El Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco informará directamente a las víctimas acerca de los permisos penitenciarios que se conceden a los reclusos, una medida adoptada ante la constatación de que el sistema de anterior, basado en las comunicación a las asociaciones de damnificados, era “inadecuado” ante la falta de transmisión de avisos a las víctimas, en algunos casos, y “la filtración de aspectos sensibles y protegidos” de algunos expedientes.

Con el objetivo de implementar el nuevo sistema, el Ejecutivo autonómico ha habilitado un número de teléfono y una dirección de correo electrónico para que quien lo desee pueda recibir la información que legalmente le corresponde de forma personalizada y “con todas las garantías de confidencialidad y protección de datos”, según ha informado el propio Gobierno vasco en un comunicado que recoge Europa Press.

La decisión supone un cambio en el criterio aplicable a la notificación de los permisos penitenciarios. A partir de ahora, las comunicaciones se harán atendiendo al derecho de las víctimas a ser informadas directamente por parte del Gobierno vasco, de manera individualizada. Esta modificación busca compatibilizar el derecho de las víctimas a recibir información relevante con una gestión “más eficiente y homogénea” de las comunicaciones, según ha indicado el Departamento de Justicia.

Según ha recordado, hasta este momento se avisaba de estos permisos mediante la comunicación de las resoluciones a las asociaciones de víctimas, con el fin de que estas pudieran hacer llegar a sus asociados con antelación la existencia de resoluciones que les afectaran emocionalmente. Además, ha explicado que se ha comprobado que este método es “inadecuado” por la falta de transmisión de los avisos a las víctimas, en algún caso, y por “la filtración de aspectos sensibles y protegidos de los expedientes” en otros casos. La modificación no implica alteración alguna de los derechos reconocidos a las víctimas, que continuarán siendo informadas en aquellos supuestos legalmente previstos, y siempre que ellas lo deseen.

Asimismo, se mantiene el compromiso institucional de protección, atención y acompañamiento a las víctimas durante todo el proceso. A partir de este momento, cualquier víctima que desee ser informada de los permisos penitenciarios en los casos previstos por la ley, puede solicitarlo directamente al Gobierno vasco a través de los canales habilitados para ello: el teléfono 945 01 66 28 y el correo electrónico atencionvictimas@euskadi.eus. La Dirección de Atención a Víctimas le atenderá de forma personalizada, resolverá sus dudas y le facilitará la información que legalmente le corresponda recibir, “siempre con las debidas garantías de confidencialidad y protección de sus datos”, se informa.

“Intento de obstaculizar”

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado que el Gobierno vasco “cierra el acceso a la información penitenciaria a las asociaciones de víctimas para obstaculizar la fiscalización de su política con los presos de ETA”. En un comunicado, la presidenta, Consuelo Ordóñez, ha criticado la decisión del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco de “dejar de comunicar las resoluciones penitenciarias relativas a los presos de ETA a las asociaciones de víctimas”. Para el colectivo, esta medida constituye “un ataque frontal a nuestro derecho de conocer y denunciar decisiones que afectan directamente al derecho a la justicia de las víctimas del terrorismo”, además, de “un intento de obstaculizar nuestra legítima denuncia pública de la política penitenciaria que está llevando a cabo ese Ejecutivo autonómico”.

Ordóñez ha criticado que el Gobierno vasco “utilice su obligación de informar directamente a las víctimas (Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito) como excusa para dejar de informar también a las asociaciones que las representan”. “Que informen directamente a las víctimas afectadas por sus resoluciones es lo que deben hacer”, ha subrayado. La presidenta de Covite ha incidido en que “esa obligación no exige cerrar el canal de información con las asociaciones que ellas han elegido libremente para que las representen, les informen y defiendan sus derechos”. “Ambos canales son compatibles y complementarios”, ha opinado.

A juicio de Covite, resulta “especialmente grave que el Departamento justifique su decisión atribuyendo a las asociaciones falta de transmisión de información y filtración de aspectos protegidos de los expedientes, sin identificar en su nota los hechos concretos ni las entidades a las que se refiere”.

Según Ordóñez, “no pueden lanzar sospechas sobre el conjunto de las asociaciones y utilizarlas para imponer un cierre general de información”. “Si tienen alguna acusación que formular, que la concreten y la acrediten”, ha afirmado, para subrayar a continuación que, “lo que resulta inaceptable es desacreditar públicamente a quienes defendemos a las víctimas para justificar una decisión que dificulta nuestro trabajo”. Ordóñez ha señalado que el Gobierno vasco “culpa” a Covite “de que algunas víctimas no hayan recibido información, cuando es su obligación garantizar que la reciban” y cuando, además, algunas “víctimas, también las que no están asociadas, se están enterando de sus decisiones penitenciarias gracias a nuestras denuncias públicas”.

“Es una contradicción absoluta: nos acusan de no informar y al mismo tiempo nos cierran el acceso a la información que nos permite hacerlo”, ha aseverado. Para Ordóñez, la medida adoptada por el Ejecutivo Vasco supone “una represalia contra la denuncia pública de los terceros grados y de las aplicaciones del artículo 100.2 a presos de ETA que no han mostrado un arrepentimiento real y público”. Por otro lado, ha censurado que ha conocido esta decisión “por los medios de comunicación, sin que el Gobierno vasco se la haya comunicado directamente”. Finalmente, ha incidido en que la medida supone “un maltrato institucional a las víctimas y a las asociaciones que libremente han elegido para que las representen” y ha advertido al Gobierno vasco que no va a conseguir silenciarles cerrándoles el acceso a la información.

Desestimado el recurso de un preso

Asimismo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha rechazado el recurso interpuesto por un preso que solicitaba la nulidad de la decisión administrativa de la dirección de Justicia del Gobierno vasco que acordó su traslado del centro penitenciario de Bizkaia (Basauri) al de Álava (Zaballa) para cumplir la pena. Según ha informado el Alto Tribunal vasco, el recluso pidió al TSJPV la anulación del traslado y argumentó, entre otras cuestiones, el “evidente efecto desocializador” que conllevaba su traslado a la prisión alavesa, ya que su núcleo familiar estrecho tenía que trasladarse para poder visitarle, “implicando un gravamen económico de muy difícil asunción”.

Por otro lado, el Departamento de Justicia defendió la legalidad del acto impugnado y la desestimación del recurso alegando que la decisión estuvo debidamente motivada, que el ingreso inicial en el centro penitenciario de Bizkaia tenía “carácter provisional hasta la designación del centro de cumplimiento”, y que la capacidad de las instalaciones de la prisión vizcaína “determina que no pueda ser el centro de destino con todos los internos que lo solicitan” o que “mantengan vinculaciones con el entorno de Bizkaia”. El TSJPV ha rechazado finalmente las alegaciones del recurrente y ha recordado, en su resolución, que “no existe un derecho de los penados a elegir a su conveniencia un centro de cumplimiento”.

El tribunal ha añadido que, en este caso, la decisión de la dirección de Justicia que acordó su traslado se adoptó sobre la base del expediente de la junta de tratamiento del centro penitenciario vizcaíno. “En la medida que la propia decisión aquí impugnada se apoya en la previa decisión de la junta de tratamiento no cabe pues entender que se trate de una mera decisión arbitraria o carente de toda justificación”, afirma la sentencia.

El TSJPV también indica que las razones aducidas por el preso para cumplir la pena en la prisión vizcaína “se muestran un tanto endebles dada la cercanía entre ambos centros, lo que ”no constituye obstáculo de entidad ni para su posterior resocialización ni tampoco“ para mantener el contacto con sus familiares. Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

El catedrático de Ciencia Política y Estudios de Seguridad en la Universidad Rey Juan Carlos, Fernando Reinares, ha sido propuesto para ser el director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, en Vitoria, tras la jubilación del actual, el periodista Florencio Domínguez, según ha contado 'El Correo' y ha confirmado este periódico.

Este martes se ha reunido en Madrid la comisión ejecutiva del patronato del Memorial, recoge la Agencia Efe, donde se ha propuesto este nombre, que deberá ser ratificado en la reunión del patronato —que preside el presidente del Gobierno— del próximo día 13.

Reinares es un académico experto en terrorismo internacional, sobre todo yihadista, sobre el que ha escrito varios ensayos, aunque también escribió un libro, 'Patriotas de la muerte', sobre las motivaciones de los jóvenes para ingresar en ETA. Desde 2004, cuando ocurrieron los atentados yihadistas en Madrid, a 2006 fue asesor para asuntos de política antiterrorista del ministro del Interior José Antonio Alonso, en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y fue el primer presidente del Grupo de Expertos en Radicalización Violenta de la Comisión Europea (2007-2009).

Domínguez, periodista e investigador, asumió la dirección del Memorial en 2015, más de cinco años de la inauguración.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, la socialista María Jesús San José, ha presidido este miércoles un acto celebrado en Vitoria en el que se ha hecho entrega a familiares de víctimas del terrorismo de unos cuadernos de memoria que recuperan su historia. Son veinte dosieres con información sobre personas asesinadas entre los años 1985 y 1989 por la banda terrorista ETA y dos más de víctimas de Iraultza de ese mismo periodo. En todos estos casos, no ha habido un esclarecimiento total de los hechos, bien sea porque no se han llegado a identificar los autores materiales o porque los sumarios han sido expurgados, entre otros supuestos. “Una víctima no puede quedar reducida a una fecha, a un expediente o a las circunstancias de su muerte. Antes que víctimas fueron personas”, ha incidido la consejera. Desde 2021 y con estos últimos, son ya 225 los cuadernos entregados a familiares.

Se les han puesto nombre y apellidos a las veintidós vícitimas, y algunas de ellas se han podido acompañar de fotografía. Son Jesús Ildefonso García Vadillo, Moisés Cosme Herrero Luengo, Eugenio Recio García, Juan Merino Antúnez, Antonio Jesús Trujillo Comino, Fernando Amor Calvo, José Expósito Afán, Alejandro Sáenz Sánchez, Manuel Fuentes Pedreira, José Miguel Moros Peña, Adrián González Revilla, Ignacio Mateu Istúriz, Julio César Sánchez Rodríguez, María Luisa Sánchez Ortega, Vicente Montoya Salazar, Pedro Ballesteros Rodríguez, José Luis Barrios Capetillo, Cristóbal Díaz García, José Calvo de la Hoz, Juan Bautista Castellanos Martín, Luis Reina Mesonero e Ignacio Bañuelos Lasso.

Según se indica desde el departamento, los cuadernos, confeccionados en colaboración con la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), recogen la historia personal de cada víctima, con el contexto del asesinato, la situación judicial y material gráfico. La consejera firma, además, un mensaje institucional en el que transmite el reconocimiento oficial del Gobierno vasco. “El silencio también tiene consecuencias. Cuando una historia queda fuera del relato colectivo, cuando un asesinato acaba reducido a un expediente o a una noticia del pasado, ese silencio puede convertirse en una nueva forma de sufrimiento”, ha subrayado San José, para recalcar la importancia de preservar la memoria de las víctimas.

Los familiares de tres de estos asesinados han participado en el acto de este miércoles, celebrado en el museo Artium de la capital alavesa. Celso Recio es hijo de un cabo de la Guardia Civil asesinado en Santurtzi. El padre de Nerea Barrios, dueño de un restaurante, también fue asesinado en esa localidad vizcaína. El padre de Cristóbal Díaz, policía nacional, fue asesinado en Bilbao. Han relatado sus memorias, han hablado del recuerdo que les queda de sus padres y han coincidido en que las víctimas cuyos casos no se han resuelto son “de segunda”. Han convenido también en la necesidad de preservar la memoria histórica y en transmitir a las nuevas generaciones lo que fueron los años del terrorismo para que situaciones como aquellas no vuelvan a suceder. “La mayor derrota que puede tener una víctima del terrorismo es el olvido”, ha sostenido Barrios.

“No solo lo mataron, sino que querían quitar lo bueno de él”

Hija de un hombre conocido en el pueblo, con un negocio muy frecuentado, Barrios recuerda que, además del asesinato, lo que le hizo mucho daño fue que se intentase tejer una historia falsa sobre su padre después de muerto. “Se intentó vender una idea de que era una persona que tenía que ver con el narcotráfico, con la trata de blancas, que era confidente de la Policía. No sé ni cuántas cosas se pudieron decir en pasquines para amedrentar a la gente y que nadie fuera a la manifestación”, ha recordado. Ella encabezaba la protesta y rememora que había quienes les retiraban la mirada después de que se hubiesen difundido aquellos infundios. “No solo lo mataron, sino que querían quitar lo bueno de él”, ha lamentado.

