Esta mañana de jueves, el Gobierno de La Rioja informaba de la implantación en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario San Pedro y en el Centro de Salud Mental de Albelda del sistema ‘Iniciativa de Lugar de Trabajo Seguro’ (ILTS) que el SERIS está desplegando en los centros sanitarios de referencia de la región “como medida para anticipar y reforzar las posibles intervenciones en materia de seguridad”, apuntan desde el Ejecutivo. Una medida que desde UGT consideran “inútil” si no se amplía la plantilla de vigilantes.

Y es que desde la formación sindical advierten de que “si estos nuevos dispositivos no se acompañan de más personal sólo suponen mayor sobrecarga en el centro de control y menor capacidad de intervención”. Así, y al margen de valorar la iniciativa, insisten en que estas nuevas tecnologías “son un complemento de ayuda, mejorando los sistemas de alerta y reduciendo los tiempos de reacción; pero para que sean útiles es absolutamente imprescindible el aumento efectivo de la plantilla de vigilantes de seguridad que prestan servicio o, de lo contrario, supondrá aún más carga de trabajo para los vigilantes del centro de control y menor capacidad de intervención puesto que los efectivos humanos siguen siendo similares”. 

Asimismo apuntan que “estos nuevos medios técnicos no reducirán ni las agresiones a los vigilantes de seguridad ni al propio personal del SERIS” por lo que instan a implementar además el refuerzo de la plantilla y a que se proporcione a los vigilantes de seguridad los medios de protección individual adecuados “para afrontar su trabajo diario en condiciones óptimas, preservar su integridad física y garantizar la seguridad de usuarios y personal sanitario que soportan agresiones físicas y verbales a diario”. 

CCOO Hábitat de La Rioja denuncia que la empresa Seguridad Integral Secoex continúa sin abonar las cantidades adeudadas a la plantilla de vigilantes de seguridad de la planta de ciclo combinado Contourglobal de Arrúbal. La formación sindical que este impago contraviene una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja dictada tras una demanada realizada por los sindicatos CCOO y USO en la que se reconocía expresamente el derecho a que la empresa les proporcione un vehículo o les abone los gastos de desplazamiento.

Javier García es el secretario general de CCOO del Hábitat de La Rioja ha explicado a Rioja2 que son cuatro los profesionales a los que se les adeuda una cantidad total de entre 8.000 y 10.000 euos. “Sólo uno de los cuatro vigilantes de seguridad ha cobrado los atrasos de los años 2023 y 2024, el resto nada”. Y añade, “estamos hablando de profesionales que cobran unos 1.200 euros mensuales, unos sueldos muy precarios si tenemos en cuenta su trabajo y más el de estos en la planta de ciclo combinado de Arrúbal, una instalación crítica de alto riesgo que obliga a mantener las condiciones laborales y contractuales en estricto cumplimiento de la Ley”.

La sentencia del Juzgado de los Social número 3 de Logroño y ratificada pro el Tribunal superior de justicia de La Rioja estable que los vigilantes tienen derecho a recibir el pago de los importes adeudados desde que Secoex asumió el servicio en 2023. Sin embargo, insisten que “pese a este reonocimiento legal claro, la empresa no ha abonado la totalida de las cantidades.

Además desde CCOO La Rioja recuerdan que el convencio colectivo estatal de empresas de seguridad establece de forma inequívoca que las empresas deben sufragar los desplazamientos desde la sede hasta el centro de trabajo. “Este derecho venía siendo respetado desde 2004 por las distintas compañías que han asumido el servicio, salvo un caso anterior que fue subsanado tras una sentencia favorable a los trabajadores”. Sin embargo, “Secoex mantiene un incumplimiento que ya dura más de dos años, desoyendo incluso la ratificación judicial del derecho de la plantilla y la obligación de pago”. Empresa que “ha prorrogado sus servicios durante seis meses más”.

Por todo ello, CCOO Hábitat exige que Seguridad Integral Secoex proceda de manera inmediata al abono de todas las cantidades pendientes y regularice la situación de forma definitiva. Y reclaman a la empresa principal, Contourglobal, que refuerce el control sobre las adjudicaciones y garantice que sus subcontratas cumplen tanto la legislación laboral como las resoluciones judiciales.

“Mordiscos, puñetazos e incluso una llave clavada en el cuello”. Son algunas de las agresiones sufridas por personal de Prosegur que presta servicios en diversos supermercados de La Rioja. Agresiones que ya han sido rechazadas por el comité de empresa a través de una nota de prensa de UGT. “Son algunas de las situaciones habituales que tienen que soportarl los compañeros y compañeras cada día en estos centros y otros”, explican a través de una nota de prensa. Y es aseguran que “son habituales las acciones antisociales como insultos, vejaciones, amenazas etc., a lo que se suma las prolongadas jornadas de pie sin un pódium en que sentarse, máxime cuando en ocasiones se tiene que doblar turno por falta de personal”.

Pasividad de la empresa empleadora y contratante

Unas “precarias condiciones de trabajo”, denuncian, ante las que la empresa empleadora y contratante “muestran una falta de colaboración y pasividad”. Razones por las que urgen “una evaluación seria de riesgos en los puesto de trabajo del servicio además de dotar al personal de seguridad de medios de protección adecuados como espray de defensa, chalecos antipinchazos, compañeros de apoyo... para evitar una verdadera desgracia. Además de establecer protocolos más claros, reduciendo los intervalos en los descansos”.

Para el comité de empres, “esto no son gajes del oficio o actitudes que van en el sueldo de los vigialantes de seguridad. No es admisible ni es una opción quedarse de brazos cruzados”. Y advierten, “cada agresión, cada situación que comprometa la seguridad de los vigilantes de seguridad se seguirán denunciando públicamente y volverán a exigir la colaboración y la participación de los actores implicados para intentar revertir la situación”.

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT de La Rioja denuncia la adjudicación, mediante concurso público, de la vigilancia del Centro de Cultura del Rioja de Logroño a la empresa Alcor Seguridad, “conocida por incumplir sistemáticamente la legislación laboral”

Esta empresa, con sede en Galicia, acumula decenas de denuncias y sentencias en contra en toda España por vulneración de derechos fundamentales a cientos de vigilantes de seguridad. En el sector, donde se conocen a este tipo de empresas como “pirata”, Alcor Seguridad encabeza el ranking de incumplimientos. 

Además, según denuncia UGT, “tiene un convenio propio con condiciones laborales y salariales muy por debajo del convenio estatal de seguridad privada, negociado y aprobado con representantes legales de los trabajadores no adscritos a ninguna organización sindical, elegidos ad hoc entre familiares y amigos”.

