Los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, han solventado este jueves con su mayoría absoluta a modo de trámite las exigencias de la oposición en pleno para denunciar las irregularidades en las decenas de contratos adjudicados en Euskadi a las consultoras sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) el pasado mes de mayo. Nacionalistas y socialistas, cuyas instituciones son las que más han sido señaladas por el dictamen de la CNMC, han rechazado en el Parlamento Vasco un texto que pedía “esclarecer la posible implicación por acción o por omisión” de la Administración en lo ocurrido mediante una “investigación independiente y externa” e incluso a actuar contra las consultoras.

La nacionalista Itxaso Berrojalbiz y la socialista Sonia Pérez, exconsejera del Gobierno de Urkullu, han sido las encargadas de rebajar el alcance del caso mientras EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU, PP+Cs y Vox han coincidido en remarcar la “gravedad” de la investigación de la CNMC. Este organismo regulador ha puesto de manifiesto que un puñado de compañías se repartieron dos centenares de licitaciones públicas -correos electrónicos incluidos- y que un centenar de ellos se concentran en Euskadi, donde se originaron las primeras denuncias. “Debates como el de hoy, mucho de fantasía y poco de realidad”, ha sentenciado Berrojalbiz, que ha tenido el último turno de palabra antes de una votación ganada de antemano. Y así ha querido zanjar el asunto: “Fantasean con investigaciones al Gobierno vasco. Mentir es más fácil que decir que en Euskadi las instituciones están comprometidas con la rigurosidad. El Gobierno vasco es el mejor del Estado. Euskadi, primera posición en transparencia”. No ha olvidado recordar que dos de los expedientes irregulares en Euskadi eran del Ayuntamiento de Donostia cuando gobernaba EH Bildu y que hay casos también en comunidades en las que gobierna el PP, así como contratos de consultoría en los ministerios de Podemos. Pérez, por su parte, ha limitado el alcance del caso a como mucho “negligencias o errores puntuales”.

Desde la oposición, Josu Estarrona (EH Bildu) ha sentenciado que la sociedad vive “engañada” por el mito de buena gestión del PNV y ha hablado del “clientelismo tan arraigado en estas latitudes”, con “redes” que están “muy instaladas”. De hecho, ha deslizado que los empresarios sancionados por la CNMC son conocidos de los representantes del PNV. Estarrona ha rechazado también el argumento de que no hay prácticas irregulares de la Administración porque los órganos internos de control no las detectaron. Ha dicho que el Tribunal de Cuentas lo preside un exdirigente del PNV como es José Luis Bilbao, que la Oficina de Control Económico la dirige un exdirigente del PNV de Álava, Javier Losa, y que la Autoridad Vasca de la Competencia tiene como director de investigación a un excandidato de ese partido y como vocal a otra afiliada. Ha esgrimido también una sentencia de cuando se originó esta investigación en 2017 en la cual las empresas alegaban que no eran responsables porque tenían la cobertura de las instituciones en las licitaciones irregulares.

Precisamente el portavoz de PP+Cs, Luis Gordillo, ha mencionado que otro caso de Competencia, el del fraude de los contratos de comedores escolares, acabó con las multas a las empresas reducidas porque la Administración creó las condiciones para que se produjera el cártel. “Vencerán, pero no convencerán”, ha retado Gordillo a PNV y PSE-EE, y ha señalado que “esto es un terremoto con epicentro aquí”. Ha lamentado que nacionalistas y socialistas no apuesten por llegar hasta el final y los ha dibujado como “abogados defensores” de las empresas sancionadas y no como garantes del interés público.

Según David Soto (Elkarrekin Podemos-IU), el Gobierno no barre la suciedad y la esconde debajo de la alfombra. “Estas consultoras manipularon durante al menos 10 años. Estábamos en una época de apretarnos el cinturón mientras un grupo de amigotes con filiaciones políticas concretas manipulaban contratos”, ha denunciado. Ha deslizado que lo descubierto es únicamente “la punta del iceberg”. Ha mencionado 765 contratos con las consultoras, valoradas en 189 millones, y ha recordado que si el sobrecoste de las irregularidades fuese de solamente el 5%, el perjuicio para la Administración sería millonario. Y ha concluido que “de manera preventiva” el Ejecutivo podría no hacer contratos directos con las empresas implicadas aunque para prohibirles por ley su participación en concursos haga falta que el expediente de la CNMC supere otros trámites.

1 - El cártel del Norte, made in Euskadi. Una infracción única y continuada constitutiva de cártel. Así de clara y contundente es la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Los números: 200 contratos analizados correspondientes al periodo 2008-2018, de los que 173 han resultado ser irregulares, 101 corresponden al que ha sido denominado Cártel del Norte.

 A pesar del intento de Urkullu de poner al mismo nivel de afección a las comunidades autónomas y sus administraciones este pasado viernes en el Parlamento Vasco, lo cierto es que de ese centenar de contratos fraudulentos de la red norte, 85 corresponden a administraciones e instituciones vascas: Departamentos del Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Barakaldo o Sestao, la Diputación de Bizkaia, el Puerto de Bilbao o Bilbao Ekintza.

Deloitte, 97S&F, PwC, Idom, B+I Strategy, Gestiona XXI Consulting, son algunas de las empresas de la trama. Sus directivos: Azua, Ardanza, Andueza, Egia, Luzarraga, Manterola. Con estos datos parece lógico que la CNMC lo haya diferenciado del resto del estado español, o que la opinión escrita coincida en situar el epicentro de la trama aquí.

2 - Modus operandi, ofertas de cobertura.

“Sugería Marta que se le podía decir a RegioPlus para que decline la invitación, pero seguimos necesitando otra empresa y ya canta un poco que sea otra vez Deloitte”

“Mira bien con Leo el tema económico. Las bajadas que propones cantan mucho”.

Son ejemplos que sintetizan el hacer de estas empresas de consultoría. Las empresas contactan con otras empresas de su red de colaboración para simular una concurrencia obligada por ley, ya que para los contratos negociados sin publicidad se requiere invitar al menos a tres empresas. Presentar ofertas perdedoras, o erróneas o declinar la invitación en aquellas licitaciones que tras el reparto del mercado no te corresponden, estas son las llamadas “ofertas cobertura”. A lo largo del informe de 319 páginas se constata como en numerosas ocasiones son las propias consultoras son las que elaboran las ofertas de sus supuestos competidores. Esta práctica fraudulenta se da con ocultación, en beneficio propio y en detrimento del interés general.

 3 - Connivencia de las Administraciones.  

Si hay complicidad con las administraciones o no es algo que no ha quedado debidamente acreditado en la investigación de las autoridades de la competencia. De hecho es una de las cuestiones más importantes a aclarar y que justifican futuras acciones políticas y judiciales. A lo largo del informe hay varios ejemplos que insinúan connivencia con la administración licitadora: preparación de ofertas antes de publicación de las mismas, conocimiento previo de las empresas que la administración invita o incluso casos como el de la imagen donde se concluye que es incluso la propia empresa de consultoría quien elabora los pliegos que posteriormente la administración publica como suyos.

En la última sesión de control, un lapsus linguae le jugó una mala pasada al consejero Pedro Azpiazu al hablar de convivencia en vez de connivencia. Tampoco me parece una locura atendiendo a la creciente demanda y externalización de funciones propias del gobierno hacia estas empresas de consultoría. Tampoco un dislate vistas las puertas giratorias hacia estas consultoras de miembros y ex cargos del partido.

4 - Las siglas AVC, OCE y TVCP

 Pero además del papel de las administraciones en estas prácticas irregulares, también es imprescindible aclarar el papel de los órganos públicos de control, auditoría y fiscalización.

Empezando por la actual presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia, Alba Urresola y su relación con las empresas de consultoría sancionadas. La resolución de la CNMC tiene sus inicios en la investigación iniciada por la anterior presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia Pilar Canedo. A las tres semanas de asumir el cargo a propuesta del Gobierno de Urkullu, ya que es un cargo 'a dedo', Urresola encargó a BMASI de Sabin Azua el plan estratégico de la AVC. No será el único contrato. Pero lo más inquietante que la señora Urresola insistiese ante la CNMC para que constara en el detalle e información de la nota de prensa que informaba de la sanción de las consultoras que el origen de la investigación se originó a raíz de una denuncia, un matiz determinante ya que esta cuestión abriría la posibilidad de recurso a las empresas y directivos sancionados, algo así como echar un capote.

Siguiendo por la Oficina de Control Económico (OCE) del Gobierno Vasco capitaneada por Javier Losa (exburukide del Araba Buru Batzar). Llama la atención, o no, que no haya detectado nada durante todos estos años, teniendo en cuenta que más de un tercio de los mismos afectan al Gobierno Vasco y/o sus entes y organismos.

Y por último señalando algo que no sorprende a estas alturas: que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) cuyo presidente es José Luis Bilbao (PNV) tampoco la haya ni olido.

Esto no hace más que certificar que el modelo de los órganos de control y fiscalización de las administraciones públicas vascas está completamente agotado. Lo está en utilidad pero sobre todo lo está en credibilidad. Los medios de los que disponemos a día de hoy en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa no son suficientes para evitar  prácticas fraudulentas. Urge un órgano nuevo independiente y objetivo, no politizado, a favor de las buenas prácticas y contra las corruptelas y el clientelismo tan arraigado en estas latitudes.

5 - Higiene democrática 

Y es que el hecho de que ciertas prácticas sean habituales no significa que sean normales y no podemos aceptarlo como si lo fuesen. Se acumulan los casos que salen a la luz, y no sabemos este oscuro agujero qué dimensiones tiene. El último caso, el cártel de las consultoras, vendrán más. Llegaremos hasta el final, o al menos lo intentaremos. Y es que en el país digno que queremos construir y en el que aspiramos a vivir, este tipo de actuaciones no tienen cabida.

Argumento primero: “No se entienden las razones que justifican la interpelación suya al consejero de Economía y Hacienda para dar explicaciones de un expediente sancionador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuando el Gobierno vasco, lejos de ser parte en dicho expediente, en todo caso habría de ser considerado como una de las víctimas del supuesto cártel y de las supuestas prácticas restrictivas de la competencia”. Argumento dos: “La resolución acredita la afectación a licitaciones públicas en Andalucía, en Asturias, en Baleares, en Canarias, en Cantabria, en Castilla La Mancha, en Castilla y León, en Cataluña, en Ceuta, en Melilla, en la Comunidad Valenciana, en Extremadura, en La Rioja, en Madrid, en Murcia y en Navarra”. Argumento tres: los expedientes con irregularidades en la Administración autonómica son “únicamente 27”.

