Ecologistas en Acción de Extremadura ha denunciado una recalificación urbanística “a la carta” para desarrollar el complejo turístico de lujo 'Dehesa Espadañal' que la compañía hotelera Rosewood y la promotora Blasson impulsan entre Navalmoral de la Mata y Casatejada, en la provincia de Cáceres.

En concreto, el colectivo se ha opuesto a la recalificación de 18.000 hectáreas de suelo no urbanizable para construir esta urbanización de lujo calificada como Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (PREMIA) por la Junta de Extremadura, lo que acortará a la mitad la burocracia del proyecto y permitirá la obtención de subvenciones directas a la creación de empleo (300 empleos directos y 1.200 trabajadores en la fase de construcción, según la empresa).

De esta superficie, casi 7.000 hectáreas están catalogadas por el Plan General Municipal de Navalmoral de la Mata como suelo no urbanizable de protección ambiental, natural y paisajística. Por ello, la organización ecologista se ha opuesto a la modificación puntual número 4 del Plan Territorial de Campo Arañuelo que, a propuesta de la promotora, implica introducir un nuevo uso, denominado asentamiento en suelo rústico, para “justificar” la legalización urbanística del residencial de lujo.

Con este cambio se permitiría, según ha advertido, la parcelación y ocupación dispersa, la dotación de infraestructuras básicas como accesos, agua, saneamiento, electricidad, instalaciones lúdicas y de restauración y la creación de caminos internos, además de las entre 120 y 150 viviendas de lujo previstas, “que implican una urbanización de la dehesa mucho mayor de la que se menciona”.

“Traje a medida”

Esta “recalificación encubierta”, ha señalado, vulnera principios fundamentales del urbanismo sostenible establecidos tanto en la legislación estatal como en la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura.

En detalle, ha apuntado, se incumple el principio de desarrollo sostenible al proponer una urbanización dispersa en suelo protegido, así como el de función social de la propiedad del suelo, “invocando un supuesto interés general para justificar un enclave residencial de élite con acceso restringido, lo que agrava la desigualdad en el medio rural”.

Tampoco se respeta, según Ecologistas en Acción, el principio de racionalidad del planeamiento dado que, a su juicio, la modificación puntual planteada responde a una demanda privada concreta, sin justificación territorial global ni evaluación objetiva de alternativas, “lo que convierte el plan en un traje a medida”.

Por último, ha añadido, se infringe el principio de no regresión ambiental porque más de un tercio del nuevo asentamiento ocuparía suelo no urbanizable protegido de protección ambiental, natural y paisajística según el Plan General Municipal de Navalmoral de la Mata.

Por todo ello, considera que se intenta “legitimar” una urbanización de lujo en suelo rústico protegido mediante una modificación “ad hoc” del Plan Territorial de Campo Arañuelo, “en abierta contradicción con los valores de sostenibilidad, equidad y racionalidad que deberían guiar la ordenación del territorio”.

Máximo dos alturas

En la presentación del proyecto el pasado marzo, que se realizó en la sede de Presidencia de la Junta de Extremadura con la participación de María Guardiola, la empresa explicó que el objetivo es situar al proyecto 'Dehesa Espadañal' como una “referencia mundial del turismo de lujo.

El presidente de Blasson y administrador del proyecto 'Dehesa Espadañal', Francisco Javier Meliá, destacó que la edificabilidad será “inferior” al 2% edificabilidad y las construcciones serán “tradicionales en un máximo de dos alturas” con “materiales autóctonos como piedra y madera, respetando la estética de las tradicionales fincas extremeñas”.

Las recalificaciones de Vía Hispanidad y de Montecanal han dado este jueves un nuevo paso con su aprobación inicial, en un pleno marcado por las protestas de los vecinos afectados: han denunciado el “pelotazo” que supone la primera operación, ligada a la “especulación urbanística” para recaudar 50 millones de euros con que “acometer las obras de La Romareda”. Por su parte, el consejero Víctor Serrano ha sido también protagonista, al justificar la altura de la torre contemplada (22 pisos) en que su sombra “se proyecta” sobre el Pirulí de Telefónica.

La operación en Vía Hispanidad supone convertir sendos equipamientos deportivos, el recinto que gestiona el Club de Fútbol Hernán Cortés Junquera y un skatepark, en una zona residencial en la que hay proyectadas 470 viviendas de lujo, que alojarán en torno a 1.500 personas. Con este movimiento, el Ayuntamiento de Zaragoza aspira a ingresar 50 millones de euros que necesariamente deberán ir destinados a inversiones, y que tanto los vecinos como los grupos de la oposición consideran que van a ser utilizados para financiar el nuevo estadio, para que el que las arcas municipales deben reservar al menos 76 millones de euros. A cambio, los campos de fútbol se ubicarán en Valdespartera -alejados de los actuales-, mientras que el recinto para skate se localizará en un aparcamiento situado a diez minutos a pie, en la ampliación de Gómez Laguna.

A esta actuación se suma otra en una parcela de Montecanal que también va a ser recalificada, en su caso para levantar 70 chalés. Ambas han salido adelante gracias al apoyo de Vox, que a cambio ha forzado que la tramitación sea ordinaria, lo que entre otras cuestiones supondrá aumentar el plazo para plantear alegaciones.

En nombre de los vecinos ha intervenido Pablo Asín, de la Unión Vecinal Cesaraugusta, quien ha estado acompañado por un numeroso público durante el pleno. “Supone la eliminación de equipamientos que en su día fueron cedidos al Ayuntamiento mediante junta de compensación, y repercutidos a cada vecino en el precio de sus viviendas”, ha comenzado explicando Asín.

El representante vecinal ha enumerado, además de este, todos los perjuicio que supone para los habitantes del entorno la recalificación urbanística y que les hace oponerse “firmemente” a la iniciativa. Así, ha mencionado el alejamiento de estos “espacios que promueven la práctica del deporte y el ocio”, la pérdida de calidad de vida, la “sobrecarga del centro de salud” y el “agravamiento de los problemas de tráfico” sin resolver por el contrario “los problemas de vivienda”. “Zaragoza dispone de mucho suelo municipal ya urbanizado en otras zonas, y parcelas privadas próximas al barrio que se podrían negociar”, ha valorado Asín.

Desde el punto de visto de esta Asociación, la recalificación “responde únicamente a una especulación urbanística con la que recaudar más de 50 millones de euros para acometer las obras de La Romareda”. Asimismo, genera “inseguridad jurídica” y constituye una “injusticia” dado que los vecinos adquirieron las viviendas con el PGOU en la mano, que contempla “que la parcela es suelo dotacional par equipamiento deportivo público”.

Para terminar, ha reclamado al equipo de gobierno del PP que “deje de buscar la confrontación con otros barrios” tratándoles de “insolidarios”. “Nos decepciona un Ayuntamiento que cambia el bienestar de los vecinos por dinero, eso se llama especular”, ha zanjado Asín.

Las explicaciones del consejero de Urbanismo no solo no han tranquilizado a los vecinos, sino que han llegado a provocar su indignación, hasta el punto de que la alcaldesa, Natalia Chueca, ha tenido que llamar al público al orden. En especial cuando, para justificar la torre residencial de 22 alturas que prevé el planeamiento, Víctor Serrano ha especificado que “proyectará su sombra contra la torre de Telefónica, conocida como el Pirulí”. También al inicio, cuando ha afirmado que llevaba “tiempo intentando hablar con los vecinos” pero que había sido “imposible”, algo que el colectivo de residentes niega.

Nos decepciona un Ayuntamiento que cambia el bienestar de los vecinos por dinero, eso se llama especular

Pablo Asín — Unión Vecinal Cesaraugusta

Esto, unido al hecho de que Serrano haya echado mano del Google Maps para afirmar que el futuro skatepark estará “a solo siete minutos andando” del actual -en realidad, son once los minutos que marca dicho programa-, ha llevado al concejal de Zaragoza en Común (ZEC) Suso Domínguez a tirar de ironía al afirmar: “No deja de ser divertido que ahora mismo Google Maps o la sombra del sol llegan a ser elementos de planificación urbanística en esta ciudad, nos parece una innovación muy interesante”. “Señor Serrano, que el sol va de oeste a este y las sombras son tan largas como las de Vox”, ha señalado por su parte la portavoz socialista, Lola Ranera.

En otro momento de su intervención, Serrano le ha recordado a los vecinos que ya tienen un centro cívico, como reclamaban. “Para que Zaragoza avance y progrese, necesitamos la visión global de la ciudad”, ha destacado, y ha justificado a coninuación: “Hoy Hispanidad tiene la mayor ratio de equipamientos de la ciudad y la mayor renta per cápita; lo que no tiene es el equipamiento de zona verde, pero ahora va a estar muy por encima”. “Es evidente que no se está defendiendo lo público, sino unos intereses”, ha incidido el consejero de Urbanismo. 

Por su parte, tanto el PSOE como ZEC han criticado con dureza las actuaciones previstas. “Solo esconden la intención de seguir utilizando las operaciones urbanísticas para el lucro de los de siempre y del propio Gobierno. Nos oponemos a la venta de suelo público para fines únicamente especulativos”, ha denunciado el concejal de ZEC. “Nunca en los últimos 15 años se había visto semejante especulación para hacer caja”, ha lamentado en la misma línea Ranera, que ha recordado que la actuación se inició en 2019, cuando el entonces alcalde Jorge Azcón ya pretendió llevarla a cabo, aunque la pandemia reventó -según la edil socialista- esta idea.

El pelotazo urbanístico impulsado por el Ayuntamiento de València en Banimàmet del que se beneficiarán promotoras como Rover Alcisa o Benisur Habitat SL implicará la recalificación de 340.000 metros cuadrados de suelo agrícola con el mayor grado de protección que otorga el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del año 1988.

La alcaldesa de València del PP, María José Catalá, anunció el pasado lunes 16 de septiembre que el Ayuntamiento, “ante la preocupante falta de vivienda en la ciudad”, va a impulsar “de manera inmediata” una “nueva bolsa de suelo” que estará situada en la pedanía de Benimàmet. Así, precisó que se trata de un nuevo sector de 402.675 metros cuadrados con una edificabilidad de 461.266 metros de techo, donde se podrán construir más de 4.600 viviendas, de las que casi 1.000 serán de protección pública. Catalá aseguró más tarde a preguntas de los medios que no sería necesario recalificar suelo. “Desde luego, no tenemos que recalificar suelo, no hay huerta afectada”, dijo.

Sin embargo, tal y como recogen las fichas urbanísticas del sector, del total de la superficie a edificar unos 340.000 metros cuadrados de superficie están calificados como “no urbanizables de protección agrícola PA-1”. Según las normas urbanísticas del PGOU, esta calificación implica “protección agrícola especial para la huerta” . Eso establece un uso dominante agrícola, quedando prohibidos el resto, incluido el residencial “salvo las edificaciones tradicionales existentes”.

Precisamente, este es el motivo por el que hay que acudir a una recalificación de los terrenos, pese a que Catalá negó en varias ocasiones que fuera necesario. De no hacerlo, sería inviable culminar el desarrollo del sector que no se incluyó en el PAT de l'Horta de València, lo que también elimina trabas legales. Para llevarlo a efecto de una forma más ágil, la idea es realizar una revisión puntual de ese ámbito del PGOU.

Como informó elDiario.es, el desarrollo de esta zona parte del convenio firmado el 5 de octubre de 2007 entre la Generalitat Valenciana, con Francisco Camps a la cabeza, y el Ayuntamiento, con Rita Barberá como alcaldesa, por el cual se acordó el soterramiento de las vías del metro a su paso por Benimàmet. Según recoge el documento, la obra se financiaba al 50% por ambas administraciones y el Consistorio se comprometió a recalificar los terrenos aledaños, en concreto 342.00 metros cuadrados de suelo agrícola, con el objetivo de destinar los aprovechamientos urbanísticos a financiar parte de la operación.

