al procedimiento que ha llevado a cabo la Conselleria de Agricultura, y que tendrían su reflejo en los expedientes. El parlamentario socialista ha descrito el proceso iniciado por la Conselleria a través de diferentes informes y expedientes relacionados con la explotación avícola: el informe y expediente sancionador relativos a la gestión del estercolero, así como a su plan de gestión —firmados los días 12 de diciembre de 2023 y 26 de septiembre de 2024, respectivamente—, según los cuales podrían haberse cometido tres infracciones graves y dos leves, como informó elDiario.es.

Sin embargo, ha recordado Pons, la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural suspendió el 5 de noviembre de 2024 un procedimiento sancionador, así como las medidas cautelares aparejadas al mismo, iniciado contra Avícola Son Perot S.A. Todo ello a pesar de las graves deficiencias detectadas por los técnicos del propio Ejecutivo balear. “Quien firma esta suspensión de las medidas es el director general de Agricultura, Ganadería y Medio Rural, Fernando Fernández”, ha detallado el socialista, quien ha añadido que lo hizo pese a que la suspensión no iba acompañada “de ningún informe técnico que avalase la suspensión del procedimiento sancionador”. Asimismo, se ha cuestionado si no se habría incurrido en un presunto delito de prevaricación administrativa.

“No es prevaricación ni mucho menos”, ha zanjado Simonet. El conseller del ramo ha argumentado que, cuando hay un procedimiento abierto tanto en la Fiscalía como en un Juzgado, la jefa de servicios jurídicos de la Conselleria prepara una resolución. “No la redacta el director general”, ha aclarado, añadiendo que se desarrolla en base a la normativa en vigor de procedimiento administrativo así como a la ley agraria. “Tranquilidad total en relación a este tema”, ha espetado: “Se suspenden los procedimientos sancionadores que luego se vuelven a activar”.

El precio del huevo “no debería subir” por la situación que vive en estos momentos el sector de las aves de puesta, que se encuentra en alerta por la gripe aviar, según ha señalado a Agroalimentaria el coordinador de la lonja del huevo de Toledo, Israel Delgado.

Este experto considera que las nuevas medidas que se han tomado por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, encerrando a todas las aves de corral, “vienen a intentar evitar que se produzcan más contagios”, en una comunidad autónoma que cuenta con más de 11 millones de ejemplares.

Unos contagios, dice, por el paso de las aves migratorias por nuestro país y que “se sabe que están contagiadas”. Por eso recalca que la medidas de carácter excepcional “son necesarias” y considera que “si no se producen más casos de influenza aviar, si se mantiene la oferta y la demanda constante, no debería influir en el precio. Lo que se debe evitar a toda costa son esos posibles contagios”.

Unos precios al alza desde 2021

En realidad, el precio del huevo lleva al alza desde 2021, y en estas últimas semanas no ha abandonado esa tendencia. “El precio lleva condicionado desde hace algún tiempo no solo por la gripe aviar, sino también porque la demanda ha crecido en España en los últimos años en España. Está al alza de forma continuada”.

Mientras, “la oferta se viene manteniendo o aumentado ligeramente y satisface esta demanda con cierta holgura según los periodos del año”, reconoce. Ahora, situaciones excepcionales como la actual pueden romper ese equilibrio. “Estamos en un momento en el que los casos de gripe aviar de las últimas semanas han provocado que se tengan que sacrificar casi tres millones de gallinas en España y eso ha influido en la oferta, disminuyéndola sensiblemente. Al final es el mercado, es la ley de oferta y demanda, y si la demanda se mantiene constante o al alza mientras que la oferta está algo retraída es normal que el precio se incremente”, asegura.

En el precio también influye lo que ocurre en los países del entorno. “La demanda de huevo desde 2021 hasta ahora ha experimentado una tendencia alcista y esto ha tenido su reflejo en el precio”, señala, recodando que en el último año la gripe aviar ya tuvo repercusión en EEUU. Ahora Europa se suma a la misma situación. “La incidencia en el conjunto de Europa es muy alta en los últimos meses, más alta que en España”.