El consejero Pedro Azpiazu y el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, han negado con esas tesis ante la oposición en la sesión de control al Gobierno celebrada este viernes en el Parlamento Vasco cualquier “connivencia” o participación de la Administración autonómica con la trama de empresas que manipularon alrededor de dos centenares de adjudicaciones de consultoría en toda España y que ha sido destapada por la CNMC. El caso se originó en Euskadi, la mayoría de compañías señaladas tienen su sede en Euskadi y la mitad de los expedientes afectan a Euskadi y, de ellos, varios son del Ejecutivo autonómico y de sus organismos, incluida una licitación de la propia Presidencia vasca en la etapa de Patxi López y encargos de consejeros tanto de PSE-EE como de PNV. Como ha publicado este periódico, algunas de las empresas sancionadas intentaron precisamente ver mejorada su posición alegando que actuaban al amparo de lo que marcaban las instituciones, que alentaban las prácticas irregulares en las licitaciones. Las licitaciones se dieron también hasta 2018 en ámbitos más locales, principalmente en Bizkaia.

El primero en responder a preguntas sobre este caso ha sido Urkullu a instancias de Elkarrekin Podemos-IU, exactamente de su portavoz, Miren Gorrotxategi. El lehendakari ha respondido que el tema “no se circunscribe a las administraciones públicas vascas” porque “son múltiples las administraciones y entidades públicas afectadas”. Y ha añadido que “no son las Administraciones públicas las investigadas, sino las empresas”. “En la investigación de las licitaciones de los departamentos del Gobierno vasco no se ha acreditado indicio alguno de connivencia”, ha zanjado. Ha prometido también “colaboración” en cualquier nuevo paso al que derive esta investigación y que se entregará al Parlamento la documentación sobre los contratos señalados en el dictamen de la CNMC. Gorrotxategi ha denunciado que “en esta trama se han visto implicadas personas relevantes” del PNV. Y también ha remarcado que las empresas investigadas continúan contratando en la actualidad.

El segundo en hablar del cártel de las consultoras, con una intervención más larga, ha sido el consejero Azpiazu, interpelado por Luis Gordillo, representante de Ciudadanos dentro de la coalición PP+Cs. Este -que ha calificado como “don Pedro María” al titular de Economía y Hacienda- ha ironizado que es positivo que el caso haya tenido también derivadas fuera de Euskadi para haya sido investigado por la CNMC porque, de lo contrario, quizás habría quedado en nada si hubiera dependido de órganos vascos. Airado, Azpiazu ha considerado “impresentable” tal afirmación. “No puedo aceptarle en ningún caso la sospecha que ha dejado usted sobre la mesa de que si esto se hubiera analizado en Euskadi quizá no habría ido a ninguna parte, esto me parece absolutamente impresentable”, ha replicado. Y ha zanjado: “En resumen, señor Gordillo, ningún atisbo de connivencia con las empresas sancionadas en el caso del sector público de la comunidad autónoma de Euskadi”. Como Urkullu, Azpiazu también ha querido minimizar el impacto del caso, aunque en su caso asegurando que de las licitaciones vascas “únicamente 27” corresponden a la Administración autonómica. Gordillo ha afirmado, como precedente, que en el caso de los comedores escolares destapado en su día por la Autoridad Vasca de la Competencia hubo que reducir las sanciones a las empresas debido a que “las instituciones públicas, habían desarrollado un clima que hacía presagiar que las empresas no se estaban comportando contra el derecho”.

La presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC), Alba Urresola, ha dudado este lunes de que sea “la decisión más correcta” ampliar la investigación del cártel de las consultoras a los años 2018-2021. Esta trama de manipulación de contratos públicos estaba conformada por una veintena de compañías y ha actuado principalmente en Euskadi. El caso fue destapado la pasada semana por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y en él se enumeraban alrededor de 200 adjudicaciones irregulares entre los años 2009 y 2018 de las que casi la mitad eran de Administraciones vascas, tanto autonómicas como locales principalmente dirigidas por PNV y PSE-EE. El expediente se limita a recoger la responsabilidad de las empresas, si bien también menciona que no se ha analizado el papel de las instituciones por ser hechos prescritos en muchos casos aunque haya ejemplos de connivencia en este fraude, como un contrato del Puerto de Bilbao.

Urresola ha comparecido este lunes en el Parlamento Vasco para la presentación de su memoria anual y del plan de trabajo del organismo regulador que dirige desde mediados de 2017. No se trataba de la comparecencia extraordinaria que algunas formaciones como EH Bildu ya han demandado para conocer más detalles de un caso cuya investigación se inició en Euskadi en la anterior etapa de la AVC. Entonces la presidenta era Pilar Canedo y ahora ella es una de las vocales de la CNMC que ha firmado esta resolución. En ese mandato anterior también se destapó otro cártel, el de las empresas de 'catering' que se repartieron durante años los contratos del servicio de comedor de la escuela pública. Ese caso precisamente tuvo una segunda parte para analizar si las irregularidades constatadas en años anteriores se mantenían en el presente y la primera decisión de Urresola fue archivar esa causa al mes y medio de relevar a Canedo.

Aunque la presidenta de la comisión parlamentaria, Alaitz Zabala (PNV), ha recordado a sus señorías que el asunto de las consultoras excedía al orden del día, finalmente se han formulado algunas preguntas desde la oposición en torno a un tema de actualidad. Los socialistas, en cambio, no lo han mencionado y los nacionalistas se han valido de que lo haya gestionado un organismo estatal para reclamar que tenía que haber sido la autoridad autonómica de Competencia la competente de emitir el dictamen. Una de esas cuestiones, realizada desde la bancada de Elkarrekin Podemos-IU, ha sido en torno a si había algún plan o intención para analizar si la trama había seguido operativa en los últimos años, ya que las pesquisas se acotaron hasta 2018. Urresola ha admitido que técnicamente sería posible incoar una nueva investigación, pero no ha parecido verlo oportuno. “Podríamos ampliar el expediente pero, bueno, me parece que por economía de medios no sé si es la decisión más correcta o [habría que] esperar a ver qué pasa con la resolución y con las posibles impugnaciones en los tribunales”, ha asegurado. “Es muy pertinente continuar. El delito ha sido continuado. Me parece grave que no se siga investigando”, ha lamentado Gustavo Angulo, aunque ha mencionado la palabra “delito” cuando la resolución de competencia no entra en ningún caso en responsabilidades penales.

Desde EH Bildu, Josu Estarrona ha pedido también la opinión de Urresola sobre el papel de la Administración pública en esta trama y Luis Gordillo, de PP+Cs, ha mencionado igualmente el tema de las consultoras. La presidenta de la AVC, sin entrar en consideraciones propias, se ha limitado a destacar el trabajo de la CNMC y a resaltar la obviedad de que si las irregularidades han sido “continuadas” en el tiempo es porque era “un comportamiento que estaba arraigado en cierto modo”. En todo caso, Urresola ha insistido en que la CNMC tiene muchos más medios que su equivalente autonómica, que solamente dispone de 14 personas. “Si no hay denuncias, es muy difícil” iniciar asuntos de envergadura de oficio, ha insistido. En 2020, el organismo regulador incoó 32 expedientes sobre conductas anticompetitivas y solamente uno de ellos terminó en una sanción.

“Necesito una oferta de cobertura para Lehendakaritza. Es para el proyecto siguiente: [Asistencia técnica para la identificación y definición de recomendaciones de mejora de la gestión del entramado institucional vasco]. Te llegaría en breve una invitación. ¿Puedes ayudarme?”. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha destapado esta semana una trama de manipulación de contratos de consultoría en toda España en la que se ha acreditado que las empresas que participaban en las licitaciones actuaban de manera concertada para repartírselas. La investigación se originó en Euskadi y el resultado arroja que 91 de los alrededor de 200 contratos del cártel a nivel general se corresponden con instituciones vascas, tales como el Gobierno vasco y sus organismos, las tres diputaciones y los cuatro principales ayuntamientos (Bilbao, Vitoria, Donostia y Barakaldo). Están gestionadas en su mayoría por PNV o PSE-EE aunque hay dos casos de una sociedad pública de Donostia cuando el alcalde era de EH Bildu, Juan Karlos Izagirre. Y en la lista está incluida una adjudicación de la Presidencia vasca al que corresponde ese mensaje de 2011, cuando el lehendakari era el socialista Patxi López. En aquella etapa las duplicidades en la Administración vasca estuvieron el centro del debato político. Deloitte se llevó el contrato, gestionado por el secretario general de la Presidencia, Manuel Salinero, con una rebaja de cero euros sobre el precio inicial ya que las otras dos empresas que 'aspiraban' a llevárselo finalmente no presentaron presupuesto como tenían apalabrado.

En aquel Gobierno del PSE-EE hay más contratos incluidos en el dictamen de la CNMC, de más de 300 páginas. Afectan a otros cuatro consejeros. Cinco de ellos corresponden a quien era titular de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Iñaki Arriola, en la actualidad consejero de una cartera muy similar (Planificación Territorial, Vivienda y Transportes) en el gabinete de coalición con el PNV de Iñigo Urkullu. “La invitación os llegará desde el Gobierno vasco-Dpto de Vivienda. Se trata de un contrato negociado sin publicidad y cuyo objeto es la organización de una jornada sobre financiación de las políticas de vivienda [...]. Necesito por favor que me des cobertura con este tema. En este caso con enviar una carta de renuncia es más que suficiente”, se puede leer en los mensajes que se cruzaron las empresas que aspiraban a un contrato del área de Arriola. Si el precio base del concurso fue de 52.800 euros, el ahorro que ofreció la empresa ganadora, de nuevo Deloitte, fue de apenas 200. Hay otras tres licitaciones manipuladas en el área de Empleo y Asuntos Sociales de la consejera Gemma Zabaleta, y un expediente tanto en el área de Sanidad de Rafael Bengoa como el de Medio Ambiente de Pilar Unzalu, recientemente fallecida.

A finales de 2012 y principios de 2013 se produjo el relevo en Ajuria Enea y llegó Iñigo Urkullu. Hasta 2016 gobernó en solitario el PNV y desde entonces en coalición con el PSE-EE. No hay en esta etapa adjudicaciones en Presidencia pero sí en seis áreas diferentes . La CNMC ha hallado irregularidades en seis contratos de Empleo y Políticas Sociales, a cuyo frente estuvo el actual alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, en dos de Salud, con Jon Darpón (dimitido en 2019 por las oposiciones médicas de Osakidetza), y en uno de Medio Ambiente (Ana Oregi, ahora en el Ayuntamiento de Vitoria), Desarrollo Económico (Arantxa Tapia, en el cargo), Educación (Cristina Uriarte, asesora de Urkullu) y Gobernanza Pública (Josu Erkoreka, al frente de Seguridad). Asimismo, aparecen mencionadas licitaciones en otros organismos autonómicos como Bioef, la SPRI o Innobasque.

La investigación de la CNMC se ha saldado con 6,3 millones de euros en sanciones a las empresas implicadas. Son un total de 22 las mercantiles mencionadas, muchas de ellas con sede social en Euskadi y sostiene Competencia que el fin del cártel era “manipular el mayor número de licitaciones de forma sostenida en el tiempo”. Se han descubierto casos durante 10 años. Deloitte es la compañía que ha recibido la multa de mayor cuantía, 3,99 millones de euros. Las otras empresas vascas condenadas son BMASI Strategy, Competitividad Desarrollo e Innovación, Factor Ideas Integral Services, Gestiona XXI Consulting, IDOM, Innovisions 21, Uliker (PKF Attest) o 97 S&F. Han sido sancionadas igualmente otras grandes como Price Waterhouse Coopers (PWC) o Everis.

