Cuando el fotorreportero Javier Rodríguez llegó a Kigali por primera vez en 1994, la Radio Mil Colinas emitía a todas horas una orden pavorosa: “Mátenlos a todos, las fosas no están llenas todavía”. Iba avisado. Una responsable de una ONG ya le había hablado del horror, de que los hutus obligaban a los niños tutsis a presenciar la muerte lenta de sus padres tras ser asesinados con un machete o un azadón. De mujeres violadas sistemáticamente y asesinadas después. Radio Mil Colinas vociferaba: “Las tumbas no están llenas todavía, sigan matando, exterminen a las cucarachas”.

“Fundada por extremistas hutus en el poder, la Radio Televisión Libre de las Mil Colinas, RTLM por sus siglas en francés, mantuvo sus transmisiones desde julio de 1993 hasta finales de julio de 1994, siguiendo el 'Decálogo hutu' que algunos inductores manejaban desde posiciones gubernamentales y ahondando en las ideas del periódico Kangura, un medio afín que ya escribía sobre la necesidad de acabar con todos los tutsis del país. De sus primeras emisiones musicales para atraer a la juventud hutu, RTML pasó a tener voz propia e imponer criterios que amplificaron su violencia”, explica Javier Rodríguez, que visitó el país en aquella época de horror.

Según comenta el reportero, desde RTML se daban instrucciones y coordenadas precisas de dónde se encontraban escondidas las familias tutsis. En escuelas, iglesias, ayuntamientos… “No cabe la menor duda de que la radio se utilizó para incitar al miedo y la violencia. Los discursos iban todos dirigidos a multiplicar el rencor e intensificar el odio. Las locuciones eran explícitas: 'Las tumbas no están llenas todavía, ¡sigan ustedes matando!'. Y mataban, sí. Mataban en grupo porque radio Mil Co­linas así se lo exigía. La emisora que comenzó a ser co­nocida por 'radio odio' acabó sus días con el seudó­nimo de 'radio machete'. Miles de sentencias de muerte se ejecutaron desde su carta parrilla de emisión”, subraya Rodríguez.

Pero lo primero que el fotoperiodista cántabro vio tras aterrizar en el aeropuerto superó todos sus miedos: un joven miliciano cortaba con su machete las piernas a una mujer tutsi evitando mirarla a los ojos. Cortar las piernas suponía una práctica habitual, ya que los hutus, más bajos, entendían que era la manera de ponerse a la altura de los tutsis, de mayor estatura. Con dos hijos de la víctima como testigos, a esta la acabarían rematando para acabar con su vida lentamente. Luego, el asesino se acercó a su cámara en un intento de justificar lo que había hecho. Llevaba el machete en una mano y un transistor en la otra. Los hijos de la mujer estaban presentes. En lugar de asesinarlos, como “debía hacerse por norma”, fueron llevados a un campo de fútbol próximo junto a otros niños y niñas huérfanos gracias a la mediación de una ONG.

“El general canadiense Romeo Dallaire, que vivió las primeras matanzas del conflicto, señala en su libro 'Estrechando la mano del diablo' que él cree en Dios porque en Ruanda le dio la mano al diablo. Lo vio, lo olió y lo tocó. Se refiere a la masacre cometida por los hutus durante los cien días de los machetes largos que acabaron con la vida de cerca de un millón de tutsis y hutus moderados. El general, que lideró la misión de paz de Ruanda durante el genocidio de 1994, quedó abandonado a su suerte con apenas 200 soldados en el país”, recuerda.

A su juicio, lo que muy pocos medios se atreven a publicar son las presuntas matanzas cometidas por el ejército tutsi que recoge la resolución Mapping de Naciones Unidas de 2010, donde quedan reflejados posibles casos de genocidio cometidos por éstos en su avance hacia la liberación de la capital ruandesa en 1993 así como en los campos de refugiados para hutus en la República Democrática del Congo entre 1996 y 2003.

“No sabría decir quiénes pierden primero la paciencia y son más dados a empuñar las armas. Si atendemos al recuento de los números que han dejado las masacres, los hutus, pero no deberíamos perder la perspectiva de que éstos, que representan a la inmensa mayoría, el 85%, vivieron durante siglos subyugados a una monarquía tutsi minoritaria que siempre controló el poder político, militar y económico del país y que les vieron siempre como ciudadanos de segunda”, asegura el autor del documental 'Ruanda, 25 años después. Del odio a la reconciliación', que recientemente se exhibió en Santander. 

Y es que el periodismo de compromiso ha llevado a Rodríguez a Ruanda 25 años después para certificar si ha cambiado aquel escenario atroz. Se ha encontrado con una capital muy diferente, una urbe que se ofrece a los inversores como la “Singapur africana” en la que las zanjas atestadas de cadáveres han dejado paso a cientos de vallas comerciales. El gobierno de Paul Kagame, amparado por Estados Unidos, ha prohibido por ley que se vuelva a hablar de hutus y tutsis.

“Nada tiene que ver la Kigali que dejé atrás hace 25 años con la actual. No se parecen en nada. Tampoco a ninguna otra urbe africana. La capital se ofrece al visitante como una ciudad limpia, ordenada y segura. A los inversores, como un centro de desarrollo e innovación. Kigali es la nueva ciudad de negocios y congresos para toda África. El Ayuntamiento está propiciando sustituir el trabajo de las tardes de los viernes por la práctica deportiva, a los jóvenes universitarios el Estado les ha cambiado la lengua francesa por la de Shakespeare y las telenovelas de producción nacional transmiten los ideales de una nueva Ruanda”, enumera.

“Si la seguridad vial se respeta al máximo, el orden y la estética parecen sacados de una maqueta. Kigali no solo es la envidia de África, también de algunas ciudades europeas. Las bolsas de plástico están prohibidas por todo el país, también fumar en lugares públicos o tirar una simple colilla en sus calles. Kigali es hoy un referente para cualquier capital, para muchos organismos internacionales y una franquicia que parece mirarse solo a ella misma”, opina.

Pero la periferia de la ciudad y la Ruanda rural son otra cosa: un ochenta por ciento de los vecinos son pobres, las casas son de chapa, cartón o adobe, no hay alumbrado ni saneamiento y, por supuesto, el agua corriente no existe. Javier Rodríguez acaba de presentar su documental 'Ruanda, 25 años después. Del odio a la reconciliación', que recoge fotografías suyas de entonces y de ahora. No hay sangre, solo miradas y sensaciones.

“Un rostro, una mirada, un gesto… A veces nos ponen más en contexto y nos dejan participar más si cabe del fotograma, nos hace partícipes de él. Poner el foco en una imagen que aflore sentimientos y emociones es mucho más productiva si partimos de que toda acción provoca una reacción. La imagen periodística social nos debe llevar al encuentro íntimo con la víctima. A esta la tenemos que poner a la misma altura que al espectador para que haya una comunicación entre ambos, sin intermediarios. Si algo he aprendido en mi carrera periodística es que conciencia mucho más un titular que ponga el acento en historias concretas, posibles de acometer por la ciudadanía, que esos titulares que hablan de millones de personas y que el lector suele ver como inabordables dentro de sus escasas posibilidades”.

El comité de huelga de los trabajadores del Consorcio de Bomberos de Tenerife ha dado por rotas las negociaciones con el Cabildo de Tenerife para finalizar la huelga indefinida que este colectivo mantiene desde el pasado 30 de enero.

Andrés Reyes, del comité de huelga, ha explicado que la decisión se tomó tras recibir, por parte de Javier Rodríguez, director de Seguridad del Cabildo, la noticia de que la Corporación, “por decreto, va a impedir la movilidad de profesionales entre parques”.

Hasta ahora, cuando un parque de bomberos de Tenerife necesitaba personal de otra instalación profesional de la isla, los trabajadores acudían donde se les necesitase para realizar un turno. Este bombero llevaba consigo, por sus propios medios, los equipos de protección individual (EPI) que fuese a necesitar. Sin embargo, explica Reyes, “por ley, el transporte de los EPI debe realizarlos la empresa, no el trabajador”. Sin embargo, para el Consorcio, en palabras de Reyes, “resulta imposible trasladar los equipos de un parque a otro cada vez que un bombero tiene que hacer un turno en un parque en el que no está adscrito”.

Por eso, explica, “cuando se nos prohibió manifestarnos el viernes 10 llevando nuestros uniformes reglamentarios decidimos que íbamos a actuar conforme a la ley, es decir, no transportar nosotros los EPI, sino dejar en manos de la empresa que fuese ella quien lo hiciera”. Como para el Consorcio de Bomberos esa es una tarea muy difícil de realizar, “negociamos con Rodríguez que, si nos dejaba manifestarnos este viernes (17 de enero) llevando los cascos reglamentarios, nosotros seguiríamos transportando los EPI cuando nos moviéramos de parque”.

Sin embargo, nada más acabar la manifestación de este viernes frente al Cabildo, el comité de huelga recibió la noticia de que para acabar con el asunto del transporte de los EPI, el Cabildo había decidido, “por decreto”, que los bomberos no podrán a partir de ahora acudir a realizar turnos a los parques en los que no estén adscritos. Es decir, “que si, por ejemplo, el parque de San Miguel necesita un refuerzo de dos bomberos para cubrir un turno, no podrá contar con ningún bombero de Santa Cruz para hacer las guardias”.