Para ello, Barberá inició una revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que además de este sector incluía otros 10 en zonas de huerta como La Punta, Campanar, La Torre, Forn d'Alcedo, Castellar, Pinedo o Faitanar. En total se iban a recalificar 450 hectáreas de huerta con la idea de levantar 30.000 nuevas viviendas, (20.000 de renta libre y 10.000 protegidas), además de zonas verdes y espacios dotacionales.

Ante esta expectativa de urbanización, los terrenos fueron cambiando de manos, adquiridos por promotoras en algunos casos. Tal y como comprobó in situ elDiario.es, en la actualidad la mayor parte del ámbito de actuación es suelo degradado utilizado en algunas zonas como aparcamiento y solo existe huerta productiva en la franja ubicada entre el Camí Nou de Paterna y la autovía.

El procedimiento administrativo avanzó hasta que en 2014 salió a exposición pública, un proceso en el que se presentaron nada más y nada menos que 22.400 alegaciones, quedando las respuestas a las mismas en manos del Ejecutivo de izquierdas surgido en 2015 de las urnas, formado por Compromís, PSPV y València en Comú, con Joan Ribó como alcalde y el socialista Vicent Sarriá como concejal de Urbanismo. El nuevo equipo de Gobierno optó entonces por sacar de la revisión del PGOU nueve de los once sectores aprobados por el PP, cuyos terrenos quedaron integrados como huerta protegida en el PAT de l'Horta de València. De esta forma se evitó la destrucción de dos millones de metros cuadrados de suelo agrario.

Sin embargo, sí que se mantuvieron los desarrollos de La Punta y de Benimàmet. En el primer caso, al ser una parcela más cercana a la Ciudad de las Artes y las Ciencias y al núcleo urbano y porque solo se urbanizaban un tercio de los terrenos, recuperando la huerta en los dos tercios restantes. En el caso de Benimàmet, por tratarse de suelos degradados y existir una obligación vinculada al convenio urbanístico firmado con la Generalitat en 2007. Con todo, fuentes socialistas aseguran que diversos promotores presionaron en el pasado mandato para que se aprobara el plan urbanístico de Benimàmet como una revisión puntual del PGOU, de forma que se agilizaran los plazos, una opción que fue rechazada por la entonces edil de Urbanismo, Sandra Gómez: “Aquella operación se paralizó porque se consideraba que había bolsas de suelo más que suficientes para cubrir las necesidades sin tener que recalificar suelo agrícola”, explican.

Consultadas fuentes municipales del equipo de Gobierno al respecto, insistieron en que “ese suelo, con la revisión del PGOU, que mantuvo y validaron durante ocho años Compromís y el PSPV, es urbanizable”, algo que se contradice con lo que establecen las fichas urbanísticas. Desde Compromís consideran que “es necesario construir vivienda y también, por supuesto, proteger la huerta cultivada” y añaden: “En València quedan solares urbanos pendientes de construir para consolidar la ciudad y pensamos que eso es una mejor opción que hacer una recalificación”.

Según la documentación recabada por este diario a través del Registro de la Propiedad, las promotoras Rover Alcisa y Benisur Habitat SL poseen al menos una parcela cada una, de las más extensas del sector, en ambos casos flanqueadas por otras parcelas de propietarios privados. Todos ellos deberán hacer frente a las cargas urbanísticas que establezca el Ayuntamiento.

En concreto, la parcela de Rover Alcisa cuenta con una extensión de dos héctareas, lo que supone unos 20.000 metros cuadrados (cuatro campos de fútbol) y fue adquirida en noviembre de 2017. El documento registral refleja un pago en concepto de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales de 16.700 euros. Teniendo en cuenta que supone entre un 8 y un 10% del coste de la transacción, la promotora habría abonado en torno a 167.000 euros por los terrenos. Rover Alcisa figura en la lista de empresas que financiaron la campaña de 2007 de Rita Barberá con hasta 60.000 euros, según recoge la sentencia de la pieza separada A del 'caso Taula'. Contactada por este diario, la promotora no ha hecho comentarios.

Por su parte, Benisur Habitat SL, que también ha preferido no hacer comentarios a esta redacción, tiene al menos una parcela de una hectárea, es decir, unos 10.000 metros cuadrados (dos campos de fútbol) que adquirió en diciembre de 2017.

“En eso da igual el partido que esté, se unen entre ellos. Llevamos dos años con estos y con los otros tardamos cinco años en hacer L'Alqueria del Basket. ¿No me meto más, no?”.

Así ironizó el propietario del Valencia Basket, Juan Roig, sobre la lentitud de los procesos administrativos para la tramitación del futuro pabellón Arena.

Sin embargo, la realidad es que solo han pasado nueve meses desde que la promotora Licampa S. L., creada específicamente para llevar adelante el proyecto, lo presentó ante los responsables del Ayuntamiento de València.

En concreto, fue el pasado 18 de julio cuando la mercantil solicitó formalmente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para cambiar la calificación del suelo en el que se construirá de uso dotacional educativo a sistema general de servicios públicos de uso deportivo.

Desde entonces, se han recabado informes de todos los servicios municipales competentes para aprobar el informe ambiental (noviembre del año pasado) paso previo imprescindible a la modifación efectiva del PGOU.

Sin embargo, el pasado mes de marzo Licampa S. L. presentó una modificación del proyecto que afecta principalmente al aparcamiento del recinto, que como novedad tendrá una parte en altura, lo que implicará levantar un edificio en parte del actual parking ubicado junto al pabellón de la Font de Sant Lluís.

Esto ha obligado a realizar un segundo informe ambiental del proyecto, el cual se aprueba este viernes en la junta de Gobierno local del Ayuntamiento, según han informado fuentes municipales.

Las mismas fuentes han explicado que en ese momento se iniciará la modificación del PGOU, cuya aprobación está prevista para el pleno de abril. Después se abrirá un periodo de alegaciones de 45 días y tras esta fase, pasará a la Generalitat para su visto bueno definitivo.

“Esperamos que para verano esté todo resuelto, un año después de la presentación del proyecto, lo que supone un plazo bastante razonable para una operación urbanística que implica la recalificación varios terrenos”, han comentado.

Y es que, el proyecto incluye la construcción de un nuevo colegio en una parcela ubicada en la avenida de Amado Granell con Ángel Villena para trasladar el actual centro educativo les Arts.

Aunque en un principio se contempló un traslado provisional con barracones durante las obras al verse afectado por la construcción del parking subterráneo y su posterior rehabilitación, finalmente se ha optado por construir un centro nuevo en la mencionada parcela, donde estaba previsto un nuevo campo de rugby.

Para ello, se cambiará también su calificación, pasando de suelo deportivo a educativo. En el terreno que ocupa actualmente el colegio se llevará a cabo la operación inversa, por lo que pasará a ser de uso deportivo para que se pueda ubicar en el futuro el campo de rugby previsto.

Una vez aprobada definitivamente la modificación del PGOU, comenzará el concurso público para adjudicar definitivamente el proyecto, aunque no se prevé que se presente ninguna otra promotora además de Licampa S. L.

Desde la Concejalía de Patrimonio, la cual liderará este proceso, han asegurado que ya han empezado a trabajar en los trazos generales del concurso para tenerlo avanzado una vez la operación urbanística esté finalizada.

Si nada cambia, Motril (Granada) tendrá pronto un nuevo gran supermercado y una tienda de deportes. Apenas a unas decenas de metros de estas dos grandes tiendas quedarán los miles de chirimoyos que rodean la parcela, encajonada entre terrenos rústicos no urbanizables. La Fiscalía y el Seprona investigan desde abril estas construcciones en unos terrenos a los que el Ayuntamiento cambió la clasificación urbanística en 2016.

Entre las chirimoyas de las parcelas colindantes, la promotora Godoy Durán está construyendo las naves comerciales para un supermercado Mercadona y un Decathlón. Los terrenos, en la zona sur de Motril, lindan con una zona comercial instalada hace 25 años y una gasolinera, de un lado, y con fincas agrícolas por todos los demás. Entre 2014 y 2016 dejaron de estar protegidos por albergar cultivos tradicionales, y pasaron a ser el destino de las nuevas superficies comerciales.

El Ayuntamiento, primero bajo el Gobierno del PP y en manos del PSOE desde 2015, tuvo que reclasificar los terrenos acudiendo a una figura novedosa: un proyecto de innovación del PGOU. Todos los grupos políticos, excepto IU, estuvieron de acuerdo y votaron a favor en un Pleno celebrado en noviembre de 2016.

El proyecto de innovación, el proyecto de urbanización y las licencias urbanísticas han sido impugnados ante los juzgados de lo contencioso, y el pasado 22 de octubre la Fiscalía ordenó al Seprona que investigue la calificación y clasificación del suelo y si las obras comenzaron sin licencia o se excedieron de la licencia concedida. Sin embargo, las denuncias no han paralizado los trabajos, que siguen avanzando a buen ritmo. Las nuevas naves comerciales ya son visibles, encajadas en una especie de península comercial que se adentra en las plantaciones de chirimoyas.

En abril de 2014, el Ayuntamiento inició el expediente para aprobar una innovación del PGOU, que incluía la reclasificación de una parcela de 21.830,56 metros cuadrados de no urbanizable con protección agrícola a urbanizable de uso terciario. “La reclasificación es una barbaridad. Motril tiene un montón de terrenos ya clasificados sin desarrollar para suelo comercial”, señala Isidoro Albarreal, de Ecologistas en Acción, que igual que la Asociación en Defensa del Comercio Motrileño, lleva años oponiéndose a esta construcción. La asociación anticorrupción AMAyT también ha llevado el asunto a la jurisdicción contencioso-administrativa.

El PGOU de Motril reserva casi 220.000 metros cuadrados para el desarrollo de suelo comercial, siguiendo un modelo de expansión policéntrico. Sin embargo, el Ayuntamiento decidió ubicar estas dos nuevas grandes superficies junto a otro supermercado y en terrenos que debía reclasificar de rústicos (no urbanizables) a urbanos.

Según una fuente del servicio urbanístico del Ayuntamiento, la reclasificación fue una decisión política y una “cuestión de oportunidad”: “Te presentan [el promotor] una propuesta de ampliación de un parque existente. Los suelos comerciales que hay en el PGOU no son solares, están en ladera y el coste de urbanización está estimado en diez millones de euros”. “O se pone aquí o no se pone. Y se decide que se ponga”, añade esta fuente, que pide conservar el anonimato, en relación a cómo se gestó la operación.

En 2016, el arquitecto de la promotora Ángel Gijón también dio a entender en Ideal que Mercadona y Decathlon habían exigido instalarse en ese lugar, que por entonces no era urbanizable: “Las empresas, lógicamente, quieren estar donde ya está el foco comercial consolidado de Motril (…) El grupo Godoy Durán ha apostado fuerte por Motril y compraron esos centros a precio de urbano”.

La alcaldesa de Motril, la socialista María Flor Almón, no ha respondido a las llamadas y mensajes de este diario. Tampoco la promotora Godoy Durán ha devuelto la llamada de este medio. Decathlon y Mercadona remiten al ayuntamiento y la promotora, respectivamente.

Un Plan de Movilidad con normas obsoletas

Los ecologistas han calificado la operación de “pelotazo urbanístico”. Para quienes se oponen a la ubicación, parece que alguien se hubiese empeñado en encajar en ese preciso lugar las nuevas tiendas. La tramitación de la innovación del PGOU, necesaria para la concesión de las licencias, precisa de varios documentos oficiales que contienen datos incorrectos, imprecisos o, cuando menos, muy dudosos.

Por ejemplo, el informe de sostenibilidad económica asegura que el coste de la actuación para las arcas públicas será de cero euros. La obra no genera población y los gastos de alumbrado o jardines corren a cargo del promotor, porque se ha constituido una entidad de conservación. Sin embargo, el informe tampoco recoge la probable extensión de alguna línea de autobús, ni los gastos de limpieza y recogida de basuras. 