El propio fundador de la empresa, Carlos Somoza, ha sido condenado a 5 meses de cárcel por vulnerar las condiciones laborales de los vigilantes que prestaban servicio en distintas provincias. Asimismo, existen otras condenas contra otros 3 cargos, una de ellas a la por entonces delegada de Alcor en Asturias y Cataluña, al jefe de servicios en las Islas Canarias y a una administrativa de la sede de Monforte (Galicia).

Por todo ello, y tras la experiencia con otra empresa pirata en este mismo servicio, Pretoria Seguridad, UGT no entiende que “el Ayuntamiento de Logroño adjudique de manera totalmente irresponsable la vigilancia de un edificio que aspira a ser referente de la cultura del Rioja a una empresa que acumula estos antecedentes”. 

Por ello, ha reclamado a los responsables de esta adjudicación a que la revoquen de forma inmediata y procedan a licitar de nuevo la seguridad del CCR. Además, UGT advierte que en caso de que Alcor Seguridad comience a prestar servicio en nuestra región, empleará “todos los mecanismos a su alcance con el objetivo de garantizar los derechos de los vigilantes de seguridad que trabajen para esta empresa pirata”.

Dos vigilantes de seguridad han sido agredidos en el Hospital San pedro, según ha denunciado UGT. Estas agresiones se produjeron en días diferentes, una por un mordisco en un brazo propinado por un paciente a una vigilante de seguridad y, al día siguiente, también un mordisco en el abdomen propinado por otro paciente a otro trabajador vigilante.

Se suman a la denunciada el pasado 12 de noviembre en el centro comercial Berceo y que demuestran el aumento de la frecuencia de este tipo de episodios y la situación de desprotección en la que se encuentra el personal de estos servicios.

UGT asegura que este tipo de intervenciones, con resultado de agresión a personal de seguridad privada en el hospital San Pedro “se han convertido en demasiado frecuentes”, que apunta que se dan especialmente en urgencias y psiquiatría, “dos de los principales focos de intervención de los vigilantes de seguridad adscritos a ese servicio”.

FeSMC UGT La Rioja considera que “es el momento de poner freno a esta escalada de agresiones, que se producen cada vez con más frecuencia y gravedad y que inciden directamente en la salud física y mental de las personas trabajadoras”. Por ello, anuncia movilizaciones a partir de la semana que viene “para exigir a las empresas de seguridad, clientes contratantes de servicios (tanto privados como públicos) y autoridades laborales competentes más medios de protección para vigilantes y más protección jurídica en el ejercicio de su profesión”.

Dos vigilante de seguridad de la tienda de Primark del centro comercial Berceo de Logroño fueron agredido este lunes en una intervención, según ha denunciado la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT La Rioja.

Los hechos se produjeron en torno a las 19 horas cuando un vigilante de seguridad, de la empresa Prosegur, detectó a un varón joven que intentaba sustraer varias prendas de la tienda. Al percatarse, el individuo huyó corriendo hacia el exterior del centro comercial siendo interceptado por los vigilantes de Securitas del Berceo tras requerir el primero su intervención. Al tratar de reducirlo, dos de los vigilantes resultaron agredidos durante el forcejeo. Entretanto, dos amigos del individuo en cuestión grababan la escena con sus teléfonos móviles amenazando con denunciar a los propios vigilantes.

Al personarse, la Policía Nacional detuvo al hombre que intentó robar en el Primark y a los dos amigos que grababan ya que, al ser identificados, resultaron tener pendientes varias requisitorias judiciales que propiciaron su inmediata detención. Los dos vigilantes agredidos, uno de Prosegur y otro de Securitas fueron atendidos en el CARPA y en Los Manzanos respectivamente debido a sus lesiones, que no revisten gravedad.

Así las cosas, el sector de Seguridad Privada de FeSMC UGT La Rioja desea a los compañeros una pronta recuperación y vuelve a denunciar, una vez más, “la situación los vigilantes de seguridad que prestan servicio en cientos de centros de trabajo dónde sufren continuas agresiones solo por realizar su trabajo, todo ello con una protección jurídica inexistente y una desprotección absoluta por parte de las empresas de seguridad”. 

En este sentido, UGT denuncia que “tanto Prosegur como Securitas en La Rioja se niegan reiteradamente a facilitar medios de protección adecuados a sus vigilantes de seguridad”. Además, la Inspección de trabajo de La Rioja hace una semana emitió “una inaudita resolución”, dice UGT sobre la denuncia formulada el sindicato, “en la que da la razón a Prosegur en su negativa a facilitar chalecos anticorte”. Y añaden desde UGT: “La peregrina argumentación de los servicios de prevención de Prosegur, que Inspección de Trabajo da por buena, es que las estadísticas de siniestralidad en ese centro no requieren de esos medios de protección”.

UGT La Rioja condena “no sólo las agresiones” que sufren los trabajadores en el ejercicio de su labor diaria, sino también la actitud de las empresas de seguridad al respecto, “exigiendo a la Inspección que cumplan con su objetivo de proteger la salud y seguridad de sus propios trabajadores”. 

Nadie pasa más horas que ellos rodeados de cuadros y de todo tipo de obras. Las observan durante horas día tras día, aunque siempre tengan el rabillo del ojo puesto en lo que ocurre en la sala. Ahora tienen su oportunidad de volcar todo ese arte del que se empapan, que les envuelve en su trabajo y les interpela en sus vidas.

Son los vigilantes del Museo Nacional del Prado, que por primera vez y hasta este domingo 14 de julio compaginarán su trabajo con la incorporación de sus propias obras a una de las pinacotecas más importantes del mundo. Precisamente, los trabajos de la exposición se inspiran en algunas de las grandes obras de la colección escultórica del Prado.

Con el nombre de Talento interior, está ubicada en la Galería Jónica Sur de la planta baja del edificio Villanueva. La iniciativa nace de la inquietud de un grupo de vigilantes de sala, que dan salida a su creatividad. El antecedente de la muestra se encuentra en septiembre de 2020, cuando en el mismo entorno de trabajo surgió la idea de presentar una exposición en la Willco Art Gallery de Madrid denominada Ell@s los cuidan, ell@s los pintan.

En aquella ocasión era el conjunto de la colección del Museo del Prado el que servía de fuente de inspiración. Ahora los referentes se han concentrado en las salas de la colección de escultura y sus trabajos podrán verse en el propio Museo.

