Pablo García, que hasta el momento ejercía como concejal en la bancada del PSOE en el Ayuntamiento de Toledo, será designado como nuevo subdirector general de Promoción e Innovación Deportiva del Consejo Superior de Deportes, según Europa Press.

Un puesto desde el que García, edil en Toledo desde 2019, se hará cargo de ámbitos como el deporte escolar, el universitario, la gestión de subvenciones, el fomento de la actividad deportiva o el mantenimiento de los centros.

De nuevo a las órdenes de Milagros Tolón

En la pasada legislatura, el socialista fue viceportavoz del Gobierno municipal en Toledo y edil de Juventud y Deportes de la mano de la entonces alcaldesa Milagros Tolón, quien ahora está al frente del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para el que García trabajará.

Con título de especialista en Fisioterapia Deportiva y con experiencia en el sector en centros como el Hospital Nacional de Parapléjicos, García volverá a ponerse a las órdenes de Milagros Tolón.

El 23 de abril de 2021, el Comité Ejecutivo de la UEFA, reunido en Nyon (Suiza), decidió oficialmente que Sevilla y el estadio de La Cartuja sustituirían a Bilbao como sede española para la Eurocopa.

En realidad, la promotora Gruconsa había empezado los trabajos de remodelación del estadio cuatro días antes –el 19 de abril– sin contrato ni presupuesto asignado ni licitación ni adjudicación, pero por encargo directo de la sociedad que gestiona el estadio, participada mayoritariamente por la Junta de Andalucía, junto al Estado, el Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación Provincial.

Cuatro días después, el 27 de abril de 2021, el Consejo de Administración del estadio de La Cartuja S.A. acordó “no firmar el contrato del estadio con la UEFA hasta disponer de los fondos necesarios” y, dos días después, solicitó formalmente una “subvención excepcional” a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta por un importe de 5,4 millones de euros para sufragar el evento. Pero las obras ya estaban en marcha sin ningún soporte contractual.

La jueza de Majadahonda (Madrid) que instruye el llamado 'caso Supercopa' ha abierto una pieza separada para esclarecer el papel que jugaron altos cargos de la Junta de Andalucía en la adjudicación irregular del contrato de reformas de La Cartuja, a cambio de supuestas comisiones ilegales. Daniel Oviedo, actual gerente de la sociedad que gestiona el estadio, está imputado junto a quien presidía dicho órgano de contratación, el exsecretario general de Deportes de la Junta, José María Arrabal.

La cronología de la tramitación del contrato de las obras del estadio, recogida en el informe de la Guardia Civil, revela desde el principio “una clara discordancia entre la ejecución real de las obras y su formalización administrativa”, ya que los trabajos comenzaron mucho antes de que se iniciaran los expedientes de licitación.

El debate político se centra ahora en la responsabilidad del Consejo de Administración del estadio, donde estaban representadas tres administraciones del PSOE (Gobierno, Ayuntamiento y Diputación) y una del PP (Junta), que ahora se imputan las irregularidades del contrato amañado.

¿Quién autorizó el contrato?

El 5 de mayo de 2021, el Consejo de Administración del estadio de La Cartuja S. A., reunido por videoconferencia, aprobó realizar las obras de adecuación del estadio de Sevilla para albergar los partidos de la Eurocopa, con cargo a un presupuesto extraordinario facilitado por el Gobierno andaluz un día antes. La Consejería de Educación y Deportes, donde Arrabal ocupaba el tercer escalafón, acababa de otorgar al proyecto esa subvención excepcional que había solicitado el estadio: 4,9 millones de euros, destinados inicialmente a la construcción de guarderías.

Las actas de la reunión del Consejo de aquel día, a las que ha tenido acceso este periódico, revelan varios puntos de interés para la investigación judicial sobre el supuesto amaño de contratos en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante el mandato de Luis Rubiales a cambio de comisiones ilegales.

La decisión de dar luz verde a las obras se adoptó en aquella reunión, en la que participó “como invitado el letrado de la Junta de Andalucía, Joaquín María Barrón Tous”. Hubo seis votos favorables, correspondientes a los consejeros de la Junta, del Ayuntamiento de Sevilla y de la Diputación Provincial, y dos abstenciones de los miembros del Gobierno central, que expresaron sus “dudas” con la “interpretación jurídica” hecha por la sociedad del estadio La Cartuja para justificar el procedimiento “mínimo” y “urgente” de contratación, sin publicidad ni concurrencia competitiva.

Aquella reunión del Consejo de Administración incluso discutió si la entidad que dirigía Rubiales iba a ser parte del órgano de contratación del estadio o sólo “le compete la eventual recomendación de licitadores”, cuando en realidad la promotora vinculada a la RFEF –Gruconsa– ya llevaba tres semanas trabajando en el estadio.

El secretario del Consejo esgrime su “informe justificativo del procedimiento mínimo de contratación”, que no termina de convencer a los consejeros nombrados por la Dirección General de Patrimonio del Estado (Gobierno central). La consejera nombrada por la Junta de Andalucía, Myriam del Campo, comenta que “el informe se ha consultado con los Letrados de la Junta de Andalucía así como con el Director General de Contratación, de la Consejería de Hacienda”.

Sin embargo, el consejero designado por el Gobierno, Antonio Franco, reitera que “le preocupa que ante la fiscalización o intervención que a posteriori pueda realizarse, qué responsabilidad le cabe como Consejero si no manifiesta las dudas sobre la oportunidad de que el evento fuera a ser realizado por el Estadio con sus normas o hubiera de haber sido realizado por otra institución”. “La urgencia viene motivada porque no hay tiempo y lo que se imposibilita es la aplicación del principio de publicidad”, añade.

Arrabal y Oviedo, “poder mancomunado” para autorizar el contrato

El Consejo de Administración del 5 de mayo de 2021 dio luz verde a las obras del estadio, pero lo hizo de forma indirecta. Lo que realmente se votó aquel día, según consta en las actas, “no es la valoración o discusión sobre el informe” que justifica el “procedimiento mínimo” para la contratación, “sino la delegación en el Presidente [Arrabal] y en el Gerente [Oviedo], de manera mancomunada, de las facultades que corresponden al Consejo de Administración como Órgano de Contratación por razón de la cuantía superior a 500.000 euros, para la contratación de actuaciones en el marco y contexto de lo informado”.

Es decir, la decisión última de contratar por la vía de urgencia a la promotora Gruconsa, investigada en la causa, no recayó en el Consejo de Administración, donde están representadas cuatro administraciones, sino en los dos máximos responsables de ese órgano, hoy imputados.

Con ese “poder mancomunado”, Arrabal y Oviedo aprobaron las licitaciones y adjudicaciones a Gruconsa un mes después, aunque en realidad la promotora ya había empezado las obras 16 días antes, sin contrato ni licitación ni adjudicación. A posteriori, se presentaron tres empresas a la licitación, pero la Guardia Civil sospecha que “los presupuestos eran falsos para justificar un proceso de adjudicación” concedido de antemano a Gruconsa que, de hecho, trabajaba en el estadio mientras las administraciones en paralelo hacían el papeleo para dar “apariencia de legalidad”.

A los miembros del Consejo se les notificó la oferta de la adjudicataria, pero no las de las otras dos empresas postulantes, que no aparecen en el expediente publicado en el Portal de Transparencia del estadio. “Pudiera haber sido la propia Gruconsa la encargada de confeccionar las tres ofertas que fueron presentadas, asegurándose así ser la más ventajosa para garantizar la adjudicación de unos trabajos que ya se encontraban en ejecución”, señala la UCO en el informe remitido a la jueza.

La Diputación de Sevilla ha pedido la convocatoria urgente del Consejo de Administración para abordar la permanencia del gerente, cuyo cese ya reclaman abiertamente desde el PSOE, Por Andalucía, Adelante Andalucía y Vox. La potestad de convocar al Consejo sólo depende de la actual secretaria general de Deportes de la Junta.

La oposición en bloque ha pedido al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, que fuerce la dimisión de Oviedo, y éste respondió en el Parlamento que “no es un cargo público” y que las administraciones socialistas en el Consejo no se opusieron al contrato. “Si hay que sustituirlo y renombrarlo, se convoca al Consejo y se destituye, pero a ver qué dice la Justicia”, ha asegurado en el Pleno de la Cámara.

“Dudas con la interpretación de las normas”

Las actas también revelan las “dudas” respecto al procedimiento de contratación expresadas por los dos consejeros de la Dirección General de Patrimonio del Estado (Gobierno central), que no cuestionaron el proyecto, pero evitaron votar a favor. “Se tienen dudas sobre al alcance e interpretación del artículo 321 [de la Ley de Contratos del Sector Público] y expresa que la situación es extrema entre poder hacer o no el evento”, en referencia a los partidos de la Eurocopa.

También manifiestan “dudas” con la justificación legal de saltarse los procedimientos ordinarios de contratación alegando “una causa sobrevenida”, por lo que “no desean refrendar el procedimiento [mínimo de urgencia] pero tampoco oponerse a la celebración del evento”. Finalmente, los consejeros designados por el Gobierno central entienden que “deben abstenerse y recomendar la atención a los plazos en la medida de lo posible y ajustarnos a la publicidad y principio de la concurrencia”.

En ese momento intervino Arrabal para hacer un poco de “retrospectiva”, recordó que La Cartuja se había pasado años sufriendo el abandono de las administraciones, que “el estadio se encontraba cerrado” y “sin un horizonte de actividad”. “Estamos ante una oportunidad única que va a impulsar gran parte de la economía de la ciudad”, dijo.

El consejero del Gobierno central le respondió que “no se discute la importancia del evento sino que se está expresando las dudas, que no certezas, sobre una interpretación de las normas”. “Dudas sobre una interpretación jurídica, lo que no debe de entenderse como una oposición al proyecto”, añadió, tras “aplaudir el emprendimiento del presidente del Consejo de Administración”.

Las obras, antes que los permisos

“Daniel, buenas tardes. El lunes llega mi primer equipo de gente para el desmontaje de los tornos”. El 16 de abril de 2021, el responsable de las obras de adecuación del estadio La Cartuja de Sevilla como sede de la Eurocopa, Ángel González Segura (Gruconsa), envió un correo electrónico con el asunto “COMIENZO OBRA” a Daniel Oviedo, gerente de la sociedad Estadio de La Cartuja S.A.

El inicio efectivo de las obras de adecuación de tornos e iluminación en el estadio La Cartuja fue el 19 de abril, es decir, 39 días antes del inicio de los expedientes de licitación y cuatro días antes de que la UEFA confirmara oficialmente a Sevilla como sede de la Eurocopa. En ese momento, ni existía contrato entre la RFEF y la sociedad Estadio La Cartuja ni existía contrato entre estas dos entidades y la promotora Gruconsa, que ya había empezado a trabajar sobre el terreno.

Los responsables de Gruconsa, imputados en la causa, fueron informando a la Junta del inicio y desarrollo de las obras. Los promotores enviaron un Excel con los gastos a Oviedo, cuando el proyecto todavía no contaba con el visto bueno del Consejo ni la Junta de Andalucía había destinado presupuesto para ello. “¿Te encargas de comunicárselo a la Junta?”, escribió el Secretario General de la RFEF, Andreu Camps, al responsable de las obras de Gruconsa.

Camps ni siquiera sabía en ese momento que la Federación de Fútbol y la sociedad que gestiona los activos de La Cartuja aún no habían firmado ningún contrato.“La Junta está en ello porque está el director gerente de La Cartuja”, le respondió González Segura el 23 de abril, el mismo día que la UEFA eligió oficialmente a Sevilla como sede de la Eurocopa.

Entre el 12 y el 15 de abril, los miembros de la UEFA habían visitado personalmente el estadio de La Cartuja para evaluar la viabilidad del recinto para los cuatro partidos previstos. “Las primeras impresiones han sido buenas por lo que nos han contado, ya que en Bilbao solo han tenido escollos en cada legalización y petición por parte del Gobierno Vasco y las autoridades pertinentes, mientras aquí todo han sido facilidades y buena disposición”, escribió el responsable de Gruconsa a la RFEF.

Al día siguiente, el 16 de abril, cuatro administraciones firmaron una “declaración de intenciones” comprometiéndose a acometer las reformas necesarias para que Sevilla fuera sede, y sólo tres días después empezaron los trabajos en el estadio, antes siquiera de contar con el presupuesto para pagar la obra.

La sociedad Estadio de La Cartuja adjudicó el contrato a Gruconsa por valor de 1,1 millones de euros el 11 de junio, el mismo día que empezaban los partidos de la Eurocopa, y 45 días después de que arrancaran las obras. La Guardia Civil concluye en su informe que Arrabal y Oviedo “contribuyeron” al amaño del contrato, a cambio de contraprestaciones económicas, e investigan la compra de dos pisos que ambos hicieron en esos días (uno en Sevilla y otro en Málaga), abonando a tocateja 50.000 euros cada uno.