El 'modus operandi' se aplicaba básicamente en los contratos llamados “negociados”, a medio camino entre la adjudicación directa o 'a dedo' y los concursos. En ellos la Administración invita a tres empresas en busca del mejor presupuesto. Sin embargo, la adjudicación estaba teledirigida para que una fuese la ganadora y lo que se hacía era que las otras dos ofertas fuera “de cobertura”, esto es, presentadas mal a propósito o directamente no presentadas. “Nos damos cobertura mutua de cara a la presentación de concursos públicos”, se puede leer en uno de los cientos de mensajes incorporados al dictamen. Es habitual que la empresa previamente elegida sea la que seleccione libremente a sus 'rivales' o incluso la que elabore por ella las 'ofertas'. “Como siempre, pondrían el nombre de su empresa ya que nosotros elaboraríamos su 'propuesta'”, confirma otro correo relacionado con un contrato en la Diputación de Bizkaia.

Otro 'mail' -en este caso sobre una licitación en el Ayuntamiento de Bilbao- hace de resumen de la trama: “Necesitamos hacer tres propuestas diferentes para que nos lo adjudiquen. Me explico. Una ppta. sería la de S&F (ésta la tenemos que hacer bonita y bien... no hace falta que sea muy larga...) y otras dos de cobertura... utilizaremos a Deloitte y a otra empresa (que la tengo que pensar...). Por lo tanto, lo primero va a ser que pongas en formato propuesta el documento que elaboraste con el detalle de las horas (te lo adjunto) y luego te tienes que imaginar otras dos propuestas 'perdedoras'... Creo que me explico... Si no, me llamas, ¿vale?”. El autor es Leandro Ardanza, de 97S&F y a quien “bastaba un simple correo electrónico para solicitar o aceptar el encargo”. Otro de los implicados es Sabin Azua, hermano de quien fuera vicelehendakari Jon Azua y administrador de BMASI. La socia de Deloitte Ana Andueza es otra de las personas “más activas”. Según la CNMC, había dos tramas, una que operaba en la zona norte de España con epicentro en Euskadi y otra de ámbito nacional.

Y hay más conversaciones: “¿Cómo va todo? Espero que bien... Otra vez necesito, por favor, que me des cobertura en un concurso por invitación a 3 empresas que va a sacar en estos próximos días la DFB - Departamento de Cultura, relacionado con la elaboración de un plan de viabilidad del proyecto Guggenheim Urdaibai, por un importe de 60.000€. ¿Puedo contar contigo?” “Uf! En este tema no sé si voy a poder ayudarte y no es que no quiera, pero hace un año nos presentamos a un proyecto de viabilidad e impacto económico que sacó el Museo para Urdaibai y no nos lo dieron, les hemos presentado varias cosas y espero tener alguna opción en el futuro: Creo que en este... momento... sonaría muy raro presentarnos a esto. Es la primera vez que te pongo una pega y no sabes lo que lo siento. Espero que lo entiendas y que no sea problema para futuros negociados”.

Las sanciones, sin embargo, señalan a la concertación de las empresas pero no a la Administración. Lo aclara Competencia: “No se están analizando en este expediente (por considerar el Consejo que habrían estado prescritas cuando tuvo conocimiento de ellas) las posibles responsabilidades que pudiera tener alguna de las administraciones mencionadas en este expediente en infracciones puntuales de la competencia en que podrían haber jugado un papel de facilitador de la conducta”. Se mencionan algunos casos flagrantes de connivencia de los organismos adjudicadores. En el Puerto de Bilbao, una infraestructura del Estado pero cuya gerencia es propuesta por la Administración autonómica, hay cuatro expedientes investigados. En uno de 2016, es un directivo del puerto, Luis Gabiola, quien informa a Deloitte que va a ir “organizando” el contrato para un estudio de impacto ambiental. Ana Andueza, de Deloitte, avisa al Puerto de que “deberían” sacar una licitación de 60.000 euros para que puedan llevarse la cantidad “acordada”, que era 59.000. El responsable del Puerto indica que “para hacer negociado sin publicidad son hasta 49.999 euros”. Por ello, Gabiola le promete para el mes siguiente “otro parecido por otros 10.000 euros” para cuadrar la promesa.

En 2016, el presidente de la autoridad portuaria era Asier Atutxa, del PNV. En 2018 abandonó el cargo y fichó por PWC. Ahora es el responsable de la zona norte y de las áreas de “Transporte, Turismo, Logística y Gobierno” en España. Su sustituto fue Ricardo Barkala, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Bilbao, antes viceconsejero de Aburto en el Ejecutivo vasco y antes concejal. Precisamente el Ayuntamiento de la capital vizcaína es uno de los mayores focos de adjudicaciones irregulares. Hay 26 expedientes tanto del Consistorio como de sociedades vinculadas como Cimubisa (BilbaoTIK) o, sobre todo, Bilbao Ekintza, que es “una entidad municipal que promueve la generación de riqueza económica y social para Bilbao, potenciando la ciudad como destino atractivo a la inversión, a la creación y crecimiento de empresas, mejorando las oportunidades de acceso al empleo”, según su web oficial.

En 2016, esa sociedad pública hizo un 'Análisis de usos e impacto de la plaza de toros de Vista Alegre'. Se lo llevó Deloitte por 58.000 euros. “Necesitaría una cobertura para un trabajo que estamos preparando sobre la Plaza de Toros de Bilbao, es con Barkala pero lo va a contratar Xabier Otxandiano. ¿podrías darnos cobertura? Mil gracias”, le escribía Andueza a Azua buscando teledirigir la licitación. EH Bildu ha pedido este jueves la comparecencia del concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo, Otxandiano, para que explique la relación del Ayuntamiento de Bilbao con las empresas, informa Europa Press. “Pedimos una explicación que nos aclare cómo han podido llevarse a cabo estos repartos de contratos entre unos pocos y exigimos responsabilidades”, ha denunciado por su parte el PP bilbaíno. EH Bildu también ha presentado iniciativas a nivel foral -en los mensajes aparece el nombre de Igor Camaño, jefe de gabinete del diputado general de Bizkaia- y autonómico.

Otros ayuntamientos en los que ha habido licitaciones denunciadas por Competencia son los de Sestao (PNV), Barakaldo (en la etapa del PSE-EE), Abanto-Zierbena (PNV, dos adjudicaciones) y Vitoria (en la etapa reciente del PNV, para el programa Smart Cities de 2016). En Donostia hay dos casos en Fomento de San Sebastián. Son de 2011 y 2012, durante la etapa de EH Bildu aunque el gerente lleva siendo el mismo desde 2005. Hay diez expedientes en la Diputación de Bizkaia -y cuatro en sus sociedades públicas-, cuatro en Gipuzkoa -y dos en Bidegi- y uno en Álava. La red se benefició también de contratos del Basque Culinary Center, de Tabakalera, del clúster Eiken o de la Cámara de Comercio de Bizkaia.

El caso del cártel de las consultoras ha sido completado por la CNMC, pero se inició por la Autoridad Vasca de la Competencia bajo la presidencia de Pilar Canedo. En esa etapa también se destapó otro cártel, el de los comedores escolares. Fueron condenadas varias empresas de restauración por repartirse durante años los diferentes lotes de la mayor contrata de Educación. Se estimó el fraude en 80 millones de euros. Este periódico, además, reveló que un grupo de empresas de un cargo del PNV, Aitor Elorza, accedió a nueve contratos teledirigidos de la Dirección de Juventud del Gobierno vasco. En esas licitaciones 'competían' entre sí diferentes marcas de la misma empresa o terceras mercantiles que, por sistema, presentaban ofertas erróneas. El grupo Montai, dedicado a la organización de eventos, también ha copado adjudicaciones en otras áreas de la Administración, como el Instituto de la Memoria (Gogora), Hazi o Tknika. Los contratos a tres manipulados han aparecido también en tramas como el 'caso De Miguel', aunque en aquella ocasión se probó que detrás había una red de cobro de comisiones ilegales.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) destapó la pasada semana un cártel de hasta 15 empresas que se repartían tres tipos de contratos de la sociedad estatal de infraestructuras ferroviarias (Adif), los de electrificación y mantenimiento del AVE y, en tercer lugar, los de mantenimiento de las líneas convencionales, para maximizar sus beneficios hasta en un 20%. En este último caso, se ha descubierto que se manipularon “al menos” 239 licitaciones y que las irregularidades se originaron en 2002, según las pruebas recopiladas por la CNMC. Se da la circunstancia de que el primer contrato de esa larga lista era una adjudicación en Irún.

La documentación de la CNMC muestra a las claras que el cártel conformado por las empresas Cobra, Elecnor, Siemens, Semi, Inabensa, Cymi, Isolux, Electren, Comsa, Indra, Neopul, Telice, Eym y Citracc, además de por Alstom, que denunció los hechos y colaboró con la investigación operó en toda España y también en Euskadi. Fueron ocho las licitaciones en las que se interesó este grupo de empresas. El cártel resultó adjudicatario en cinco de ellas y facturó casi 2 millones de euros [VER TABLA ADJUNTA]. A ello habría que sumar otros contratos no territorializados correspondientes a la zona Norte de Adif, que engloba un ámbito territorial más amplio.

Según fuentes de la CNMC, la falta de competencia entre las empresas -o la simulación de ella en concursos manipulados- elevaba de manera clara el coste real del servicio, hasta en un 20%. Ese sobrecoste habría sido de 400.000 euros en Euskadi, teniendo en cuenta esa cifra. El organismo de control explicó que tras esta investigación activará por vez primera un mecanismo legal previsto desde hace unos años en España y que podría suponer la prohibición de que estas empresas vuelvan a contratar con la Administración. 

La vocal de la CNMC y expresidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia, Pilar Canedo, ya planteó esta posibilidad en una entrevista con este periódico al hilo de otras investigación como el cártel de los comedores de la escuela pública vasca o el de las contratas de basuras, que operó en toda España. Canedo ha emitido un voto particular a la resolución sobre las contrataciones de Adif, que se resuelve con multas de hasta 118 millones a las empresas y 666.000 a los directivos. Canedo, sin embargo, estima que la sanción no puede ser equivalente al beneficio ilícito ya que, además, ha de ser “disuasoria”. “Y para que una multa sea disuasoria resulta imprescindible que sea sensiblemente superior al beneficio ilícito”, sostiene Canedo.

La presidenta de la comisión de investigación celebrada en 2018 en el Parlamento Vasco en torno al cártel empresarial que conformaron el grupo Auzolan de MCC –que opera con las marcas Auzo Lagun, Magui y Goñi-, Eurest -que tuvo dos denominaciones-, Tamar, Gastronomía Baska y Gastronomía Cantábrica para repartirse la contrata de comedores escolares de Euskadi y maximizar sus beneficios ha entregado ya a todos los comisionados un borrador de conclusiones después de que los trabajos se acabaran el pasado mes de diciembre. En el apartado de “hechos probados” del documento redactado por Larraitz Ugarte (EH Bildu), al que ha tenido acceso eldiarionorte.es, se alude a que estas irregularidades, destapadas en su día por la Autoridad Vasca de la Competencia bajo la presidencia de Pilar Canedo, han supuesto “un sobrecoste mínimo de 7 millones de euros anuales” y que “ha quedado acreditado” que ello “se ha repetido a lo largo de diez años”.