También es indispensable un plan de movilidad que asegure que las nuevas instalaciones son accesibles y pueden ser evacuadas en caso de necesidad. El acceso a este futuro centro comercial se limita a un carril de vía estrecha por sentido (3,55 metros de ancho, con arcén de 40 centímetros), que no podrán ser ampliados sin expropiar a los dueños de las fincas agrícolas colindantes. Además, un acueducto romano protegido, que en Motril llaman El Candelón, limita en ese punto concreto cualquier posibilidad de añadir carriles. Todo el tráfico deberá ser canalizado por esta carretera en dirección al núcleo urbano o a la N-340, lo que según sus opositores provocará el caos circulatorio.

El Estudio de Tráfico, aportado por la propia promotora, despacha estas cuestiones utilizando una normativa desactualizada que rebaja considerablemente las exigencias realmente vigentes. Así, el plan alude a la Ley del Comercio Interior de Andalucía sin tener en cuenta la modificación de 2014, y utiliza el Manual de Capacidad de Carreteras del año 2000, y no el de actualizado en 2010.

Se contienen en el plan datos que llaman la atención: por ejemplo, la velocidad media se calcula en 65 km/hora, cuando en gran parte se trata de zona urbana (limitada por tanto a 50 km/hora), ignora los accesos a fincas rústicas que parten de la estrecha vía que desemboca en el centro comercial, parte de datos que reducen en un 31% el tráfico que se midió en 2007 e ignora que la densidad de tráfico prevista obliga a construir un paso a distinto nivel, para lo que sería necesario expropiar suelo.

El resultado es que, según un informe de parte aportado al procedimiento contencioso, el plan de movilidad no analiza correctamente la capacidad de la red viaria para soportar el tráfico del futuro centro comercial. Según este informe, no se ha evaluado el riesgo para la seguridad vial que supone encajar dos tiendas de gran afluencia en un lugar adonde sólo se puede llegar por una estrecha carretera de acceso a fincas de chirimoyas. Además, se advierte que será difícil aplicar los planes de evacuación para casos de emergencia, lo que debería haber impedido la aprobación del proyecto y la concesión de las licencias.

Metodología “un tanto peculiar”

Los incumplimientos del plan movilidad motivaron que la Dirección General de Movilidad de la Junta de Andalucía opusiese objeciones rotundas al proyecto. En un informe de 18 de julio de 2014, el jefe del servicio de planificación alertó de que el estudio de tráfico recibido no cumplía con la Ley del Comercio Interior, y que la metodología seguida era “un tanto peculiar” porque no se basaba en “ratios de generación de viajes por clientes (superficie comercial) y trabajadores” sino que empleaba un procedimiento que consiste en suponer que se van a generar los mismos viajes que en la superficie contigua. Alertaba de que parte de la información no estaba documentaba y que había “elementos cuando menos a justificar”.

El promotor ha corregido y ampliado el Plan de Movilidad, pero no consta que la Dirección General de Movilidad haya dado su visto bueno. Además, el informe de la Junta de Andalucía alertaba de una cuestión incorregible: situar un centro comercial de gran afluencia en ese lugar no seguía los criterios de la Ley de Comercio Interior.

Desde el servicio de urbanismo del Ayuntamiento recalcan que el proyecto cuenta con la aprobación de la Dirección General de Comercio de la Junta de Andalucía, que debe dar el visto bueno en última instancia. “Todo, absolutamente todo, se ha hecho conforme a la legislación vigente”, insisten.

Los trabajos podrían estar terminados en unos meses, antes de que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia examine la posible acumulación de los procedimientos y legalidad de la innovación del PGOU, y la Fiscalía concluya su investigación. De momento, los obreros trabajan a buen ritmo para terminar cuanto antes.

La nueva ley del suelo de la Comunidad de Madrid rebajará las limitaciones legales de la actual para impedir reclasificaciones de terrenos forestales destruidos por incendios o agresiones ambientales. PP y Ciudadanos va a permitir con su mayoría parlamentaria que se mantenga el artículo 26 del proyecto presentado por el Gobierno de Cristina Cifuentes en 2016.

Ese artículo elimina la referencia a los 30 años que marca la ley autonómica actual como barrera para evitar que se cambie el uso y poder construir. Un blindaje contra los incendios intencionados y la posible especulación urbanística con esos suelos quemados que ahora PP y Ciudadanos apoyan que desaparezca. Este punto de la ley ya se ha debatido, según fuentes parlamentarias, en la ponencia abierta en la Asamblea de Madrid con este resultado. Aunque aún podría volverse a él porque el dictamen todavía no está cerrado, recuerdan desde Ciudadanos. 

La nueva redacción, enmendada sin éxito por PSOE y Podemos, remite en su lugar a la ley nacional de Montes, que incluye el periodo de las tres décadas pero desde 2015 también una excepción que da alas a las comunidades para “cambiar el uso forestal cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden”.

Estas “razones imperiosas” no están definidas en el articulado reformado con Miguel Arias Cañete como ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Detrás de esta polémica modificación legal estaba Federico Ramos, secretario de Estado de Medio Ambiente pero antes director general de Medio Ambiente cuando Esperanza Aguirre era presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ramos tuvo que dimitir a principios de 2016 por el caso Acuamed, aunque ya no estaba en Medio Ambiente sino en Presidencia. “Ramos se llevó el galardón de haber modificado la normativa ambiental para reducir la protección del medio natural. Y en el Ministerio hizo lo mismo: tocó la ley de costas, la de patrimonio...”, explica María Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción. 

En Ecologistas critican la decisión de PP y Ciudadanos de relajar las restricciones como un “retroceso”. “Es una actuación anacrónica. El resto de países avanzan hacia una mayor protección, hacia incluir el medio ambiente en las normativas de forma trasversal, pero aquí vamos hacia atrás. Los incendios intencionados para reclasificar suelo se habían desterrado. ”No tiene ninguna justificación ni social ni ambiental. Y es una muestra más de que la Comunidad de Madrid lleva gobernando para casos puntuales desde 2003, para que determinada finca no tenga problemas para recalificar. Es esa forma de hacer leyes para que no haya problemas con nadie“, opina Nieto. 

La diputada de Podemos que participa en la ponencia de la ley del suelo, Laura Díaz, asegura que la referencia al “interés público” puede ser un “coladero”. “Ya tenemos experiencia en Madrid sobre las situaciones excepciones. El campo de golf de Chamberí se pudo construir porque fue declarado de interés público”, recuerda. La justicia, tras años de lucha vecinal y judicial, terminó ordenando el derribo de la infraestructura. Díaz también critica que vaya a sustituirse una “legislación proteccionista” por otra que lo es menos: “la protección con la nueva redacción queda muy devaluada”. Para el PSOE, mantener esa protección es también “una línea roja”, según el diputado Rafael González Montoya. 

La Consejería de Medio Ambiente defiende que la “interpretación realizada por Ecologistas en Acción es errónea y no responde al contenido del proyecto de ley”. Fuentes del departamento aseguran que la nueva norma, al contrario de relajar, “amplía los supuestos en los que se aplican estas condiciones ya que lo amplía a suelos que no estén protegidos por el planeamiento”. 

La redacción de la nueva ley madrileña, que según el PP podría ser aprobada en la Asamblea en dos o tres meses, también borra de su articulado la referencia a los terrenos que han sufrido “agresiones ambientales”. Bajo este paraguas entrarían, por ejemplo, los vertidos sobre suelos o la destrucción de la cubiertas vegetales por actuaciones ilícitas. Con la ley actual si algo así sucede en un terreno no urbanizable protegido tiene la misma protección que si se hubiera calcinado por un incendio. Pero con la futura no será así, de manera que los suelos dañados por estas agresiones quedan expuestos a ser reclasificados en cualquier momento, sin blindaje alguno. 

La ley del suelo es uno de los grandes proyectos de legislatura del PP en Madrid. Fue presentado por la expresidenta Cifuentes como una de sus banderas pero su tramitación está siendo larga y espaciada en el tiempo. El proyecto presentado por el Gobierno tiene casi 300 artículos, que se están revisando uno a uno en una ponencia en la Asamblea de Madrid de la que saldrá la redacción definitiva de la norma, solo apoyada por Ciudadanos. 

El alcalde de València, Joan Ribó, ha reaccionado este miércoles y se ha alineado con los vecinos del Cabanyal en su rechazo al borrador del Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar (PEC) proyectado por el equipo de arquitectos redactor (contratados tras ser adjudicatarios de la licitación pública), por prever la construcción de 1.500 viviendas a costa de zonas verdes y deportivas consolidadas en el barrio.

Así, tan solo unas horas después de la asamblea convocada este martes por la tarde por la asociación de vecinos y la plataforma Salvem el Cabanyal, Ribó se ha manifestado respecto a las actuaciones planteadas en el parque del Doctor Lluch del Cabanyal, sobre las que el vecindario se ha manifestado en contra.

“Se trata de un plan que todavía está en elaboración”, ha recordado el alcalde, quien ha señalado que tampoco le satisface. “Ya lo manifesté en la reunión de la Junta de Portavoces de gobierno del lunes pasado”, ha explicado Ribó, para afirmar además que entiende “perfectamente las reivindicaciones de la gente del Cabañal, porque una zona verde es una zona fundamental y se debe conservar”.

De hecho, como ha dicho el alcalde, la presidenta de la Junta de Distrito del Marítim, Glòria Tello, ya explicó en la asamblea vecinal esta misma posición.

“Eso no quiere decir –ha añadido el primer edil- que el plan no sirva para nada, sino que se debe adaptar y respetar los elementos claves que plantean los vecinos: debemos intentar profundizar en la idea de permeabilizar el Cabañal hasta el mar, y asimismo respetar la zona verde, que es una iniciativa muy razonable”, ha comentado.

“Se trata de una idea que compartimos todos los grupos que integramos en Equipo de

Gobierno, y hemos de trabajar en esas coordenadas“, ha concluido el alcalde.

Los vecinos, por su parte, acordaron en la asamblea aponerse al inicio de la tramitación del plan tal y como está concebido por el equipo redactor, petición que apoyarán de una recogida de frimas, tal y como avanzó eldiario.es.

Como un jarro de agua fría. Así ha caído entre los vecinos el primer borrador del nuevo Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar (PEC), cuyo espíritu es rehabilitar y revitalizar.

Sin embargo, este proyecto que viene a sustituir de forma definitiva el proyecto del anterior Gobierno del PP, que preveía la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez a través del barrio, la consiguiente destrucción de 1.500 viviendas y la ruptura de la trama histórica del barrio, tampoco gusta a los residentes, al menos tal y como se plantea inicialmente.

Al respecto, el portavoz de la plataforma Salvem el Cabanyal, Faustí Villora, ha explicado que según se desprende de los documentos colgados en la web del PEC, se han proyectado 1.500 viviendas que podrían afectar a las zonas deportivas que están actualmente en uso (campo de fútbol y pistas de tenis) y al parque de Doctor LLuch, “un pulmón verde para el barrio ya que es el jardín más grande que tenemos y el más importante, con 40 años de antigüedad y un gran valor patrimonial y botánico”.

Villora ha lamentado que, pese a participar en las diferentes mesas de trabajo participativas referentes a la elaboración del plan, “la información la estamos sacando con pinzas, de hecho, los documentos iniciales se presentaron en octubre y nosotros nos enteramos de que estaban publicados a finales de diciembre”.

Ante esta situación, junto a la asociación de vecinos del barrio han convocado una asamblea vecinal este martes a las 19.30 horas en el Ateneo Marítimo para informar al vecindario de las líneas generales del PEC y de las sugerencias que remitirán a los arquitectos redactores del mismo, contratados tras ser adjudicatarios de la licitación pública para la redacción del Plan.