Cuando finalmente se oficializa el contrato de adjudicación a Gruconsa, dos trabajadores de la promotora lo comentan “en tono jocoso” en una conversación intervenida por la Guardia Civil. “Te he pasado la adjudicación de la Cartuja. Ya está todo”, dice González Segura. “Estoy viéndolo, no he podido evitar descojonarme”, replica Jonathan Oliva, también de Gruconsa “¿Y eso? No seas mala persona”. “Vamos a ejecutar esa obra con 30.000 pakistaníes para acabar en un día. Hemos superado a los chinos. Jajaja. ¡De lujo!”.

Guillermo Gracia ha vuelto a demostrar que el talento no entiende de límites. El nadador extremeño con síndrome de Down, ganador de seis medallas de oro en el Mundial Virtus celebrado este año en Bangkok, es uno de los finalistas del Premio Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas, un galardón que distingue la ejemplaridad, la constancia y el compromiso más allá de los resultados.

La Fundación Princesa de Girona ha anunciado este jueves a los seis jóvenes finalistas —tres hombres y tres mujeres— de esta primera edición, que se entregará el próximo 10 de diciembre. Entre ellos, Guillermo Gracia representa el valor del deporte inclusivo y la capacidad de inspirar a través del ejemplo.

Junto al nadador cacereño, completan la terna masculina el gimnasta vasco Eneko Lambea, oro en la final de mazas del Campeonato de España de 2024, y el golfista canario Javier de Bethencourt, campeón de Canarias infantil y ganador de la Copa Blandy.

En la categoría femenina compiten la gimnasta olímpica Inés Bergua, triple campeona europea y doble medallista mundial; la skater gallega Julia Benedetti; y la escaladora vallisoletana Iziar Martínez.

Además, la Asociación Autismo de Melilla será reconocida por su labor en la promoción de la inclusión a través del deporte.

El jurado, presidido por Mohamed El Amrani, está formado por figuras destacadas del deporte y la comunicación como Teresa Perales, Ona Carbonell, Emilio Sánchez Vicario o Valentín Massana.

Durante la presentación, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, destacó que “premiar a estos jóvenes es reconocer la mejor versión de nuestra juventud, aquella que se convierte en referente y embajadora de España”.

Por su parte, el director general de la fundación, Salvador Tasqué, subrayó que este nuevo galardón busca “inspirar a los jóvenes para que den un sentido más profundo a lo que hacen y se conviertan en ejemplo para la sociedad”.

La periodista deportiva Laura Martínez, directora de Deportes de la Cadena SER y miembro del jurado, explicó que el reconocimiento “no se centra solo en el éxito competitivo, sino en la construcción de valores que sirvan de guía a otros jóvenes”.

Guillermo Gracia, que ya se ha convertido en un símbolo del deporte inclusivo extremeño, personifica precisamente eso: la constancia, la superación y la alegría de competir sin renunciar a ser quien se es.

La Universidad de Extremadura (UEx) ha sido galardonada con el Trofeo Joaquín Blume 2023, un reconocimiento que distingue a los centros educativos que más contribuyen al impulso del deporte en España.

El premio recae en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte —conocida también como Ciencias del Deporte o CAFYD— y consolida una trayectoria marcada por éxitos en competiciones universitarias, como el Trofeo Rector, y por su presencia destacada en los principales rankings internacionales.

Este reconocimiento sitúa el foco en una facultad que ha construido, desde Extremadura, un modelo de excelencia académica y deportiva dentro del ámbito universitario español. De hecho, fue señalada como “la universidad española mejor posicionada en el Shanghai Ranking of Sport Science Schools & Departments de 2023, situándose en el puesto decimotercero a nivel mundial”.

Triunfos universitarios internos: el Trofeo Rector

Además del galardón nacional, la facultad ya brilló en el ámbito interno de la UEx al compartir el Trofeo Rector 2025, tras que la Facultad de Ciencias del Deporte quedara como campeona por centros, conjuntamente con la Facultad de Ciencias.

El Trofeo Rector es una competición deportiva interna que involucra a estudiantes de todos los campus de la UEx, con modalidades colectivas e individuales (baloncesto, fútbol sala, voleibol, tenis, ajedrez, etc.). En la edición 2024-2025, la organización introdujo la exigencia de que los equipos se conformen por facultades o escuelas —en lugar de agrupaciones libres— y permitió la inscripción de equipos mixtos para favorecer la participación.

Este tipo de trofeo no solo mide resultados deportivos, sino también el compromiso colectivo de los estudiantes con la convivencia, la deportividad y la vida universitaria. El hecho de que la Facultad de Ciencias del Deporte lidere esos rankings internos refuerza su autoridad en materia deportiva.

Una facultad con bases académicas y formativas

La Facultad de Ciencias del Deporte de la UEx, creada en 1994 en el campus de Cáceres, imparte actualmente el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y másteres como el de Iniciación y Rendimiento Deportivo.

Uno de sus másteres oficiales, semipresencial, está orientado a fortalecer competencias de investigación, entrenamiento y docencia deportiva, lo que facilita la conexión entre el mundo universitario y el deportivo profesional.

La facultad también participa activamente en la vida deportiva universitaria, promoviendo eventos, competencias internas y programas de fomento del deporte en el ámbito universitario y regional.

Las personas al frente

Actualmente, el decano de la Facultad de Ciencias del Deporte es Tomás García Calvo, profesor e investigador especializado en psicología del deporte y motivación, con una amplia trayectoria vinculada al rendimiento deportivo y al análisis de los factores psicológicos en el entrenamiento.

El equipo directivo lo completan Vicente Luis del Campo (vicedecano de Infraestructuras y Economía), Alberto Moreno Domínguez (vicedecano de Planificación Académica y Estudiantes), Inmaculada Torres Castro (secretaria académica) y Jesús Sebastián Damas Arroyo, responsable del sistema interno de calidad. Además, Santos Villafaina, responsable de Relaciones Internacionales y Margarita Gozalo, coordinadora del Plan de Acción Tutorial.

Significado del premio y retos futuros

El Trofeo Joaquín Blume es una distinción del CSD que reconoce los centros educativos que han hecho un esfuerzo destacable por impulsar la práctica deportiva desde el ámbito formativo. Que la UEx lo reciba gracias a su facultad deportiva reafirma su compromiso institucional con el deporte, la salud, la formación integral del alumnado y la visibilidad internacional.

Ahora bien, este galardón también plantea un reto para la Universidad de Extremadura: mantener e incluso superar esos estándares. Las expectativas serán altas: sostener recursos, impulsar la investigación deportiva, mejorar instalaciones, consolidar políticas inclusivas y visibilizar los resultados del deporte femenino, adaptado y universitario.

En suma, el premio no solo reconoce lo logrado, sino que invita a proyectarse con ambición: la Facultad de Ciencias del Deporte de la UEx tiene una plataforma poderosa, y ahora deberá demostrar cómo hace sostenible esa excelencia.

El programa UMU Salud de la Universidad de Murcia ha sido distinguido con el Trofeo Joaquín Blume de los Premios Nacionales del Deporte. Este galardón, que otorga el Consejo Superior de Deportes, premia a las instituciones educativas que más han contribuido al impulso del deporte en España, informan en una nota desde la UMU.

La UMU ha sido reconocida por su proyecto UMU Salud, una iniciativa de promoción del ejercicio físico y hábitos saludables en el entorno laboral, puesta en marcha desde el Servicio de Actividad Física y Deportes. Este programa, pionero en el ámbito universitario, ya beneficia a más del 22% del personal de la universidad.

Coordinado por Paloma Sobrado, vicerrectora de Ciencias de la Salud y Servicios a la Comunidad Universitaria, el programa arranca en 2021: “El rector me pidió mejorar la salud en general del colectivo universitario y en 2022 junto al coordinador de Actividades Deportivas, Quique Ortega, lo pusimos en marcha”.

Según la vicerrectora de Ciencias de la Salud de la UMU, “está dirigido a todo el colectivo, y ha tenido un éxito arrollador entre el profesorado y el personal técnico, de servicios y administrativo”.

Uno de los servicios que más impacto está teniendo es el de UMU Salud por ti, “una actividad que se desarrolla en grupos pequeños, casi a la carta, en distintos niveles y dirigido a personas sedentarias, para que puedan empezar a hacer ejercicio”. Pero hay otros destinados a mejorar la movilidad, la espalda, la salud cardiovascular, afrontar la etapa de la menopausia en las mujeres o centrados en actividades de bajo impacto como el pilates y el yoga e incluso marcha nórdica. “También organizamos salidas al aire libre de senderismo y experiencias en la naturaleza, con mucho éxito”.

El programa UMU Salud forma parte de la estrategia institucional de salud y bienestar de la Universidad y está dirigido especialmente al personal docente, investigador y de administración. Su objetivo es fomentar hábitos de vida saludables mediante la práctica regular de ejercicio físico adaptado, el acompañamiento profesional y la evaluación de la condición física.

En estos momentos disfrutan del programa más de medio millar de personas asociadas a la Universidad. “Estamos cubriendo muchas necesidades, queríamos que hubiera mucha variedad”, insiste la coordinadora, quien apunta además que el programa redunda positivamente también en la salud mental: “Hay una parte muy importante de relaciones sociales con los compañeros, ponernos caras, estar juntos en otros contextos”, concluye.

El Ayuntamiento de La Laguna ha informado este miércoles de que tanto el Consejo Superior de Deportes (CSD) como la federación Española de Baloncesto respaldan la construcción del nuevo pabellón de deportes en Las Mantecas, con capacidad para 10.000 espectadores y un coste de 32 millones de euros.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, se ha reunido con el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, y con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para exponer la propuesta de construcción de esta nueva infraestructura multifuncional.

Gutiérrez ha señalado tras la reunión, celebrada en la sede del CSD, en Madrid, que ha recibido “el apoyo total y absoluto” por parte del presidente del CSD.

El CSD “estudiará la propuesta con detenimiento para establecer vías de apoyo al proyecto, que permitiría que La Laguna sea sede de torneos internacionales en diferentes disciplinas deportivas”, según el alcalde.

Luis Yeray Gutiérrez se ha reunido después con la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, para recabar también el apoyo del organismo.

“La condición de La Laguna-Tenerife (CB Canarias) como equipo del municipio en la élite nacional favorece la apuesta por unas instalaciones modernas, que responda a los objetivos y necesidades de este y otros clubes de élite del municipio”, señala el Ayuntamiento en un comunicado.

La Gerencia de Urbanismo de La Laguna ha iniciado una modificación menor del Plan General de Ordenación (PGO) para que la parcela de Las Mantecas, de 42.000 metros cuadrados, situada por debajo de la Facultad de Bellas Artes, pueda albergar la nueva infraestructura deportiva.

La modificación del PGO va a establecer que este suelo, al que ha renunciado la Universidad de La Laguna, pase a tener consideración de Espacio Libre Deportivo, de manera que el 25% de la parcela se destine a dotación deportiva cubierta.

Esto se traduce en una superficie edificable de 10.591 metros cuadrados; es decir, aproximadamente el doble de la que ocupa el pabellón Santiago Martín.

La modificación parcial del PGO puede durar unos dos años y mientras el Ayuntamiento iniciará el proceso para convocar un concurso internacional de ideas para que el pabellón sea una referencia “no solo por sus prestaciones y su capacidad, sino también por su diseño”, indica el alcalde.

La intención es que el nuevo pabellón tenga carácter modular, con capacidad para albergar tanto grandes competiciones deportivas como también congresos, ferias, conciertos y eventos de gran afluencia, lo que permitirá dosificar la presencia de grandes eventos en el casco de la ciudad.

El 25% de la parcela de Las Mantecas será ocupada por el pabellón multifuncional y el 75% restante del suelo, más de 30.000 metros cuadrados, se destinará a parque urbano deportivo, para ganar una gran zona verde en el municipio.

La compraventa del Real Valladolid ya ha sido aprobada por el Consejo Superior de Deportes (CSD), según han confirmado a Efe fuentes del club, y, por tanto, en breve se realizarán las oportunas presentaciones del que será el nuevo presidente y el equipo que le acompañe en esta nueva etapa.

En esa misma línea se ha pronunciado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien ha confirmado que ya ha mantenido contactos con los nuevos propietarios de la entidad blanquivioleta y que solo faltaba la autorización del CSD, aunque ya ha dado el visto bueno a la operación.

“Todo va en orden, faltan rematarse algunas cosillas y en los próximos días habrá ya un encuentro de trabajo para afrontar una nueva realidad que va a ser, seguro, un éxito, porque venimos de una mala situación y hay que salir de ahí”, ha advertido el edil, tras la presentación del Oysho Valladolid Pádel Premier P2.

Ha asegurado que “Valladolid es una ciudad de Primera, el fútbol, también, y se va a conseguir, con el trabajo de todos, volver donde se merece”, de ahí que considere la llegada de los nuevos dueños del club un motivo de ilusión para todos los aficionados, tras un año muy duro.