Según este dictamen preliminar, tras escuchar a Competencia, a responsables de Educación y a las empresas, “queda acreditada la práctica concertada de reparto del mercado de la prestación de los servicios escolares”. “Se trata de un caso grave de 'bid rigging'”, incide Ugarte, que subraya que “los precios por los que se ofrecían los menús [en la escuela pública] eran más caros de lo que habrían sido de no haberse producido esta concertación”. La presidenta sostiene que el daño económico afecta de manera directa “a las familias usuarias vía cuota de comedor” y, de manera indirecta, “a toda la ciudadanía” al haberse incrementado el presupuesto de la mayor contrata de Educación. El modelo de comedores, ideado en 2000 por un consejero de EA, Inaxio Oliveri, se financiaba en un 65% con cargo a la Administración y en un 35% mediante el pago de los usuarios.

Competencia impuso una sanción histórica de 18 millones a las empresas contratistas del servicio de comedores por haberse repartido el mercado. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ratificó la existencia de graves irregularidades en respuesta a cada uno de los recursos de las compañías afectadas, pero redujo la multa en un 40% al entender que la responsabilidad empresarial es menor si “año tras año” y “sin reserva alguna” los contratos tenían el visto bueno de “la Administración convocante”.

Culpa 'in vigilando' de la Administración

Ugarte estima que en la comisión de investigación “no se ha podido acreditar que se haya producido ningún tipo de colaboración o connivencia entre las empresas sancionadas y los responsables técnicos o políticos del Gobierno vasco”, si bien sí estaría acreditada la “inacción de la Administración”. Habría una “culpa 'in vigilando'” por un fraude que se prolongó “nada menos que diez años”. “¿Cómo es posible que una Administración no actúe y sancione a unas empresas que la han engañado?”, se pregunta la presidenta de la comisión de investigación.

Así las cosas, como “conclusión final”, Ugarte plantea que “se debe hablar de responsabilidades a nivel técnico, político y económico. En el plano de la Administración, ”la falta de control y seguimiento“ por parte de los funcionarios ”es notoria“ y resulta ”incomprensible que se haga un fraude de esta magnitud si existen y funcionan los mecanismos de control“. A nivel político, la presidenta sitúa el foco en la Viceconsejería de Administración y Servicios de Educación, responsables directos de la ”gestión y desarrollo del modelo de comedores de gestión directa“. Desde 2000 hasta 2009 Educación tuvo consejeros de EA, desde 2009 hasta 2012 gobernó el PSE-EE -fue responsable la actual ministra, Isabel Celaá- y desde entonces dirige esa cartera la 'jeltzale' Cristina Uriarte.

Este documento, de diez folios y datado a 19 de marzo, ha sido enviado ya al resto de partidos políticos representados en la comisión. El texto está abierto a aportaciones y hay prevista una reunión del grupo de trabajo para el 10 de abril, justo antes del parón por la campaña electoral. Tras su análisis en comisión, el dictamen tendrá que ser refrendado también en el pleno del Parlamento. La comisión de investigación, la única de la legislatura y que ha pasado de puntillas por la agenda parlamentaria, fue impulsada por la oposición -EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP- contra el criterio del Gobierno, si bien a última hora PNV y PSE-EE no se opusieron. Desde que inició sus trabajos en abril de 2018 y hasta diciembre ha celebrado nueve sesiones, en las que han pasado 31 comparecientes y se ha analizado abundante documentación

Mientras se ha discutido largamente en torno a la posibilidad de constituir una comisión de investigación en el Parlamento Vasco en torno a las irregularidades en las oposiciones médicas de Osakidetza -y el debate volverá la semana que viene-, la Cámara tenía abierta otra comisión, en este caso por el cártel de empresas que, durante años, se repartieron la mayor contrata del Departamento de Educación, la de comedores escolares de los centros públicos. Ello supuso un sobrecoste para la Administración y, en última instancia, para las propias familias usuarias. Los trabajos de este foro, que ha pasado bastante inadvertido, se han dado ya por concluidos y se espera que en los próximos días la presidenta de este grupo de trabajo, Larraitz Ugarte (EH Bildu), presente un borrador de conclusiones.

El caso de los comedores escolares lo destapó la Autoridad Vasca de la Competencia en la etapa de Pilar Canedo. Fijó una sanción histórica de 18,1 millones de euros a varias empresas: el grupo Auzolan de MCC –que opera con las marcas Auzo Lagun, Magui y Goñi-, Eurest -que tuvo dos denominaciones-, Tamar, Gastronomía Baska y Gastronomía Cantábrica. Se hallaron pruebas de que actuaron de manera concertada para repartirse el mercado y maximizar beneficios y se estimó que esa práctica fue sistemática entre 2003 y 2015. Algunos cálculos fijaron el sobreprecio por encima del 30%, de modo que un escolar pudo llegar a pagar hasta 1.040 euros de más en los primeros ocho cursos escolares en los que operó el cártel. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco confirmó las irregularidades pero planteó una rebaja de las multas al entender que la desidia de la Administración dio a entender a las contratistas que estaban obrando adecuadamente. La vía penal, en cambio, quedó archivada.

Durante la comisión, como publicó este periódico, se puso de manifiesto que existió una segunda investigación sobre la contrata de comedores a partir de 2015. Fue puesta en marcha por el equipo de Canedo en Competencia pero archivada cuando fue relevada en la presidencia de ese organismo por Alba Urresola. Un informe ponía de manifiesto que los cambios introducidos por Educación -aunque en efecto produjo ahorro económico- todavía generaban situaciones anómalas. Por ejemplo, había zonas geográficas en las que competían por el mismo contrato dos empresas del mismo grupo (MCC) y que en el único lote en que participaba la empresa que denunció los hechos los precios de la competencia eran más bajos que en el resto.

Por el Parlamento han pasado numerosos comparecientes. Canedo y Urresola escenificaron sus diferencias sobre el alcance de las irregularidades. Igualmente, la comisión de investigación ha escuchado a los exconsejeros vascos de Educación, incluida la actual ministra-portavoz, Isabel Celaá. Terminadas las declaraciones hace tres meses, la presidenta ultima ahora en su borrador de dictamen todas estas comparecencias y el análisis de la abundante documentación aportada. Posteriormente, abrirá el informe a las aportaciones de los grupos antes de su aprobación definitiva. La oposición (EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP) dispone de mayoría para aprobar unas conclusiones en contra del criterio del Gobierno. Esa suma heterogénea ya posibilitó la creación de la propia comisión.

Tres meses después de su última sesión, la comisión de investigación creada en el Parlamento Vasco para investigar el papel del Departamento de Educación en la adjudicación de la contrata de 'catering' para los comedores de la escuela pública se ha reactivado este miércoles para escuchar a la expresidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia, Pilar Canedo, impulsora de la investigación que destapó el cártel de empresas que se repartieron durante una década ese servicio logrando maximizar sus beneficios. Canedo, que ha insistido en que hay pruebas abundantes y abrumadoras que confirman esta “concertación” entre Auzo Lagun, Cocina Central Magui, Cocina Central Goñi (las tres del grupo Mondragon), Gastronomía Cantábrica, Gastronomía Baska, Eurest y Tamar, ha destacado el elevado coste económico que estas irregularidades acarrearon para la Administración, los contribuyentes y, desde luego, para las familias usuarias del servicio.

Canedo ha destacado el “nivel de gravedad” muy elevado de lo ocurrido en Educación. Con gráficas, ha mostrado cómo por sistema las mismas empresas ganaban siempre los mismos lotes o áreas geográficas en que el Gobierno dividía la contrata. Es más, cuando se modificaron los lotes, el nuevo reparto se ajustaba exactamente al anterior si se analizaba en clave territorial. Había empresas homologadas para distribuir menús escolares en más zonas pero se limitaban a gestionar la suya, en la que no tenían competencia de otras cocinas. “¿Qué pasa con los precios? Presentan ofertas al precio máximo. Es difícilmente creíble que vayan al precio máximo si no sabían de antemano que iban a sacarlo”, ha explicado la ahora vocal de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC).

Según la expresidenta de la Competencia vasca, el primer contrato en que se introdujeron algunos cambios en el sistema de adjudicación del servicio ya “se verificó un ahorro de 7 millones” haciendo “un cálculo conservador”. Pero la sospecha de irregularidades se mantiene en el actual marco de contratación del 'catering' escolar. De hecho, al poco de que se destapara en 2016 este caso entró una segunda denuncia en Competencia y Canedo abrió una nueva investigación. En ella aparecieron indicios llamativos como que dos marcas de la misma empresa (Mondragon) 'compitieran' entre sí por los mismos lotes o que los precios de las empresas del cártel fuesen sustancialmente más baratos en la única comarca en la que presentó su oferta Aibak, la empresa denunciante de este caso en un inicio y que nunca antes había sido homologada para acceder a este contrato.

Canedo ha confirmado la existencia de esta segunda parte del caso de los comedores, adelantado por eldiarionorte.es, aunque ha dado algunos detalles de los problemas internos que tuvo para sacarla adelante. Según ha indicado, los responsables internos de investigación se oponían a seguir analizando esta denuncia y el pleno de la Autoridad Vasca de la Competencia encargó por ello un informe externo a un experto de la Universidad de Chicago en el que se daban por probadas las anomalías. Esas conclusiones “llevaron a la convicción de que sería necesario analizar con más profundidad” el caso. “Pero se me nombra en la CNMC y dejo de tener conocimiento del caso”, ha indicado. A la vez, otra vocal, Natividad Goñi -que ha acompañado a su excompañera en la Cámara-, presentó su dimisión por diferencias de criterio y el nuevo equipo que asumió el control de este organismo, encabezado por Alba Urresola, decretó como primera medida el archivo de esta investigación. Urresola manifestó en la comisión de investigación que ese informe “no era válido” y que debería primar el criterio del equipo propio de Investigación.

Urresola también dijo que no hay constancia de que hubiera “connivencia” del Gobierno en las irregularidades. Canedo, en cambio, ha recordado que el propio Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, al confirmar el fraude, rebajó la sanción a las empresas por la corresponsabilidad de la Administración. “Fueron muchos años y no se reaccionó”, ha resumido Canedo, que ha insistido en que las sanciones bajas existentes para luchar contra estos casos de concertación no disuaden a las empresas infractoras.

La comisión continuará sus trabajos en las próximas semanas. Una de las comparecencias más esperadas es la de la exconsejera de Educación entre 2009 y 2012, período incluido en la investigación, Isabel Celaá, actual ministra del ramo y portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez. También están citados otros exresponsables educativos de Euskadi.

