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La jueza archiva el caso de tráfico de influencias en Bermeo

Reconoce la ilegalidad en la reclasificación de un solar para construir 40 pisos pero no ve "acreditado que la licencia fue injusta y arbitraria"

Asegura que la relación entre los dos imputado, el ex alcalde de Bermeo Juan Karlos Goienetxea y un constructor fue "meramente profesional"

El caso sigue abierto en la vía administrativa tras dos sentencias que han declarado ilegal la operación y han anulado la licencia de obras

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Un juzgado de Gernika ha archivado de forma provisional la investigación sobre tráfico de influencias y prevaricación en el Ayuntamiento de Bermeo por una promoción de viviendas. La instrucción del caso,  la reclasificación de un solar para construir 40 pisos con el informe técnico contrario, ha concluido con un auto que reconoce la ilegalidad en la operación pero no ve pruebas suficientes para la existencia de delitos penales.  "Era preciso que quedara acreditado que la concesión de la licencia, además de ilegal, fue injusta y arbitraria, de lo que no existen indicios en este caso", señala el auto dictado el pasado 9 de diciembre por el juzgado de instrucción número 2 de Gernika.

En este caso estaban imputados de un delito de  tráfico de influencias el exalcalde de Bermeo Juan Karlos Goienetxea (EH Bildu) y el constructor Tomás Tardío, el promotor de los 40 pisos. 

El caso salió a la luz pública por la denuncia de un vecino de Bermeo, propietario de terrenos colindantes al solar reclasificado en el barrio de San Miguel y a quien no se le aprobó esa modificación al solicitar en 2008 que pasaran de urbanizables a urbanos. Este cambio es sustancial ya que evita, en caso de una actuación urbanística, importantes gastos: no hay que pagar al ayuntamiento costes de urbanización, ni entregar al municipio el 10% de los aprovechamientos urbanísticos y se exime de la obligatoriedad de edificar un 65% de vivienda protegida, con bastantes menos márgenes de beneficio que la libre.

La solicitud de reclasificación fue denegada por el Ayuntamiento de Bermeo en 2008 y posteriormente el constructor imputado, Tomás Tardío, que empezó a comprar terrenos en la zona, también pidió el cambio, rechazado igualmente por los técnicos municipales. Pero en 2012 logró la modificación urbanística en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Bermeo.

El caso tiene dos vertientes, la penal y la administrativa, en la que el denunciante ha tenido varias resoluciones que le dan la razón. La penal es la que ahora se archiva provisionalmente. La jueza Ana Rosa Rincón, titular del juzgado de instrucción 2 de Gernika, señala que en junio del pasado año el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sentenció la ilegalidad de la operación en este solar "no ser urbano al carecer de suministro de energía" y el resto de servicios como agua, acceso rodado o saneamientos. Ese auto del Superior añadió que "es expresiva de un urbanismo a la carta que no se compadece con el principio de subordinación al interés público ni con el principio de igualdad".

La jueza también se refiere a otro fallo de un juzgado de lo contencioso administrativo de Bilbao que anuló en octubre la licencia municipal que concedió el consistorio con la que se han edificado ya 16 viviendas en el barrio de San Miguel por la "indebida clasificación del suelo". 

El juzgado encargado de la investigación penal indica que "aun cuando se ha producido una ilegalidad administrativa" esto no es motivo suficiente para "que la acción pueda ser calificada como delictiva" en cuanto a la prevaricación. Sobre el tráfico de influencias, concluye que la relación entre el exalcalde y el constructor "ha sido meramente profesional" sin que existan influencias para "generar un beneficio económico".

En el auto de archivo, no se incide en el informe técnico contrario a la reclasificación ni al auto dictado por la Audiencia de Bizkaia, en marzo pasado, que vio indicios de delito. Tampoco se alude al informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, que ha fiscalizado la actividad de este consistorio de 2013, y concluyó que  el consistorio perdonó al constructor el pago de casi 200.000 euros en aprovechamientos urbanísticos al no existir un "amparo legal” para el acuerdo del consistorio de excluir “dichos derechos edificatorios”. El denunciante del caso ya ha anunciado que recurrirá este archivo provisional.

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