Por tanto, parece que el proceso sigue su camino, incluso a pesar de la demanda de Ágora Inversiones, uno de los accionistas, respecto a la operación de ampliación de capital, en la que se consideraron perjudicados por el que fuera presidente del club Ronaldo Nazário, y que decidieron llevar a los tribunales para pedir su anulación.

Esta afectaría a 861.466 acciones, por un valor de más de 5,5 millones de euros, pero no parece que vaya a influir en la operación de compra-venta del club, ya que el grupo Ignite Sports Spain, del mexicano Gabriel Solares habría comprado el 54,36% del Real Valladolid.

Otro 33,26% quedaría en manos del grupo de Luxemburgo Oldman Loan Partners, tal y como informa El Norte de Castilla, y ambas operaciones ya han obtenido la aprobación del CSD, en la que se supone que es el último paso para cerrar el proceso.

Ágora, la empresa que ha denunciado la ampliación de capital previa a esta operación, seguiría manteniendo el 9% de las acciones del club, por lo que, lo que pueda suceder al respecto, pasaría a ser abordado por los nuevos propietarios, que ya están dando pasos para proceder a su presentación oficial.

La Unión Deportiva Las Palmas considera que la resolución cautelar del Consejo Superior de Deportes (CSD) favorable al FC Barcelona en el caso de Dani Olmo y Pau Víctor “supone un grave peligro para la integridad de la competición y sienta un precedente preocupante que puede desestabilizar las bases del fútbol profesional” en España.

En un comunicado, el club grancanario califica de “llamativa” la “celeridad” con la que el CSD se ha pronunciado sobre el recurso del Barça a la decisión de LaLiga y la RFEF de no aceptar la inscripción de los jugadores Dani Olmo y Pau Vítor, celeridad que cree “inusual”. Porque, recuerda, esta decisión cautelar se ha adoptado “sin dar lugar a la vista ni a la participación de LaLiga y la RFEF, actores clave en la gestión del fútbol español”. A su juicio, “este procedimiento ha ignorado decisiones previas tanto del propio CSD como de los tribunales de justicia, lo que genera una sensación de arbitrariedad incompatible con los principios de transparencia y equidad que deben regir cualquier proceso de este tipo”.

Para la UD Las Palmas, la declaración de falta de competencia de la Comisión de Seguimiento en este caso “parece evidenciar un desconocimiento preocupante sobre el funcionamiento del sistema de visados previos y licencias definitivas, que ha sido acordado previamente por las instituciones implicadas”. “No se menciona en ningún momento la aplicación de los artículos del reglamento de la RFEF que impedían la concesión de licencias, un punto clave en este asunto”, añade.

El club grancanario opina que “el daño causado por esta resolución trasciende el caso puntual de los jugadores implicados” y advierte de que “su impacto pone en peligro el sistema de Control Económico de LaLiga, una herramienta reconocida y elogiada en la Ley del Deporte, que ha sido esencial para garantizar la sostenibilidad económica de los clubes”.

“Este sistema, admirado internacionalmente”, resalta, “ha permitido salvar a numerosas entidades históricas de la ruina sin dejar de asegurar una competición equilibrada tanto dentro como fuera del campo. Ahora, esta medida del CSD contradice directamente los principios establecidos en dicha ley, generando incertidumbre sobre el futuro del fútbol profesional español”.

La UD Las Palmas insta por ello a que “se revisen con detenimiento los efectos de estas medidas” y espera que “se restablezca el respeto por las normas que garantizan la integridad de nuestra competición”. Finalmente, el club que preside Miguel Ángel Ramírez “reafirma su compromiso con la defensa de un fútbol justo, sostenible y equilibrado, basado en reglas claras y consensuadas por todos los clubes”. 

El presidente de la FIFA, el italiano Gianni Infantino, ha anunciado este miércoles durante el Congreso Extraordinario de la organización futbolística internacional la confirmación de que España, junto a Portugal y a Marruecos, acogerá el Mundial de fútbol masculino de 2030, así como que Arabia Saudí será la sede de la competición que se celebrará en 2034.

El Congreso, compuesto por las 211 delegaciones de los países miembros de la FIFA, designó “por aclamación” la candidatura de Arabia Saudí como la “adecuada” para un Mundial que desde Oriente Medio vuelven a calificar de “histórico”, como ya ocurriera con la elección de Qatar como sede en 2022.

La candidatura oficial del país árabe, bajo el lema 'Creciendo juntos', ha contado con el apoyo del príncipe Mohammed bin Salman, heredero de la monarquía saudita y primer ministro del país. Sin embargo, este país ha recibido una protesta oficial de la Federación de Fútbol de Noruega, contraria a esta designación, que ha sido escogida al no existir ninguna candidatura alternativa.

El presidente del organismo, Gianni Infantino, incluyó esta protesta en su discurso de este miércoles y aseguró que le daría respuesta oficial “en su momento”. El abogado italiano ha sido el encargado de anunciar tanto la designación de la monarquía árabe como futura sede del Mundial de 2034 como la victoria de la candidatura multisede ibérica-marroquí para la competición que tendrá lugar en 2030.

Poco después de la confirmación oficial, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, ha asegurado que el Mundial de España, Portugal y Marruecos será “el mejor de la historia” y que se trata de “un hito que ensancha el orgullo de toda la sociedad española”.

“Se trata de un reconocimiento a nuestra capacidad para organizar eventos deportivos de primer nivel y un homenaje a la tradición y al éxito futbolístico de nuestro país”, ha asegurado Rodríguez Uribes, quien ha agradecido “de una manera especial” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su “apuesta decidida por este proyecto de país”, así como a todos los ministerios.

Precisamente, la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos obtuvo una puntuación de 4,2 sobre 5, siendo la más alta de la historia en los informes de evaluación de la FIFA para los mundiales. La candidatura multisede logró imponerse así a la alternativa latinoamericana: el mundial propuesto por Argentina, Uruguay y Paraguay.

“El verdadero legado estará en la consolidación de España como un referente mundial en la organización de grandes eventos deportivos, lo que abrirá, sin duda, la puerta a nuevas oportunidades para albergar competiciones internacionales en el futuro. Debemos sentirnos muy felices de este reconocimiento de la FIFA, que consolida el deporte como uno de los sectores estratégicos para este Gobierno, por el impacto positivo que tiene sobre nuestra economía y sobre nuestro país”, ha explicado el presidente del CSD.

El uso del deporte para tapar violaciones de derechos humanos

De acuerdo con un informe de publicado el 5 de diciembre por la ONG ALQST, que documenta desde 2014 las violaciones de derechos humanos cometidas por Arabia Saudí, la candidatura árabe “se queda corta” respecto de los mínimos estándares de derechos humanos de la FIFA y deja abierto el camino a la violación de derechos civiles y laborales.

De acuerdo con esta ONG, el informe sobre derechos humanos elaborado por la FIFA “minimiza sustancialmente” los riesgos potenciales asociados a la competición. Además de otorgar a Arabia Saudí un rango de riesgo “medio” a este respecto, el informe de la institución futbolística determina que la candidatura está calificada para su consideración y no se para a cuestionar el informe “independiente” presentado junto a la candidatura y elaborado por la firma AS&H Clifford Chance, con sede en Riad, al respecto.

Otras organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch también han elevado protestas en los últimos años acerca de esta candidatura, pero estas siempre han sido deshechadas por la FIFA.

“Habida cuenta de la enorme magnitud de la Copa Mundial, existen grandes riesgos en materia de derechos humanos que hay que tener en cuenta en todas las candidaturas para albergar este torneo, y también se brindan oportunidades de cambio que no se deben dejar pasar”, sostenía Minky Worden, directora de Iniciativas Globales de Human Rights Watch, en octubre de 2023. “La política de derechos humanos de la FIFA no debe reducirse a un texto en papel cuando se refiere a elegir el país anfitrión del evento deportivo con más espectadores del mundo”, añade en una nota.

Lo cierto es que las decisiones de la FIFA respecto a la organización del campeonato han acabado dejando al país árabe como único candidato, una maniobra que remata años de inversión multimillonaria de la familia real en el deporte para blanquear su dictadura. Una de estas formas de “inversión” es precisamente la contratación de deportistas de élite, como en el caso de Cristiano Ronaldo o del tenista español Rafa Nadal.

A principios del mes de noviembre de 2023, el presidente de la FIFA Gianni Infantino anunció el cierre de las precandidaturas para finales de ese mismo mes. El simple anuncio provocó que Australia, que a priori pretendía optar a organizar el evento deportivo, se cayera de la carrera, y esto dejó a Arabia Saudí como única candidatura.

Frente a este sistema de elección, que al existir apenas una candidatura se ha hecho por aclamación, solo se ha manifestado de forma pública la federación noruega, que se abstuvo en la votación de este miércoles. Además, se ha cuestionado de forma pública el patrocinio por valor de 100 millones de euros acordado por la FIFA con la principal petrolera saudí, Aramco, apenas un mes de confirmar su candidatura.

Con la candidatura de Arabia Saudí vuelven a aparecer los monstruos que ya surgieron con la elección y durante la celebración del pasado Mundial de Qatar en el año 2020. Ya en su designación como candidatura elegida hubo acusaciones de compra de votos.

Además de las cuestiones propias de un país que no respeta los derechos humanos fundamentales de buena parte de sus residentes, fallecieron un alto número de trabajadores –cientos o miles, según diversas investigaciones– durante la construcción de los estadios de fútbol para el evento.

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, rompió su silencio sobre la anunciada candidatura de Rafael Louzán a presidir la Federación Española de Fútbol (RFEF). Primero en un acto previo al Día de las Personas con Discapacidad y, después, en El Larguero de la Cadena SER, donde Uribes definió la situación de Louzán -sobre el que pesa una inhabilitación para ejercer cargo público- como “más grave” que la del imputado Pedro Rocha, al que la Audiencia Nacional no le concedió las medidas cautelares que solicitó para poder concurrir a las elecciones.

“¿Qué le parece que un presidente que está pendiente de una inhabilitación y que podría llegar a cumplirla siendo presidente de la Federación quiera ser el hombre que dirige el fútbol español?”, inquirió el director del programa, Manu Carreño. “La respuesta casi se deduce de la pregunta”, fue la réplica de Uribes, quien añadió a renglón seguido: “He visto que el presidente de la Xunta de Galicia le apoya; yo he intentado evitar decir nombres, pero sí creo que entre los requisitos está respetar los estatutos de la propia Federación”.

El presidente del CSD relacionó la situación de Louzán -que ha recurrido ante el Tribunal Supremo la inhabilitación confirmada por la Audiencia de Pontevedra- con la del actual presidente, Pedro Rocha, que no podrá optar de nuevo al cargo. “Está inhabilitado por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) está en un proceso penal, pero no tiene ninguna sentencia en contra, goza de presunción de inocencia”. Aún así, “la Audiencia Nacional ha dicho que no le daba la cautelar por el riesgo (...) de un daño mayor: por si en el futuro se produce otra situación de crisis en la Federación que afecta a la reputación de España”. Y ya refiriéndose a Louzán: “En este caso estamos ante una situación más grave. Deberían pensar los asambleístas si es bueno o no para la Federación. Yo creo que no”.

El plazo para la presentación de candidaturas a la presidencia de la RFEF finaliza hoy. Según explicó en el propio programa el periodista Antón Meana, la “idea” para garantizar un proyecto continuista es “que haya dos candidatos”. Louzán, presidente de la Federación Gallega, que presentará entre 80 y 100 avales y un “plan B”, Sergio Merchán, presidente de la extremeña, que se aseguraría el número minímo de avales para optar al proceso.

A Uribes le preguntaron qué normativa puede tener más peso en este proceso: si los estatutos de la RFEF, que marcan como un requisito para ser dirigente “no estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos” o bien el reglamento electoral que indica que “No serán elegibles quienes estén habilitados con sentencia judicial firme”. La de Louzán, recurrida ante el Supremo, aún no lo es.

El presidente del CSD contestó “como jurista” que “lo que prima más es el sentido común o el buen sentido”. Invitó a reflexionar sobre “de dónde venimos, qué está sucediendo” y, por eso, “más allá del debate sobre qué artículo se aplica o qué norma prevalece” señaló que “hay determinados caminos que llevan a una continuiad que no es buena para la Federación”.

Tampoco adelantó qué pasos daría el Consejo si se confirma la candidatura de Louzán: “Plantearemos lo que se deba plantear de acuerdo con la ley”. Sin querer “personalizar” en el expresidente de la Diputación de Pontevedra, asumió que en “una situación en la que un candidato no cumpla los requisitos, vamos a garantizar la legalidad”.