En 2016, la Autoridad Vasca de la Competencia impuso una sanción histórica a siete empresas de catering por haber conformado un cártel para repartirse la contrata de comedores de los colegios públicos, la mayor del Departamento de Educación, con el ánimo de maximizar sus beneficios. El período analizado comprendía los años 2003-2015. Sin embargo, al poco tiempo se inició una segunda investigación del sistema de reparto de comedores escolares instaurado en 2015 y vigente hasta hoy. La empresa denunciante era la misma, Aibak, que entendía que las empresas sancionadas seguían repartiéndose el mercado. El nuevo equipo al frente de Competencia, dirigido por Alba Urresola, archivó este expediente en una de sus primeras decisiones tras ser propuesta para el cargo en sustitución de Pilar Canedo. Aibak, con todo, reiteró su denuncia ante la la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), institución para la que había sido nombrada Canedo. La CNMC, por carecer de competencias, derivó el expediente a Euskadi y la AVC, por segunda vez, archivó la causa. Urresola, sin embargo, ha explicado este viernes en el Parlamento Vasco -que ha creado una comisión de investigación en torno al fraude de los comedores escolares- que ese tercer expediente sigue vivo, porque Aibak ha mostrado su intención de recurrir el archivo administrativo ante la Justicia ordinaria.

Este periódico publicó que Competencia había archivado en 2017 la segunda denuncia de Aibak en torno al fraude en los comedores a pesar de un informe económico elaborado por el profesor de la Universidad de Chicago Juan Santaló que constataba irregularidades en la contrata. Concretamente, se centraba en probar cómo en el único área geográfica de Euskadi en la que aspiraba al servicio la empresa Aibak, la empresa competidora ofertaba un precio mucho más bajo que en el resto de comarcas. Es más, en esta contrata 'competían' entre sí para lograr la adjudicación dos marcas de la misma empresa, Auzo Lagun, el cátering del Grupo Mondragon y que opera en los comedores vascos con los nombres de Ausolan, Magui y Goñi.

La mayoría del pleno de Competencia, a pesar de las reticencias internas del equipo de Investigación, ordenó analizar esta segunda denuncia en profundidad, lo que motivó la contratación del asesoramiento externo de Santaló. Sin embargo, la salida de Canedo a la CNMC motivó un cambio de mayorías y la aprobación de un dictamen que, según ha indicado Urresola en la Cámara, estimaba que “punto por punto” las conclusiones del informe externo “no eran válidas”. Esta circunstancia motivó la dimisión de otra vocal de la AVC, Natividad Goñi. Todo estos hechos se concentraron en julio del pasado año.

En septiembre, Urresola ya había sido propuesta para el cargo y con ella se nombró a Enara Venturini como relevó de Goñi. En estas circunstancias, en octubre ya se procedió al archivo de la segunda causa sobre los comedores. “No existían indicios de infracción”, ha reiterado este viernes en al menos media docena de ocasiones Urresola. Se ha referido asimismo al informe de Santaló para garantizar que “no se ha obviado nada” porque ese trabajo “está estudiado” e incorporado al expediente, sólo que desechado, entre otras cosas porque el análisis de precios realizado se basa en “estimaciones” y porque no se corresponde con el objeto de la denuncia. Urresola ha dicho desconocer quién y por qué se contrató al experto externo, si bien es información pública del Portal de Transparencia que fue adelantada por eldiarionorte.es el pasado año.

La presidenta de la AVC ha revelado que Aibak -a la que en la comisión se ha calificado de “contumaz” por sus denuncias- no se detuvo ahí. Tras el portavoz en Euskadi, dirigió sus miras a Madrid, a la CNMC, en la que Canedo ejerce ahora de vocal. Pero este organismo estatal se inhibió por falta de competencias y la AVC recibió, por lo tanto, un tercer expediente sobre los comedores escolares en noviembre de 2017. Según Urresola, las denuncias eran tan similares que apenas se entró al fondo de la cuestión y se archivó por cuestiones de forma. “Son idénticas, no existen indicios”, ha remarcado Urresola, que ha detallado que ese carpetazo se produjo en 2018, concretamente en enero. Pero Aibak, según ha manifestado, mantiene viva la batalla jurídica. La empresa ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo en busca de amparo. Como el asunto está 'sub iudice', Urresola ha preferido no dar más detalles.

Sin “connivencia” con la Administración

El objeto de la comisión de investigación del Parlamento es determinar si las irregularidades en los comedores escolares fueron sólo motivadas por el cártel empresarial o también hubo responsabilidades políticas. Precisamente, las sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que acreditaron la existencia de fraude en el período 2003-2015 rebajaron la multa económica a las empresas porque esas anomalías no se pudieron producir sin la participación de la Administración.

Según Urresola, no hay constancia de que hubiera “connivencia”. Es más, ha añadido que en el Departamento de Educación “ha desfilado mucha gente desde 2003”, dando a entender que sería muy difícil poner de acuerdo a tantas personas en el fraude. “No es muy objetivo determinar eso”, ha dicho para finalizar su larga comparecencia parlamentaria, de más de dos horas.

La comisión de investigación creada en el Parlamento vasco para analizar las anomalías en la contrata de comedores de los colegios públicos entre 2003 y 2015, unos hechos destapados por la Autoridad Vasca de la Competencia al entender que las empresas adjudicatarias del servicio se repartieron el mercado para maximizar beneficios, ampliará el foco para analizar también el actual sistema. Competencia, bajo la presidencia de Pilar Canedo, inició una segunda investigación al entender que se mantenían las irregularidades e incluso encargó un informe externo para confirmar esos extremos, pero el expediente quedó archivado tras el relevo en la presidencia del órgano de control, ahora dirigido por Alba Urresola tras la marcha de Canedo a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC).

Según ha acordado en su sesión de este martes el foro parlamentario, a la luz del informe de Santaló adelantado por eldiarionorte.es, tanto Canedo como el autor del informe, Juan Santaló Mediavilla, se sumarán a la lista de comparecientes junto a la propia Urresola, ya prevista en la relación inicial. La propuesta ha contado con el apoyo de los tres partidos de la oposición, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP, los mismos que en su día impulsaron la creación de la comisión. El PNV, en cambio, ya había recordado por boca de Mikel Arruabarrena que prefería acotar los trabajos al período 2003-2015.

Estos acuerdos han llegado después de una larga comparecencia de la principal empresa implicada en el cártel de los comedores, Ausolan, del grupo cooperativo Mondragon y dueña de tres de las siete compañías sancionadas, Auzo Lagun, Cocina Central Magui y Cocina Central Goñi. Las otras cuatro firmas son Eurest, Tamar Las Arenas, Gastronomía Baska y Gastronomía Cantábrica, que irán pasando por la Cámara en las próximas sesiones. La ejecutiva María López ha ejercido de portavoz de las tres firmas de Mondragon y ha repetido en varias ocasiones que “no ha existido ni existe ni existirá acuerdo colusorio ni con otras empresas ni con el Gobierno” y que “no se ha producido” quebranto económico en la contrata de comedores, ni para la Administración “ni para las familias”.

López ha pasado de puntillas por la sanción impuesta por Competencia tras su primera investigación -“basada únicamente en indicios”- y por las sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que la confirman, aunque es cierto que redujeron la multa inicial de 18 millones en un 60% por considerar que no sólo eran culpables las empresas sino también Educación por su falta de control para evitar las irregularidades en un concurso que curso a curso se llevaban siempre las mismas empresas y con precios más elevados que los ofertados en la escuela concertada. Sin embargo, sí ha destacado un decreto de la Fiscalía -que no supone cosa juzgada en derecho penal- en el que archivaba una investigación penal por estos mismos hechos tras una petición precisamente del Parlamento Vasco. En esta línea, ha lamentado que una empresa “que está en el top” y que “hace comedores y no comederos” haya sufrido “altísimos daños reputacionales”.

La empresaria ha indicado que Ausolan se limitó a seguir los pliegos redactados por el Gobierno y ha recordado que unos laboratorios (Araba) homologaban previamente a las empresas que podían prestar el servicio. Ha añadido que la contrata vasca es “un referente” en España por ser “más exigente” que las de otras comunidades autónomas y que “por ser precisamente un referente de calidad muchas empresas, grandes multinacionales, que han querido entrar aquí no han podido”. “El resultado de las adjudicaciones es consecuencia directa de los pliegos del Gobierno vasco. Es un mercado profundamente intervenido y mediatizado por la Administración”, ha querido zanjar López.

Desde la bancada de Elkarrekin Podemos, José Ramón Becerra ha esgrimido precisamente el informe de Santaló adelantado por este periódico para señalar algunos puntos oscuros en los contratos recibidos por las empresas de 'catering' del grupo Mondragon y que afectan a los servicios vigentes. Básicamente, ha remarcado que hay dos lotes -el contrato se divide en 18 áreas geográficas- en los que se presentaron para 'competir' entre sí dos compañías interrelacionadas. Ambas ofrecieron un precio cercano al máximo con una diferencia de apenas 0,01 euros.

También ha puesto sobre la mesa el lote número 9, en Gipuzkoa, el único al que se presentó en 2015 la empresa que había denunciado las irregularidades anteriores y que sistemáticamente se había quedado fuera. En este concurso, Aibak ofreció un precio mejor que la media de las empresas implicadas en el cártel sancionado por Competencia pero su competidora Auzo Lagun planteó una oferta notablemente inferior a la que había presentado en el resto de colegios de Euskadi. Becerra ha preguntado por dos veces a López si realizaron esa maniobra para “expulsar” a Aibak del mercado y sólo a la segunda la ejecutiva ha admitido que fue una decisión “estratégica pura y dura” en términos de volumen de negocio. La compareciente no ha escatimado en críticas hacia Aibak. Entre otras reflexiones, ha subrayado que “no cumplió los requisitos”. “Se le reconoció la capacidad productiva pero no la calidad y seguridad alimentaria”, ha abundado.

Un informe elaborado por el doctor en Economía de la Universidad de Chicago Juan Santaló Mediavilla concluye que actualmente se mantienen las irregularidades en la contrata de comedores de los colegios públicos, la mayor del Departamento de Educación. La Autoridad Vasca de la Competencia descubrió que entre 2003 y 2015 las empresas adjudicatarias se repartieron el mercado e inflaron los precios del servicio y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, al analizar los recursos a esa resolución, añadió la corresponsabilidad de la Administración al no poner coto al fraude. De cara al curso 2015/2016, Educación modificó el sistema de contratación y Competencia abrió una segunda investigación por los mismos motivos. Sin embargo, tras un relevo en la presidencia de este órgano de control. ese expediente quedó archivado a pesar de que se había encargado un informe externo en el que se desgranan las abundantes anomalías de un servicio valorado en unos 85 millones anuales.