No hay problemas de aprovisionamiento, no va a haber desabastecimiento, tampoco hay necesidad de comprar más huevos. Vamos a actuar con responsabilidad y seriedad sabiendo que no va a haber escasez

Y esa situación europea impacta en España porque este es un país excedentario en producción en un 20%, que se destina al mercado exterior. “Eso hace que se haya incrementado el precio del huevo sensiblemente en los últimos dos meses, entre septiembre y octubre. Por ejemplo, en la lonja de los viernes de Toledo el precio se ha incrementado en 50 céntimos la docena y eso se traslada a los supermercados, incrementando su precio entre un 15 y un 20%. A eso hay que sumar los incrementos de los últimos tiempos”.

Según el histórico de la lonja, los huevos de gallinas de jaula, de calidad L, hace dos años cotizaban a 1,97 euros la docena; en 2024, estaban en 2,03 euros; mientras que la reunión de la lonja de la semana pasada fijó los precios para esta categoría en 2,66 euros la docena, hablando siempre de precios en origen.

En este sentido, Israel Delgado ha enviado también un mensaje de tranquilidad, que también se está trasladando desde el sector de las aves de puesta, al consumidor. “No hay problemas de aprovisionamiento, no va a haber desabastecimiento, tampoco hay necesidad de comprar más huevos. Vamos a actuar con responsabilidad y seriedad sabiendo que no va a haber escasez. Llevamos ya dos o tres semanas sin caso de influenza aviar, hay que pasar esta época de más riesgo, que pase un poco la situación excepcional y volver a la normalidad”.

El proyecto para instalar una granja porcina en el término municipal de Las Peñas de Riglos ha desatado una fuerte oposición vecinal en la zona. La instalación se ubicaría en las inmediaciones de Concilio, una pequeña pedanía situada junto a la estación ferroviaria del mismo nombre, en el límite con Murillo de Gállego y a escasa distancia del Monumento Natural de los Mallos de Riglos, uno de los paisajes más icónicos y visitados del Prepirineo aragonés.

La iniciativa ha sido recibida con sorpresa y preocupación entre los vecinos, que aseguran haberse enterado del proyecto el pasado mes de agosto, cuando el Ayuntamiento de Las Peñas de Riglos realizó una consulta urbanística para comprobar si sería posible su instalación. “Se preguntó al Ayuntamiento, se hizo una reunión y nos aclararon que solo era una consulta urbanística, que no había proyecto todavía, pero se dio una respuesta positiva porque según las ordenanzas no había pegas”, explica Jorge González, portavoz de la plataforma 'Riglos sin granja porcina' y vecino de Concilio, donde regenta un alojamiento rural. El proyecto está promovido por la empresa Agrícola Miramonte S.L., que ha asegurado a este diario que se se “ciñen” a la ley y que si reciben la aprobación seguirán adelante.

Lo mismo sostienen desde el Consistorio de Las Peñas de Riglos. Juan Francisco Torralba expone que, por el momento, se está tramitando: “Una vez que se vea si el proyecto cumple los criterios, se elevará a otros organismos como la CHE, el Inaga o Patrimonio” y que el Ayuntamiento no está “ni a favor ni en contra”: “Si cumple los requisitos, los cumple y, si no, se le requerrirían medidas correctoras o se rechazaría”. En cuanto a la oposición vecinal considera que “no todo el mundo está en contra” y que hay “diversidad de opiniones”.

Desde el verano, el malestar vecinal ha ido en aumento. En apenas unas semanas, la plataforma ha reunido firmas y ha organizado reuniones informativas, carteles y charlas en los pueblos afectados. En su manifiesto, los vecinos subrayan que “Riglos y sus famosos Mallos son un Monumento Natural sobre el cauce del río Gállego. Aquí vivimos y trabajamos cientos de personas, y nos visitan miles cada año para caminar, escalar y disfrutar de este paisaje tan espectacular y singular”. Advierten de que la macrogranja “contaminaría un agua de boca ya vulnerable y atentaría contra el medioambiente, la salud del vecindario y la economía turística del territorio”, y alertan de que sus consecuencias serían “tan graves como si se instalara una granja de cerdos en las puertas del Parque Nacional de Ordesa”.