Aunque niega “injerencias” del órgano que preside, Uribes sí confirmó que junto a la UEFA y la FIFA, a través de la comisión que dirige el exseleccionador Vicente del Bosque “han ayudado” a buscar un “equilibrio” en la RFEF, ya que, aunque es una “entidad autónoma, privada” tiene “funciones públicas, sociales, de representación institucional, el himno, la bandera...”. Por eso, “aunque no votamos, sí hemos sugerido que se respeten algunos criterios”.

Preguntado sosbre si el CSD pudo “hacer más” para evitar esta situación de continuos problemas judiciales en la RFEF, Uribes recordó que “las normas son las mismas” para las 66 federaciones deportivas de España, y puso como ejemplo las elecciones y la “transición extraordinaria” llevada a cabo en la de baloncesto.

“Es verdad que este sistema es endogámico” pero su resultado “tiene que ver con la actitud y con las personas y creo que lo que hay que hacer es que, si hacen endogamia, que sea buena, que elijan a los mejores”. Anunció que el Gobierno va a “ayudar a que se hagan bien las cosas” y para eso, “en estos días” presentará un código de “buen gobierno” para todas las federaciones. “Una serie de reglas deontológicas que, si se cumplen, las cosas se hacen mejor”.

“A ver si cumple Louzán ese código”, intervino Carreño. “Louzán o el que se presente”. “Vamos a ver quién se presente y les pediría generosidad: personas que sepan que su condición personal no va a dañar el prestigio del fútbol español”, concluyó Uribes.

Javier Gómez Navarro, exministro socialista y una de las figuras clave de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, ha fallecido este jueves en Madrid a los 78 años de edad a causa de un cáncer, según confirman fuentes cercanas al también expresidente del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Nacido en Madrid el 13 de septiembre de 1945 e ingeniero de profesión, Gómez Navarro fue secretario de Estado para el Deporte desde enero de 1987 hasta julio de 1993 y, al frente del CSD, fue el encargado de gestionar la preparación de los Juegos Olímpicos de Barcelona.

Durante su etapa en el Consejo se aprobó la Ley del Deporte de 1990, que convirtió en sociedades anónimas a los clubes de fútbol y baloncesto, una medida impulsada para acabar con la deuda generada por estos. Además, acometió la reforma de la Ley del Deporte en 1990. Por todo ello, recibió en 1998 la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo.

Asimismo, como secretario de Estado para el Deporte, Gómez Navarro fue impulsor del programa ADO, por el cual empresas patrocinadoras privadas se asociaron con deportistas y federaciones olímpicas para financiar su participación en los Juegos Olímpicos.

Posteriormente a su labor liderando el CSD, ocupó el cargo de ministro de Comercio y Turismo entre 1993 y 1996. Durante su mandato como ministro se aprobó la Ley de Comercio de 1996, enfocada a establecer el régimen jurídico general del comercio minorista.

Una vez concluida su paso por la política, Gómez Navarro presidió desde 1998 la empresa MBD, dedicada a la consultoría empresarial. En 2005 fue nombrado presidente de la empresa Aldeasa, y fue presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio entre 2005 y 2014, cuando fue sustituido por el actual presidente, José Luis Bonet.

Dice estar “sorprendido por el rendimiento de esta selección de fútbol” que ha llegado a la final de la Eurocopa o que en Castilla-La Mancha un macroestadio no serviría para cubrir las necesidades actuales de los clubes. En el último trimestre del año un Congreso Internacional de Práctica Deportiva tomará el pulso deportivo a la región con “los mejores ponentes”, mientras se elabora una nueva Ley del Deporte regional.

Carlos Yuste (Pedro Muñoz, 1982) es el director general de Juventud y Deportes en Castilla-La Mancha y, claro, es inevitable hablar de fútbol o de los Juegos Olímpicos que se avecinan, pero también caben muchas más cosas en la conversación con elDiarioclm.es

Este diplomado en Magisterio ha estado muy ligado al deporte desde niño. Ha pasado por diferentes modalidades en los deportes de competición, en particular al balonmano, donde fue jugador y entrenador profesional. Desde 2015 es concejal en el ayuntamiento de su localidad, un cargo que compagina con su puesto en el Gobierno de Emiliano García-Page.

Cree que está cambiando mucho la forma de entender la práctica deportiva. “El deporte popular está creciendo a un ritmo tremendo. Lo vemos con el auge de las carreras cicloturistas o las carreras a pie. Es el futuro”, dice.

Le entrevistamos el mismo día en el que cumple tres años en un cargo que este año tiene especial relevancia. Castilla-La Mancha ostenta el título de ‘Región Europea del Deporte’ en 2024.

¿Qué sensaciones le ha dejado la primera parte del año en el que Castilla-La Mancha es Región Europea del Deporte?

La sensación es que ha pasado rapidísimo (risas). Fuimos ambiciosos en las actividades, pero nos dimos cuenta, ya en febrero, que iba a superar nuestras expectativas y tuvimos que duplicarlas. Pasamos a 2.000 actividades. Ha sido reconfortante saber que ha funcionado.

Estimamos que habrá 500.000 participantes. Nos quedan ahora retos importantes.

¿Qué nos espera para la segunda parte del año?

Enfocaremos la programación a actividades para personas mayores. Tenemos un circuito senior que creo que va a ser una auténtica delicia. También aprovecharemos los espacios patrimoniales de la región para llevar hasta allí la actividad física y deportiva. Será una forma de hacer región de cara al futuro: Sigüenza, Campo de Criptana, el embalse de Alarcón…

En montañismo tenemos a uno de los mejores del mundo, Pedro Cifuentes. Lo suyo es impresionante

¿Y en cuanto a grandes eventos deportivos?

Tenemos alguna que otra sorpresa. Habrá competiciones internacionales como el Mundial de Motocross que se celebrará el 28 y 29 de septiembre en Cózar, Ciudad Real, con la idea de ligar una importante prueba internacional al mundo rural en el que queremos hacer hincapié. Es nuestra seña de identidad.

Tenemos caras reconocidas y reconocibles en el mundo del deporte internacional vinculadas a Castilla-La Mancha: Andrés Iniesta, Alba Redondo o Sandra Sánchez, solo por poner algunos ejemplos. ¿Participarán en alguno de estos eventos, más allá de haberlo hecho en la promoción de este año tan deportivo?

Hubo una mención especial durante el Día de la Región a alguno de estos deportistas. Estos días he podido hablar con Jesús Herrada que ha participado en el Tour de Francia porque tenemos una actividad preparada para septiembre, más allá de la habitual carrera cicloturista que organiza junto a sus hermanos José y Fernando.

Estamos preparando un acto para entregar los reconocimientos en el que participarán Alba Redondo o Blanca Romero, también Álvaro Bautista… No olvidemos tampoco una modalidad como el montañismo donde tenemos a uno de los mejores del mundo, Pedro Cifuentes. Lo suyo es impresionante.

Además, del beneficio social, ¿habrá retorno económico para la región gracias al distintivo como ‘Región Europea del Deporte’?

Sí, estimamos que habrá un retorno económico de más de 30 millones de euros.

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Toledo lleva semanas criticando que el Gobierno local haya pagado por ser Ciudad Europea del Deporte 2025 y que mientras les suba las tasas a los clubes deportivos. Hasta un 450%, según la OCU. ¿Usted qué opina?

Tengo claro que hay que abrir el deporte y dar todas las facilidades del mundo a la ciudadanía. Y que el bolsillo no sea un freno para practicar uno u otro deporte. Algunas federaciones que tenían, y digo tenían, el estigma de ser elitistas lo están haciendo desaparecer. No quiero citar a ninguna en concreto. 

No voy a valorar lo que hacen otras instituciones como el Ayuntamiento de Toledo. Sé lo que hacemos nosotros que es no poner barreras económicas a ningún deporte

Ahora estamos, entre todos, cambiando las cosas con promociones vía deporte escolar. Es totalmente gratuito, facilitamos el acceso se viva donde se viva con licencias, con transporte, con seguros… Le pongo como ejemplos el programa Deporte 3-18 o el Tour Promoción donde hemos incluido golf o pádel.

Lo que hacen otras instituciones habrá que preguntárselo a ellos. No lo voy a valorar. Sé lo que hacemos nosotros que es no poner barreras económicas a ningún deporte.

¿Es fácil y asequible, económicamente hablando, practicar deporte en esta comunidad autónoma e incluso proyectarse profesionalmente?

Eso último no es fácil, pero tampoco lo es en otros sectores. Supone un esfuerzo muy grande. En algunos deportes podrán proyectarse profesionalmente en nuestra región y en otros no.

Otra cosa es que facilitemos el acceso al deporte a toda la ciudadanía, no solo al deporte de competición en las categorías territoriales, sino también a la práctica deportiva en general.

Queremos llegar a todos los centros de salud. Tenemos en marcha un proyecto de prescripción de la receta deportiva. Hay un proyecto de prescripción de ejercicio físico en las unidades de valoración. Eso facilitará que vaya calando la práctica deportiva en personas sedentarias. 

Ya tenemos 17 unidades de valorar que prescriben la receta deportiva y queremos que sea extrapolable a todos los centros de salud

¿Qué es la receta deportiva?

Hemos creado a través de los fondos europeos de recuperación [en 2022 se anunció la recepción de 600.000 euros] unidades de prescripción de ejercicio físico en diferentes comarcas. Cualquier persona sedentaria que se acerque al centro de salud será informada de la existencia de esta unidad. Allí será valorado y se le prescribirá el ejercicio que mejor le vaya. La idea es que después haya feedback entre la unidad y el centro de salud

¿Ha llegado ya a todos los centros de salud?

No, se puso en marcha un programa piloto en Camarena, en Toledo, hace dos años. Hemos puesto en marcha ya 17 unidades de valoración en distintas comarcas y queremos que sea extrapolable a toda la región.

¿Hay resultados sobre su impacto?

Estamos en fase de análisis. Lo coordinamos con la Consejería de Sanidad y con la Universidad de Castilla-La Mancha. 

¿El Gobierno regional fomenta el deporte de élite en Castilla-La Mancha?

Sí, casi todos los deportistas que estarán en París este verano reciben ayudas. Los medallistas de Tokio como Alberto Sánchez, Adriana Cerezo… las tenían. Nos gustaría contar con más, pero los que están tienen un rendimiento muy grande. Dedicamos 300.000 euros solo a estos deportistas de élite, olímpicos o paralímpicos. La nueva convocatoria saldrá en el último trimestre del año.

El Gobierno plantea que la inversión en la práctica deportiva pueda tener cabida en la Ley del Mecenazgo. ¿Hay avances al respecto?

Estamos viendo fórmulas. Antes de finalizar el año queremos que el mecenazgo deportivo esté incluido en la ley para incentivar el patrocinio privado a todos los niveles. 

Rompo una lanza a favor del entrenador. Engañaría si no dijera que estoy muy sorprendido por el rendimiento de esta selección de fútbol

En general este es un año de grandes citas deportivas, como la Eurocopa de fútbol. ¿Ve a España campeona?

Debería decir simplemente que sí, pero… Fíjese… Conocí al míster hace unos meses en Talavera, cuando trajimos un partido de la selección sub-21. En las primeras impresiones tuve una sensación muy buena pero muy diferente a lo que ha sido ya con el primer equipo. Ha gestionado a gente muy joven, los momentos de tensión sorprendentemente bien. España tiene un juego muy bien organizado. Rompo una lanza a favor del entrenador. Engañaría si no dijera que estoy muy sorprendido por el rendimiento de esta selección.

Hemos visto cómo jugadores tan importantes como Kylian Mbappé se mojaban políticamente contra la extrema derecha. Un diario francés utilizaba el lema antifascista español ‘No pasarán’… ¿Qué piensa de que los deportistas o el mundo del deporte opinen de política?

Creo que hay que normalizar hablar de política en el deporte. No debe ser un tema tabú expresar tu ideología. Mbappé hizo algo muy lógico y valorable. Vio que se podía tomar un rumbo que podía ser muy desfavorable para su país y salió a defenderlo. Creo que fue importante en el giro que han dado las elecciones. Ojalá en España no fuera tabú y los deportistas pudieran implicarse en política.

Ahora mismo un macroestadio en Castilla-La Mancha no daría respuesta a las necesidades de nuestros clubes

Hablando de fútbol, España ha propuesto 15 estadios como sedes del Mundial 2030. Ninguno en Castilla-La Mancha. ¿Ve posible aspirar a corto plazo a albergar grandes eventos deportivos? No hablo solo de fútbol. Da la sensación de que andamos cortos de infraestructuras

Me voy a mojar. Con el tema del Mundial de Fútbol está claro que las características que la FIFA exige para los estadios estamos muy lejos de lograrlo.

¿Ni siquiera con el de Albacete?

No, no. Estamos hablando de poblaciones muy grandes. Tenemos que ser conscientes de lo que tenemos y a lo que queremos tender. Plantear una macroinstalación para este tipo de competiciones estaría genial, pero hay que pensar en lo que pasaría después de la gran competición.