Esto, asegura Reyes, “nos deja en una situación muy mala de cara a los carnavales, donde tendrá que haber 16 bomberos por cada retén más otros 14 que estén de guardia en el parque de Santa Cruz. No daremos abasto”, afirma, “y no estamos seguros de que con este medida se estén respetando los servicios mínimos firmados para esta huelga, algo que tendrán que estudiar ahora los servicios jurídicos del sindicato”.

Por este motivo, los trabajadores decidieron en una asamblea celebrada en la tarde de este viernes dar por rotas las negociaciones y, además, solicitar un nuevo interlocutor debido a la “falta de talante demostrada por Javier Rodríguez, quien en solo una semana ha decretado dos medidas restrictivas contra el colectivo”.

La cita era a las 12.00 en la plaza Weyler de Santa Cruz de Tenerife. El recorrido, desde allí, bajar por la calle Castillo, cruzar la plaza de España y hacer una pitada frente al Cabildo de Tenerife.

Y así fue. Escoltados por la Policía los casi 200 trabajadores, y algunos familiares y simpatizantes, comenzaron la marcha pasado el mediodía en dirección al Cabildo. La protesta iba acompañada de dos pancartas y un constante pitido y sonido de sirenas, lo que llamó la atención de todos los que se cruzaban con la manifestación, incluidos decenas de turistas llegados en los tres cruceros que este viernes se encuentran amarrados en Santa Cruz.

A su paso por el Parlamento de Canarias, la marcha se detuvo para realizar la primera de las pitadas del día. Unos minutos de ensordecedora protesta para continuar calle abajo hasta la plaza. Allí el sonido se dispersó un poco, pero siguió atrayendo la atención de locales y foráneos. Unos folletos distribuidos por los propios huelguista explicaban a quienes aceptaban cogerlos los motivos de la protesta.

A la llegada al Cabildo varios consejeros del grupo de Podemos se sumaron a la concentración realizada frente al edificio. Javier Rodríguez, director de Seguridad de la Corporación y quien representa al Cabildo en la negociación con los bomberos en lugar del consejero del ramo, José Manuel Valbuena, salió a saludar a los manifestantes. Sin embargo, tras un saludo de cortesía, regresó al interior del edificio.

La sonora pitada y consignas como “el sur también quiere sus bomberos” o “Valbuena, cobarde, esto está que arde” duraron unos 20 minutos, tras lo cual se dio por finalizada la protesta de hoy, no sin antes emplazar a los bomberos a un nuevo acto, “más sonado”, el próximo viernes.

Los profesionales del Consorcio de Bomberos de Tenerife, en huelga desde el pasado 30 de enero, se concentrarán este viernes a las 12.00 en la plaza Weyler de Santa Cruz de Tenerife, desde donde partirán en dirección al Cabildo insular. Una vez allí escenificarán de nuevo sus protestas, iniciadas con el objetivo, entre otras cosas, de que se mejore la seguridad en el sur de la isla.

Este mismo martes, los representantes del comité de huelga se reunieron con Javier Rodríguez, director de Seguridad de la Corporación, con quien iniciaron las conversaciones para llegar a un acuerdo que signifique el fin de la huelga indefinida.

Sin embargo, esta primera toma de contacto no ha supuesto, de momento, ningún avance, por lo que la protesta de este viernes sigue en pie.

El Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España está estudiando solicitar al Gobierno central medidas que compensen el gasto de mantener estas ciudades, pues, según ha señalado el alcalde de Alcalá de Henares (Madrid), Javier Rodríguez, cuesta “mucho más prestar servicios en una ciudad Patrimonio de la Humanidad, que en una que no lo es”.

Así ha reaccionado Rodríguez durante la rueda de prensa que el Grupo ha ofrecido tras la Comisión Ejecutiva preparatoria de la Asamblea General, que se ha celebrado este miércoles en Toledo, en la que han estado además la alcaldesa de la capital, Milagros Tolón; el presidente del Grupo y alcalde de Ávila, José Luis Rivas; la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado; la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio; y el concejal de Hacienda de Cuenca, José Ángel Gómez.

Ha señalado que, “además, hay una pérdida de ingresos” porque muchas veces el IBI, “que es el principal impuesto de un municipio, se ve modificado e incluso exento, fruto de estar sujeto sobre edificios patrimonio”. Por ello, este miércoles, una Comisión compuesta por los 15 concejales de Hacienda de las Ciudades Patrimonio concretarán “esa pérdida de ingresos” para que “de cara al nuevo Gobierno se atienda a las ciudades patrimonio como merecen”, pues “son ciudades vivas, con obras, con basura, con restaurantes y todo eso conlleva costes especiales y rindiendo cuentas antes la UNESCO”.

Por su parte, el presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de España ha dado cuenta de los asuntos tratados en la Comisión Ejecutiva que han versado sobre tres comisiones informativas ‘Educación y Cultura’, ‘Patrimonio y Ciudad’ y ‘Promoción y Turismo’. La Comisión de ‘Promoción y Cultura’ ha señalado la celebración del aula de patrimonio en el curso 2015-2016; el III Ciclo de música de cámara, que ya ha comenzado en algunas ciudades y llegará próximamente al resto; la exposición itinerante ’15 fotógrafos, 15 ciudades’, y el Premio Patrimonio.

La Asamblea otorgó el Premio Patrimonio 2016 a la Real Fundación de Toledo por su trayectoria y contribución a la “conservación y revitalización” de Toledo, a través de la realización de actividades dirigidas a fomentar su habitabilidad y la protección, estudio y difusión de sus bienes patrimoniales.

Resto de comisiones

Resto de comisionesEn cuando a la Comisión de ‘Patrimonio y Ciudad’, que está presidida por la alcaldesa de Cáceres, quien el próximo 1 de julio tomará el relevo en la presidencia de este Grupo, se ha hablado sobre las guías didácticas, la función social del patrimonio y el curso formativo de bomberos, que será del 7 al 9 de junio en Cáceres. También de las maquetas que tendrán las 15 ciudades, la creación de fondo fotográfico digital patrimonial, el Simposio Internacional de Murallas –del 14 al 16 junio en Ávila–, y el II Encuentro Europeo de Asociaciones Patrimonio de España, que será en Segovia.

‘Promoción y Turismo’ ha versado sobre acciones de promoción y comunicación, “como viajes, asistencia a ferias por toda España y el mundo”, ha dicho Rivas, así como un “futuro convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Miami para llevar a cabo acciones de promoción”.

De su lado, la alcaldesa de Toledo ha agradecido la presencia de los alcaldes en la Ejecutiva y en la ciudad en este día “lleno de actos tan intensos”. “El objetivo es común: defender las ciudades desde el punto de vista del patrimonio y no solamente desde lo cultural y la promoción turística, también por atajar los inconvenientes que tienen estas ciudades”. Posteriormente a esta reunión ha tenido lugar la Asamblea General donde se ratificarán los acuerdos que se han visto en le Ejecutiva y en la que estarán presentes representantes de las 15 ciudades.

“Ayer llovió en Madrid, fui al paragüero y vi que tenía un paraguas del Campus de la Justicia. ¿Cómo es posible que se hicieran paraguas, gorras, camisetas y exposiciones?”. El apoderado del Campus de la Justicia entre octubre de 2011 y febrero de 2013, Javier Rodríguez Fernández, se hacía estas preguntas este martes en su comparecencia en la comisión de estudio de la deuda de Madrid en la Asamblea regional.

“¿Cómo es posible que se editaran libros carísimos, se contratara a todos los arquitectos más reputados y hasta se hiciera un edificio, el dónut ese que hay ahí, con lo caro que es?”. Rodríguez, que ha comparecido a petición de Podemos, ha asegurado que él no detectó “irregularidades”, pero que sí sospechaba que las hubiera Salvador Victoria. Victoria entró como consejero de Justicia en septiembre de 2012, en sustitución de Regina Plañiol, que llegó en junio de 2011 después de que Francisco Granados ocupara la consejería desde diciembre de 2008, cuando relevó a Alfredo Prada.

“El consejero [Victoria] me pidió en septiembre de 2012 que las cuentas de 2010 fueran reformuladas. Pero eso no se podía hacer, ya estaban auditadas. Pensaba que podía haber irregularidades de la etapa anterior”, ha explicado Rodríguez, “y dejaba caer que yo tenía interés en seguir con la sociedad abierta. ¡Pero si en 2009 se decidió que había que liquidarla o fusionarla y nadie quería tomar la iniciativa política de tomar una decisión! Me he pasado tres años en un chiscón, apartado por el Partido Popular”.

“Cuando llego [octubre de 2011] no se firma nada, no había actividad desde 2009 o antes”, ha explicado Rodríguez: “La sociedad estaba prácticamente parada. Se formularon las cuentas de 2010, fuera de plazo, en septiembre de 2012. Hay elecciones en mayo de 2011 y nadie quería saber ya nada del Campus de la Justicia. Todos se ponen de perfil. En la primera piedra estaba todo el mundo, y costó 1,5 millones de euros. Yo me cansé de dar en los nudillos para que se aprobasen las cuentas y se agilizase la liquidación porque tenía coste, sobre todo político”.