Este proyecto ofrece a los visitantes la posibilidad de conocer la mirada de quienes más tiempo conviven con las obras. Y a estos, una vía de expresión de su perspectiva individual. Como explica a Hoy Se Sale el director de Comunicación del Museo del Prado, Carlos Chaguaceda, el propósito es “dar cauce a la creatividad de la gente”.

Imaginación y vocación

La Venus del delfín, el Diadúmeno o Isabel II velada son algunas de las obras que pasan por el filtro de diez miembros de la plantilla del museo, que las reinterpretan con su propia imaginación. Varias de estas pinturas se centran íntegramente en las esculturas, como la pieza El sueño de Isabel de Rocío Vázquez. Otras, como la de Julián Baena (a partir del Diadúmeno de la sala 73) toman una perspectiva que casi parece inspirada en la visión periférica de la sala que tienen los propios vigilantes en sus puestos.

Chaguaceda expone el germen y el valor de la muestra, marcada por la pasión genuina de quienes participan en ella: “Trabajar en el Prado no es algo ni burocrático, ni rutinario, ni aburrido. Los propios vigilantes, algunos fijos y otros de la bolsa de empleados, tenían esta vocación porque la mayor parte de ellos proceden de Bellas Artes, Historia y Humanidades en general. El Museo entendió que la idea ayuda a complementar la relación entre vigilantes y público. Están ahí para asistir a los visitantes, pero luego esos mismos visitantes pueden contemplar las creaciones de quienes les ayudan en la zona del recinto que sirve de remanso de paz”.

El responsable de comunicación de la pinacoteca resalta una curiosa coincidencia: la iniciativa se desarrolla en paralelo a la publicación de El vigilante de sala, libro del Premio Nobel de Literatura J.M. Coetzee fruto de la primera residencia de escritores del Museo (Escribir el Prado). La obra está ya disponible en la tienda física y la digital del Prado. Porque los vigilantes se inspiran con el arte, pero el arte también se inspira en ellos.

La Policía de La Rioja han detenido a un hombre como presunto autor de un Delito de Robo con Violencia al haber mordido en el brazo y agredido físicamente a un vigilante de seguridad que interceptó a este hombre antes de que huyera con varios objetos robados del centro comercial en el que este prestaba sus servicios. 

Los hechos tuvieron lugar en un conocido centro comercial de Logroño, cuando sonó la alarma del estante donde se encontraban los terminales móviles y al aproximarse a esta zona se observó cómo uno de los teléfonos se encontraba descolgado y con el cable desenchufado. 

Tras comprobar las imágenes de las cámaras de seguridad se corroboró, que efectivamente, este hombre había estado manipulando los teléfonos móviles y varias cajas vacías de estos. Se realizó una observación más minuciosa del hombre y se comprobó que ha manipulado un cable de seguridad de un terminal móvil valorado en 650 euros, pero que no se observó ningún desperfecto en este, sin embargo sí que había abandonado el establecimiento sin abonar otros productos de electrónica.

El vigilante de seguridad lo interceptó antes de que abandonara las instalaciones y le manifestó que tenía que acompañarle un momento para realizar una comprobación, puesto que se le ha visto cómo estaba manipulando varios objetos de telefonía y había un cable de seguridad dañado.

El varón, de manera sorpresiva, propinó un puñetazo al vigilante a la altura de la cara manifestándole ‘con lo que tengo aquí te vas a enterar’, llevando su mano a la cintura como si tuviese algún arma allí escondida. También provocó un mordisco en el antebrazo izquierdo del vigilante y mostró una actitud muy agresiva durante la intervención. Ante esta actitud, el vigilante lo condujo al cuarto de seguridad para comprobar que el hombre no se haya llevado nada.

Una vez dentro del cuarto y ante la llegada de Agentes de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, se inició un cacheo de seguridad del hombre y se encontró dentro del pantalón y oculto entre sus pertenecías, un altavoz inalámbrico, unas tijeras de jardinero, un cable USB y una pelota negra.

El detenido es un varón de 33 años de edad, de nacionalidad española, que reside en Logroño. Posee 7 antecedentes policiales previos, 5 por delitos contra el patrimonio, como hurtos y robos.

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha presentado este martes en Madrid el II Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a Profesionales del SMS durante la celebración de la segunda edición de la jornada 'La Prevención de agresiones a los profesionales sanitarios', organizada por el Ministerio de Sanidad.

El documento establece los protocolos de actuación en todos los centros y unidades y prevé la instalación de cámaras de seguridad en los espacios comunes, sistemas de alarma y vigilantes de seguridad en hospitales y centros de salud para proteger a profesionales y pacientes

Este plan, que se constituye como un documento abierto y en permanente actualización, incorpora las iniciativas y mejoras que se han desarrollado desde el SMS en los últimos cinco años y otras demandas de trabajadores y sus representantes para la reducción de agresiones y la minimización de sus consecuencias, informa este departamento en una nota de prensa.

También prevé la creación de un registro informático de agresiones a través de una página web a la que tendrán acceso todos los trabajadores, e incluye la posibilidad de cambio del centro sanitario a los agresores reincidentes dentro de la misma zona de salud y el cambio de designación en atención especializada, mediante un procedimiento unificado para todo el SMS. En la clasificación de agresiones se englobarán tanto las físicas como verbales, además de las que se produzcan a través de las redes sociales.

Al respecto, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se reunió este lunes con los técnicos que han coordinado la elaboración del Plan para conocer las principales novedades que incluye, coincidiendo con la celebración este martes del Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios.

La crisis de los museos no se ha resuelto. Permanecen cerradas algunas salas de las 16 instituciones estatales debido a la falta de auxiliares de Servicios Generales N6, los conocidos como vigilantes en salas. El convenio laboral aprobado en 2019 ha degradado de categoría a estos empleados y ha estructurado los diferentes trabajos de atención al público según diferentes categorías y titulaciones. Esto ha provocado, por ejemplo, que un auxiliar de sala no pueda sustituir a un taquillero si este se pone enfermo, por lo que ha habido museos que han cerrado este verano al no poder vender entradas.

Para intentar paliar esta crisis, el Ministerio de Cultura ha anunciado este lunes contrataciones extraordinarias para así poder abrir las salas de Grecia y Egipto del Museo Arqueológico Nacional. Son 18 puestos de atención al público (vigilantes de sala y un taquillero) que se activarán este martes. Se trata de una incorporación temporal hasta que se convoquen y resuelvan los procedimientos selectivos de la Oferta de Empleo Público 2020, que prevén 80 plazas, 76 de ellas destinadas a puestos de atención al público.