Ahora mismo, un macroestadio en Castilla-La Mancha no daría respuesta a las necesidades de nuestros clubes.

¿Y eso es así también para otros deportes que no sean fútbol?

Hay que ver cada deporte y club en concreto. Contamos con grandes instalaciones cerradas en la región que dan un servicio importante y con estadios emblemáticos como el de la Fuensanta o el Salto del Caballo. Pero sí, dan respuesta a los habitantes que tenemos.

Eso no quita para que apostemos por grandes eventos. Hace dos semanas tuvimos uno de crossfit en Ciudad Real, en el Hospital Nacional de Parapléjicos hemos tenido la mayor competición de parabadminton que se realiza en España… Es verdad que no es comparable con aquello que está bajo el paraguas de un mundial o de lo más mediático. ¿Traer una competición internacional de fútbol? Ahora mismo, impensable. ¿De otros deportes? Sí, lo estamos haciendo.

Habla de bádminton y los representantes de Castilla-La Mancha han tenido de forma reciente grandes éxitos. Se quejan de que se hable poco, de que se promocione poco este tipo de deportes, frente a otros

Son los mal llamados deportes minoritarios. Están moviendo muchas licencias federativas y participantes. Nos dan muchos éxitos. Es verdad que cuando convocamos a medios de comunicación lo hacemos siempre por igual y la afluencia es muy distinta, según el deporte que sea. Pero la promoción deportiva es importante y de ahí nuestro Tour Promoción.

Este ha sido un año convulso en las elecciones en el seno de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha. ¿Cree que hay que tocar la legislación deportiva, especialmente la electoral, para mejorar la democracia interna de las federaciones?

El modelo federativo español es el que es. Lo gestiona y lo decide el Consejo Superior de Deportes. Lo demás son competencias delegadas para las federaciones territoriales. Cambiar el modelo depende de otros.

¿No hay capacidad por parte de las comunidades autónomas para sugerir cambios en el modelo?

¡Sí!, pero en realidad es que no ha pasado nada fuera del reglamento electoral. Que cada estamento federativo elija a sus representantes para una asamblea y que esa asamblea elija a un presidente... Eso es algo que viene por ley y está en el modelo federativo español. En nuestra futura Ley del Deporte vamos a darle una vuelta a esos procesos electorales. Por supuesto. Pero el modelo federativo lo marca el Estado.

Si se lo pregunto porque las suspicacias con las elecciones en la federación territorial de fútbol han sido muchas

Me mojo otra vez. Es que entendemos las elecciones federativas como las elecciones a los ayuntamientos, a la Junta o al Estado y no es así. Los distintos estamentos eligen a sus representantes: árbitros, entrenadores, futbolistas..., por provincias y después los representantes designados son los que elijen a su presidente en una asamblea.

¿Con qué cartas se presenta Castilla-La Mancha a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París?

Creo que superaremos los 20 participantes y es un número que habla muy bien del momento por el que pasa nuestro deporte. No me arriesgo a decir que tendremos más medallas que en Tokio, pero solo en el atletismo la representación será la mayor de la historia y podremos optar a medalla en triple salto o en velocidad. Y en las Paralimpiadas estoy todavía más seguro de que habrá medalla.

¿No se plantea un Centro de Alto Rendimiento en la comunidad autónoma?

Es un proyecto troncal de la legislaturas. Ya hemos logrado que el Consejo Superior de Deportes nos catalogue programas deportivos, los centros de tecnificación deportiva, que son el paso previo. En concreto el Centro de Tecnificación Deportiva en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Espero que en 2025 podamos tener centros de tecnificación y que puedan venir deportistas de otros lugares. Algunos se cerraron, como el de Gimnasia de Albacete, durante la etapa de Cospedal.

Está previsto que el Gobierno regional ponga en marcha una regulación para certificar los Centros de Tecnificación regionales. ¿Han comenzado a elaborarla?

Tenemos que hacerlo a lo largo de la legislatura. Tenemos que catalogar el tipo de centro que es cada uno de ellos.

Tenemos que conseguir que en la cúpula de las federaciones estén representadas las mujeres. Para eso es importante que estén en la base. No puede ser que en el estamento arbitral solo haya un 1% de mujeres. Hay que fomentar la formación

También prevén adaptar a la región la nueva regulación nacional de profesiones del deporte y el estatuto del deportista…

Igual que hemos esperado a que el Estado tenga su Ley del Deporte para ir al rebufo y modificar la nuestra, y en ello estamos, haremos lo mismo con la futura Ley de Profesiones del Deporte de Castilla-La Mancha.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado su intención de aprobar una Ley contra la Brecha Salarial y esta es una crítica que hacen muchas mujeres también en el ámbito del deporte. ¿Cómo cree que se puede avanzar en esta cuestión?

Es muy interesante apostar por romper la brecha salarial. Es un trabajo que estamos haciendo desde las comunidades autónomas: apostar por la promoción del deporte femenino y por competiciones profesionales fuertes. Lo vimos con la Liga de Fútbol Profesional Femenina.

Tenemos que conseguir que en la cúpula de las federaciones estén representadas las mujeres. Para eso es importante que estén en la base. No puede ser que en el estamento arbitral solo haya un 1% de mujeres. Hay que fomentar la formación de árbitras o entrenadoras.

¿Se contemplará de alguna forma en la nueva Ley del Deporte de Castilla-La Mancha?

Sí, sí, lo haremos. El compromiso es que esta nueva ley esté lista en esta legislatura. Ahora está en un proceso de participación pública.

¿Hay fecha para arrancar el Congreso Internacional de Práctica Deportiva? Su intención es que tenga un carácter anual...

Ya celebramos el Foro Internacional del Deporte que fue todo un éxito. Ahora estamos trabajando para celebrar ese congreso en el último trimestre del año, de la mano del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física (COLEF). Queremos que sea un espacio de debate sobre cómo está el deporte en la región. Tendremos a los mejores ponentes y que sean de Castilla-La Mancha.

La comisión encargada de tutelar la Federación Española de Fútbol contará con la presidencia del exseleccionador Vicente del Bosque. Así lo ha anunciado la ministra portavoz y titular de Deportes, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. Hace solo unos días, el Consejo Superior de Deportes –el órgano dependiente del gobierno que vela por el cumplimiento de la ley en las federaciones– anunció que iba a tutelar la RFEF hasta que se celebraran nuevas elecciones.

Alegría ha asegurado que del Bosque “representa lo mejor del fútbol de nustro país”. No solo, ha continuado, “por sus éxitos deportivos” –como seleccionador no solo consiguió ganar la Copa Mundial de Fútbol, sino también la de la FIFA y la Eurocopa seguidas– pero también porque “es un hombre querido y respetado por todo el ámbito del fútbol y por la ciudadanía en general”, ha asegurado la ministra de Deportes. Del Bosque será la “cara y la representación del fútbol español” y se podrá ver ya como tal en la próxima final de la Champions League femenina.

La Comisión de Supervisión, Normalización y Representación se encargará de supervisar y “velar por la transparencia” de cara a las próximas elecciones de la RFEF, que se celebrarán después de los Juegos Olímpicos, y tendrá como objetivo “restituir en los próximos meses la reputación, el buen nombre y la imagen del fútbol español”. Con los comicios, se erigirá una nueva directiva a partir de septiembre. Esta decisión fue tomada por la CSD después de que la situación se haya enquistado en la federación y ante la amenaza de que la renovación después de que Luis Rubiales dimitiera, finalmente no se diera.

Actualmente, el presidente de la RFEF es Pedro Rocha, proclamado el pasado viernes después de haber sido el único candidato en conseguir los avales necesarios de la Asamblea. Sin embargo, Rocha será vigilado por esta comisión de tutela del CSD hasta la próxima convocatoria de elecciones para 2024-2028. El presidente de la federación ha sido imputado por la justicia en el caso de corrupción que se investiga en un juzgado de Majadahonda y expedientado por una posible falta “muy grave” por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

Desde hace unos días, se venía barajando en nombre de del Bosque como el encargado de la tutela del Gobierno a la Federación, que será acompañado por una exjugadora internacional y un abogado, según avanzó hace unos días el diario deportivo As. Según ha indicado el Ministerio de Deportes, en este órgano acompañarán a Vicente del Bosque “personas independientes de reconocido prestigio, junto a quienes el fútbol español afrontará importantísimos desafíos, entre los que destaca el diseño de la candidatura del Mundial de 2030”.

El CSD ha suspendido la reunión de la comisión directiva prevista para este martes debido a la petición del TAD de documentación en relación con el expediente sancionador a Rocha, según informan fuentes del organismo. En concreto, el TAD ha solicitado 40 documentos adicionales sobre estas posibles infracciones muy graves de miembros de la comisión gestora de la RFEF. Será “en los próximos días” cuando el CSD se reúna nuevamente.

La reforma energética de la pista de hielo de Lobete se queda, de momento, sin subvención. El Consejo Superior de Deportes ha resuelto, de manera provisional, la concesión de ayudas a entidades públicas titulares de infraestructuras para la mejora y optimización de instalaciones y espacios deportivos que fomenten el turismo deportivo sostenible.

Y ante esta negativa provisional, el Consistorio logroñés ya ha presentado una serie de alegaciones a esta denegación provisional aclarando diversos aspectos del proyecto presentado respecto a eficiencia energética, accesibilidad y digitalización de la instalación. Así como otros relacionados con la durabilidad del proyecto, el incremento de la actividad económica y empleo previsto, la colaboración con otras entidades a nivel nacional y/o internacional y la repercusión de la actividad del centro en la cohesión territorial de nuestra comunidad.

El Consejo Superior de Deportes ha resuelto, de manera provisional, la concesión de ayudas a entidades públicas titulares de infraestructuras para la mejora y optimización de instalaciones y espacios deportivos que fomenten el turismo deportivo sostenible. En su resolución la reforma energética de la pista de hielo de Lobete ha quedado fuera de subvención.

El proyecto para el que se solicita la financiación europea contempla una serie de actuaciones de reforma energética en el espacio destinado a la pista de hielo del Centro Deportivo Municipal de Lobete con el fin de mejorar el confort de los usuarios y reducir el consumo energético.

Así la reforma que se plantea, alineada con las estrategias europeas de cambio climático y rehabilitación, persigue conseguir una reducción mínima del 30% en el consumo de energía primaria no renovable. En concreto, el proyecto incluye actuaciones en la envolvente térmica y en las instalaciones de climatización e iluminación.

Esta solicitud al Consejo Superior de Deportes fue presentada en agosto de 2023. Se trata de la segunda petición realizada para esta misma actuación con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ya que también se presentó en julio de 2022 y fue desestimada.

Un piloto de automovilismo de Madrid ha de pagar 350 euros para conseguir su licencia nacional, mientras que el coste aumenta hasta los 528 para cualquier otro piloto, ya sea vasco, riojano o navarro, que quiera homologar su licencia autonómica. Las discrepancias que han surgido por la negativa de algunas federaciones autonómicas a acatar esas diferencias, a pagar una segunda licencia para poder participar en competiciones nacionales e internacionales, han sido el germen que ha conducido a que las de Euskadi, Navarra y La Rioja hayan acabado 'desintegradas', expulsadas 'de facto' de la Real Federación Española de Automovilismo, que tiene el monopolio de la organización a nivel nacional de carreras de coches, 'rallies' y karting, entre otras. “Todo es recaudar, recaudar y recaudar, y no respetar las competencias y no respetar la ley”, denuncia Ángel Gurrutxaga, presidente de la federación vasca, una de las apartadas, que sostiene que el problema ha sido siempre económico y que, más allá de invadir competencias autonómicas, se les están llegando a reclamar cantidades ilegales. Tilda algunas de las exigencias que les ha trasladado la federación española de “locura”. La federación española no ha respondido a las preguntas relacionadas con la desintegración formuladas por este periódico.

Está presidida por Manuel Aviñó, que, como ha publicado este periódico, tuvo el plácet de la asamblea para quedarse con el 1,5% de comisión en caso de que los ingresos propios de la federación superaran los 4,5 millones de euros. Ha llegado a ingresar 200.000 euros anuales. El vicepresidente, mientras tanto, lleva facturados más de 600.000 euros desde 2017 a través de su bufete de abogados. “Lo grave de todo esto es que la asamblea lo permite”, denuncia Gurrutxaga, que lamenta que los pilotos son los más perjudicados de toda esta situación, porque “están pagando el doble”. “Habrá que depurar responsabilidades y habrá que pedir todo lo que corresponda”, apostilla en una conversación telefónica con este periódico, aunque subraya que el Consejo Superior de Deportes (CSD) no ha tomado aún cartas en el asunto pese a que se han interpuesto ya “muchas denuncias”. De hecho, tal y como ha adelantado elDiario.es, la federación autonómica que preside Gurrutxaga ha presentado ante la Justicia un recurso contencioso-administrativo contra el CSD por haber sido expulsada sin que haya mediado un procedimiento administrativo o se haya informado oportunamente.