“Las sugerencias pasan por la oposición frontal a que se recalifiquen zonas verdes o deportivos para construir vivienda nueva, entre otras cosas, porque entendemos que el barrio ya cuenta con una bolsa de 2.600 casas vacías que se pueden recuperar”, ha explicado Villora, quien ha añadido que iniciarián una campaña de recogida de firmas para dar apoyo a estas sugerencias.

El dirigente vecinal ha comentado que han solicitado varias veces explicaciones de la ubicación de estas nuevas viviendas proyectadas, sin haber obtenido respuestas claras: “Hemos inviado a la asamblea al equipo de arquitectos del PEC para que puedan dar una explicación detallada, pero desconocemos si vendrán”.

Juantxu Bazán, uno de los fundadores del partido municipal CastroVerde (CV) de Castro Urdiales, analiza la situación política que vive el municipio tras la reciente decisión de esta formación de romper su pacto de gobierno con el PSOE, su socio al frente de este Ayuntamiento desde las elecciones municipales de 2015. Asimismo, se muestra crítico con la actuación en estos dos años de legislatura, tanto del hasta hace una semana equipo de gobierno, como del propio partido del que se dio de baja hace más de un mes.

Denuncia el “abandono del ideario verde, la marca de CV en sus inicios” y califica de “pésima noticia” la ruptura del acuerdo, ya que pone a Castro en un escenario de “incertidumbre, sin mayoría estable, de gobernabilidad incierta y de dudosa legitimidad democrática”.

“El gobierno del Ayuntamiento queda a merced del PRC, y lo siento mucho, pero no puedo desviar mi análisis de que hay un convenio urbanístico por medio que afecta a intereses personales del portavoz regionalista, Jesús Gutiérrez”, recalca Bazán, en referencia a la posible recalificación del terreno de la fábrica de Lolín, de la que el propio concejal es propietario.

¿Qué valoración le merece la decisión de CastroVerde de romper el pacto de Gobierno con el PSOE?la decisión de CastroVerde de romper el pacto de Gobierno con el PSOE

Romper un pacto es la consecuencia de un gobierno municipal que fracasa, por lo tanto, es una pésima noticia que nos coloca en un escenario de incertidumbre, sin mayoría estable, de gobernabilidad incierta, y de dudosa legitimidad democrática. Sé que lo que digo es muy fuerte, pero no se concibe que un alcalde y un equipo de gobierno alcancen el poder gracias a la suma de dos partidos, con un apoyo electoral del 45% (algo que a mí siempre me pareció insuficiente), y que siga adelante con un apoyo de solo el 30% del electorado, prescindiendo de los concejales del PSOE, el partido que fue considerado entonces por CastroVerde como “el mejor compañero de viaje”. ¿Y quién va a ser ahora el compañero de viaje de CastroVerde? Pues, paradojas de la vida, ahora resulta que quien tiene en sus manos la gobernabilidad del Ayuntamiento es Jesús Gutiérrez y el PRC que, con sus cuatro concejales, va a manejar el Ayuntamiento a su criterio.

Habla de fracaso del gobierno municipal. ¿Cuáles han sido los principales errores que a su juicio ha cometido el partido y el hasta ahora equipo de Gobierno, integrado por ambos grupos?

Fracaso de gobierno municipal y fracaso de los dos partidos que lo sostenían, CastroVerde y el PSOE local. Es difícil hacer un diagnóstico sin conocer toda la casuística, y sin saber cómo han sido las relaciones dentro del gobierno. Cuando se construye un pacto entre diferentes es previsible que haya discrepancias, por lo que un buen pacto debe contemplar un buen procedimiento para resolver conflictos, y es ahí donde los partidos, CV y PSOE, han sido ineficaces. CastroVerde, tras la ascensión al poder municipal, queda muy debilitado como partido, casi angustiado por las tareas de gobierno de un Ayuntamiento muy complicado, muy desorganizado, que tiene que afrontar problemas muy graves y de urgencia social.

Toda la energía de CastroVerde se traslada al Ayuntamiento con los cargos electos, y el partido queda inerme, sin capacidad para afrontar las tareas de partido, y sin capacidad para alimentar las tareas de gobierno. Y el PSOE local, gobernado por una gestora, tampoco ayuda a esas tareas de gobierno y, cuando ha habido discrepancias, en vez de sembrar paz ha alentado discordia. Todo esto en un contexto en el que las desavenencias se airean en los medios de comunicación, con lo que se transmite a la ciudadanía una imagen de descontrol y de desencuentro, de que no hay un equipo de gobierno. Lo que hay es un gobierno sin equipo, de yuxtaposición de concejalías, cada uno con su área de gestión, en la que no ha habido una auténtica cooperación entre el PSOE y CV. Y si no hay cooperación, ni liderazgo, ni mediación, al final surge la desconfianza, el enfrentamiento y la ruptura.

Ha hecho especial hincapié en su blog en los problemas urbanísticos, destacando el depósito de agua en el monte Cueto y la recalificación del terreno de la fábrica de Lolín. ¿Cuál cree que debería ser el procedimiento a seguir en ambos casos?en su blog

En las cuestiones urbanísticas, como en todas las que tengan relevancia, lo que se echa en falta es la participación ciudadana. Al equipo de gobierno le ha debido dar un ataque de amnesia y aquello que fue seña de identidad de CastroVerde, la participación ciudadana y el trabajo con los movimientos sociales, ha caído en el olvido.

La decisión de aprobar la construcción del depósito de aguas en el monte Cueto permite la consolidación de 600.000 metros cuadrados de suelos urbanizables en la zona de la Loma y Santullán de Castro Urdiales, que son resultado de la especulación urbanística que vivió nuestro municipio en la década del 2000. Esto se hace con la sana intención de solucionar el problema de abastecimiento de agua de los vecinos de una de las urbanizaciones pero se comete el error, desde mi punto de vista, de pretender solucionar un problema puntual trasladando el modelo de crecimiento urbanístico del pasado sin plantearse otro tipo de alternativas.

En cuanto a la decisión de aprobar la recalificación de la parcela de la fábrica de Lolín, en la que curiosamente es dueño el concejal Jesús Gutiérrez, portavoz del grupo municipal del PRC, es resultado de la convicción, para mí bastante retorcida, de que el Urbanismo es un negocio entre partes, el dueño y el Ayuntamiento. Tal y como reclamábamos cuando CastroVerde estaba en la oposición, es imprescindible abordar dos cuestiones de suma importancia: primero, abrir un proceso de participación ciudadana y elaborar un plan estratégico para definir el futuro que queremos con nuestro municipio, y segundo, proceder a la Revisión del Plan General. Tanto en un caso como en otro la reunión de expertos y ciudadanos debe ser la fuente de inspiración en la toma de decisiones.

Menciona a Jesús Gutiérrez y el convenio y recalificación de la fábrica de Lolín con la que ha sido muy beligerante. ¿Cree que CastroVerde apoyará esa recalificación?

El equipo de gobierno ya ha aprobado inicialmente el convenio urbanístico, y CastroVerde como partido no se va a oponer a lo que hayan decidido sus concejales. Peor aún, CastroVerde ha hecho suyo un discurso en que el traslado de la fábrica de Lolín, y la recalificación de la parcela para transformarla en un centro comercial se presenta como una oportunidad que favorece el interés general, porque quita a una fábrica del casco urbano y crea puestos de trabajo. En mi blog explico que esto es una falacia que es necesario desmontar. Hay que dejar claro cuál es la secuencia de este negocio, en la que, primero, el propietario Jesús Gutiérrez, acuerda con un grupo comercial la venta de la fábrica y su posterior traslado a un polígono industrial, pero que, para que el negocio sea viable y rentable, hay que recalificar el solar que deja la fábrica de 'industrial' a 'comercial'.

Aquí es donde viene la segunda parte, la de formalizar un convenio urbanístico en el que el Ayuntamiento se compromete a modificar el Plan General. Vamos a ver, esto es un negocio para revalorizar un suelo, y a esto lo hemos llamado siempre 'especulación urbanística', por lo tanto, ¿qué tiene que ver esto con el interés general? Si lo que se pretende es mantener los puestos de trabajo, que dejen la fábrica donde está. Si lo que se pretende es quitar las fábricas del casco urbano, de acuerdo, vamos a hacerlo, pero con todas, no solo con la de Lolín, a través de la revisión del Plan General y con una propuesta de regeneración de la zona de Brazomar.

Por otro lado, el hecho de que yo haya denunciado que la fábrica se apropió de suelo público, y que se hayan metido aprovechamientos urbanísticos por encima de lo que permite el Plan General, o la más que discutible posición en la que una de las partes sea dueño de la fábrica y al mismo tiempo concejal del Ayuntamiento, no parece que haya provocado ninguna reflexión ni en CastroVerde ni en el equipo de gobierno.

¿Es conocedor de más casos, tanto en las bases del partido como entre sus votantes, de descontento y decepción por las políticas llevadas a cabo por CastroVerde y su forma de gobernar?

Hay que decir que entrar a gobernar un Ayuntamiento como el de Castro es tremendamente difícil, y lo más probable es equivocarse teniendo en cuenta que arrastramos unos déficits de recursos y de servicios y unas carencias organizativas que hacen que sea complicado. Han sido muy llamativos casos como el de la OCA (Ordenanza Reguladora de Aparcamiento) en el que 16 trabajadores tuvieron que irse a la calle por no renovar el contrato a tiempo, o el de varias trabajadoras de la Residencia Municipal a las que se retuvo el pago de su nómina durante dos meses, cuestión que finalmente desató las hostilidades entre los concejales del PSOE y el alcalde, y que han dado al traste con el pacto de gobierno.

En ningún caso debe entenderse que han sido decisiones arbitrarias pero la población ha apreciado falta de diligencia. Hay que recordar que CastroVerde entra en el Ayuntamiento con el propósito de hacerlo eficiente, y hasta ahora la población no parece percibirlo. El hecho de que en dos años no se haya aprobado el presupuesto municipal es un indicador de mala gestión, este es un dato objetivo. Sin embargo, también hay que reconocer que ha habido actuaciones muy acertadas que han activado la obra pública y que han ido por el camino de racionalizar la gestión de los servicios municipales. Son algunos pequeños pasos que han sido enturbiados por los grandes titulares en los que los detractores de CastroVerde aprovechan para pedir cabezas.

En cuanto a las decepciones de la militancia, es muy significativo que en el asunto del contrato del CastroBus, también muy controvertido y sobre el que pende la incertidumbre de su continuidad, muchas de las personas que apoyaron y votaron a CastroVerde en Sámano ahora se estén manifestando en la calle contra las decisiones del equipo de gobierno protestando por el recorte de la línea regular a las núcleos rurales más alejados. La militancia de CastroVerde en Sámano se ha ido del partido. Vuelvo a insistir en lo mismo, el equipo de gobierno y CV pueden errar o no en sus decisiones, pero lo que ha creado el desconcierto y la desilusión, es que se esté cultivando un estilo de gobierno en el que no se cuenta con los vecinos.

¿Diría que CastroVerde ha traicionado su ideario político? Si es así, ¿cuáles diría que han sido las causas, después de haber llevado a cabo una oposición tan férrea en la pasada legislatura y tras la ilusión suscitada con los buenos resultados obtenidos en las elecciones municipales de 2015?

No, yo no hablaría de traición, eso quizás sea muy fuerte. No ha habido traición porque el cambio de orientación de las políticas de CastroVerde ha sido apoyado por el propio partido, a mi pesar. Lo que sí ha habido es un abandono del ideario verde, que es la marca del partido en sus inicios, hacia posiciones más posibilistas, propias de un partido independiente y localista en el que la ecología brilla por su ausencia. De hecho, CastroVerde rompe las relaciones hace tres años con Equo, el partido verde que fue su referencia en sus comienzos. Así que cuando CV se presenta en las elecciones de 2015 ya ha soltado todo el “lastre verde” y presenta un programa electoral que no tiene nada que ver con el de 2011. Finalmente gana las elecciones, lo que indica una estrategia acertada para alcanzar el poder, pero quizás desacertada en cuanto que se pierde el relato que le dio la credibilidad de ser un partido diferente a los tradicionales. Lo más difícil en política es administrar el éxito, y con CastroVerde en el poder, y la enorme ilusión que se despertó, al final se ha producido un divorcio inexplicable entre la formación política y la ciudadanía, porque no se han cultivado los procesos de participación ciudadana que se prometieron en el programa electoral.

