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ARAGÓN

Zaragoza impide a las contratas minorar las condiciones laborales aunque se haya derogado el convenio

El Ayuntamiento de la capital aragonesa ha aprobado un decreto que incluye una cláusula social que obliga a las contratas a aplicar la ultraactividad, que había sido eliminada en la reforma laboral

Prohíbe a las empresas contratadas municipalmente que minoren las condiciones laborales, una vez que el convenio haya sido derogado, algo que ahora sí se permitía

Se anula así "la parte más agresiva" de la reforma laboral de Rajoy

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El Consistorio vigilará las contratas municipales.

El Consistorio vigilará las contratas municipales. Ayuntamiento de Zaragoza / Zaragoza

Gracias a la última reforma laboral perpetrada por el Partido Popular, las empresas tenían la opción de empeorar las condiciones iniciales firmadas por sus trabajadores, cuando el convenio colectivo sobre el que se estructuraban caducaba. Esto sucedía porque se ponía fin a la conocida como ultraactividad.

Antes de la reforma laboral de 2012, el convenio colectivo no se derogaba hasta que hubiera un nuevo convenio que lo supliera (ultraactividad). Después de la tan criticada norma de Rajoy, los convenios quedaban automáticamente derogados un año después de la finalización de su vigencia.  

Ergo, las empresas pueden (hasta que se redacte uno nuevo) aplicar lo estatuido en otros convenios: provincial, autonómico o estatal; y, ante la inexistencia de estos, el Estatuto de los Trabajadores. En todos los casos las condiciones laborales empeoraban. Lo que provoca, según el consejero de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, que “las empresas no tengan ninguna prisa en hacer el convenio y dilaten su redacción lo máximo posible”.

Desde el Consistorio de la capital aragonesa se ha querido poner fin a esto, al menos con los servicios contratados municipalmente. Por ello, el pasado 4 de noviembre de 2015 aprobó un decreto que, entre otras  medidas, obliga a incluir, en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, una cláusula social que obligue “a las empresas adjudicatarias a no minorar las condiciones de trabajo de los trabajadores en función del convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda posteriormente su vigencia como consecuencia de la ultraactividad”.

El Gobierno municipal se ha cerciorado de la legalidad de esta cláusula social tras hablar con la Junta Consultiva de la Contratación de Aragón. Tal y como explica Cubero, se han basado en la Directiva 24/2014 UE, que introduce novedades “que deben redundar en una nueva cultura de la gestión administrativa sobre la contratación pública”.

El Ayuntamiento de Zaragoza se convierte así en la primera Administración local en España que establece una cláusula social en este sentido. Anulando en parte lo que, para el consejero, suponía “el mayor ataque a los convenios colectivos” de la reforma laboral de Rajoy.

142 servicios externalizados del anterior Gobierno (PSOE)

El consejero asegura que cuando accedió a su cargo se encontró con 142 servicios externalizados, de los que solo tres eran inspeccionados. Este decreto llega, además de para recuperar la ultraactividad, también con el objetivo de lograr mayor “visibilidad, transparencia y participación en la actividad contractual y lograr eficacia y eficiencia en la gestión de los contratos municipales”.

Por ello se establece la obligación, por parte de los servicios municipales y unidades gestoras de los contratos, de “emitir un Informe de Evaluación de la Ejecución del Contrato a los efectos de valorar la necesidad de prorrogarlo, o no”. Dicho Informe, explican, se realizará con seis meses de antelación a la finalización “del plazo del periodo principal de vigencia del mismo”.

También se dice que, seis meses antes de la finalización del contrato, ya comenzará la fase preparatoria y la elaboración de pliegos de un nuevo acuerdo contractual. Para su elaboración, dice el decreto, se valorarán las propuestas y trabajos que se realicen en el Observatorio de la Contratación, escuchando, por ende, a comités de empresa y vecinos.

Por último se exige a los servicios municipales que hagan un informe anual acerca de la aplicación de las mejoras planteadas por el adjudicatario en su oferta. Como explica Cubero, cuando el Ayuntamiento contrata a una empresa exige una serie de cosas y, posteriormente, la empresa hace una oferta en la que, además de, lógicamente, asumir las obligaciones, ofrece una serie de mejoras. La vigilancia sobre la realización, o no, de las mismas, dice el consejero, era nula hasta ahora. Esto había generado “un grado de incumplimiento enorme”.

El objetivo final, como ha señalado Alberto Cubero en diversas ocasiones, es la remunicipalización de algunos de estos servicios. Mientras tanto, al menos tratan de poner orden y control, algo, afirma, “inexistente”, cuando Zaragoza en Común sucedió al PSOE al frente del equipo de gobierno municipal.

El convenio colectivo de limpieza

El caso de los trabajadores y trabajadoras de la limpieza en Zaragoza es paradigmático. Es una contrata dependiente del Gobierno de Aragón, afecta a alrededor de 10.000 trabajadores en la capital aragonesa y llevan más de un año negociando un nuevo convenio.

El pasado 30 de septiembre se cumplía un año desde que el convenio perdió su vigencia, al no haber un nuevo convenio, se aplicaría lo establecido en la reforma laboral. Es decir, estos empleados pasarían a regirse, directamente, por el Estatuto de los Trabajadores, ya que en el convenio estatal no hay tablas salariales. Lo que supondría la pérdida de una tercera parte de sus ya de por sí bajos salarios. Los sindicatos lograron una prórroga hasta el próximo 31 de diciembre y siguen negociando contra una patronal que no parece dispuesta a dar su brazo a torcer.

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