La preocupación tiene también raíces en la experiencia previa. González recuerda que desde 2011 ha habido varios episodios de contaminación del agua potable vinculados a vertidos de purines en la zona. “Los que nos contaminaron el agua son los mismos que ahora solicitan abrir esta instalación”, denuncia. Según explica, las mediciones realizadas por los propios vecinos —y confirmadas por el Seprona— revelan niveles elevados de nitratos en el agua, motivo por el que muchos habitantes de Concilio han dejado de consumir el agua de boca del pueblo. “Nos dijeron que no es apta para el consumo”. Según expone, el origen de esa contaminación sería el abono de los campos cercanos.

El impacto paisajístico y ambiental es otro de los argumentos que esgrimen los opositores. La futura explotación se situaría a apenas un kilómetro del núcleo de Concilio, en la zona de entrada a los Mallos, y cerca del barranco de Concilio, un enclave con abundante fauna y flora. “Es un lugar de una riqueza natural enorme. La contaminación empieza precisamente donde esta empresa tiene los abandonados”, asegura González. Además, añade, las distancias con las viviendas de la zona son “muy escasas y discutibles”. Aunque muchas de las casas están diseminadas y no forman un núcleo formal: “Son unas treinta o cuarenta, y aunque su situación legal es compleja, como personas les va a afectar igual”, apunta.

El temor de los vecinos es que la instalación —por su tamaño y características— degrade un paisaje emblemático y perjudique la principal fuente económica de la zona, basada en el turismo rural, la escalada y las actividades al aire libre. “Concilio es un punto muy icónico, la gente viene a pasear, a escalar, a desconectar. Nos parece un atentado a la sensibilidad de mucha gente. En Aragón ya hay tantísimas granjas y esta zona se había salvado. Estamos asustados”, confiesa el portavoz de la plataforma. “Esto, en lugar de fijar población, la espanta”.

La preocupación se extiende también a las implicaciones entre municipios. Aunque la granja se ubicaría en el término de Las Peñas de Riglos, el impacto afectaría directamente a Concilio, que pertenece a Murillo de Gállego. La plataforma advierte que el terreno donde se proyecta la explotación está aguas arriba del pueblo, lo que incrementa el riesgo de contaminación del acuífero. “Si ponen la granja arriba, el acuífero va hacia abajo”, resume González. Por eso, reclaman que los ayuntamientos de Riglos y Murillo actúen de forma coordinada y extiendan sus ordenanzas de protección del agua y prohibición de uso de purines.

La empresa promotora, Agrícola Miramonte S.L., defiende que el proyecto se ajustará estrictamente a la normativa y que no existe motivo para oponerse mientras se cumpla la ley. “Cada uno es libre de tener su opinión. Mientras nos ciñamos a la ley y a la normativa, es lo que hay. Si se puede hacer, se hará”, señalan sus responsables, que afirman ser personas del territorio que buscan poder vivir y trabajar en el pueblo. Por el momento, el Ayuntamiento de Murillo no ha respondido a los intentos de contacto por parte de este diario.

Mientras tanto, la plataforma continúa recabando apoyos y preparando alegaciones que presentará ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) cuando el expediente llegue a ese organismo. También han mantenido reuniones con la CHE, el Instituto Aragonés del Agua y otras administraciones, a las que piden que analicen con detalle el impacto ambiental y sanitario del proyecto. “Nos parece una catástrofe que en pleno monumento natural se instale una granja porcina. Este paisaje es nuestro mayor valor, y estamos dispuestos a defenderlo”, concluye González.

La gripe aviar ha vuelto a España. Lo cierto es que nunca se había ido, porque las aves silvestres han seguido infectándose, pero desde 2023 no había brotes en aves de corral, lo que mantenía al país oficialmente en un estatus libre de virus. Desde julio, sin embargo, ese frágil equilibrio se ha quebrado con cuatro focos confirmados en explotaciones avícolas de Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha. Desde los pavos en Badajoz hasta las gallinas de recría en Guadalajara. También se ha notificado otro foco en aves cautivas en Euskadi y hay sospechas en otra granja de Huelva, según el último informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La nueva situación suma, además, 31 brotes en fauna silvestre, lo que ha obligado a declarar el nivel 2 de alerta en Andalucía y cerrar temporalmente varios parques de Sevilla por la aparición de aves muertas. Por primera vez, Doñana ha registrado un brote.

