El Gobierno vasco ha concedido el tercer grado penitenciario al preso de ETA Jon Bienzobas, condenado entre otros atentados por el asesinato del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente en 1996. Las asociaciones de víctimas Covite y AVT han confirmado la concesión del tercer grado a Bienzobas, a quien le queda menos de un año para liquidar sus penas, que suman cientos de años de prisión.

Según ha indicado Covite en un comunicado, el Departamento de Justicia ha concedido a Bienzobas el tercer grado en virtud del artículo 83 del reglamento penitenciario, en atención a su buena conducta en la cárcel, a que dispone de una oferta de trabajo y a que ha escrito una carta en la que expresa sentirse responsable del dolor causado y manifiesta su voluntad de contribuir a una convivencia en paz, según recoge Efe.

Jon Bienzobas Arretxe, 'Karaka', (Bilbao, 1969), quien cumple sus condenas en la prisión alavesa de Zaballa, acumula penas que suman los 266 años de prisión por varios atentados. Entre las penas impuestas figura una condena de 30 años de cárcel por el asesinato a tiros del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, cometido el 14 de febrero de 1996 en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid.

También fue condenado a otros 30 años de prisión por el asesinato de Rafael San Sebastián Flechoso, cometido el 10 de junio de 1990 en Getxo (Bizkaia), donde la víctima recibió varios disparos mientras desayunaba en una cafetería. Bienzobas fue arrestado el 30 de noviembre de 1999 en Pau (Francia), país en el que fue condenado a 18 años de cárcel por el robo de dinamita cometido en Plévin.

Covite ha tachado de “fraudulenta” la concesión de este tercer grado, ya que “lo que debería acreditarse con hechos verificables se está sustituyendo por cartas privadas que nadie tiene que dar por buenas, y menos aún las víctimas”. “Las víctimas no tenemos por qué creernos lo que se diga en esas cartas. No se nos puede exigir un acto de fe. Mientras no haya un arrepentimiento público, claro y avalado por hechos, no tenemos ningún motivo para dar credibilidad a esos escritos redactados con el único fin de obtener la semilibertad”, ha denunciado la presidenta de Covite.

Ha recordado que una sentencia de la Audiencia Nacional de 2023 relativa a Xabier Atristain estableció que estas cartas no tienen validez si no van acompañadas de “signos inequívocos de desvinculación” del terrorismo. Además Covite ha denunciado que el 90 % de los terceros grados concedidos a etarras se están ejecutando en la modalidad del artículo 86, “un régimen más parecido a la semilibertad”, ya que permite permanecer en el exterior de la prisión con una pulsera telemática.

“El Gobierno Vasco nos notifica una cosa, pero luego no nos informa de que en la mayoría de los casos esos terceros grados pasan a ejecutarse a través del artículo 86. Estamos ante un engaño intolerable. Hemos exigido al Gobierno Vasco que nos notifiquen el momento en que se produzca el cambio de modalidad del artículo 83 al artículo 86”, ha denunciado Ordóñez. La presidenta de Covite ha señalado también a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que en muchos caos está otorgando validez a los terceros grados concedidos por el Gobierno Vasco en lugar de recurrirlos.

UPN, partido que denunció la exhibición de imágenes de presos de ETA durante la Korrika, ha asegurado en una nota de prensa que la Audiencia Nacional ha ordenado a la Guardia Civil y a la Policía Nacional investigar si hubo “enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas” en el trascurso de la carrera popular a favor del euskera. Vox también denunció estos hechos.

Según informa el partido regionalista, la denuncia reclamaba a la policía identificar a los portadores de las imágenes de los terroristas de ETA Francisco Ruiz Romero y Alberto Viedma Morillas, asesino del concejal de UPN Tomás Caballero, y de Alberto Viedma Morillas, también condenado por el asesinato de Tomás Caballero, así como por el del subteniente del Ejército de Tierra, Francisco Casanova. Las imágenes se exhibieron durante la celebración de la Korrika a su paso por el barrio de la Txantrea de Pamplona, así como por otras localidades navarras.

La resolución del juez que ordena la investigación se ha llevado a cabo tras el informe favorable del Ministerio Fiscal, según ha apuntado UPN.

Tras conocer la instrucción del juez, la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha reclamado que “se llegue hasta el final” ante unos hechos “que denigran a las víctimas del terrorismo”, haañadidoo. La presidenta de UPN ha pedido así, que “se haga justicia” con las familias de Tomás Caballero y Francisco Casanova.

“No solo tienen que sufrir la pérdida de un ser querido a manos de los terroristas, sino que se ven humilladas nuevamente por la exaltación que se lleva a cabo con el consentimiento de los organizadores de la Korrika”. “Memoria, justicia, dignidad y verdad para todas las víctimas del terrorismo. Todo mi cariño y mi respeto”, ha manifestado.

“Volvemos a exigir a los organizadores una disculpa pública, la adopción de medidas para evitar que este tipo de hechos vuelvan a producirse en el futuro y que las entidades que hayan apoyado económicamente la Korrika pidan la devolución de sus aportaciones”, ha concluido.

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, se reunirá con responsables de Korrika para evaluar su última edición, ha lamentado que se hayan exhibido durante la carrera popular a favor el euskera imágenes “hirientes”, en referencia a las de presos de ETA, y ha pedido decisiones y actitudes que tiendan “puentes” y no que levanten “muros”.

La representante del Ejecutivo vasco se ha referido a la polémica que ha generado la última Korrika, entre otras cosas, por la exhibición de imágenes de reclusos de ETA, la lectura del comunicado final por siete jóvenes supuestamente afines a la izquierda abertzale, denunciada por el presidente del PNV, Aitor Esteban, o la exclusión de CCOO en la carrera popular en la que siempre había participado. La Fundación Fernando Buesa y Covite han pedido este mismo martes a las instituciones públicas la retirada de subvenciones a Korrika, tras constatar que se mostraron 38 imágenes de miembros de ETA en su 24 edicción, “la cesión del testigo en Donostia a tres miembros” de la banda o la lectura de la declaración final por Aitzol Gil San Vicente Plá, hijo del que David Plá, exjefe de la organización terrorista.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, recogida por Europa Press, Bengoetxea ha insistido en que la Korrika “tiene que ser el gran espacio de encuentro” para todas aquellas personas que deciden apoyar al euskera. “El euskera necesita puentes y no muros, necesita actitudes y decisiones que atraigan a más personas a ayudar a nuestra lengua, y no decisiones que las alejen”, ha añadido.

También ha reiterado que para el Gobierno vasco “el uso de determinadas imágenes vinculadas al euskera es hiriente, no solamente para las personas que directamente así lo sienten, sino para toda la sociedad vasca”. “Voy a hacer lo que corresponde a una institución, que es tener una reunión de evaluación con los responsables de la Korrika, como hacemos siempre que se dan iniciativas en las que el Gobierno participa, y me van a permitir que me siente con quienes la organizan y que valoremos cómo ha sido esta edición”, ha concluido.

Por su parte, Vox, al igual que ya hizo en el año 2024, ha presentado una denuncia “contra todos aquellos que resulten autores, partícipes, cooperadores necesarios o cómplices” de un delito de “enaltecimiento del terrorismo” que observa en la Korrika. El partido que lidera Santiago Abascal ha presentado un escrito, que ha adelantado El Correo, ante la sección de instrucción de la Audiencia Nacional por “enaltecimiento y humillación a la dignidad de las víctimas del terrorismo, contemplados en los artículos 578 y 580 bis del Código Penal”.

Entre los hechos a los que Vox hace referencia en su denuncia destacan la participación activa y el protagonismo en el evento de tres miembros de ETA —Balbino Sáenz de la Maza, Mikel San Argimiro y Xabier Atristain—, quienes portaron el testigo oficial de la Korrika y recibieron reconocimiento público por parte de asistentes. Asimismo, se recoge la celebración de estos actos en el Casco Viejo de Donostia, lugar en el que la banda terrorista ETA cometió diversos asesinatos, así como la exhibición en Pamplona de la imagen del terrorista Francisco “Patxi” Ruiz Romero en la camiseta de un menor.

La semana pasada UPN también interpuso una denuncia ante la Audiencia Nacional por un presunto delito de humillación a las víctimas del terrorismo tras la exhibición de imágenes de terroristas de ETA durante la Korrika. “No vamos a tolerar ningún acto que suponga humillación o desprecio a las víctimas del terrorismo. Defenderemos su memoria y dignidad con firmeza y no dejaremos espacio alguno para la impunidad”, sostiene UPN.

Preguntada por esta cuestión, Ane Elordi, coordinadora de la Korrika, indicó lo siguiente a este periódico: “Sobre este tema no hacemos declaraciones, pero es cierto que a todos los portadores del testigo les damos algunas indicaciones, como que tienen que llevar un peto con número. En este caso, es evidente que no han atendido nuestras indicaciones. No está en nuestras manos. Pero es otra forma de alejar el foco”.

La exjefa de ETA María Soledad Iparraguire, 'Anboto', ha salido este martes pasadas las 10:00 horas de la cárcel de Martutene de Donostia en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que le permite abandonar la prisión de lunes a viernes con la obligación de volver a dormir. Iparraguirre ha salido al exterior de la cárcel donostiarra, donde le aguardaba una decena de personas que se han puesto delante de ella para tratar de evitar que su imagen fuera captada por los medios de comunicación.

Ataviada con unas gafas de sol oscuras, una cazadora verde y unos vaqueros, la exdirigente de ETA se ha abrazado con algunas de las personas que se encontraban en el exterior tras lo cual se ha subido a un coche y ha abandonado el lugar. El Gobierno vasco ha concedido a la exdirigente de ETA una flexibilización del segundo grado que permite a los internos salir de prisión de lunes a viernes y volver a la cárcel solo para dormir durante estos días, según recoge Efe.

Para su concesión el recluso debe entregar un “plan de ejecución”, en el que se acredite que va a trabajar o a llevar a cabo labores de voluntariado, con sus horarios correspondientes. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha considerado “escandaloso e injustificable” la concesión de este régimen de semilibertad a una exjefa de ETA que, según denuncia, cuenta con un “historial criminal de extrema gravedad ya que fue condenada a 793 años y 8 meses de prisión y está vinculada a 14 asesinatos”. El mismo régimen de semilibertad en aplicación de dicho artículo fue concedido recientemente, en febrero, al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, 'Txeroki', lo que también provocó las críticas de varias asociaciones de víctimas del terrorismo.

La portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, ha subrayado este martes que la salida de 'Anboto' de prisión entre semana “no supone ni tercer grado ni cumplimiento definitivo de la condena”. “Entendemos que cause dolor, por supuesto”, ha concedido, pero ha insistido en que el Gobierno vasco “no ha adoptado una medida discrecional”, sino que es la aplicación del 100.2.

María Soledad Iparraguirre nació en Eskoriatza (Gipuzkoa) en 1961. En octubre de 2004 fue detenida en Francia junto al jefe del aparato político de ETA, Mikel Albisu, 'Antza', en una casa de Salies-de-Béarn en la que ambos vivían desde hacía años junto a su hijo. En el momento de su detención Iparraguirre era supuestamente la encargada de dirigir el aparato de extorsión de la banda terrorista. En 2018 fue la encargada, junto a Josu Urrutikoetxea, alias 'Ternera', de poner voz al anuncio de la disolución de la banda terrorista.

El 20 de marzo de 2001, hace ahora un cuarto de siglo, la banda terrorista ETA asesinó a Froilán Elespe, concejal del PSE-EE en Lasarte-Oria, donde se desempeñaba como primer teniente de alcalde. Fue el primer concejal socialista que murió a manos de la organización terrorista, aunque antes había habido otros asesinatos, como el del exvicelehendakari Fernando Buesa o el exministro Ernest Lluch, ambos en 2000.

Elespe, que tenía 54 años, militaba tanto en el PSOE como en UGT. Estaba casado y tenía dos hijos. Solía acercarse a un céntrico bar de la localidad. Aquel 20 de marzo de hace 25 años, un terrorista de ETA se le acercó por la espalda a rostro descubierto y le descerrajó dos tiros. Otro terrorista esperaba fuera a su compañero.

Elespe había renunciado a portar escolta. “El día del atentado la Ertzaintza dejó un mensaje en el contestador. Decía que la próxima escolta disponible era para él”, relataba años después Josu Elespe, uno de sus hijos, en una entrevista concedida a 'El Correo'. “Creo que mi aita vivía sin temor, pensaba que ETA no le iba a imponer el miedo. De hecho, el sábado anterior al atentado entramos a un bar a ver un partido de la Real [Sociedad], su gran pasión, y se puso de espaldas a la puerta. No le vi ninguna preocupación”, añadía su hijo.

