El PP ha rechazado la propuesta de ley del BNG para incluir cláusulas sociales y de igualdad en la contratación pública en el régimen de ayudas y subvenciones al considerarla “una enmienda a la totalidad de la contratación pública” de la Xunta y porque entiende que la Administración autonómica ya promueve ese tipo de criterios.

Según recoge Europa Press, en la defensa de esta iniciativa, la diputada nacionalista Noa Presas ha explicado que se pretende desarrollar en el marco legal gallego, específicamente, cláusulas de igualdad, sociales, medioambientales, de garantía y trabajo digno, lingüísticas, de mejora en el ámbito de la inclusión de personas con discapacidad, así como contratos reservados para “las demandas de la economía social”.

“Proponemos con esta proposición de ley un cambio de modelo para incluir cláusulas sociales y de igualdad en la contratación pública y cambiar ese modelo obsoleto y feudal del Partido Popular por un nuevo modelo que signifique avance y futuro”, ha reivindicado Presas.

Así, la diputada nacionalista ha censurado que hoy en día la legislación de contratación pública “favorecer a los peces gordos” que acceden a “macrocontratos de obras públicas”, con “empresas multiservicios como Eulen”. Un marco, ha afirmado, “que el PP buscó alimentar”.

“Proteger a los peces más pequeños, favorecer a las empresas pequeñas a la economía social o sectores más vulnerables como la discapacidad. Podemos favorecer el crecimiento de este tejido económico y social, podemos tener un modelo mas fuerte y mas justo”, ha defendido.

Por otra parte, también ha lamentado que la ley de igualdad “se limite a introducir los planes de igualdad en la contratación pública como un criterio de desempate”. “Es una tomadura de pelo”, ha criticado.

Por todo ello, la propuesta del BNG pretende “avanzar hacia un cambio de modelo” y que los “7.280 millones de euros” que, ha detallado, se destinan a contratación pública y subvenciones, “tengan un retorno directo en la economía” para que, “a través de cláusulas sociales, sirva de modelo para avanzar en igualdad”.

Apoyo del PSdeG

Por su parte, la parlamentaria del PSdeG Patricia Iglesias ha apuntado que “el 92% de las entidades del sector público no verifican y no controlan” que se cumplan estas cláusulas sociales.

Tras avanzar el voto favorable de los socialistas, Iglesias ha lamentado que la proposición “adolece de algunas deficiencias” y ha tendido la mano al BNG para mejorarla.

Además, la diputada ha reivindicado que la contratación pública y las subvenciones, “bajo el prisma de la justicia social”, son “herramientas nucleares para transformar” Galicia y, entre otras cosas, “para mejorar la vida de los trabajadores”.

En esta línea, ha criticado que el Gobierno gallego “siga haciendo lo mismo”: “La oferta más barata y, curiosamente, siempre salen favorecidas las empresas que tienen vínculos familiares y personales con altos cargos del PP como empresas del Grupo Eulen”.

El PPdeG se pregunta cuál es el “modelo BNG”

Mientras, el diputado del Grupo Popular Roberto Rodríguez ha reprochado que esta propuesta es la “enésima enmienda a la totalidad de la contratación pública autonómica” y ha insistido en que “el objetivo que pretende el BNG ya está legislado” y “ya se está cumpliendo”.

“No es cierto que no dispongamos de una legislación que desarrolle esta normativa. La posibilidad de favorecer determinadas políticas públicas a través de la contratación pública de actividades subvencionadoras es una realidad ya implantada”, ha aseverado.

En este sentido, ha mencionado algunas normativas como la Ley 14/2013 de racionalización del sector público autonómico o la Ley 1/2015 de garantía de calidad de los servicios públicos y de la buena administración. “Lamentamos que esta sensibilidad sobre las cláusulas sociales les llegue con una década de retraso”, ha apostillado.

En este punto, el diputado popular ha cuestionado cuál es el modelo del BNG para la contratación pública, mencionando “el incumplimiento de las cláusulas sociales los pliegos de contratación en lo relativo a personas con discapacidad” en “uno de los mayores escándalos con el sindicato de limpieza” en A Coruña o la “consultora privada dirigida por personas próximas a la cúpula del BNG”.

“¿El modelo de Atlantic Ponte? Esa consultora privada dirigida por personas muy próximas al entorno de la cúpula del BNG y a la que administraciones en las que el BNG gobierna o apoya al gobierno se le hayan adjudicado contratos por importe de 3,6 millones de euros, mayormente en contratos de los que ustedes llaman a dedo, ¿ese es su modelo?”, ha insistido Rodríguez.

Frente a esto, en su réplica, Noa Presas ha defendido que en los 10 años que lleva en la dirección del Bloque pone “la mano en el fuego por todas y cada una de las personas que pasaron por esa dirección”, así como por la “la trayectoria institucional, social y política” de la organización que representa.

“Más de 40 años sirviendo a este país y ¿cuántas condenas por corrupción como la Gürtel, financiación ilegal demostrada por los tribunales? Cero”, ha reprochado la diputada nacionalista, que ha asegurado que es “absolutamente mentira” que lo que se propone en esta iniciativa “ya esté hecho y desarrollado” en la legislación vigente.

El Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) ha elaborado una “Guía práctica sobre la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública, con especial atención a las cláusulas que permitan la integración y participación en los contratos de las mujeres”, la primera editada en esta materia. La guía, que ha sido financiada por el Pacto de Estado contra la violencia de género, ha sido elaborada por la profesora de la Universidad de Zaragoza María Del Carmen De Guerrero Manso.

La guía, por un lado, da cumplimiento a la Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres en Aragón, aprobada en las Cortes de Aragón el pasado mes de junio de 2018, que “nos interpela a las administraciones públicas a incorporar la perspectiva de género en toda nuestra acción y todo nuestro trabajo y, por supuesto, la contratación es una de las esferas de trabajo más importantes”, explica la directora del IAM, Natalia Salvo.

Por otro lado, Salvo apunta que se ha elaborado este documento para “ofrecer una herramienta a los profesionales que van a efectuar dicha contratación, para conocer y saber cómo deben efectuar la inclusión de la perspectiva de género con el fin de ofrecer garantías y tener unos resultados positivos especialmente para garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la contratación y el acceso a la función pública”.

La guía, que se puede consultar a través de este enlace: http://bit.ly/2ZhWXHef, sirve de ayuda a los órganos de contratación del Gobierno de Aragón que quieran incorporar al pliego algún tipo de condición social. Se incorporan tanto cláusulas que deben incluirse en los pliegos del contrato de forma obligatoria como recomendaciones de otras optativas para los órganos de contratación. Se incluyen explicaciones para facilitar la toma de decisiones y de redacción de los diversos documentos del expediente de contratación.

El Gobierno de Zaragoza ha dado este jueves luz verde a un amplio paquete de cláusulas sociales que serán incorporadas con carácter general a los pliegos de condiciones de los contratos públicos del Ayuntamiento de la capital aragonesa.

Una de las cláusulas contendrá la exigencia a las empresas de crear una bolsa de empleo en la que se baremen los méritos académicos y profesionales, teniendo en cuenta los estudios y formación y la experiencia profesional en la actividad objeto del contrato. El objetivo de esta bolsa, explican, “es garantizar que las contrataciones se realizan aproximándose a los principios de igualdad, mérito y capacidad y siguiendo unos criterios que sean conocidos para evitar discriminaciones arbitrarias”.

Atañe al funcionamiento de esta bolsa uno de los aspectos más destacados del paquete aprobado: en caso de igualdad de cualificación entre candidatos de distinto sexo incluidos en la bolsa, se otorgará preferencia a las candidatas femeninas, “siempre que ello sea necesario para la consecución de los objetivos de igualdad de la mujer y acabar con la infrarrepresentación en el sector”.