De acuerdo con la ley 9/2010 , “la sociedad tenía que liquidarse o fusionarse, y esta posiblidad no se cierra hasta entrado 2012, por el proceso electoral, el cambio de consejeros... Esa decisión no se toma por quien tiene que tomarla. Pero no hay problema con las cuentas, no ha habido actividad. Y sólo faltaba llevarlas a aprobar al consejo de Gobierno, pero decían que tenía que hacerlo quien había cometido irregularidades y el consejero me dijo que se reformularan las cuentas. Pero no puede hacerlo el consejo de administración porque haya sensación de que haya algo mal, solo puede la junta de accionistas. Quería reformular las cuentas con un informe de auditoría ya ha hecho”.

“Así me va en la administración”, ha continuado Rodríguez, “hasta el día que me fulminen. El PP me ha tenido en un chiscón tres años y no creo que sea gratuito. La única irregularidad era no aprobar las cuentas. Nadie quería llevar las cuentas y no se puede hacer una liquidación si las cuentas no están liquidadas”.

¿Qué ha pasado con el proyecto?

“Hay falta de un plan estratégico general, desde 2008 cuando se paralizan los proyectos, nadie quiere saber nada”, ha detallado Rodríguez: “Se paran los proyectos, no hay liderazgo ni proyecto político. No le corresponde a una sociedad que tiene como objeto construir edificios judiciales hacer camisetas, que mandé a una ONG, ni gorras. No lo entiendo. No saco nada de mi caletre, se decía que iba a ser a coste cero y que se haría realidad en 2011. El proyecto se ha expuesto en Nueva York, Múnich, Singapur, se ha dado conocer con oficina móvil en la plaza de Castilla, en una exposición en la Carlos de Amberes, en Second Life... Se han construido maquetas, se contrató a Norman Foster; Alejandro Zaera; el del dónut sin terminar; Richard Rogers; Carlos Lahoz; Zaha Hadid... Da vértigo, podía haber un edificio singular, pero no todos”.

Rodríguez también criticó la capacidad del personal: “Viendo la edad de nacimiento, poca experiencia podía tener para un proyecto de 500 millones de euros”. Y lamentó “la excesiva rotación: ha habido cuatro presidentes del consejo de administración en 10 años [Prada, Granados, Plañiol y Victoria]. Habría sido mejor que no fuera el consejero de Justicia e Interior”.

De acuerdo con lo declarado por el exapoderado del Campus de la Justicia, “el proyecto estaba sobredimencionado. El Instituto de Medicina Legal, el dónut, tiene 14.000 metros cuadrados: les invito que hagan una visita al campus, está sobredimensionado, tendría que pasar un Chernóbil para que fuera usado. No tiene valor como edificio administrativo, es para muertos, con olor a cadaverina. Es muy difícil compatibilizar como uso administrativo. Es una pena. Hay que desconejar cada año porque está abierto. Los edificios circulares tienen mayor coste de construcción, menor rendimiento, no permiten los usos conjuntos. El dónut hay que calefactarlo por fuera y por dentro y los muebles hay que hacerlos a medida. No hay muebles circulares y con radio específico por cada planta. Las unidades de obra son más caras también, porque no hay experiencia, no hay formatos curvos estandarizados”.

“Los espacios judiciales suman ahora unos 200.000 metros cuadrados, y el proyecto hablaba de 465.000”, ha explicado Rodríguez, “con lo que, además, ”se agotaba la edificalidad de la zona“.

“¿Cómo se han gastado 100 millones de euros?”, se ha preguntado Rodríguez: “Sí, están gastados. En edificio y los túneles, donde se pueden cruzar dos camiones uno encima de otro con un galibo enorme se han gastado unos 56 millones; las asistencias técnicas y consultorías, 27,5 millones; los costes por resolución de contratos, 6 millones de euros...”.

Además de Rodríguez, ha comparecido el consejero de presidencia, Ángel Garrido, a petición del grupo socialista en la Asamblea. Y, a diferencia del exapoderado, ha arrojado poca luz sobre el proyecto y ha eludido responder a las preguntas de la oposición, formuladas por Mercedes Gallizo (PSOE), Eduardo Gutiérrez (Podemos) y César Zafra (Ciudadanos).

“¿Está toda la documentación?”, ha preguntado Zafra, “ha desaparecido el contrato con Norman Foster, de 10,5 millones de euros.  ¿Qué va a ocurrir con el instituto de medicina legal, costaría 5 millones de euros ponerlo en marcha. ¿Cuál es su futuro? ¿Qué va a ocurrir con los edificios vendidos, el de la calle Fernández de la Hoz vendido, por 13 millones y el de Hernani, vendido por 62 millones. ¿Cuánto va a costar recuperar esos servicios?” Pero Garrido no ha respondido.

Tampoco ha respondido a Gutiérrez: “¿Está dispuesto a falicitarnos el libro mayor de todos los ejercicios? No terminamos de entender que haya tanta documentación contable y económica?”. “Hasta 100 metros lineales”, ha afirmado Garrido. “¿Cree que es idóneo un presidente de la cámara de Cuentas que no ha investigado las cuentas del Campus de la Justicia?”, ha insistido Gutiérrez.

Garrido tampoco ha respondido a Gallizo, a quien a acusado de poder estar cometiendo un delito al acusar al Campus de la Justicia de “pagar estudios ficticios”. “¿Cuánto dinero ha costado este no proyecto? ¿Cuánto se ha pagado? ¿Cuánto se debe? ¿Cuántas sedes se han vendido? ¿Cuántos modificados pagaron? ¿Conservan todos los contratos, incluidos los que firmó Aguirre y González con Foster? ¿Tienen todos los gastos? ¿Copias de las facturas? Queremos el detalle. ¿Van a entregar a la cámara de cuentas las cuentas detalladas? ¿Nadie se alarmó por que no se entregaran las cuentas a la cámara año a año? No podemos creer que hayan desaparecido documentos, puede ser constitutivo de delito. Se usó la sociedad para encargar estudios ficticios a empresas que debían favores, se colocaron a familiares, se contrataron a personas que luego adjudicaron obras a empresas de la que venían, otros fueron a trabajar a Panamá...”.

“Los 200 millones no existen como tal”, sí ha concretado Garrido, en relación con las cláusulas por no ejecutar el último proyecto adjudicado de “ciudad de la justicia low cost”: “Existen cláusulas habituales de indemnización a los habituales. Salvo error u omisión, se lo digo así. Si algo se ha perdido, se ha perdido ya. Pero no se va a perder nada más”, ha zanjado Garrido, quien se ha comprometido a que haya “luz y taquígrafos” sobre el asunto.

Su compañero de partido, el diputado Juan Antonio Gómez Angulo, ha cargado contra la comisión de estudio: “Aquí no se está hablando de la deuda, sino del Campus de la Justicia que, casualmente, no es objeto de investigación en la comisión de corrupción recién creada”.

El 27 de marzo del 2014, José Ignacio Echániz aseguró que se había constituido una comisión de trabajo con la Comunidad de Madrid para trabajar con “sensatez, prudencia y responsabilidad”, a fin de firmar un convenio de atención sanitaria para los habitantes de las zonas limítrofes de Toledo y Guadalajara con la comunidad madrileña. Las cifras de atención entre ambas comunidades habían alcanzado unos costes que superaban los 100 millones de euros en 2012, y fue una de las razones que expuso el consejero, durante un pleno de las Cortes regionales.  Echániz aseguró que era otra medida para solucionar la “sanidad en quiebra” que habían dejado los socialistas.

El entonces consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, aseguró meses después, en septiembre del año pasado, que no se firmaría ningún convenio con el Gobierno de Castilla-La Mancha, aduciendo que las deudas del Ministerio llegaban a los 56 millones. Rodríguez aseguró así que Madrid “no podía asumir los gastos de los ciudadanos de Castilla-La Mancha” y que, a pesar de las declaraciones de Echániz, “si no pagan, no vamos a firmar el convenio”. A pesar de que José Ignacio Echániz es también el cabeza de Sanidad del Partido Popular, Rodríguez lo atacó, señalando que “uno no puede comprarse un coche si no tiene para pagarlo”.

Dos meses después, ambos consejeros señalaban que ya se había “firmado” un convenio entre ambas comunidades, siempre y cuando Castilla-La Mancha debía pagar el 95% de las costas de los pacientes castellanomanchegos atendidos en instalaciones madrileñas. En este sentido, desde Toledo los pacientes podrían acceder al Hospital del Tajo de Aranjuez, y al Infanta Cristina de Parla, mientras que en Guadalajara, podían acceder al Ramón y Cajal de Madrid, el Hospital de la Paz, además del Puerta de Hierro en Majadahonda.

Este anuncio parecía finalizar los trámites del convenio, y asegurar también la asistencia sanitaria de los vecinos castellanomanchegos de las zonas más demandadas. Sin embargo, el mismo Gobierno regional ha publicado información contradictoria al respecto y, de hecho, todavía a finales de febrero de este año, el Consejo de la Comunidad de Madrid no había aprobado dicho convenio sanitario, tal como ha denunciado el PSOE regional, que esgrimió la documentación como pruebas. No sólo esto. En febrero de este año, el Gobierno regional aseguró que el convenio tendría dos años de duración, prorrogables, pero en noviembre de 2014 habían señalado que sería de cinco años.