Finalmente, ¿considera que es posible que funcione un gobierno en solitario de CastroVerde? ¿Qué se puede esperar para los dos años de legislatura que restan? ¿Ve factible una moción de censura impulsada por alguno de los grupos de la oposición?

No, no lo creo, ojalá me equivoque pero no creo que un gobierno en solitario vaya a funcionar mejor que lo acontecido hasta ahora. Lo más probable es que el PSOE haga una oposición contundente, y la del PP va a ser sin duda despiadada. Tampoco creo que haya moción de censura para echar a CastroVerde de la alcaldía porque nadie va a querer asumir la responsabilidad de gobernar un Ayuntamiento en las condiciones de crisis municipal que atravesamos. Por lo tanto, el gobierno del Ayuntamiento queda a merced del PRC, y lo siento mucho, pero no puedo desviar mi análisis de que hay un convenio urbanístico por medio que afecta a intereses personales del portavoz regionalista. Espero, sinceramente, que CastroVerde no caiga en la tentación de hacer un intercambio de favores porque hay argumentos jurídicos como para rechazar ese convenio urbanístico. En breve presentaremos con EQUO Cantabria escrito de alegaciones para demostrarlo.

En los dos años que vienen, la situación es de difícil equilibrio para CastroVerde, pero también es muy negativa para el conjunto de la ciudadanía por lo que habría que hacer algo. ¿El qué? Francamente, no lo sé. Lo único que se me ocurre es apelar a la responsabilidad de todos los partidos y recomponer una nueva mayoría aunque eso signifique que alguien se tenga que ir para casa. Sé que es pedir demasiado, sobre todo cuando la cultura política que vivimos es otra: la de la competitividad y la del enfrentamiento. Cuando CastroVerde ya ha tomado la decisión unilateral de romper el pacto, es muy difícil que se abra paso la reflexión, la consulta y la cooperación.

El turismo es un fenómeno en alza desde hace décadas. En el mundo hemos pasado de 25 millones de turistas en el año 1950, a 1087 millones en 2013. Con unas previsiones que ascienden a unos 1.800 millones para 2030. En algo más de 60 años el tránsito de turistas se ha incrementado en un 4.284% [“La ciudad negocio. Turismo y movilización social en pugna” de China C. Cabrerizo, 2016. Cisma Editorial]. Si ponemos en relación determinados sucesos históricos como el aumento en los precios del petróleo, el atentado contra las Torres Gemelas o crisis sanitarias como la gripe aviar, observaremos que tienen un impacto y duración muy limitada. Los mayores impactos los observamos sobre patrones geográficos, esto es, no desciende significativamente el número de turistas, sino que se modifican los destinos. Pero incluso estos cambios son limitados en el tiempo, no suponiendo una alteración definitiva sobre un territorio.

En nuestro país, en la actualidad el tránsito turista se ha visto incrementado debido a los conflictos en los países del Mediterráneo, así como los atentados en Francia. El número de turistas ha crecido un 4,95 %, llegando a 68 millones de pernoctaciones. En Madrid cada año batimos récord de visitantes y pernoctaciones, en 2015 fueron 8,9 millones de visitantes según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE y seguimos creciendo en torno al 6% anual.

Limitar el incremento del turismo a través de regulaciones de ámbito municipal no parece una opción viable dado que sus causas son profundas y tienen un carácter global. En cierto sentido, estamos hablando del derecho a la libre circulación de las personas que en una de sus manifestaciones lo es también para las turistas. La incorporación de muchos millones de personas al fenómeno turístico ha venido para quedarse. Dicho esto, defenderemos como necesaria la intervención pública sobre el turismo: desde enfoques urbanísticos y ecológicos, operando sobre las consecuencias para la ciudad en términos de ocupación y explotación del territorio urbano, así como en el impacto y la transformación en las dinámicas de los lugares, patrones de ocio y de consumo, etc…

Primera consecuencia: la burbuja en los precios de alquiler en las grandes capitales, especialmente en los centros de las ciudades. Tomaremos como referencia los casos de Madrid y Barcelona aunque encontraremos situaciones análogas en ciudades como Ámsterdam, París, Nueva York, San Francisco... Los precios de alquiler de ambas ciudades se encuentran en la actualidad en máximos históricos, ya por encima de la época del boom inmobiliario [Para una información más detallada se puede consultar el último informe elaborado por Idealista.es del cual se extraen los datos], elaborado por Idealista.es con fuertes diferencias entre barrios, siendo en los del centro el incremento de precios mucho más acusado. En Barcelona, el precio por m² es de 17,4 € (18,5% más que doce meses antes) y el de Madrid es de 13,8 € (un 14,6% de crecimiento anual).

Este fuerte aumento responde a diversos factores. Para empezar, ante un mercado tan estrecho, con falta de oferta, cualquier incremento de la demanda produce fuertes efectos sobre los precios. El aumento de la precariedad vital, en términos de salarios y derechos laborales, condiciona la capacidad de acceso a una vivienda en propiedad para grandes capas de la sociedad, al imposibilitar el acceso al crédito hipotecario. Otra dimensión de la precariedad es el arraigo sobre el territorio: la hipermovilidad en el mercado laboral y la falta de oportunidades en determinados territorios, conlleva una transformación en la formación de los hogares. Hogares con más incertidumbre y lazos menos estables sobre el lugar concreto suponen un aumento del alquiler como patrón de acceso a la vivienda.

Dicho esto, consideramos que determinados regímenes de tenencia o acceso, como el alquiler frente a la compra, pueden ser deseables. Sobre todo si detrás de ese cambio se encuentran diferentes intervenciones públicas sobre el mercado inmobiliario. Cada vez se hace más necesario ampliar sustancialmente el parque residencial público en alquiler y otras modalidades de acceso a la vivienda de carácter cooperativo.

El número de hipotecas firmadas confirma estas tendencias. A pesar de que está creciendo desde hace 25 meses, según el INE, lo hace desde totales muy bajos. En base a estos mismos datos, en 2015 se firmaron 244. 827 hipotecas sobre viviendas. En el año en el que la burbuja inmobiliaria comenzó a desinflarse, el 2006, fueron 1.768.198. Si no hay cambios drásticos en la situación económica, la tendencia será al incremento de hipotecas aunque sin llegar a cifras de antes de la crisis.

El elemento más novedoso que influye directamente en la burbuja del alquiler en los centros de las ciudades es la silenciosa reconversión de hogares en apartamentos turísticos. La opacidad y la invisibilidad del fenómeno han permitido una implantación muy agresiva, saliendo a la luz cuando barrios enteros ya se habían visto transformados en grandes complejos de apartamentos turísticos. Sólo en Airbnb podíamos encontrar 19.000 anuncios en Barcelona este verano. Los distritos de l'Eixample y Ciutat Vella concentran más de la mitad de la oferta, siendo más de la mitad de ellas –además– viviendas enteras. Madrid no va a estar a salvo del fenómeno, en los próximos meses el Ayuntamiento presentará un estudio de impacto de las viviendas turísticas en el centro de la ciudad que –creemos– no se alejará mucho de las tendencias de Barcelona.

Para ser conscientes del papel que la invisibilidad ha jugado en su implantación, hagamos el ejercicio de imaginarnos lo que habría supuesto en términos de noticias, trámites administrativos, decisiones urbanísticas municipales y contestación social, el anuncio en algunos de los mencionados barrios de la transformación del número de viviendas en plazas hoteleras, en hoteles. Los trámites administrativos –informes, estudios, planes especiales, licencias, etc.– necesarios hubieran servido para modificar y limitar las propuestas. Además, la lógica contestación social también podría haber supuesto un impedimento y una limitación a este tipo de operaciones. La invisibilidad del fenómeno no sólo dificulta la capacidad de controlarlo sino que es una condición para que su crecimiento sea tan rápido.

La transformación de los barrios de los centros de las ciudades que opera tras la proliferación de los apartamentos turísticos, pone de manifiesto algo fundamental y es que la ciudad no son sólo los flujos, los mercados, sus calles o, en general, el espacio público. La ciudad está compuesta, en igual medida, por hogares que no pueden entenderse únicamente como una sucesión de espacios privados, inmutables y estáticos frente a lo que en la ciudad ocurre. Los hogares constituyen una dimensión central de lo urbano, en tanto que espacios donde la vida se desarrolla, pero también, y sobre todo, por su relación en las dinámicas de la ciudad. Este fenómeno, como decíamos, supone un ejemplo paradigmático de ello pues pone de manifiesto elementos fundamentales de los lugares que tienen que ver con la identidad y con un entramado de anclajes que generan sentidos fundamentales en la vida urbana.

La sustitución de una población arraigada en un territorio por otra flotante, transforma sustancialmente los barrios. Quien va a estar en una ciudad unos pocos días busca la localización, la existencia de tiendas donde abastecerse con horario comercial amplio, alternativas de ocio, restauración y bares... Al interior de los bloques su carácter temporal e intercambiable genera incomodidad y cierta sensación de inseguridad. Gente no conocida entrando y saliendo de las viviendas contiguas a la propia transforma esa percepción de intimidad, donde antes había un patio de vecinos ahora hay un hall de un hotel.

El incremento de viviendas de uso turístico lleva asociado cambios en el zócalo comercial de los barrios más afectados y un efecto rápido de expulsión al interno de los portales. Los patrones de vida de las poblaciones permanentes entran en contradicción con los ritmos más despreocupados de los turistas. La hostilidad del espacio, unido a la oportunidad económica de convertir tu vivienda en un apartamento turístico, retroalimentan el fenómeno.

El sociólogo Daniel Sorando y el arquitecto Álvaro Ardura llaman la atención sobre el proceso de sustitución de población, transformación productiva y apropiación de determinados espacios, que afecta sobre todo a los centros de las grandes ciudades y que conocemos como “gentrificación”. Un elemento fundamental que explica este fenómeno es la existencia de un parque inmobiliario deteriorado que hace más suculenta su rehabilitación, pues la diferencia de precio que se genera debido a su ubicación es muy elevada. Esa subida de precios acelerada es la que genera la expulsión de los anteriores habitantes, en favor de otros cuyas rentas y gustos culturales van modificando las dinámicas, negocios y precios del conjunto del barrio.

Pero, ¿qué pasa cuando en lugar de sustitución de una población por otra la sustitución es de una población por una no-población permanente? ¿Es parte del mismo fenómeno o es otra alternativa capitalista a la propia gentrificación? Frente a procesos observados anteriormente, la actual dinámica puede estar expulsando población debido a una burbuja de precios de alquiler pero esta población no está siendo necesariamente sustituida por pobladores con mayor renta, quizá, sencillamente, está siendo sustituida por turismo.

En este punto llegamos a otra consecuencia: el despoblamiento. En Barcelona, Ciutat Vella ha perdido un 11% de sus habitantes en diez años de boom turístico, mientras la población de la ciudad se mantenía estable. El fenómeno de los apartamentos turísticos genera una dinámica que se retroalimenta así misma: cuántos más hay, más habrá. El aumento en los precios hace que para muchas personas los alquileres sean impagables y para los propietarios de vivienda residentes cada vez resulta más rentable reconvertirla en apartamento turístico y cambiar de barrio.

Así, los grandes inversores –incluidas las cadenas hoteleras– cada vez se van a ver más incentivados para entrar en este mercado. Además, los cambios en el zócalo comercial y los problemas de convivencia y de gestión del ocio nocturno incentivan el abandono del centro y la conversión de viviendas en plazas hoteleras.