Mientras se manifestaba, la familia de Barrios fue recorriendo el pueblo. La Casa del Pueblo socialista, recuerda, estaba de luto y el 'batzoki' también se había sumido en el silencio. “Cuando pasamos por la 'herriko taberna', sacaron los bafles a la calle, pusieron la música a tope y se pusieron a bailar como posesos. Han pasado 37 años y todavía recuerdo la canción: 'Mándalos, mándalos, mándalos a la mierda, que se piquen, que se piquen ellos y sus amigos los maderos como si estuvieran en las 'txosnas' de Bilbao'”, ha relatado. En esa misma línea, Díaz, hijo de policía, ha contado que, mientras se velaba a su padre en el tanatorio, fuera se oía la algarabía de personas que celebraban el asesinato de otro agente de la Policía Nacional.

Los tres casos se cerraron pronto, sin resolver, sin encontrar a los autores materiales de los asesinatos. Esa circunstancia, han coincidido los tres hijos, los relegó a una categoría inferior entre las víctimas, de segunda. No solo han accedido a compensaciones económicas muy inferiores a las del resto, se han quejado, sino que también han tenido muchas menos oportunidades de relatar su caso y homenajear a sus progenitores.

En cualquier caso, han incidido en la “calidad humana” de la que están dotadas las víctimas del terrorismo, a las que Díaz ha calificado de “abanderadas de la paz”. “La memoria histórica debería ser obligatoria”, ha exigido Barrios. Díaz ha pedido que se siga escuchando a las víctimas y que se les dé la posibilidad de que cuenten su historia. “A través de ese testimonio y ese ejemplo de las víctimas del terrorismo se construye una sociedad mucho mejor. Que las generaciones venideras sepan lo que ha costado tener esta paz que hoy disfrutamos y que la sepan valorar”, ha apostillado.

Al acto han acudido varias autoridades, incluidos la alcaldesa de Vitoria, la socialista Maider Etxebarria; la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia; el director de Gogora, el Instituto de la Memoria vasco, Alberto Alonso, y Florencio Domínguez, director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo.

Dos días después de que Pello Salaburu (Arizkun, 1951) fuera nombrado director de la Universidad del País Vasco (EHU), dos hombres con corbata entraron en su despacho y le mostraron en una cinta de vídeo VHS con medidas de seguridad que tendría que tomar a partir de aquel momento para evitar, en la medida de lo posible, un atentado bomba. “Cada semana vivíamos una escena de violencia distinta, algunas eran más fuertes que otras, pero no había escenas débiles. Una de las menos fuertes puede ser la de la pintada que me hicieron en la biblioteca y que nadie fue capaz de borrar. Tuve que ir yo a Leroy Merlín y comprar un bote de pintura blanca. Yo mismo me puse a pintar la pared hasta que me vieron los guardas de seguridad y me preguntaron qué estaba haciendo. La violencia presente en la sociedad se trasladaba a la universidad”, explica el que fuera rector de la EHU entre los años 1996 y 2000 durante el Curso de Verano 'La violencia contra la Universidad'.

Según recuerda Salaburu, en su época como rector “muchos sectores de la Universidad” pasaron miedo por la violencia de ETA y, como lamenta, “la Universidad no fue capaz de enarbolar la bandera de la decencia”. “Para enarbolar la bandera de la decencia hay que denunciar ciertas cosas. La Universidad es el sitio donde se piensa, no el sitio donde se tira la bala. Se responde con argumentos y eso la Universidad no lo cumplió, muy poca gente se atrevió a hablar con claridad”, reconoce.

Para quien fuera rectora de la Universidad pública vasca entre los años 2021 y 2025, Eva Ferreira (Barakaldo, 1963), el miedo se mostraba en las aulas a través de la autocensura. “Miguel Ángel Blanco era estudiante de Sarriko. Cuando llegué a la facultad el día que lo secuestraron me sorprendió el silencio. Cuando pregunté por qué nadie había hecho ni dicho nada me dijeron que era concejal del PP. Pusimos etiquetas para excusarnos y para no hacer nada. Miedo, autocensura, estigmatización, lo que queramos definir. También se estigmatizaba a los alumnos que llevaban escolta y muchos de ellos pasaban la mayor parte del tiempo solos. A veces porque el resto de los alumnos tenían miedo de que algo les pasara a ellos y otras porque no querían que se les viera con ellos”, detalla.

En su caso, al igual que Salaburu, también reconoce que la Universidad no estuvo a la altura en cuanto a condena del terrorismo se refiere. “Es verdad que había muchas universitarias y universitarios que estaban o estábamos frontalmente rechazando de la manera pública y privada que se podía la violencia y los actos terroristas, pero también es cierto que institucionalmente hicimos una especie de cordón enfermizo para no hablar de cuestiones políticas en las juntas. Hicimos un relato de que lo que estaba ocurriendo no era un asunto académico, sino político. La equidistancia y las excusas no estuvieron bien”, señala Ferreira, quien fuera miembro de Gesto Por la Paz.

El actual rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, recuerda que en un Curso de Verano en el año 1990 sobre nacionalismos emergentes públicamente dijo que ETA tenía que seguir el ejemplo de Terra Lliure, dejar las armas y abandonar la lucha armada. “Al igual que yo un colectivo de profesores que escribíamos habitualmente condenando todas las vulneraciones de derechos humanos nos hemos pronunciado sobre ello”, confiesa.

A pesar de ello, insiste en que el Curso de Verano está centrado en “la violencia de corte político contra la Universidad” y, por tanto, en su opinión esto abarcaría tanto la violencia de ETA como la respuesta de la violencia por parte del Estado. “Ejerce la violencia quien coloca una bomba lapa como quien tortura o quien decide no investigar las denuncias de tortura. No creo que estemos en un ámbito que paso del negro al blanco. Hay muchas zonas de penumbra y de gris y la Universidad debe mantener siempre el enfoque crítico y metodológicamente riguroso. Las universidades deben ser espacios de libertad y crítica”, en este sentido, el actual rector ha nombrado la violencia de la extrema derecha contra la universidad española en la Transición y la represión franquista en el ámbito académico, para después centrarse en la violencia de ETA.

“Vivimos y padecimos los años de plomo y luego sufrimos la estrategia de amedrentamiento. ETA aplicó la estrategia para silenciar a las personas críticas con ella, tanto en la sociedad como en la Universidad. ETA no consiguió su objetivo y no solo por el hecho de que no contara con las herramientas del Estado en el uso de la fuerza y la Justicia penal, venció la resiliencia democrática de nuestra sociedad. La EHU también fue un espacio de resistencia que contribuyó a deslegitimar la violencia de ETA, las extorsiones, los secuestros, los asesinatos, pero también los abusos y vulneraciones que cometió el Estado en su lucha contra ETA”, destaca Bengoetxea.

Sobre episodios de violencia en la Universidad en la actualidad, décadas después de que la banda terrorista entregara las armas, Ferreira recuerda el episodio que tuvo lugar en 2021 en el que un alumno de 21 años irrumpió a disparos con una escopeta en la Facultad de Ciencia y Tecnología en Bizkaia. “En aquel caso hubo una condena unánime sin ningún tipo de disenso. Fue un ataque contra los bienes públicos, porque no hubo personas heridas, pero hubo miedo. Sin embargo, otros actos no han tenido el mismo grado de condena. Seguimos pensando que dependiendo de quién está detrás del acto es más o menos condenable y a mí me parece que como academia debemos condenar la violencia venga de donde venga”, apunta.

En este sentido, Bengoetxea ha recalcado que, “ETA ya no existe”, aunque en la actualidad se siguen produciendo “actos que ponen en riesgo la convivencia y la seguridad de las personas”. “Botes de humo, pintadas amenazantes contra miembros de la comunidad universitaria o que dañan el patrimonio universitario, actos intimidatorios que vienen ocurriendo desde hace años... Hay quien los considera violencia de baja intensidad, quien los considera endémicos o esporádicos. Lo cierto es que se han producido con todos los rectorados. Los condenamos, nos preocupan y nos ocupan, por eso nuestros nuevos estatutos prevén entre sus principios rectores que la Ley contribuya a la promoción de la convivencia democrática rechazando cualquier tipo de violencia. Del mismo modo, la Acción 4.2 del eje 5 de nuestro Plan Estratégico 2026-2028 pretende asegurar la convivencia universitaria basada en el diálogo, respeto, empatía y cooperación”, concluye el rector.

La 'socialización del sufrimiento' fue una supuesta estrategia puesta en marcha por ETA a mediados de los noventa del siglo XX con el objetivo de “extender el miedo y la amenaza a amplios sectores de la población para conseguir la desmovilización de las organizaciones o personas que condenaban el terrorismo”. “Esta estrategia no solamente se basó en el asesinato (durante este periodo se asesinó a 98 personas) sino también en una fuerte presión y control social, en el fenómeno de la kale borroka y en un despliegue simbólico que reivindicaba para el mundo del nacionalismo vasco radical el espacio público”.

Así lo han explicado este miércoles el doctor en Historia Contemporánea por la EHU José Antonio Pérez Pérez y la licenciada en Historia Contemporánea y doctora en Ciencias Políticas, Sara Hidalgo García de Orellán en el Curso de Verano de la EHU 'ETA y la socialización del sufrimiento. Violencia terrorista multiforme. 1995-2011'.

“Tras la caída de la cúpula de ETA en Bidart (1992) y el paso de la 'Alternativa KAS' a la 'Alternativa Democrática', la organización pasa de una táctica de desgaste a una ampliación de sus objetivos terroristas. En ese momento dejó de atentarse únicamente contra las fuerzas de seguridad o altos cargos para dirigir la violencia, acoso e intimidación hacia concejales y políticos locales, especialmente del PP, PSOE y UPN, pero también del propio PNV en sus inicios con casos como el de Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez o Fernando Buesa; hacia el poder judicial e intelectuales con asesinatos y ataques contra jueces y profesores o pensadores; hacia periodistas y medios de comunicación como directores, columnistas y sedes de periódicos (como el Diario Vasco o El Correo) para condicionar la información y evitar lo que ETA consideraba ”manipulación“, y por último, hacia la Ertzaintza, a través del acoso directo a agentes de la Policía”, ha explicado Pérez Pérez en su intervención.

Según han detallado los expertos, la “idea básica era hacer que el conjunto de la sociedad soportara las consecuencias del conflicto y no únicamente las personas directamente amenazadas por ETA”. Por ello, era necesario “extender la violencia y la intimidación a distintos sectores sociales, provocar miedo e inseguridad generalizados, de manera que la ciudadanía sintiera que nadie estaba al margen del conflicto, generar presión social y política para que el Estado modificara su política antiterrorista, desplazar los costes del conflicto hacia la población, de modo que el sufrimiento y las consecuencias de la violencia fueran compartidos socialmente y, en última instancia, buscaba debilitar la resistencia social frente a ETA y favorecer un clima en el que sus objetivos políticos parecieran tener mayor aceptación”, han indicado.

Entre las consecuencias de esa 'socialización del sufrimiento', han considerado que hubo un “ataque contra el pluralismo político, la extensión del terror, una ruptura y acoso en el espacio público, pero también por otra parte, la reactivación de la movilización social, la pérdida de apoyo del terrorismo de ETA y el fortalecimiento del Estado de Derecho”. “Miles de personas (llegando a casi 1.000 escoltados simultáneos en 2002) fueron obligadas a vivir con escolta privada o policial. Todo ello produjo un choque muy duro en la convivencia social que estuvo a punto de hacer descarrilar a la sociedad vasca hacia un enfrentamiento. Sin embargo, a largo plazo, provocó una reacción social en contra (especialmente a partir del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997), lo que llevó a la pérdida progresiva de apoyos a ETA y al fortalecimiento de los movimientos ciudadanos e instituciones democráticas”, ha concluido Pérez Pérez.

El Curso de Verano en colaboración con el Instituto Vasco de la Memoria (Gogora) cuenta con el objetivo de “conocer la historia del terrorismo de ETA”, así “los mecanismos desplegados para la consecución de sus objetivos” y saber “qué fue la socialización del sufrimiento y la violencia terrorista multiforme que puso en marcha, además de la violencia de persecución y el impacto que tuvo”. Para ello, este jueves analizarán todas estas cuestiones en una segunda sesión en la que el periodista Gorka Landaburu y la diputada del PSE-EE Rafaela Romero narrarán sus experiencias personales.

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El Departamento de Justicia del Gobierno vasco ha vuelto a aplicar el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a la exjefa de ETA María Soledad Iparragirre 'Anboto', que se encuentra en la prisión de Martutene (Gipuzkoa), y a la que ya le había autorizado este mismo año este régimen, pero su aplicación fue rechazada posteriormente por la Audiencia Nacional. Fuentes del departamento han señalado que la Junta de Tratamiento realizó una propuesta de cambio de régimen para la exdirigente de ETA y Justicia ha firmado esa concesión del artículo 100.2.

Las misma fuentes han recordado que la concesión de ese artículo del reglamento penitenciario está condicionado a un plan de ejecución para hacer actividades laborales o de voluntariado. En el caso de 'Anboto' es para realizar actividades de voluntariado, que están controladas y reguladas. La concesión del 100.2 implica salir de prisión de lunes a viernes para desarrollar esas labores y se pernocta en la cárcel, donde también se permanece durante el fin de semana, según recoge Europa Press.