Los problemas vienen de atrás. En mayo de 2019 se aprobó el IV Convenio Único del personal de la Administración General Estatal. Uno de los objetivos del nuevo convenio acordado por el Gobierno y sindicatos era crear grupos profesionales en función de la actividad a desempeñar. Para ello, debían especificar la categoría y titulación requerida para acceder al empleo de vigilante en sala. Como no existe una FP concreta para el puesto, los vigilantes sufrieron un descenso de categoría al E1, aun habiendo hecho las oposiciones con un temario idéntico al que se exige para el E2. Desde entonces, los museos estatales gestionados por el Ministerio de Cultura sufren falta de personal para cubrir los turnos.

Las bajas y jubilaciones han dejado vacantes abiertas que no se pueden cubrir fácilmente porque la formación de los vigilantes ya no encaja con la que ahora se exige. Como consecuencia de un personal insuficiente, los museos llevan alrededor de año y medio cerrando sus salas temporalmente, justificando en su página web que se debe a “motivos de organización interna”. Algunos de los museos más afectados son el Museo Sorolla, el Arqueológico, el del Romanticismo y el Cerralbo, entre otros. El Museo de América y el Nacional de Escultura también se vieron obligados a cerrar espacios, pero actualmente están abiertos al completo, salvo casos excepcionales.

El Arqueológico ha sido el museo más perjudicado con estos desajustes. Tiene salas que no se pueden visitar desde la pandemia. En 2020 cerraron las exposiciones permanentes de Reinos Cristianos, Moderna, Numismática y la Réplica de Altamira: no han vuelto a abrir. El resto sufren aperturas y cierres constantes, como es el caso de Oriente próximo o Historia del Museo. Las salas de Egipto y de Grecia estuvieron abiertas hasta hace apenas una semana. De esta manera, a día de hoy toda la Planta 2 se encuentra fuera de acceso, aunque se espera que con la medida de urgencia del Ministerio de Cultura, se reabran. Fuentes del museo explican que desde 2020 “no ha llegado a reabrirse por completo”: “Si una persona se da de baja, no se repone, por tanto hay una falta de personal que no se puede solucionar hasta que salga la próxima convocatoria”. Las fuentes con las que ha contactado este medio también quieren recordar que “no es algo puntual” y que luchan por solventar la situación, pero que “no se puede hacer nada más que esperar” a la solución del Ministerio. 

Las otras instituciones afectadas salen del paso con reorganizaciones semanales. Actualmente el Museo Sorolla cierra por las mañanas la Sala 2 y abre al completo por las tardes. El Museo del Romanticismo alterna el cierre y apertura de algunas salas casi diariamente, “según haya personal suficiente o no”, dice un trabajador anónimo. En el Museo Cerralbo no se puede visitar ni la parte de Verano ni la de Invierno, pero sí la parte más antigua del museo.

A la espera de convocatoria

La escasez de vigilantes en sala también genera inquietud entre los trabajadores del Museo del Prado, tanto por las necesidades de cubrir todos los turnos como por la consolidación de las plazas que actualmente ocupan interinos. Esta institución convocó hace un año y tres meses una oposición para 28 plazas de vigilancia y, a día de hoy, todavía se desconoce cuándo se celebrará el examen. Según indican sus bases, el plazo máximo para la celebración del ejercicio es de ocho meses. Siendo agosto un mes inhábil, el Museo está incumpliendo las bases desde el 28 de abril de este año, según los expertos consultados. Fuentes del Museo del Prado indican que los plazos suelen ser orientativos. 

El Museo informó en junio de que la oposición no se celebraría antes del 15 de septiembre pero, desde entonces, han circulado rumores sobre posibles fechas para el examen, pero ninguna comunicación oficial. Se trata de plazas que, además, vienen de muy atrás, pues 11 de ellas pertenecen a la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2018. Las OPE se deben ejecutar en un plazo máximo de tres años y, en esta ocasión, la resolución de convocatoria se ha publicado dos días antes de que acabara el plazo. Según los expertos consultados, es interpretable si el plazo está o no expirado, y por tanto la convocatoria caducada, dependiendo de si se toma como referencia la fecha de la publicación de la convocatoria en el BOE (31 de julio) o la del examen (que aún se desconoce).

Otras 14 plazas vienen de la OEP de 2019 y las tres restantes son una reserva para personas con discapacidad. En la misma convocatoria se tiene que renovar la bolsa de trabajo temporal, que estará compuesta por 450 candidatos y que se formará con aquellos que se presenten pero no consigan plaza.

Los sindicatos consultados afirman que la Administración Públcia tiene todavía concursos de la oferta de 2018 sin resolver y que la pandemia ha generado grandes retrasos en las tramitaciones.

Petición en la Asamblea de Madrid

Hace una semana la consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid pidió al ministro de Cultura resolver el problema de los vigilantes de sala, alegando que “en algunos casos se ha llegado al cierre del 50% del espacio” y que la situación puede conllevar un “impacto negativo” en el turismo. Con la última irrupción de dos activistas climáticos en el Museo del Prado, la consejera Marta Rivera de la Cruz ha puesto en relación ambos temas y resaltado que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid ya se había advertido de la falta de vigilantes en los museos: “En una época en que han tenido lugar ataques vandálicos en distintas pinacotecas europeas, me parece especialmente preocupante un problema de control en la salas”, dijo la consejera. Los trabajadores afectados, sin embargo, prefieren insistir en que “a menudo se olvida o no se destaca lo suficiente” que los vigilantes de sala son “personal de evacuación en caso de emergencia”, dice una empleada que prefiere permanecer en el anonimato.

Miquel Iceta respondió a la petición de Rivera con una carta en la que asegura que las plazas vacantes “se cubrirán con la convocatoria de Oferta de Empleo Público de 2020, que se publicará a principios de 2023”. De manera provisional, dice Iceta, “se va a proceder a la contratación temporal de trabajadores para reforzar la plantilla”. Se prevé que cuando se resuelva el concurso, habrá una dotación estable de 80 trabajadores en los 16 museos de gestión estatal. “De estas 80 plazas, 76 estarán destinadas a puestos de atención al público”, dicen fuentes del Ministerio de Cultura.

Con la reciente noticia de que los presupuestos de Cultura para 2023 serán más ambiciosos que nunca, también se espera solventar el problema. Miquel Iceta aseguró que entre los 600 funcionarios que se prevé contratar, habrá plazas también para las instituciones que dependen del Ministerio: “Esto está pasando porque el Gobierno anterior puso una tasa de reposición cero a bajas y jubilaciones. No se cubrían, pero desde que llegó el Gobierno progresista ya no es cero y estamos haciendo un esfuerzo importante”, dijo el ministro en la presentación de los presupuestos culturales.