Apuntan fuentes municipales que esta cláusula se refiere a los “géneros discriminados, que son, fundamentalmente, mujeres, pero también podría afectar, por ejemplo, a las personas transexuales”. Y reiteran que solo se aplicará esta medida “en caso de empate total” y de que sea necesaria para acercarse a esos objetivos de igualdad.

Plan de conciliación y plantilla con contrato indefinido

Se obligará también a la empresa a desarrollar un plan de conciliación, que contenga “medidas concretas para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, que excedan las tres acciones obligatorias exigidas en la cláusula correspondiente del pliego”.

También tendrán que poner en marcha un programa de información y formación continuada del personal. A este respecto, indican, los licitadores propondrán un plan mínimo de información permanente y de formación anual especificando horas por categoría y los medios técnicos y personal que se comprometen a dedicar al programa.

Las contratas tendrán el compromiso de integrar la plantilla con personal con contrato indefinido, “ya sea mejorando el tipo de contrato de los trabajadores/as subrogados o mediante la contratación indefinida de los que se incorporen ulteriormente”.

Además, serán obligaciones contractuales esenciales del adjudicatario el cumplimiento efectivo de la totalidad de los aspectos contenidos en su oferta, puesto que han sido objeto de valoración para la adjudicación. A colación de este último punto, se establece un régimen de penalidades por incumplimiento de las obligaciones del contratista.

23.125.000 euros es el valor total del nuevo acuerdo marco de telecomunicaciones del Gobierno de Aragón. El que engloba la contratación centralizada de los servicios de telecomunicaciones con destino a los departamentos y organismos públicos, sociedades mercantiles autonómicas, fundaciones públicas y consorcios de la comunidad.

Gracias al que se acaba de rubricar –que tiene un plazo de ejecución de cuatro años prorrogable a otros dos– 48 localidades tendrán servicio de banda ancha a más de 100 Mbps antes de finales de 2020, y otras 145 contarán con velocidades de más de 30 Mbps. En total, apuntan desde el Ejecutivo, 84.531 aragoneses se beneficiarán de manera directa de este servicio.

Sin embargo, el aspecto más novedoso es que, por primera vez, se han incluido cláusulas sociales en este acuerdo marco. Se tendrán en cuenta criterios como la calidad del equipo de trabajo basada en la retribución, planes de igualdad y conciliación, exigencia de condiciones esenciales como el cumplimiento de los pagos o la obligación de no minorar unilateralmente las condiciones de trabajo durante el período del contrato.

La consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar Alegría, ha destacado que los objetivos del Gobierno han sido obtener ofertas más competitivas, “que redunden en beneficios contractuales, tecnológicos y económicos y que estimulen la inversión y el despliegue de infraestructuras alternativas de telecomunicaciones en nuestro territorio”.

5 millones de euros de ahorro

El contrato, que ya ha comenzado a funcionar, se ha dividido en siete lotes para cubrir el servicio de red de datos, el de telefonía fija y móvil, el acceso a internet, la red propia de radioenlaces, la red propia de fibra óptica y la técnica de telecomunicaciones.

En la presentación, han explicado que el ahorro total con respecto al importe de licitación ha sido de 5 millones de euros, un 18 % aproximadamente. Además, “se produce un doble beneficio al permitir una importante renovación tecnológica”.

Alegría ha señalado que tiene la intención de extender la modalidad aplicada en este caso a futuros acuerdos y que, para el Gobierno, “era fundamental que los más de 23 millones de euros tuviesen un efecto altamente positivo en la ciudadanía”.

El Ayuntamiento de Zaragoza incluirá cláusulas medioambientales en los procedimientos de contratación pública. Además, establecerá un porcentaje mínimo de reserva del derecho a participar a Centros Especiales de Empleo y a empresas de inserción reguladas en la adjudicación de determinados contratos.

Lo ha anunciado este martes el alcalde de la ciudad, Pedro Santisteve, en la inauguración de las jornadas “Los contratos reservados y las cláusulas sociales en la contratación pública”, organizadas por Plena Inclusión y celebradas en la Cámara de Comercio de Zaragoza.

En las próximas semanas, apuntan fuentes municipales, se concretará con mayor profundidad el contenido de dichas cláusulas, que se suman a otras medidas ya implementadas por el equipo de gobierno municipal en el pasado: en la actualidad, el Consistorio incluye, a la hora de realizar sus contrataciones, cláusulas de género y obliga a las empresas a no minorar las condiciones de trabajo en función del convenio colectivo al presentarse la oferta.

“Debe haber una política social en la contratación pública”

Santisteve ha señalado que se trata de dos “nuevos avances en una política de contratación pública responsable, que incide en la vida de la ciudad y de sus habitantes”. Para él, “no se puede entender la contratación pública como una mera adquisición de bienes, suministros o servicios que la administración pública necesita, o de adquirir esos bienes y servicios a cualquier precio, o incluso al precio más barato”.

La compra pública responsable, ha señalado, “es clave para el Ayuntamiento de Zaragoza, como administración que incide en la vida de la ciudad y de sus habitantes, por lo que debe haber una política social en la contratación pública”.

La lógica, a veces, ha de convertirse en norma escrita para ser aplicada. Por eso, el Gobierno de Zaragoza (Zaragoza en Común) incluirá una cláusula social en los pliegos de condiciones por la que podrá rescindir, de manera unilateral y sin posibilidad de indemnización, los contratos con empresas que no paguen a sus trabajadores.

“Esto no debería ser novedoso”, dijo tras anunciar la medida el consejero de Servicios Públicos del Ayuntamiento de la capital aragonesa, Alberto Cubero, “pero sí lo es”. Es “lamentable”, prosiguió, “que quien debe hacerlo no lo haga, y sean los ayuntamientos los que tengan que defender lo obvio y evidente: que los trabajadores y trabajadoras cobren por su trabajo”.

Antes argumentó la decisión con un objetivo evidente: “Que no haya empresas que incumplen sus obligaciones legales con sus empleados”. En definitiva, que no vuelvan a sucederse hechos como los del 010. La norma se aplicará, explicó Cubero, cuando una entidad acumule dos meses consecutivos de impago de nóminas, o más de dos mensualidades de forma alterna.

“Sería increíble que la Justicia paralizara esta medida”

Este viernes, 27 de octubre, la medida irá a Gobierno y será aprobada, dijo el consejero, que confía en que no corra la misma suerte que la que afectaba a las empresas con negocios en paraísos fiscales, cautelarmente suspendida por la Justicia: “Sería increíble que se paralizara”. La norma tiene todos los informes favorables, apuntó Cubero, “aunque también los tenía la de los paraísos fiscales”.

El edil indicó que si el Ayuntamiento no paga a las empresas, estas pueden actuar contra él, pero el Consistorio no puede actuar cuando son las empresas las que incumplen sus obligaciones laborales, “esto demuestra cómo se ha legislado en este país”. Por añadidura, reclamó a las instituciones que también tomen cartas en el asunto: “No puede ser que otros ayuntamientos no incluyan cláusulas de este tipo”.

El Foro de Contratos Públicos de Aragón ya es una realidad. Se cumple así con el mandato que emanó de las Cortes de la comunidad tras aprobar, por unanimidad, una proposición no de ley presentada por Izquierda Unida. El objetivo de este ente, dijo en su presentación el director general de Contratación del Ejecutivo autónomo, Miguel Ángel Bernal, es “garantizar el uso eficiente de los fondos públicos destinados a la contratación de obras, servicios y suministros”.

Bernal señaló que el importe de los contratos públicos supone, actualmente, un 14 % del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad, unos 4.000 millones de euros. Es, dijo, el primer órgano autonómico de naturaleza participativa en esta materia.