Apenas un mes antes, el 22 de febrero, ETA había asesinado a José Ángel Santos Laranga y Josu Leonet Azkune, trabajadores de la empresa Elektra. Murieron por el estallido de un coche-bomba cuyo objetivo real era Ignacio Dubreuil, concejal del PSE-EE en Ordizia. Aunque herido grave, Dubreuil sobrevivió. Cuando estaba convaleciente en el hospital, Elespe lo había visitado, tal y como recordaba cinco lustros después en una entrevista con 'El Diario Vasco'. “Había estado viéndome en la habitación del hospital y le dije: 'Ya ves que esto no es broma'. Froilán [Elespe] estaba sin escolta, no le dio tiempo a que se la pusieran”, rememoraba.

ETA había inaugurado unos años atrás la campaña conocida como 'socialización del sufrimiento', que conllevó asesinatos de cargos tanto del PSE-EE como del PP por pensar diferente. Elespe fue la primera víctima mortal de entre los concejales socialistas de esta fase del terrorismo de ETA que se cebó con los vascos no nacionalistas. Como explican Gaizka Fernández Soldevilla y Sara Hidalgo García de Orellán, la campaña de asesinatos que tuvo como primera víctima a Gregorio Ordóñez, del PP, “cercenó el pluralismo y las libertades democráticas”. “ETA y su entorno juvenil se dedicaron a amenazar, hostigar, atemorizar, herir y asesinar a las cabezas visibles de los vascos y navarros no nacionalistas. La banda puso en su punto de mira a las bases y direcciones del PP y otras formaciones conservadoras con implantación regional como UPN y Unidad Alavesa, así como a las del PSOE”, añaden.

Un año y un día después del asesinato de Elespe, ETA asesinó también a Juan Priede, concejal del PSE-EE en Orio. Este mismo sábado, el PSE-EE de Gipuzkoa le ha rendido homenaje. El secretario general de la formación en Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha calificado el asesinato de “ruin y cruel” y ha dicho que se produjo porque Priede “defendía la libertad y los derechos humanos”. Ha denunciado, asimismo, que la derecha y la ultraderecha utilizan la memoria de las víctimas como “instrumento” para atacar a quienes “derrotamos democráticamente a ETA”, según recoge Europa Press.

Un tenso pleno

El mismo día del asesinato de Elespe, por la tarde, se celebró en el salón de plenos del Ayuntamiento de Lasarte-Oria una sesión extraordinaria cargada de tensión. Según recogía entonces un teletipo de Efe, un nutrido público recibió a los concejales de EH —Euskal Herritarrok, por entonces la marca de la izquierda abertzale— con gritos de “asesinos”, “fascistas” y “nazis fuera”. La alcaldesa, la también socialista Ana Urchueguia, leyó un texto consensuado por su partido, el PP y el grupo de Eusko Alkartasuna y PNV. EH, por su parte, se abstuvo. El escaño vacío del asesinado Elespe, mientras hablaba la alcaldesa, lo cubría un ramo de flores.

El texto destacaba el compromiso de Elespe “con las libertades y la democracia desde tiempos del franquismo” y su trayectoria “en favor de la convivencia, la paz, el progreso y el bienestar de sus convecinos”. Dirigía también unas palabras a sus asesinos, a los que les recalcaba “la inutilidad de este nuevo acto de barbarie”. El portavoz de EH intentó leer su propio comunicado, pero se vio interrumpido por gritos de “asesinos”, “sin pistolas no sois nada” y “sois escoria”.

En una entrevista concedida a elDiario.es/Euskadi en 2015, Josu Elespe, uno de los hijos del edil socialista asesinado por ETA, lamentaba que durante años los políticos de PSE-EE y PP no hubieran podido hacer política “con naturalidad”. “Los culpables tienen nombres y apellidos, son personas individuales que decidieron asesinar o que hicieron un discurso legitimador de esa violencia”, aseveraba. “Para mí es muy importante la memoria y el relato de lo que se cuente a las generaciones futuras. Siempre digo que al final yo moriré con esta carga y nuestra generación está marcada por el terrorismo de ETA y moriremos marcados por esa violencia, pero por lo menos que mis hijos, las nuevas generaciones, no crezcan con esa carga. Y sin rencor ni odio, en una sociedad normalizada y sin prejuicios ni odios”, aseguraba.

El hijo de Elespe llegó a tener dos encuentros, en el marco de la 'vía Nanclares', con presos de ETA arrepentidos. “Escuchar a una persona que ha sido capaz de hacer lo que ha hecho, que ha aseinado a seres humanos inocentes, reconocer con sinceridad que su vida como miliatante de ETA ha sido un fracaso y que siente que está en deuda con las víctimas y con este país, oír a una persona con semejante giro te reconforta muchísimo y te da mucha esperanza en el futuro”, decía al respecto.

El 3 de marzo es un día señalado en el calendario de Vitoria desde 1976. Desde el jueves de 1977 en que se conmemoró el primer aniversario del asesinato a manos de la Policía Armada de cinco personas, la fecha ha estado marcada por los actos de homenaje, que han ido acompañados de nuevas protestas y manifestaciones, de cargas de las diferentes Policías, incluida la Ertzaintza en tiempos más modernos, de reconocimientos rodeados de más o menos debate e incluso de asesinatos de la banda terrorista ETA a tiro de piedra del lugar de los hechos.

En los últimos años, además, los anuncios relativos al avance de las negociaciones primero y los trabajos después para la adecuación de la iglesia de San Francisco de Asís como lugar de memoria han copado las noticias de los días que rodean al 3 de marzo.

1977, el primer aniversario

Ya desde febrero de 1977, se tenía constancia de que el primer aniversario de la muerte de los trabajadores en huelga a manos de la Policía Armada iba a propiciar la celebración de manifestaciones y el llamamiento a una huelga general. Así se advertía en una nota remitida al Gobierno Civil. Ya entonces estaban adoptadas “medidas para evitar la alteración del orden público”. El 2 de marzo, en la víspera del aniversario, los servicios de Información del Cuerpo General de Policía remitieron al gobernador civil de la provincia de Álava una nota relativa a la “profusa y variada siembra de propaganda subversiva” que se estaba detectando en los días previos a la efeméride. El objetivo de esta propaganda, se detallaba, era conseguir una huelga general para el día 3. La misiva iba firmada por el comisario jefe provincial y el comisario jefe de la brigada. Adjuntaba, además, un ejemplar de cada una de las propagandas descritas, a saber: una propuesta de huelga general, propaganda comunista y de KAS, la coordinadora abertzale socialista, y fotografías del rostro de las tres personas asesinadas el año anterior que fallecieron el propio día 3: Francisco Aznar, Pedro María Martínez Ocio y Romualdo Barroso. Las otras dos víctimas mortales, José Castillo y Bienvenido Pereda, perecieron en las jornadas siguientes.

El llamamiento a la huelga por el primer aniversario efectuado por la Coordinadora de Comisiones Representativas de Fábricas y Talleres de Álava redoblaba las apelaciones a la “unidad”, pues se sostenía que había que “unificar puntos de vista y esfuerzos”. “Durante estas fechas nos parece oportuno hechar [sic] una mirada hacia atrás para sacar algunas lecciones importantes, pero antes se nos impone nuestro recuerdo a la memoria de los compañeros asesinados, cuyos nombres (Francisco Aznar, Pedro Mª Ocio, Romualdo Barroso, J. Castillo, Pereda) estarán grabados en nuestra memoria con letras de oro”, se puede leer en aquellas líneas. “Para que la sangre de nuestros hermanos trabajadores no halla [sic] sido derramada en vano, nosotros, trabajadores de Vitoria, hemos de seguir luchando por aquello por que ellos murieron: el reconocimiento de las asambleas y Comisiones Representativas, órganos de verdadera representatividad de la clase obrera y el pueblo trabajador”, se alentaba unos párrafos después.

Otro de los documentos adjuntos al informe es el firmado por la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS) de Álava, que exigía, entre otras cosas, “libertades democráticas”, “amnistía total”, “esclarecimiento y responsabilidades del 3 de marzo”, “disolución de cuerpos represivos” y “una sociedad vasca reunificada y sin clases”. “La represión sobre nuestro pueblo no cesa y toma diversas formas, desde la carestía de la vida hasta fusilamientos de la misma forma que hicieron el 3 de Marzo en Zaramaga, pero sí hay un denominador común. Ese denominador común es la masacre, el asesinato que se comete sobre un pueblo que intenta caminar hacia su liberación nacional y de clase; asesinatos que tienen sus víctimas en aquellas clases más interesadas en la revolución y principalmente en la clase obrera”, aseveraba, tanto en castellano como en euskera. Se pedía, además, convertir el 3 de marzo en “símbolo de todos los caídos por la causa del pueblo”.

El 3 de marzo de 1977 amaneció ya con un ambiente cargado de tensión. Según recogen crónicas del día, “centenares” de antidisturbios, de nuevo de la Policía Armada, patrullaban las calles de la ciudad. Las fábricas detuvieron su producción y los trabajadores, “reflejando en sus caras seriedad, preocupación y hasta miedo”, atendieron al llamamiento a la huelga general y se concentraron a las 11:00 horas en torno a la catedral, que iba a acoger el funeral en recuerdo de los fallecidos un año antes.

La homilía que se leyó durante el funeral hablaba de “tan triste suceso, término lamentable de unos meses de profunda tensión socio-laboral” y llamaba a “la oración por los difuntos y al compromiso de esforzarnos más intensamente por lograr una sociedad presidida por la paz, fundada en la verdad, en la justicia y en la auténtica libertad”. La vida de los fallecidos, se pedía también, habría de ser “precio de reconciliación”, la herramienta para percatarse de que la sociedad estaba “enferma”. “Los problemas, las dificultades y las tensiones no se solucionan cuando las personas y los grupos humanos aceptan pasivamente una situación, pero no obstante si el diálogo y el respeto mutuo son ahogados por el insulto y el recíproco desprecio, si el odio y el deseo de revancha se imponen al espíritu de reconciliación, nadie es capaz de preveer [sic] la capacidad de destrucción mutua que podemos alcanzar”, se añadía.

En el discurso, se llamó también a “defender los derechos humanos de todos los ciudadanos” y a “apoyar a los más pobres, débiles y marginados”. En ningún momento, sin embargo, se aludió a la causa de la muerte de los trabajadores en huelga. “Sus muertos fueron el trágico resultado de una lucha en la que todos fuimos responsables, aunque no todos fuéramos responsables en la misma manera y en la misma proporción. Justo es que ahora todos nos sintamos solidarios en una plegaria común”, concluía la homilía.

Durante la jornada, una docena de personas resultaron heridas y fueron detenidas otras siete. Las manifestaciones no contaban con autorización y hubo enfrentamientos con las autoridades, que disolvieron valiéndose de botes de humo algunas de las concentraciones espontáneas. En algunas de las fotografías tomadas aquel día, se ve, difuminados entre el humo, a manifestantes que portan coronas de flores.

Según la información publicada en el 'Norte Exprés' del día siguiente, el 4 de marzo todavía continuaban en dependencias policiales Tomás Echave, trabajador de la fábrica Forjas Alavesas, y uno de los líderes de las Comisiones Representativas, cuyo nombre no se detallaba. El periódico, que hablaba de “360.000 horas perdidas en la jornada de huelga” y de “300.400.000 pesetas perdidas en producción”, redactó un editorial muy crítico con la forma de expresar las reivindicaciones. “Se desnaturalizó el funeral, y, en lugar de limitarse éste a los ritos religiosos, se leyeron escritos que nunca deben ser leídos en la Casa de Dios”, se lamentaba el diario vitoriano. “La democracia no se gana con revueltas y paros, ni la libertad ni la justicia pueden florecer en estos ambientes”, se quejaba.

1978, ETA acribilla a tres policías

El 5 de marzo de 1978, en la calle de los Reyes de Navarra, a tiro de piedra de la iglesia en la que sucedieron los hechos de 1976, ETA acribilló a tiros un vehículo de la Policía Armada en el que se encontraban un cabo y cinco agentes. Según las informaciones que se publicaron al poco tiempo, dos o tres individuos dispararon varias ráfagas, con al menos cinco decenas de disparos. El cabo —el único ileso, según cuenta el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite)— logró salir del coche y pedir ayuda con el teléfono de una cabina. “El chófer, Miguel Raya Aguilar, salió del coche, pero se desplomó muerto junto a la rueda delantera, el agente Joaquín Ramos Gómez falleció poco después y José Vicente del Val del Río resultó gravemente herido y finalmente falleció 25 días después. Otros dos policías, Armando Doval González y Santiago del Canto de los Reyes, lograron sobrevivir a pesar de las heridas”, relata Covite. El coche robado por los terroristas, un Seat 1430 con matrícula M-804230 de Madrid y sustraído en el barrio de Txagorritxu, apareció horas más tarde, abandonado.