Tras la aprobación esta semana de este cambio de régimen, las mismas fuentes han señalado que está previsto que se haga efectivo en los próximos días, de manera que 'Anboto' podría salir de prisión de lunes a viernes y regresaría cada día a dormir en la cárcel.

En abril de este mismo año, el titular de la Plaza 1 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional (AN), José Luis Castro, rechazó la aplicación del régimen de semilibertad que había autorizado el Gobierno vasco. El Departamento de Justicia del Gobierno vasco había concedido en marzo la aplicación del artículo 100.2 a 'Anboto', lo que suponía que podía salir de prisión de lunes a viernes. El 23 de marzo fue el primer día que abandonó la cárcel de Martutene y el 22 de abril el último que disfrutó de ese nuevo régimen y volvió a prisión tras la decisión judicial.

De esta manera, el magistrado rechazaba la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario y acordaba que permaneciera en segundo grado de tratamiento penitenciario. En su auto, el juez recordaba la gravedad de los delitos por los que fue condenada, como diez asesinatos, tenencia de explosivos, atentados, estragos, incendios, tenencia de armas y delitos contra la Corona que se han acumulado en una pena de 30 años de prisión. Argumentaba también que las fechas de cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena están relativamente próximas, en marzo de 2027, pero añadía que su licenciamiento definitivo no se cumplirá hasta septiembre de 2034.

Tras la concesión de un “nuevo 100.2” a 'Anboto', desde la Asociación de Víctimas del Terroriso (AVT) se ha denunciado esa decisión y ha afirmado, por redes sociales, que “el contador baja a 32 presos en régimen ordinario sin salir de prisión” y que “ya son 123 terceros grados, 28 flexibilizaciones y 62 libertades condicionales”. “Estas son las cifras de la impunidad”, ha criticado.

Jefa militar

Soledad Iparragirre, histórica militante de ETA, vinculada con la banda terrorista desde 1981, con el comando Araba entre 1984 y 1987 y también con el comando Madrid entre 1992 y 1993, quien años más tarde huyó a Francia, fue la encargada, junto con Josu 'Ternera' de leer en 2018 el comunicado del fin de ETA. Nacida en la localidad guipuzcoana de Escoriatza en 1961, se le imputan más de una docena de asesinatos. Llegó a ser la jefa militar de ETA durante una década, y suma una extensa lista de condenas y penas que suman más de 280 años de cárcel.

En el año 2020 fue sentenciada a un total de 122 años de cárcel por dar la orden y suministrar los explosivos para la bomba lapa que mató al comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo. En el 2021 aceptó una pena de 15 años de prisión por haber dado la orden de atentar contra Juan Carlos I con ocasión de su asistencia a la inauguración del Museo Guggenheim en 1997.

El Tribunal de Apelación de París ha absuelto este jueves al exjefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, más conocido como Josu 'Ternera', en el último proceso que tenía pendiente en Francia, lo que abre la perspectiva para su entrega a España.

La presidenta del tribunal se ha limitado a dar el dictamen absolutorio a Josu 'Ternera', que había acudido a la audiencia con sus abogados, después de recordar que la acusación que pesaba sobre él era pertenencia a una organización terrorista por el periodo que iba desde el 20 de diciembre de 2002 hasta mayo de 2005, según recoge Efe.

En este proceso, que se había celebrado en abril, se le ha juzgado por formar parte de ETA desde que huyó de España, cuando era miembro del Parlamento Vasco para escapar de las investigaciones que se estaban llevando a cabo en 2002 para aclarar si había estado implicado en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza de 1987 (fueron asesinadas 11 personas, seis de ellas menores de edad, y hubo 88 heridos).

Los principales elementos de prueba en su contra eran las trazas de ADN y las huellas que dejó de su paso por dos pisos francos de ETA en Lourdes y en Villeneuve sur Lot. Allí vivieron el que era entonces jefe militar, Peio Eskisabel, y su lugarteniente, José Manuel Ugartemendía, que fueron capturados a finales de abril de 2005.

Antes de que se resolviese esta causa, la Justicia francesa ya había dado luz verde a la entrega de 'Ternera' a España. Antes, en abril, la fiscal del Tribunal de Apelación de París, Naïma Rudloff, había defendido que no hay que ver a Urrutikoetxea como “un negociador de paz”, que es como ha querido presentarse durante este juicio de dos días, sino como alguien que, si bien “participó en negociaciones”, estaba “implicado en una organización con la que estaba en total adhesión con su modo de acción”, es decir, “con los atentados”, según recogió entonces Efe.

La resistencia de la sociedad civil frente al terrorismo de ETA desempeñó un papel importante en la derrota de la banda, pero la literatura académica internacional no se ha fijado hasta ahora en aquellas movilizaciones que, junto con otros agentes y factores, lograron que se pasase de un asesinato prácticamente cada tres días a una rendición sin paliativos de los terroristas. Los 'papers' han desdeñado ese aguante frente a un grupo militarizado y organizado, de los más temidos de toda Europa, con más de cuatro décadas de extorsiones, secuestros y asesinatos a sus espaldas. Javier Argómaniz sostiene que la sociedad civil vasca fue “crucial” en la derrota de ETA. Esos ciudadanos, según apunta en un libro publicado por Oxford University Press, sembraron la semilla de la deslegitimación de la violencia, llevaron a cabo una labor pedagógica y aparcaron sus diferencias políticas para unirse con el único propósito común de alcanzar la paz.

Argómaniz se encuentra esta semana en Vitoria. La sala 1.8 del Centro de Investigación Micaela Portilla de Vitoria acoge este martes, a las 10:30 horas, un seminario titulado, como el libro que firma, 'Resisting Terror. Civil action and non-violent resistance to terrorism in Basque Country'. El evento puede seguirse a través de una retransmisión en directo, en este enlace.

“La resistencia civil puede afectar a la evolución de la violencia a través de cuatro mecanismos, que ayudan a largo plazo a debilitar indirectamente a la organización terrorista”, explica Argómaniz, tanto de forma general como en la práctica aplicada al caso de ETA y la respuesta de la sociedad vasca. Esos cuatro resortes son, dice, la deslegitimación de la violencia, el fortalecimiento de la cohesión social, socavar el apoyo a ETA dentro del movimiento político que lo rodea y, finalmente, en la fase final de la evolución de la campaña terrorista, sumar a grupos de la sociedad civil que ayudan en el debate que existe dentro de la propia izquierda abertzale en torno a la transición que puede emprender hacia el uso de métodos no violentos. En esa última categoría incluye iniciativas como Foro Social Permanente y Artesanos por la Paz, que considera que ayudan en dicha fase final a que el proceso arribe a buen puerto.

En su análisis, se retrotrae a los movimientos pacifistas, que actuaron como “emprendedores”, pues trabajaron para “normalizar a la sociedad en una cultura para la paz y los valores democráticos”. “Ahora lo vemos con ojos de 2026 y no suena como una contribución tan importante, pero nos tenemos que poner en ese contexto histórico. Había muy poca tradición democrática en España”, reconoce Argómaniz. No fueron los únicos, pues hubo también intelectuales, periodistas y partidos políticos dedicados a esa labor, pero enfatiza el papel del movimiento cívico y constitucionalista en la “deslegitimación de la violencia”, con una pedagogía dirigida a enseñar lo que significa vivir en una democracia y un Estado de derecho. Argómaniz sostiene que, desde el ámbito académico, se ha prestado poca atención a cómo la sociedad civil puede determinar la trayectoria de una campaña terrorista a través de acciones no violentas. “Es importante que haya un conocimiento del caso vasco, porque tiene lecciones que se pueden extrapolar”, defiende.

Las organizaciones civiles, además, se rodearon de un aura de credibilidad nacida del hecho de que no se guiaban por directrices políticas. Algunas llegaron a tener conexiones con partidos políticos, admite Argómaniz, pero gozaban de autonomía y bregaban en una única dirección: la consecución de la paz. Se unían para hacer ver a ETA que enfrente tenía a una mayoría social contraria al uso de la violencia en la esfera pública. El plantarse frente a los terroristas ya servía para minar la imagen glorificada que algunos tenían de ellos, incluso para disuadir a potenciales miembros de la banda de unirse a ella. Habla Argómaniz de un “cortafuegos” frente al reclutamiento de nuevos militantes.

El asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista, que lo tuvo secuestrado durante tres días, supuso un “parteaguas”. Miles de personas se echaron a las calles a exigir a la banda terrorista su liberación y Argómaniz defiende que sin esas “desbordantes” movilizaciones, no es posible entender la aparición del movimiento cívico. “Esa respuesta social sobrepasa lo que habíamos visto anteriormente. Para intelectuales y activistas, indica que hay un anhelo por una respuesta más vigorosa”, abunda.

La acción cívica contra ETA tampoco estuvo exenta de peligros y amenazas. Quienes se significaban en contra de la banda pasaban a ser objetivos, ya fuera de los terroristas o de las acciones de la 'kale borroka'. Ante esos costes, los “lazos emocionales y afectivos”, como los denomina el autor, fueron de gran relevancia, porque facilitaron la permanencia a través de una sensación de compañerismo y un sentimiento de pertenencia a una causa “más grande que las personas” como era la paz.

Argómaniz, autor del libro que sirve de percha para el simposio de este martes, es profesor titular de la escocesa University of St Andrews y miembro del Handa Centre for the Study of Terrorism and Political Violence (CSTPV). Con una investigación enfocada a las respuestas estatales, no estatales y civiles ante la violencia política, ha publicado artículos en varias revistas académicas y ha codirigido proyectos de ámbito internacional sobre las necesidades de las víctimas del terrorismo y el papel que pueden desempeñar en la prevención de conflictos.

El último libro de Mikel Urretabizkaia (Ordizia, 1953) 'FRANCO-ETA, la extraña pareja' no es un libro de historia, aunque narra pasajes de la historia pasada y reciente de forma pedagógica para entender, entre otras cuestiones, que ETA nació para combatir al franquismo, aunque según reconoce el autor, el 95% de los asesinatos que cometió la banda terrorista se produjeron en democracia. “ETA nació en 1959, aunque sus orígenes se remontan a 1952 como EKIN, en plena dictadura de Franco, pero cometió su primer asesinato mucho después, el 7 de junio de 1968. Hasta la muerte del dictador en noviembre de 1975, provocó el 5% de todos los asesinatos de su macabro historial. Una vez acabada la dictadura, una vez iniciada la Transición, una vez instalada la democracia, se produjeron el 95% de los 853 asesinatos que se le atribuyen y 3 utilizó el terror contra los ciudadanos contrarios a sus postulados. En su propio informe, tras la disolución en 2018, ETA asumió 2.604 acciones armadas, con 758 víctimas mortales”, narra Urretabizkaia, quien abarca desde la utilización del terror hasta la teoría del embrutecimiento del enemigo para explicar dos fenómenos que no existirían el uno sin el otro.

¿Cómo surgió la idea de escribir sobre la relación entre Franco y ETA?

Mira, te voy a decir la verdad: por casualidades de la vida me ha tocado vivir muchas cosas de la Transición muy de cerca. Estudié en la Complutense en los últimos años de la Transición y allí se vivía todo de forma muy intensa. Mi mujer, Rosa, siempre me decía que por qué no le escribía algo a nuestro hijo, que ya tiene 26 años, porque su generación no tiene ni idea de quién era Franco ni de qué pasó realmente. Empecé a darle vueltas y decidí que esas experiencias no podían quedarse en “agua de borrajas”; había que contarlas para quien quiera enterarse. El libro tiene un aspecto pedagógico, yo no soy historiador y esto no es un libro de historia, lo que trato es de divulgar. Mi intención es puramente divulgativa y pedagógica. He intentado que sea una lectura fácil porque hoy en día, si no calas en la gente con algo que se entienda bien, no sirve de nada.

Escribe para su hijo, pero la dedicatoria es para su aitona, su abuelo, un hombre al que describe como “perdedor de la Guerra, ganador de la paz”. ¿Por qué?

Siempre me llamó la atención que él nunca me contó nada. Murió cuando yo era joven y se llevó su historia al silencio, como hizo toda esa generación por puro terror. Él era administrador de la alhóndiga y cuando llegaron los franquistas los echaron a todos a la calle. Mi madre me contaba que, cuando entraron las tropas, mi abuelo se llevó a sus hijas andando por el monte desde Ordizia hasta Albiztur por miedo a los moros de Franco [La Guardia Mora] porque había oído que estaban violando a las mujeres, aunque no llegaron al norte, pero el terror estaba en las cabezas de todos. Ese miedo les cerró la boca para siempre. Después le quitaron el trabajo y se tuvo que buscar la vida de otra manera. De ese tipo de perdedores ha habido una enormidad.

En el libro cuenta que “el franquismo sirvió de catalizador para que la rebeldía juvenil de aquel pequeño grupo inicial, diera el salto a una violencia que fue in crescendo”. ¿ETA nació como respuesta al franquismo?