Su creación ya está publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) donde se marcan como funciones las de plantear la adopción de medidas normativas o administrativas, o buenas prácticas, relativas a la contratación pública. También la proposición a los órganos de contratación de la inclusión de cláusulas en los pliegos, que permitan considerar aspectos sociales, proteger el medioambiente, la responsabilidad social o para la contratación de prestaciones innovadoras.

Otro aspecto destacable es el de promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la contratación, la competencia entre operadores económicos y la integridad en la preparación, adjudicación y ejecución de los contratos públicos.

Las actuaciones de este foro tomarán forma de reclamación. Estas solo podrán referirse a cuestiones de interés general en relación con la contratación administrativa, no pudiendo versar sobre vicisitudes o controversias derivadas de la preparación, adjudicación, efectos o extinción de un determinado contrato.

El Gobierno central ha vuelto a recurrir por vía judicial los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha. Esta vez ha decidido impugnar la inclusión de las denominadas ‘cláusulas sociales’ que entraron en vigor el mes de noviembre. Estas cláusulas son introducidas como obligatorias para las empresas que quieren contratar con la Administración regional.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina afirma que con las cláusulas sociales “se pretende suscitar la igualdad” entre hombres y mujeres en los puestos de trabajo, mejorar la contratación pública desde la perspectiva medioambiental, la obligación de que la empresa adjudicataria no tribute en paraísos fiscales, abonar los salarios recogidos en el convenio colectivo y cumplir el principio de igualdad de oportunidades para las personas discapacitadas, “sin invadir ninguna competencia”.

Tras conocer la demanda interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJCLM) por parte de la Abogacía del Estado a instancias de la Delegación del Gobierno central en Castilla-La Mancha, el consejero ha anunciado que el tribunal ha pedido que entreguen una copia del expediente y subraya que “no sabemos en qué aspectos se han basado para impugnar otro avance social en la región”.

Además, Ruiz Molina ha recordado que dichos avances ya han sido objeto otras veces de recurso como la recuperación de la jornada de las 35 horas semanales para los empleados públicos de la Junta. Por ello ha mostrado su “malestar ante la interferencia permanente de la señora Cospedal” en todo aquello que “puede beneficiar y repercutir en la recuperación social y económica de nuestra región”.

El consejero también ha querido destacar la “celeridad” que el gobierno en funciones tuvo para interponer el recurso de las 35 horas y las “amenazas” en relación a las ofertas públicas que finalmente no fue recurrida y “tuvieron que reconocer que estaban bien calculadas”. En este sentido ha declarado que si se llega a situaciones ya vividas en la región “acataremos la sentencia que pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha” y recuerda que “están sujetas a derecho”.

El Gobierno central dice que se “invaden” sus competencias

Por su parte, el delegado del Gobierno central, José Julián Gregorio, justificaba este lunes el recurso contencioso-administrativo presentado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy ante el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma contra la inclusión de las denominadas ‘cláusulas sociales’ en los contratos del sector público regional.

“No se han recurrido todas las cláusulas sociales”, aseguraba, sino solo “aquella parte invade competencias estatales”. En particular, ha explicado, se ha recurrido en lo que tiene que ver con los aspectos laborales que, recordaba, “son competencia” del Gobierno central. “La legislación ya hace referencia a cláusulas sociales”, señalaba, para afear a la Junta que haya optado por una modificación que considera innecesaria.  

Proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta para 2017

El consejero de Hacienda realizaba estas declaraciones coincidiendo con una reunión mantenida con Ángel Nicolás, presidente de la confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM) para informarle sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta para 2017.

El presidente de CECAM ha valorado que se hayan contenido los gastos de funcionamiento y ha destacado que “los ingresos fiscales no sufren incremento y el aumento que se produce es por la vía de los fondos de la Administración del Estado”. Al mismo tiempo “por poner algún un pero” ha lamentado que no se hayan tenido más en cuenta “las partidas para competitividad empresarial, investigación y promoción exterior”.

Por su parte, el consejero ha recordado que el Proyecto de Ley nace con tres objetivos, como son los de “mejorar la calidad de vida de los ciudadanos consolidando recursos para gasto social, generar riqueza y mantener unas cuentas saneadas”. De esto modo ha manifestado que crecen las inversiones un 21%, que se cumple con el déficit, así como que se destinan 90 millones al Plan de Empleo y otros 60 al Plan Adelante, además de crecer en un 15% las ayudas a la industria agroalimentaria que ascienden a los 143 millones.

Por todo ello, Nicolás ha insistido en que los empresarios comparten “de manera muy general” los presupuestos, al tiempo que se ha ofrecido a colaborar para ir mejorando año a año las perspectivas económicas de la región.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha vuelto a recurrir a la vía judicial para frenar acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha. En esta ocasión, ha decidido impugnar mediante un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma, la inclusión de las denominadas ‘cláusulas sociales’ en los contratos del sector público regional. Esta medida se suma a otras adoptadas por el Gobierno central contra medidas de la región, como la implantación de la jornada semanal de 35 horas para funcionarios.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha lamentado también esta decisión, que va contra “otro avance social” en Castilla-La Mancha. En este caso se trata de cláusulas que incluyen novedades como la obligación de la empresa adjudicataria de no tributar en paraísos fiscales, de abonar los salarios recogidos en el convenio colectivo y de cumplir el principio de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

Tras conocer hoy la demanda interpuesta por la Abogacía del Estado, a instancia de la Delegación del Gobierno, el consejero ha criticado que el Ejecutivo central, con la “complicidad” de la presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, haya impugnado una medida que “aumenta los derechos sociales de los ciudadanos en el marco de la contratación pública”.

Ruiz Molina ha recordado que los avances sociales y laborales que lleva  a cabo el Gobierno de Emiliano García-Page son objeto muchas veces de recursos por parte de la Administración del Estado, “con la mediación directa de la señora Cospedal”, no solo en este caso de las cláusulas sociales, sino también como sucedió en el caso de la recuperación de la jornada de las 35 horas semanales para los empleados públicos de la Junta o “poniendo en tela de juicio las ofertas de empleo público aprobadas por el Ejecutivo regional, especialmente en sanidad y educación”.

Estabilidad en el empleo e inserción laboral

Con las nuevas cláusulas sociales, la Administración regional, a través de la contratación pública, interviene de manera directa para promover la estabilidad en el empleo y la inserción laboral de las personas con discapacidad, potenciar la seguridad y salud laboral, promocionar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, fomentar el empleo de personas en situación de exclusión social y mejorar la protección del medio ambiente.

Además, la Administración regional puede resolver los contratos por incumplimiento de las cláusulas sociales o imponer penalizaciones económicas a la empresa adjudicataria. Entre las causas de resolución de un contrato, también está que la empresa abone salarios por debajo de lo establecido en el convenio colectivo que le sea de aplicación, que incumpla el deber de afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores o el impago de las cuotas a la Seguridad Social.

Otras medidas recogidas en estas cláusulas se refieren a la obligación de la empresa adjudicataria de no tributar en paraísos fiscales y que en la redacción de toda la documentación que forme parte de los expedientes de contratación se utilice un lenguaje no sexista.

Las Cortes de Aragón aprobaron ayer, por unanimidad, una proposición no de ley de Izquierda Unida para que el Ejecutivo autónomo incluya cláusulas sociales en la contratación pública. La portavoz de IU, Patricia Luquin, destacó la importancia de esta medida para que “el precio deje de jugar el papel fundamental a la hora de una adjudicación para la prestación de un servicio y se tenga en cuenta esta herramienta útil para el fomento de la calidad, la igualdad, la conciliación, la inserción, etcétera”.