La concentración es otra clave fundamental pues la ubicación prima frente a cualquier otra consideración. Pongamos por caso un apartamento de 30 m² en el barrio de Lavapiés. Mientras que reconvertido en apartamento turístico ese tamaño parece adecuado para una pareja durante un fin de semana, como hogar permanente resultaría pequeño, la rentabilidad en uno y en otro caso será muy distinta. Si no lo ordenamos, este fenómeno tendrá –ya está teniendo– más intensidad en barrios como el Raval o Lavapiés que en otros.

Entonces, ¿se puede influir de alguna manera en el fenómeno? ¿Qué papel juegan las administraciones? ¿Qué hay que regular?

En los últimos años la práctica totalidad de las grandes ciudades europeas han regulado, con mayor o menor fortuna, distintos aspectos del alquiler de viviendas turísticas. Nos encontramos desde enfoques que buscan nítidamente acabar con este tipo de alquileres hasta otros que buscan ordenarlo y establecer unos mínimos ingresos y controles fiscales.

En nuestra opinión, el papel de la regulación no debe ser otro que el de intentar garantizar que el número de hogares en los distritos centrales se mantenga estable y el mercado de vivienda en alquiler funcione con normalidad. Es decir, entender las viviendas como derecho fundamental, que sigan cumpliendo la función de vivienda y no pasen a ser plazas hoteleras por la puerta de atrás. Debe además evitar la acumulación de viviendas dedicadas a esta actividad en ciertas zonas, buscando una mejor distribución por la ciudad, evitando subidas artificiales en los precios de alquiler en algunos barrios que pueden llevar a la expulsión de buena parte de las vecinas y vecinos y al despoblamiento.

Para eso podemos establecer cuatro líneas de intervención o buscar una combinación de las cuatro:

 — Establecer un número máximo de días anuales en los que una vivienda se puede alquilar con fines turísticos. Ámsterdam sitúa el máximo en 60 días, por encima de esto el negocio debe registrarse como un Bed & Breakfast.

— Establecer una duración mínima para cualquier tipo de alquiler residencial. Nueva York ha situado el mínimo en 30 días y con su nueva regulación parece buscar un mayor grado de cumplimiento.

— 'Zonificar' la ciudad y establecer restricciones en los espacios más colmatados. Quizá este tipo de enfoque sea el más interesante para una ciudad como Madrid.

— Desincentivar fiscalmente la actividad. Acordar con las plataformas comercializadoras el cobro de tasa turística municipal –como en la práctica totalidad de capitales europeas– y compartir los datos fiscales con la Agencia Tributaria.

Nuestra ciudad no puede aplazar más tiempo este debate. Nos encontramos ante un fenómeno de crecimiento exponencial que puede echar por tierra cualquier otra política pública de vivienda, sobre todo en algunos barrios. Debemos enfrentarlo desde enfoques situados en cada realidad específica, para ser capaces de articular una inteligencia social que genere respuestas concretas. El peor escenario sería abordarlo desde grandes discursos que tal vez puedan reconfortarnos, pero que no permiten desplegar estrategias que vayan recuperando la ciudad.

Sara Porras Sánchez. Politóloga, investigadora en temas urbanos

Jorge García Castaño. Concejal de Centro y Chamberí en el Ayuntamiento de Madrid

El vecino que denunció el caso pide que se anule ya la licencia de obras de los 16 pisos que ahora quedan sin cobertura legal y que deberían derribarse, "con las graves consecuencia que ello tendría en indemnizaciones para posibles compradores y para las arcas municipales", apunta

El Tribunal Supremo señala que los terrenos fueron reclasificados de urbanizables a urbanos por el Ayuntamiento de Bermeo sin que tuvieran los servicios urbanísticos necesarios

El Tribunal Supremo ha ratificado la ilegalidad de la recalificacion urbanística de Bermeo (Bizkaia), según recoge una sentencia a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es. El Alto Tribunal considera que esos terrenos, propiedad de la empresa de Tomás Tardio, fueron reclasificados de urbanizables a urbanos por el Ayuntamiento de Bermeo sin que tuvieran los servicios urbanísticos precisos para ello y sin que los mismos formaran parte de lo que se denomina la malla urbana de la zona en cuestión, situada en el barrio San Miguel de Bermeo.

La resolución judicial, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, ratifica también que esos terrenos se “vaciaron” ilegalmente de vivienda protegida por lo que, a juicio de los recurrentes, confirma la anterior sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que consideró esta operación como un caso de 'urbanismo a la carta', algo totalmente ajeno al interés público.

Frente a la “arbitraria e irracional” valoración de la prueba argumentada en el recurso de casación presentado por el consistorio, el tribunal concluye que “tal valoración irracional no existe” y cree fundamentado “el análisis de la prueba practicada”.

El caso salió a la luz pública por la denuncia de un vecino de Bermeo, propietario de terrenos colindantes al solar reclasificado en el barrio de San Miguel de esta localidad vizcaína y a quien no se le aprobó esa modificación al solicitar en 2008 que pasaran de urbanizables a urbanos. Este cambio es sustancial ya que evita, en caso de una actuación urbanística, importantes gastos: no hay que pagar al ayuntamiento costes de urbanización, ni entregar al municipio el 10% de los aprovechamientos urbanísticos y se exime de la obligatoriedad de edificar un 65% de vivienda protegida, con bastantes menos márgenes de beneficio que la libre.

La solicitud de reclasificación fue denegada por el Ayuntamiento de Bermeo en 2008 y posteriormente el constructor imputado, Tomás Tardío, que empezó a comprar terrenos en la zona, también pidió el cambio, rechazado igualmente por los técnicos municipales. Pero en 2012 logró la modificación urbanística en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Bermeo.

Comisión de investigación

Tras conocer la sentencia del Supremo, que es firme y de la que ha sido ponente el magistrado César Tolosa Tribiño, el vecino que llevó este caso a los tribunales espera que el Ayuntamiento de Bermeo “anule ya la licencia de obras de los 16 pisos que ahora quedan sin cobertura legal y que deberían derribarse con las graves consecuencia que ello tendría para posibles compradores y para las arcas municipales dadas las indemnizaciones que esta Sentencia puede provocar”.

De hecho, el Supremo condena al pago de las costas al promotor y al propio Ayuntamiento de Bermeo. La sentencia falla contra el recurso presentado por el Ayuntamiento de Bermeo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 17 de junio de 2014.

Por todo ello, el recurrente ha instado a los partidos del Ayuntamiento de Bermeo a crear una comisión de investigación de este caso para “poder llegar a saber cómo pudo aprobarse esta operación. así como a analizar si existen otros casos semejantes en el urbanismo de Bermeo que debe reconducirse para servir exclusivamente el interés general”.

El pasado mes de diciembre, un juzgado de Gernika archivó de forma provisional la investigación sobre tráfico de influencias y prevaricación en el Ayuntamiento de Bermeo por una promoción de viviendas. La instrucción del caso, la reclasificación de un solar para construir 40 pisos con el informe técnico contrario, ha concluido con un auto que reconoce la ilegalidad en la operación pero no ve pruebas suficientes para la existencia de delitos penales. “Era preciso que quedara acreditado que la concesión de la licencia, además de ilegal, fue injusta y arbitraria, de lo que no existen indicios en este caso”, señala el auto dictado el pasado 9 de diciembre por el Juzgado de Instrucción número 2 de Gernika.

Tras conocer la sentencia, el recurrente apunta que “es necesario seguir investigando si se pudieron cometer los delitos de prevaricación (al adoptarse la clasificación contra los informes técnicos existentes), tráfico de influencias (dado que esta reclasificación se permitió singularmente y no al resto de terrenos colindantes) y malversación de caudales públicos (dado que el suelo urbano sin vivienda protegida es más beneficioso económicamente para un promotor que debe hacer menos pagos al Ayuntamiento que si el suelo fuera urbanizable como realmente era el del caso.)”

Califica de "indebida" la reclasificación de un solar para construir 40 pisos. El Tribunal Superior vasco ya anuló el Plan General de Bermeo para esta área en 2013

El caso investigado de tráfico de influencias en una promoción de viviendas en Bermeo ha recibido otro varapalo judicial. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Bilbao ha anulado la licencia municipal que concedió el consistorio con la que se han edificado ya 16 viviendas en el barrio de San Miguel por la “indebida clasificación del suelo”. Sobre la pretensión complementaria de “demolición de lasobras ejecutadas”, la jueza Elena Galán Rodríguez asegura que deberá ventilarse en el “trámite de ejecución de sentencia”.

Un juzgado de Gernika investiga desde 2013 la reclasificación de un solar para construir 40 pisos con el informe técnico contrario, una opinión que no fue tenida en cuenta por el Ayuntamiento de Bermeo. Están imputados de un delito de tráfico de influencias el exalcalde de Bermeo Juan Karlos Goienetxea (EH Bildu) y el constructor Tomás Tardío. La Audiencia de Bizkaia ha avalado esta investigación tras la petición de archivo de los dos implicados y la jueza se ha encontrado con obstáculos en sus indagaciones.

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, que ha fiscalizado la actividad de este consistorio de 2013, ha concluido que el consistorio perdonó al constructor el pago de casi 200.000 euros en aprovechamientos urbanísticos al constructor al no existir un “amparo legal” para el acuerdo del consistorio de excluir “dichos derechos edificatorios”. Además, un técnico de la consultora urbanística que hizo el informe contrario sobre la reclasificación de los terrenos del constructor ha declarado al juzgado de Gernika que investiga el caso que se le eximió de ceder terrenos para uso público, como obliga la ley. En concreto, que se computó como cesiones un suelo de una plaza pública, es decir que era ya de propiedad municipal.

Junto a esta investigación penal, el caso había llegado también al contencioso-administrativo por la concesión de la licencia municipal. El denunciante es un vecino de Bermeo, propietario de terrenos colindantes al solar reclasificado y a quien no se le aprobó esa modificación. Pidió en 2008 que pasaran de urbanizables a urbanos. Este cambio es sustancial ya que evita, en caso de una actuación urbanística, importantes gastos: no hay que pagar al ayuntamiento costes de urbanización, ni entregar al municipio el 10% de los aprovechamientos urbanísticos y se exime de la obligatoriedad de edificar un 65% de vivienda protegida, con bastantes menos márgenes de beneficio que la libre.

La solicitud de reclasificación fue denegada por el Ayuntamiento de Bermeo en 2008 y posteriormente el constructor imputado, Tomás Tardío, que empezó a comprar terrenos en la zona, también pidió el cambio, rechazado igualmente por los técnicos municipales. Pero en 2012 logró la modificación urbanística en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Bermeo.

Anular el Plan General

El denunciante acudió a la vía contencioso-administrativo para anular el Plan General y, tras iniciarse el pleito, el Ayuntamiento de Bermeo dio licencias de obras para 16 viviendas en mayo de 2013. Pocas semanas después, en junio el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló en una sentencia el plan en este solar por “no ser urbano al carecer de suministro de energía” y el resto de servicios como agua, acceso rodado o saneamientos.

Ahora, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Bilbao, en una sentencia dictada el pasado 26 de octubre, asume este fallo del Superior y considera ilegal la reclasificación del solar por “indebida clasificación del suelo urbano no consolidado”. La sentencia destaca que, aunque la anulación decretada por el Superior haya sido recurrida, la jurisprudencia determina que “sus efectos” son “como si ya fuera firme”. El juzgado de lo contencioso condena además a pagar las costas de este pleito al Ayuntamiento de Bermeo, en un 80%, y al constructor, con el 20% restante“.

El Ayuntamiento de Bermeo sostuvo, cuando se difundió el caso, que las licencias a las viviendas se basan “en el Plan General que ha seguido todos los pasos legales”. La defensa del ex alcalde ha argumentado que el caso se debe a actuaciones entre 2008 y 2010 en los que Juan Karlos Goienetxea no tenía “cargo alguno”, aunque el juzgado ya desestimó este argumento en julio pasado.