Si bien ETA no reivindicó el atentado y en las primeras informaciones publicadas en prensa se deconocía su autoría, más tarde se supo que los asesinatos habían corrido a cargo del 'comando Araba' de ETA militar. “Varios vecinos trataron de socorrer a los otros ocupantes del coche. [...] La escena impactó a los vecinos del barrio. Algunos recordaban los trágicos sucesos ocurridos dos años antes muy cerca del lugar del atentado, a la salida de la iglesia de San Francisco”, se relata en el primer volumen de la 'Historia y memoria del terrorismo en el País Vasco', obra coordinada por José Antonio Pérez Pérez. Los autores de este libro sostienen que, mientras que los cinco obreros muertos a manos de la Policía Armada cuentan con memoriales, “prácticamente nadie es capaz de recordar el asesinato que se produjo apenas a cien metros de allí dos años más tarde, ni por supuesto el nombre de los tres policías que resultaron asesinados”. La imagen que acompaña estas líneas es la de la placa ubicada muy próxima a la iglesia del 3 de marzo.

2005 y 2008, la Medalla de Oro rechazada y luego aceptada

En 2005, el diputado general de Álava, Ramón Rabanera, del PP, concedió la Medalla de Oro de la provincia a las víctimas del 3 de marzo. La asociación Martxoak 3 no aceptó el galardón, pues consideraban la entrega por el PP “una farsa” y se quejaban de que los 'populares' no aceptaban “una revisión de aquellos hechos”. Manuel Fraga, ministro del Interior en 1976, fue luego el fundador de ese partido. Tres años después, ya con Xabier Agirre del PNV de diputado general, la asociación sí aceptó la concesión del reconocimiento.

2006, debate y “terrorismo”

En 2006, cuando se iba a cumplir el trigésimo aniversario de la masacre, hubo debates en las Juntas Generales (el Parlamento foral). El PNV presentó una moción urgente en la que instaba al Gobierno de España a brindar a las víctimas del 3 de marzo la misma consideración que al resto de víctimas amparadas por la ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. “Ni su consideración como víctimas del terrorismo, ni el esclarecimiento de los hechos y la consecuente depuración de responsabilidades se han conseguido materializar en todo este tiempo”, se quejaban los 'jeltzales' en el texto.

Los partidos registraron varias enmiendas. Finalmente, mucho después del aniversario, el 1 de junio de 2006, se aprobó una enmienda transaccional que reconocía “su condición de víctimas del terrorismo” a los cinco fallecidos en la masacre del 3 de marzo de 1976. Ese apunte, sin embargo, no estaba mecanografiado como el resto del texto, sino añadido de puño y letra. Las Juntas Generales, se leía en el escrito, “se solidarizan afectiva y efectivamente una vez más con las víctimas” y “condenan nuevamente los cinco asesinatos y las brutales agresiones cometidas por las Fuerzas del Orden Público en la Iglesia de San Francisco de Vitoria-Gasteiz y sus alrededores”. El documento estaba rubricado por Unidad Alavesa, Izquierda Unida, Eusko Alkartasuna, PSE-EE y PNV, y apoyado igualmente por la marca de entonces de la izquierda abertzale, ANV. Figura también el encabezado para la firma del PP, pero el hueco quedó en blanco. El portavoz 'popular', Santiago Abascal padre, expuso que precisamente ese añadido era el motivo del rechazo.

Cargas en los aniversarios

Algunos años con más intensidad y otros con menos, pero las movilizaciones en homenaje a los cinco obreros asesinados el 3 de marzo de 1976 han sido una constante en cada aniversario desde la masacre. Y muchas de ellas han acabado con cargas de la Ertzaintza. En 2006, por ejemplo, la Ertzaintza exigió retirar unos símbolos que encabezaban la manifestación y detuvo al portavoz de la asociación Martxoak 3, Andoni Txasko, que precisamente había resultado herido tres décadas antes a causa de las cargas de la Policía Armada. Según recoge 'Naiz', una manifestante gritó “Le vais a dejar ciego otra vez” a la Policía vasca, cuyo agente habría respondido “Si ya estaba ciego, no se le puede dejar ciego otra vez”. Txasko y otros manifestantes fueron juzgados dos años después, aunque resultaron absueltos.

En 2024, el 3 de marzo fue domingo. Y hubo nuevamente cargas durante la manifestación anual en memoria de las víctimas. En respuesta al lanzamiento de adoquines, botellas de vidrio y otros objetos contundentes como mesas y sillas de terrazas, la Brigada Móvil de la Ertzaintza respondió con unas cargas que dejaron varios heridos y contusionados, incluidos siete agentes de la Policía autonómica. En la lista, sin embargo, no figuraba un 'askatu' (o agente infiltrado) que también fue golpeado por sus compañeros, según confirmaron entonces fuentes internas.

El 'askatu' portaba una porra extensible de dotación. Es habitual que en este tipo de movilizaciones participen de modo discreto agentes de paisano para informar a las dotaciones uniformadas de posibles movimientos extraños o incidencias. Es menos habitual que esos funcionarios acaben siendo golpeados, ya que existen códigos internos para que sean identificados y para que, además, lo sean con seguridad para no ser descubiertos.

2008, norma foral y reconocimiento de las víctimas

El Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava del 19 de noviembre de 2008 incluía el articulado de una norma foral que reconocía a las víctimas del 3 de marzo. Ocupaba el cargo de diputado general Xabier Agirre, del PNV, que gobernaba con el apoyo de EA y Aralar. Señalaba el texto que “en 1976 no había un régimen democrático” y que el Gobierno de entonces “aplicaba con rigor métodos represivos frente a los movimientos que luchaban por las libertades y frente a las legítimas demandas sociales”. El 3 de marzo de 1976, concretamente, “un legítimo movimiento social reivindicativo de unas mejoras laborales” fue “reprimido de manera injusta y abusiva por el Gobierno produciendo 5 fallecidos y más de 100 heridos”.

Añadía el texto de la norma: “[...] la sociedad es realmente consciente de lo que sucedió y rechaza la versión construida por los responsables de la masacre para eludir sus responsabilidades”. Tildaba lo sucedido de “injustificada masacre ordenada por un Gobierno no democrático frente a unos trabajadores que reivindicaban pacíficamente la mejora de sus condiciones de vida”.

Se reconocía que más de tres décadas después de los hechos, las víctimas no habían recibido aún “ningún tipo de compensación”, todo ello pese a que “la sociedad y las instituciones representativas más cercanas [habían] mostrado su reconocimiento y su solidaridad”. La norma preveía una indemnización de 138.232,78 euros a la familia de cada una de las cinco víctimas mortales. Asimismo, se estipulaban más de 390.000 euros por gran invalidez, más de 96.000 por incapacidad permanente absoluta, más de 48.000 por incapacidad permanente total y más de 36.000 por incapacidad permanente parcial.

2019, estreno de la película

El 1 de mayo de 2019, se estrenó en cines en toda España —después de un preestreno exclusivo en la capital alavesa— la película 'Vitoria, 3 de marzo', dirigida por Víctor Cabaco y con guion de Héctor Amado y Juan Ibarrondo. Formaron parte del elenco actores como Amaia Aberasturi, Ruth Díaz y José Manuel Seda. Meses antes, durante 2018, se rodó el filme en las calles de Vitoria. “Cuando estábamos en Vitoria con la preproducción, todo el mundo te decía 'yo ese día estaba no sé donde', todos recuerdan qué estaban haciendo el 3 de marzo y todos te cuentan el silencio que había ese día en la ciudad”, contaba el director a este periódico.

Durante el rodaje, volvieron a verse por las calles vehículos decorados como si fuesen de la Policía Armada. “Como la peli era de un presupuesto no muy amplio, pedimos voluntarios y en Vitoria cantidad de gente se animó a participar. Pedíamos que viniesen por la mañana o por la tarde para hacer de extras, y la colaboración ha sido espectacular, la gente venía vestida de su casa con sus propias ropas de los 70, ha sido increíble”, añadía Cabaco. La película recibió elogios por la ambientación de las escenas de época, pero no suscitó tan buenas opiniones en lo referente al plano narrativo.

2021: 45.º aniversario, presentación con mascarillas del Memorial

Unos días antes del cuadragésimo quinto aniversario, el Gobierno vasco, la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria firmaron un convenio con el obispo de la Diócesis de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, para activar la cesión del templo, de tal manera que se pudiese poner en marcha un centro memorial. Beatriz Artolazabal, Ramiro González y Gorka Urtaran, equipados con mascarillas por la pandemia de COVID-19 y en representación de las tres instituciones, participaron en la firma.

“Un 3 de marzo de 1976 esta iglesia fue escenario de unos trágicos y luctuosos sucesos. Hoy ponemos la primera piedra para que a partir de ahora sea lugar de memoria y faro para la convivencia”, dijo entonces Artolazabal. Se escudó, además, en que “el derecho a la memoria, a la verdad y al reconocimiento no prescriben”. “Todas las víctimas de la violencia tienen derecho a verdad, reparación y justicia”, defendió, por su parte, el diputado general, que subrayó que las víctimas “muchas veces” se habían sentido “huérfanas de reconocimiento y apoyo institucional”. Aludió, asimismo, al reconocimiento institucional de 2008. El entonces alcalde, Urtaran, redobló las exigencias de “justicia por el asesinato”. “Hoy damos un paso importante para que los cinco trabajadores asesinados en Vitoria-Gasteiz en 1976, que todavía no han recibido el merecido reconocimiento, por fin sean reconocidos como víctimas de abusos policiales, equiparables a víctimas del terrorismo”, expresó.

Un lustro más tarde, ese Memorial no está en marcha. Las obras, de hecho, solamente han empezado a finales de este mes de febrero. El templo lleva tiempo sin culto, pero acogía una exposición permanente de belenes. La recolocación de esos pesebres ha sido objeto de polémica hasta fechas muy recientes. Entretanto, el edificio, de Luis Peña-Ganchegui, ha ido deteriorándose con goteras, caída de las tejas de pizarra, maleza y otros males arquitectónicos.

2023: 47.º aniversario, presentación del documental

El 2 de marzo de 2023, un día antes del aniversario, se presentó el documental 'M-3 Gogoetak-Recuerdos del 3 de marzo', bajo la dirección de Eloy González Gavilán. La primera proyección tuvo lugar en el Vital Fundazioa Kuturunea, en Dendaraba. En el documental, que contó con el impulso de las comisiones de personas usuarias e integrantes del programa 'Activa tu barrio' del Bizan de Zaramaga, se recogen veinticinco testimonios de gente que vivió en primera persona los hechos del 3 de marzo. Se acompañaron las palabras de imágenes cedidas por TVE y también de fotografías recopiladas por el Archivo Municipal de la ciudad y de particulares como Koldo Larrañaga y Luis Ziarrusta.

Por esas fechas, asomó también una sorpresa urbanística, pues se descubrió que el templo de San Francisco de Asís en el que se produjeron las cargas de la Policía Armada nunca fue de la Iglesia. El edificio como tal -“el vuelo”- sí fue sufragado por la Iglesia y era de su propiedad a todos los efectos, pero antes de acometer la cesión para crear el Memorial, se vio que era necesario hacer un “ajuste” urbanístico o “reparcelación”. “Las cosas se hacían como se hacían... Ahora lo que hay que hacer es reordenar. Es un trámite y ya están los técnicos en ello, pero llevará varios meses”, explicaban entonces fuentes consultadas.

Familiares del líder del PSE-EE de Álava y exvicelehendakari Fernando Buesa y de su escolta, el ertzaina Jorge Díez Elorza, asesinados hace 26 años por ETA, han recordado este domingo a ambos con una ofrenda floral celebrada en Vitoria, en la que han estado acompañados de representantes institucionales y cargos públicos de todos los partidos políticos. La ceremonia ha consistido en una ofrenda floral realizada ante el monolito instalado en los Jardines de la Libertad en la capital alavesa junto al lugar en el que Buesa y Díez fueron asesinados con un coche bomba por ETA el 22 de febrero de 2000.

En el acto, durante el que se ha reproducido la canción 'Ausencia', de Imanol, han participado la viuda y las hijas del exdirigente del PSE-EE y los padres de Díez Elorza, según recoge Europa Press. En el transcurso de la ceremonia se ha realizado una ofrenda floral ante el monolito en memoria de ambas víctimas de ETA, en la que han participado los familiares, representantes políticos y de sindicatos de la Ertzaintza, junto a la ciudadanía que como cada año se ha acercado a rendir homenaje a Buesa y Elorza.

La delegación del Gobierno vasco ha estado encabezada por la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, acompañados de las consejeras de Educación, Begoña Pedrosa, de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, y el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado.

También ha asistido a la ofrenda foral la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, y la delegada del Gobierno, Marisol Garmendia, entre otros representantes institucionales. Andueza ha pedido una “lectura crítica de todo lo que supuso el terrorismo, por parte de los asesinos y por parte de los que le prestaron su apoyo” y ha recordado la “firmeza” del exvicelehendakari y parlamentario asesinado por ETA, Fernando Buesa, y de su escolta en el aniversario de su asesinato.