En concreto, lo que propone la iniciativa es que se inserten cláusulas sociales en la próxima ley de contratos del sector público. Para ello, se pide al Gobierno de Aragón “que adopte las medidas necesarias para la elaboración, en colaboración con la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón, de un repositorio de cláusulas sociales, medioambientales, de género, etc., que puedan ser tenidas en cuenta por los órganos de contratación de la Comunidad a la hora de elaborar sus pliegos de cláusulas administrativas particulares”.

Se impulsará, además, la creación de un órgano que controle el correcto cumplimiento de la normativa. En este ente estarán presentes las administraciones públicas, los representantes de los trabajadores que estén relacionados con la contratación pública y de la ciudadanía, “de forma que asegure y garantice no solamente la satisfacción en el servicio prestado, sino también la calidad de los puestos de trabajo, realice propuestas de cláusulas para incluir en nuevos pliegos, controle la políticas del Gobierno en materia de contratación pública, verifique el cumplimiento de los pliegos durante el desarrollo de los contratos y proponga mejoras a tener en cuenta en procesos posteriores”.

Desde IU resaltan también la trascendencia de concebir ese órgano de control, ya que, como aseguró Luquin, tan importante es la incorporación de las cláusulas sociales “como saber lo que ocurre cuando no se cumplen estas condiciones”. No puede ser, afirmó, “que se adjudique una contratación con unas cláusulas y luego no se cumplan”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a incorporar las cláusulas sociales, de perspectiva de género y medioambientales, entre otras, en el pliego administrativo que regirá la contratación de la gestión del servicio público de transporte sanitario terrestre que convocará próximamente el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), tal y como ha anunciado su directora gerente, Regina Leal.

La instrucción para la inclusión de estas cláusulas en la contratación del sector público regional fue aprobada por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha el pasado 18 de octubre, y establece que será de aplicación a los contratos que celebre la administración de la Junta de Comunidades, sus organismos autónomos y el resto de entes y entidades que integran el sector público regional.

Ante la próxima finalización del actual contrato, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha revisado el pliego de condiciones para incluir estas cláusulas con el fin de realizar la convocatoria del concurso público destinado a la adjudicación del servicio de transporte sanitario terrestre en nuestra comunidad autónoma durante los próximos cuatro años.

Entre las cláusulas que serán incorporadas al pliego se encuentra la obligación de la empresa adjudicataria de no tributar en paraísos fiscales. Además, se preferirá a aquellas empresas que en el momento de acreditar su solvencia técnica tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2%.

Otra de las cláusulas que se van a introducir hace referencia a la prohibición a la empresa adjudicataria de celebrar contratos por una duración inferior a 20 horas semanales a la hora de realizar nuevas contrataciones de personal que pudieran resultar necesarias durante la vigencia del contrato.

Otras cláusulas del nuevo pliego

Igualmente, en el nuevo pliego se incluirá como causa específica de resolución del contrato el impago a cualquiera de los trabajadores adscritos a la ejecución del mismo de la totalidad de los salarios y cantidades adeudadas por la empresa contratista, cuando dicho impago sea por tiempo igual o superior a dos meses. También se establecen una serie de obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, como por ejemplo, la entrega de los Equipos de Protección Individuales que sean necesarios.

En este sentido, ha indicado que el nuevo pliego de condiciones introduce una serie de cuestiones que contribuirán a mejorar el servicio que se presta a los ciudadanos y también para establecer unas condiciones estrictas y garantistas con respecto a los derechos laborales de los trabajadores del transporte sanitario.

Cuestiones, ha dicho, como la obligación de la empresa adjudicataria de subrogar a todos los trabajadores que en el momento de hacerse cargo del servicio estuvieran trabajando en el mismo; o la eliminación de la posibilidad de utilizar los dispositivos de localización, lo que garantiza la rápida respuesta de los recursos de atención urgente.

Finalmente, la directora gerente del SESCAM ha mostrado su satisfacción por la inquietud de los técnicos en emergencias sanitarias por estar formados en cuestiones que afectan a su labor diaria “algo que sin duda contribuirá a mejorar la calidad del servicio que prestamos a los ciudadanos de Castilla-La Mancha que requieren la utilización del transporte sanitario”.

El sindicato CCOO considera “injustificable” la exclusión del transporte sanitario de la nueva Instrucción sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación del sector público regional que ha aprobado esta semana el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha. Valora esta iniciativa como camino para el Acuerdo de Estabilidad en las Contratas, pero dice que no hay causa alguna para que la próxima licitación del transporte sanitario no esté incluida en los nuevos requisitos.

Por este motivo, la secretaria general de la Federación regional de Servicios Públicos del sindicato, Carmen López, ha solicitado ya por escrito sendas reuniones a la Gerente del SESCAM, Regina Leal, y al consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, para poder acordar aquellos temas que consideran urgentes sobre los pliegos de condiciones que afectan a este colectivo de trabajadores.

“El consejero argumenta que los pliegos de los concursos para regular la adjudicación de las contratas en este sector ‘ya están en tramitación’, lo que significa que muy bien pueden adecuarse a la nueva Instrucción antes de su publicación. Estamos a tiempo”, alegan desde CCOO, al tiempo que recuerdan que el sindicato ya trasladó hace varios meses a la Administración sus propuestas para la redacción de estos pliegos, muchas de ellas coincidentes con las cláusulas sociales aprobadas esta semana.

También refieren que el transporte sanitario, además, “ha sufrido como ningún otro” la decisión del Gobierno anterior de María Dolores de Cospedal de atenerse únicamente al precio para adjudicar la prestación de este servicio público “esencial a las actuales concesionarias”; permitiéndoles además “incurrir en todo tipo de tropelías antisociales en la gestión de la contrata”.

En ese sentido, el sindicato insiste en la necesidad de cerrar cuanto antes la negociación del Acuerdo de Estabilidad en Empleo de las contratas de la Junta de Castilla-La Mancha y emplaza al Gobierno a avanzar en esa dirección de manera inmediata. “Casi 35.000 personas están a la espera de este Acuerdo que estabilice y dé garantías a su empleo, a sus condiciones económicas y al resto de sus condiciones de trabajo”, concluye Carmen López.

Posteriormente, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Castilla-La Mancha ha precisado que dado el estado de tramitación del expediente de contratación de transporte sanitario las cláusulas sociales serán incluidas en el mismo. Fuentes del departamento que dirige Juan Alfonso Ruiz Molina han indicado a Europa Press que este expediente no se encuentra todavía en fase de fiscalización, por lo que es posible la aplicación en este contrato de la nueva instrucción sobre cláusulas sociales aprobada esta semana por el Consejo de Gobierno.

El Ayuntamiento de Madrid decidió en enero que el precio más bajo dejara de ser el criterio predominante para la adjudicación de contratos, a cambio de tener más en cuenta cuestiones como la igualdad, la accesibilidad o las condiciones laborales.

En febrero el Tribunal Administrativo de Contratación Pública la Comunidad de Madrid, estableció que las cláusulas sociales que el Ayuntamiento de Madrid exige a las empresas que quieran optar a contratos públicos no vulneran la ley ni obligan a las empresas a cambiar sus condiciones de trabajo: avalaba así que el Consistorio premie en las licitaciones a aquellas empresas con mejores condiciones de trabajo para sus empleados.

Este viernes se ha conocido un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que rechaza la medida cautelar de suspender la aplicación de esas cláusulas como había solicitado la Delegación del Gobierno a través de la abogacía del Estado.

“Existe una absoluta falta de actividad probatoria del recurrente, aún indiciaria, para apoyar la petición de suspensión que acredite la realidad de los perjuicios”, asegura el auto dictado por la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Por tanto, “procede denegar la petición de suspensión solicitada por los recurrentes”.

En marzo la Delegación del Gobierno del Estado en Madrid requirió al Ayuntamiento para que se anulase la instrucción, argumentando que algunas de sus partes contravenían la norma estatal y comunitaria aplicable en contratos administrativos. Ante la negativa del Ayuntamiento, se interpuso recurso contencioso administrativo ante el TSJM, pidiendo la suspensión de su aplicación.