¿Cuándo nacen los problemas que luego han desembocado en la salida de las tres federaciones de la española?

Es todo un problema económico. Siempre ha sido un problema económico. No hay más. La federación española se ha vuelto un elemento recaudador y eso es lo que nos ha llevado hasta esta situación. Antes había una licencia única: las federaciones autonómicas hacían la licencia y luego se habilitaba una homologación acordada en la asamblea, y ese es el dinero que se le pagaba a la federación española como tasa de homologación. Estaba en torno a un 20%.

Como realmente les parecía poco, empezaron a hacer inventos de cuotas de integración referenciadas con las licencias y otras cosas que se quedaron ahí, porque no eran legales. En 2019, se hacían licencias únicas y se homologaban todas esas licencias. El coste de una licencia de piloto venía a costar en las autonómicas 300 euros, a los que había sumar unos 50 o 60 para homologarlas para otros lugares.

¿Qué cambió?

En 2019, deportistas vascos nos empezaron a pedir licencias autonómicas, sin homologación, solo para el ámbito autonómico. Tras una consulta con el Gobierno, se nos dijo que evidentemente teníamos que emitir licencias vascas. Las licencias vascas las pusimos más baratas, porque eran de ámbito autonómico, y empezamos a pagar a la española la parte correspondiente acordada de las licencias que homologábamos. Uno de los conflictos empezó ahí, porque ellos querían más, pero nosotros solo pagábamos por las autonómicas. Si quieres una licencia autonómica, lo lógico es que pagues solo por lo que homologas. De lo contrario, tendríamos que pagar también por las licencias escolares, las universitarias y por todas. Nos denunciaron, pero ganamos en primera y en segunda instancia. Las autonomías tenemos las competencias exclusivas del deporte.

La ley cambió y la situación ahora es diferente. Con la nueva ley, las federaciones españolas pueden sacar licencias españolas sin haber sido anteriormente una licencia autonómica, pero también recoge que las federaciones españolas tienen que homologar las licencias autonómicas. ¿Qué pasa entonces? Tuvimos que pelear por esto y se vieron obligados a homologar. Como la tasa de homologación la define la asamblea, pusieron una tasa exagerada. Una licencia de piloto autonómica vale 300 euros y entendíamos que el coste de homologación debía ser de entre 50 y 60 euros, pero la federación española aprobó una homologación de 228,50 euros. Un piloto de Madrid que se saque allí una licencia nacional tiene que pagar 350 euros. Cualquier piloto vasco o riojano que quiera homologar una licencia de su autonomía (porque está obligado a tener una licencia de su autonomía para sus campeonatos) ha de pagar 528. La pelea viene siempre de ahí, porque todo es recaudar, recaudar y recaudar, y no respetar las competencias y no respetar la ley.

Desde la Real Federación Española de Automovilismo se aduce que hay una deuda que la vasca no ha pagado. ¿Obedece la deuda a estos problemas?

Sí, esa es la deuda que nos reclaman. Intentaron implementar una cuota de integración referenciada a la cantidad de licencias. Hay documentos en los que hicieron un cálculo de lo que tenía que pagar cada federación. En torno a 2018 y 2019, cuando teníamos las licencias homologadas, estábamos pagando alrededor de 20.000 euros y, a partir de ahí, la mitad aproximadamente. Ellos nos reclaman esa otra mitad que no les hemos pagado, pero no la hemos pagado porque no eran licencias que se homologasen. Los juzgados nos dieron la razón. Como no pueden justificar que el dinero que nos piden era por medio de las licencias, porque eso no es legal, nos llegaron a mandar un documento en el que decían que el cálculo que habían hecho no era solo sobre la licencia, sino sobre el dinero que gestionábamos con derechos de calendarios y patrocinadores. Hasta ahí llegaba la locura. Determinan una cantidad sobre el dinero que podemos gestionar.

El director de Deportes y yo mismo nos reunimos con el presidente de la federación española. Intentamos llegar a un acuerdo, pero es difícil alcanzar un acuerdo, porque aseguran que es una decisión de la asamblea general y por lo tanto hay que acatarla. Pero la asamblea de la federación podría decir que sus federados pueden ir a 300 kilómetros por hora por la autopista y no por ello pueden hacerlo. Una asamblea no puede imponerle una cantidad unilateralmente a una federación sin argumentos y sin igualdad de condiciones con respecto a otras. El conflicto económico parte de ahí. Nos están reclamando un dinero que no nos pueden reclamar, porque no tiene sentido que nos reclamen sobre las licencias autonómicas.

El problema de base es el que es: la federación española necesita dinero para mantener la estructura que tiene y lo saca de deportistas, federaciones y organizadores

¿Existe algún precedente similar en alguna otra disciplina deportiva?

No. Somos la única federación a nivel nacional que está teniendo estos problemas. Otras federaciones no tienen estos conflictos, porque la licencia suele ser piramidal. Lógicamente. Si las competencias son autonómicas, lo lógico es que haya primero una licencia autonómica, luego se pague una cuota acordada para que esa licencia autonómica pase a ser licencia de ámbito estatal y luego pasaría ya a ser licencia internacional. Motociclismo, por ejemplo, que es una especialidad parecida a la nuestra, no tiene este problema. Tiene unas cuotas definidas, y no son ni excesivas ni abusivas. El problema de base es el que es: la federación española necesita dinero para mantener la estructura que tiene y lo saca de deportistas, federaciones y organizadores.

¿Creen, entonces, que los problemas guardan una estrecha relación con la gestión económica que se está haciendo de la Real Federación Española de Automovilismo?

Sí, y ahí están los datos. Me parece que un presidente de una federación española tiene que tener un buen sueldo e incluso me podría parecer bien que un presidente por una buena gestión cobrara una comisión de lo que ha generado, pero ponerse una comisión de un 1,5% de todos los ingresos propios es una cosa exagerada. Y el problema de todo esto es que la asamblea se lo permite. Hay asambleístas que han votado a favor de esto, y eso es lo grave. Yo no sé cómo se puede votar a favor de todo esto, porque de cada licencia, por ejemplo, el 1,5% va para Manuel [Aviñó, presidente de la Real Federación Española de Automovilismo].

Con las federaciones de Euskadi, Navarra y La Rioja expulsadas de la española, ¿en qué situación se encuentran? ¿Cuentan con el apoyo de otras federaciones autonómicas?

Eso es lo triste, que otras federaciones autonómicas acaten todo esto como si fuera algo normal. Todo esto no es un capricho del presidente de la federación vasca. Desde que entré en la federación, he tenido que cumplir lo que mi órgano superior me exige. Nunca nos hemos negado, ni Euskadi ni Navarra ni La Rioja, a estar integrados o a llegar a un acuerdo. Lo que sí hemos dicho es que el documento de integración que nos han presentado no se puede firmar. Además, incluso aunque lo quisiera firmar, el Gobierno vasco mandó a todas las federaciones vascas que cualquier convenio de integración que hubiera que firmar lo tenían que aprobar ellos, y cuando les enviamos este, nos dijeron que no se podía firmar.

¿En qué situación deja todo esto a las federaciones vasca, navarra y riojana?

El resto de federaciones autonómicas aceptan nuestras licencias siempre que sean campeonatos autonómicos. Hay competencias. Las competencias de la federación española son los campeonatos de España, los campeonatos internacionales y nada más. Luego están las competencias de las federaciones autonómicas, que son los campeonatos autonómicos. Las federaciones a nivel nacional admiten, siempre que sea en el ámbito autonómico, todas nuestras licencias, salvo una o dos. Nosotros, en nuestros campeonatos autonómicos, admitimos únicamente las licencias que son autonómicas y no admitimos las nacionales, porque es la única forma que tenemos de de defendernos. Porque no estamos en igualdad de condiciones. Que a un piloto de fuera de aquí le cueste 350 euros la licencia y a nosotros nos cueste 528 es un abuso, es un intento de doblegarnos, de apartarnos. Es su táctica, pero nosotros vamos a seguir luchando por nuestras competencias.

¿Qué supone para los pilotos?

El piloto es al final el más perjudicado. He intentado en más de una vez llegar a acuerdos con ellos, porque entiendo que lo que tenemos que hacer es facilitarles la vida a los deportistas y no complicársela. Ahora mismo, hay deportistas que tienen que participar en pruebas del Campeonato de España y, como consecuencia de la actuación de la federación española, están pagando el doble. Habrá que depurar responsabilidades y habrá que pedir todo lo que corresponda, porque esto no puede quedar así.

Al margen de la situación de los pilotos, se han denunciado también presiones a algunas escuderías para que no participen en eventos que se celebren en Euskadi, Navarra y La Rioja. ¿Hasta qué punto llegan esas presiones?

Ha habido intentos de que no podamos tener actividad. Nos ponen palos en las ruedas para que no podamos tener actividades con equipos nacionales.

Como consecuencia de la actuación de la federación española, los pilotos están pagando el doble. Habrá que depurar responsabilidades y habrá que pedir todo lo que corresponda, porque esto no puede quedar así

¿En qué punto están ahora mismo las conversaciones con la federación española? ¿Ven factible la reincorporación en un futuro inmediato?

Lo que vemos es que algún día se tendrá que hacer justicia. Ha empezado un proceso de desintegración sin el acuerdo ni el permiso del Consejo Superior de Deportes, y alguien tendrá que tomar cartas en el asunto. No se puede permitir esto que una federación española saque unilateralmente a tres federaciones autonómicas de su estructura. Y el CSD no puede decir que no lo sabe, porque llevamos denunciándolo desde hace mucho tiempo y porque hemos interpuesto muchas denuncias contra todas estas tropelías.

El consejero de Deportes del Gobierno vasco asegura que harán “todo lo posible” para “arreglar” los problemas. ¿Sienten su apoyo?

La federación vasca nunca ha hecho nada a espaldas del Gobierno vasco, siempre han tenido conocimiento de toda nuestra situación y nosotros, lógicamente, lo que hemos tenido que hacer es defender las competencias vascas. Siempre hemos tenido el apoyo del Gobierno vasco. No estamos pidiendo nada descabellado ni nada que se nos haya ocurrido a nosotros. Lo único que nosotros pedimos es que se cumpla la ley. Podemos estar discutiendo de que esté mal o bien, pero vivimos en un Estado autonómico y las competencias del deporte son autonómicas. No podemos permitir que una federación española entre a a intentar gobernar nuestras competencias.

Existe también una selección vasca, con representantes en pruebas internacionales.

Sí. La Federación Vasca de Automovilismo, de la mano del Gobierno vasco, solicitó integrarse en la federación internacional. Tenemos una selección vasca y tenemos además un representante de Euskadi, que ha sido Joseba Iraola. Ha corrido con los colores de Euskadi en el Campeonato de Europa de Rally y se ha proclamado campeón. La federación española ni lo ha mencionado.

La Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA) es la organización que tiene el monopolio en España de las carreras oficiales de coches como las de Fernando Alonso, rallies como los que corre Carlos Sáinz, carreras de montaña o competiciones de karting. Tiene casi 30.000 licencias y es también la que aglutina a las organizaciones autonómicas y homologa las licencias a los conductores que quieren competir. Organiza carreras y eventos en los circuitos más populares de España como Montmeló, Jerez o Ricardo Tormo. Como el resto de federaciones deportivas –incluida la de fútbol–, es una entidad privada pero con ciertos compromisos de transparencia y del ámbito público, ya que tiene el monopolio de este deporte federado y recibe dinero del Estado. En el caso de la RFEDA, el Centro Superior de Deportes (CSD, organismo público nombrado por el Gobierno) le ingresa cerca de un millón de euros al año, según los presupuestos presentados en 2023 y colgados en su web. En los años anteriores la cifra es parecida. La RFEDA completa estos ingresos con las cuotas de los federados (1,4 millones anuales). El resto del dinero viene de patrocinios, organización de cursos o cuotas que pasa a las autonómicas u organizadores de carreras, que suman otros cuatro millones.  

Su presidente, Manuel Aviñó, prácticamente ha duplicado los ingresos de su predecesor, que perdió las elecciones en 2018 después de 32 años en el cargo. Aviñó fue piloto en su día y ganó varios premios en la Comunitat Valenciana, federación de la que fue presidente en 2010. También es conocido por posicionarse a favor del proyecto de llevar la Fórmula 1 a Madrid, con el impulso del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, como ha dejado constancia en entrevistas y declaraciones, un proyecto en el que la federación es esencial y sin la cual no se podría organizar una carrera oficial. Los ingresos de Aviñó suman casi 200.000 euros anuales, el doble que el salario estipulado para el presidente de Gobierno de España, sobre todo entre nómina y bonus, pero también se le indemniza por gastos de representación y viajes. Según los presupuestos presentados a la asamblea general –que es el órgano que aprueba los gastos y también su salario, una pieza clave para los presidentes como en el caso de Rubiales y el fútbol–, la parte fija asciende a 90.000 euros (su antecesor cobraba un fijo de 60.000) y el bonus ha sumado en 2023 un total 87.000 euros. ¿Por qué cobra esos ingresos variables? Aviñó ha concordado para sí, con el plácet de la asamblea, que se queda desde 2021 el 1,5% de comisión si los ingresos propios de la federación superan los 4,5 millones, algo que ha pasado en los últimos años. Si a eso se le suma la subida del bruto, también en 2021, el salario no ha parado de crecer, además del coste a la Seguridad Social, las dietas y los viajes (33.000 euros en 2022) y los gastos de representación (5.000 euros en 2022).