Por supuesto, y me indigna que hoy haya incluso trabajos universitarios que intenten negarlo. Yo mismo no entré en ETA por un pelo, porque me fui a estudiar a Madrid a la Complutense. En aquella época la represión era constante, a mí me ha llegado a perseguir un guardia civil subfusil en mano por una manifestación. ETA nace contra Franco, otra cosa es que tenga objetivos de todo tipo como el socialismo revolucionario o la independencia y la deriva de terror ciego que tomaron después, que no tuvo ningún sentido, pero nace contra la represión franquista. Tuvieron que dejarlo en el año 2011 sin cumplir ninguno de sus objetivos.

Hubo dirigentes de ETA que nacieron fuera de Euskadi, pero a su vez el español es el enemigo

La mayoría de los asesinatos de ETA, usted habla en el libro de un 95%, se produjeron en la Transición, después de la muerte de Franco. ¿Cómo se explica?

Me he hecho esa reflexión mil veces y no tengo explicación. En el libro que escribí sobre un etarra arrepentido, Lo difícil es perdonarse a uno mismo, una biografía de Iñaki Rekarte se lo pregunté directamente y ni ellos mismos tienen una razón clara más allá de que eran jóvenes y estaban un poco locos. Cuando surge las razones son que hay un pueblo que lucha contra una dictadura insoportable, es la lucha contra el tirano, pero a partir del año 77, con la democracia y el Estatuto de Autonomía, ya no había ninguna razón para seguir con la lucha armada. No consiguieron nada.

Narra que en la República existió la “teoría del embrutecimiento” de los republicanos, a los que los franquistas consideraban como seres casi infrahumanos. Es algo que vemos en todas las guerras, como puede ser también en Gaza y cómo la población palestina es considerada por parte de Israel.

Claro, se considera que se tiene derecho a acabar con el enemigo, porque para ellos no son humanos, son animales. Crean la teoría del enemigo único, en el caso de la República para los franquistas el enemigo eran los rojos. Y para ellos los rojos eran anti-España y todos eran iguales, cuando la realidad es que dentro de los rojos estaba el PNV, que era un partido conservador y católico a ultranza. En el libro hablo de un psiquiatra que estaba convencido de que había un “gen rojo” que portaban las presas comunistas y socialistas a las que consideraba que debían regenerar y eliminar de sus adentros ese gen.

¿Esa teoría del embrutecimiento y del enemigo único pudo ocurrir también con ETA en la Transición? ¿Puede justificar eso que siguieran matando después de Franco?

Es algo parecido, en el sentido de que estas cosas se producen normalmente en la juventud, en la intensidad. Cuando inicia ETA es contra la dictadura y cuando llega la Transición pues contra los españoles, pero en su conjunto, el español es el malo. Si te pones a pensar en ETA hasta en el socialismo revolucionario, que era una base de la banda, aceptaron a los españoles. Había incluso dirigentes de ETA que nacieron fuera de Euskadi, pero a su vez el español es el enemigo y se engloba a todos en esa frase.

Tenemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid cada cierto rato sacando el comodín de ETA para sus intereses políticos y eso es algo que cala en la sociedad

Una frase del libro dice “la serpiente, que se había enroscado subrepticiamente al régimen dictatorial, desaparecía definitivamente tras dejar un rastro trágico que subsistirá en generaciones posteriores”. ¿Ese rastro está desapareciendo con la desmemoria de las nuevas generaciones?

Sí, yo creo que sí. Recientemente, han salido estudios sobre la cantidad de gente joven que dice que Franco hizo cosas buenas y claro que las hizo, pero fueron 40 años de dictadura. Con ETA ocurre lo mismo, lo que pasa es que está más presente porque todavía se celebran juicios contra miembros de ETA. Esto con Franco o los franquistas no pasa porque hubo una Ley de Amnistía y se acabó.

En el libro también toca episodios como el de lo relacionado con la frase “Que te vote Txapote” y escribe sobre la actualidad política. ¿Considera que por parte de partidos como PP o VOX hay una frivolidad o un uso propagandístico de las víctimas de ETA?

Está claro. Eso es Steve Bannon, es Donald Trump. Es marcar claramente el mensaje que tú quieres. No es una broma. En el caso del “Que te vote Txapote” Rubén Múgica, hijo de Fernando Múgica asesinado por Txapote, pide que no se use políticamente la muerte de su padre. Está claro que ahí hay una decisión porque el propio José María Aznar en su momento planteó una negociación con ETA porque decía que era mejor que hicieran una lucha parlamentaria en lugar de que usaran las armas. Dijo que estaban dispuestos a que si dejaban las armas hicieran una lucha parlamentaria. Ahora resulta que lo hacen y se lía. Después Aznar pasó de decir una cosa a decir otra, igual que Isabel Díaz Ayuso, que utiliza esos elementos para hacer el mal, pero no para hacer el mal a EH Bildu o a Sortu, sino para hacer el mal a todo el grupo que puso en el poder a Pedro Sánchez. Todo es ETA, ese es el titular, aunque dentro de EH Bildu haya grupos diferentes y esté por ejemplo Oskar Matute, quien en el Congreso preguntó dónde estaban los del PP cuando mataron a Miguel Ángel Blanco y dijo que él estaba en una vigilia en su apoyo. Se trata de que la verdad no arruine el titular.

En una de sus últimas columnas en este periódico escribía que “hoy resultaría injusto que a un afiliado al PP se le llamara franquista solo por ser del PP. Lo mismo que a un afiliado de Eusko Alkartasuna o de Alternatiba, miembros de EH Bildu, se le llamara etarra”.

Sí, eso también lo digo en el libro. Yo no voy a estar todo el rato diciendo que el Partido Popular es franquista en esencia. ¿De dónde viene? De Alianza Popular, un partido que crearon los siete magníficos que eran franquistas. Pero no solamente eso. Crearon unas asociaciones políticas con base en una legalidad que era franquista, creada en la época de Franco, pero no voy a estar todo el día diciendo que son franquistas. Vamos a construir país, construir futuro y una sociedad progresista y adecuada en la que se pueda vivir. Del mismo modo, ellos deberían aceptar y seguir adelante. Pero tenemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid cada cierto rato sacando el comodín de ETA para sus intereses políticos y eso es algo que cala en la sociedad y en los jóvenes. No estoy hablando de no condenar a ETA, porque fue horrible lo que hizo, pero en el caso de ETA tenemos el Memorial de las Víctimas del Terrorismo, tenemos monumentos, libros, pero en el caso del franquismo eso no se ha hecho.

El Gobierno vasco ha concedido el tercer grado penitenciario al preso de ETA Jon Bienzobas, condenado entre otros atentados por el asesinato del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente en 1996. Las asociaciones de víctimas Covite y AVT han confirmado la concesión del tercer grado a Bienzobas, a quien le queda menos de un año para liquidar sus penas, que suman cientos de años de prisión.

Según ha indicado Covite en un comunicado, el Departamento de Justicia ha concedido a Bienzobas el tercer grado en virtud del artículo 83 del reglamento penitenciario, en atención a su buena conducta en la cárcel, a que dispone de una oferta de trabajo y a que ha escrito una carta en la que expresa sentirse responsable del dolor causado y manifiesta su voluntad de contribuir a una convivencia en paz, según recoge Efe.

Jon Bienzobas Arretxe, 'Karaka', (Bilbao, 1969), quien cumple sus condenas en la prisión alavesa de Zaballa, acumula penas que suman los 266 años de prisión por varios atentados. Entre las penas impuestas figura una condena de 30 años de cárcel por el asesinato a tiros del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, cometido el 14 de febrero de 1996 en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid.

También fue condenado a otros 30 años de prisión por el asesinato de Rafael San Sebastián Flechoso, cometido el 10 de junio de 1990 en Getxo (Bizkaia), donde la víctima recibió varios disparos mientras desayunaba en una cafetería. Bienzobas fue arrestado el 30 de noviembre de 1999 en Pau (Francia), país en el que fue condenado a 18 años de cárcel por el robo de dinamita cometido en Plévin.

Covite ha tachado de “fraudulenta” la concesión de este tercer grado, ya que “lo que debería acreditarse con hechos verificables se está sustituyendo por cartas privadas que nadie tiene que dar por buenas, y menos aún las víctimas”. “Las víctimas no tenemos por qué creernos lo que se diga en esas cartas. No se nos puede exigir un acto de fe. Mientras no haya un arrepentimiento público, claro y avalado por hechos, no tenemos ningún motivo para dar credibilidad a esos escritos redactados con el único fin de obtener la semilibertad”, ha denunciado la presidenta de Covite.

Ha recordado que una sentencia de la Audiencia Nacional de 2023 relativa a Xabier Atristain estableció que estas cartas no tienen validez si no van acompañadas de “signos inequívocos de desvinculación” del terrorismo. Además Covite ha denunciado que el 90 % de los terceros grados concedidos a etarras se están ejecutando en la modalidad del artículo 86, “un régimen más parecido a la semilibertad”, ya que permite permanecer en el exterior de la prisión con una pulsera telemática.

“El Gobierno Vasco nos notifica una cosa, pero luego no nos informa de que en la mayoría de los casos esos terceros grados pasan a ejecutarse a través del artículo 86. Estamos ante un engaño intolerable. Hemos exigido al Gobierno Vasco que nos notifiquen el momento en que se produzca el cambio de modalidad del artículo 83 al artículo 86”, ha denunciado Ordóñez. La presidenta de Covite ha señalado también a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que en muchos caos está otorgando validez a los terceros grados concedidos por el Gobierno Vasco en lugar de recurrirlos.

UPN, partido que denunció la exhibición de imágenes de presos de ETA durante la Korrika, ha asegurado en una nota de prensa que la Audiencia Nacional ha ordenado a la Guardia Civil y a la Policía Nacional investigar si hubo “enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas” en el trascurso de la carrera popular a favor del euskera. Vox también denunció estos hechos.

Según informa el partido regionalista, la denuncia reclamaba a la policía identificar a los portadores de las imágenes de los terroristas de ETA Francisco Ruiz Romero y Alberto Viedma Morillas, asesino del concejal de UPN Tomás Caballero, y de Alberto Viedma Morillas, también condenado por el asesinato de Tomás Caballero, así como por el del subteniente del Ejército de Tierra, Francisco Casanova. Las imágenes se exhibieron durante la celebración de la Korrika a su paso por el barrio de la Txantrea de Pamplona, así como por otras localidades navarras.

La resolución del juez que ordena la investigación se ha llevado a cabo tras el informe favorable del Ministerio Fiscal, según ha apuntado UPN.

Tras conocer la instrucción del juez, la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha reclamado que “se llegue hasta el final” ante unos hechos “que denigran a las víctimas del terrorismo”, haañadidoo. La presidenta de UPN ha pedido así, que “se haga justicia” con las familias de Tomás Caballero y Francisco Casanova.

“No solo tienen que sufrir la pérdida de un ser querido a manos de los terroristas, sino que se ven humilladas nuevamente por la exaltación que se lleva a cabo con el consentimiento de los organizadores de la Korrika”. “Memoria, justicia, dignidad y verdad para todas las víctimas del terrorismo. Todo mi cariño y mi respeto”, ha manifestado.

“Volvemos a exigir a los organizadores una disculpa pública, la adopción de medidas para evitar que este tipo de hechos vuelvan a producirse en el futuro y que las entidades que hayan apoyado económicamente la Korrika pidan la devolución de sus aportaciones”, ha concluido.

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, se reunirá con responsables de Korrika para evaluar su última edición, ha lamentado que se hayan exhibido durante la carrera popular a favor el euskera imágenes “hirientes”, en referencia a las de presos de ETA, y ha pedido decisiones y actitudes que tiendan “puentes” y no que levanten “muros”.

La representante del Ejecutivo vasco se ha referido a la polémica que ha generado la última Korrika, entre otras cosas, por la exhibición de imágenes de reclusos de ETA, la lectura del comunicado final por siete jóvenes supuestamente afines a la izquierda abertzale, denunciada por el presidente del PNV, Aitor Esteban, o la exclusión de CCOO en la carrera popular en la que siempre había participado. La Fundación Fernando Buesa y Covite han pedido este mismo martes a las instituciones públicas la retirada de subvenciones a Korrika, tras constatar que se mostraron 38 imágenes de miembros de ETA en su 24 edicción, “la cesión del testigo en Donostia a tres miembros” de la banda o la lectura de la declaración final por Aitzol Gil San Vicente Plá, hijo del que David Plá, exjefe de la organización terrorista.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, recogida por Europa Press, Bengoetxea ha insistido en que la Korrika “tiene que ser el gran espacio de encuentro” para todas aquellas personas que deciden apoyar al euskera. “El euskera necesita puentes y no muros, necesita actitudes y decisiones que atraigan a más personas a ayudar a nuestra lengua, y no decisiones que las alejen”, ha añadido.