Mientras los vecinos de la provincia de Guadalajara siguen insistiendo en la necesidad de tener un convenio sanitario con zonas más cercanas, para dejar de ser derivados a otros hospitales de la región, como el de la Ciudad Real, la realidad es que el convenio todavía no se concreta. Desde la Consejería de Sanidad se ha señalado que el Consejo de Gobierno de Madrid remitió recién el pasado jueves el convenio a la Asamblea de Madrid para su debate, y que el mismo se aprobará en las Cortes de ambas comunidades autónomas “en las próximas semanas”. La firma que se ha publicitado desde el Gobierno regional todavía no se ha producido, y sólo existe una foto entre ambos consejeros. 

El PSOE regional ha señalado que la pronta disolución de las Cortes de Castilla-La Mancha, antes del 24 de mayo, hará que este convenio finalmente no se firme durante esta legislatura, a pesar de las continuas promesas que ha hecho el Gobierno regional. La convocatoria de las próximas elecciones autonómicas se formalizará el 31 de marzo, tal como ha afirmado el responsable de Sanidad socialista, Fernando Mora, y el proceso de aprobación del convenio sigue sin concretarse, a pesar de que María Dolores de Cospedal señalara que el tema estaba ya resuelto, “incluso antes de llegar a la Presidencia de la Junta de Comunidades”.

Aunque hace meses que el virus del ébola desapareció del organismo de Teresa Romero, su caso, convertido en materia legal, reaparece periódicamente. Los últimos que se han unido a la fiesta en los juzgados han sido los técnicos sanitarios que trasladaron a la auxiliar de enfermería de su domicilio hasta el hospital de Alcorcón la madrugada del 6 de octubre de 2014. Según ha contado El Mundo, ambos se han querellado contra el Servicio Madrileño de Salud, el hospital La Paz y el Servicio de Urgencias (SUMMA 112) por no haberles avisado de que la paciente podía estar infectada.

Los 30 días en los que España centró la atención mundial por ser el primer caso de contagio de la enfermedad fuera de África se han trasformado en una retahíla de denuncias y demandas judiciales. A día de hoy, además de esta querella, siguen vivas las denuncias del sindicato CSI-F ante la Fiscalía y la Inspección de Trabajo contra el gerente del SUMMA 112 y la gerencia de La Paz por no comunicar a los trabajadores que trataban un posible caso de ébola.

También la demanda civil que la afectada Teresa Romero interpuso contra el exconsejero de Sanidad de Madrid, Javier Rodríguez –a quien defienden los abogados públicos del Gobierno regional– y las diligencias ordenadas por la magistrada del juzgado de Instrucción nº 21 de Madrid para investigar las denuncias de 15 médicos de La Paz por falta de medios y preparación previa.

En cambio, la querella presentada por el partido animalista PACMA por el sacrificio de Excálibur, el perro de Romero se quedó en nada. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid entendió que el responasable de Sanidad no había cometido un delito al ordenar la muerte del animal. También se esfumó el amago de querella que la médico de Atención Primaria que atendió a la infectada presentó contra la auxiliar. En el acto de conciliación, Romero reconoció que nunca dijo a su médico que había estado expuesta al virus del ébola. Después de que la auxiliar de enfermería se desmentiera ante el juez, la doctora dejó morir las acciones legales.

El último capítulo, el de los conductores de la ambulancia que trasladó a Teresa Romero, repite los argumentos que utilizó CSI-F: el centro coordinador de las urgencias no les alertó del riesgo ni les dotó de equipos aislantes a pesar de la sospecha que levantó el primer sanitario que se personó aquella noche en la casa. El encargado de acción sindical del CSI-F, Fernando Hontangas, cuenta que sus denuncias “están admitidas y estamos esperando fecha para la vista”.

Destituido pero amparado

Especialmente llamativa ha sido la situación del exconsejero Rodríguez. Fue mantenido durante semanas en su puesto por el presidente regional Ignacio González después de haber responsabilizado a Teresa Romero de haberse contagiado por negligente. Tuvo que dimitir la ministra de Sanidad, Ana Mato, –aunque ella lo hizo, en realidad, por el caso Gürtel– para que el Gobierno de la Comunidad de Madrid se decidiera a destituirlo. A pesar de todo, Madrid aceptó la petición que el exconsejero Javier Rodríguez les hizo al día siguiente de que le despidieran: que su defensa en la demanda interpuesta por Teresa Romero corriera a cargo de los servicios jurídicos de la Comunidad.

Aunque Rodríguez ya no era consejero del Gobierno regional cuando envió su petición, su condición de funcionario permite que solicite estos servicios, como recoge la Ley de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid. La norma reserva esta posibilidad a las “autoridades, funcionarios y empleados de la Comunidad y de sus organismos y entidades públicas” siempre que se cumplan unos mínimos. Los requisitos limitan la representación de la Comunidad a los actos relacionados “directa e inmediatamente con el ejercicio de sus respectivas funciones” y siempre que “exista coincidencia de intereses entre la Comunidad y la autoridad”.

Según fuentes del Gobierno regional, el hecho que provocó la denuncia se produjo dentro del ejercicio de las funciones de Rodríguez como consejero de Sanidad, por lo que cumple con todos los requisitos. “No hizo esas declaraciones a título personal sino en el ejercicio de su cargo”, explican a eldiario.es. Sobre si la Comunidad de Madrid comparte los intereses de Javier Rodríguez en este asunto, estas fuentes oficiales destacan que “la coincidencia de intereses radica en el legítimo derecho de un cargo público a ser defendido por los servicios jurídicos de la Comunidad”. “Si no, se estaría incurriendo en una situación de indefensión”, añaden.

El tipo de delito, privado, tampoco es una razón para rechazar la defensa, según el gobierno regional. Repiten que los hechos denunciados se enmarcan en sus comparecencias como consejero de Sanidad, “como cargo público”.

El abogado Juanjo Zaldívar, del bufete Acebo & Rubio, explica que, “aunque pueda existir un punto de contradicción, de falta de coherencia política, hay una ley que permite entender la representación de esta persona como funcionario que es”. En opinión de Zaldívar, la coincidencia de intereses entre la Administración y el aludido (el aspecto más discutido) también puede entenderse desde el siguiente punto de vista: “Si los intereses no fueran los mismos, la Comunidad de Madrid a lo mejor debería personarse en la causa”.

En el acto de conciliación que tuvo lugar en los juzgados de Primera Instancia de Alcorcón como previo paso a la demanda, a mediados de diciembre, el abogado de la Comunidad de Madrid defendió la postura de Rodríguez, ausente en la mesa. De este modo, los comentarios que no compartía y que recriminó Ignacio González son ahora defendidos por los servicios jurídicos de la comunidad que preside.

Hace un par de meses diagnosticaron al padre de Javier Rodríguez un cáncer de pulmón con metástasis en el hígado. Tras realizarle las pruebas pertinentes, los médicos concluyeron que padece un tipo de cáncer de pulmón que se puede tratar con un medicamento llamado ‘Crizotinib’, que no es quimioterapia y que “mejora de manera notable la calidad y la esperanza de vida de este tipo de enfermos”, asegura Rodríguez. El problema para su padre es que el Hospital Universitario de Álava (HUA), su centro de referencia, le ha remitido al protocolo para este tipo de casos. Y el protocolo marca que debe tratarse con quimioterapia.

“A la dirección del Hospital Universitario de Álava la calidad y esperanza de vida de mi padre no le importa. Le ha negado el tratamiento, entre otras cosas, porque es un tratamiento caro: cada pastilla tiene un coste de 100 euros. Y se deben tomar dos pastillas al día. En su lugar dicen que se inyecte quimioterapia. Y si sobrevive a dicho tratamiento, entonces ya verán”. Esta es la queja de Javier Rodríguez, quien recuerda los “más de 50 años de cotización de su padre a la Seguridad Social”. “Y todo, ¿para qué? Pues para que cuando mi padre necesite de la Seguridad Social, esta le deje morir”.

El caso del padre de Javier Rodríguez muestra las costuras del sistema sanitario, ya muy expuestas a raíz de la guerra abierta por el tratamiento a los enfermos de hepatitis C. Una enfermedad que ha sorprendido a la sanidad de los países occidentales en el momento de mayor estrechez económica. Y la sanidad vasca no escapa a esta situación. La dirección del HUA asegura que el tratamiento médico adecuado para el padre de Javier es la quimioterapia, aunque “segundas y terceras opiniones médicas le hayn recomendado las pastillas”. Y los enfermos de hepatitis C se han visto expuestos a un dilema parecido: hasta el punto de que la terapia con el famoso ‘Sovaldi’, en el que los enfermos de hepatitis C depositan sus esperanzas de curación ya que se le atribuye más de un 90% de éxito, puede superar los 25.000 euros.

