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El Parlamento duda de la inclusión de cláusulas sociales en los contratos públicos

ELA y LAB insisten en que se trata de una cuestión de voluntad política, mientras que PNV, PSE y PP recuerdan que Euskadi no tiene competencia exclusiva en materia de contratación.

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Las obras públicas a menudo se nutren de subcontratas.

Las obras públicas a menudo se nutren de subcontratas.

Casi año y medio después de presentarse en el Parlamento, la iniciativa legislativa popular (ILP) para garantizar las condiciones laborales en las subcontratas de la administración pública empezó ayer su carrera en serio. La comparecencia de los representantes de ELA y de LAB para defender las bondades de la iniciativa sirvió para comprobar que el recorrido que aún le espera a la ILP en la Cámara no va a resultar nada fácil. Mientras que para los sindicatos nacionalistas todo se resuelve “si hay voluntad política”, los portavoces de PNV, PSE y PP auguraron “obstáculos jurídicos” a la ILP.

El representante del PSE, Bixen Itxaso, resumió de una manera muy clara la situación: “Los socialistas tenemos toda la voluntad de sacar adelante la iniciativa. Pero una cosa es la voluntad y otra el voluntarismo. Hay que tener la certeza de que los debates no nos conduzcan a una vía muerta. Euskadi no tiene competencia exclusiva para legislar en materia de contratación, concesiones administrativas y expropiación forzosa. Debe atenerse a la legislación básica”. Sin embargo, Itxaso aseguró que sí que se podría incluir una serie de cláusulas en los contratos (tal y como figura en la regulación estatal de contratación pública) siempre que se respete la legislación estatal.

La iniciativa legislativa popular que tramita la Cámara para mejorar las condiciones laborales de las empresas subcontratadas por la Administración cuenta con el respaldo de más de 110.000 firmas. ELA fue el sindicato que impulsó el texto, preocupado por la problemática derivada de la externalización de los servicios públicos y la sucesiva concatenación de contratas para dar esa cobertura.

La propuesta, que se convertirá en ley si prospera el debate parlamentario, reclama la subrogación, es decir, que un trabajador mantenga su puesto de trabajo independientemente de la empresa que sea la subcontratada; que se apliquen convenios de Euskadi y que las subcontratas que no cumplan con los requisitos puedan cesar en sus servicios. Joseba Villarreal, de ELA, reiteró ante los parlamentarios que la ILP busca “poder hacer frente a la reforma laboral y la precariedad que ha impuesto. Hoy en día,hay el mismo número de trabajadores subcontratados por la Administración que los empleados de plantilla. El Gobierno se quita la responsabilidad y lo deja en manos de empresas privadas para darles negocio”.

“No es tiempo”, ha añadido, “para excusas. Hay que actuar. Está en manos del Parlamento. Hemos salvado varios obstáculos, pero se siguen poniendo. El Gobierno vasco se opuso a la tramitación, la Diputación de Bizkaia también ha puesto pegas...Estamos dispuestos a que se introduzcan temas nuevos, pero la columna vertebral de la aplicación de los convenios y de la subrogación se debe mantener”.

Tanto el PP como el PNV han advertido de que existe una complejidad jurídica y que “el Parlamento está para resolver problemas, pero dentro de las normas que nos hemos dado sobre libertad de movimiento de personas. No podemos aprobar algo que pueda agravar la situación”.

Sentencia

En cambio, EH Bildu ve menos obstáculos. La parlamentaria Belén Arrondo resaltó la idea de que “más de una vez hemos tratado temas de precariedad en las subcontratas y que pase bajo el paraguas de la Administración es lamentable”.

El representante del sindicato LAB, Xabier Ugarte, añadió algunas propuestas al texto original de ELA. Como que no haya posibilidad de no aplicar el convenio, que las cadenas de subcontratación cumplan las cláusulas, mantenimiento del empleo, contratación de parados, medidas que eviten la desigualdad de hombres y mujeres y apuesta por la euskaldunización.

Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha señalado que la inclusión de cláusulas sociales en los contratos que realizan las administraciones es perfectamente legal. El Superior dio así la razón a la Diputación de Gipuzkoa frente a la Autoridad Vasca de la Competencia, que recurrió la norma foral que regula la incorporación de estas cláusulas en los contratos de obras del sector público de Gipuzkoa. Según la Autoridad Vasca de la Competencia, van contra "la legislación laboral introducida por la reforma laboral, el derecho comunitario y la libre competencia por implicar sobrecostes a las empresas".

La sentencia del Superior destaca que la Diputación de Gipuzkoa "está facultada para establecer unas obligaciones contractuales a sus licitadores, sin que ello suponga legislar contra 'legem'". Sobre el argumento de la libre competencia, el tribunal subraya que "exigir el cumplimiento de la legalidad laboral en ningún caso puede ser interpretado como una barrera discriminatoria".

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