También ha reiterado que para el Gobierno vasco “el uso de determinadas imágenes vinculadas al euskera es hiriente, no solamente para las personas que directamente así lo sienten, sino para toda la sociedad vasca”. “Voy a hacer lo que corresponde a una institución, que es tener una reunión de evaluación con los responsables de la Korrika, como hacemos siempre que se dan iniciativas en las que el Gobierno participa, y me van a permitir que me siente con quienes la organizan y que valoremos cómo ha sido esta edición”, ha concluido.

Por su parte, Vox, al igual que ya hizo en el año 2024, ha presentado una denuncia “contra todos aquellos que resulten autores, partícipes, cooperadores necesarios o cómplices” de un delito de “enaltecimiento del terrorismo” que observa en la Korrika. El partido que lidera Santiago Abascal ha presentado un escrito, que ha adelantado El Correo, ante la sección de instrucción de la Audiencia Nacional por “enaltecimiento y humillación a la dignidad de las víctimas del terrorismo, contemplados en los artículos 578 y 580 bis del Código Penal”.

Entre los hechos a los que Vox hace referencia en su denuncia destacan la participación activa y el protagonismo en el evento de tres miembros de ETA —Balbino Sáenz de la Maza, Mikel San Argimiro y Xabier Atristain—, quienes portaron el testigo oficial de la Korrika y recibieron reconocimiento público por parte de asistentes. Asimismo, se recoge la celebración de estos actos en el Casco Viejo de Donostia, lugar en el que la banda terrorista ETA cometió diversos asesinatos, así como la exhibición en Pamplona de la imagen del terrorista Francisco “Patxi” Ruiz Romero en la camiseta de un menor.

La semana pasada UPN también interpuso una denuncia ante la Audiencia Nacional por un presunto delito de humillación a las víctimas del terrorismo tras la exhibición de imágenes de terroristas de ETA durante la Korrika. “No vamos a tolerar ningún acto que suponga humillación o desprecio a las víctimas del terrorismo. Defenderemos su memoria y dignidad con firmeza y no dejaremos espacio alguno para la impunidad”, sostiene UPN.

Preguntada por esta cuestión, Ane Elordi, coordinadora de la Korrika, indicó lo siguiente a este periódico: “Sobre este tema no hacemos declaraciones, pero es cierto que a todos los portadores del testigo les damos algunas indicaciones, como que tienen que llevar un peto con número. En este caso, es evidente que no han atendido nuestras indicaciones. No está en nuestras manos. Pero es otra forma de alejar el foco”.

La exjefa de ETA María Soledad Iparraguire, 'Anboto', ha salido este martes pasadas las 10:00 horas de la cárcel de Martutene de Donostia en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que le permite abandonar la prisión de lunes a viernes con la obligación de volver a dormir. Iparraguirre ha salido al exterior de la cárcel donostiarra, donde le aguardaba una decena de personas que se han puesto delante de ella para tratar de evitar que su imagen fuera captada por los medios de comunicación.

Ataviada con unas gafas de sol oscuras, una cazadora verde y unos vaqueros, la exdirigente de ETA se ha abrazado con algunas de las personas que se encontraban en el exterior tras lo cual se ha subido a un coche y ha abandonado el lugar. El Gobierno vasco ha concedido a la exdirigente de ETA una flexibilización del segundo grado que permite a los internos salir de prisión de lunes a viernes y volver a la cárcel solo para dormir durante estos días, según recoge Efe.

Para su concesión el recluso debe entregar un “plan de ejecución”, en el que se acredite que va a trabajar o a llevar a cabo labores de voluntariado, con sus horarios correspondientes. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha considerado “escandaloso e injustificable” la concesión de este régimen de semilibertad a una exjefa de ETA que, según denuncia, cuenta con un “historial criminal de extrema gravedad ya que fue condenada a 793 años y 8 meses de prisión y está vinculada a 14 asesinatos”. El mismo régimen de semilibertad en aplicación de dicho artículo fue concedido recientemente, en febrero, al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, 'Txeroki', lo que también provocó las críticas de varias asociaciones de víctimas del terrorismo.

La portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, ha subrayado este martes que la salida de 'Anboto' de prisión entre semana “no supone ni tercer grado ni cumplimiento definitivo de la condena”. “Entendemos que cause dolor, por supuesto”, ha concedido, pero ha insistido en que el Gobierno vasco “no ha adoptado una medida discrecional”, sino que es la aplicación del 100.2.

María Soledad Iparraguirre nació en Eskoriatza (Gipuzkoa) en 1961. En octubre de 2004 fue detenida en Francia junto al jefe del aparato político de ETA, Mikel Albisu, 'Antza', en una casa de Salies-de-Béarn en la que ambos vivían desde hacía años junto a su hijo. En el momento de su detención Iparraguirre era supuestamente la encargada de dirigir el aparato de extorsión de la banda terrorista. En 2018 fue la encargada, junto a Josu Urrutikoetxea, alias 'Ternera', de poner voz al anuncio de la disolución de la banda terrorista.

El 20 de marzo de 2001, hace ahora un cuarto de siglo, la banda terrorista ETA asesinó a Froilán Elespe, concejal del PSE-EE en Lasarte-Oria, donde se desempeñaba como primer teniente de alcalde. Fue el primer concejal socialista que murió a manos de la organización terrorista, aunque antes había habido otros asesinatos, como el del exvicelehendakari Fernando Buesa o el exministro Ernest Lluch, ambos en 2000.

Elespe, que tenía 54 años, militaba tanto en el PSOE como en UGT. Estaba casado y tenía dos hijos. Solía acercarse a un céntrico bar de la localidad. Aquel 20 de marzo de hace 25 años, un terrorista de ETA se le acercó por la espalda a rostro descubierto y le descerrajó dos tiros. Otro terrorista esperaba fuera a su compañero.

Elespe había renunciado a portar escolta. “El día del atentado la Ertzaintza dejó un mensaje en el contestador. Decía que la próxima escolta disponible era para él”, relataba años después Josu Elespe, uno de sus hijos, en una entrevista concedida a 'El Correo'. “Creo que mi aita vivía sin temor, pensaba que ETA no le iba a imponer el miedo. De hecho, el sábado anterior al atentado entramos a un bar a ver un partido de la Real [Sociedad], su gran pasión, y se puso de espaldas a la puerta. No le vi ninguna preocupación”, añadía su hijo.

Apenas un mes antes, el 22 de febrero, ETA había asesinado a José Ángel Santos Laranga y Josu Leonet Azkune, trabajadores de la empresa Elektra. Murieron por el estallido de un coche-bomba cuyo objetivo real era Ignacio Dubreuil, concejal del PSE-EE en Ordizia. Aunque herido grave, Dubreuil sobrevivió. Cuando estaba convaleciente en el hospital, Elespe lo había visitado, tal y como recordaba cinco lustros después en una entrevista con 'El Diario Vasco'. “Había estado viéndome en la habitación del hospital y le dije: 'Ya ves que esto no es broma'. Froilán [Elespe] estaba sin escolta, no le dio tiempo a que se la pusieran”, rememoraba.

ETA había inaugurado unos años atrás la campaña conocida como 'socialización del sufrimiento', que conllevó asesinatos de cargos tanto del PSE-EE como del PP por pensar diferente. Elespe fue la primera víctima mortal de entre los concejales socialistas de esta fase del terrorismo de ETA que se cebó con los vascos no nacionalistas. Como explican Gaizka Fernández Soldevilla y Sara Hidalgo García de Orellán, la campaña de asesinatos que tuvo como primera víctima a Gregorio Ordóñez, del PP, “cercenó el pluralismo y las libertades democráticas”. “ETA y su entorno juvenil se dedicaron a amenazar, hostigar, atemorizar, herir y asesinar a las cabezas visibles de los vascos y navarros no nacionalistas. La banda puso en su punto de mira a las bases y direcciones del PP y otras formaciones conservadoras con implantación regional como UPN y Unidad Alavesa, así como a las del PSOE”, añaden.

Un año y un día después del asesinato de Elespe, ETA asesinó también a Juan Priede, concejal del PSE-EE en Orio. Este mismo sábado, el PSE-EE de Gipuzkoa le ha rendido homenaje. El secretario general de la formación en Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha calificado el asesinato de “ruin y cruel” y ha dicho que se produjo porque Priede “defendía la libertad y los derechos humanos”. Ha denunciado, asimismo, que la derecha y la ultraderecha utilizan la memoria de las víctimas como “instrumento” para atacar a quienes “derrotamos democráticamente a ETA”, según recoge Europa Press.

Un tenso pleno

El mismo día del asesinato de Elespe, por la tarde, se celebró en el salón de plenos del Ayuntamiento de Lasarte-Oria una sesión extraordinaria cargada de tensión. Según recogía entonces un teletipo de Efe, un nutrido público recibió a los concejales de EH —Euskal Herritarrok, por entonces la marca de la izquierda abertzale— con gritos de “asesinos”, “fascistas” y “nazis fuera”. La alcaldesa, la también socialista Ana Urchueguia, leyó un texto consensuado por su partido, el PP y el grupo de Eusko Alkartasuna y PNV. EH, por su parte, se abstuvo. El escaño vacío del asesinado Elespe, mientras hablaba la alcaldesa, lo cubría un ramo de flores.

El texto destacaba el compromiso de Elespe “con las libertades y la democracia desde tiempos del franquismo” y su trayectoria “en favor de la convivencia, la paz, el progreso y el bienestar de sus convecinos”. Dirigía también unas palabras a sus asesinos, a los que les recalcaba “la inutilidad de este nuevo acto de barbarie”. El portavoz de EH intentó leer su propio comunicado, pero se vio interrumpido por gritos de “asesinos”, “sin pistolas no sois nada” y “sois escoria”.

En una entrevista concedida a elDiario.es/Euskadi en 2015, Josu Elespe, uno de los hijos del edil socialista asesinado por ETA, lamentaba que durante años los políticos de PSE-EE y PP no hubieran podido hacer política “con naturalidad”. “Los culpables tienen nombres y apellidos, son personas individuales que decidieron asesinar o que hicieron un discurso legitimador de esa violencia”, aseveraba. “Para mí es muy importante la memoria y el relato de lo que se cuente a las generaciones futuras. Siempre digo que al final yo moriré con esta carga y nuestra generación está marcada por el terrorismo de ETA y moriremos marcados por esa violencia, pero por lo menos que mis hijos, las nuevas generaciones, no crezcan con esa carga. Y sin rencor ni odio, en una sociedad normalizada y sin prejuicios ni odios”, aseguraba.

El hijo de Elespe llegó a tener dos encuentros, en el marco de la 'vía Nanclares', con presos de ETA arrepentidos. “Escuchar a una persona que ha sido capaz de hacer lo que ha hecho, que ha aseinado a seres humanos inocentes, reconocer con sinceridad que su vida como miliatante de ETA ha sido un fracaso y que siente que está en deuda con las víctimas y con este país, oír a una persona con semejante giro te reconforta muchísimo y te da mucha esperanza en el futuro”, decía al respecto.

El 3 de marzo es un día señalado en el calendario de Vitoria desde 1976. Desde el jueves de 1977 en que se conmemoró el primer aniversario del asesinato a manos de la Policía Armada de cinco personas, la fecha ha estado marcada por los actos de homenaje, que han ido acompañados de nuevas protestas y manifestaciones, de cargas de las diferentes Policías, incluida la Ertzaintza en tiempos más modernos, de reconocimientos rodeados de más o menos debate e incluso de asesinatos de la banda terrorista ETA a tiro de piedra del lugar de los hechos.

En los últimos años, además, los anuncios relativos al avance de las negociaciones primero y los trabajos después para la adecuación de la iglesia de San Francisco de Asís como lugar de memoria han copado las noticias de los días que rodean al 3 de marzo.

1977, el primer aniversario

Ya desde febrero de 1977, se tenía constancia de que el primer aniversario de la muerte de los trabajadores en huelga a manos de la Policía Armada iba a propiciar la celebración de manifestaciones y el llamamiento a una huelga general. Así se advertía en una nota remitida al Gobierno Civil. Ya entonces estaban adoptadas “medidas para evitar la alteración del orden público”. El 2 de marzo, en la víspera del aniversario, los servicios de Información del Cuerpo General de Policía remitieron al gobernador civil de la provincia de Álava una nota relativa a la “profusa y variada siembra de propaganda subversiva” que se estaba detectando en los días previos a la efeméride. El objetivo de esta propaganda, se detallaba, era conseguir una huelga general para el día 3. La misiva iba firmada por el comisario jefe provincial y el comisario jefe de la brigada. Adjuntaba, además, un ejemplar de cada una de las propagandas descritas, a saber: una propuesta de huelga general, propaganda comunista y de KAS, la coordinadora abertzale socialista, y fotografías del rostro de las tres personas asesinadas el año anterior que fallecieron el propio día 3: Francisco Aznar, Pedro María Martínez Ocio y Romualdo Barroso. Las otras dos víctimas mortales, José Castillo y Bienvenido Pereda, perecieron en las jornadas siguientes.