El cambió más preocupante es el salto a las aves de corral por dos razones: el enorme daño a los animales –una vez se detectan los contagios hay que sacrificar a todas las aves de la granja y vigilar a 10 kilómetros a la redonda– y el aumento de la probabilidad de que el virus se transmita a mamíferos que ya se produjo en vacas estadounidenses el año pasado, un hecho que todavía no se ha registrado en Europa. En un año y medio ha habido un aumento de 50 a 78 especies de mamíferos afectadas por este virus en el mundo, ha subrayado Elisa Pérez Ramírez, investigadora en el departamento de Enfermedades infecciosas y Salud global del Centro de Investigación en Sanidad Animal CISA-INIA (CSIC) en un encuentro organizado por Science Media Centre España,

Pero, ¿qué ha cambiado para que se detecten nuevos brotes de nuevo? El último foco registrado hasta este verano en aves de corral fue en febrero de 2023. Desde entonces, los contagios entre estos animales se habían mantenido a raya, ni uno localizado, mientras seguían notificándose brotes en aves silvestres: 24 en 2024, 52 en 2023... Las cifras actuales todavía no han alcanzado las de 2022, el año más aciago con 37 núcleos de contagio en explotaciones avícolas españolas, ha recordado Pérez Ramírez, pero hay varios factores que sitúan a España en una especie de “tormenta perfecta”.

“Estamos en la época de migración de retorno de aves que estaban criando en el norte de Europa y que ahora se desplazan hacia la península. Llegan a un sitio con poca agua y, donde hay, se concentran todas. Además, muchas de ellas son jóvenes, han nacido este año, y no han tenido exposición previa al virus. Todo ello crea un caldo de cultivo para la expansión”, explica Ursula Höfle, profesora contratada doctora, miembro del Grupo SaBio del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos IREC. Esto explicaría por qué se están registrando problemas en parques: ante la falta de agua, en estas zonas verdes encuentras láminas a las que acudir al no encontrarla en otros sitios.

Si hay más circulación, también hay más posibilidad de que se expanda a los animales. La transmisión entre aves silvestres y de corral se puede dar por contacto directo o indirecto porque haya “a través del agua o de pienso contaminado, aunque hay que estudiarlo más detalladamente”, desgrana Pérez Ramírez.

Septiembre y octubre son los meses más propensos al ascenso de casos, pero este año han sucedido antes. A eso se suma que “después de dos años y medio tranquilos se ha podido relajar la bioseguridad”. “Se suelen implantar medidas más estrictas en septiembre pero los casos se han producido antes de lo esperado”, advierte la experta que mantiene la cautela porque “aún no se ha visto la secuenciación del virus y falta información”. En todo caso, la previsión es que los casos en aves silvestres sigan extendiéndose en los dos próximos meses “porque empieza la máxima actividad migratoria”.

¿A una mutación de los humanos?

España hace una vigilancia activa del virus en aves como gallinas ponedoras, pavos, patos, codornices o gansos, según el programa de vigilancia del Ministerio de Agricultura de este año, pero no en vacas o cerdos. En estos casos, solo se testa a quienes puedan tener síntomas compatibles, pero ninguno ha sido positivo. Ante una ave sospechosa, en una explotación o en un parque, es importante avisar a los servicios municipales o regionales de medio ambiente y sanidad animal para que se hagan cargo. “No hay que manipular los cadáveres. La población tiene que estar informada”, apunta Inmaculada Casas, directora del grupo de investigación de Virus respiratorios y Gripe del Instituto de Salud Carlos III. También es importante mantener a los animales como perros y gatos alejados de ellas.