Su vicepresidente y también secretario general de la federación, es decir, la mano derecha de Aviñó, es Joaquín Verdegay, que fue precisamente el hombre fuerte del anterior presidente hasta que apoyó la candidatura del actual. Además de sumar dos cargos en la Federación (no remunerados, ya que según los estatutos solo puede cobrar el presidente), Verdegay es el administrador único de Verdegay Abogados, un bufete domiciliado en Madrid y que es justamente el que lleva la asesoría jurídica en la propia federación, defiende conflictos judiciales, presenta pleitos o asesora en asuntos legales, teniendo intereses en el bufete y la federación a la vez. Es decir, la empresa de Verdegay cobra por asesorar en el buen gobierno jurídico a la federación que también lidera Verdegay. En la web de su empresa incluso promociona su puesto en la federación como plus de confianza: “Varios de nuestros socios ocupan cargos de relevancia en algunas instituciones y federaciones deportivas españolas e internacionales, y en sus comités de disciplina, actuando en todas las facetas del Derecho Deportivo”. Una de sus empleadas en el bufete, Mónica Ruigómez, que figura como apoderada en las cuentas mercantiles, es a su vez la vocal secretaria del Comité de Apelación y Disciplina de la RFDA, el que dirime conflictos deportivos y toma resoluciones en el ámbito de la competición.

Además, la Federación de Automovilismo lleva años contratando también a una empresa de asesoría que fundaron la tesorera de la propia federación (Teresa Real Panisello) y su hermano, Antonio Real Panisello, director financiero de la federación y también fundador de R&R. Ella tampoco puede tener salario al pertenecer a la Junta Directiva, pero sí cobran ambos por servicios que se prestan a la federación de la que forman parte. Además, los dos están en la comisión de control económico de la entidad federativa.

La RFEDA se adscribió al Código de Buen Gobierno del CSD (lo trasladó íntegro sin adaptación), que en su artículo 4 prohíbe “aprovecharse de las oportunidades de negocio que conozcan en su condición de miembro de la junta directiva y/o comisión delegada”. Estos tres miembros de la directiva se contratan a sus propias empresas y la federación no ha respondido de momento por qué se seleccionaron y si compitieron con otras ofertas. Verdegay (la empresa) ha facturado más de 600.000 euros desde 2017 a 2022 por servicios a la RFEDA. La empresa de la tesorera, más de 300.000 entre 2019 y 2022. Estas cifras han sido hechas públicas por ellos mismos, como obliga la Ley del Deporte, que también refiere que “el Consejo Superior de Deportes requerirá información periódica sobre el volumen de transacciones económicas que la federación o la liga mantengan con sus miembros o terceras personas vinculados a ellos”.

Preguntada por este posible ilícito o conflicto de intereses, la federación defiende que todo es legal y remite a elDiario.es al artículo 59 de sus estatutos, que especifica que solo el presidente puede tener salario directo de la federación, como así es, pero no da respuesta sobre si contraviene el artículo 4 del buen gobierno. Entonces, ¿quién vigila que no haya abusos en la facturación o que las empresas cumplan sus servicios, dado que quienes están en los órganos de control y liderazgo son precisamente las personas que tienen esas empresas? “El presidente”, responden fuentes de la federación. ¿Y quién vela por que los miembros de la dirección no tomaran decisiones para beneficiar a sus empresas o sobrefacturaran para ganar más? “En primer lugar, la propia responsabilidad y honradez de los integrantes de la junta. En segundo lugar, la comisión delegada. También las auditorías externas de la RFEDA, la del CSD y el propio CSD”, contestan en la federación. El comité de auditoría y control de la federación está también liderado por el presidente y el vicepresidente, además de la tesorera.

¿Cómo se gestionan o previenen los posibles conflictos de intereses? “Hasta ahora no ha habido conflictos de intereses”, zanjan en la RFEDA, que asegura que “el CSD está al tanto” de la facturación a las empresas.

Desde el CSD circunscriben el funcionamiento en las contrataciones, el posible conflicto de interés o el buen gobierno a una cuestión interna de la federación. Fuentes oficiales del organismo gubernamental recuerdan que ellos hacen “recomendaciones” (ante casos importantes pueden retirar la subvención pública), dan “un catálogo de medidas” para que las federaciones lo usen en “su libre autonomía y sus facultades de autorregulación” y que, a final de año, el CSD examinará el informe sobre buen gobierno que le enviará la federación como es preceptivo, informe que se habrá elaborado al mismo tiempo por la propia federación y bajo el liderazgo de Aviñó y Verdegay. Respecto a la subida de salario del presidente, “ha sido aprobado por su Asamblea. El artículo 51 de los Estatutos de la RFEDA se refiere a la remuneración del presidente, sin que conste en el CSD el incumplimiento de las previsiones que dicho precepto contiene”. A la pregunta de si el CSD ha requerido información sobre los servicios que se están contratando a empresas de miembros de la junta, como dice la ley de Deporte, el organismo no ha dado una respuesta concreta.

Uno de los casos más sorprendentes de este doble rol sucedió en 2022. Fue por una sanción de 2.000 euros impuesta al presidente de la federación autonómica asturiana (y candidato a presidir la RFEDA en las elecciones que se celebrarán este año) por parte de la nacional. Aunque a la sala asistió una colega del bufete, el procedimiento –al que ha tenido acceso elDiario.es– recoge que es Joaquín Verdegay el abogado firmante. La misma persona que acudió como representante de la RFEDA al juicio. La federación nacional fue condenada a costas porque el bufete recurrió ante el TAD cuando era procesalmente imposible. El perjuicio para Verdegay vicepresidente lo cometió la firma de Verdegay abogado. Sin embargo, la RFEDA sale en defensa de la actuación del bufete: “El recurso que fue desestimado fue interpuesto por indicación de la federación, y de la misma forma que Verdegay abogados no cobra por los pleitos que dirige para la RFEDA, tampoco debe asumir esas costas”.

La Ley del Deporte, aprobada en 2022, dice en su artículo 46.2 que “los estatutos contendrán los posibles conflictos de intereses entre quienes ostenten funciones de dirección, los demás miembros de los órganos de participación y dirección y la provisión de bienes y servicios para la misma, garantizando la transparencia de los procesos de reclamación y las consecuencias que se prevean para el incumplimiento del régimen de conflictos de intereses.”. Aunque la federación remite a elDiario.es al artículo 71 y 72 de sus estatutos, no se desarrolla ahí nada específico al respecto sobre lo que está permitido o no y cómo se gestiona el conflicto de interés, pese a que se aprobaron posteriormente a la ley, en junio de 2023.

Cuando en 2012, Miguel Cardenal tomó posesión como secretario de Estado para el Deporte, un antecesor en el cargo, el socialista Jaime Lissavetzky, le dio un consejo: “Mantente alejado del dopaje. Ni lo toques”. La política antidopaje no puede traer nada bueno para un político.

Pero Cardenal no pudo evitar el tema. Poco después de su toma de posesión, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) sancionó al laboratorio de Madrid y ya no había forma de mirar a otro lado. Puso a Ana Muñoz al frente del departamento y lo que esta encontró demostró que, en efecto, durante años todo el mundo se había mantenido al margen del dopaje. 

En una comparecencia en el Congreso al año siguiente, Muñoz reveló un panorama desastroso. Había 851 formularios de control de dopaje incorrectos, lo que podía anular los casos si había un positivo, “había 93 agentes de control del dopaje que habían realizado actuaciones incorrectas”, “algunos agentes de control del dopaje tenían relación directa y personal con deportistas que habían estado involucrados en algunas operaciones de dopaje, que los propios deportistas lo habían confesado y que seguían siendo agentes de control del dopaje”...

Los cajones rebosaban de expedientes. Muñoz y su equipo analizaron todos los procedimientos en marcha. Crearon lo que llamaban internamente “la sábana”, un documento A3 con todos los expedientes a medias y su situación para ir dando trámite para ir viendo, rotulador en mano, su estado y a quién correspondía tramitarlo. 

El subdirector general de Deporte y Salud del CSD era hasta entonces un médico aragonés con larga trayectoria en el sector: José Luis Terreros. Terreros fue relevado, pero no se fue a casa. Pasó a ocupar el cargo de responsable del CSD para relaciones internacionales.

En marzo de 2017, aun con el Gobierno de Mariano Rajoy, y tras la salida de Miguel Cardenal, Terreros volvió a ser nombrado responsable de Antidopaje. La AMA había devuelto la acreditación al laboratorio de Madrid como símbolo de que España volvía a tener cierto crédito internacional (un crédito siempre tambaleante desde la connivencia de los 90). Desde entonces, ha sido el máximo responsable de la lucha por un deporte limpio. Ha sobrevivido a cuatro ministros (Méndez de Vigo, Guirao, Uribes e Iceta) y cinco secretarios de Estado después (Lete, Rienda, Lozano, Franco y Francos). Es como si el eco de las palabras de Lissavetzky retumbase por la cúpula del ministerio (“mantente alejado del dopaje”).

El puesto de secretario de Estado del Deporte ha sido más un trampolín, algo temporal, que una prioridad, y a los ministros de Cultura el dopaje les quedaba lejos. Terreros es estructura y los demás, coyuntura. Así, se ha convertido en uno de los pocos supervivientes del Gobierno del PP durante los dos Ejecutivos de coalición de Sánchez. 

Bajo su mandato, y sin muchos focos encima, se fueron sucediendo irregularidades en expedientes en la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (Celad). Muchas son aparentemente menores, o afectan a deportistas de segunda fila. Pero vistas en conjunto la imagen que queda es de descontrol. Estas son algunas de ellas.

Positivos en los cajones. En julio de 2019, Patrick Chinedu Ike, un velocista nacido en Nigeria pero que un año antes ya había competido con la selección española, dio positivo por nandrolona, una sustancia ilegal para aumentar la masa muscular. No se le abrió expediente y siguió compitiendo. El caso, revelado por elDiario.es, prueba la opacidad del sistema. Y lo fácil que es camuflar un positivo, o demorarlo hasta que sea intrascendente. En 2018, con 34 años y cuando fichó por España, Chinedu corrió los 100 metros lisos en 10.16. Se trata de una marca notable, mejor que la de sus años de juventud. Un año después dio positivo. 

El expediente solo llegó en noviembre de 2023, más de cuatro años después, tras una investigación del Ministerio de Educación, del que depende ahora la política antidopaje. Chinedu está a punto de cumplir 40 años y acaba de fichar por un equipo de la segunda división. Ya no tiene marcas para ir con la selección. Alega que tenía asma y ha presentado una receta. Su expediente apenas tendrá efectos prácticos ya. La ley da hasta 10 años para sancionar a un deportista.

¿Cuántos más hay en esa situación? Imposible saber. 

Controles mal hechos. El caso de Chinedu pudo quedar en un cajón, según Marca, porque solo había un agente de control, cuando la ley obliga a que haya al menos dos. No es un caso único. Los tribunales han tumbado resoluciones porque no había dos agentes de control y el número dos, Jesús Muñoz Guerra, se sentará en el banquillo por falsedad por un caso de una deportista aficionada que denunció que habían firmado que le hicieron un control dos agentes cuando solo había uno. La Fiscalía no acusa y la Abogacía del Estado defiende a Muñoz Guerra al señalar que no es un documento público sino uno interno. Los correos incorporados a la causa revelan el descontrol entre la instructora del caso, sin formación, y la dirección. “Por este camino nos va a ir muy mal a todos”, le escribe en un momento dado el jefe de la división de Asuntos Jurídicos.

Sergio Ramos, por ejemplo, evitó un control tras un partido del Madrid contra el Málaga, pero solo había un agente de control y no fue sancionado. El caso lo desveló Footballeaks, nunca la Celad. El agente, un enfermero, no ha querido hablar para esta información. Dejó de trabajar para la empresa que realiza los controles. 

Antidopaje tiene privatizados los controles en la empresa Professional Worldwide Controls que, según Relevo, facturaba controles con un solo agente como si hubiesen estado realizado por dos.