El Tribunal Supremo lo ha ratificado en cuatro sentencias: el hotel del Algarrobico, construido en Carboneras (Almería) por Azata del Sol, incumple la Ley de Costas. El alto tribunal ha de pronunciarse ahora sobre si los terrenos son urbanizables y si son propiedad de la Junta de Andalucía.

A pesar de que ha habido 24 pronunciamientos judiciales en contra del hotel (más del 90%), el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictó en 2014 una sentencia que legalizaba la licencia de obras del Algarrobico, alegando que el suelo era urbanizable y basándose en unas modificaciones a mano alzada de los planos de la zona.

La sentencia que Greenpeace prevé para este mes de septiembre pretende precisamente unificar doctrina, pronunciándose sobre esta contradictoria decisión del TSJA. Desde la organización ecologista insisten: sea cual sea la decisión del Supremo, el hotel ya es ilegal por vulnerar la Ley de Costas. “Tiene catorce plantas construidas en una playa”, subraya Pilar Marcos, responsable de costas en la asociación ecologista.

“Si se declara suelo no urbanizable y que los terrenos pertenecen a la Junta, las administraciones tienen que actuar de oficio para que se recupere la legalidad… se podría demoler en cuestión de días”, señala José Antonio Domínguez, abogado de la organización, cuyo recurso sobre la licencia de obra resuelve ahora el Supremo.

Gobierno y Junta de Andalucía firmaron en 2011 un acuerdo en el que el Gobierno español se comprometía a correr con los gastos de la demolición y el andaluz se encargaba de la recuperación del entorno y el reciclaje. En este sentido, Greenpeace ha presentado una propuesta para derruir el edificio en 18 meses, por 7 millones de euros y generando 400 puestos de trabajo entre empresas de tratamiento de residuos y demolición de la zona. Marcos subraya que se podría “aprovechar este monstruo para hacer pruebas sísmicas”.

Greenpeace denuncia además que en 1998, cinco años antes de que comenzaran las obras, la promotora “ya sabía por notificación del Ministerio de Medio Ambiente que estaba vulnerando la Ley de Costas. A pesar de esto, la promotora pide hasta 70 millones de euros de indemnización y está siendo defendida por el Ayuntamiento de Carboneras”.

Desde la Junta de Andalucía confirman que su intención es que “el espacio natural vuelva a su estado primigenio”, corroborando así las palabras de del consejero de medio ambiente, José Fiscal, en una entrevista a eldiario.es/Andalucía que aseguraba que “una vez que el embrollo legal se aclare, la voluntad es derribarlo y aprobar un plan de desarrollo sostenible para la zona, con turismo y empleo verde”.

Respecto a la decisión del Supremo, José Rodríguez, subdirector de Azata, ha declarado a este diario que esperan que la “justicia sea ciega y justa”. “Lo que estamos defendiendo en los juzgados es la actuación de la administración, porque el hotel es un activo económico muy importante para nosotros”, destaca Rodríguez.

Casos de “desprecio” al medio ambiente

Los ecologistas denuncian en un nuevo informe que el dueño de Azata, José Domingo Rodríguez Losada, y su conglomerado de empresas “tienen un historial en el que destacan la búsqueda de lucro a toda costa, las relaciones sospechosas con gobernantes y alcaldes y el desprecio a las leyes medioambientales y urbanísticas”. Subrayan que “el conglomerado empresarial de Azata (que incluye 20 empresas) ha realizado operaciones similares a la de El Algarrobico que vulneran la normativa ambiental y urbanística”.

Según Greenpeace, tan sólo en Andalucía, el holding de Losada ha estado implicado en cuatro casos más de ese “desprecio” a la protección del medio ambiente. Es el caso de Costa Ballena (Cádiz), donde construyó, explican los ecologistas, un hotel en un conjunto de arroyos y humedales que obligó a modificar el plan urbanístico de Rota. También en la provincia de Cádiz, en el municipio de Tarifa, aseguran que proyectó un complejo residencial de lujo frente a la playa de Zahara de los Atunes con un “gran impacto social y ambiental”, según palabras de Greenpeace.

En Estepona, hubo que modificar un proyecto que pretende construir el mayor centro comercial de España por afectar a una zona protegida. El plan fue aprobado por un alcalde encarcelado en el caso Astapa. Además, un socio de Losada, Juan María López, está implicado en el caso Malaya.

Las raíces de la Gürtel se hunden en casos de recalificaciones de suelo en Majadahonda o en Boadilla del Monte, donde se diseñó un plan para construir más de 200 chalés en un bosque de 1.500 encinas centenarias. El entonces alcalde, Arturo González, fue imputado en la Gürtel, mientras que el arquitecto lo fue por fraude fiscal, blanqueo y estafa.

Por último, en la Comunidad de Castilla y León, Azata se vio implicada en el Caso Las Malotas, donde se recalificó un suelo destinado a VPO con la intención de convertirlo en un polígono industrial.

Según el subdirector de Azata, el informe “busca condicionar las próximas resoluciones judiciales pendientes”, asegurando que su empresa no tiene “nada que ver” con el caso de Costa Ballena ni con el de Tarifa. Se trata de “un informe plagado de falsedades que tendrá consecuencias judiciales”, afirma.

La Diputación de Bizkaia ha aprobado definitivamente el plan urbanístico de Lezama que beneficia a  su alcaldesa, Alaitz Etxeandia (PNV), ya que permite recalificar un solar de su familia para construir viviendas en una zona que fue calificada de inundable.

La aprobación ha sido publicada pocos días antes de la celebración de las elecciones, ya que se publicó el pasado 14 de mayo en el Boletín Oficial de Bizkaia. Etxeandia no se presenta a la relección tras ocho años al frente del consistorio, en los que se ha empeñado en sacar adelante este plan urbanístico que le beneficia.

Con el cambio, se contempla la construcción de 52 pisos en el solar de los Etxeandia, una operación que tenía además beneficios concretos: 5,5 millones de euros para la familia Etxeandia reflejados en un acuerdo de compraventa firmado con dos constructoras. Este acuerdo fue firmado en 2007, ocho meses antes de la aprobación del anterior planteamiento urbanístico que recalificaba sus terrenos.

El plan urbanístico de Lezama fue anulado en 2009 por irregularidades en el informe de impacto ambiental. Aunque no entraba en el fondo del asunto, el Tribunal Superior vasco estableció que “se debe hacer expresa referencia” al cambio de calificación de zona inundable. Los terrenos de la familia de la alcaldesa, ubicados junto al río Asua a su paso por Lezama, estaban considerados inundables desde 1993. Al revisarse en 2002 el plan urbanístico municipal, el Ayuntamiento mantuvo esta calificación, lo que persistió en 2006 al aprobarse inicialmente las normas subsidiarias. Pero en 2007, pocos días antes de la aprobación por el Gobierno vasco, el consistorio introdujo el cambio para convertirlos en urbanizables y la Dirección de Aguas del Ejecutivo aprobó la modificación en solo cuatro días y basándose en un informe municipal “que sólo ha podido ser analizado con premura”, según admitió entonces la Dirección de Aguas.

La anulación del plan por los tribunales no fue tenida en cuenta por la alcaldesa que empezó a a aprobar proyectos para impulsar la urbanización del solar de los Etxeandia, el llamado plan Txupetxa, que fue además la única actuación urbanística que se puso en marcha. Los intentos fueron cortados de raíz por los tribunales que, en tres fallos diferentes, en 2012, declararon ilegal la promoción urbanística en el solar de la alcaldesa al estar anulado todo el plan general de Lezama.

Ante ello, el Ayuntamiento empezó a tramitar un nuevo plan urbanístico en el municipio, que era prácticamente idéntico al anterior. Su puesta en marcha ha supuesto fuertes enfrentamientos con la Diputación vizcaína, también dirigida por el PNV, y de hecho desde su aprobación provisional en septiembre de 2013, su tramitación ha estado prácticamente paralizada. Se han requerido casi otros dos años para llegar a la aprobación definitiva, una competencia exclusiva de la Diputación vizcaína.  Una orden foral aprobada el pasado 4 de mayor por el diputado vizcaíno de Presidencia y actual candidato del PNV a diputado general, Unai Rementeria, dio luz verde al proyecto con la obligación de acometer 62 correcciones.

En la orden, se incluye la obligación de que se descubra el río que pasa justo al lado del solar de los Etxeandia, unas obras  cuyos gastos  serán a cargo de “la actuación colindante o  bien a cargo del Ayuntamiento de Lezama”, dice textualmente.

La plataforma Lezama Bizirik, el grupo que llevó en 2007 el plan a los tribunales y consiguió su anulación en 2009, ha criticado que “encima estos gastos” sean para los vecinos y ha anunciado que estudiará denunciarlo de nuevo ante la Justicia. “Este PGOU es una copia de aquellas Normas, por lo que teniendo en cuenta los sucedido en estos años entendemos que nos asisten más razones que entonces para solicitar su anulación. Intentan de nuevo, lo que no han conseguido durante nueve años de continuos esfuerzos: poder edificar en la parcela propiedad de la familia de la alcaldesa saliente”. Esta plataforma señala además “la gravedad que supone que, en un municipio de importante componente rural, se califiquen casi 600.000m2 de tierras de alto valor agrario como industrial, cuando la actual zona industrial esta semivacía. Asimismo es inadmisible que se plantee, y menos en la crisis que aún soportamos, construir casi 500 nuevas viviendas cuando de las 1.000 existentes más de 200 no están ocupadas”.

La alcaldesa Alaitz Etxeandia ha participado en las votaciones, aprobando los sucesivos trámites (el PNV tiene seis concejales frente a cinco de Bildu, el único grupo de la oposición) para poner en marcha el plan que le beneficia. Bildu pidió en un pleno su recusación que fue desestimada gracias al voto de calidad del edil que hizo las funciones de la alcaldesa.

El rodillo del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Marbella, amparado en su mayoría absoluta, ha vuelto a frenar una petición de explicaciones de la oposición sobre la gestión de la alcaldesa, Ángeles Muñoz. En esta ocasión rechaza ofrecerlas en el próximo pleno ordinario del 25 de abril, en relación con el deslinde del vecino término municipal de Benahavís.

Tal y como informó eldiario.es/Andalucía este domingo 120.000 del total de 300.000 metros que pasaron de Marbella a Benahavís en 2009- tras el acuerdo entre ambos alcaldes del PP- pertenecen a sociedades inmobiliarias del marido de la regidora, Lars Broberg y su cuñado, Jim Broberg.

Los suelos, que se encontraban calificados en el PGOU de Marbella como no urbanizables, se convirtieron en urbanizables en el PGOU de Benahavís. Todo ello posibilitó la consolidación de lo ya urbanizado en terreno marbellí no apto para ello, incluida la mansión de Ángeles Muñoz, así como la futura construcción de 60 viviendas de lujo unifamiliares.

No obstante, aún no está dicha la última palabra sobre este asunto. El pasado mes de noviembre el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, emitió un informe, como consejero de Administración Local, en el que aseguraba que el expediente de deslinde sigue abierto por la administración autonómica, debido a la falta de colaboración de los dos ayuntamientos. De hecho, Valderas criticó que transcurridos cuatro años los municipios gobernados por regidores populares no hayan remitido a la Consejería la documentación solicitada.

El portavoz de IU en el consistorio marbellí, Enrique Monterroso, denuncia que los ediles del PP “actúan al dictado de Ángeles Muñoz” al rechazar su moción. La federación de izquierdas solicitaba la creación de una “comisión especial” para defender los intereses de la ciudad, “frente a los de la propia alcaldesa”. Todo ello en alusión a los terrenos propiedad de la familia de la regidora que pasaron a ser urbanizables en Benahavís.

Al estar el proceso de la Junta aún abierto “la alcaldesa tiene que devolver a Marbella los miles de metros cuadrados que ha regalado al municipio vecino, parte de los cuales son de su propiedad y perfectamente urbanizables”, remacha el portavoz de IU.