El informe, fechado en junio de 2017 y al que ha tenido acceso eldiarionorte.es, se centra en uno de los 18 lotes o áreas geográficas en que se reparte el contrato de 'catering' para la enseñanza pública. Se trata del lote 9, con centros de Gipuzkoa, y es el elegido porque es el único en el que se presentó una empresa ajena al cártel sancionado por Competencia y que conformaban Auzo Lagun, Cocina Central Goñi, Cocina Central Magui -estas tres de Ausolan, del grupo Mondragon-, Eurest, Tamar Las Arenas, Gastronomía Baska y Gastronomía Cantábrica. Esa empresa era Aibak, la que en su momento denunció las irregularidades en el sistema anterior hasta el punto de que su gerente, ya fallecido, adivinó ante notario qué empresas iban a gestionar cada uno de los lotes en el siguiente curso escolar.

Aibak no resultó adjudicataria porque Auzo Lagun, una de las varias marcas de Ausolan, el 'catering' de Mondragon, presentó una oferta tremendamente competitiva. Esa oferta estaba “entre un 24,47% y un 54,92% por debajo de la media de Auzo Lagun” en el resto de zonas geográficas, según ha descubierto el informe de Santaló Mediavilla. Aibak, que había presentado unos precios mejores que la mayoría del coste del servicio en resto de Euskadi, se vio fuera por el sorprendente movimiento de este 'catering'.

“La oferta es excepcional en relación al propio comportamiento de Auzo Lagun en el resto de lotes”, sostiene el dictamen, que desgrana que esa excepcionalidad se repite en los cinco aspectos clave del servicio, el precio de los menús cocinados en el centro, las comidas traídas de las cocinas centrales, coste de los monitores, coste de los cocineros 'in situ' y coste del personal en la central. Y esto ocurre “justamente donde oferta un nuevo entrante, Aibak”.

“Presentaba un coste del menú in situ de 2,15 euros y de 4,08 para el menú transportado”, detalla el informe, que subraya que son precios un 25% y un 50% más baratos que los ofrecidos por la misma empresa en otros lugares. El coste medio total por comensal son 7,87 euros en la propuesta de Aibak por 8,13 euros de media en las empresas sancionadas por repartirse el mercado, mientras que Auzo Lagun lo rebaja a 6,14 euros en el único lote con competencia ajena a este grupo de empresas. El informe apunta que el propio Departamento de Educación vio “desproporcionada” esta oferta y “requirió a la empresa que justificara dicho importe”. Auzo Lagun entregó un informe con explicaciones que recibieron el visto bueno de la Administración pero que, según este informe, son argumentos irreales.

La compañía de Mondragon indicó que sus costes de personal eran menores por ser una empresa grande, de 4.300 trabajadores, y con flexibilidad para cubrir bajas y sustituciones. Sin embargo, esos ahorros no se repercuten en el resto de Euskadi, donde las tres marcas de Ausolan acaparan casi la mitad del mercado. En la misma línea, también se alude a ahorros en formación, absentismo y conflictividad laboral que sólo existirían, supuestamente, en el lote 9. Abunda Auzo Lagun que el hecho de haber prestado el servicio con anterioridad le permite recalcular el precio y ofrecer un ahorro, pero esa rebaja en el coste no la plantea en otras áreas en que se reproduce esta situación.

Finalmente, Auzo Lagun argumenta que el lote 9 es el más cercano a sus cocinas de Irún, a apenas 11 kilómetros. Ese dato es correcto y el resto de zonas de Gipuzkoa estarían más alejadas, con el consiguiente encarecimiento del servicio. No obstante, la central de Aibak está también a 17 kilómetros. El informe aplica complejas fórmulas matemáticas para estimar que esa diferencia apenas supondría unos céntimos por menú y no los casi dos euros.

Fue Aibak quien denunció por segunda vez las presuntas irregularidades en esta contrata -que ha supuesto del orden de 1.000 millones de euros desde que se implantó este modelo externalizado- al apreciar que los cambios tras la primera investigación no habían sido efectivos. Competencia abrió un segundo expediente y apoyó sus análisis internos con este dictamen independiente. La causa, sin embargo, quedó archivada tras la salida de la anterior presidenta, Pilar Canedo, ahora vocal en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, y la llegada de Alba Urresola.

Como publicó este periódico, una de las primeras decisiones de la nueva etapa fue cerrar este espinoso asunto, que ha motivado una comisión de investigación en el Parlamento Vasco impulsada por la oposición. Aunque inicialmente Urresola manifestó que “desconocía” si había una investigación al respecto, tuvo que reconocer que sí la había y que había quedado cerrada. “Tras el exhaustivo análisis de los pliegos, la conclusión a la que llegó la investigación es que no existían indicios de infracción. La propuesta era de no incoación del expediente y de archivo de esta denuncia”, informó en la Cámara a los pocos meses de su llegada al cargo.

El Parlamento vasco acordará la semana que viene con toda probabilidad, a pesar del criterio contrario de los partidos de Gobierno (PNV y PSE-EE), la apertura de una comisión de investigación en torno al fraude millonario en la mayor contrata del Departamento de Educación, la del servicio de comedor de los centros escolares de la red pública. La propuesta es fruto de un acuerdo entre Elkarrekin Podemos y PP ya firmado hace varios meses al que se sumará también EH Bildu.

El escrutinio final de las elecciones de 2016 arrojó un cambio respecto a los resultados provisionales de la noche electoral: la oposición tiene en la Cámara un escaño más (38) que los de los socios de Gobierno (37). Ese reparto de fuerzas, además, se ha ratificado ahora que la representante de Elkarrekin Podemos Pili Zabala ha vuelto al escaño tras varios meses de baja médica. Es precisamente este regreso el que ha reactivado una iniciativa en 'stand by' desde noviembre y que, sin Zabala, no tendría visos de prosperar.

Al no tener ni PP ni Elkarrekin Podemos los votos suficientes para propiciar en solitario una investigación -se exige un mínimo de 15 escaños-, ambas formaciones se han acogido a otra previsión recogida en el artículo 59 del Reglamento de la Cámara y han formalizado una solicitud conjunta. En ella recuerdan que el fraude en los comedores escolares, que consistió en un cártel entre las empresas de 'catering' que supuso un encarecimiento del precio pagado por la Administración y, por extensión, de la tarifa que abonan las familias por el servicio, fue descubierto por la Autoridad Vasca de la Competencia en una investigación que ha sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

PNV y PSE-EE se opondrán

Las fuentes parlamentarias consultadas explican que el deseo de Elkarrekin Podemos y PP es llegar “hasta el final” con el “doble objetivo” de determinar la “responsabilidad” de Educación en este fraude y el quebranto económico que supuso para las arcas públicas. EH Bildu no ha presentado ninguna enmienda de totalidad y sólo ha planteado un ajuste del texto para que, además de la investigación, el Gobierno realice en el plazo de tres meses un “diagnóstico” del servicio de comedores escolares. Desde los grupos proponentes ven perfectamente asumible alcanzar un acuerdo a tres bandas en los días que faltan hasta el pleno en que se votará la creación de la comisión, un asunto ya incorporado al orden del día de la sesión del próximo jueves.

Los partidos que sostienen al Gobierno, sin embargo, se opondrán a esta iniciativa. PNV y PSE-EE ya han registrado una enmienda de totalidad conjunta en la que recuerdan las medidas ya adoptadas la pasada legislatura, entre ellas el rechazo a la comisión de investigación. En aquella ocasión, los nacionalistas acusaron a los impulsores (entonces PP, UPyD y EH Bildu) de querer extender la sombra de la corrupción en Euskadi. Sobre la forma de la cuestión se limitan a reclamar de manera genérica que el Gobierno continúe “mejorando y profundizando en la eficacia y eficiencia en la prestación y contratación del servicio público de comedores escolares”.

Sanción histórica y segunda investigación archivada

El caso de los comedores escolares fue destapado en 2016. Ese año, la Autoridad Vasca de la Competencia propuso una sanción de 18 millones -la más elevada de su historia- contra las empresas Auzo Lagun, Cocina Central Goñi, Cocina Central Magui (las tres de MCC), Eurest, Tamar Las Arenas, Gastronomía Baska y Gastronomía Cantábrica. Se consideró probado que desde el año 2003 y hasta 2011 y entre 2013 y 2015 se habían concertado para repartirse las distintas áreas geográficas en que se repartía el contrato de comedores y para maximizar sus beneficios. El sobreprecio pudo alcanzar el 30%, lo que se traduce en unos 1.040 euros de más por cada familia usuaria durante el período analizado.

El asunto llegó incluso a motivar una investigación de la Fiscalía del País Vasco, cuyo titular entonces, Juan Calparsoro, archivó la causa al creer la versión de los empresarios, que declararon que no existía ningún tipo de mercado cerrado. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia ha rechazado uno a uno los recursos de las empresas sancionadas, que recurrieron la multa impuesta por Competencia. Eso sí, a pesar de dar por probadas las irregularidades, redujo la cuantía de las sanciones en un 60% al entender que las empresas actuaron de aquella manera por la desidia del Gobierno vasco, una de las cuestiones en las que quiere incidir, precisamente, la comisión de investigación.

El sistema de comedores escolares luego cuestionado se puso en marcha en el año 2000. Hasta 2009 fueron consejeros de EA (formación ahora integrada en EH Bildu) los responsables de Educación, de 2009 a 2012 la responsabilidad recayó en el PSE-EE y desde entonces hasta ahora en el PNV. De cara al curso 2015/2016, el equipo de la consejera Cristina Uriarte modificó parte del sistema de adjudicación del servicio, lo que ya generó un ahorro de 7 millones de euros anuales.

Sin embargo, la empresa que puso en conocimiento estos hechos -Aibak, que llegó a 'adivinar' ante notario cuáles serían las empresas ganadoras del concurso año a año- volvió a dirigirse a Competencia para alertar de que el fraude continuaba en marcha a pesar de los cambios introducidos. Con el nuevo sistema, Aibak recibió por vez primera la homologación para optar a uno de esos lotes territoriales, pero perdió la pugna contra MCC en la comarca en la que compitieron. Una de sus marcas, Auzo Lagun, ofrece el servicio de cocina a un coste medio de 2,70 euros por comensal, aunque en el único lote en el que pugnó Aibak ese precio se bajó hasta los 2,26 por el mismo servicio. Asimismo, había áreas geográficas en las que únicamente competían entre sí dos marcas de la propia MCC.

Como adelantó eldiarionorte.es, estos hechos motivaron una segunda investigación por parte de Competencia, que llegó a solicitar un informe externo para analizar los nuevos datos. En el medio del proceso, la que fuera presidenta de este organismo de control, Pilar Canedo, salió del cargo tras ser nombrada como vocal de la CNMC estatal. La primera decisión de su sucesora, Alba Urresola, fue archivar este expediente. En su primera comparecencia parlamentaria, PP y Elkarrekin Podemos preguntaron a Urresola por esta investigación y la primera respuesta de la presidenta fue asegurar que desconocía el asunto. Tras las repreguntas de la oposición, terminó por admitir que sí existía esa causa y que se le había dado carpetazo.