Ahora, el TSJM asegura que “ni la disposición impugnada ha recaído en cumplimiento o en ejecución de una norma o disposición general previamente declarada nula, ni estamos ante un supuesto reiteradamente resuelto por la jurisdicción, sino que estamos ante una causa de impugnación que ha de ser objeto de valoración y decisión jurisdiccional por primera vez, sin que tampoco se observe la nulidad de pleno derecho”.

Y añade: “Ponderando los intereses en conflicto, resulta en este momento que es más digno de protección el interés público o general del Ayuntamiento de Madrid de no paralizar la contratación pública de aquellos contratos sobre los que incide”.

¿Qué son las cláusulas sociales?

Las políticas de igualdad, la estabilidad en el empleo, las condiciones laborales y la accesibilidad, entre otras, son ahora las condiciones que determinan los contratos públicos del Ayuntamiento de Madrid.

Igualdad. El Ayuntamiento exige que las empresas adopten “medidas para la conciliación corresponsable de la vida personal y laboral. Es condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria realice durante la ejecución del contrato acciones de sensibilización y formación con la plantilla adscrita a su ejecución acerca de los derechos en materia de igualdad y conciliación recogidos en la normativa vigente y en el convenio de empresa o convenio colectivo del sector correspondiente. Es condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria establezca medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal y laboral de las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato”.

El decreto municipal reclama “medidas para prevenir, evitar y erradicar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, en relación con el personal adscrito a la ejecución del contrato. Es condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria realice campañas informativas o acciones de formación, con el fin de prevenir, evitar y erradicar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en relación con el personal adscrito a la ejecución del contrato”.

La empresa, además, debe comprometerse a “un porcentaje determinado de mujeres en las nuevas contrataciones, bajas o sustituciones, que se adscriban a la ejecución del contrato relacionadas con la subrepresentación de mujeres en determinados sectores de la actividad”.

Accesabilidad. En los contratos de obras, “podrá recogerse como condición especial de ejecución la obligación de la empresa adjudicataria de informar a los ciudadanos, de las alteraciones que se produzcan en el tráfico como consecuencia de la ejecución de la obra, en soportes accesibles para personas con discapacidad. La empresa adjudicataria deberá elaborar una Memoria y planificación de accesibilidad en todos los contratos de obras de infraestructuras y edificaciones que puedan afectar a la movilidad de los usuarios en general, incluyendo las soluciones técnicas necesarias para garantizar el cumplimiento de las prescripciones existentes en materia de accesibilidad universal y diseño para todos”.

Seguridad y salud laboral. El Ayuntamiento exige la “designación de una persona de contacto vinculada a la empresa adjudicataria con dedicación exclusiva en materia de seguridad y salud laboral para la detección de las posibles incidencias que surjan en este ámbito”.

Es condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria designe una persona de contacto, vinculada a la empresa y con formación específica en la materia, para la supervisión y control de la aplicación de las condiciones de seguridad y salud laboral exigibles así como para la detección de las posibles incidencias que surjan en este ámbito, sin perjuicio de las funciones encomendadas al coordinador de seguridad y salud en aquellos contratos en los que esta figura tenga carácter preceptivo.

Empleo. El texto del Ayuntamiento sostiene que la empresa adjudicataria debe subcontratar “al menos el 20% del importe del contrato con empresas inscritas en el registro de Centros Especiales de Empleo o en el registro de Empresas de Inserción, que incorpore personas desempleadas en la ejecución del contrato”, y que “en las nuevas contrataciones, bajas y sustituciones que se produzcan durante la ejecución del contrato, se comprometa a incorporar al menos un 5% de personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo, priorizando en su contratación los pertenecientes a colectivos desfavorecidos, con dificultades de acceso al mundo laboral o con riesgo de exclusión social”.

Estabilidad en el empleo. “La empresa adjudicataria deberá cumplir y acreditar para las nuevas contrataciones, bajas o sustituciones, que al menos el 30% de las mismas es indefinida”, afirma el Ayuntamiento.

Formación en el lugar de trabajo. El contrato exigirá la “organización de acciones de formación para el personal adscrito a la ejecución del contrato”.

El Ayuntamiento de Madrid va a introducir cláusulas de comercio justo para sus concesiones y contratos con empresas. Así, las empresas que quieran optar a contratos públicos en el sector de la restauración tendrán que comprar al menos un producto a proveedores de comercio justo.

La instrucción, firmada por el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, incluye ese tipo de cláusulas en las licitaciones del Consistorio con restaurantes, cafeterías, comedores y otros servicios de comidas, como los catering que se contratan para los eventos municipales.

La decisión del Ayuntamiento implica que, a partir de ahora, será obligatorio incorporar criterios de comercio justo en los procedimientos de licitación. Las empresas que opten a contratos de ese tipo tendrán que comprar al menos uno de sus productos a proveedores de comercio justo.

El Consistorio explica que han acotado los productos afectados por la instrucción a aquellos de los que existen “garantías de suministro”, tras hablar con las ONG. Estos son productos son café, té y otras infusiones, azúcar, caramelos, galletas, crema de cacao, cacao instantáneo, cacao puro, bombones, tabletas y barritas de chocolate.

Con ese criterio de que al menos un producto sea de comercio justo, cada área del Ayuntamiento decidirá cómo lo incluye en los pliegos de los contratos, mediante un criterio de adjudicación que se premie en la licitación, o mediante un criterio especial de ejecución.

La Concejalía de Economía ha requerido la participación de “todas las áreas del Ayuntamiento, distritos, organismos autónomos y entidades del sector público para redactar la instrucción”, informa en un comunicado. También han colaborado ONG de comercio justo.

El Consistorio defiende esta decisión como impulsora del comercio justo, que pretende “contribuir a un desarrollo más sostenible ofreciendo mejores condiciones a los productores locales”.

La decisión está en línea con la acción del gobierno municipal en materia de contratación pública. El pasado mes de enero, el Ayuntamiento anunció que se incluirían cláusulas de igualdad y estabilidad en el empleo en los contratos públicos.

Así, el criterio económico perdía peso en las licitaciones municipales, premiando más aspectos como la conciliación, los salarios o la formación a los empleados. A pesar de la oposición de algunas empresas, un tribunal avaló esa decisión argumentando que las cláusulas buscaban el beneficio de los trabajadores y una mejor prestación de los servicios.

A partir del 1 de septiembre, todos los contratos públicos del Ayuntamiento de Zaragoza (Zaragoza en Común) incluirán cláusulas de género. La medida, que parte de la Comisión Delegada de Igualdad, ha sido presentada por la concejala delegada de Educación e Inclusión, Arantza Gracia.

Se establecen dos líneas de medidas. La primera afectará a todas las contratas: deberán emplear lenguaje no sexista, imagen no estereotipada y desarrollar una memoria con datos de usuarios desagregados por sexos. A las que tengan más de 250 empleados, que por ley están obligadas a realizar un Plan de Igualdad, se les pedirá que cumplan con la legislación vigente. Las empresas más pequeñas, al no tener que hacer dicho Plan, se les exigirá que, al menos, presenten tres medidas de conciliación.

La segunda vía de medidas se refiere a los contratos cuyo objeto sea trabajar en favor de la igualdad: la concejala pone como ejemplo la Casa de la Juventud, en general, dice, “cuando el objetivo de la contrata sea trabajar el ocio y el tiempo libre desde una perspectiva socioeducativa y en pro de la igualdad”.

En estos casos se pedirá a las empresas que reserven un 40% de sus nuevas incorporaciones a mujeres y, de ellas, un 15% a aquellas que se encuentran en riesgo de exclusión social. Para ello, el Consistorio prestará su colaboración a través de los servicios de Igualdad o el programa Zaragoza Incluye.