El llamamiento a la huelga por el primer aniversario efectuado por la Coordinadora de Comisiones Representativas de Fábricas y Talleres de Álava redoblaba las apelaciones a la “unidad”, pues se sostenía que había que “unificar puntos de vista y esfuerzos”. “Durante estas fechas nos parece oportuno hechar [sic] una mirada hacia atrás para sacar algunas lecciones importantes, pero antes se nos impone nuestro recuerdo a la memoria de los compañeros asesinados, cuyos nombres (Francisco Aznar, Pedro Mª Ocio, Romualdo Barroso, J. Castillo, Pereda) estarán grabados en nuestra memoria con letras de oro”, se puede leer en aquellas líneas. “Para que la sangre de nuestros hermanos trabajadores no halla [sic] sido derramada en vano, nosotros, trabajadores de Vitoria, hemos de seguir luchando por aquello por que ellos murieron: el reconocimiento de las asambleas y Comisiones Representativas, órganos de verdadera representatividad de la clase obrera y el pueblo trabajador”, se alentaba unos párrafos después.

Otro de los documentos adjuntos al informe es el firmado por la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS) de Álava, que exigía, entre otras cosas, “libertades democráticas”, “amnistía total”, “esclarecimiento y responsabilidades del 3 de marzo”, “disolución de cuerpos represivos” y “una sociedad vasca reunificada y sin clases”. “La represión sobre nuestro pueblo no cesa y toma diversas formas, desde la carestía de la vida hasta fusilamientos de la misma forma que hicieron el 3 de Marzo en Zaramaga, pero sí hay un denominador común. Ese denominador común es la masacre, el asesinato que se comete sobre un pueblo que intenta caminar hacia su liberación nacional y de clase; asesinatos que tienen sus víctimas en aquellas clases más interesadas en la revolución y principalmente en la clase obrera”, aseveraba, tanto en castellano como en euskera. Se pedía, además, convertir el 3 de marzo en “símbolo de todos los caídos por la causa del pueblo”.

El 3 de marzo de 1977 amaneció ya con un ambiente cargado de tensión. Según recogen crónicas del día, “centenares” de antidisturbios, de nuevo de la Policía Armada, patrullaban las calles de la ciudad. Las fábricas detuvieron su producción y los trabajadores, “reflejando en sus caras seriedad, preocupación y hasta miedo”, atendieron al llamamiento a la huelga general y se concentraron a las 11:00 horas en torno a la catedral, que iba a acoger el funeral en recuerdo de los fallecidos un año antes.

La homilía que se leyó durante el funeral hablaba de “tan triste suceso, término lamentable de unos meses de profunda tensión socio-laboral” y llamaba a “la oración por los difuntos y al compromiso de esforzarnos más intensamente por lograr una sociedad presidida por la paz, fundada en la verdad, en la justicia y en la auténtica libertad”. La vida de los fallecidos, se pedía también, habría de ser “precio de reconciliación”, la herramienta para percatarse de que la sociedad estaba “enferma”. “Los problemas, las dificultades y las tensiones no se solucionan cuando las personas y los grupos humanos aceptan pasivamente una situación, pero no obstante si el diálogo y el respeto mutuo son ahogados por el insulto y el recíproco desprecio, si el odio y el deseo de revancha se imponen al espíritu de reconciliación, nadie es capaz de preveer [sic] la capacidad de destrucción mutua que podemos alcanzar”, se añadía.

En el discurso, se llamó también a “defender los derechos humanos de todos los ciudadanos” y a “apoyar a los más pobres, débiles y marginados”. En ningún momento, sin embargo, se aludió a la causa de la muerte de los trabajadores en huelga. “Sus muertos fueron el trágico resultado de una lucha en la que todos fuimos responsables, aunque no todos fuéramos responsables en la misma manera y en la misma proporción. Justo es que ahora todos nos sintamos solidarios en una plegaria común”, concluía la homilía.

Durante la jornada, una docena de personas resultaron heridas y fueron detenidas otras siete. Las manifestaciones no contaban con autorización y hubo enfrentamientos con las autoridades, que disolvieron valiéndose de botes de humo algunas de las concentraciones espontáneas. En algunas de las fotografías tomadas aquel día, se ve, difuminados entre el humo, a manifestantes que portan coronas de flores.

Según la información publicada en el 'Norte Exprés' del día siguiente, el 4 de marzo todavía continuaban en dependencias policiales Tomás Echave, trabajador de la fábrica Forjas Alavesas, y uno de los líderes de las Comisiones Representativas, cuyo nombre no se detallaba. El periódico, que hablaba de “360.000 horas perdidas en la jornada de huelga” y de “300.400.000 pesetas perdidas en producción”, redactó un editorial muy crítico con la forma de expresar las reivindicaciones. “Se desnaturalizó el funeral, y, en lugar de limitarse éste a los ritos religiosos, se leyeron escritos que nunca deben ser leídos en la Casa de Dios”, se lamentaba el diario vitoriano. “La democracia no se gana con revueltas y paros, ni la libertad ni la justicia pueden florecer en estos ambientes”, se quejaba.

1978, ETA acribilla a tres policías

El 5 de marzo de 1978, en la calle de los Reyes de Navarra, a tiro de piedra de la iglesia en la que sucedieron los hechos de 1976, ETA acribilló a tiros un vehículo de la Policía Armada en el que se encontraban un cabo y cinco agentes. Según las informaciones que se publicaron al poco tiempo, dos o tres individuos dispararon varias ráfagas, con al menos cinco decenas de disparos. El cabo —el único ileso, según cuenta el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite)— logró salir del coche y pedir ayuda con el teléfono de una cabina. “El chófer, Miguel Raya Aguilar, salió del coche, pero se desplomó muerto junto a la rueda delantera, el agente Joaquín Ramos Gómez falleció poco después y José Vicente del Val del Río resultó gravemente herido y finalmente falleció 25 días después. Otros dos policías, Armando Doval González y Santiago del Canto de los Reyes, lograron sobrevivir a pesar de las heridas”, relata Covite. El coche robado por los terroristas, un Seat 1430 con matrícula M-804230 de Madrid y sustraído en el barrio de Txagorritxu, apareció horas más tarde, abandonado.

Si bien ETA no reivindicó el atentado y en las primeras informaciones publicadas en prensa se deconocía su autoría, más tarde se supo que los asesinatos habían corrido a cargo del 'comando Araba' de ETA militar. “Varios vecinos trataron de socorrer a los otros ocupantes del coche. [...] La escena impactó a los vecinos del barrio. Algunos recordaban los trágicos sucesos ocurridos dos años antes muy cerca del lugar del atentado, a la salida de la iglesia de San Francisco”, se relata en el primer volumen de la 'Historia y memoria del terrorismo en el País Vasco', obra coordinada por José Antonio Pérez Pérez. Los autores de este libro sostienen que, mientras que los cinco obreros muertos a manos de la Policía Armada cuentan con memoriales, “prácticamente nadie es capaz de recordar el asesinato que se produjo apenas a cien metros de allí dos años más tarde, ni por supuesto el nombre de los tres policías que resultaron asesinados”. La imagen que acompaña estas líneas es la de la placa ubicada muy próxima a la iglesia del 3 de marzo.

2005 y 2008, la Medalla de Oro rechazada y luego aceptada

En 2005, el diputado general de Álava, Ramón Rabanera, del PP, concedió la Medalla de Oro de la provincia a las víctimas del 3 de marzo. La asociación Martxoak 3 no aceptó el galardón, pues consideraban la entrega por el PP “una farsa” y se quejaban de que los 'populares' no aceptaban “una revisión de aquellos hechos”. Manuel Fraga, ministro del Interior en 1976, fue luego el fundador de ese partido. Tres años después, ya con Xabier Agirre del PNV de diputado general, la asociación sí aceptó la concesión del reconocimiento.

2006, debate y “terrorismo”

En 2006, cuando se iba a cumplir el trigésimo aniversario de la masacre, hubo debates en las Juntas Generales (el Parlamento foral). El PNV presentó una moción urgente en la que instaba al Gobierno de España a brindar a las víctimas del 3 de marzo la misma consideración que al resto de víctimas amparadas por la ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. “Ni su consideración como víctimas del terrorismo, ni el esclarecimiento de los hechos y la consecuente depuración de responsabilidades se han conseguido materializar en todo este tiempo”, se quejaban los 'jeltzales' en el texto.

Los partidos registraron varias enmiendas. Finalmente, mucho después del aniversario, el 1 de junio de 2006, se aprobó una enmienda transaccional que reconocía “su condición de víctimas del terrorismo” a los cinco fallecidos en la masacre del 3 de marzo de 1976. Ese apunte, sin embargo, no estaba mecanografiado como el resto del texto, sino añadido de puño y letra. Las Juntas Generales, se leía en el escrito, “se solidarizan afectiva y efectivamente una vez más con las víctimas” y “condenan nuevamente los cinco asesinatos y las brutales agresiones cometidas por las Fuerzas del Orden Público en la Iglesia de San Francisco de Vitoria-Gasteiz y sus alrededores”. El documento estaba rubricado por Unidad Alavesa, Izquierda Unida, Eusko Alkartasuna, PSE-EE y PNV, y apoyado igualmente por la marca de entonces de la izquierda abertzale, ANV. Figura también el encabezado para la firma del PP, pero el hueco quedó en blanco. El portavoz 'popular', Santiago Abascal padre, expuso que precisamente ese añadido era el motivo del rechazo.

Cargas en los aniversarios

Algunos años con más intensidad y otros con menos, pero las movilizaciones en homenaje a los cinco obreros asesinados el 3 de marzo de 1976 han sido una constante en cada aniversario desde la masacre. Y muchas de ellas han acabado con cargas de la Ertzaintza. En 2006, por ejemplo, la Ertzaintza exigió retirar unos símbolos que encabezaban la manifestación y detuvo al portavoz de la asociación Martxoak 3, Andoni Txasko, que precisamente había resultado herido tres décadas antes a causa de las cargas de la Policía Armada. Según recoge 'Naiz', una manifestante gritó “Le vais a dejar ciego otra vez” a la Policía vasca, cuyo agente habría respondido “Si ya estaba ciego, no se le puede dejar ciego otra vez”. Txasko y otros manifestantes fueron juzgados dos años después, aunque resultaron absueltos.

En 2024, el 3 de marzo fue domingo. Y hubo nuevamente cargas durante la manifestación anual en memoria de las víctimas. En respuesta al lanzamiento de adoquines, botellas de vidrio y otros objetos contundentes como mesas y sillas de terrazas, la Brigada Móvil de la Ertzaintza respondió con unas cargas que dejaron varios heridos y contusionados, incluidos siete agentes de la Policía autonómica. En la lista, sin embargo, no figuraba un 'askatu' (o agente infiltrado) que también fue golpeado por sus compañeros, según confirmaron entonces fuentes internas.

El 'askatu' portaba una porra extensible de dotación. Es habitual que en este tipo de movilizaciones participen de modo discreto agentes de paisano para informar a las dotaciones uniformadas de posibles movimientos extraños o incidencias. Es menos habitual que esos funcionarios acaben siendo golpeados, ya que existen códigos internos para que sean identificados y para que, además, lo sean con seguridad para no ser descubiertos.

2008, norma foral y reconocimiento de las víctimas

El Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava del 19 de noviembre de 2008 incluía el articulado de una norma foral que reconocía a las víctimas del 3 de marzo. Ocupaba el cargo de diputado general Xabier Agirre, del PNV, que gobernaba con el apoyo de EA y Aralar. Señalaba el texto que “en 1976 no había un régimen democrático” y que el Gobierno de entonces “aplicaba con rigor métodos represivos frente a los movimientos que luchaban por las libertades y frente a las legítimas demandas sociales”. El 3 de marzo de 1976, concretamente, “un legítimo movimiento social reivindicativo de unas mejoras laborales” fue “reprimido de manera injusta y abusiva por el Gobierno produciendo 5 fallecidos y más de 100 heridos”.

Añadía el texto de la norma: “[...] la sociedad es realmente consciente de lo que sucedió y rechaza la versión construida por los responsables de la masacre para eludir sus responsabilidades”. Tildaba lo sucedido de “injustificada masacre ordenada por un Gobierno no democrático frente a unos trabajadores que reivindicaban pacíficamente la mejora de sus condiciones de vida”.

Se reconocía que más de tres décadas después de los hechos, las víctimas no habían recibido aún “ningún tipo de compensación”, todo ello pese a que “la sociedad y las instituciones representativas más cercanas [habían] mostrado su reconocimiento y su solidaridad”. La norma preveía una indemnización de 138.232,78 euros a la familia de cada una de las cinco víctimas mortales. Asimismo, se estipulaban más de 390.000 euros por gran invalidez, más de 96.000 por incapacidad permanente absoluta, más de 48.000 por incapacidad permanente total y más de 36.000 por incapacidad permanente parcial.