Por parte de los partidos, han asistido cargos públicos de todas las formaciones, incluida Vox que no participó en el homenaje del año pasado y que en esta ocasión ha estado representada por su portavoz en el Parlamento vasco, Amaia Martínez, mientras que la delegación de EH Bildu ha estado encabezada por su responsable político en Álava, Ibon San Saturnino, la del Partido Popular por su presidente en Álava, Iñaki Oyarzabal, y la de Sumar por el concejal en el Ayuntamiento de Vitoria, Oskar Fernández.

También han participado en este acto de memoria en homenaje a Fernando Buesa y Jorge Díez, pero también a todas las víctimas del terrorismo, según han subrayado desde la Fundación Fernando Buesa, miembros de la Ertzaintza y de la Asociación de Ertzainas y Familiares Víctimas del Terrorismo (Aserfavite), así como muchas víctimas.

Sara Buesa, hija del dirigente del PSE-EE Fernando Buesa, asesinado por ETA en 2000, ha dicho ser “consciente” de que el momento de la puesta en libertad o de disfrute de beneficios penitenciarios de los condenados por el atentado contra su padre y su escolta “tenía que llegar” y se ha preguntado si, después de 25 años en prisión, los asesinos de su padre hacen “una lectura crítica” de su militancia en ETA, si “se cuestionan que arrebataron vidas” y si son capaces de sentir “el inmenso daño que nos causaron”.

Sara Buesa ha intervenido este sábado en el actual anual de la Fundación Fernando Buesa Blanco, de la que es vicepresidenta, el 'in memoriam' en honor de su padre y del escolta de este, el ertzaina Jorge Díez, asesinados en 2000 por ETA en un atentado con coche bomba en Vitoria. El acto, que se ha celebrado en el palacio de congresos Europa, ha contado con la participación especial de Alejandro Ruiz-Huerta, sobreviviente del atentado de los abogados de Atocha.

La hija del político socialista ha señalado que “ahora estamos en otro tiempo, un tiempo de paz” y “el terrorismo y la convivencia ya no figuran entre las principales preocupaciones de la sociedad vasca”. “A la gente le preocupan la vivienda, el empleo, la sanidad, la seguridad ciudadana, cosas que impactan en la vida cotidiana y es normal”, ha dicho, para reconocer que no puede evitar “cierta desazón”, porque para ella “no es un ciclo cerrado ni superado”, según recoge Europa Press.

“Hay heridas abiertas que escuecen. Asumo que la realidad siempre va a ser imperfecta a nuestros ojos, que es imposible tener una reparación a la altura de nuestro daño”, ha manifestado, para añadir que “hay situaciones difíciles, con las que tenemos que convivir, aunque nos duelan, porque creemos en los principios democráticos de los que nos hemos dotado para la vida en común”. En ese sentido, ha recordado que las personas que asesinaron a su padre y a su escolta, Luis Mariñelarena Garciandía, Diego Ugarte López de Arkaute y Asier Carrera Arenzana, han salido de prisión en tercer grado los dos primeros y en libertad condicional el tercero.

Tras reconocer que era “consciente de que este momento tenía que llegar”, ha explicado que para su familia “fue importante que se hiciera justicia, que se supiera la verdad de quién dio la orden de matar a aita, quien lo planificó, quien lo ejecutó, que esas personas fueran juzgadas y hayan cumplido sus penas”. Ahora, según ha dicho, lo más significativo para ella “no es tanto el tiempo en prisión, 25 años no son pocos, sino el proceso personal de reflexión que hayan podido hacer”. “Si hacen una lectura crítica de su militancia en ETA. Si se cuestionan que arrebataron vidas. Si Asier, Luis y Diego son capaces de ver las personas que eran Fernando y Jorge, de conectar con el dolor y sentir el inmenso daño que nos causaron”.

Sara Buesa ha recordado que el pasado mes de enero “30.000 personas se manifestaron recientemente exigiendo el final de la política de excepción para los presos de ETA”, pero ha lamentado que “nunca esas reivindicaciones van acompañadas de una consideración o mensaje de empatía hacia las víctimas”. Según ha señalado, Etxerat “denuncia que están naciendo niños que tienen a sus abuelos en prisión y que eso no es normal, pero ni mis hijos ni ninguno de los siete nietos y nietas de aita conocieron a su abuelo, porque otros abuelos decidieron que así fuera”. “Y, como ellos, cientos de niños y niñas no han podido conocer a sus abuelos porque ETA acabó con sus vidas”, ha advertido.

Sara Buesa ha asegurado entender “la dureza que supone para la vida de un niño o niña tener a su aita, su ama, o su abuelo en prisión” y ha considerado que “hay reivindicaciones legítimas, como el acercamiento de presos a sus familiares”, pero se ha preguntado “cómo puede ignorarse el drama humano de tantas vidas segadas y familias destrozadas”.

La hija de Buesa ha explicado que cuando se vive una experiencia traumática, “las muestras de solidaridad y los gestos de cariño alivian esa sensación de desarraigo y soledad, sostienen en el dolor”, pero ha lamentado que las víctimas de ETA “sufríamos la frialdad, la crueldad y la falta de empatía de una parte de la sociedad vasca, que, en lugar de arroparnos, celebraba el asesinato de nuestros familiares”. Según ha manifestado, “la necesidad de sentir el abrazo social en nuestra tierra sigue en nosotras y los ecos de épica y legitimación que todavía persisten en torno al terrorismo de ETA nos siguen doliendo y son rescoldos que contaminan nuestro ambiente”.

“La violencia vuelve a ganar espacio”

Por otro lado, ha advertido que “la violencia vuelve a ganar espacio en nuestras calles” y que “las generaciones jóvenes de hoy toleran y justifican más la violencia que las de hace una década”. “Los extremos y la radicalidad crecen, frente a la moderación, que no está de moda”, ha alertado, para apuntar que “casi un 25% de la juventud vasca de entre 18 y 25 años se identifica con posiciones de extrema izquierda o de extrema derecha, todo ello en un contexto global en el que cada vez se valoran y respetan menos la democracia y las instituciones”.

En un mundo en el que, según ha indicado, “imperan las lógicas de poder, las injusticias y las desigualdades, se va instalando un clima de desconfianza, en el sistema, en la justicia, en la política, en los medios de comunicación y en las propias personas”. “La insatisfacción y el malestar crecientes son el caldo de cultivo para el miedo, los discursos de odio y la violencia”, ha advertido, para afirmar que “donde la polarización prevalece, la cooperación desaparece y se extienden la desesperanza y la desafección”. A veces, ha reconocido, dan ganas de “bajarse” de este mundo, de “tirar la toalla”, pero, según ha afirmado, “situarnos en una posición catastrofista no ayuda”.

Sara Buesa ha deseado que “todas las personas puedan ejercer su libertad, respetándonos y conviviendo las unas con las otras” y ha subrayado que “la democracia es un proyecto de vida en común”. “Hay personas con las que sentimos que no tenemos nada que ver, que tienen comportamientos despreciables que nos hacen daño, a veces mucho daño, y, aun así, son seres humanos, con dignidad y con derechos”, ha dicho. Para concluir, ha asegurado que “solo hay una única comunidad integradora posible, la enraizada en los derechos humanos y, como decía aita, en la condición de ciudadanía, que es la que nos da derechos y obligaciones, sin hacer distinciones ni discriminar a nadie”.

Tras su intervención, Sara Buesa ha mantenido un diálogo con Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, último sobreviviente del atentado de los abogados de Atocha ocurrido el 24 de enero de 1977, que ha versado en gran parte sobre su último libro titulado “Violencia, compasión, memoria”. Para finalizar el acto, tres bailarinas de Noralai-Escuela de Danza de Vitoria han interpretado una pieza que ha resumido todo lo abordado en el acto.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido el tercer grado concedido al que fuera miembro de la banda terorrista ETA Asier Aralluz, 'Santi', al tiempo que ha anunciado que no se le ha comunicado la decisión del Gobierno vasco de conceder el régimen de semilibertad al que fuera jefe de la organización terrorista Garikoitz Aspiazu Rubina 'Txeroki'.

A través de una nota de prensa, el Ministerio Público ha señalado que el coordinador de Vigilancia Penitenciara de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el fiscal Carlos García Berro, considera procedente que “se revise la legalidad” de la resolución del Gobierno vasco “y se acuerde la clasificación en el segundo grado” de 'Santi', según recoge Europa Press.

La Fiscalía indica que “se valora favorablemente por la Administración aspectos como la petición de perdón a las víctimas y su posicionamiento hacia la reparación del daño, aceptando su implicación en todos los hechos objeto de condena y en el daño causado por ETA”.

“No obstante”, el Ministerio Fiscal indica que la ley “permite adaptar el segundo grado, pero su eficacia se evalúa en función de un uso sostenido, vinculado siempre a un programa de tratamiento”. “La doctrina penitenciaria muestra que su aplicación requiere periodos prolongados de observación para constatar resultados reales”, añade.

Al respecto, el fiscal asegura que el Tribunal Supremo “exige que la evolución tratamental tenga consistencia temporal y sea fruto de un proceso consolidado, no de un cambio reciente”. A su juicio, “un periodo tan breve como tres o cuatro meses no acredita estabilidad, no muestra evolución prolongada, no permite verificar cambios consolidados y no cumple el criterio de prudencia exigido para delitos graves”.

En lo relativo a 'Txeroki', la Fiscalía afirma no haber recibido “la resolución sobre la aplicación” de la semilibertad concedida por el Gobierno vasco. El que fuera jefe de la banda terrorista salió por primera vez de la cárcel de Martutene el pasado 9 de febrero.

Una vez más, Isabel Díaz Ayuso, vuelve a usar a ETA y las víctimas para hacer una crítica política. Esta vez fue hace escasos días con motivo del acto de homenaje a Gregorio Ordoñez por el aniversario de su asesinato a manos de ETA. En aquel atril dijo: “Si nace un nuevo Gregorio Ordoñez en el País Vasco que pueda ganar ampliamente en las urnas, ¿volvería a tener que vivir escoltado?”. Apenas dos meses antes la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que ETA está “preparando su asalto al País Vasco y Navarra”.

Hay ocasiones en las que hay que saber estar a la altura del cargo, pero por alguna razón los hay que se esmeran en comportarse de manera indigna.

La utilización espuria de la memoria de las víctimas del terrorismo de ETA es un habitual en determinadas personas que ostentan algún cargo de representación política. Esto resulta contraproducente para las nuevas generaciones que no han conocido, afortunadamente, el horror del terrorismo.

La propia Comunidad de Madrid comenzó en octubre con unos talleres ('Pasado y presente del terrorismo de ETA: el testimonio de los jóvenes') con charlas de 50 minutos a lo largo del primer trimestre, extensibles al 2026. Esta iniciativa provocó una oleada de críticas que denunciaron la falta de rigor histórico, un marcado sesgo ideológico y la exclusión de las asociaciones mayoritarias de víctimas.

Según el historiador Casquete y el periodista Luis R. Aizpeolea, el taller incurre en errores de bulto. Por ejemplo, mientras en la charla se afirmó que el 80% de los asesinatos de ETA ocurrieron en democracia, los datos del 'Informe Foronda' sitúan esa cifra en casi el 95%. A esto se suma la imprecisión en las cifras de fallecidos ya que los ponentes hablaban de “unos cientos”, por no hablar también de que el carácter “racista” que el taller atribuye a ETA es otro error historiográfico de las personas que han diseñado este taller.

¿Por qué se contó para esto con una asociación inexperta como Ego Non en estas cuestiones? Las víctimas que acuden a dar estas charlas deben tener un trabajo previo, en muchos casos con acompañamiento psicológico. Resulta curioso que no se haya querido contar con asociaciones de víctimas como FVT, AVT o COVITE, con una larga experiencia en el trabajo con las víctimas. Sorprende, más aún, que no se hayan querido contar con entidades que sin representan a víctimas del terrorismo tienen una dilatada experiencia de años de trabajar con víctimas de violencia armada.

Es importante que se multipliquen en las aulas iniciativas pedagógicas sobre estos temas de nuestro pasado. Por eso, lo ideal para las nuevas generaciones es que los participantes pasen por una preparación previa con expertos y deban ser muy rigurosos con el tratamiento de la información histórica.

¿Hablamos de pedagogía o de cuestión política? Decía acertadamente, sobre estos talleres, la diputada socialista Rafaela Romero que hablar de ETA en presente contribuye a la “revictimización”.

En esta cuestión juegan un papel fundamental las víctimas educadoras. La educación juega un papel fundamental en la construcción de una sociedad más tolerante y pacífica, y uno de los métodos más poderosos para lograrlo es a través de los testimonios de las víctimas del terrorismo. Incorporar los testimonios de las víctimas del terrorismo dentro de los programas educativos tiene un gran valor pedagógico, ya que permite tratar temas complejos como la violencia, la intolerancia, el odio y la venganza desde una perspectiva humanista y constructiva. 