Prevención de riesgos con perspectiva de género

Una de las medidas más innovadoras es que las contratas que trabajen en favor de la igualdad tendrán que realizar acciones de prevención de riesgos laborales y salud laboral con perspectiva de género.

Gracia señala que una mujer y un hombre, aunque estén en el mismo puesto de trabajo, no corren los mismos riesgos. Hasta ahora, apunta, cuando se hace la prevención de riesgos se toma como ejemplo el genérico, “y este siempre es un hombre blanco de edad media”.

El Ayuntamiento de Zaragoza (Zaragoza en Común) ha emitido un decreto municipal que permitirá no conceder adjudicaciones o rescindir contratos a empresas sancionadas  por realizar actividades ilegales vinculadas a paraísos fiscales.

Por tanto, a partir de la entrada en vigor de dicho decreto, ninguna empresa con negocios ilegales en paraísos fiscales podrá prestar servicios municipales en la capital aragonesa. De este modo, apuntó el consejero de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, “el Gobierno de la ciudad se compromete, con hechos y no solo con palabras, a luchar contra los paraísos fiscales, el fraude fiscal y el blanqueo de capitales obtenidos de la corrupción u otras actividades criminales”.

De acuerdo con este decreto, explicó, se establece una cláusula-tipo en todos los pliegos administrativos. El primer punto de la misma estatuye que “las empresas que concurren a la licitación no podrán realizar operaciones financieras delictivas en paraísos fiscales (según la lista elaborada por instituciones europeas y/o el Estado español)”.

Todas las empresa licitadoras, dice el segundo punto, “suscribirán una Declaración de Compromiso de Responsabilidad Social Corporativa, que tendrá por objeto el compromiso de no realización de prácticas vinculadas al fraude y evasión fiscal”.

Tampoco estarán exentas aquellas empresas que sean condenadas una vez que ya hayan firmado el contrato con el Ayuntamiento. A eso se refiere el tercer y último punto: “En el supuesto de que una vez formalizado un contrato público municipal se verifique la falsedad de la declaración de la empresa contratista, se considerará infracción muy grave con imposición de penalidades y/o en su caso resolución del contrato”.

Cubero destacó que esta medida forma parte de “una apuesta decidida por la contratación pública y responsable” y refuerza el “anterior decreto de eficiencia en la contratación pública de noviembre de 2015, que ya incluía otras cláusulas sociales”.

La ex concejala de economía del Ayuntamiento de Madrid intenta impugnar el decreto de clausulas sociales de Ahora Madrid

Detectamos dos graves problemas en la contratación pública madrileña: la vulnerabilidad de los trabajadores de servicios públicos prestados a través de grandes contratas y la sombra de la corrupción

Cuando llegamos al área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid y nos sentamos a diseñar las políticas estratégicas que pretendíamos implantar, detectamos dos graves problemas en la contratación pública madrileña: el de la vulnerabilidad de los trabajadores y trabajadoras de servicios públicos prestados a través de grandes contratas; y el de la sombra de la corrupción acechando tras cada nuevo escándalo de nombre alemán o cartaginés (véase, Gürtel o Púnica). Para hacer frente a la fiscalización de la acción de gobierno anterior y evitar con normas y nuevas formas de gobierno que se pudieran volver a producir esas deplorables prácticas, pusimos en marcha una subdirección de Auditoría de la Deuda y las Políticas Públicas y una Comisión de Investigación. Sin embargo, en el ámbito de la acción positiva de transformación, uno de los retos más importantes es el de afrontar el futuro con audacia y responsabilidad, por lo que elaboramos una Estrategia de Contratación Responsable.

No se trata, ni mucho menos, de un tema baladí ya que las Administraciones Públicas adquieren bienes y servicios en cantidades muy significativas. Más del 18% del Producto Interior Bruto en el caso español, por lo que es evidente la enorme influencia positiva que puede suponer en la sociedad en su conjunto, la contratación pública responsable. Mejorar los criterios de baremación a través de los cuales se eligen a las empresas para que presten servicios a la ciudadanía, está comenzando a ser un objetivo prioritario para muchos ayuntamientos: Zaragoza, Barcelona, Avilés, Valencia… son ejemplos claros de que algo está cambiando en la forma de gestionar lo que es de todas y todos.

Nuestra hoja de ruta prevé de forma gradual la introducción de cláusulas sociales, medioambientales y éticas en los pliegos de contratación pública. Es decir, pondremos en valor estipulaciones añadidas a las del objeto del contrato que contribuyan a generar una mayor calidad de los servicios prestados: véase, “medidas específicas de igualdad de género en relación con el personal”, “presentación de un Plan de igualdad específico”, “medidas concretas de conciliación de la vida laboral y familiar”, “incorporación de un 5% de personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo”, “realización de sesiones formativas en materia de seguridad y salud laboral”, “condición especial de ejecución de mantener la plantilla de trabajadores y trabajadoras mínima”, “en la documentación y publicidad que aporte el licitador evitará imagen discriminatoria de mujeres o estereotipos sexistas”, etc. El objetivo de estas medidas es premiar a las empresas que contribuyen a hacer de la contratación pública, un espacio de respeto de derechos fundamentales.

Además, la base reside en el estricto cumplimiento y aplicación de la legislación europea, en la línea marcada por la propia Comisión Europea a través de la Estrategia 2020, y de las nuevas Directivas de contratación pública.

El primero de los pasos que hemos dado desde el Ayuntamiento de Madrid ha sido la aprobación del Decreto de cláusulas sociales en enero de este año. En el que se regulaban estas estipulaciones sobre mantenimiento y estabilidad de empleos, inserción de colectivos vulnerables, igualdad de género, accesibilidad para personas con diversidad funcional, etc.

Todo ello va acompañado de jornadas de formación a los trabajadores y trabajadoras municipales encargados de estas tareas, cuya participación e involucración en este cambio de paradigma son fundamentales. De hecho, se hace evidente que también desde el municipalismo es fundamental abordar los cambios de abajo a arriba y de forma transversal.

Sin embargo, “nunca llueve a gusto de todos” y cabe imaginar que algunas grandes empresas, con capacidad suficiente como para acceder a grandes licitaciones económicas en Madrid, vean un obstáculo el hecho de tener que empezar a aplicar nuevas medidas o mejoras a sus ofertas. De hecho, en Valencia, donde también se está transformando los baremos de contratación, la Patronal criticó estas medidas como supuestamente “discriminatorias”, cuando realmente, lo que persiguen es todo lo contrario.

Lo que no podríamos esperarnos es que quien de forma más agresiva fuera a ir en nuestra contra es un Gobierno en funciones que se niega a comparecer en sede parlamentaria por su situación de interinidad. Pero fíjense qué importancia cualitativa tiene nuestro humilde decreto, que nosotros mismos definimos como “un pequeño paso de un largo camino”, para que el mismísimo gobierno en funciones se ponga a trabajar en una impugnación de esta instrucción. Lo ha hecho a través de la Delegación del Gobierno en Madrid, que casualmente detenta Concepción Dancausa, quien fuera concejala por el Partido Popular de esta área de gobierno en Madrid.

Suponemos que en su fuero interno ha pesado de forma importante el que fuera la responsable intelectual de un decreto, ahora modificado por nosotros, que establecía el “criterio precio” –es decir, premiar siempre a la oferta más baja– como la clave de bóveda del proceso adjudicador en Madrid. Al parecer, a este gobierno ausente le preocupa mucho más ejercer de oposición del Ayuntamiento de Madrid que participar de las sesiones de control de los representantes legítimos de la ciudadanía. La impugnación realizada no tiene ningún recorrido desde el punto de vista jurídico pero muestra bien a las claras las resistencias al cambio de un modelo que ha demostrado claramente su ineficacia y que tanto ha contribuido al deterioro de los servicios públicos en Madrid.