El guipuzcoano Jesús Giné es una de las caras visible de los enfermos de hepatitis C en Euskadi. Ha empezado a ser tratado con ‘Sovaldi’ después de más de un año de espera. Él va a ser uno de los primeros enfermos de la comunidad autónoma en recibirlo. Giné lleva 20 años diagnosticado de hepatitis C y ha sido trasplantado de hígado por una cirrosis, pero la enfermedad cada vez ha ido a peor. En su momento ya le hablaron del ‘Sovaldi’, pero era “una medicación muy cara”, según recuerda en unas declaraciones a la agencia Efe.

Igualdad ante la ley

Un año después, Giné ya ha empezado el tratamiento. Pero en el camino aún quedan muchos enfermos para los que el tiempo corre en su contra.

Más suerte ha tenido una joven que sufre la enfermedad de 'Lyell', una sequedad ocular severa que le provoca queratitis, úlceras corneales e infecciones oculares si no se administra un determinado medicamento cada dos minutos, lo que le cuesta 300 euros mensuales. Ese medicamento se llama Viscofresh 0,5 (lágrimas artificiales). El problema es que se encuentra excluido de los fármacos financiables por la sanidad. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha obligado a Osakidetza a financiar el medicamento a la enferma y le ha censurado por denegarle el tratamiento con el argumento de que no figura en la lista de las medicinas que se pueden sufragar con dinero público.

El reproche del Superior tiene su origen en que Osakidteza sí financia, en cambio, ese mismo medicamento cuando un paciente padece sequedad ocular causada por el 'Síndrome de Sjogrën'. Es decir, Osakidetza se negó a pagar la medicación con el pretexto de que no figura en el catálogo de fármacos financiables para determinadas enfermedades, aunque sí se paga para otras. Para la Justicia, esta interpretación es “contraria al principio de igualdad”. “La paciente tiene derecho a obtener la prestación farmacéutica correspondiente a su padecimiento”.

Cierre de camas

La Asociación por el Derecho a la Salud-Osalde muestra su preocupación por la insistencia de la administración en “transferir a los grupos sociales con más problemas”, los efectos de la crisis, como el copago farmacéutico, el copago de medicamentos hospitalarios o el copago en el transporte. Juan Luis Uría, presidente de Osalde recuerda que “los países que mejor han aguantado la crisis son los que cuentan con una sanidad y educación bien financiada”.

Aunque reconoce los esfuerzos del Gobierno vacso por paliar los efectos del copago farmacéutico, el proceso para recuperar las ayudas está “plagado de burocracia”. “Ahorrar con los tratamientos de los enfermos es el chocolate del loro. Si los enfermos no reciben los medicamentos adecuados o los más eficaces, al final se multiplican las visitas a los especialistas y los gastos hospitalarios”.

Uría pone el ejemplo del cierre de camas hospitalarias en determinadas épocas del año como una “clara muestra de mala gestión”. “Digan lo que digan, se hace por ahorrar no por una cuestión de planificación. Cualquier gerente de un hospital normal, del partido que sea, sabe que si hay un pico de gripe el centro y las urgencias se van a saturar. Pero claro, abrir más camas significa contratar personal de refuerzo y las indicaciones son las de ahorrar ¿Si funiona bien Osakidetza? Pues más o menos, pero no se puede permitir que haya 20 camas en un pasillo porque se cierra una planta para ahorrar”.

La permanencia de Javier Rodríguez como consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, dos meses después de aquellas infamantes declaraciones en las que, entre otras lindezas, acusó a la auxiliar de enfermería Teresa Romero de haber mentido sobre cómo se había contagiado de ébola, representaba una ofensa para toda la ciudadanía. La de Madrid y la del resto de España. No era comprensible que se mantuviera en el puesto a quien, el mismo día en que peligraba la vida de Romero, se permitió hacer afirmaciones como “creo que nos ha estado mintiendo, aunque eso es de mi cosecha”, “no hace falta un máster para quitarse o ponerse el traje”, “tan mal no debía de estar para ir a la peluquería” y un sinfín de cosas por el estilo, producto de su verborrea y de su insensibilidad.

Lo sorprendente fue que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, reprobara públicamente aquellas declaraciones pero no lo destituyera. Como resultó inexplicable que la incompetente gestión de la crisis del ébola realizada por la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, tampoco fuera acompañada de su cese y que haya habido que esperar a que el juez Ruz la señalara como partícipe a título lucrativo de la trama Gürtel para que el presidente Mariano Rajoy la relevara de su cargo. Este jueves González también ha destituido a Rodríguez, pero después de que este, en un nuevo alarde de arrogancia, afirmara que si él hubiera hecho una mala gestión de la crisis del ébola, Teresa “no estaría hablando” y “España seguiría teniendo esta enfermedad”.

Se desconoce cuál ha sido la intervención milagrosa del ya exconsejero Rodríguez que ha permitido salvar la vida de Teresa Romero y evitar que el resto de las personas que habían tenido algún contacto con el letal virus, incluida una doctora de Médicos Sin Fronteras repatriada de África, no se contagiaran de la enfermedad. Sí se sabe que si la auxiliar de enfermería se ha curado ha sido gracias a su lucha y su fortaleza y a la magnífica labor profesional y a la entrega de los trabajadores de la sanidad pública, esa que los Gobiernos madrileños del PP intentan privatizar para que sus amigos hagan negocio con la salud ciudadana y que los sanitarios madrileños, desde los médicos especialistas a los técnicos de enfermería, están logrando salvar. Con sus movilizaciones y con su buen hacer.

En el apartado de las curiosidades cabe admirar la reivindicación del sistema público de salud que hacen, tras la curación de Romero, los mismos que han intentado desprestigiarla con argumentarios que ponían en duda su eficacia, su gestión y la entrega de los sanitarios y desmantelarla con recortes de medios y personal. Podría ser –ojalá– que se hubieran caído del caballo de las privatizaciones y se hubieran convertido a la fe de lo público, pero no conviene pecar de ingenuos. Habrá que seguir en alerta, porque en cuanto puedan volverán a las andadas.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha destituido este mediodía al consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, al que sustituirá el médico cirujano Javier Maldonado, según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo regional.

González ha mantenido una reunión con el consejero a las 12.45 horas, después del Consejo de Gobierno, en la que le ha solicitado su cese, que ha sido aceptado inmediatamente por el hasta ahora máximo responsable de la Sanidad madrileña.

En el encuentro, el presidente ha agradecido “el extraordinario trabajo y dedicación” de Rodríguez al frente de la consejería, así como “su magnífica gestión” desde que fue nombrado para el cargo el pasado 27 de enero, después de la salida de Javier Fernández-Lasquetty tras fracasar su proyecto de externalización de varios hospitales públicos.

La oposición y parte de la comunidad médica habían pedido de manera insistente la dimisión de Rodríguez tras su gestión de la crisis del ébola en España, donde se constataron numerosos errores en el protocolo de actuación en el primer caso de contagio en el país, el de la auxiliar de enfermería Teresa Romero. Sin embargo, en ese momento, González no apartó a Javier Rodríguez de su puesto.

Ayer, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid volvió a protagonizar unas polémicas declaraciones. Aseguró que, si él “lo hubiese hecho mal”, Teresa Romero “no estaría hablando”. Rodríguez añadió que, si su gestión frente a la crisis del ébola no hubiese sido la correcta, “España seguiría teniendo esta enfermedad”.

Teresa Romero, la sanitaria que contrajo el ébola en el hospital Carlos III de Madrid, presentó una querella contra Rodríguez por vulnerar su honor. El titular de la cartera de la sanidad madrileña afirmó que Romero había estado mintiendo sobre su estado de salud y asumió como cierta la teoría de que el contagio se produjo porque la auxiliar había cometido un fallo.

“Ha tardado días en reconocer que pudo tener un fallo al quitarse el traje. Si lo hubiese dicho antes, habríamos ahorrado mucho trabajo”, apuntó Javier Rodríguez. Aún se desconocen las causas por las que Romero contrajo el virus.

En otra de las declaraciones que indignaron a los profesionales sanitarios –que habían denunciado que no estaban preparados para hacer frente al ébola–, el consejero afirmó que “para explicar cómo quitarse o ponerse un traje no hace falta un máster”. Cuando varias voces reclamaron su dimisión, Rodríguez dijo en una entrevista radiofónica: “No tengo ningún apego al cargo. Soy médico y afortunadamente tengo la vida resuelta”. “Si tengo que dimitir, dimitiré”, afirmó, pero no lo hizo.

Nuevo consejero

El recién nombrado consejero de Sanidad, Javier Maldonado González, era hasta hoy viceconsejero de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid. Es medico cirujano y llegó al departamento regional procedente del hospital Ramón y Cajal, donde ocupó el cargo de gerente. También fue director médico del hospital La Paz de Madrid.

Maldonado tomará posesión de su cargo mañana viernes, después del acto en conmemoración del Día de la Constitución, que la Comunidad de Madrid y la Delegación del Gobierno celebran en la Real Casa de Correos.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, ha asegurado que si él “lo hubiese hecho mal”, Teresa Romero “no estaría hablando”. El responsable político ha añadido que si su gestión frente a la crisis del ébola no hubiese sido la correcta, “España seguiría teniendo esta enfermedad”.