El Gobierno de Andalucía ha acelerado la desescalada del turismo en su territorio, piedra angular de la economía regional, con un 13% del PIB y un 14% del empleo. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes una batería de medidas para flexibilizar la reapertura de negocios de hostelería, hoteles y playas: se amplía hasta las tres de la mañana el horario de cierre de veladores y bares (hasta ahora el límite eran las 2.00 horas); se amplía el aforo en establecimientos de hostelería, ahora hasta el 40%, y pasaría al 50%. Estas medidas, sin embargo, caen en manos de los ayuntamientos, que son los que deben decir si las aplican en sus municipios.

La Consejería de Empleo también ha presentado un plan para contratar a unas 3.000 personas inscritas en la bolsa única de la Administración para incorporarse este verano como “auxiliares de playa”. La función de estos trabajadores será “garantizar la seguridad de los bañistas, ejercerán labores de vigilancia y control de acceso a las playas y labores de información a los turistas”, subraya la consejera Rocío Blanco.

La formación mínima que se les exige es la “educación Primaria”, y el salario que van a percibir, según el sexto convenio de personal laboral de la unta de Andalucía, será de 1.900 euros netos al mes, incluido los complementos, con el prorrateo de las pagas extra (y por encima de los 2.000 euros mensuales los coordinadores). El presupuesto total asciende a 24 millones de euros, un dinero “autofinanciado por la propia comunidad”, ha dicho Blanco, sin precisar si tendrá que retraerse de otras partidas presupuestarias. El periodo inicialmente propuesto para este plan de empleo va del 15 de junio al 15 de septiembre con posibilidad de prórroga si fuera necesario.

“Los requisitos que deben cumplir los inscritos en la categoría de personal de servicios generales son estar en posesión del nivel de formación equivalente a Educación Primaria, certificado de escolaridad o acreditación de los años cursados y de las calificaciones obtenidas en la Secundaria”, explica Empleo que, no obstante, añade la posibilidad de contratación también sin estos requisitos académicos básicos: “En el caso de no contar con la formación académica requerida, se entenderá que se está en posesión de formación laboral equivalente cuando se hubiese demostrado experiencia profesional específica en la categoría profesional concreta de al menos tres meses, o superado curso de formación profesional directamente relacionado con dicha categoría, impartido por centro oficial reconocido para dicho cometido, con una duración efectiva de al menos 50 horas”.

La Junta ha lanzado una serie de recomendaciones para la reapertura de playas, como bañarse antes y después de entrar, y mantener una distancia mínima de dos metros entre toallas y hamacas. Los “vigilantes” que prevé contratar el Gobierno andaluz tendrán un coordinador, que debe tener nivel C1 en el rango de contratación de la Administración pública, y el resto serán de nivel 2. Todos recibirán una formación específica on line de la Escuela Pública de Andalucía. La Junta prevé firmar un convenio con los 61 ayuntamientos costeros para la contratación de este personal, en función de las necesidades de cada municipio.

La federación de asociaciones de seguridad privada ha pedido a la Junta que reclute a los vigilantes de playa de su propio sector y no de la bolsa de parados de la Administración. Blanco ha recordado que este plan de contratación busca amortiguar el desplome del empleo en el sector de la hostelería y crear nichos de trabajo en un sector que, en el mes de abril, ha registrado una pérdida de 30.000 empresas y más de 200.000 trabajadores. La tasa de paro en Andalucía asciende ya al 25,3%. “Es imposible volver este año al nivel de demanda anterior a la crisis del coronavirus, dado que las familias ahora prefieren ahorrar más y también por el desplome del turismo”, concluye la consejera de Empleo.

Cuarta jornada de huelga indefinida de los vigilantes de Ilunion que trabajan en los filtros de seguridad del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La movilización ha sido convocada por el Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad de Madrid (ATES) que denuncia un recorte en el plus de radioscopia que perciben los trabajadores, “vergonzosos” espacios para el descanso insuficientes para la plantilla y problemas para la conciliación de la vida laboral y personal, entre otros motivos.

Después de tres días de paro indefinido de los trabajadores, “la empresa no se ha puesto en contacto con nosotros aún”, asegura Jordi Montejo, portavoz de ATES. El personal de Ilunion en los controles de seguridad del aeropuerto madrileño asciende a unas 700 personas. Los servicios mínimos decretados para la huelga están fijados en el 90%. “El 100% de los trabajadores que pueden hacer huelga la ha secundado”, afirma Montejo.

eldiario.es se ha puesto en contacto con la empresa Ilunion para recoger su versión de la huelga, pero aún no ha podido hablar con ningún portavoz. En cualquier caso, las cifras de la compañía reducen mucho el seguimiento de la movilización: de un 34%, 28% y 18% de las personas que podían parar el viernes, sábado y domingo respectivamente, según el registro de Ilunion.

Debido a los paros, los tiempos de acceso en los controles de seguridad están sufriendo demoras. La movilización coincide con la Semana Santa, en la que miles de personas se desplazan durante sus vacaciones. Este domingo estaban previstas en el aeropuerto madrileño 1.134 operaciones aéreas, entre despegues y aterrizajes, y que pasaran por sus instalaciones unos 209.000 pasajeros.

El sindicato ATES asegura que se está desviando a parte de los pasajeros a los controles de otra empresa adjudicataria, “lo que es totalmente ilegal y vamos a denunciarlo ante la Inspección de Trabajo y en los juzgados”, apunta Montejo.

Entre las reclamaciones de los vigilantes destaca la denuncia de un recorte de Ilunion “el plus de radioscopia a partir de este mes, que vamos a pasar a cobrar solo por un tercio de las horas trabajadas. Es una decisión unilateral de la empresa”, explica el portavoz de ATES.

Además, los trabajadores demandan espacios de descanso más amplios para la plantilla. “Son absolutamente vergonzosos. El cuarto de descanso más grande tiene siete sillas y descansan a la vez unas 25 personas. La gente acaba comiendo por las escaleras, de pie...”, critica Montejo. Las dificultades para conciliar la vida familiar y personal también forman parte de las denuncias del comité de huelga, ya que “ponen muchas trabas y hay que acudir continuamente a la vía judicial”.

Primer día de huelga en Air Nostrum

Por otra parte, este lunes comienza la huelga convocada por el sindicato de pilotos Sepla en la aerolínea Air Nostrum, aunque los representantes de los pilotos y la dirección de la empresa mantienen abiertas las negociaciones para intentar llegar a un acuerdo para desconvocarla.