El Ministerio tiene el territorio español dividido en zonas según el riesgo. Del 1 al 5, como puede verse en el mapa de abajo:

Para los humanos, el riesgo se circunscribe “a las personas que trabajan con aves enfermas”. “Podemos decir que es una enfermedad ocupacional y afecta a quienes dedican parte de su trabajo a eliminar los cadáveres. El contacto con el polvo en suspensión que puede tener virus es alto aunque las medidas de protección también lo son”, dimensiona Casas, que asegura que para producirse una transmisión entre humanos aún “tiene que cambiar el virus bastante”.

“En 2022, se detectó el virus en muestras de dos trabajadores de una granja infectada que estaban asintomáticos, y posteriormente en 2023 se detectó nuevamente en otro trabajador asintomático. Sin embargo, las investigaciones posteriores, demostraron que se trataban de contaminaciones ambientales”, dice un informe del Ministerio de Sanidad.

“No es una mutación lo que hace que un virus sea infectivo o no para el ser humano. Los virus de la gripe tienen genoma segmentado, no solo segmentos de la proteínas externas sino también de los genes internos tienen que diferenciar si es mamífero o ave y, en el primer caso, adaptar los sistemas de reproducción, cosa que no ha pasado”, abunda la especialista.

La crisis olvidada de la biodiversidad

Miles de millones de aves han sido sacrificadas en los últimos años en todos los continentes, salvo Oceanía, el único libre de enfermedad, recuerda Elisa Pérez Ramírez, aunque el foco casi siempre se pone en la salud humana. “Detectarlo en dos o tres aves implica el sacrificio de todas y eso tiene un impacto económico enorme y también para la diversidad. Nunca un virus había afectado de manera tan masiva a 400 especies de aves con mortalidades violentas también, por ejemplo, en mamíferos marinos en América del Sur. Se habla mucho del ser humano, pero asumimos poco el gran impacto en la naturaleza. Esto no es que pueda pasar, es que ya está pasando”, advierte.

Ursula Höfle va más allá y alerta de “efectos en cascada para los ecosistemas”. “Hay especies como colonias de gaviotas que han desaparecido que actuaban como protectoras de un tipo de patos amenazados. Realmente es muy difícil poner números a este drama. Lo que detectamos en los animales muertos es solo la punta del iceberg, un impacto que tendrá efectos a largo plazo”, asegura.

La localidad conquense de Carboneras de Guadazaón podría tener su quinta macrogranja porcina en marcha. En este caso se trata de una explotación ganadera de 1.995 cabezas de cerdos de cebo que gestionaría la empresa FICAPORC S.L.

Se ubicará en el paraje de 'La Nava', junto a la carretera que conecta las poblaciones de Carboneras de Guadazaón y Pajarón, en una de las zonas con mayor concentración de granjas intensivas de porcino de la provincia, que han ido instalándose de forma progresiva.

Al tratarse de una explotación con menos de 2.000 cabezas, este nuevo proyecto se tramita bajo la fórmula de la 'evaluación ambiental simplificada'. “Es procedimiento mucho más simple, en cuanto a documentación y trámites, que se salda con un simple informe de impacto ambiental”, destaca Toni Jorge, coportavoz de la asociación Pueblos Vivos Cuenca. De lo contrario, se haría una 'Evaluación ambiental ordinaria', que “exige mucha documentación y los periodos se dilatan más en el tiempo. Es algo que solo queda al alcance de empresas muy potentes que se lo pueden permitir”, explica.

Pueblos Vivos Cuenca alerta de que “es práctica habitual que el promotor solicite licencia para una macrogranja que no supera los 2.000 cerdos para evitar la evaluación ambiental ordinaria, que es más exhaustiva y rigurosa, y después solicitar varias ampliaciones fácilmente. De hecho, una de las macrogranjas de Carboneras arrancó en 2014 con 1.992 cabezas y ahora tiene 6.968 plazas de cebo”.