La recuperación de Teresa Romero, la auxiliar de enfermería que contrajo el ébola en el Hospital Carlos III de Madrid, terminó con el contagio del virus en España. Sin embargo, decenas de personas permanecieron bajo observación hospitalaria por contacto con la sanitaria ya que las alertas tardaron en activarse: la mujer advirtió en dos ocasiones de que presentaba síntomas típicos de la enfermedad pero estuvo seis días haciendo “vida normal”, admitieron las autoridades sanitarias.

El traslado al hospital (en una ambulancia sin el aislamiento necesario) y las primeras atenciones en el Hospital de Alcorcón (en lugar del centro de referencia, el Hospital Carlos III) se suman a una larga lista de denuncias de los trabajadores sanitarios que avisaron de que no estaban preparados para hacer frente al virus. El consejero de Sanidad no dimitió, como le pidieron la oposición política y parte de la comunidad médica, y con estas últimas declaraciones asume que cumplió bien con sus funciones.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Rodríguez no ha querido pronunciarse sobre la querella que Teresa Romero interpuso contra él por vulnerar su honor. El titular de la cartera de la sanidad madrileña afirmó que la sanitaria había estado mintiendo sobre su estado de salud y asumió como cierta la teoría de que el contagio se produjo porque la mujer había cometido un fallo.

“Ha tardado días en reconocer que pudo tener un fallo al quitarse el traje. Si lo hubiese dicho antes habríamos ahorrado mucho trabajo”, apuntó Javier Rodríguez. Aún se desconocen las causas por las que Romero contrajo el virus.

Rodríguez ha dicho que no puede “impedir” que la mujer lo denuncie, ya que está en “su derecho”. “Lo que tengo que hacer es felicitarla porque no se ha muerto y porque haya tenido un final feliz”, ha explicado.

El consejero ha manifestado que es una “gran satisfacción” que España esté libre de ébola. “Eso es fruto de la buena sanidad que tenemos en la Comunidad de Madrid y los buenos profesionales que tenemos”.

Hemos asistido esta semana a la firma del nuevo acuerdo de “cooperación” sanitaria entre las comunidades autónomas de Madrid y Castilla-La Mancha, acuerdo este que significa clara y llanamente el cambio de estatus de los hasta ahora ciudadanos a la nueva consideración de “mercancías especulativas”.

Gracias a dicho acuerdo, o mejor dicho, a consecuencia del mismo, los ciudadanos de las poblaciones de Castilla-La Mancha limítrofes con Madrid podrán ser atendidos en hospitales de Madrid con la consideración de referencia de dichas poblaciones por la nada desdeñable cuantía económica del 95% del coste de atención (se llegue a realizar ésta o no) y el desembolso del otro 5% restante al finalizar el año a cargo de los vaciados fondos de cohesión.

Esto es la incorporación por la puerta de atrás del modelo Alzira (tristemente conocido por reducir la atención sanitaria a un negocio de lucro de particulares) a nuestra sanidad.

Pese a la propaganda interesada de supuesta mejoría en la atención sanitaria, no nos cuentan que dicho acuerdo supondrá el desvío y flujo de fondos económicos (ya de por si maltrechos y con una reducción constante) de la sanidad castellano-manchega a las arcas de la sanidad madrileña, rompiendo con la “regla de oro” de cooperación y solidaridad entre comunidades autónomas para evitar la discriminación entre ciudadanos vivan donde vivan.

Pero no queda ahí la cosa, pese a lo discriminatorio del asunto, la sanidad castellano-manchega va a estar pagando por una asistencia que no se tiene por que dar para realizar el pago de la misma, sino que basta con la prestación de cobertura de futuros.

Por eso desde la Asamblea en Defensa de la Sanidad Pública de Toledo nos oponemos frontalmente a dicho acuerdo, ya que nos negamos a que un ciudadano (y mucho menos a uno enfermo) pueda ser considerado mercancía especulativa independientemente de su lugar de residencia.

Por eso pedimos la retirada del convenio inmediatamente y que el gobierno regional exiga a la Comunidad de Madrid cumplir la ley. ¡¡Eso si seria mirar por la ciudadania!! Y no abandonarlos a su suerte.

Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid han llegado a un acuerdo para firmar el nuevo convenio sanitario entre ambas comunidades que permitirá que pacientes manchegos puedan ser atendidos en la comunidad madrileña. Este nuevo convenio afecta a los pacientes del norte de Toledo y de la provincia de Guadalajara que ya podrán de nuevo ser atendidos en Madrid.

La firma de este convenio la han cerrado los dos consejeros de Sanidad de ambas regiones: José Ignacio Echániz por Castilla-La Mancha y Javier Rodríguez por Madrid. Tendrá una duración de 5 años prorrogables en el futuro.

Con este acuerdo los ciudadanos de zonas limítrofes o cercanas a Madrid, como Illescas, Seseña o Azuqueca de Henares recuperan el servicio sanitario que tienen más cercano a pesar de pertenecer a la región. Concretamente a disposición de los pacientes de Toledo se pondrá el Hospital del Tajo de Aranjuez y el Infanta Cristina de Parla. Los pacientes toledanos podrán elegir acudir a estos dos centros madrileños y el Sescam deberá pagar el 95% de las costas sanitarias de los pacientes castellano-manchegos en estos centros al final de cada mes, teniendo que pagar el resto del dinero al año siguiente.

Los habitantes de Guadalajara tendrán ciertas especialidades en las que podrán ser tratados en la comunidad vecina. Concretamente son en cirugía cardíaca, pediatría y cirugía pediátrica así como todas las especialidades de esta área, neurocirugía, cirugía torácica, medicina nuclear y neonatología, siempre que estos servicios no puedan ser prestados por el Hospital Universitario de Guadalajara. En estos casos se habilitarán el Ramón y Cajal madrileño, el Hospital de La Paz y el Puerta de Hierro-Majadahonda. Además para ser atendidos en la Comunidad de Madrid tendrá que ser el médico de Castilla-La Mancha el que lo derive a Madrid.

Para controlar estos gastos, los pacientes castellano-manchegos tratados en Madrid tendrán una tarjeta sanitaria independiente y específica para estos casos, como han anunciado ambos consejeros. Echániz ha querido agradecer el trato a la región vecina y considera que “elimina las fronteras para mejorar la asistencia sanitaria. Hemos priorizado la atención de los pacientes de dos comunidades que trabajan de la mano con el objetivo de ofrecer una sanidad de máxima calidad”. Rodríguez ha señalado que la Comunidad de Mdrid “está encantada de poder seguir colaborando con Castilla-La Mancha”.

PSOE: “Ya era hora de que se pusieran de acuerdo”

Fernando Mora, el portavoz de los socialistas en materia de sanidad, ha hablado de los plazos que ha tardado este convenio en firmarse. “Cospedal lo prometió en numerosas ocasiones y lo van a firmar a cinco meses de las elecciones. Resulta significativo”.

Un acuerdo que fue prometido antes de las pasadas elecciones de 2011 y sin embargo, ha tardado cuatro años en llegar. “Ya era hora de que se pusieran de acuerdo”. Además Mora ha instado a Cospedal a pedir perdón a los ciudadanos de Guadalajara y Toledo por haber podido cerrar antes este acuerdo “a pesar de que ambos Gobiernos son del mismo partido”.

Los socialistas, quienes cerraron el anterior acuerdo existente entre ambas comunidades, aseguran que van a vigilar muy de cerca que este nuevo acuerdo garantice la atención que antes tenían los castellano-manchegos en Madrid.

Diputada del Parlamento Popular por Ciudad Real y también presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso expuso públicamente en 13TV que considera las declaraciones del consejero de Sanidad de Madrid tan desafortunadas que “creo que debe dimitir”. No es la única representante ‘popular’ dentro del Congreso que se ha manifestado en contra de las declaraciones de Rodríguez.

Sin aludir a la dimisión, Rubén Moreno, ha declarado igualmente que las observaciones de Rodríguez, estaban “fuera de lugar”, sobre todo en situaciones como por la que está pasando Teresa Romero. Fuera del PP, Carme Chaón, exministra y la responsable actual de Relaciones Internacionales del PSOE ha señalado que Rodríguez “debería estar en su casa” debido a las declaraciones que ha calificado como “insolentes, culpando a la que hoy es una víctima”.

Entre las acotaciones que ha hecho Rodríguez respecto al caso de Romero, está el “tan ml no debía estar para ir a la peluquería”, además de culpar a la auxiliar de enfermería de ocultar datos y tardar días en reconocer su error. Por otro lado, aseguró que “no hace falta un máster para poner un traje”, añadiendo a esto que “indudablemente uno puede tener más capacidad de aprendizaje que otros”.

Desde que el presidente del Gobierno aseguró el miércoles que había dado órdenes para que se facilitara a los ciudadanos una información constante sobre la crisis del ébola, Ana Mato no ha salido en público a dar explicaciones. La ministra tampoco lo hará al término del Consejo de Ministros, donde presentará un informe sobre cómo está la situación. Para escucharla, habrá que esperar a que termine su reunión de esta tarde con los consejeros autonómicos de Sanidad. Según un portavoz del ministerio, la ministra ofrecerá una rueda de prensa.