2019, estreno de la película

El 1 de mayo de 2019, se estrenó en cines en toda España —después de un preestreno exclusivo en la capital alavesa— la película 'Vitoria, 3 de marzo', dirigida por Víctor Cabaco y con guion de Héctor Amado y Juan Ibarrondo. Formaron parte del elenco actores como Amaia Aberasturi, Ruth Díaz y José Manuel Seda. Meses antes, durante 2018, se rodó el filme en las calles de Vitoria. “Cuando estábamos en Vitoria con la preproducción, todo el mundo te decía 'yo ese día estaba no sé donde', todos recuerdan qué estaban haciendo el 3 de marzo y todos te cuentan el silencio que había ese día en la ciudad”, contaba el director a este periódico.

Durante el rodaje, volvieron a verse por las calles vehículos decorados como si fuesen de la Policía Armada. “Como la peli era de un presupuesto no muy amplio, pedimos voluntarios y en Vitoria cantidad de gente se animó a participar. Pedíamos que viniesen por la mañana o por la tarde para hacer de extras, y la colaboración ha sido espectacular, la gente venía vestida de su casa con sus propias ropas de los 70, ha sido increíble”, añadía Cabaco. La película recibió elogios por la ambientación de las escenas de época, pero no suscitó tan buenas opiniones en lo referente al plano narrativo.

2021: 45.º aniversario, presentación con mascarillas del Memorial

Unos días antes del cuadragésimo quinto aniversario, el Gobierno vasco, la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria firmaron un convenio con el obispo de la Diócesis de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, para activar la cesión del templo, de tal manera que se pudiese poner en marcha un centro memorial. Beatriz Artolazabal, Ramiro González y Gorka Urtaran, equipados con mascarillas por la pandemia de COVID-19 y en representación de las tres instituciones, participaron en la firma.

“Un 3 de marzo de 1976 esta iglesia fue escenario de unos trágicos y luctuosos sucesos. Hoy ponemos la primera piedra para que a partir de ahora sea lugar de memoria y faro para la convivencia”, dijo entonces Artolazabal. Se escudó, además, en que “el derecho a la memoria, a la verdad y al reconocimiento no prescriben”. “Todas las víctimas de la violencia tienen derecho a verdad, reparación y justicia”, defendió, por su parte, el diputado general, que subrayó que las víctimas “muchas veces” se habían sentido “huérfanas de reconocimiento y apoyo institucional”. Aludió, asimismo, al reconocimiento institucional de 2008. El entonces alcalde, Urtaran, redobló las exigencias de “justicia por el asesinato”. “Hoy damos un paso importante para que los cinco trabajadores asesinados en Vitoria-Gasteiz en 1976, que todavía no han recibido el merecido reconocimiento, por fin sean reconocidos como víctimas de abusos policiales, equiparables a víctimas del terrorismo”, expresó.

Un lustro más tarde, ese Memorial no está en marcha. Las obras, de hecho, solamente han empezado a finales de este mes de febrero. El templo lleva tiempo sin culto, pero acogía una exposición permanente de belenes. La recolocación de esos pesebres ha sido objeto de polémica hasta fechas muy recientes. Entretanto, el edificio, de Luis Peña-Ganchegui, ha ido deteriorándose con goteras, caída de las tejas de pizarra, maleza y otros males arquitectónicos.

2023: 47.º aniversario, presentación del documental

El 2 de marzo de 2023, un día antes del aniversario, se presentó el documental 'M-3 Gogoetak-Recuerdos del 3 de marzo', bajo la dirección de Eloy González Gavilán. La primera proyección tuvo lugar en el Vital Fundazioa Kuturunea, en Dendaraba. En el documental, que contó con el impulso de las comisiones de personas usuarias e integrantes del programa 'Activa tu barrio' del Bizan de Zaramaga, se recogen veinticinco testimonios de gente que vivió en primera persona los hechos del 3 de marzo. Se acompañaron las palabras de imágenes cedidas por TVE y también de fotografías recopiladas por el Archivo Municipal de la ciudad y de particulares como Koldo Larrañaga y Luis Ziarrusta.

Por esas fechas, asomó también una sorpresa urbanística, pues se descubrió que el templo de San Francisco de Asís en el que se produjeron las cargas de la Policía Armada nunca fue de la Iglesia. El edificio como tal -“el vuelo”- sí fue sufragado por la Iglesia y era de su propiedad a todos los efectos, pero antes de acometer la cesión para crear el Memorial, se vio que era necesario hacer un “ajuste” urbanístico o “reparcelación”. “Las cosas se hacían como se hacían... Ahora lo que hay que hacer es reordenar. Es un trámite y ya están los técnicos en ello, pero llevará varios meses”, explicaban entonces fuentes consultadas.

Familiares del líder del PSE-EE de Álava y exvicelehendakari Fernando Buesa y de su escolta, el ertzaina Jorge Díez Elorza, asesinados hace 26 años por ETA, han recordado este domingo a ambos con una ofrenda floral celebrada en Vitoria, en la que han estado acompañados de representantes institucionales y cargos públicos de todos los partidos políticos. La ceremonia ha consistido en una ofrenda floral realizada ante el monolito instalado en los Jardines de la Libertad en la capital alavesa junto al lugar en el que Buesa y Díez fueron asesinados con un coche bomba por ETA el 22 de febrero de 2000.

En el acto, durante el que se ha reproducido la canción 'Ausencia', de Imanol, han participado la viuda y las hijas del exdirigente del PSE-EE y los padres de Díez Elorza, según recoge Europa Press. En el transcurso de la ceremonia se ha realizado una ofrenda floral ante el monolito en memoria de ambas víctimas de ETA, en la que han participado los familiares, representantes políticos y de sindicatos de la Ertzaintza, junto a la ciudadanía que como cada año se ha acercado a rendir homenaje a Buesa y Elorza.

La delegación del Gobierno vasco ha estado encabezada por la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, acompañados de las consejeras de Educación, Begoña Pedrosa, de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, y el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado.

También ha asistido a la ofrenda foral la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, y la delegada del Gobierno, Marisol Garmendia, entre otros representantes institucionales. Andueza ha pedido una “lectura crítica de todo lo que supuso el terrorismo, por parte de los asesinos y por parte de los que le prestaron su apoyo” y ha recordado la “firmeza” del exvicelehendakari y parlamentario asesinado por ETA, Fernando Buesa, y de su escolta en el aniversario de su asesinato.

Por parte de los partidos, han asistido cargos públicos de todas las formaciones, incluida Vox que no participó en el homenaje del año pasado y que en esta ocasión ha estado representada por su portavoz en el Parlamento vasco, Amaia Martínez, mientras que la delegación de EH Bildu ha estado encabezada por su responsable político en Álava, Ibon San Saturnino, la del Partido Popular por su presidente en Álava, Iñaki Oyarzabal, y la de Sumar por el concejal en el Ayuntamiento de Vitoria, Oskar Fernández.

También han participado en este acto de memoria en homenaje a Fernando Buesa y Jorge Díez, pero también a todas las víctimas del terrorismo, según han subrayado desde la Fundación Fernando Buesa, miembros de la Ertzaintza y de la Asociación de Ertzainas y Familiares Víctimas del Terrorismo (Aserfavite), así como muchas víctimas.

Sara Buesa, hija del dirigente del PSE-EE Fernando Buesa, asesinado por ETA en 2000, ha dicho ser “consciente” de que el momento de la puesta en libertad o de disfrute de beneficios penitenciarios de los condenados por el atentado contra su padre y su escolta “tenía que llegar” y se ha preguntado si, después de 25 años en prisión, los asesinos de su padre hacen “una lectura crítica” de su militancia en ETA, si “se cuestionan que arrebataron vidas” y si son capaces de sentir “el inmenso daño que nos causaron”.

Sara Buesa ha intervenido este sábado en el actual anual de la Fundación Fernando Buesa Blanco, de la que es vicepresidenta, el 'in memoriam' en honor de su padre y del escolta de este, el ertzaina Jorge Díez, asesinados en 2000 por ETA en un atentado con coche bomba en Vitoria. El acto, que se ha celebrado en el palacio de congresos Europa, ha contado con la participación especial de Alejandro Ruiz-Huerta, sobreviviente del atentado de los abogados de Atocha.

La hija del político socialista ha señalado que “ahora estamos en otro tiempo, un tiempo de paz” y “el terrorismo y la convivencia ya no figuran entre las principales preocupaciones de la sociedad vasca”. “A la gente le preocupan la vivienda, el empleo, la sanidad, la seguridad ciudadana, cosas que impactan en la vida cotidiana y es normal”, ha dicho, para reconocer que no puede evitar “cierta desazón”, porque para ella “no es un ciclo cerrado ni superado”, según recoge Europa Press.

“Hay heridas abiertas que escuecen. Asumo que la realidad siempre va a ser imperfecta a nuestros ojos, que es imposible tener una reparación a la altura de nuestro daño”, ha manifestado, para añadir que “hay situaciones difíciles, con las que tenemos que convivir, aunque nos duelan, porque creemos en los principios democráticos de los que nos hemos dotado para la vida en común”. En ese sentido, ha recordado que las personas que asesinaron a su padre y a su escolta, Luis Mariñelarena Garciandía, Diego Ugarte López de Arkaute y Asier Carrera Arenzana, han salido de prisión en tercer grado los dos primeros y en libertad condicional el tercero.

Tras reconocer que era “consciente de que este momento tenía que llegar”, ha explicado que para su familia “fue importante que se hiciera justicia, que se supiera la verdad de quién dio la orden de matar a aita, quien lo planificó, quien lo ejecutó, que esas personas fueran juzgadas y hayan cumplido sus penas”. Ahora, según ha dicho, lo más significativo para ella “no es tanto el tiempo en prisión, 25 años no son pocos, sino el proceso personal de reflexión que hayan podido hacer”. “Si hacen una lectura crítica de su militancia en ETA. Si se cuestionan que arrebataron vidas. Si Asier, Luis y Diego son capaces de ver las personas que eran Fernando y Jorge, de conectar con el dolor y sentir el inmenso daño que nos causaron”.

Sara Buesa ha recordado que el pasado mes de enero “30.000 personas se manifestaron recientemente exigiendo el final de la política de excepción para los presos de ETA”, pero ha lamentado que “nunca esas reivindicaciones van acompañadas de una consideración o mensaje de empatía hacia las víctimas”. Según ha señalado, Etxerat “denuncia que están naciendo niños que tienen a sus abuelos en prisión y que eso no es normal, pero ni mis hijos ni ninguno de los siete nietos y nietas de aita conocieron a su abuelo, porque otros abuelos decidieron que así fuera”. “Y, como ellos, cientos de niños y niñas no han podido conocer a sus abuelos porque ETA acabó con sus vidas”, ha advertido.

Sara Buesa ha asegurado entender “la dureza que supone para la vida de un niño o niña tener a su aita, su ama, o su abuelo en prisión” y ha considerado que “hay reivindicaciones legítimas, como el acercamiento de presos a sus familiares”, pero se ha preguntado “cómo puede ignorarse el drama humano de tantas vidas segadas y familias destrozadas”.

La hija de Buesa ha explicado que cuando se vive una experiencia traumática, “las muestras de solidaridad y los gestos de cariño alivian esa sensación de desarraigo y soledad, sostienen en el dolor”, pero ha lamentado que las víctimas de ETA “sufríamos la frialdad, la crueldad y la falta de empatía de una parte de la sociedad vasca, que, en lugar de arroparnos, celebraba el asesinato de nuestros familiares”. Según ha manifestado, “la necesidad de sentir el abrazo social en nuestra tierra sigue en nosotras y los ecos de épica y legitimación que todavía persisten en torno al terrorismo de ETA nos siguen doliendo y son rescoldos que contaminan nuestro ambiente”.

“La violencia vuelve a ganar espacio”

Por otro lado, ha advertido que “la violencia vuelve a ganar espacio en nuestras calles” y que “las generaciones jóvenes de hoy toleran y justifican más la violencia que las de hace una década”. “Los extremos y la radicalidad crecen, frente a la moderación, que no está de moda”, ha alertado, para apuntar que “casi un 25% de la juventud vasca de entre 18 y 25 años se identifica con posiciones de extrema izquierda o de extrema derecha, todo ello en un contexto global en el que cada vez se valoran y respetan menos la democracia y las instituciones”.

En un mundo en el que, según ha indicado, “imperan las lógicas de poder, las injusticias y las desigualdades, se va instalando un clima de desconfianza, en el sistema, en la justicia, en la política, en los medios de comunicación y en las propias personas”. “La insatisfacción y el malestar crecientes son el caldo de cultivo para el miedo, los discursos de odio y la violencia”, ha advertido, para afirmar que “donde la polarización prevalece, la cooperación desaparece y se extienden la desesperanza y la desafección”. A veces, ha reconocido, dan ganas de “bajarse” de este mundo, de “tirar la toalla”, pero, según ha afirmado, “situarnos en una posición catastrofista no ayuda”.