Lo preocupante es que hemos visto granjas de 1.000 cabezas que luego se han convertido en granjas de 4.000, y se está convirtiendo en un procedimiento habitual

Toni Jorge — Coportavoz de Pueblos Vivos Cuenca

“Lo preocupante es que hemos visto granjas de 1.000 cabezas que luego se han convertido en granjas de 4.000, y se está convirtiendo en un procedimiento habitual”, apunta Jorge. Y es que en este caso, según los datos oficiales de la Junta de Castilla-La Mancha, en el término municipal de Carboneras las cuatro macrogranjas porcinas que existen suman ya más de 17.000 cabezas. “Si finalmente se construye esta quinta macrogranja Carboneras de Guadazaón tendría un promedio de 24 cerdos por habitante, ya que cuenta con una población de 787 personas”, explica el coportavoz de Pueblos Vivos Cuenca.

Por ello la organización vecinal exige que “este proyecto se tramite como evaluación ambiental ordinaria, ya que la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha lo permite cuando existen efectos sinérgicos con otras instalaciones, sería el caso ante la alta carga ganadera de la zona, o determinados riesgos ambientales, como sería el caso por la contaminación por nitratos”.

Si finalmente se construye esta quinta macrogranja Carboneras de Guadazaón tendría un promedio de 24 cerdos por habitante, ya que cuenta con una población de 787 personas

Esta nueva macrogranja no forma parte del grupo de 61 proyectos que quedaron pendientes de tramitación durante la moratoria decretada por el Gobierno de Emiliano García-Page para este tipo de instalaciones, según Pueblos Vivos Cuenca.

La citada moratoria terminó el 31 de diciembre de 2024 y, en paralelo, se aprobó un decreto de gestión de estiércoles, que fue muy criticado por organizaciones ecologistas y plataformas vecinales al considerarlo “una farsa”, frente a la afirmación del Gobierno de Castilla-La Mancha que asegura que permitirá controlar el vertido de residuos procedentes de estas granjas.

Y es que, en opinión de las plataformas vecinales y de la Asociación Pueblos Vivos Cuenca, este decreto abre la mano a la proliferación de este tipo de explotaciones industriales gigantes y, de paso, sirve para abastecer a la industria del biogás. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha diseñado un Plan Estratégico de Biometano, para aprovechar los residuos, en particular los purines de los cerdos, que también está siendo muy contestado en el ámbito social.

Se da la circunstancia que la misma empresa, FICAPORC S.L., se encuentra tramitando otra macrogranja en la vecina localidad de Pajarón con una capacidad proyectada de 4.300 cerdos de cebo, según explican Pueblos Vivos Cuenca.

Aguas subterráneas con “altos niveles de nitratos”

Pueblos Vivos Cuenca considera que “el término municipal de Carboneras de Guadazaón tiene una carga excesiva de ganadería industrial, lo cual se está notando en la calidad de sus aguas subterráneas”.

Hay que recordar que hace justo un año, la asociación Pueblos Vivos Cuenca ya denunciaba que en Carboneras de Guadazaón hasta en cuatro fuentes de agua el nivel de nitratos superaba el límite permitido.

La captación original de agua de la localidad, situada en la fuente 'Villar de Cañas', “tuvo que cambiarse debido a la contaminación por nitratos y sustituirse por otra que mezcla pozo entubado y manantial”, según aparece en el Sistema Nacional de Aguas de Consumo (SINAC-Ministerio de Sanidad) y explica la asociación Pueblos Vivos Cuenca.

Tal y como fija la normativa de la Unión Europea, “el agua no es potable a partir de 50 miligramos de nitratos por litro”, tal y como detalla la asociación vecinal. Las fuentes con altos niveles de nitrato eran: La Malena (67), El Villar (59), Villar de Cañas (71) y la Aguanfría (56), según reflejaban los datos recopilados el 28 de julio de 2024.

Reclaman la declaración de zona vulnerable a nitratos

Desde Pueblos Vivos Cuenca solicitan a la Junta de Castilla-La Mancha la declaración de la zona como “vulnerable a nitratos”. En plena Serranía de Cuenca, y a pesar de la concentración de industrias ganaderas intensivas, no aparece en el nuevo mapa de contaminación por nitratos elaborado por el Gobierno regional.