La nueva presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia, Alba Urresola, ha iniciado su primera comparecencia en el Parlamento Vasco, concretamente en la comisión de Educación, motivada por el cártel de empresas que durante más de una década se repartieron la mayor contratada de Educación, el servicio de comedores escolares, dejando constancia de que las irregularidades detectadas forman parte del trabajo del equipo de su predecesora, Pilar Canedo: “Son temas que se han tratado antes de mi mandato”. Sin embargo, la primera gran decisión de Urresola en el escaso mes y medio que lleva en el cargo ha sido precisamente el archivo de la segunda investigación en torno a las irregularidades en la contrata del 'catering' escolar.

El caso de los comedores fue destapado en febrero de 2016. Competencia impuso a siete empresas una histórica sanción de 18 millones de euros al dar por acreditado que se habían repartido el mercado para maximizar beneficios, con el consiguiente perjuicio para los usuarios. Una familia pudo llegar a pagar hasta 1.040 euros de más durante ocho cursos en los que estuvo vigente el cártel. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en cuatro sentencias, ha validado la investigación de Competencia, aunque dos de las compañías señaladas han mostrado su deseo de llevar el pleito hasta el Tribunal Supremo, según la información aportada por Urresola. Asimismo, y como adelantó eldiarionorte.es en agosto, aunque el Gobierno había modificado el sistema de contratación -con un ahorro estimado de 7 millones de euros anuales-, en 2016 se inició una segunda causa al interpretarse que algunos de los vicios del anterior sistema no se habían corregido.

Los portavoces de Elkarrekin Podemos y PP en la comisión, José Ramón Becerra y Juana Bengoechea, han preguntado a Urresola por el alcance de esta segunda investigación. “Estaremos atentos sobre si los nuevos modelos pueden suponer algún tipo de problema. Si hay una investigación interna, lo desconozco. Tenemos una resolución de febrero de 2016”, ha indicado Urresola en su primera respuesta. Y ha añadido: “Fruto del debate parlamentario, hubo una elevación a la Fiscalía y sí que hay un pronunciamiento. El fiscal superior archivó el caso por no ver indicios penales en el asunto. De fraude no sería lo más apropiado hablar: hay un archivo de la Fiscalía”.

En el turno de réplicas, la oposición ha repreguntado a la presidenta por el asunto. Y Urresola ha aportado más información: “Ha salido algún tipo de noticia, efectivamente. [...] Efectivamente, hubo una denuncia en marzo de 2016 de una empresa. Esto dio origen a una fase de información reservada en la que el equipo de investigación realizó todas las diligencias. Tras el exhaustivo análisis de los pliegos, la conclusión a la que llegó la investigación es que no existían indicios de infracción. La propuesta era de no incoación del expediente y de archivo de esta denuncia”. Ya tras la sesión, Urresola ha confirmado a los periodistas que el archivo de la causa se ha producido en estos últimos días, ya con ella en el cargo. 

La oposición, por su parte, ha destacado la gravedad de los hechos probados en torno a las contratas de comedores escolares. Eva López de Arroyaba (EH Bildu) ha hablado de que la gestión de este servicio “no puede ser un negocio” y que en Euskadi ha sido “el negocio del siglo”. Asimismo, ha revelado que las empresas sancionadas (Auzo Lagun, Cocina Central Goñi, Cocina Central Magui, Eurest, Tamar, Gastronomía Baska y Gastronomía Cantábrica) han enviado al Parlamento escritos muy similares rechazando ofrecer explicaciones públicas.

Becerra (Elkarrekin Podemos) ha cuantificado el quebranto total para las arcas públicas en 85 millones de euros y se ha preguntado si “el Gobierno es colaborador necesario en el fraude que se ha producido” o sólo ha sido un problema de las empresas. En la misma línea, Bengoechea (PP) ha apuntado que la “administración desleal” puede ser sancionada “incluso aunque no haya lucro” por parte de los gestores públicos. “Estamos escandalizados”, ha remarcado. Desde el PNV, David Latxaga ha criticado el “interés en reavivar este asunto” por parte de determinados partidos con tal de desgastar al Ejecutivo. “Este tema ha sido largamente debatido. Estamos ante una suerte de día de la marmota”, ha zanjado. 

En su antiguo despacho de madera de la imponente Universidad de Deusto, junto a la ría, María Pilar Canedo Arrillaga (Bilbao, 1968) está empaquetando algunos de sus montones de libros y documentos en cajas de cartón. Canedo, catedrática experta en derecho internacional y económico, acaba de abandonar tras cinco años la presidencia de la Autoridad Vasca de la Competencia para pasar a ser vocal de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Con Canedo, este organismo regulador autonómico ha adquirido notoriedad y ha destapado casos como el cártel de los comedores de la escuela pública (18 millones en multas) o el amaño del contrato para el gran proyecto del alcalde Eneko Arruebarrena (PNV) en Leioa, el polideportivo de Pinosolo. Las denuncias anónimas y las investigaciones abiertas se han multiplicado, subraya Canedo en la conversación con eldiarionorte.es. Entre las cajas que ha empaquetado ha dirigido una a quienes continúan al frente de Competencia en Euskadi. En ella se incluyen casos de gran calado rayanos a la corrupción y que podrían ir saliendo a la luz en los próximos meses.

Deja la presidencia de la Autoridad Vasca de la Competencia. ¿Alguien ha respirado aliviado en el Gobierno vasco?

¿Alivio? [Risas] No lo sé. Tengo que decir que siempre me han tratado muy bien tanto en el Gobierno vasco como en otras Administraciones con las que he trabajado. El trato personal ha sido impecable. No tengo consciencia…

Usted ha encabezado duras investigaciones y han llegado contundentes sanciones económicas. ¿Ha contado con todos los medios materiales y humanos deseables?

La autoridad ha sido, en España, de las más activas y de las que más resultados ha obtenido. Pero la verdad es que haría falta, como mínimo, el doble de gente. En el último tiempo, de hecho, ya hemos empezado a experimentar una ralentización de la resolución de los asuntos debido a la falta de personal. Está bien dotada, por ejemplo es la única de España que tiene a todos los consejeros con dedicación exclusiva, pero creo que tiene insuficiencia de medios técnicos para poder analizar un tanto por ciento relevante de las posibles disfunciones que existen en la sociedad.

Es decir, ¿ha habido un tanto por ciento relevante de casos que no se han podido investigar por falta de medios?

Detectar ilícitos es extraordinariamente complejo. Lógicamente, cuantos más medios tienes, a más sitios se puede llegar. ¿Qué hay un tanto por ciento muy relevante de casos que no se han detectado? La respuesta es claramente sí. Es lo mismo que sucede en todas las sociedades, lamentablemente. Los ilícitos de competencia, como los delitos, son secretos por naturaleza y muchos no se llegan a detectar porque es muy complicado. Hablamos de ilícitos económicos y los más complejos se llevan a cabo lamentablemente por gabinetes jurídicos que dedican mucha energía a que esas conductas sean ocultas porque se obtiene un rendimiento económico extraordinario.

¿De qué sectores hablamos?

Desgraciadamente, de muchísimos. No creo que haya ningún sector de la economía que sea ajeno a los ilícitos de competencia. El sector servicios es muy relevante pero también la industria. Es algo universal.

¿Ha sufrido algún tipo de presión externa?

La verdad es que no he sentido presión.

[En la localidad vizcaína de Leioa se proyectó un gran complejo deportivo en la zona de Pinosolo. Competencia demostró que la adjudicación, de unos 50 millones de euros, estaba teledirigida para beneficiar a unas determinadas empresas. En la Justicia ordinaria, sin embargo, el asunto no prosperó porque había prescrito]

Ustedes fueron la única instancia que tomó medidas contra un concurso millonario amañado. ¿Competencia se ha convertido en un último recurso para combatir casos de corrupción?

Por matizar, creo que hay que hacer una distinción entre corrupción y competencia. Lo que sucede es que cuando hablamos de corrupción vinculada a contratación pública, prácticamente siempre hay ilícitos de competencia además. Pero, en fin, creo que esa separación la tiene que tener clara la gente. Muchas veces los ilícitos de competencia se llevan a cabo sin que exista una voluntad dolosa. Y, aunque la hubiera, en todo caso, nosotros nos ocupamos exclusivamente de la responsabilidad administrativa. Dicho esto, creo que hemos tenido la conciencia clara de que para la sociedad es muy ventajoso que los contratos públicos se realicen con transparencia y con igualdad de oportunidades entre los operadores. Si existen esas circunstancias, los ciudadanos obtienen dos cosas. La menos importante, menores precios. Y cuando la Administración paga precios más bajos el dinero público se puede dedicar a más objetivos. Y, la más importante y menos visible, mejores servicios. Es verdad que son más baratos [los contratos], pero es que además son mejores. Los ciudadanos nos merecemos los mejores servicios posibles lo más barato posible. Competencia ha ejercido modestamente la responsabilidad que tenía de sacar a la luz, frenar y sancionar los ilícitos de los que hemos encontrado pruebas. Para mí, una de las grandes satisfacciones ha sido que el ‘caso Pinosolo’ haya sido confirmado por los tribunales [que ratificaron la resolución sancionadora de Competencia]. Hay conductas que se venían llevando a cabo toda la vida y que ya no se pueden llevar a cabo porque son negativas para la sociedad, generan un sobrebeneficio para los empresarios que pagamos los ciudadanos. Y eso no puede ser.

Ha hablado de prácticas “de toda la vida”. ¿Considera que amañar contratos ha sido lo habitual?

La normativa de contratación ha evolucionado de manera muy rápida en los últimos tiempos. Gracias a los cambios que se han operado en el ordenamiento jurídico español por las directivas de la UE, prácticas que se consideraban legales en un momento determinado ya no lo son. Históricamente la Administración ha actuado de una forma que hay que cambiar. Tiene que garantizar el interés general. Pero, en fin, por no generar alarma social, habría que decir que en un tanto por ciento importante de supuestos las Administraciones actúan de manera muy correcta y en otro tanto por ciento actúan de manera incorrecta pero sin que haya nadie que se lleve dinero, por desconocimiento de los cambios legislativos. No creo que sea positivo hacer una lectura maniquea y decir que todo es un desastre. Hay cosas que no funcionan bien y tenemos que conseguir entre todos que los cambios a mejor sean lo más rápido posible.

[En 2016, en la mayor sanción de su historia, Competencia multó a siete empresas por repartirse durante décadas el servicio de comedores de los colegios públicos vascos]

Su nombre quedará asociado a la millonaria sanción por el cártel de los comedores. ¿Qué había detrás?

Se consideró acreditado (y hay cuatro sentencias de las siete que se esperan que lo han confirmado) que las empresas habían llegado a un acuerdo que les generaba más beneficio a ellas y una desventaja económica para el interés general, para la Administración. En las sentencias se dice que la Administración debería haber reaccionado más rápido, que hubo pasividad. Se ha recibido un peor servicio y a un peor precio. Eso es lo que debemos evitar entre todos. Si siempre se llevaban el contrato las mismas empresas, eso nos debería hacer pensar. Y hay que mirar si es razonable que sólo se presente una empresa a un contrato. No siempre habrá un ilícito en estos casos, pero es algo que hay que analizar.

¿Es posible que haya un acuerdo de tal magnitud durante décadas sin conocimiento de la Administración?