Si hablamos de pedagogía, entonces debemos hablar de todas las víctimas del terrorismo y eso debe incluir necesariamente de las víctimas de los GAL, el BVE, la Triple A, Grupos Armados Españoles, Guerrilleros de Cristo Rey o ultraderecha. No hacerlo convierte a los talleres en un proyecto limitado desde el inicio. No incluir a las víctimas de la violencia por motivaciones políticas implica que los talleres surgen con un hándicap importante.

En Madrid, por ejemplo, podrían trabajar con los testimonios de los testigos en el atentado ultraderechista que costó la vida a los cinco abogados laboralistas en enero de 1977 o el asesinato de Arturo Ruiz García el día antes cerca de la Gran Vía madrileña. También podrían trabajar con los familiares de José Luis Alcanzó, apaleado hasta la muerte en septiembre de 1979 por jóvenes de extrema derecha (relacionados con Fuerza Nueva) en el parque del Retiro y que reconocido oficialmente como víctima del terrorismo en 2001. Hay más testimonios: las personas que conocieron a Yolanda González Martín, asesinada en febrero de 1980; o los que conocían a Juan Carlos García Pérez asesinado en Ciudad Lineal en mayo de ese año.

Más allá de las siglas o la ideología que intente justificar la violencia, el foco de cualquier iniciativa educativa debe ser la defensa innegociable de los derechos humanos. Trabajar la vulneración de estos derechos sin distinciones, provenga del terrorismo de ETA o de cualquier otra forma de violencia política. En Euskadi se hace. 

Si el objetivo es construir una sociedad democrática, no se pueden establecer jerarquías entre las víctimas. Reconocer el sufrimiento causado por grupos como el GAL, el BVE o la extrema derecha, junto al de las víctimas de ETA, no resta importancia a ninguna tragedia. La realidad es que refuerza el mensaje de que ninguna causa política está por encima de la dignidad humana y la vida. Solo a través de una mirada inclusiva y rigurosa se puede desactivar el discurso del odio y evitar que las nuevas generaciones hereden los sesgos del pasado.

Solo cuando seamos capaces de honrar a todas las víctimas y rechazar toda violencia con la misma firmeza, estaremos preparando a los jóvenes para un futuro donde la convivencia y el respeto a los derechos humanos sean los únicos protagonistas.

El 19 de septiembre de 1995 aparecía un texto en The Washington Post que publicaba el ensayo llamado “La sociedad industrial y su futuro”, y con el que el entonces una de las personas más buscadas de la FBI, el terrorista ‘Unabomber’ aseguraba que iba a cesar la violencia a cambio de que sus ideas quedaran publicadas.

Y es que, durante dos décadas, de 1975 a 1995, Ted Kaczynski, quien estaba detrás del apodo ‘Unabomber’, había perpetrado 16 atentados bomba que mataron a tres personas e hirieron a 23, lo que lo había convertido en el objetivo de una de las investigaciones más costosas de la historia del FBI, llegando a ofrecer hasta un millón de dólares por su cabeza, pero que fue arrestado un año más tarde, en abril de 1996.

La curiosida vida del terrorista ‘Unabomber’ que se llevará al cine

Theodor John Kaczynski nació en 1942 en el estado de Illinois, en un suburbio cerca de Chicago, en el seno de una familia de origen polaco que le inculcó amor por la música y por la naturaleza. Desde muy joven destacó por sus buenos resultados académicos, entrando en la Universidad de Harvard con tan solo 16 años y donde se graduó con honores, con doctorado de matemáticas por la Universidad de Michigan y ejerciendo luego como profesor en la Universidad de Berkeley con tan solo 25 años, siendo el docente más joven que ha tenido esa prestigiosa institución.

Un trabajo, sin embargo, que dejó en 1969 cuando decidió marcharse a vivir junto a su hermano David en Great Falls, donde se construyó en una parcela común una cabaña de 12 metros cuadrados sin electricidad ni agua corriente ni teléfono. Allí sería donde daría rienda suelta a sus ideas que le llevarían a cometer desde 1975 varios atentados con paquetes bomba, con tres víctimas mortales y 23 heridos, algunos de ellos profesores, otros universitarios, pero también gerentes de tiendas de informática o los pasajeros de un vuelo.

La investigación del FBI para atraparlo y su vida serán una película biográfica de la mano de Netflix, en un largometraje dirigido por Metz, con guion de Sam Chalsen y Nelson Graves, con actores como Jacob Tremblay en el papel de Ted Kaczynski, así como Russell Crowe, Shailene Woodley o Annabelle Wallis. Un proyecto que fue anunciado el pasado junio y que todavía no tiene fecha prevista de estreno.

El manifiesto en el que expuso sus ideas, pero llevó a su detención

Ese ensayo que se publicó en el mencionado diario en 1995, “La sociedad industrial y su futuro”, ha sido editado recientemente por primera vez en español por Errata naturae, junto a otros textos del filósofo terrorista, que se suicidó en 2023 en la prisión de Estados Unidos en la que estaba preso y cumplía cadena perpetua desde 1996. Unos textos de Kaczynski cuya publicación justifica en el prólogo de Desde un bosque lejano. Tecnología, colapso y revolución y que no tiene como objetivo “engrandecer el mito de ningún forajido, sino ofrecer al lector una herramienta teórica y crítica que en los tiempos que vivimos parece cada día más necesaria”.

Un ensayo que reflexiona sobre la sociedad tecnológica con temas que se han ido desarrollando como la cancelación en redes sociales, los problemas de estrés o el peligro de la aparición de nuevas tecnologías sin que los humanos puedan controlarlo. “La historia del arte, la literatura, y el pensamiento está poblada de monstruos. Monstruos en muchos sentidos despreciables cuyas obras, sin embargo, admiramos”, comenta el editor Rubén Hernández en el prólogo del mencionado libro.

“No solo las personas se vuelven dependientes a título individual también lo hace el sistema en su conjunto así el sistema se lo puede avanzar en una dirección la que marcan las innovaciones tecnológicas previas y asentadas y siempre hacia una mayor tecnologización. Suponiendo que la sociedad industrial sobreviva es probable que la tecnología acabe adquiriendo un control casi absoluto sobre el comportamiento humano”, llega a exponer en uno de los apartados de su ensayo.

El ensayo publicado cumplió su objetivo de llegar a ser escuchado, pero también dio lugar a su detención. Fue su David Kaczynski quien informó al FBI de que ‘Unabomber’ era su hermano Ted, siendo detenido este finalmente en 1996 después de dos décadas de una de las investigaciones más costosas y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional al declararse en plena disposición de sus facultades mentales y negar los problemas de salud que quería alegar su defensa. Se suicidaría en 2023 a los 81 años enfermo de cáncer en la cárcel.

El juez del Juzgado Central nº 6 de Instrucción de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, decretó el pasado 27 de noviembre el ingreso en prisión provisional del líder de la célula terrorista de 'The base' desarticulada en la provincia de Castellón en la madrugada del martes 25 de noviembre por el alto riesgo de fuga del detenido así como de reiteración delictiva o destrucción de pruebas, según el auto judicial al que ha tenido acceso elDiario.es.

Al detenido, David Dionis Gandía, un joven de 24 años y natural de un municipio de Onda, en la provincia de Castellón, se le acusa de los presuntos delitos de pertenencia a organización terrorista así como de los delitos de captación, adoctrinamiento y adiestramiento con fines terroristas, por los que el magistrado le ha impuesto prisión provisional comunicada y sin fianza.

El juez Piña destaca el “papel predominante” del líder de la célula terrorista neonazi en la organización criminal y considera probable la reiteración delictiva en base a la existencia de detenciones previas por delitos violentos y delitos de odio.

Asimismo, la Audiencia Nacional considera que existe riesgo de reiteración de delitos por los propios hechos que son objeto de la investigación, en la que destaca la incautación de armas blancas y de gas con la utilización de balas de acero, además de un “exacerbado doctrinario supremacista de nacionalismo blanco”. Algunas de estas armas fueron incautadas en los registros policiales efectuados en dos inmuebles utilizados por la célula terrorista en las localidades de Castellón y Onda.

La investigación judicial confirma que el líder de la célula terrorista ha aceptado la pertenencia a la organización terrorista neonazi 'The Base' y que se encontraba dirigiendo la implantación y consolidación de la misma en España. Además detalla cómo ha realizado “una continua labor de captación y adoctrinamiento en los postulados ideológicos” del grupo terrorista así como su ideario, objetivos y propaganda, pero también la obtención de armas o de técnicas de combate.

Todo ello, en opinión del juez, muestran el “ideario extremista y violento” del detenido que buscaría como último fin la “lucha por la secesión blanca”, en línea con las teorías supremacistas y aceleracionistas que defiende el grupo neonazi. Para ejemplificar su comportamiento “extremadamente violento”, el magistrado de la Audiencia Nacional destaca su implicación en una paliza en Madrid o su lenguaje violento en multitud de publicaciones.

Sobre el establecimiento de la célula terrorista en la provincia de Castellón, el magistrado señala que existen indicios de que habría recibido financiación de parte de la organización terrorista, pero también, que estaría financiando la actividad de su grupo en España mediante el tráfico de drogas a pequeña escala.

El auto judicial confirma también que el líder de este grupo neonazi en Castellón había realizado labores de adiestramiento a terceras personas en forma de entrenamientos tácticos en los que enseñaba el manejo de distintos tipos de armas en los alrededores de la localidad en la que residía, a pocos kilómetros de la capital provincial.

El grupo terrorista neonazi 'The Base' ya está en España. La confirmación de su presencia ha llegado después de que la Policía Nacional haya desarticulado una célula preparada para cometer atentados en la provincia de Castellón con tres detenciones, en la llamada 'operación Cascadia'. Uno de los arrestados ya se encuentra en prisión preventiva. Sin embargo, sus actividades en la Unión Europea se remontan al año 2019, cuando comenzaron a planificar ataques terroristas a nivel internacional.

Fundado en julio de 2018 por el estadounidense Rinaldo Nazzaro, de 51 años, 'The Base' tiene presencia al menos en Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, la UE y Ucrania. Aunque en sus imágenes propagandísticas sus miembros aparecen con vestimentas paramilitares e incluso con apariencia 'preparacionista', su ideología bebe de las corrientes neonazis, las teorías de la conspiración antisemitas y la 'cultura de asedio' nazi que engloba ideas supremacistas blancas, anti-LGTB y antisistema.

Sus integrantes, que las agencias de inteligencia estiman en torno a al menos un centenar de personas, están convencidos de que la 'raza blanca' está amenazada por la inmigración, los matrimonios interraciales o la reducción progresiva de las tasas de natalidad occidentales. Asimismo, consideran la diversidad, en todas sus formas, como una amenaza existencial, por lo que están dispuestos a promover un 'etnoestado' blanco en el que no tengan cabida divergencias étnicas, sexuales o religiosas.

Además, en el caso de este grupo neonazi, se apuesta por el aceleracionismo como estrategia política violenta para tratar de alcanzar el poder. Este concepto filosófico, que tiene adeptos tanto a la izquierda como a la derecha del espectro político, se basa en el reconocimiento de que la sociedad moderna, liberal y capitalista presenta una serie de defectos inherentes que serían precisamente la causa de su desaparición, que sería inevitable y estaría en aceleración.

Sergio Gracia, del medio académico especializado en extrema derecha Cinved, considera que la llamada 'operación Cascadia' demuestra “el aterrizaje en España del aceleracionismo”, al que destaca por su “visión apocalíptica del mundo”. Además, reclama estar “en alerta” frente a otros grupos o sucursales de extrema derecha que aparecieron tras la pandemia en países como Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda o EEUU: “Creo que estamos ante la punta del iceberg”.

Los aceleracionistas creen que pueden y deben acelerar el colapso de la civilización capitalista y liberal. Una pulsión política que, en el caso de los aceleracionistas de extrema derecha, se condensa en una serie de tácticas y estrategias diseñadas para añadir presión y exacerbar las divisiones sociales latentes, en muchos casos a través de la violencia, con el objetivo de acelerar este colapso de la sociedad actual.

Con un funcionamiento y organización descentralizados, el grupo neonazi 'The Base' promueve la creación de pequeñas células terroristas o el adoctrinamiento de lobos solitarios a nivel internacional con un sistema similar al desarrollado por el grupo yihadista Al Qaeda [que en árabe significa precisamente 'la base'], según explica en una conversación con elDiario.es el profesor de la Liverpool Hope University Matthew Feldman.

“Su principal objetivo es derrocar los gobiernos estatales mediante una guerra racial”, señala Feldman, “una forma de avanzar en la creación de un etnoestado blanco” en el que no tendrían cabida personas que no sean blancas o de otras religiones y que también buscan deshacerse de izquierdistas o de personas LGTBI. En definitiva, se trata del establecimiento de un “nuevo orden revolucionario” nazi.