Según los datos del Registro Ganadero los términos municipales de Carboneras de Guadazaón, Reíllo y Pajarón “suman un censo porcino de más de 28.500 cabezas de cerdo, en un radio de cinco kilómetros. Con las nuevas macrogranjas de Carboneras y Pajarón el censo ascendería a 34.737 cerdos”, explican desde Pueblos Vivos Cuenca.

Además, este proyecto de quinta macrogranja porcina para el municipio conquense supondría un consumo estimado de agua potable al año -durante los 2,4 ciclos anuales de producción- que llegará a los 5,9 millones de litros, según se detalla en la solicitud propuesta por la empresa en el apartado de dotaciones por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (2022-2026). Igualmente, la macrogranja generará casi “4,3 millones de litros de purín” anuales, que según el colectivo vecinal, “son vertidos en fincas de la zona”.

Toni Jorge cree que “es un despropósito” que se aprueben proyectos de este tipo, ubicados en zonas cercanas a reservas naturales. “Hemos presentado bastantes quejas y nunca hemos recibido contestación al respecto. Parece como si fuésemos sus enemigos”, ha lamentado el ecologista al recordar que la comunicación con el Ayuntamiento de Carboneras de Guadazaón ha sido nula.

Este medio ha intentado conocer la opinión del alcalde, Carlos Arteche, quien ha declinado hacer declaraciones.

ASAJA Castilla-La Mancha ha pedido a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que aumente las medidas de apoyo entre los ganaderos y que financie todas las dosis de vacunas necesarias para cubrir la demanda existente para este año, después de que hace una semana el Ministerio del ramo confirmase casos de lengua azul en Toledo y Ciudad Real.

La patronal agraria ha explicado que también se necesitan “más ayudas económicas” para compensar las pérdidas reales que provoca, no sólo por las bajas de animales, sino también por los gastos de tratamientos farmacológicos y de desinsectación necesarios para combatir la enfermedad.

Considera que la situación de la lengua azul en la región es “bastante más compleja de lo que aparenta”, por lo que ha exigido un programa de actuación en las zonas afectadas para ser efectivos, como la posible vacunación obligatoria y la desinsectación antes de que llegue el frío y las primeras heladas.

Los ganaderos, ha recalcado, “se sienten abandonados porque no ven una respuesta clara a la situación que atraviesan”. Además, tal y como trasladó la organización agraria en la última reunión con la Consejería de Agricultura, los ganaderos reclaman una “información más precisa y directa”.

Por este motivo, ha pedido “actuaciones programadas y directrices más detalladas y directas sobre cómo afrontar el virus”, como las medidas de aplicación ante los diferentes serotipos y los medicamentos oportunos, especialmente en las zonas donde se encuentra localizada la enfermedad.

La organización agraria ha recordado que ya se ha constatado la recirculación del virus durante la temporada de actividad vectorial 2025-2026 y los laboratorios regionales de sanidad animal y el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete, laboratorio nacional de referencia para esta enfermedad, han confirmado la presencia de la enfermedad en muchas provincias españolas, entre ellas Toledo y Ciudad Real, con una implicación de los serotipos 1, 3 y 8.

Respecto a la vacuna, ASAJA CLM ha solicitado que se financie íntegramente y se garantice la disponibilidad de todas las dosis necesarias para aplicar en el momento sanitario adecuado, dado que el año pasado no se pudo responder adecuadamente a la alta demanda.

Escasos recursos para investigar

Asimismo, ha lamentado “la escasez de recursos destinados a la investigación”, ya que, además de que todavía no se ha logrado desarrollar una vacuna multiserotipo que facilite las labores para el control de la enfermedad, se están detectando posibles fallos de eficacia en las vacunas, sobre todo, la del serotipo 3. En este sentido, la organización agraria está analizando la situación y planteando medidas para exigir a los laboratorios responsabilidad ante la ineficacia de las vacunas en caso de demostrarse.

Por último, ASAJA CLM ha hecho un llamamiento a los ganaderos para que, ante cualquier sospecha de la enfermedad, se lo comuniquen de inmediato a la Administración pública. También piden que se informe del número de animales muertos u otros efectos como abortos y reportar los posibles casos de falta de eficacia de las vacunas.