La última vez que la ministra dio la cara en público para informar sobre el asunto fue el lunes. Su comparecencia no consiguió aclarar las dudas sobre cómo se produjo el contagio de Teresa Romero. Mato desvió casi todas las preguntas a los cargos de Sanidad que la flanqueaban, la directora general de Salud Pública, Mercedes Vinuesa, y el responsable de Atención Primaria, Antonio Alemany y no contestó a la pregunta de si van a producirse dimisiones por esta crisis sanitaria.

El consejero de Madrid, centro de las críticas

Mientras el consejero madrileño de Sanidad, Javier Rodríguez es el foco de las críticas por culpabilizar a la enferma, Mato se ha quedado en un segundo plano en cuanto a exposición pública. Mariano Rajoy la respaldó de forma contundente: “Por supuesto que apoyo la gestión de la ministra Mato porque, si no, no sería la ministra”. El presidente del Gobierno quiso tranquilizar y aseguró que sus colegas europeos le habían felicitado por cómo España está gestionando la infección. “Me han dicho que las cosas se están haciendo muy bien”.

La presión para que dimita el consejero de la Comunidad de Madrid ha aumentado en los dos últimos días. Además de decir que la auxiliar de enfermería que permanece en estado crítico “bien pudo mentir” pese a reconocer que no lo puede demostrar y que lo dijo “de su cosecha”, las voces para que deje su cargo empiezan a escucharse en su propio partido. Sus palabras han sido calificadas de “desafortunadísimas” por sus compañeros de partido.

El portavoz del PP en el Congreso, Rubén Moreno, reconoció que el consejero ha hecho “especulaciones” y calificó de “inapropiadas” sus intervenciones. “Como político, la prudencia y el respeto a los profesionales debe ser su máxima”, le recordó. Otra diputada del PP, Carmen Quintanilla las ve “desafortunadísimas” y no descarta que deba dejar su cargo.

Asunción de responsabilidades

Aunque el presidente apoyó la gestión de Mato sin reservas, los ministros son más cuidadosos. El titular de Defensa, Pedro Morenés, no descartó que su compañera acabe dejando su puesto cuando la crisis esté controlada y no haya más posibilidades de contacto. “Si ha sido una acción suya la que ha producido el problema”, aseguró el jueves, “acabará asumiendo su responsabilidad”.

Mientras la salud de Teresa Romero empeora, resuenan de fondo las infamantes afirmaciones del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, que, lejos de callar a la espera de conocer qué falló para que la auxiliar de enfermería pudiera contagiarse de ébola, para que el contagio no se detectara hasta pasados ya unos días y para que no se adoptaran, por tanto, las medidas de seguridad sanitaria pertinentes, se ha precipitado a culpar a la enferma a la que ha tildado, como poco, de mentirosa y torpe.

Esta “alma caritativa”, que ocupa un cargo relevante en esos “gobiernos de los mejores” que prometía Mariano Rajoy, criminaliza a la víctima y se sacude toda la responsabilidad en una crisis de salud pública que tiene a España en el centro de atención del mundo blanco. En el mundo negro el ébola mata a miles de personas sin que en Europa pestañee nadie. Y de qué manera culpabiliza a la enferma. Con cuánta ignominia y con cuánta soberbia.

Empezó el doctor Rodríguez por decir en la Asamblea de Madrid, un día después de que Romero diera positivo de ébola, que “puede que la enfermera mintiese”, aunque admitió que no podía demostrarlo, y siguió este jueves, en pleno ataque de locuacidad, asegurando cosas tales como que “no hace falta hacer un máster para ponerse o quitarse un traje” o que “tan mal no estaría cuando fue a la peluquería”. Afirmaciones que retratan a quien las hace y que están siendo desmentidas por la triste realidad.

La verborrea del consejero madrileño no es, por desgracia, más que el ejemplo más relevante de la estrategia que están siguiendo los dirigentes populares, que una vez más, ante un hecho de gravedad, han echado mano de toda su capacidad mediática para escurrir el bulto y atribuir la responsabilidad a cualquier otro que no sean ellos; en este caso a la enferma, que merece todo el respeto y que, por cierto, se prestó voluntaria para atender a los dos religiosos enfermos de ébola repatriados este verano desde África.

Parecen no darse cuenta estos gestores públicos que ante una situación tan grave lo importante es saber qué ha pasado y por qué, para corregirlo y para evitar así que vuelva a ocurrir. Esa es, además, la información que necesita conocer la ciudadanía y no ese ruido enredador con el que buscan tapar sus responsabilidades. Parecen ignorar también esos administradores de lo público que a lo mejor una buena gestión de la crisis hasta les podría salvar de asumir sus responsabilidades políticas por lo sucedido, lo que es muy difícil que pase con una ministra de Sanidad, Ana Mato, que ante situaciones graves da más muestras de su incapacidad, y con un consejero que arremete contra la enferma y minimiza lo ocurrido con chascarrillos de pacotilla.

Hay muchas preguntas que surgen al calor de lo que está pasando. Si en la atención de los dos religiosos se siguió el protocolo en toda su intensidad. Si estaba bien adiestrado el personal sanitario. Si se hubieran evitado algunos riesgos de no haberse desmantelado el hospital Carlos III como centro de referencia de enfermedades infecciosas. Pero hay una que cada vez se hacen más personas: ¿de dónde los sacan?, ¿en qué casting encuentran a estos altos cargos tan poco dados a aceptar errores y tan dispuestos a atacar al más débil?

Javier Rodríguez, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha expresado su sorpresa de que “haya habido un fallo al quitarse el traje”, una de las principales hipótesis sobre el contagio de ébola de la auxiliar de enfermería ingresada en el Hospital Carlos III. “Para explicar cómo quitarse o ponerse un traje no hace falta un máster”, ha afirmado en El programa de Ana Rosa. En otra intervención en la Cadena Ser ha reiterado que la paciente “ocultó información”, como ya hizo ayer cuando la acusó de que “pudo estar mintiendo” sobre cuánta fiebre presentó en los días previos a su ingreso. A continuación, el responsable político admite que eso lo dice él, “nunca lo he podido demostrar”.

“Algo ha pasado porque, si no, no se hubiese contaminado”, ha dicho Rodríguez en la Ser. El responsable de la Sanidad madrileña centra las sospechas del contagio en un posible error de la infectada: “Si ella ha reconocido que se tocó y eso no se ha reflejado, algo se ha hecho mal”.

“Hay información que ocultaba. El porqué no lo se. Porque ella no dijo cuando ha llamado que ha podido tener ese contacto. Cuando ha ido a su médico de familia no le ha dicho que había tratado a este paciente”. “Es algo que pongo yo. Nunca lo he podido demostrar”, añade.

“Yo lo único [de] que tengo pruebas es que no ha dado toda la información que tenía”. “A lo mejor ha sido una expresión mía poco afortunada pero lo que está claro es que ella ha ocultado información”, reitera.

En su conversación con Ana Rosa Quintana ha incidido en las consecuencias de esta supuesta falta de información: “Ha tardado días en reconocer que ha podido tener un fallo en el momento de quitarse el traje. Si lo hubiera dicho el primer día, hubiera podido ahorrar mucho trabajo”.

Sobre la llamada de la auxiliar de enfermería al Comité de Riesgos Laborales, en la que no se activaron las alarmas, Rodríguez se remite al límite de 38,6 grados de fiebre para poner en marcha el protocolo. “Se cumplió todo escrupulosamente”, responde a la periodista Pepa Bueno en este caso.

Respecto a la carta del médico que atendió a la mujer en las urgencias del Hospital Fundación Alcorcón, en la que denuncia numerosas irregularidades, muestra más cautela y afirma que ha pedido que se investigue el caso. La mujer comunicó al profesional de la ambulancia que acudió a recogerla que podía estar infectada de ébola y, aunque éste lo comunicó a las autoridades, no le dieron instrucciones de interrumpir el servicio de ese vehículo. La ambulancia continuó trasladando a otros pacientes después.

Estas declaraciones y “la inadmisible gestión que está realizando” el consejero han llevado al grupo parlamentario de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid a exigir su dimisión. Coincide en la petición la federación de Madrid del sindicado Comisiones Obreras.

“Si al final resulta que los responsables somos nosotros [los políticos], pues tendremos que asumir nuestra responsabilidad. Pero si de todos los errores médicos que se produzcan en la Comunidad de Madrid el responsable es la Administración, estaremos cada dos días cambiando la Administración”, se justifica. En su caso personal, apunta que “no tengo ningún apego al cargo. Soy médico y afortunadamente tengo la vida resuelta”. “Si tengo que dimitir, dimitiré”, afirma.

Ignacio González: “Bajo ningún concepto se puede criminalizar o responsabilizar” a la enferma

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha afirmado este jueves en una entrevista en Onda Cero que “bajo ningún concepto se puede criminalizar o responsabilizar” a la auxiliar de enfermería por su contagio de ébola. Así ha respondido a las declaraciones del consejero de Sanidad de Madrid en la comparecencia del miércoles ante los medios (en las que Rodríguez acusó por primera vez a la paciente de mentir), y que en su opinión había “matizado” más tarde. Sin embargo, Javier Rodríguez ha continuado con las acusaciones en sus intervenciones de este jueves.