Fuentes del sindicato han indicado a la agencia EFE que las partes han estado reunidas hasta las 2 de la madrugada de este lunes, sin que por el momento hayan llegado a un acuerdo, por lo que se inician los paros de 24 horas previstos para seis días y que suponen la cancelación de 148 vuelos durante la Semana Santa.

El sindicato de pilotos ha convocado esta huelga los días 15, 16, 17, 22, 23 y 24 de abril para denunciar el desvío de la producción que, en su opinión, lleva a cabo Air Nostrum a otras aerolíneas de los mismos propietarios.

Nuevas imágenes polémicas de los trabajadores de Renfe. La compañía ferroviaria ha apartado del servicio a nueve vigilantes de seguridad que este miércoles a las 21h agredieron a un viajero que iba sin billete en la estación de plaza Catalunya, en Barcelona. Los hechos han sido difundidos a través de las redes sociales por Es Racismo, que ha calificado la actuación como “brutalidad racista”.

En el vídeo registrado por un usuario de Renfe se puede observar cómo los vigilantes persiguen, rodean y golpean a un joven racializado con sus porras. Después lo tiran al suelo para detenerlo. En otras imágenes difundidas por el mismo colectivo se observa al joven sangrando abundantemente en la cara tras el incidente.

La empresa ferroviaria ha abierto un expediente informativo que, según lo que se determine, puede terminar siendo sancionador, como señalan fuentes de Renfe a eldiario.es. Mientras este expediente se resuelve, Renfe ha expulsado a los nueve trabajadores, que pertenecen a las empresas de seguridad Sureste y Ombuds, que son subcontratadas por el servicio de Cercanías.

A través de un comunicado, Renfe ha asegurado que “nunca tolerará ninguna actitud, manifestación o acción de maltrato hacia las personas”. A su vez, han pedido a las empresas “formación y sensibilización del personal” para evitar este tipo de hechos, han relatado fuentes de la compañía ferroviaria a este medio.

Agresión racista en febrero

La empresa ya tuvo que hacer frente a una agresión racista por parte de uno de sus vigilantes se seguridad en la estación de Sants el pasado mes de febrero. En esa ocasión el agente empujaba de forma reiterada a un usuario del servicio mientras le requería la documentación.

En esa ocasión Renfe sancionó a la empresa Ombuds por la actuación del vigilante de seguridad y pidió apartar “de forma inmediata” al trabajador.

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha pedido al ministro del Interior que adopte medidas concretas para disminuir las “continuas agresiones” a los vigilantes de seguridad en lugares de pública concurrencia como “el Metro, Renfe o estadios de fútbol”. El sindicato denuncia la “pasividad de las empresas, tomadores de la prestación de servicios y del propio Ejecutivo”.

Esta misma semana, un vigilante de seguridad resultó herido en Las Palmas de Gran Canaria tras ser agredido por una mujer a las puertas de un conocido establecimiento en el centro comercial Las Arenas. Según se puede observar en las imágenes difundidas en las redes sociales, los hechos se desencadenaron después de que saltaran las alarmas antirrobo a la salida de la tienda. La mujer, que fue detenida por robo con violencia, insultó a los vigilantes que la retenían y agredió a uno de ellos en la cabeza, provocándole una herida de la que brotaba abundante sangre.

UGT viene denunciando, dentro de su campaña A mí quién me protege, la escalada de agresiones sufridas por vigilantes de seguridad durante el desempeño de sus funciones.

“Resulta lamentablemente habitual observar como vigilantes de seguridad prioritariamente en lugares denominados de pública concurrencia son agredidos con total impunidad, sin que empresas, usuarios de seguridad y el propio Ejecutivo tomen ningún tipo de decisión ante las constantes reuniones y peticiones al respecto realizadas desde UGT”, expone en un comunicado.

El sindicato propone mejorar “mediante vía reglamentaria y en forma global” las medidas de protección para este colectivo en lugares públicos, así como reforzar la colaboración entre la seguridad pública y privada. Unas actuaciones que, a su juicio, deben ponerse en marcha “sin más dilación” y “sin esconderse en el ámbito competencial o seguir dando calladas por respuesta”.

UGT alcanzó en recientes fechas acuerdos puntuales para mejorar los equipos de autoprotección para vigilantes de seguridad dispuestos en el estadio Wanda Metropolitano y en el Metro de Barcelona, pero esta situación “debe verse ampliada desde el Ejecutivo obligando a empresas y usuarios a introducir elementos de autoprotección que en forma obligatoria deban ser dispuestos para reducir el riesgo”.

UGT considera que se deben introducir además “operativos claros de mayor colaboración entre el ámbito público y privado para, conjuntamente, reforzar la seguridad en aquellos puntos denominados calientes que son ampliamente conocidos por las partes y que hasta la fecha no son atendidos en forma adecuada”.

El sindicato insiste en la “necesaria implicación de las partes” para resolver una situación “en aumento y que en ocasiones pone en riesgo ya no la integridad física de los vigilantes de seguridad, sino la propia vida de los mismos”. UGT pedirá responsabilidades a las partes (empresas, clientes y Ejecutivo) sin descartar movilizaciones en el territorio nacional en el caso de no ver atendida esta reivindicación.

La diputada del grupo parlamentario de Podemos Natividad Arnaiz ha denunciado este jueves en el Parlamento que, con la “permisividad” del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife, en el parque nacional del Teide “hay una actuación anormal, pues un grupo de personas uniformadas y armadas, sin estar autorizadas, actúan de forma engañosa y fraudulenta, interviniendo sin control y ejerciendo funciones de policía, cuando no lo son”.

“Usted debe inspeccionar y controlar el desarrollo de las encomiendas de gestión, si no quiere ser cómplice de los fraudes y acciones ilícitas. Recuerde que es su competencia; es su obligación”, espetó a la consejera de Política Territorial y Sostenibilidad, Nieves Lady Barreto, de CC.

La diputada ha insistido, pese a que la consejera ha afirmado que no hay ningún informe en su departamento sobre que existan irregularidades, en que “estos trabajadores están contratados de forma irregular por Tragsa (empresa pública del Estado, adscrita al Ministerio de Agricultura), con la permisividad del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Tenerife y del propio parque nacional”, por lo que no descarta “llevar ante la Fiscalía estas actuaciones fraudulentas”, se asegura en una nota de prensa de Podemos.

Narvaiz afirmó que “son quienes les facilitan que pongan denuncias a los ciudadanos a través de boletines de denuncia. Boletines con los emblemas del Gobierno de Canarias, del Cabildo y del propio parque nacional, donde tienen que poner su firma y número personal, pero obvian el obligatorio número de la cartilla profesional, que no lo ponen porque no tienen esa cartilla, y así se oculta la actuación ilegítima”, ha remachado la diputada.