Sobre su líder y fundador, Rinaldo Nazzaro, el profesor Feldman destaca que dirige el grupo desde la ciudad rusa de San Petersburgo a la que se mudó en algún momento de 2019. Pese a la gran especulación que hay alrededor de su figura, la BBC sitúa a Nazzaro en Rusia ya en marzo de 2019 vistiendo una camiseta negra con la imagen de Vladímir Putin y el mensaje 'Rusia, poder absoluto'. Además, la televisión pública británica detalló que, junto a su esposa, compró una vivienda en el centro de San Petersburgo en 2018 a nombre de ella, de nacionalidad rusa.

Feldman señala que el líder de 'The Base' tiene “algún entrenamiento militar” de Estados Unidos y que, antes de trasladarse a Rusia, fue empleado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EEUU y después estableció una empresa llamada Omega Solutions dedicada al sector de la seguridad y la inteligencia. Además, el profesor británico apunta que, aunque no está clara la relación de Nazzaro con las autoridades estatales rusas, estas “deben tener algún tipo de conocimiento sobre su actividad”.

'The Base' es “el primer grupo de extrema derecha incluido como organización terrorista” en la lista elaborada por la Unión Europea desde julio de 2024, destaca Feldman. Aunque recuerda que también está considerado como un grupo terrorista en Canadá, Reino Unido, Sudáfrica, Australia o Nueva Zelanda, no cree que sea declarado como tal en EEUU “en un futuro próximo”. El académico explica que, aunque la legislación sí se ha utilizado en este país para declarar como terroristas a organizaciones izquierdistas con presencia en Estados Unidos, como ocurrió recientemente con el caso de 'Antifa', no cree que esta designación se produzca “en los próximos tiempos”.

Propaganda y reclutamiento en redes sociales

Matthew Feldman, que es uno de los mayores expertos en Europa en organizaciones de extrema derecha, destaca como principal área de actividad propagandística de este grupo las redes sociales, especialmente el servicio de mensajería instantánea Telegram. “Se comunican principalmente a través de redes sociales, a veces utilizan redes encriptadas y en algunas ocasiones la dark web”, explica Feldman, que critica el poco “control” que este tipo de aplicaciones mantienen sobre los grupos privados y los mensajes extremistas.

Laura Méndez, especialista en radicalización y terrorismo, explica a elDiario.es que el reclutamiento en línea es “central, ya sea para la extrema derecha en general o para los aceleracionistas en particular” por la propia realidad del extremismo y del terrorismo, que hoy en día es “una realidad digitalizada, descentralizada y global”. “En general, se produce en canales o comunidades donde se difunden narrativas antisistema”, detalla Méndez, que apunta que en el caso del aceleracionismo este se promueve en otros espacios menos públicos.

El aceleracionismo en el que se inscribe 'The Base' “se manifiesta en el entorno de la extrema derecha, pero también puede aparecer marginalmente en otros donde convergen diferentes líneas conspiracionistas”, añade la especialista, que considera que también puede accederse a esta ideología a través de relatos de sustitución, como el promovido por grupos de extrema derecha y que plantea la sustitución de la población blanca por etnias de otros orígenes, o de colapso del sistema.

Sobre el perfil de los radicalizados, Méndez explica que “los jóvenes tienden a experimentar una necesidad acusada de claridad y pertenencia” frente a la que el extremismo les ofrece “una salida atractiva, disfrazada de certezas”. Esta radicalización se produce de manera horizontal, “fruto del entorno digital”, y en “micro-comunidades” en las que cualquiera puede actuar como agente radicalizador. “Lo peligroso del aceleracionismo es que ni siquiera requiere jóvenes muy politizados, es una ideología simple y emocional con un gran potencial de atracción simplemente por su carácter antisistema”, agrega.

Además, preguntada por las similitudes entre grupos terroristas yihadistas y aceleracionistas, la especialista apunta que en ambas ideologías hay “una concepción de violencia sistemática para generar un cambio profundo”. “Cada una con su propia visión sectaria, pero el método es el mismo: la violencia; y los procesos de radicalización muy similares, ninguno necesita una conexión orgánica con estructuras más grandes o influyentes para existir o expandirse, solo habilidad para llegar a las audiencias que les interesa”.

Como todo movimiento extremista y terrorista, la propaganda es clave. No solo para captar nuevos miembros, sino también para ampliar la difusión de sus acciones violentas. Laura Méndez señala que esta se produce principalmente mediante la difusión digital en canales internacionales: “Es una dinámica de recepción e imitación mimética, no siempre de pertenencia, lo que hace más complicado el seguimiento”.

Sergio Gracia recuerda que el caso de 'The Base' es muy particular en este sentido, ya que mientras este tipo de grupos normalmente se presentan, llevan a cabo los actos y utilizan las redes para su propaganda, este grupúsculo neonazi ha actuado “de forma inversa”. “The Base' es hoy un caso esencial de estudio. Porque demuestra el salto de lo online a lo real”, explica Gracia, que pone el foco en cómo la ultraderecha transnacional utiliza Internet para organizarse.

“Vimos lo que pasó en Torre Pacheco con grupos neonazis de otros puntos de Europa”, recuerda, y pide tener presente “la convergencia entre supremacismo, conspiracionismo, aceleracionismo y violencia real”, así como la “eficacia” de los métodos de radicalización digital, entre los que menciona la propaganda audiovisual, las redes sociales privadas o cifradas, y la oferta de comunidad, identidad y pertenencia que estos grupos ultras ofrecen a los jóvenes.

Esta propaganda digital a la que hacen referencia todos los expertos “puede estar dirigida a personas que hayan caído ya en comunidades meméticas y subculturas nihilistas, consumidores de contenido edgy o violento, jóvenes expuestos a soledad o frustración o simplemente personas que están en una burbuja de contenidos de extrema derecha a la que también les ha llevado el algoritmo”, detalla Laura Méndez.

Acciones terroristas de 'The Base'

La semana pasada, un tribunal de la ciudad de Luxemburgo condenó a una pena de 8 años de cárcel, seis de ellos de pena suspensa, a un joven de 23 años. Alexander H., ciudadano sueco nacido en Luxemburgo, fue condenado el 27 de noviembre por participar y liderar una organización terrorista, incitación para cometer actos terroristas y reclutamiento de individuos con intenciones terroristas. Una de las inspectoras de policía que testificó en el juicio descartó cualquier posibilidad de que se tratase de un joven descarriado, y defendió su participación activa en la red de extrema derecha de 'The Base', a la que apuntó que se había unido de forma proactiva avanzando rápidamente hasta una posición de liderazgo.

Detenido en 2020, el tribunal considera probado que este joven que entonces tenía apenas 18 años planeaba atentados terroristas en Luxemburgo, Suecia y los Países Bajos, entre ellos un ataque durante el concurso de Eurovisión de ese año, celebrado en Rotterdam. Sin embargo, la justicia ha suspendido durante seis años su condena, obligando al joven a participar en un programa de desradicalización durante cinco años, con informes sobre sus progresos cada seis meses.

Alexander H., que era miembro de 'The Base', es el primer condenado penalmente de este grupo terrorista neonazi en Europa. Aunque no llegó a llevar a cabo los ataques planeados, en octubre de 2019 propuso al grupo ecofascista 'Brigada Verde' un ataque contra una granja de visones bajo su organización, que él mismo grabaría en vídeo y haría público. El joven fue condenado entonces en Suecia por incendiar la granja, que en esos momentos no tenía animales en su interior.

En Estados Unidos, las primeras acciones terroristas conocidas del grupo fascista se remontan también a 2019. En concreto, entre los días 15 y 23 de septiembre de ese año, una célula de tres personas liderada por Richard Tobin, que entonces tenía 18 años, lanzó una operación llamada 'Kristallnacht' [en referencia a la noche de los cristales rotos] en la que dañaron sinagogas de Michigan y Wisconsin y pintaron símbolos nazis o del grupo 'The Base'.

Más tarde, en las semanas posteriores a la toma del capitolio por parte de grupos de apoyo a Donald Trump, otra célula de este grupo terrorista a la que pertenecía un canadiense reservista del ejército fue desactivada por el FBI. En total fueron seis las detenciones en los días previos a una gran manifestación en la que planeaban sembrar el caos y que se celebró en Richmond, Virginia, contra las medidas legislativas para el control de armas que trataba de establecer el gobernador Ralph Northam. Esta propuesta finalmente no sería aprobada por el senado estatal.

Entre los detenidos se encontraban al menos dos antiguos militares: el canadiense Patrik Jordan Mathews, que fue condenado a nueve años de cárcel en octubre de 2021, y el veterano estadounidense Brian Mark Lemley, condenado también a 9 años de prisión. El terrorismo de extrema derecha lleva años refugiándose en las fuerzas armadas occidentales.

En noviembre de 2023 tuvo lugar la mayor operación policial a nivel europeo contra integrantes del grupo neonazi. De forma coordinada con Europol y Eurojust, cinco personas terminaron detenidas en una operación simultánea en Bélgica, Croacia, Italia, Lituania, Países Bajos y Rumanía. Los sospechosos fueron acusados de difusión de propaganda extremista violenta, reclutamiento de nuevos miembros o por compartir manuales de impresión 3D de armas. Algunos de ellos habían escrito un manifiesto de ideas neonazis, tenían acceso a armas y se consideró que estaban preparados para acometer un atentado de forma inminente.

Sin embargo, el que seguramente sea el atentado terrorista más importante de 'The Base' es el perpetrado en julio de 2025 en la capital de Ucrania, Kiev. El ala ucraniana del grupo neonazi estuvo al parecer implicada en el asesinato del coronel Iván Vorónich, miembro del servicio de inteligencia Ucraniano (SBU). En un post de Telegram citado por The Guardian, la célula ucraniana señalaba que “el tiroteo del coronel del SBU no es el final, sino solo el principio” y abogaba por “continuar nuestra lucha hasta que la justicia venza”.

Desde abril de 2025, el grupo neonazi está ofreciendo dinero a voluntarios y reclutas para que lleven a cabo ataques sobre “estaciones de energía eléctrica, vehículos policiales y militares, personal policial y militar, edificios gubernamentales y políticos” en Ucrania y específicamente en su capital, Kiev. En el presente año, además del asesinato del coronel Vorónich, se tiene constancia de al menos una decena de actos de sabotaje en forma de incendios perpetrados por 'The Base' en Ucrania.

La Policía Nacional detuvo el pasado martes a tres personas acusadas de pertenecer a la primera célula terrorista identificada en España del grupo neonazi 'The Base' [La base, en castellano], que alentaban a cometer atentados y que contaban con numerosas armas en su poder. La Audiencia Nacional ha decretado el ingreso en prisión del líder de esta célula establecida en la provincia de Castellón.

A los tres detenidos en esta operación policial, liderada por la Comisaría General de Información con apoyo de la Brigada Provincial castellonense y bajo la dirección de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, se les acusa de delitos de pertenencia a organización terrorista y de captación, adoctrinamiento y adiestramiento con fines terroristas, además de tenencia ilícita de armas.

Las investigaciones policiales, que también han contado con el apoyo de Europol, continúan bajo la dirección de Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional y comenzaron a principios de 2025. Agentes especializados de antiterrorismo detectaron a un individuo que estaba ya muy radicalizado y que se declaraba alineado con los postulados terroristas neonazis de la organización denominada 'The Base'.

Esta organización, que fue incluida en julio de 2024 por el Consejo de Europa en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, fue fundada en 2018 por el estadounidense Rinaldo Nazzaro y aboga por la creación de 'etnoestados' de 'raza blanca' mediante el uso de acciones terroristas para derrocar violentamente a los gobiernos democráticos existentes. 'The Base' tiene presencia al menos en Estados Unidos, Canadá, Australia, Sudáfrica y la Unión Europea.

El grupo neonazi opera como “una red descentralizada y clandestina de pequeñas células operativas”. Sus principales postulados ideológicos se caracterizan por el supremacismo racial, el aceleracionismo militante y la preparación para una “guerra racial”. Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y la UE ya la han incluido en sus listas de organizaciones terroristas, en algunos casos desde el año 2021.

El grupo terrorista de la provincia de Castellón, integrado por al menos tres personas, contaba con individuos altamente radicalizados y que basaban su estilo de vida según la Policía en los postulados de esta organización supremacista. Además, habían realizado ya entrenamientos tácticos con técnicas y material paramilitar y se encontraban “en disposición de realizar atentados”.

Los agentes comprobaron también el uso de redes sociales para reclutar nuevos militantes, el enaltecimiento de acciones violentas de otras organizaciones terroristas afines o la difusión de contenido audiovisual de carácter aceleracionista.

Además, en los últimos meses su discurso se había endurecido y los integrantes de la célula habían alentado a llevar a cabo “acciones violentas” o a manifestar su disposición a realizar “ataques selectivos” para la causa abiertamente.