El edil opositor acusa a Muñoz de “mentir”, cuando dijo recientemente que la Junta de Andalucía había cerrado ya el expediente del deslinde. Asimismo, le recuerda que “su casa está en Marbella, aunque pague sus impuestos en Benahavís.

Cabe recordar que antes de Semana Santa, en el marco del escándalo que supusieron las informaciones destapadas por este medio sobre la mansión de Muñoz y las inversiones de su sociedad en Luxemburgo, el portavoz de OSP, Rafael Piña, censuró a la regidora que desde 2007 hasta 2013 “haya dejado de pagar más de 170.000 euros de IBI en Marbella”. La primera edil dio la callada por respuesta en un pleno.

El portavoz del PSOE y líder de la oposición marbellí, José Bernal, se ha sumado a las iniciativas de IU-CA. Critica la “obstrucción” del PP y reclama explicaciones a la regidora para que aclare “por qué no ha enviado a la Junta la documentación solicitada”.

“Hace mucho tiempo que la alcaldesa no acude a ninguna comisión plenaria”, lamenta Bernal. En este caso -subraya el edil socialista- “se trata de un asunto polémico, debido a que, de los 300.000 metros que se le cederán a Benahavís, aproximadamente la mitad son propiedad de la familia de la alcaldesa”.

El gobierno municipal daba ya por cerrado el expediente

El gobierno municipal daba ya por cerrado el expedienteDesde el equipo de Gobierno del PP en Marbella, su portavoz, Félix Romero, señala que siempre han pretendido “poner orden en el procedimiento de los linderos de la ciudad con otros municipios”.

“El Ayuntamiento de Marbella entendía que el expediente estaba concluido”, ha expuesto Romero en un comunicado, a pesar de las reiteradas peticiones de información desde 2010 que recogió Valderas en su escrito y que no obtuvieron respuesta municipal.

Tal y como hizo la alcaldesa en 2009, el portavoz del PP se escuda en que el deslinde “cuenta con un informe del Consejo Consultivo de Andalucía”. Romero anuncia que el municipio acudirá a la Comisión propuesta por la Junta para la finalización del expediente y “aportará la documentación necesaria”, concluye.

Romero no hizo ninguna alusión ni replicó a la oposición sobre los 120.000 metros de terrenos propiedad de la familia de la alcaldesa que salen beneficiados con el cambio de lindes. En cuanto al informe del Consejo Consultivo, éste no es vinculante sobre lo que decida finalmente la Junta de Andalucía, que tiene la última palabra.

Tres sentencias judiciales entre 2001 y 2009 han dictado que se trata de una área de especial protección paisajística y, pese a los fallos, las viviendas fueron construyéndose.

La Diputación vizcaína propone el cambio de no urbanizable a uso urbano porque las viviendas se edificaron "con arreglo al planeamiento en vigor".

La urbanización corría el riesgo de ser derribada tras la última sentencia firme del Supremo pero los ecologistas que denunciaron el caso buscaron una salida que evitase las demoliciones y garantizase mantener la zona en el actual estado.

Los intentos de edificar en esta zona se remontan a 23 años atrás cuando hubo un macroproyecto de 349 chalés, un hotel y un campo de golf. Los terrenos son de una las familias más pudientes de Bizkaia.

La Diputación de Bizkaia quiere volver a recalificar como urbana un área de especial protección en la costa, en el municipio de Barrika, donde se construyeron ilegalmente 14 chalés de lujo. Hasta tres sentencias judiciales, la última del Tribunal Supremo en 2009, calificaron nula la recalificación que se hizo hace 16 años porque “no cabe duda” del interés paisajístico de la zona y que estos intereses “se sacrificaban para implantar viviendas de baja intensidad”. Los fallos calificaron de “arbitraria” y “desviación de poder” la modificación urbanística de un suelo clasificado como no urbanizable de especial protección paisajística.

Las sentencias daban pie al derribo de las 14 viviendas (varias habitadas desde hace ya siete años) en la conocida zona de Barrikabaso, lo que habría sido el primer caso de una urbanización de viviendas en Euskadi demolidas por ilegalidades urbanísticas. Pero el grupo ecologista que denunció este caso, Txipio Bai, se avino a negociar una salida para evitar que los propietarios se quedasen en sus casas. El pacto propuesto pasaba por declarar el área fuera de ordenación aunque manteniendo las viviendas con los servicios básicos.

Sin embargo, la Diputación vizcaína, en su informe sobre el avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), asegura que las edificaciones construidas “lo fueron al amparo del planteamiento en vigor”. Alude a las normas subsidiarias que realizaron la primera recalificación pero las licencias de obras se pidieron después de 2001, tras la primera sentencia del Tribunal Superior vasco que las ilegalizó, a la que siguió otra del mismo tribunal en 2004 y la última del Supremo, en 2009.

En su informe, firmado el pasado 10 de diciembre por la arquitecto del servicio del Planeamiento Urbanístico, la jefa de sección de Planeamiento y el director de Urbanismo, se afirma que “no tiene sentido incluir como disconformes con el planeamiento unas edificaciones que han sido levantadas con arreglo al planeamiento en vigor” y minimiza las contundentes sentencias judiciales al asegurar que la anulación se “basa únicamente en la falta de justificación suficiente para modificar un suelo no urbanizable de especial protección”. Por ello, plantea que los suelos que acogen los 14 chalets “que se encuentran ya urbanizados” puedan recalificarse “al suelo urbano”. “Con ello se estaría contribuyendo a la creación de un entorno propiamente urbano”, explica.

Un caramelo urbanístico

Barrikabaso, al lado de los acantilados del municipio vizcaíno de Barrika, es todo un caramelo urbanístico. Los intentos de edificar se remontan a 23 años atrás y todas las tentativas se asocian a la familia Lezama-Leguizamón (una de las más pudientes de Bizkaia), propietaria de las 65 hectáreas de Barrikabaso y que siempre ha figurado como promotora de los diferentes planes urbanísticos.

En 1988, el Gobierno calificó la zona de suelo no urbanizable de especial protección paisajística. No le hicieron gran caso ya que, pese a que sus informes eran vinculantes, el Ayuntamiento firmó en 1990 un convenio con la Diputación de Bizkaia y los propietarios que contemplaban 349 chalés, un hotel y un campo de golf. El Gobierno supeditó la aprobación de todo el plan urbanístico de Barrika a que esa área tuviera la declaración de especial protección, finalmente aceptado por el consistorio, con lo que se aparcó el macroproyecto.

En 1997, el Ayuntamiento volvió a aprobar una recalificación en la zona, limitándola a dos parcelas de 19 hectáreas situadas en los dos extremos y que preveía 97 viviendas: 85 chalés y 12 pisos de protección. De nuevo, fue apoyado por la Diputación pero la viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno vasco dijo en un informe que, en “evitación de daños ambientales irreparables” debería seguir como área protegida.

Luego llegó la denuncia de los ecologistas y los fallos judiciales, con el riesgo serio del derribo de los 14 chalés. Por eso, el PNV (que ha estado siempre al frente de la Diputación, la institución que ha ido validando las recalificaciones) empezó a buscar una salida en 2009. Dirigentes y diputados forales vizcaínos se han reunido con los ecologistas en los últimos años y parecía que habría un acuerdo que no ha llegado. El grupo Txipio Bai se ha mostrado dispuesto a que las viviendas edificadas no se toquen y queden fuera de ordenación mientras se garantice la restauración ambiental, incluyendo la demolición de la urbanización alrededor de los chalés

El informe de la Diputación parece que complica otra vez el caso Barrikabaso. Txipio Bai ha eludido realizar valoraciones a dichas consideraciones de recalificar el suelo como urbano y se limita a asegurar que están a la espera de una respuesta de la Diputación.

El Ayuntamiento, con los votos del PNV y el rechazo de Bildu, autoriza la recalificación de un área inundable como urbanizable para la construcción de 52 pisos en un solar de la familia de la regidora Alaitz Etxeandia.

La autorización definitiva queda ahora en manos del Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya.

El Ayuntamiento de Lezama ha aprobado prácticamente el mismo plan urbanístico del municipio que fue anulado por la Justicia en 2009 y que beneficia a su alcaldesa, Alaitz Etxeandia (PNV). El nuevo documento es prácticamente idéntico al anterior, que fue rechazado por el Tribunal Superior vasco por irregularidades en el informe de impacto ambiental y que, aunque no entraba en el fondo, destacaba el cambio de calificación de zonas inundables, como el solar de la familia Etxeandia. Al igual que en 2009, el documento del plan urbanístico de Lezama recalifica como urbanizables unos terrenos catalogados ahora como urbanos con calificación de inundable, lo que no permite edificar viviendas. Contempla la construcción de 52 pisos, una operación que tenía además beneficios concretos: 5,5 millones de euros para la familia Etxeandia reflejados en un acuerdo de compraventa firmado con dos constructoras. Este acuerdo fue firmado en 2007, ocho meses antes de la aprobación del anterior planteamiento urbanístico que recalificaba sus terrenos.

El Ayuntamiento de Lezama aprobó el pasado día 11, en un pleno, de manera provisional el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad, cuya ratificación definitiva ya queda en manos del Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya. La aprobación se hizo con los votos de los seis ediles del PNV, incluido el de la alcaldesa, y el rechazo de los cinco concejales del Bildu. El acuerdo, como reprocharon los corporativos de la coalición independentista, no incluye las medidas correctoras establecidas por la Diputación de Vizcaya en el informe preliminar de impacto ambiental hace más de un año. En el debate los ediles del PNV argumentaron que dichas medidas son solo consejos, en contraposición a lo que argumenta Bildu, que en una reunión con el Departamento foral de Medio Ambiente sus responsables les transmitieron que son de obligado cumplimiento. Los cambios en el PGOU, respecto al documento anulado en 2009, son mínimos como la inclusión de viviendas de protección pero destaca que se plantea la construccción de 500 viviendas en un municipio que tiene ahora un millar, de ellas 200 vacías, según fuentes municipales.

Los terrenos de la familia de la alcaldesa, ubicados junto al río Asua a su paso por Lezama, estaban considerados inundables desde 1993. Al revisarse en 2002 el plan urbanístico municipal, el Ayuntamiento mantuvo esta calificación, lo que persistió en 2006 al aprobarse inicialmente las normas subsidiarias. Pero en 2007, pocos días antes de la aprobación por el Gobierno vasco, el consistorio introdujo el cambio para convertirlos en urbanizables y la Dirección de Aguas del Ejecutivo aprobó la modificación en solo cuatro días y basándose en un informe municipal “que sólo ha podido ser analizado con premura”, según admitió entonces la Dirección de Aguas.

El Tribunal Superior anuló en 2009 todo el plan urbanístico de Lezama por irregularidades en el informe de impacto ambiental. Aunque no entraba en el fondo del asunto, estableció que “se debe hacer expresa referencia” al cambio de calificación de zona inundable. Sin embargo, sólo un mes después de conocerse la sentencia, el Ayuntamiento de Lezama empezó a aprobar proyectos para impulsar la urbanización del solar de los Etxeandia, el llamado plan Txupetxa, que fue además la única actuación urbanística que se puso en marcha.

Estos intentos han sido cortados de raíz por los tribunales que, en tres fallos diferentes, entre junio y noviembre del pasado año, han declarado ilegal la promoción urbanística en el solar de la alcaldesa al estar anulado todo el plan general de Lezama.

El Registro de la Propiedad revela que 5.405 metros cuadrados del total de 7.725 de la llamada unidad de ejecución de Txupetxa pertenece al padre de la alcaldesa, una tía y varios primos. En el plan urbanístico se prevé construir en esa unidad 52 viviendas, 40 libres y 12 protegidas. Pero el proyecto se encalló al anularse todo el plan y las constructoras que iban a ejecutarlo han rehusado y exigen los 2,2 millones que adelantaron a la familia Etxeandia.