Arnaiz, que ha enseñado varias fotos demostrativas de los hechos a los miembros de la comisión parlamentaria, considera que la consejera ha demostrado con su “tibia y vaga” comparecencia parlamentaria que “no tiene un equipo que le asesore convenientemente y le muestre la realidad”.

La diputada ha dicho que esas personas “son guardas rurales, como se indica en su escudo, que están uniformados como tal y que además portan armas que no deben y que incluso algunas están prohibidas para las fuerzas y cuerpos de Seguridad, salvo que tengan permisos excepcionales”.

 Posible prevaricación

“Tragsa no es una empresa de seguridad privada, por lo que no puede contratar personal de seguridad privada, pero contrata vigilantes de obra y los disfraza de guardas rurales. Haciendo esto, está favoreciendo el intrusismo profesional y también cometiendo fraude a la Seguridad Social, ya que cotiza menos de lo que le correspondería como empresa de seguridad privada y por la categoría de guardas rurales”, ha afirmado Arnaiz.

Arnaiz ha reiterado que “no pueden poner denuncias porque no son agentes de la autoridad, sin embargo ustedes les dan esos boletines”. “Estas actuaciones que hace Tragsa con la connivencia del Cabildo de Tenerife y la suya propia son del todo ilegales y a esto se le llama prevaricación”, ha concluido la diputada.

Miles de pasajeros se desplazarán en avión en las próximas semanas durante sus vacaciones, apurando el final de la época estival. En el calendario, hay una fecha que deben tener en cuenta: once días de huelga, que comienzan este viernes 24 de agosto, a la que está llamado el personal de Seguridad de los filtros de control de Barajas (Madrid). La convocatoria ha sido impulsada por Alternativa Sindical por el pago de varios pluses específicos del personal aeroportuario, contra la empresa adjudicataria Ilunion, no ha sido secundada por ningún otro sindicato. La mayoría de las organizaciones de trabajadores, entre las que se encuentran UGT, CCOO y ATES, tacha la medida de “irresponsable” e injustificada, mientras que los organizadores acusan a los grandes sindicatos de tener “demasiados réditos con las empresas”.

La huelga que se cierne sobre el primer aeropuerto español en número de pasajeros tiene como origen el pago de pluses de radioscopia y rotación a los vigilantes de los filtros de control del aeropuerto madrileño. El servicio está en manos de la compañía Ilunion tras la última adjudicación del servicio por Aena, este año.

Alternativa Sindical, que asegura representar a un 20% de los vigilantes de seguridad del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas pero que no está en el comité de empresa de Ilunion, considera que la compañía no está cumpliendo con el pago de estos pluses, acordados por el grupo de trabajo de la Seguridad Privada entre el anterior Gobierno y los agentes sociales, así como en el convenio colectivo del sector, aprobado a finales de 2017.

En opinión del sindicato, ambos pluses deberían ser fijos y pagarse en el mes en curso a todo el personal del filtro, por lo que su abono ya llegaría tarde. “Esta empresa lleva dos meses sin abonarlos. Deja sin cobrar alrededor de 200 euros a sus trabajadores”, denuncia Alberto García, portavoz de Alternativa Sindical. Por el momento, solo apoya la movilización la Asociación de Vigilantes Aeroportuarios de Barajas (AVA).

Diferencias en los tiempos de pago

La empresa Ilunion defendió en el acto de mediación que tuvo lugar el pasado viernes en Madrid que pagaría estos complementos, pero que los abonará “a mes vencido” al considerarlos un plus variable (que depende del tiempo que los trabajadores estén efectivamente utilizando la radioscopia aeroportuaria), explican varios de los sindicatos presentes en la reunión en el Instituto Laboral.

eldiario.es ha intentado recoger la versión de la compañía sobre este conflicto, pero por el momento no ha obtenido respuesta.

“La empresa dice que el plus se paga a mes vencido y ellos [Alternativa Sindical] entienden que tienen que pagarse a mes corriente. Es solo una diferencia en la interpretación, entendemos que no se puede montar un pollo así por eso”, critica Ángel García, del equipo de dirección del sector de Seguridad Privada de UGT Madrid. En su opinión, antes de convocar paros “en pleno agosto”, el sindicato podría haber acudido a los tribunales para recurrir esta discrepancia de criterio. “Esta huelga es que no hay por dónde cogerla”, subraya.

La huelga es “absurda, nula, tonta” para el sindicato profesional ATES, con representación en el comité de empresa de Ilunion Seguridad (junto a UGT y CCOO). Un portavoz de la organización de trabajadores tacha la convocatoria de huelga de “publicidad pura y dura” de Alternativa Sindical. El representante de ATES asegura que “todas las empresas, menos Eulen, pagan los pluses a mes vencido” y desde la organización consideran que, antes de acordar una medida de calado como una huelga, hay que esperar a ver si la compañía cumple su palabra.

En Comisiones Obreras indican que les “parecería irresponsable por parte de este sindicato que mantenga la convocatoria de huelga generando una alarma innecesaria entre los usuarios”. Daniel Barragán, secretario de Acción Sindical de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO, recuerda que la organización vigilará que se cumpla el acuerdo suscrito el año pasado con el Gobierno, pero que “no utilizaremos la huelga como un arma arrojadiza cuando las causas no están claras”.

USO recurre a la mediación

Para el sindicato USO, la huelga tampoco está justificada por el momento, dado el impacto en los consumidores en estas fechas pero sobre todo por el esfuerzo de los vigilantes que la secunden. “Siempre intentamos que sea el último recurso, porque los trabajadores también pierden salario”, recuerda Roberto Serrano, secretario de Información de la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada de USO.

Por ello, USO ha llevado el pago de estos pluses ante el SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje), donde han citado a las empresas del sector para “que aclaren cuál es la forma para determinar el pago de estos pluses”, que consideran que “no está clara”. 

Pese a las críticas del resto de organizaciones, Alternativa Sindical seguirá adelante con la convocatoria de huelga, aunque Alberto García afirma que “este domingo” se reactivaron las conversaciones entre el comité de huelga e Ilunion. “Somos un sindicato profesional dentro de la Seguridad Privada. No estamos de acuerdo con las maneras de los sindicatos de clase, de UGT y CCOO, generalistas y a los que les importa un cuerno el sector”, critica. García además recuerda que la huelga puede ampliarse al aeropuerto de Santander, donde someterán a votación entre sus afiliados si se adhieren a las movilizaciones.