Expedientes suspendidos. Por ley, solo se publican los nombres de los deportistas con una sanción. Pero detrás de eso puede haber un sinfín de nombres con positivos que tengan expediente abierto, expediente en suspenso, expediente archivado… que nunca salen a la luz. Ese es otro de los problemas. Una solicitud de Transparencia revela que hay deportistas que, tras dar positivo, recibían un expediente. Pero ese mismo día la Celad quedaba en suspenso. Así podían competir pero las federaciones tenían un arma para dejarlos fuera de las selecciones nacionales.

Es el caso de una atleta que fue preseleccionada para el Mundial de Doha de 2019 y que fue excluida por la Federación de Atletismo por tener un expediente abierto en Antidopaje. El caso se conoce, aunque oficialmente no el nombre, porque acudió al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Nunca fue sancionada y siguió compitiendo. ¿Está archivado el expediente? ¿O solo suspendido? Es imposible saber porque la Celad se escuda en la ley de protección de datos.

Pasaporte biológico. Una de las mejoras en la lucha contra el dopaje es el pasaporte biológico, que no solo mide un positivo en un momento concreto sino que analiza la evolución de parámetros clínicos para determinar si el deportista ha tomado alguna sustancia prohibida. En España, la Celad sancionó al ciclista Ibai Salas por este método, pero éste recurrió y el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) dio la razón al deportista. 

Fue la Agencia Mundial Antidopaje la que acudió a la Audiencia Nacional y, curiosamente, la Abogacía del Estado ahí defendió la resolución del TAD. Es decir, los servicios jurídicos del Estado lograron en los tribunales anular la resolución de Antidopaje. Desde entonces hay varios positivos en los cajones. Según Marca, son cinco casos, de los que tres ya han sido remitidos a las federaciones internacionales correspondientes y dos siguen en algún limbo en la Celad.

Autorizaciones retroactivas. La maratoniana Majida Maayouf, recién nacionalizada, dio positivo en Alemania. Antidopaje, según desveló Relevo, le otorgó de forma retroactiva el permiso para tomar una sustancia prohibida que había aparecido en un control. Maayouf estrenó su nacionalidad española con un nuevo récord nacional de maratón en Valencia, batiendo la anterior plusmarca nacional por cuatro minutos de diferencia.

La Celad defiende que no hay ninguna voluntad de ocultar casos, que los procedimientos administrativos son muy complejos y que a veces ocurren estas cosas. El caso ha estallado en el Ministerio de Educación, al que Pedro Sánchez acaba de traspasar la gestión del deporte. Irónicamente, después de la abrupta salida de Víctor Francos el secretario de Estado para el Deporte será José Manuel Rodríguez Uribes, que fue ya ministro de Cultura y Deporte entre enero de 2020 y julio de 2021. Ahora, como hace una década, no podrá hacer caso a las palabras de Lissavetzky y tendrá que meterse de lleno. Lissavetzky, ya retirado, sigue diciendo que apenas recuerda nada de los temas de dopaje.

La Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (Celad) ha tenido durante cuatro años y cuatro meses en un cajón el positivo por dopaje de Patrick Chinedu Ike, un velocista nacido en Nigeria pero con pasaporte español y que ha competido internacionalmente con la selección nacional, según una investigación de elDiario.es. Chinedu dio positivo por anabolizantes en un control en julio de 2019. Sin embargo, la Celad no le abrió expediente hasta noviembre de 2023 y solo lo hizo después de una investigación interna del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, del que depende. Durante este tiempo ha seguido compitiendo con normalidad. El atleta asegura no tener información y la Celad no entra valorar este caso, aunque, consultada por este diario, admite retrasos en la tramitación de los expedientes. El de Chinedu Ike es el último episodio de la cascada de irregularidades que azotan a la Celad.

En agosto de 2018, el velocista debutó como internacional con España en los campeonatos europeos de Berlín de atletismo, en la prueba individual y en el relevo corto. Tenía entonces 34 años y era subcampeón nacional de 100 metros lisos en Getafe, en la final más rápida de la historia de España. Ese día corrió en 10.16 segundos, su marca personal y, a día de hoy, cuarta mejor marca española de todos los tiempos. Compartiendo zona de ránking con leyendas de la velocidad como Ángel David Rodríguez o Javier Arqués.

Nunca volvió a acercarse a menos de una décima de ese registro. Cuando estrenó la camiseta de la selección nacional, ya llevaba 12 años en el país y era especialista en una disciplina, la velocidad, en plena ebullición con figuras jóvenes como Bruno Hortelano o Aitor Ekobo.

En una entrevista con 'El Periódico de Catalunya' declaró cómo fue su viaje: “Me habían hablado muy bien de España y, al acabar una carrera, vine un mes. Llegué a Valencia, donde conocí y entrené con atletas como Rafa Blanquer y Gloria Alozie, que me cuidaron mucho”, dijo en referencia al técnico y a la exvallista internacional. Con Nigeria había sido subcampeón de África en relevos 4x100, pero se instaló en Catalunya y fichó por el equipo Playas de Castellón.

Casi un año después de su debut con la selección nacional, en un campeonato de Catalunya, Chinedu quedó campeón en 100 metros con una marca de 10.47. Ese día le tocó pasar el control antidopaje. El análisis encontró 19 noranodrosterona, un metabolito de la nandrolona, anabolizante prohibido en el deporte que aumenta la masa muscular.

Pese a que el uso de nandrolona se considera una infracción muy grave, sancionada con un mínimo de cuatro años de suspensión, Chinedu pudo competir un mes y medio después en el campeonato de España, donde hizo plata en el relevo de 4x100 con su equipo, el Playas de Castellón, en La Nucía. En individual fue quinto en la final, con marcas muy alejadas de las que había conseguido el año anterior. En la retransmisión, los comentaristas de TVE destacaron su “abrumador tren inferior”.

En ese momento, su positivo dormía ya en un cajón. Y ahí iba a seguir durante años. La Celad lo dejó en un limbo. No solo no tenía sanción, sino que ni siquiera había expediente, según ha podido comprobar este diario. En 2020, por ejemplo, corrió de nuevo el campeonato de España y en 2021, el campeonato de clubes, aunque muy alejado del nivel que mostró un año antes del positivo. Nunca ha vuelto, por ejemplo, a meterse en una final individual de un campeonato nacional.

Tras el positivo, el único cambio de patrón apreciable además del bajón de nivel es que no vuelve a competir fuera de España. En 2018 compitió en Reino Unido, Letonia y Alemania y en febrero de 2019, en Francia. Después de dar positivo, ni corrió ya fuera ni volvió a la selección. Formalmente, como nunca se le abrió expediente, no tenía ningún impedimento legal. Sus marcas también comenzaron a bajar. Todo coincidió.

El atleta respondió el martes brevemente a la llamada de este diario. “No tengo noticias. Nada, nada, nada. No me ha informado nada. Tengo que llamar a la federación. Es muy raro”. Y colgó.

Lo que ocurrió durante cuatro años fue que el caso durmió en un extraño limbo, sin expediente ni investigación alguna. Nada. En comunicación con elDiario.es, un portavoz de la Celad afirma que por ley no pueden entrar a valorar casos concretos, pero añade: “Con carácter general, cuando suceden este tipo de dilaciones es porque se necesitan más datos jurídicos o analíticos”. No explicó si hay más casos que duerman años en un cajón sin abrir expediente pero negó que haya ninguna intención de tapar positivos.

El expediente solo se abrió en noviembre de 2023, más de cuatro años después de aquellos análisis y solo cuando el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, del que depende la Celad, inició una investigación interna. Con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, Deportes, que hasta ahora estaba unido al Ministerio de Cultura, ha pasado a depender de la ministra de Educación, Pilar Alegría. Tras su nombramiento, ya ha dejado su cargo el secretario de Estado para el Deporte Víctor Francos.

Quien sigue en su puesto al frente de la Comisión Antidopaje es José Luis Terreros, nombrado para el cargo en marzo de 2017, con el Gobierno de Mariano Rajoy. Se trata de un médico con amplia experiencia en el mundo del deporte y que ha superado en tiempo al frente de esa comisión a todos sus predecesores.

Fuentes de la Celad explican que el expediente ya está abierto y con medidas cautelares de suspensión para Chinedu, quien dice no saber nada del caso. Sin embargo, su suspensión provisional no aparecía el martes 26 de diciembre en la web de Sanciona2, donde la Celad debe publicar las infracciones. 

El plazo para abrir un expediente es de hasta 10 años, pero dejar pasar más de cuatro invalida, en la práctica, la lucha contra el dopaje. Con la edad, Chinedu ha bajado mucho sus marcas (su mejor tiempo en 2023, la temporada anterior, fue de 11.01 segundos, lo que le aleja de cualquier campeonato relevante, incluso nacional). Fuentes de la Federación Española de Atletismo aseguran desconocer el caso y se sorprenden de que pueda tardar tanto en abrirse un expediente porque ahora tendrían que revisar sus resultados desde 2019. Además, una vez abierto el expediente, cualquier hipotética sanción aún tardaría meses.

El caso de Chinedu no es el único problema que afronta la Celad. El número dos de Terreros, Jesús Muñoz-Guerra, se sentará en el banquillo acusado de falsedad en documento público para dilucidar si manipuló un documento de un control, según adelantó ABC. Además, según Relevo, Antidopaje cubrió un positivo en Alemania de la atleta Majida Maayouf al otorgarle de forma retroactiva el permiso para tomar una sustancia prohibida que había aparecido en un control. Maayouf estrenó su nacionalidad española con un nuevo récord nacional de maratón en Valencia, batiendo la anterior plusmarca nacional por cuatro minutos de diferencia.

Internacionalmente, España ha sido acusada durante décadas de ser cómplice con el dopaje. En los años 90, el equipo de Lance Armstrong se trasladó a Girona porque, según escribió su compañero Tyler Hamilton, “en España podías ir con una jeringuilla en la frente que a nadie le importaba”. El fiasco de la Operación Puerto, donde solo Italia sancionó al ciclista Alejandro Valverde, abonó la fama de país no tolerante, sino cómplice en estas prácticas. En 2016, la Agencia Mundial Antidopaje sancionó a España por incumplir los códigos internacionales en materia de legislación antidopaje. Cuando la sacó del incumplimiento, llegó Terreros al cargo.

El ex ministro de Cultura y Deporte José Manuel Rodríguez Uribes será el nuevo presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), según ha adelantado El Español y ha podido confirmar elDiario.es. El consejo de Ministros tiene previsto nombrarlo este martes, para ocupar el puesto que ocupaba Víctor Francos hasta su dimisión, el pasado jueves.

En la actualidad, Rodríguez Uribes era Embajador Delegado Permanente de España en la UNESCO, puesto del que se ha despedido este lunes y que este martes pasará a ocupar el también ex ministro de Cultura y Deporte Miquel Iceta. Fue ministro de Cultura y Deporte durante un año y medio, nombrado por Sánchez en 2020 y sustituido en la remodelación del Gobierno de julio de 2021.

Víctor Francos renunció a su puesto en el CSD en un escueto comunicado que aducía “razones personales” para dejar el cargo. En su escrito, Francos mencionaba una “etapa de estabilidad en el deporte español” con la conformación del nuevo Gobierno y su deseo de “emprender nuevos retos profesionales”.

El CSD cobró especial importancia tras la crisis del beso no consentido que Luis Rubiales, entonces presidente de la Federación Española de Fútbol, dio a la futbolista Jennifer Hermoso tras ganar el Mundial de Fútbol de Australia y Nueva Zelanda y la posterior crisis por la negativa de un grupo nutrido de futbolistas de acudir a la convocatoria federativa.

Víctor Francos ha renunciado a su puesto como presidente del Consejo Superior de Deportes. En un escueto comunicado aduce “razones personales” para dejar el cargo.

Francos razona en su escrito que con la conformación del nuevo Gobierno se abre una “etapa de estabilidad en el deporte español” y que ya había comunicado a la ministra de Educación, FP y Deporte, Pilar Alegría su deseo de “emprender nuevos retos profesionales”. El ya ex presidente del CSD ha aprovechado para agradecer el presidente Pedro Sánchez “sus reiteradas muestras de confianza”.

Víctor Francos fue colocado al frente del Consejo en junio de 2023 después de haber sido sido el secretario general de Cultura y Deporte. Antes había desempeñado las funciones de director del Gabinete del ministro de Sanidad y secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública.

Su figura cobró especial notoriedad por la crisis del beso no consentido que el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, dio a la futbolista Jennifer Hermoso durante la ceremonia de premios del Mundial de Fútbol de Australia y Nueva Zelanda y la posterior crisis por la negativa de un grupo nutrido de futbolistas de acudir a la convocatoria federativa. Tras la llamada de la seleccionadora Montsé Tomé, las futbolistas accedieron a atender obligadas a la convocatoria. Francos participó de le reunión de madrugada de las jugadoras en el hotel de concentración en Valencia del que salió un acuerdo para que las deportistas jugaran a cambio de un compromiso en firme de cambios estructurales en la federación.