El líder del grupúsculo español mantenía contacto directo con Nazzaro, el fundador del grupo neonazi, que hace un mes hizo un llamamiento público para consolidar las células terroristas a nivel internacional y ordenar la ejecución de ataques selectivos con la intención de “colapsar las instituciones democráticas occidentales”. Estos hechos, sumados a la acumulación de armamento observado por los agentes españoles, llevó a la puesta en marcha de un operativo policial en la madrugada del pasado martes que terminó con la detención del líder de la célula terrorista y sus dos principales colaboradores.

En total, los agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo cinco registros en la provincia de Castellón en los que han sido intervenidas nueve armas, dos de ellas de fuego, munición, más de una veintena de armas blancas, equipamiento táctico militar completo, material y documentación de carácter supremacista y aceleracionista, así como propaganda de la organización terrorista y otro tipo de parafernalia neonazi.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia ha informado este sábado de la apertura de una investigación por un delito de conspiración terrorista para atentar contra personas a tres sospechosos detenidos en la última semana en relación con una memoria USB incautada en prisión a Salah Abdeslam, el único yihadista vivo de los comandos que cometieron los atentados del 13 de noviembre de 2015 en Saint-Denis y la capital francesa, en los que fueron asesinadas 132 personas.

Según la Fiscalía, el primer interrogado por la posesión ilegal del citado material, el martes y el jueves de esta semana, fue el propio Abdeslam, condenado a cadena perpetua en 2022 como único superviviente del grupo de diez terroristas que perpetró los ataques suicidas que acabaron con la vida de 132 personas y dejaron más de 400 heridos, entre ellos en la sala de conciertos Bataclán.

La primera detención en relación a la investigación por la memoria USB del belga se produjo el martes, según ha detallado la Fiscalía, que ha decidido ampliar de forma excepcional su arresto más allá de las 96 horas reglamentarias en base a un artículo del código de procesamiento penal que lo permite en casos de “riesgo grave de atentado terrorista inminente en Francia o en el extranjero” o si “las necesidades de la cooperación internacional lo exigen imperativamente”.

Esta medida, que requiere de la autorización de un juez, no es utilizada de forma habitual por los tribunales antiterroristas.

La primera detenida es la actual pareja sentimental de Abdeslam, según la emisora RTL. Maëva B., de 27 años, según ha revelado el diario de la capital francesa Le Parisien, al parecer ha mantenido una larga correspondencia con el preso terrorista antes de obtener un permiso para visitarle. La mujer se habría radicalizado muy rápidamente tras su conversión al islam, según la televisión BMFTV.

Se sospecha que proporcionó a Abdeslam, previsiblemente durante una visita a la prisión de Vendin-le-Vieil en Pas-de-Calais (noroeste), una memoria USB con contenido yihadista.

La mujer está detenida por receptación de material ilegal perteneciente a un preso y por asociación delictiva para cometer terrorismo, señaló la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT).

Las otras dos detenciones por conspiración terrorista tuvieron lugar este pasado viernes.

Francia conmemorará el próximo jueves el aniversario de los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015 en Saint-Denis y en París, en los que varios comandos terroristas asesinaron a 132 personas en el Estadio de Francia, en terrazas de varios bares y restaurantes y en la sala de conciertos Bataclan.

Representantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) les han trasladado al lehendakari, Imanol Pradales, y a la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José, que las víctimas de ETA perciben los terceros grados a presos autorizados por el Gobierno vasco como “indultos”, lo que les resulta “demoledor”. Por su parte, Pradales y San José les han explicado los criterios que se siguen para estas concesiones y les han informado de que pueden ser revocadas si los reclusos no cumplen las condiciones establecidas.

El lehendakari, acompañado por la consejera, ha recibido este martes en Vitoria a la presidenta de la AVT, Maite Araluce, y su equipo, compuesto por el consejero de la asociación, Miguel Folguera, y la abogada Carmen Ladrón de Guevara. Según ha explicado en un comunicado recogido por Europa Press la AVT, en la reunión, que se ha celebrado en un clima de “buen entendimiento por ambas partes”, ha trasladado a los mandatarios vascos las “principales inquietudes de las víctimas del terrorismo”.

En primer lugar, les ha transmitido “la honda sensación de revictimización que están experimentando las víctimas con la concesión de terceros grados a presos de ETA, siendo percibidos por el colectivo como una suerte de indultos disfrazados de terceros grados”. “Hemos puesto el foco precisamente en los últimos terceros grados, que se han concedido a presos que no han cumplido ni la mitad de la condena, y hemos explicado que, si un tercer grado ya es complicado de explicar a una víctima, estos casos resultan demoledores para ellas”, ha indicado.

La asociación ha señalado que Pradales y San José les han escuchado “atentamente”, les han explicado los criterios que se siguen para realizar estas concesiones, y han subrayado que, “si los presos no siguen las condiciones fijadas, siempre pueden ser revocados” los terceros grados. La AVT ha apuntado que también se ha tratado el tema de “las cartas de supuesto perdón” de los presos de ETA, y han hablado de “establecer algún tipo de cauce para que las víctimas que así lo quieran, puedan acceder a ellas”.

Actos de enaltecimiento

Otro de los asuntos que han abordado ha sido, tal como ha explicado este colectivo de víctimas, los actos de “enaltecimiento del terrorismo” que han sido “la tónica predominante” en las fiestas de verano. “Les hemos transmitido que el Parlamento Vasco cuenta desde mayo con una propuesta legislativa para sancionar estos actos”, ha apuntado, para indicar que han entregado al lehendakari y a la consejera el informe de la AVT sobre “el impacto psicológico en las víctimas que producen los actos de recibimiento y homenaje” a presos de ETA.

Además, les han advertido de que no solo “hay que tener en cuenta solo este dolor” en los damnificados, sino también “el peligroso mensaje de justificación de la violencia que se lanza a la juventud”. Por último, han consensuado “seguir trabajando en los proyectos de colaboración” que tienen en marcha para mejorar la situación de las víctimas del terrorismo en Euskadi, y se han comprometido a “mantener esta fluida comunicación en el futuro por el bien” de estas.

La Fundación Joxe Mari Kortaren Bidetik, en memoria del empresario vasco Joxe Mari Korta asesinado por ETA el 8 de agosto de 2000, ha decidido poner fin a su actividad, centrada sobre todo en el reconocimiento a las víctimas y en el rechazo a la violencia, coincidiendo con el 25 aniversario de la muerte del que fuera presidente de Adegi. Así lo ha confirmado el portavoz de la Fundación Joxe Mari Kortaren Bidetik, Jesús Mari Mujika, en una entrevista en Euskadi Irratia, quien ha valorado la labor realizada durante estos 25 años poniendo de relieve los valores de Korta, pero ha lamentado que no han “sabido transmitir a las nuevas generaciones una visión crítica con la violencia”.

La fundación anunció en julio de 2017 que dejaba de celebrar el homenaje que anualmente, cada 8 de agosto, llevaba a cabo en recuerdo del empresario junto a la empresa Korta en Zumaia (Gipuzkoa), tras 16 años concentrándose en el lugar donde fue asesinado por la banda terrorista, que colocó una bomba lapa en su vehículo. En ese momento, sus portavoces, acompañados de Andoitz Korta, hijo de Joxemari Korta, explicaron que esa decisión pretendía ser “una aportación a un proceso gradual de la consecución de la normalidad en la sociedad en un momento cualitativamente distinto a la de la década de los años 2000”.

Además, incidieron en que la Fundación Joxe Mari Kortaren Bidetik seguiría dando continuidad a los objetivos especificados en sus estatutos como “mejor manera de recordar a Joxemari Korta, sin renunciar en ningún momento al decálogo que sobre la convivencia y reconciliación aprobó la fundación y que se hizo público en 2013”. En este sentido, en este tiempo han continuado con el “impulso a la formación teórica y práctica de los jóvenes, proyectos de innovación y educación integral, a la mejora de los recursos humanos, al emprendimiento, al deporte y salud de la juventud” y “todo ello impregnado con los valores que Joxemari practicó, como la honestidad, el esfuerzo personal, el diálogo constructivo, un humanismo solidario y comprometido, así como el amor al país”, según recoge Europa Press.

Mujika ha apuntado que 'Joxemari Kortaren Bidetik' ha impulsado el desarrollo de iniciativas dirigidas a la formación de los jóvenes en proyectos de innovación y educación integral en Formación Profesional. Pese a que la fundación cesa su actividad, algunos de los proyectos iniciados continuarán en vigor como es el caso del programa de becas puesto en marcha en 2024 con el objetivo de mantener viva la memoria de Korta y transmitir sus valores éticos.

La Diputación de Gipuzkoa y la Fundación Joxe Mari Kortaren Bidetik colaboraron en este proyecto, que apoyará anualmente a dos jóvenes estudiantes de Formación Profesional en sus estudios sobre las Tecnologías Industriales.También seguirá activo el Premio Joxe Mari Korta que otorga el Gobierno Vasco cada año a empresarios destacados. En la edición de 2025 ha sido entregado al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga.

La Guardia Civil ha desarrollado unas intensas jornadas de formación y entrenamiento en el “Polígono de Experiencias para Fuerzas Especiales” (PEFE), en Logroño -La Rioja-, dentro del marco del Programa Anual de Ejercicios NRBQ (PAEs). Estas actividades, de alto nivel técnico y operativo, están diseñadas para mantener en estado óptimo el sistema de respuesta frente a amenazas nucleares, radiológicas, biológicas y químicas (NRBQ), consolidando a la Guardia Civil como una de las primeras líneas de defensa ante este tipo de emergencias dentro de su ámbito territorial.

Capacitación constante para hacer frente a amenazas de alto riesgo

El Programa Anual de Ejercicios NRBQ no solo evalúa el nivel de instrucción del personal y el estado del material especializado, sino que también refuerza la cohesión operativa entre las distintas unidades y estandariza los procedimientos de intervención ante escenarios de contaminación o atentado con agentes peligrosos. Todo ello con el objetivo de garantizar una actuación conjunta, coordinada y eficaz frente a amenazas NRBQ. Durante estas jornadas, los agentes han profundizado en maniobras de detección, descontaminación y manipulación segura de sustancias tóxicas, combinando formación teórica con ejercicios prácticos de alto realismo.

El ejercicio, coordinado por la Unidad Central Operativa NRBQ (UCO NRBQ), simuló una amenaza realista con un doble objetivo: la localización y neutralización de dos terroristas y el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de ricina, una toxina altamente peligrosa. La operación contó con la participación del Grupo de Acción Rápida (GAR) y las Unidades de Seguridad Ciudadana (USECIC) de La Rioja, Burgos, Gipuzkoa y Bizkaia.

Este escenario permitió evaluar la capacidad de respuesta táctica, la coordinación entre unidades y la eficacia de los protocolos de intervención en tiempo real, ante situaciones de máxima peligrosidad.

Las Unidades NRBQ, distribuidas por Zonas y Comandancias en todo el país, están preparadas para activar de forma inmediata los protocolos de emergencia ante cualquier incidente con riesgo químico, biológico, radiológico o nuclear. Su entrenamiento constante y especialización técnica resultan fundamentales para proteger a la población ante amenazas emergentes y garantizar una intervención eficaz en los primeros momentos de la crisis.

Veronique Caplanne es la hija de Robert Caplanne, asesinado por los GAL en Biarritz el 3 de enero de 1986. Cuando ocurrió el atentado Veronique tenía 14 años y era 24 de diciembre. Tras pasar unos días ingresado en el hospital, finalmente falleció el 3 de enero. “Nadie nos ha ayudado y nadie quería hablar con nosotros. Era un secreto sin ser un secreto. Nosotros no estábamos en esas historias ni de ETA, ni de los GAL, ni de la Policía. No sabíamos nada. Nadie nos ha ayudado y nadie nos ayudó”, reconoce casi 40 años después en una entrevista recogida en la investigación 'El terrorismo de Estado ante sus víctimas. Concersaciones a propósito de los GAL', realizada por los politólogos e investigadores Jerónimo Ríos y Egoitz Gago. Se trata de la tercera obra que publican tras 'La lucha hablada', un libro en el que miembros de ETA cuentan su experiencia en la banda y la segunda parte, en la que son las víctimas de ETA las que narran su historia.

En esta ocasión han querido centrarse en las víctimas de los GAL para llenar un “vacío académico”. “La renuncia a escribir sobre los GAL se entiende en un país como España, donde el grueso de las víctimas del terrorismo y de acción violenta desplegada fue a cargo de ETA. ETA ha focalizado buena parte de la atención académica durante décadas. También hay otras miradas, sobre todo de otros terrorismos, como el terrorismo de extrema derecha o terrorismos asociados al yihadismo fundamentalista, pero hay vacíos incomprensibles en torno a los GAL y eso también ocurre por la dificultad de encontrar documentación”, reconoce a este periódico Jerónimo Ríos.