Sara Buesa ha deseado que “todas las personas puedan ejercer su libertad, respetándonos y conviviendo las unas con las otras” y ha subrayado que “la democracia es un proyecto de vida en común”. “Hay personas con las que sentimos que no tenemos nada que ver, que tienen comportamientos despreciables que nos hacen daño, a veces mucho daño, y, aun así, son seres humanos, con dignidad y con derechos”, ha dicho. Para concluir, ha asegurado que “solo hay una única comunidad integradora posible, la enraizada en los derechos humanos y, como decía aita, en la condición de ciudadanía, que es la que nos da derechos y obligaciones, sin hacer distinciones ni discriminar a nadie”.

Tras su intervención, Sara Buesa ha mantenido un diálogo con Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, último sobreviviente del atentado de los abogados de Atocha ocurrido el 24 de enero de 1977, que ha versado en gran parte sobre su último libro titulado “Violencia, compasión, memoria”. Para finalizar el acto, tres bailarinas de Noralai-Escuela de Danza de Vitoria han interpretado una pieza que ha resumido todo lo abordado en el acto.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido el tercer grado concedido al que fuera miembro de la banda terorrista ETA Asier Aralluz, 'Santi', al tiempo que ha anunciado que no se le ha comunicado la decisión del Gobierno vasco de conceder el régimen de semilibertad al que fuera jefe de la organización terrorista Garikoitz Aspiazu Rubina 'Txeroki'.

A través de una nota de prensa, el Ministerio Público ha señalado que el coordinador de Vigilancia Penitenciara de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el fiscal Carlos García Berro, considera procedente que “se revise la legalidad” de la resolución del Gobierno vasco “y se acuerde la clasificación en el segundo grado” de 'Santi', según recoge Europa Press.

La Fiscalía indica que “se valora favorablemente por la Administración aspectos como la petición de perdón a las víctimas y su posicionamiento hacia la reparación del daño, aceptando su implicación en todos los hechos objeto de condena y en el daño causado por ETA”.

“No obstante”, el Ministerio Fiscal indica que la ley “permite adaptar el segundo grado, pero su eficacia se evalúa en función de un uso sostenido, vinculado siempre a un programa de tratamiento”. “La doctrina penitenciaria muestra que su aplicación requiere periodos prolongados de observación para constatar resultados reales”, añade.

Al respecto, el fiscal asegura que el Tribunal Supremo “exige que la evolución tratamental tenga consistencia temporal y sea fruto de un proceso consolidado, no de un cambio reciente”. A su juicio, “un periodo tan breve como tres o cuatro meses no acredita estabilidad, no muestra evolución prolongada, no permite verificar cambios consolidados y no cumple el criterio de prudencia exigido para delitos graves”.

En lo relativo a 'Txeroki', la Fiscalía afirma no haber recibido “la resolución sobre la aplicación” de la semilibertad concedida por el Gobierno vasco. El que fuera jefe de la banda terrorista salió por primera vez de la cárcel de Martutene el pasado 9 de febrero.

Una vez más, Isabel Díaz Ayuso, vuelve a usar a ETA y las víctimas para hacer una crítica política. Esta vez fue hace escasos días con motivo del acto de homenaje a Gregorio Ordoñez por el aniversario de su asesinato a manos de ETA. En aquel atril dijo: “Si nace un nuevo Gregorio Ordoñez en el País Vasco que pueda ganar ampliamente en las urnas, ¿volvería a tener que vivir escoltado?”. Apenas dos meses antes la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que ETA está “preparando su asalto al País Vasco y Navarra”.

Hay ocasiones en las que hay que saber estar a la altura del cargo, pero por alguna razón los hay que se esmeran en comportarse de manera indigna.

La utilización espuria de la memoria de las víctimas del terrorismo de ETA es un habitual en determinadas personas que ostentan algún cargo de representación política. Esto resulta contraproducente para las nuevas generaciones que no han conocido, afortunadamente, el horror del terrorismo.

La propia Comunidad de Madrid comenzó en octubre con unos talleres ('Pasado y presente del terrorismo de ETA: el testimonio de los jóvenes') con charlas de 50 minutos a lo largo del primer trimestre, extensibles al 2026. Esta iniciativa provocó una oleada de críticas que denunciaron la falta de rigor histórico, un marcado sesgo ideológico y la exclusión de las asociaciones mayoritarias de víctimas.

Según el historiador Casquete y el periodista Luis R. Aizpeolea, el taller incurre en errores de bulto. Por ejemplo, mientras en la charla se afirmó que el 80% de los asesinatos de ETA ocurrieron en democracia, los datos del 'Informe Foronda' sitúan esa cifra en casi el 95%. A esto se suma la imprecisión en las cifras de fallecidos ya que los ponentes hablaban de “unos cientos”, por no hablar también de que el carácter “racista” que el taller atribuye a ETA es otro error historiográfico de las personas que han diseñado este taller.

¿Por qué se contó para esto con una asociación inexperta como Ego Non en estas cuestiones? Las víctimas que acuden a dar estas charlas deben tener un trabajo previo, en muchos casos con acompañamiento psicológico. Resulta curioso que no se haya querido contar con asociaciones de víctimas como FVT, AVT o COVITE, con una larga experiencia en el trabajo con las víctimas. Sorprende, más aún, que no se hayan querido contar con entidades que sin representan a víctimas del terrorismo tienen una dilatada experiencia de años de trabajar con víctimas de violencia armada.

Es importante que se multipliquen en las aulas iniciativas pedagógicas sobre estos temas de nuestro pasado. Por eso, lo ideal para las nuevas generaciones es que los participantes pasen por una preparación previa con expertos y deban ser muy rigurosos con el tratamiento de la información histórica.

¿Hablamos de pedagogía o de cuestión política? Decía acertadamente, sobre estos talleres, la diputada socialista Rafaela Romero que hablar de ETA en presente contribuye a la “revictimización”.

En esta cuestión juegan un papel fundamental las víctimas educadoras. La educación juega un papel fundamental en la construcción de una sociedad más tolerante y pacífica, y uno de los métodos más poderosos para lograrlo es a través de los testimonios de las víctimas del terrorismo. Incorporar los testimonios de las víctimas del terrorismo dentro de los programas educativos tiene un gran valor pedagógico, ya que permite tratar temas complejos como la violencia, la intolerancia, el odio y la venganza desde una perspectiva humanista y constructiva. 

Si hablamos de pedagogía, entonces debemos hablar de todas las víctimas del terrorismo y eso debe incluir necesariamente de las víctimas de los GAL, el BVE, la Triple A, Grupos Armados Españoles, Guerrilleros de Cristo Rey o ultraderecha. No hacerlo convierte a los talleres en un proyecto limitado desde el inicio. No incluir a las víctimas de la violencia por motivaciones políticas implica que los talleres surgen con un hándicap importante.

En Madrid, por ejemplo, podrían trabajar con los testimonios de los testigos en el atentado ultraderechista que costó la vida a los cinco abogados laboralistas en enero de 1977 o el asesinato de Arturo Ruiz García el día antes cerca de la Gran Vía madrileña. También podrían trabajar con los familiares de José Luis Alcanzó, apaleado hasta la muerte en septiembre de 1979 por jóvenes de extrema derecha (relacionados con Fuerza Nueva) en el parque del Retiro y que reconocido oficialmente como víctima del terrorismo en 2001. Hay más testimonios: las personas que conocieron a Yolanda González Martín, asesinada en febrero de 1980; o los que conocían a Juan Carlos García Pérez asesinado en Ciudad Lineal en mayo de ese año.

Más allá de las siglas o la ideología que intente justificar la violencia, el foco de cualquier iniciativa educativa debe ser la defensa innegociable de los derechos humanos. Trabajar la vulneración de estos derechos sin distinciones, provenga del terrorismo de ETA o de cualquier otra forma de violencia política. En Euskadi se hace. 

Si el objetivo es construir una sociedad democrática, no se pueden establecer jerarquías entre las víctimas. Reconocer el sufrimiento causado por grupos como el GAL, el BVE o la extrema derecha, junto al de las víctimas de ETA, no resta importancia a ninguna tragedia. La realidad es que refuerza el mensaje de que ninguna causa política está por encima de la dignidad humana y la vida. Solo a través de una mirada inclusiva y rigurosa se puede desactivar el discurso del odio y evitar que las nuevas generaciones hereden los sesgos del pasado.

Solo cuando seamos capaces de honrar a todas las víctimas y rechazar toda violencia con la misma firmeza, estaremos preparando a los jóvenes para un futuro donde la convivencia y el respeto a los derechos humanos sean los únicos protagonistas.

El 19 de septiembre de 1995 aparecía un texto en The Washington Post que publicaba el ensayo llamado “La sociedad industrial y su futuro”, y con el que el entonces una de las personas más buscadas de la FBI, el terrorista ‘Unabomber’ aseguraba que iba a cesar la violencia a cambio de que sus ideas quedaran publicadas.

Y es que, durante dos décadas, de 1975 a 1995, Ted Kaczynski, quien estaba detrás del apodo ‘Unabomber’, había perpetrado 16 atentados bomba que mataron a tres personas e hirieron a 23, lo que lo había convertido en el objetivo de una de las investigaciones más costosas de la historia del FBI, llegando a ofrecer hasta un millón de dólares por su cabeza, pero que fue arrestado un año más tarde, en abril de 1996.

La curiosida vida del terrorista ‘Unabomber’ que se llevará al cine

Theodor John Kaczynski nació en 1942 en el estado de Illinois, en un suburbio cerca de Chicago, en el seno de una familia de origen polaco que le inculcó amor por la música y por la naturaleza. Desde muy joven destacó por sus buenos resultados académicos, entrando en la Universidad de Harvard con tan solo 16 años y donde se graduó con honores, con doctorado de matemáticas por la Universidad de Michigan y ejerciendo luego como profesor en la Universidad de Berkeley con tan solo 25 años, siendo el docente más joven que ha tenido esa prestigiosa institución.

Un trabajo, sin embargo, que dejó en 1969 cuando decidió marcharse a vivir junto a su hermano David en Great Falls, donde se construyó en una parcela común una cabaña de 12 metros cuadrados sin electricidad ni agua corriente ni teléfono. Allí sería donde daría rienda suelta a sus ideas que le llevarían a cometer desde 1975 varios atentados con paquetes bomba, con tres víctimas mortales y 23 heridos, algunos de ellos profesores, otros universitarios, pero también gerentes de tiendas de informática o los pasajeros de un vuelo.

La investigación del FBI para atraparlo y su vida serán una película biográfica de la mano de Netflix, en un largometraje dirigido por Metz, con guion de Sam Chalsen y Nelson Graves, con actores como Jacob Tremblay en el papel de Ted Kaczynski, así como Russell Crowe, Shailene Woodley o Annabelle Wallis. Un proyecto que fue anunciado el pasado junio y que todavía no tiene fecha prevista de estreno.

El manifiesto en el que expuso sus ideas, pero llevó a su detención

Ese ensayo que se publicó en el mencionado diario en 1995, “La sociedad industrial y su futuro”, ha sido editado recientemente por primera vez en español por Errata naturae, junto a otros textos del filósofo terrorista, que se suicidó en 2023 en la prisión de Estados Unidos en la que estaba preso y cumplía cadena perpetua desde 1996. Unos textos de Kaczynski cuya publicación justifica en el prólogo de Desde un bosque lejano. Tecnología, colapso y revolución y que no tiene como objetivo “engrandecer el mito de ningún forajido, sino ofrecer al lector una herramienta teórica y crítica que en los tiempos que vivimos parece cada día más necesaria”.

Un ensayo que reflexiona sobre la sociedad tecnológica con temas que se han ido desarrollando como la cancelación en redes sociales, los problemas de estrés o el peligro de la aparición de nuevas tecnologías sin que los humanos puedan controlarlo. “La historia del arte, la literatura, y el pensamiento está poblada de monstruos. Monstruos en muchos sentidos despreciables cuyas obras, sin embargo, admiramos”, comenta el editor Rubén Hernández en el prólogo del mencionado libro.

“No solo las personas se vuelven dependientes a título individual también lo hace el sistema en su conjunto así el sistema se lo puede avanzar en una dirección la que marcan las innovaciones tecnológicas previas y asentadas y siempre hacia una mayor tecnologización. Suponiendo que la sociedad industrial sobreviva es probable que la tecnología acabe adquiriendo un control casi absoluto sobre el comportamiento humano”, llega a exponer en uno de los apartados de su ensayo.

El ensayo publicado cumplió su objetivo de llegar a ser escuchado, pero también dio lugar a su detención. Fue su David Kaczynski quien informó al FBI de que ‘Unabomber’ era su hermano Ted, siendo detenido este finalmente en 1996 después de dos décadas de una de las investigaciones más costosas y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional al declararse en plena disposición de sus facultades mentales y negar los problemas de salud que quería alegar su defensa. Se suicidaría en 2023 a los 81 años enfermo de cáncer en la cárcel.