Es una amenaza más la de este gobierno en funciones que se une a la que, para la autonomía de administraciones autonómicas y municipales, supondría la aprobación de un Tratado Transatlántico de Libre Comercio (TTIP) entre la Unión Europea y Estados Unidos. Con la entrada en vigor del TTIP, tanto ayuntamientos como comunidades autónomas perderán gran parte de su capacidad para gestionar las competencias que les son propias y que les reconoce la Constitución. Vivienda, sanidad, medio ambiente, servicios sociales, educación, alimentación o la inclusión de criterios sociales en la contratación pública local son obstáculos para quienes únicamente buscan rentabilidad económica a corto plazo para una minoría mientras se oponen a la realización de políticas que garantizan servicios públicos de calidad para toda la población.

Las cláusulas sociales que el Ayuntamiento de Madrid exige a las empresas que quieran optar a contratos públicos no vulneran la ley ni obligan a las empresas a cambiar sus condiciones de trabajo. Así lo ha establecido el Tribunal Administrativo de Contratación Pública la Comunidad de Madrid, que avala de esta manera que el Consistorio premie en las licitaciones a aquellas empresas con mejores condiciones de trabajo para sus empleados.

Es la conclusión que recoge una sentencia a la que ha tenido acceso eldiario.es, a raíz de un recurso interpuesto contra las condiciones que exigía el Ayuntamiento para un contrato público. Aunque se trataba de un caso concreto, ha servido al Tribunal para emitir un juicio general sobre la inclusión de requisitos sociales en los pliegos de contratación, algo cada vez más común en las administraciones.

El Ayuntamiento de Madrid aprobó el pasado mes de enero que los concursos públicos para la adjudicación de contratos premiasen las políticas de igualdad, la estabilidad en el empleo, las condiciones laborales y la accesibilidad. El objetivo es que el criterio económico “deje de ser decisivo”.

Ahora, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública avala esos requisitos porque no obligan a cambiar las condiciones laborales de las empresas, sino que premia a quien, por ejemplo, pague mayores salarios, dé una formación continua a sus trabajadores o les facilite la conciliación con la vida personal. Queda a merced de la empresa ahondar en estos puntos o no.

Además, el tribunal entiende que estos requisitos -que respetan el principio de igualdad entre las empresas- tiene un objetivo, que es conseguir una mejor prestación de los servicios que se contratan a una empresa, porque mejorar las condiciones de los trabajadores tiene “una relación directa con la calidad del servicio que se va a prestar”.

La sentencia a la que ha tenido acceso eldiario.es resuelve el recurso presentado por parte de la Asociación de Compañías de Seguridad Privada contra con un contrato público para gestionar la seguridad de unos edificios municipales. Ese contrato premiaba a los aspirantes a conseguirlo con más puntos en el concurso público si reunían una serie de requisitos sociales, como aplicar a los trabajadores el Convenio Colectivo Estatal, formar a de manera continua a los vigilantes de seguridad o facilitar su conciliación laboral.

El Tribunal entiende que la legislación -tanto la nacional como la comunitaria- contempla que los contratos públicos exijan una serie de cláusulas sociales y premien de esta manera las mejores ofertas más allá del criterio único de coste-beneficio. Eso sí, el criterio económico debe pesar más que el resto, como así era en los pliegos objeto de recurso.

Para apoyar esa conclusión el Tribunal hace referencia a distintas sentencias. Por ejemplo, una del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictada en 2002, en la que refleja que “no cabe excluir que factores que no son puramente económicos puedan afectar al valor de una oferta para dicha entidad adjudicadora”.

Además, el texto señala que en la actualidad existe “una tendencia legislativa y jurisprudencial favorable” en este sentido, y que administraciones y entidades de contratación están “implementando” sus políticas sociales con la inclusión de este tipo de cláusulas en los pliegos de los contratos públicos.

No es “abusivo” premiar que se paguen mejores salarios

Sobre el caso concreto del contrato para la seguridad de los edificios, el Tribunal se centra en el primer criterio social que se premia en los pliegos, que es la aplicación del Convenio Colectivo. El recurrente entiende que tiene derecho a aplicar su propio convenio de empresa y regular por el mismo cuestiones como el salario de los trabajadores.

El Tribunal, sin embargo, cree que premiar la adscripción al Convenio Colectivo no obliga a ello, ni “regula las condiciones de trabajo” de la futura empresa adjudicataria, sino que únicamente premia “el pago de los salarios establecidos en el convenio estatal”. Esa cláusula “pretende primar a las empresas que mejoren las condiciones de trabajo” de sus empleados, recoge el texto, algo que no puede considerarse “abusivo o gravoso”.

En la misma línea se manifiesta el Tribunal respecto a los otros dos criterios. La obligación de formar a los vigilantes de manera continua mejora la calidad del servicio y su prestación a los usuarios. Sobre el plan de conciliación, afirma que es “un objetivo estratégico de los poderes públicos” y provoca “una mejor realización de las funciones por parte de los trabajadores afectados”.

Eso sí, el Tribunal de un toque de atención al Ayuntamiento y apunta a que debería argumentar mejor por qué incluye, en el caso concreto de este contrato público, las cláusulas sociales específicas que figuran en él.

Las formaciones parlamentarias han pactado un "marco general" que permitirá, sin invadir competencias de la regulación estatal en materia de contratación pública, introducir determinadas cláusulas sociales en los pliegos administrativos

A juicio de EH Bildu el acuerdo alcanzado es un arreglo "descafeinado" que no recoge los objetivos originales planteados en la Iniciativa Legislativa Popular

Para el sindicato ELA, impulsor de la iniciativa, "no hay ningún avance, no hay nada positivo, ni en la estabilidad del empleo ni en las condiciones del mismo"

La ponencia parlamentaria que tramita la Iniciativa Legislativa Popular para garantizar unas condiciones laborales dignas en las subcontratas de la administración pública ha dado sus primeros resultados tras dos años de trabajo y comparecencias varias.

PNV y PSE han encontrado un principio de acuerdo que permite salvar los “obstáculos jurídicos”, que a su juicio, les impedían avanzar en la materia porque Euskadi no tiene competencia exclusiva para legislar sobre contratación pública, concesiones administrativas y expropiación forzosa. Desde las filas del PSE han insistido en varias ocasiones, sobre todo tras escuchar los reproches de los sindicatos, que no se trataba solo de una cuestión de voluntad política sino que eran otros los impedimentos a los que tenían que hacer frente para no invadir competencias de la regulación estatal. Tras la última sesión de la ponencia de la Cámara vasca parece que han dado con una solución para esquivar el escollo. Dicen haber acordado un “marco general” que permitirá introducir determinadas cláusulas sociales en los pliegos administrativos de cada contratación. Esas disposiciones no se delimitan ni precisan en el texto sino que se establecerán en función de lo que cada contrato requiera. “Se da autonomía a los órganos de contratación para que puedan profundizar en la naturaleza de las contrataciones y establecer unas cláusulas más específicas” han resaltado desde el PNV.

En los procedimientos de contratación los licitadores estarán obligados a indicar el Convenio Colectivo que será de aplicación, que deberá ser respetado a lo largo de toda la ejecución del contrato. En lo referente a la subrogación, “las Administraciones deberán facilitar a los licitadores, en el propio pliego, la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación. Además, deberá incorporarse la advertencia de que esa contratación se encuentra sometida a la subrogación de los contratos de trabajo de todos los trabajadores que, a pesar de pertenecer a otra empresa, vengan realizando la actividad objeto del contrato quedando el nuevo empresario subrogado”, ha detallado el parlamentario jeltzale Norberto Aldaiturriaga.