Otro responsable autonómico, Jon Darpón, consejero vasco de Salud, ha asegurado también de forma “radical y categórica” que la auxiliar de enfermería de Madrid infectada de ébola “no tiene culpa” de su propio contagio, aunque se tocara la cara con un guante. “Los profesionales sanitarios intentan hacer las cosas bien, pero tienen riesgos; bastante desgracia tiene con haber contraído la enfermedad”, ha puntualizado.

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[if gte mso 9]><![endif] [if gte mso 9]><![endif] [if gte mso 10]><![endif]A pesar de los esfuerzos y promesas de la Junta de Comunidades, la consejería de Sanidad de Madrid ha anunciado hoy que no se firmará ningún convenio con el Gobierno de Castilla-La Mancha en materia sanitaria. Javier Rodríguez, Consejero de Sanidad de Madrid, ha argumentado que el Ministerio de Sanidad debe a su comunidad alrededor de 56 millones de euros por la atención de pacientes de distintas regiones.

Rodríguez ha afirmado que la Comunidad de Madrid “no puede asumir el gasto de los ciudadanos de Castilla-la Mancha”, y que, a pesar de los esfuerzos de José Ignacio Echániz, sólo se firmará el convenio si se paga. Así se ha explicado que, aparte de un convenio en el que Madrid paga lo que “dice” Castilla-La Mancha, existe también la posibilidad de pagar a través de factura por precio público.

Además, Rodríguez ha criticado la postura de Echániz, señalando que “no se puede comprar un coche si no tiene para pagarlo”, y que si no hay fondos para pagar la asistencia sanitaria en Madrid, deben atenderse en Castilla-La Mancha. En 2012, la Comunidad de Madrid desembolsó más de 95 millones de euros en 92.300 estancias hospitalarias de pacientes castellanomanchegos, mientras que en Castilla-La Mancha se atendieron alrededor de 21.000 estancias de pacientes desde Madrid, que tuvieron un coste de 7,6 millones de euros.

Así, el convenio que tanto María Dolores de Cospedal como José Ignacio Echániz han anunciado como estar en buen camino, incluso anunciando ciertos obstáculos, se encuentra ante un punto muerto, a pesar de que Echániz afirmó conocer los convenios firmados entre las comunidades con anterioridad.

Temprano, a las 10.00, el jefe del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, presidió este martes la toma de posesión como consejero de Sanidad de Javier Rodríguez Rodríguez. Rodríguez ha recibido el encargo tras la dimisión de Javier Fernández-Lasquetty, víctima política de la renuncia de González a la privatización de seis hospitales. No ha admitido preguntas pero sí ha dicho que Lasquetty ha sido “el mejor consejero de Sanidad de la historia de Madrid”.

Diputado en la Asamblea de Madrid desde 1987 y portavoz en la comisión de Sanidad, Rodríguez (jefe de la Unidad de Hipertensión del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y catedrático de la Universidad Complutense) ha adoptado un tono conciliador al aceptar el cargo: “Habrá que recomponer las relaciones maltrechas con los profesionales de la Sanidad, porque sin ellos no podría funcionar el sistema”. Un discurso muy diferente al que ha adoptado durante todo este proceso en la Asamblea de Madrid, y que ha quedado registrado en las actas parlamentarias.

1. “Nosotros no privatizamos, externalizamos”

1. “Nosotros no privatizamos, externalizamos”“Hay matices”, defendió Rodríguez en el Parlamento regional. Y se encargó de argumentar las bondades de la colaboración público-privada. “Es un modelo ampliamente probado porque ya existe en la prestación farmacéutica. ¿Cuántas reclamaciones se producen en la prestación farmacéutica? No llega al 0,16 por mil en una prestación sanitaria que está enteramente en manos privadas”.

2. “El proceso va a seguir adelante. Al final los ciudadanos apoyan las medidas que se están tomando”

“El proceso va a seguir adelante. Al final los ciudadanos apoyan las medidas que se están tomando”Cuando la vía judicial ya empezaba a trabar los planes de González y Lasquetty para los hospitales, el entonces parlamentario aseguró que los planes privatizadores no se abandonarían y que, si ese concurso no servía, pues ya harían otro. El 19 de julio de 2013 espetó desde su escaño: “De momento tiene una suspensión cautelar. Eso no va a impedir que al día siguiente vayan a salir otros pliegos con otras condiciones y que esas condiciones estén miradas para que no haya rectificaciones”.

3. “Cuando uno gestiona algo privado, si va mal, responde con sus bienes y, a veces con la cárcel. Y cuando uno gestiona lo público no responde con sus bienes”

3. “Cuando uno gestiona algo privado, si va mal, responde con sus bienes y, a veces con la cárcel. Y cuando uno gestiona lo público no responde con sus bienes”El político que a partir de ahora se encargará de gestionar la sanidad de seis millones de madrileños y más de 7.000 millones de euros de presupuesto explicaba con este argumento la cuestión que él mismo planteaba: “Tiene que haber una razón por la cual cuando la gestión es privada tiene mejores resultados que cuando es pública”. Era diciembre de 2012, cuando ya estaba sobre la mesa el plan de medidas privatizadoras a gran escala.

4. “Yo ni quito ni pongo rey pero ayudo a mi señor. Creo que el señor Lamela fue un buen consejero, como fue buen consejero el señor Güemes y como lo está siendo el señor Lasquetty en este momento”

Yo ni quito ni pongo rey pero ayudo a mi señor. Creo que el señor Lamela fue un buen consejero, como fue buen consejero el señor Güemes y como lo está siendo el señor Lasquetty en este momento“

Rodríguez ha llegado a ser nombrado máximo responsable de la sanidad de la Comunidad de Madrid después de alinearse sin vacilaciones con todos los que le han precedido, y así de claro lo dejó el 21 de marzo de 2012. Manuel Lamela y Juan José Güemes están imputados por presunta prevaricación en la primera fase de privatización de servicios hospitalarios. Lamela fue contratado por una consultora sanitaria (Antares) y por una empresa de servicios (Assignia) que dirige administrativamente un hospital al que Lamela adjudicó esa tarea.

Güemes debió renunciar a su puesto de consejero en la empresa Unilabs tras conocerse que esa sociedad adquirió la concesionaria a la que la consejería que él dirigía adjudicó los análisis clínicos de varios hospitales públicos. La defensa ha sido aún más encendida en el caso del exconsejero Javier Fernández-Lasquetty: “Está haciendo por la sanidad mucho más que ustedes juntos y sumados [la oposición], que lo único que hicieron fue cerrar hospitales”, aseguró el 12 de diciembre de 2013, cuando la oposición pidió su dimisión.

5. “Las mujeres se harán mamografías porque el PP ha votado a favor y porque el consejero ha tenido la delicadeza de incluirlo en los presupuestos”

5. “Las mujeres se harán mamografías porque el PP ha votado a favor y porque el consejero ha tenido la delicadeza de incluirlo en los presupuestos”El 19 de diciembre de 2013, después de conocerse que miles de madrileñas habían visto retrasadas sus mamografías preventivas contra el cáncer de mama, Rodríguez ofreció este análisis en la discusión sobre los presupuestos de Sanidad. Y cuando la Comunidad de Madrid registraba sus máximos históricos de listas de espera quirúrgica, Rodríguez no tuvo mejor idea que atribuirlo a un capricho de los pacientes. “¿En qué ha aumentado el número de pacientes? Pues en aquellos que han decidido que se les opere no en el mismo centro sino el cirujano o la persona que les ha atendido”.

Era octubre, y el mes anterior se había superado el récord de 70.000 pacientes aguardando una intervención. “Eso siempre generará listas de espera. Si el ciudadano quiere que le opere el mismo cirujano que le ha visto, el problema sería irresoluble”, argumentó.

6. “Nos dicen que estamos privatizando la sanidad. Bueno, ganen ustedes las elecciones y lo podrán revertir. ¿Por qué pusimos un plazo de 30 años? Porque calculamos que menos de 30 años no van a estar en la oposición”

6. “Nos dicen que estamos privatizando la sanidad. Bueno, ganen ustedes las elecciones y lo podrán revertir. ¿Por qué pusimos un plazo de 30 años? Porque calculamos que menos de 30 años no van a estar en la oposición”Los adversarios políticos de Rodríguez en la Asamblea de Madrid opinan que el nuevo consejero es de “la línea más dura del PP”. Y en sus debates se ha despachado a gusto, como en este caso en el que explicaba que el concierto con las empresas concesionarias permitía cancelar el contrato. La postura política y de gestión que ha trazado el consejero Rodríguez aparece bien reflejada en estas frases: “Yo recuerdo el último hospital que externalizamos, que fue el Rey Juan Carlos (Móstoles). (…) El Partido Popular obtuvo [en las elecciones municipales de Móstoles] 17 concejales, el PSM 7, Izquierda Unida 3 y UPD, cero. Esa es la contestación que dieron los ciudadanos”.

“¿En qué ha aumentado el número de pacientes? Pues en aquellos que han decidido que se les opere no en el mismo centro si no el cirujano o la persona que les ha atendido.