Sí, es tan posible que la OCDE y la UE han sacado directrices contra esa práctica que tiene un término técnico en inglés, ‘bid rigging’. Es algo generalizado. Lo que hacen estas empresas para dar una apariencia de competencia y engañar a la Administración es pactar quién se lleva el contrato y cómo serán las otras ofertas. Es dificilísimo determinar que existe ese amaño porque la Administración recibe una documentación en la que hay una apariencia de competencia. Tenemos que luchar entre todos contra eso.

Pero en el caso concreto de los comedores, ¿dos décadas de irregularidades han sido posibles sin el conocimiento de la Administración?

Simplemente voy a decir ante esa cuestión que es algo que debe analizarse.

Usted se va a la CNMC, que hace unos años probó la existencia de un cártel de la basura por el cual las grandes compañías contratistas se habían repartido la limpieza de las ciudades de toda España durante años.

Para mí lo más importante a este respecto es que la normativa de contratación pública y la normativa de competencia, desde hace poco tiempo, prevén una sanción que todavía está muy poco analizada en el ordenamiento jurídico español pero que está en fase de desarrollo. Se trata de la prohibición de contratar con las Administraciones públicas por parte de aquellas empresas que han sido sancionadas por una infracción de competencia. Es algo que no existía y que se introduce en la última reforma. Implica que, como en el caso de las basuras, cuando una empresa ha sido objeto de una sanción que sea firme (lo cual lleva algún tiempo), la Administración tiene imposibilidad de contratar con ella. Esta medida, que es muy reciente y no se ha llegado a poner en marcha, creo que va a ser más relevante desde la perspectiva de la disuasión para las empresas que las sanciones. Las multas [100 millones por el cártel de las basuras a FCC, ACS o Cespa] parecen altísimas, pero las empresas obtienen un beneficio extraordinario de la comisión de las infracciones. La existencia de multas muchas veces no es suficiente para disuadir a las empresas. Por eso se establece esta medida nueva de prohibición de contratar con la Administración, que es lo que pondría fin a esta práctica. Es algo muy importante para poner en marcha.

¿Podría ser posible, en el caso de la limpieza, prestar el servicio cuando casi todas las empresas potentes del sector estaban implicadas en el reparto del mercado?

Eso es justo que lo dicen los ‘lobbies’ empresariales. Muchísimos abogados de empresa dicen que hay que tener cuidado porque va a haber mercados en los que no se pueda prestar el servicio. Mi perspectiva es que es un argumento que sólo busca proteger a las empresas infractoras. Prácticamente no habría ningún sector en el que se dejase de prestar el servicio. Entrarían otras empresas a prestar el servicio de manera limpia, aunque vengan de fuera. De lo que se trata es que las empresas tengan el incentivo para no cometer la infracción. Y hay otro elemento: si a pesar de que llevas muchos años cometiendo irregularidades te pones en contacto con la Administración y te acoges a lo que se llama 'programa de clemencia' y pones en nuestro conocimiento lo sucedido, no te afectará la prohibición de contratar. Para las empresas sería tan fácil como actuar de manera legal.

Uber, Cabify. ¿Progreso o amenaza?

Evidentemente es progreso. ¿Es una amenaza para quién? Los ciudadanos reciben mejor servicio y más barato. Prácticamente en todos los casos. Y no hay una limitación de acceso al mercado. No se justifican licencias cerradas para el transporte de personas en coche. En mi opinión, con las limitaciones que debe tener cualquier operador (que pague impuestos y las exigencias de seguridad mínimas), creo que se genera una competencia muy sana para nuestra sociedad. Lógicamente, eso genera una situación de desconfianza en un operador que ha venido prestando el servicio en régimen de monopolio y, como cualquier monopolista, intenta proteger su posición de ventaja. Siempre ha sido así históricamente.

¿Y los pisos turísticos?

Exactamente la misma respuesta. Hay que tener en cuenta posibles alternativas a los establecimientos tradicionales. Poner limitaciones a la entrada en el mercado es negativo para la sociedad.

¿Por qué la prensa, la música o el cine tienen que aceptar de buen grado la competencia gratuita de plataformas de Internet, muchas veces ilegal, y otros sectores tradicionales como el taxi y los hoteles se movilizan?

En nuestra sociedad hay un peso poco transparente de ‘lobbies’ empresariales. Creo que cada uno protege sus intereses y hay sectores que por el sobrebeneficio que han tenido históricamente tienen medios para ejercer ese ‘lobby’. Como sociedad, no debemos asumir que las ventajas para un sector lo sean para el conjunto de la sociedad.

Un partido político, el PP, ha presentado en el Parlamento Vasco una propuesta para evitar el control político del órgano regulador tras su salida y evitar que, como en el Tribunal de Cuentas, la presidencia recaiga en el dirigente de un partido. ¿Cree que los poderes públicos tienen la tentación de buscar árbitros comprados?

He estado presidiendo un órgano autonómico y ahora soy vocal en el órgano estatal con el régimen legal existente, así que yo creo que es más una cuestión de personas. Creo que he actuado de manera independiente según mi leal saber y entender y como he entendido más positivo para la sociedad. Dicho esto, cuantas más medidas se adopten por parte de la Administración y por parte del legislador para garantizar la independencia en los reguladores, mayores ventajas para la sociedad. Esta semana se ha publicado en el Parlamento europeo un documento sobre la preocupación por la independencia de las autoridades de Competencia y qué medidas se pueden adoptar para incrementarla. Es imprescindible que cualquier regulador actúe con criterios estrictamente técnicos y para eso hay muchas cautelas que adoptar. Todas las que se adopten me parecerán adecuadas.

A las dificultades del Gobierno para cumplir su propio calendario legislativo -únicamente ha aprobado cerca de media docena de leyes, incluidos los dos proyectos de Presupuestos que ha logrado sacar adelante gracias al PSE-EE- se unen también las reprimendas que está cosechando desde ámbitos como el Consejo Económico y Social (CES) por ejemplo en la Ley de Cajas. Ahora es la Autoridad Vasca de la Competencia -organismo independiente que vela por que la producción legislativa o los acuerdos entre empresas no afecten negativamente a los ciudadanos cercenando la libre competencia- la que ha puesto en cuarentena el anteproyecto elaborado por el Ejecutivo de Urkullu en relación a las profesiones del deporte.

Entre otras cosas, en un duro informe al que ha tenido acceso eldiarionorte.es, Competencia apunta que la ley elaborada por el Gobierno “implica menos creación de empleo y menos incentivos a la innovación y la mejora en la prestación de los servicios”. Y además agrava el acceso profesional a los profesionales. A juicio de este organismo, la actual redacción del anteproyecto dificultará las condiciones de acceso a estas profesiones, porque se crean “barreras de entrada” e influye negativamente los usuarios, que tienen “menos posibilidades de opción y precios más elevados en los servicios que reciben”.

“El anteproyecto no ha explicitado los beneficios específicos que supone la limitación a la libertad de prestación de servicios generada por la exigencia de concretas titulaciones y por la compartimentación de actividades de ”monitor“, ”entrenador“ o ”director deportivo“. Por lo tanto no puede considerarse acreditada su necesidad para garantizar la salud y seguridad de los deportistas”, valora el informe.

La legislación actual -La Ley del Deporte Vasco- no prevé un vínculo concreto entre las titulaciones existentes y la prestación de servicios profesionales en este campo. Salvo una excepción: la profesión de educación física, que tiene la categoría de profesión titulada y sujeta además a colegiación, según el marco de regulación educativa.

El anteproyecto del Ejecutivo de Urkullu crea las denominadas profesiones de “monitor”, “educador” y “director” y pretende realizar una “reserva de actividad” para todas ellas, así como una “parcelación” de las actividades que, en principio y a falta de decretos de desarrollo posteriores, puden realizar cada una de esas profesiones.

Para la Autoridad Vasca de la Competencia, órganismo independiente presidido por María Pilar Canedo, en el informe emitido al anteproyecto, “la reserva de actividad tiene consecuencias negativas en primer lugar para los prestadores de servicios que ven agravadas las condiciones de acceso al mercado correspondiente (es decir, se crean barreras de entrada)”, apunta. Pero también incide negativamente en los usuarios de estos servicios, porque “tienen menos posibilidades de opción y, en general, precios más elevados en los servicios que reciben. ”Esto implica menos creación de empleo y menos incentivos a la innovación y la mejora en la prestación de los servicios“.

Sanciones imposibles de controlar

En la exposición de motivos que acompaña al anteproyecto, el Ejecutivo argumenta la “innegable” necesidad de regular este campo ante la incidencia de algunas profesiones del deporte en la salud y seguridad de los deportistas. E incluso afirma que dichas actividades han venido asumiéndose por personas carentes de una “adecuada formación” y respecto de colectivos especialmente sensibles (como niños y niñas o jóvenes en edad escolar).

La última información relativa a este sector está ligada a la persecución de un supuesto fraude a la Seguridad Social. Las visitas que los inspectores de Trabajo están girando a centros educaticos y clubes deportivos -la última de ellas en Bizkaia la pasada semana- para comprobar si los monitores que entrenan a los equipos se encuentran dados de alta en la Seguridad Social han desconcertado a la comunidad educativa. Esta actividad de los inspectores, dependientes del Ministerio por tratarse de la Seguridad Social, ya se ha saldado con varias multas a los colegios o a las asociaciones de padres y madres de los centros que organizan las actividades extraescolares, que consideran una persecusión innecesaria.

Al margen de esa polémica, Competencia señala que el Ejecutivo no ha detallado la supuesta incidencia negativa  de las actividades desarrolladas hasta el momento en este ámbito laboral, “ni ofrece tampoco datos que muestren la necesidad de la protección de los fines públicos constitucionalmente relevantes que puedan justificar una limitación a la libertad de prestación de servicios”.

El informe aprecia “inseguridad jurídica” y subraya que se cierra el mercado con la creación de un registro, el diseño de nuevas sanciones, la reserva de denominación, la formalización de los contratos por escrito o la delimitación de las actividades a prestar“. Y destaca que el catálogo de sanciones administrativas y disciplinarias ”difícilmente pueden ser objeto objeto de control efectivo por parte de la Administración por lo que su consideración de infracciones puede ir en contra de los principios básicos del derecho administrativo sancionador. Entre otras cosas, porque no existen colegios profesionales -salvo en un caso- que puedan velar por el cumplimiento de la “larga y profusa lista de obligaciones que tienen que cumplir las personas que prestan los servicios en las actividades mencionadas”, bien como monito, educador o director deportivo.

La ley limita también la publicidad de aquellos “servicios sobre los que no exista la evidencia de sus efectos beneficiosos para la salud, quedando prohibida la publicidad de aquellos servicios o productos-milagro”. El informe cree, por contra, que el Gobierno no ha acredidato “que esta limitación a la publicidad resulte necesaria teniendo en cuenta los cauces ya existentes de protección del interés general”, entre otros através de la regulación ya existente en materia sanitaria y en la de competencia desleal (en materia de publidad engañosa)“.