La norma incluirá también, según aseguran desde el grupo nacionalista, un régimen sancionador por incumplimientos que puede ir desde la imposición de multas, la prohibición de contratar de los empresarios o la extinción del contrato.

Ese es el principio de acuerdo que dará pie a desarrollar, ya en comisión porque la ponencia se da por zanjada, el texto completo de la ley.

Aún quedan también otras discrepancias por resolver, por ejemplo, en materia de transparencia, que se debatirán en esta segunda fase junto al otras enmiendas, las presentadas por EH Bildu (PP y UPyD no han presentado). Pero la coalición no confía en absoluto en que sus expectativas se vean cumplidas. “Se han impuesto las tesis del PNV, que desde el principio se mostró contrario a esta propuesta. Lo que no entendemos es la actitud del PSE que finalmente se ha plegado cuando sus enmiendas iban en otra dirección”, ha lamentado Belen Arrondo.

EH Bildu: “En la práctica, lo aprobado, no sirve para nada”

Mientras que desde los grupos del PNV y PSE se muestran satisfechos con el avance logrado, dado el estrecho margen de maniobra que les permite la regulación estatal, la parlamentaria de EH Bildu se ha mostrado decepcionada.

Para la coalición el texto consensuado entre jeltzales y socialistas es un arreglo “descafeinado” que poco tiene que ver con el contenido original de la iniciativa legislativa popular que originó el debate parlamentario. “No se cumplen los objetivos que se contemplaban y que podían garantizar esa mejora en las condiciones laborales dignas de los trabajadores de las subcontratas. Nada queda contemplado en relación a la subrogación de los trabajadores en las mismas condiciones laborales ni de la exigencia de la aplicación de los convenios sectoriales porque tan solo se pedirá a las empresas que indiquen a qué convenio se acogerán. Es decir, a efectos prácticos el texto acordado no sirve para nada”, ha asegurado Arrondo, que aspiraba a lograr un desenlace similar a la Ley aprobada por la comunidad navarra.

Desde el grupo parlamentario socialista insisten en que el marco legal navarro, diferente al vasco a estos niveles, sí permitía tal acuerdo. “Nos movemos dentro de los que se puede desarrollar dadas nuestras competencias”, han reiterado.

ELA: “Gran noticia para las empresas piratas que esclavizan”

La Iniciativa Legislativa Popular llegó al Parlamento con el respaldo de más de 110.000 firmas. ELA fue el sindicato que impulsó el texto, preocupado por la problemática derivada de la externalización de los servicios públicos y la sucesiva concatenación de contratas para dar esa cobertura. la organización sindical ha criticado duramente el documento consensuado. “Boicotea los temas centrales de esta ILP, como son la subrogación y la aplicación de los Convenios Colectivos de referencia. No hay ningún avance, no hay nada positivo, ni en la estabilidad del empleo ni en las condiciones del mismo”.

Han manifestado su rechazo “más absoluto” al acuerdo que a su juicio queda prueba que “cuando el Gobierno vasco habla de su preocupación por las condiciones laborales de las personas, no es más que un eslogan, no es más que retórica. Teniendo la posibilidad y las competencias para ello han rechazado utilizar la ILP presentada por ELA para poner coto a los desmanes y a la codicia patronal. El resultado es una gran noticia para las empresas piratas que pretenden seguir esclavizando a las personas trabajadoras de las subcontratas”.

Casi año y medio después de presentarse en el Parlamento, la iniciativa legislativa popular (ILP) para garantizar las condiciones laborales en las subcontratas de la administración pública empezó ayer su carrera en serio. La comparecencia de los representantes de ELA y de LAB para defender las bondades de la iniciativa sirvió para comprobar que el recorrido que aún le espera a la ILP en la Cámara no va a resultar nada fácil. Mientras que para los sindicatos nacionalistas todo se resuelve “si hay voluntad política”, los portavoces de PNV, PSE y PP auguraron “obstáculos jurídicos” a la ILP.

El representante del PSE, Bixen Itxaso, resumió de una manera muy clara la situación: “Los socialistas tenemos toda la voluntad de sacar adelante la iniciativa. Pero una cosa es la voluntad y otra el voluntarismo. Hay que tener la certeza de que los debates no nos conduzcan a una vía muerta. Euskadi no tiene competencia exclusiva para legislar en materia de contratación, concesiones administrativas y expropiación forzosa. Debe atenerse a la legislación básica”. Sin embargo, Itxaso aseguró que sí que se podría incluir una serie de cláusulas en los contratos (tal y como figura en la regulación estatal de contratación pública) siempre que se respete la legislación estatal.

La iniciativa legislativa popular que tramita la Cámara para mejorar las condiciones laborales de las empresas subcontratadas por la Administración cuenta con el respaldo de más de 110.000 firmas. ELA fue el sindicato que impulsó el texto, preocupado por la problemática derivada de la externalización de los servicios públicos y la sucesiva concatenación de contratas para dar esa cobertura.

La propuesta, que se convertirá en ley si prospera el debate parlamentario, reclama la subrogación, es decir, que un trabajador mantenga su puesto de trabajo independientemente de la empresa que sea la subcontratada; que se apliquen convenios de Euskadi y que las subcontratas que no cumplan con los requisitos puedan cesar en sus servicios. Joseba Villarreal, de ELA, reiteró ante los parlamentarios que la ILP busca “poder hacer frente a la reforma laboral y la precariedad que ha impuesto. Hoy en día,hay el mismo número de trabajadores subcontratados por la Administración que los empleados de plantilla. El Gobierno se quita la responsabilidad y lo deja en manos de empresas privadas para darles negocio”.

“No es tiempo”, ha añadido, “para excusas. Hay que actuar. Está en manos del Parlamento. Hemos salvado varios obstáculos, pero se siguen poniendo. El Gobierno vasco se opuso a la tramitación, la Diputación de Bizkaia también ha puesto pegas...Estamos dispuestos a que se introduzcan temas nuevos, pero la columna vertebral de la aplicación de los convenios y de la subrogación se debe mantener”.

Tanto el PP como el PNV han advertido de que existe una complejidad jurídica y que “el Parlamento está para resolver problemas, pero dentro de las normas que nos hemos dado sobre libertad de movimiento de personas. No podemos aprobar algo que pueda agravar la situación”.

Sentencia

En cambio, EH Bildu ve menos obstáculos. La parlamentaria Belén Arrondo resaltó la idea de que “más de una vez hemos tratado temas de precariedad en las subcontratas y que pase bajo el paraguas de la Administración es lamentable”.

El representante del sindicato LAB, Xabier Ugarte, añadió algunas propuestas al texto original de ELA. Como que no haya posibilidad de no aplicar el convenio, que las cadenas de subcontratación cumplan las cláusulas, mantenimiento del empleo, contratación de parados, medidas que eviten la desigualdad de hombres y mujeres y apuesta por la euskaldunización.

Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha señalado que la inclusión de cláusulas sociales en los contratos que realizan las administraciones es perfectamente legal. El Superior dio así la razón a la Diputación de Gipuzkoa frente a la Autoridad Vasca de la Competencia, que recurrió la norma foral que regula la incorporación de estas cláusulas en los contratos de obras del sector público de Gipuzkoa. Según la Autoridad Vasca de la Competencia, van contra “la legislación laboral introducida por la reforma laboral, el derecho comunitario y la libre competencia por implicar sobrecostes a las empresas”.

La sentencia del Superior destaca que la Diputación de Gipuzkoa “está facultada para establecer unas obligaciones contractuales a sus licitadores, sin que ello suponga legislar contra 'legem'”. Sobre el argumento de la libre competencia, el tribunal subraya que “exigir el cumplimiento de la legalidad laboral en ningún caso puede ser interpretado como una barrera discriminatoria”.