Las víctimas entrevistadas denuncian la falta de apoyo institucional tanto vasco, como a nivel de España y Francia (donde ocurrieron la mayoría de los atentados). Maider García Martín, hija de Juan Carlos García Goena, asesinado por los GAL en Hendaya el 24 de julio de 1987, relata las insuficientes aproximaciones que han llegado a tener por parte de sectores políticos. “A mi madre, una persona muy importante del PSOE le llegó a reconocer que seguíamos siendo la gran losa del partido y que les pesábamos mucho. Ellos saben que tienen ahí una responsabilidad enorme y que no han dado el paso que se espera de ellos. Aquí, en Euskadi, todo el mundo es consciente que el PSOE tiene una deuda pendiente, es igual que cuando le piden a la izquierda abertzale que tienen que dar un paso más con respecto al reconocimiento de las víctimas de ETA”, detalla en el libro García Martín. El terrorismo de Estado se desarrolló durante los mandatos de Felipe González.

A mi madre, una persona muy importante del PSOE le llegó a reconocer que seguíamos siendo la gran losa del partido y que les pesábamos mucho

Maider García Martín — Hija de Juan Carlos García Goena, asesinado por los GAL

“La de los GAL es una responsabilidad que el PSOE no se asume y que, y que efectivamente es una grandísima losa democrática o antidemocrática. Ya han pasado 40 años, pero no podemos pasar las páginas de nuestra historia sin antes leerlas y eso implica que quizá haya que normalizar, haya que exigir, haya que visibilizar y haya que reclamar una ausencia de responsabilidades, de cuestionamientos y la aceptación de cuestiones que, al menos en el plano simbólico, en el plano moral y en el plano más normativo, son necesarias. Yo creo que los derechos a la verdad, la dignidad, la memoria y la justicia se ven seriamente afectados con la posición de renuncia del PSOE a aceptar, a reconocer, a discutir sobre un pasado muy oscuro, muy turbio, en el cual todavía, por desgracia, no se ha contado todo”, lamenta Ríos.

Según el investigador, el oscurantismo acerca de las informaciones relacionadas con los GAL es algo que afecta a los Gobiernos socialistas en todos los niveles. “Hay una gran opacidad, oscurantismo en el acceso a cierta documentación y a cierto tipo de fuentes. Y por supuesto, hay que tener en cuenta que esto vincula a un Gobierno socialista en Madrid, a un Gobierno socialista en Euskadi y a un Gobierno y a unas elites políticas que tienen connivencias muy perversas, con manzanas podridas, con sectores muy concretos del ámbito de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, pero que indudablemente desembocan en elementos a los cuales hay que atender. Y ese es un un reclamo que tratamos de hacer. Por supuesto que entendemos que en un país como España, donde hay 860 víctimas de ETA, pues eso implique la necesaria atención o predominancia de ETA, pero la gravedad de los GAL reviste precisamente en su naturaleza jurídica, en que es el Estado el que manda matar a través de mercenarios, haciendo uso de fondos reservados y haciendo uso de elementos que son la máxima expresión de las cloacas más despreciables del Estado. Y además, si a eso le sumas que en el 40% de las muertes violentas, por ejemplo, hay equivocaciones, pues nos encontramos ante una situación que considerábamos que era necesario seguir reivindicando y visibilizando”, argumenta.

La gravedad de los GAL reviste en su naturaleza jurídica, en que es el Estado el que manda matar a través de mercenarios, haciendo uso de fondos reservados y de las cloacas más despreciables del Estado

Jerónimo Ríos — Politólogo e investigador

Al igual que ocurrió en la investigación realizada a víctimas de ETA, en las entrevistas realizadas a víctimas de los GAL se ve gran diferencia de relatos. Una de las principales diferencias es el hecho de que algunas de las víctimas de los GAL fueron miembros de ETA, mientras que otras no. “Para mí lo importante de todo es decir que a mi padre lo mató el GAL y que nunca tuvo nada que ver con ETA, pero que es una víctima también. No nos pueden meter en el mismo saco. Esos matices son complicados. Lo que predomina, como te decía antes, es que si te mató el GAL es porque algo habría hecho la víctima”, confiesa Veronique.

En la investigación también se aporta el testimonio de Izaskun Ugarte y Haize Goikoetxea, viuda e hija de Mikel Goikoetxea Elorriaga “Txapela”, asesinado por los GAL en San Juan de la Luz el 1 de enero de 1984. “En nuestro caso, nosotras sí que fuimos consideradas como víctimas de terrorismo. Es decir, nosotras pedimos la ayuda y nos la concedieron. Estábamos en ese listado, pero llegó el cambio de ley y nos hemos quedado fuera. ¿Por qué? Porque Mikel Goikoetxea era militante de ETA y nosotras, por tanto, no merecemos nada. No tenemos derecho a nada. Que hubiese muerto en un atentado a manos del Estado español no importa. Al final su mensaje es el mismo. Nosotros lo matamos y está bien muerto”, lamenta Haize.

Que alguien asuma la responsabilidad de haberlo hecho, sobre todo si es un Estado el que mata

Haize Goikoetxea — Hija de Mikel Goikoetxea Elorriaga “Txapela”, asesinado por los GAL

Lo que la familia de Goikoetxea reivindica, al igual que el resto de las familias, es saber lo que pasó. “Quién lo hizo, cómo lo hicieron, quién pagó, cuánto pagó. Y, sobre todo, que alguien asuma esa responsabilidad, no sé si judicialmente hablando, pero por lo menos sí a otros niveles. Que alguien asuma esa responsabilidad de haberlo hecho, sobre todo si es un Estado el que mata. Que al final, que una persona o una organización asuma las armas vale, pero que un Estado que se supone que debe proteger y tiene que garantizar un montón de cosas, se haya saltado todas las leyes y haya hecho lo que ha querido impunemente, no sé... Además, con dinero público, con fondos reservados, utilizando la policía y recurriendo a mercenarios. Se trata de una barbaridad tras otra. Todo eso habría que esclarecerlo punto por punto, no solo en nuestro caso, sino en todos”, exige Haize Goikoetxea.

“El hecho de que haya terrorismo de Estado y haya una militancia de ETA no exime, ni justifica, ni valida prácticas atroces como las que vivieron Lasa y Zabala o como las que podemos encontrar en el caso de la viuda de Goikoetxea. Es decir, a ellas, por ejemplo, se les niega la condición de víctimas de terrorismo por la pertenencia a ETA. Ser de ETA no exime que hayan sufrido terrorismo de Estado”, indica Ríos.

El hecho de que haya terrorismo de Estado y haya una militancia de ETA no exime, ni justifica, ni valida prácticas atroces como las que vivieron Lasa y Zabala

Jerónimo Ríos — Politólogo e investigador

A la hora de documentarse para realizar la investigación, Ríos reconoce que algunas personas entrevistadas son más accesibles que otras. Para este estudio, además de las citadas, se ha entrevistado a Itziar Zabalza, hermana de Mikel Zabalza, víctima de violencia policial por actos de motivación política asesinado el 26 de noviembre de 1985, a Pili Zabala, hermana de José Ignacio “Joxi” Zabala, secuestrado y posteriormente asesinado por los GAL junto a Joxean Lasa, la madrugada del 15 al 16 de octubre de 1983 e incluso a una de las víctimas directas de los GAL, Kepa Pikabea Ugalde, herido por los GAL en el atentado contra el Bar des Pirennes, en Bayona, el 29 de marzo de 1985. “Hay casos de víctimas que son más fáciles de trabajar porque son víctimas de un mundo ajeno de ETA y, por tanto, son esas personas que siempre están presentes en el espacio público y en los actos que buscan visibilizar las exigencias de las víctimas del terrorismo y del terrorismo de Estado también. Después, hay otras que son muy incómodas por su militancia ETA, por su proximidad a ETA o por su todavía posición dogmática con respecto a lo que supuso. Y a esas también hay que escuchar y atender. Escuchar no es validar. Escuchar es tratar de entender cómo se construyen discursos en torno a demandas, necesidades, reclamos, porque todavía hoy se inscriben en una gama de grises y de contradicciones muy fuertes”, reconoce el investigador.

A pesar del trabajo realizado, Ríos sostiene que ve complicado acabar con el vacío académico con respecto a las investigaciones relacionadas con los GAL. “Es difícil porque el propio estudio reconoce el Estado como actor violento, habla del terrorismo de Estado. Ya de por sí académicamente es un planteamiento teórico muy marginal, muy escorado, muy residual. Digamos que el 'mainstream' de la Ciencia Política, de Historia, de los estudios sobre violencia, se centran básicamente en las acciones desplegadas por los actores que ejercen la violencia, grupos de terroristas, victimarios, etcétera. En los últimos años ha ganado mucho peso dar voz a las víctimas del terrorismo, pero entrar en agentes del Estado, en agentes de la Policía, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no solamente en España, en otros lugares, y especialmente en contextos democráticos, es difícil”, concluye.

La Audiencia Nacional (AN) ha absuelto a la exjefa de la organización terrorista ETA Iratxe Sorzabal del atentado ejecutado en octubre de 1995 en el paso fronterizo de Irún (Gipuzkoa) que produjo daños en la aduana española y ha concluido de que fue “sometida a tratos inhumanos” tras su detención. En una sentencia, recogida por Europa Press, la Sala de lo Penal concluye que la prueba en la que se basaba la autoría del atentado se habría obtenido “con vulneración de sus derechos fundamentales”, en concreto tras la “aplicación de electrodos por parte de aquellos funcionarios que la custodiaban a fin de obligarle a declarar”.

En su declaración en la vista oral, celebrada a finales del pasado mes de febrero, Sorzabal se desmarcó del atentado. “Niego todo”, aseguró, dejando claro que no reconocía los hechos de los que le acusaba la Fiscalía. El pasado mes de abril la Audiencia Nacional ya absolvió a Sorzabal del delito de estragos terroristas en grado de tentativa, por el que la Fiscalía pedía 6 años, por la colocación de un artefacto explosivo en el aeropuerto de Alicante, en julio de 1995.

El tribunal apuntó en ese fallo que había un vacío probatorio acerca de la autoría de ese atentado. Ese vacío, indicaban, provenía de la falta y ausencia de prueba de un dato trascendental como es la autoría de la carta manuscrita —la 'kantada'— que la Fiscalía atribuía a la etarra en la que se vienen a reconocer los hechos y respecto de lo cual no se practicó prueba alguna. La 'kantada' o autocrítica, explicaba el tribunal, son unas manifestaciones o relatos de hechos realizados en una carta manuscrita por miembros de la organización a la cúpula de ETA, una vez que son detenidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

“Despropósito preocupante”

Este mismo jueves, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha denunciado que Ainhoa Ozaeta, “exjefa del aparato de extorsión y tesorera de la organización terrorista ETA”, condenada en 2014 por estos delitos, es actualmente profesora del Departamento de Economía y Gestión de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Covite, en un comunicado, ha calificado este hecho como “un despropósito preocupante” y ha cuestionado el proceso de contratación de Ozaeta, quien, según ha explicado, “defendió su tesis doctoral en 2023 desde la cárcel y, apenas cumplida su condena, fue incorporada al citado departamento”.

“Hemos consultado con investigadores y profesores del ámbito universitario, y nos han confirmado que la celeridad con la que se ha gestionado su contratación es, cuanto menos, anómala, por no decir inédita”, ha asegurado la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez. En ese sentido, ha exigido al rectorado de la UPV/EHU “mayor seriedad y rigor” en sus procesos de contratación, así como “unos mínimos criterios éticos”. “Podrá ser legal que una exjefa de ETA sea profesora una vez cumplida su condena, pero no es ético ni estético”, ha subrayado Ordóñez, según recoge Europa Press.

Desde Covite han ironizado sobre si “la experiencia profesional que la UPV/EHU ha valorado en Ainhoa Ozaeta ha sido su eficaz gestión del llamado 'impuesto revolucionario' de ETA, tarea que desempeñó durante años en la organización terrorista”. Además, han recordado que Ozaeta fue teniente de alcalde en Andoain por Euskal Herritarrok en la época en la que ETA asesinó, en esa localidad, a José Luis López de Lacalle —cuyo 25 aniversario se conmemoró este pasado miércoles— y a Joseba Pagazaurtundua, “asesinatos que Ozaeta jamás condenó”.

“Es indigno e inconcebible que, en un país democrático, una exdirigente de una organización terrorista ejerza como profesora en una universidad pública nada más salir de prisión por delitos gravísimos”, han insistido, al tiempo que han exigido a la universidad pública vasca que “reconsidere esta contratación”. A su juicio, “es un riesgo que las nuevas generaciones tengan como referente a una terrorista que no se ha arrepentido de sus crímenes”. Covite también ha criticado que el mismo Departamento de Economía y Gestión de la UPV/EHU cuente entre su profesorado con Joseba Permach, histórico dirigente de la izquierda abertzale. “Es inaceptable que una universidad pública mantenga entre su plantilla docente a personas que nunca han condenado los crímenes de ETA y que, todavía hoy, lejos de retractarse, se muestran orgullosos de ese pasado. ¿Qué valores están transmitiendo estas personas al alumnado?”, han cuestionado desde el colectivo.