Jóvenes escolares de la Isla tomaron parte recientemente de una acción de sensibilización y acercamiento a la naturaleza de la mano de vigilantes de Espacios Naturales y agentes de Medio Ambiente de La Palma, informa el Cabildo en una nota de prens. La actividad se celebró en el sendero 9.2 que discurre entre el Parque Arqueológico de La Zarza hasta Cruz del Gallo, en Garafía.

Los estudiantes aprendieron a diferenciar las categorías de Espacios Naturales Protegidos, a reconocer las funciones del Área de Medio Ambiente en conservación o uso público, valorar el peligro de las especies exóticas o a contemplar medidas de autoprotección en las viviendas frente a incendios forestales, entre otros aspectos.

Esta actividad se enmarca en la Red Canaria de Centros Globe de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, una comunidad intercentros en la que se promueve la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias a través de la toma de datos o mediciones de parámetros ambientales.

Los estudiantes que participan en Globe tienen la oportunidad de hacer estas observaciones sobre su entorno medioambiental a lo largo del curso escolar y compartirlas con otros alumnos y alumnas del resto del mundo a través de Internet.

El consejero de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Palma, Juan Manuel González, valora esta iniciativa de la Consejería de Educación que apuesta por la educación ambiental y con la que se colabora hace años. “Es importante que las nuevas generaciones se conviertan en protagonistas de la conservación del medio natural palmero como generador de recursos ambientales, económicos y sociales”, asegura.

En La Palma en este programa participan grupos del Instituo de Educación Secuncaria (IES) Las Breñas, IES Eusebio Barreto, IES Puntagorda, Centro de Educación de Infantil y Primaria (CEIP) Las Breñas y CEIP Puntallana, que hacen una salida de campo con el objetivo de tener un espacio de encuentro del alumnado. Al final del recorrido de tres horas por un área de actividades, realizan prácticas con sus profesores del Programa de mediciones de suelo, como los factores climáticos afectan a los seres vivos o cobertura de nubes.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 27 años de edad y nacionalidad letona, con numerosos antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de lesiones, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

Fue el personal de seguridad de un centro comercial de la capital grancanaria, el que comunicó que había reducido a un individuo tras sufrir una agresión minutos antes.

Los agentes que se desplazaron al lugar se entrevistaron con estos, quienes les manifestaron que habían sido requeridos por varios empleados de una cafetería del lugar, ya que un individuo extranjero había molestado a los clientes y se encontraba orinando en la puerta del establecimiento.

En ese momento, los vigilantes de seguridad recriminaron su actitud al individuo, quien sin mediar palabra agredió a uno de ellos propinándole un puñetazo en la cara.

Por todo ello, los policías procedieron a su detención como presunto autor de un delito de lesiones, mientras que los dos vigilantes de seguridad del centro comercial fueron atendidos en un centro de salud cercano de las lesiones que presentaban.

Representantes de CSIF, CCOO de Construcción y Servicios y FeSMC UGT han protestado este jueves frente a las sedes de Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria por el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores de seguridad privada.

Fernando Torres, de CCOO, ha denunciado en declaraciones a Efe que las 20 empresas de bajo coste que hay en Canarias relacionadas con la seguridad privada han precarizado el mercado de trabajo al incumplir Convenio Estatal de Empresas de Seguridad.

Estas empresas han reducido el 30% del salario que por convenio tienen que cobrar los vigilantes, que han pasado de ganar entre 1.000 y 1.500 euros al mes a poco más de 700, y hacen contratos a temporales, incluso por días, y a tiempo parcial, ha criticado.

Según CCOO, es la administración pública, en mayor medida, la responsable directa de gran parte de la realidad padecida, puesto que no muestra sensibilidad a la hora de marcar las condiciones económicas en las licitaciones, abocando a ello a que participen en exclusividad a empresas de bajo coste.

Por ello, en la concentración celebrada frente a Presidencia del Gobierno de la capital tinerfeña han reivindicado que se respeten los derechos trabajadores y que se eliminen las empresas de bajo coste incentivadas por el Gobierno de Canarias.

Han lamentado que la administración pública contrate a estas empresas porque son más baratas, lo que repercute en que los negocios que cumplen con el convenio estatal, que en las islas son ocho con unos 2.000 trabajadores, no puedan acceder a los concursos públicos.

Estas ocho empresas, según el portavoz de CCOO, sufren importantes pérdidas de negocio por no poder trabajar con la administración pública, si bien de momento no se han producido despidos ni pérdidas retributivas.

“La administración se aprovecha de las circunstancias y baja los costes porque sabe que hay empresas que entran en el juego a costa del bolsillo de los trabajadores”, ha manifestado Fernando Torres.

Los sindicatos mayoritarios de seguridad privada se han manifestado este jueves en las capitales de las dos provincias canarias, en Santa Cruz de Tenerife han convocado una concentración frente a Presidencia y en Las Palmas de Gran Canaria han hecho un recorrido de protesta que ha partido de la Ciudad de la Justicia y ha finalizado también en Presidencia.

El responsable autonómico de Seguridad Privada de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT, Alberto González, ha aclarado este viernes que el sindicato aguardará a la nueva negociación con el Gobierno de España “antes de plantear cualquier movilización” en el servicio de seguridad privada del aeropuerto Severiano Ballesteros de Cantabria.

González ha señalado que UGT, único sindicato representativo de la empresa concesionaria de la seguridad privada del aeropuerto cántabro -Segurisa-, ha dado “un voto de confianza” al Gobierno español, después de que decidiera abrir una mesa de negociación para tratar la problemática de las licitaciones públicas en todas las instalaciones aeroportuarias españolas.

Por este motivo, el sindicato ha decidido aplazar las movilizaciones que en un principio estaban convocadas en el servicio de seguridad privada de los aeropuertos de Manises y de Alicante.

El sindicalista ha afirmado que previsiblemente la mesa de negociación con el Gobierno se iniciará la próxima semana y “en función de cómo se desarrolle, se consultará en su momento a los 22 vigilantes de seguridad que se encargan del servicio en el aeropuerto cántabro”.

El responsable autonómico del sector de seguridad privada de UGT ha recalcado que “uno de los principales objetivos es poner orden de una vez todas en las licitaciones públicas de la seguridad privada de los aeropuertos y que las contrataciones que se realicen respeten rigurosamente el convenio colectivo estatal del sector”.

De todos modos, González ha avanzado que UGT se pondrá en contacto con la empresa concesionaria de la seguridad privada del aeropuerto cántabro, que es también la adjudicataria del servicio en el de Jérez, “para hacerla llegar las reivindicaciones de los trabajadores y entablar las negociaciones que sean necesarias”.