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Competencia archiva la segunda investigación por irregularidades en la contrata de comedores escolares

"Tras el exhaustivo análisis de los pliegos, la conclusión a la que llegó la investigación es que no existían indicios de infracción", ha explicado en el Parlamento la nueva presidenta, Alba Urresola

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Alba Urresola (derecha) en la comisión de Educación del Parlamento Vasco

Alba Urresola (derecha) en la comisión de Educación del Parlamento Vasco EUSKO LEGEBILTZARRA

La nueva presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia, Alba Urresola, ha iniciado su primera comparecencia en el Parlamento Vasco, concretamente en la comisión de Educación, motivada por el cártel de empresas que durante más de una década se repartieron la mayor contratada de Educación, el servicio de comedores escolares, dejando constancia de que las irregularidades detectadas forman parte del trabajo del equipo de su predecesora, Pilar Canedo: "Son temas que se han tratado antes de mi mandato". Sin embargo, la primera gran decisión de Urresola en el escaso mes y medio que lleva en el cargo ha sido precisamente el archivo de la segunda investigación en torno a las irregularidades en la contrata del 'catering' escolar.

El caso de los comedores fue destapado en febrero de 2016. Competencia impuso a siete empresas una histórica sanción de 18 millones de euros al dar por acreditado que se habían repartido el mercado para maximizar beneficios, con el consiguiente perjuicio para los usuarios. Una familia pudo llegar a pagar hasta 1.040 euros de más durante ocho cursos en los que estuvo vigente el cártel. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en cuatro sentencias, ha validado la investigación de Competencia, aunque dos de las compañías señaladas han mostrado su deseo de llevar el pleito hasta el Tribunal Supremo, según la información aportada por Urresola. Asimismo, y como adelantó eldiarionorte.es en agosto, aunque el Gobierno había modificado el sistema de contratación -con un ahorro estimado de 7 millones de euros anuales-, en 2016 se inició una segunda causa al interpretarse que algunos de los vicios del anterior sistema no se habían corregido.

Los portavoces de Elkarrekin Podemos y PP en la comisión, José Ramón Becerra y Juana Bengoechea, han preguntado a Urresola por el alcance de esta segunda investigación. "Estaremos atentos sobre si los nuevos modelos pueden suponer algún tipo de problema. Si hay una investigación interna, lo desconozco. Tenemos una resolución de febrero de 2016", ha indicado Urresola en su primera respuesta. Y ha añadido: "Fruto del debate parlamentario, hubo una elevación a la Fiscalía y sí que hay un pronunciamiento. El fiscal superior archivó el caso por no ver indicios penales en el asunto. De fraude no sería lo más apropiado hablar: hay un archivo de la Fiscalía".

En el turno de réplicas, la oposición ha repreguntado a la presidenta por el asunto. Y Urresola ha aportado más información: "Ha salido algún tipo de noticia, efectivamente. [...] Efectivamente, hubo una denuncia en marzo de 2016 de una empresa. Esto dio origen a una fase de información reservada en la que el equipo de investigación realizó todas las diligencias. Tras el exhaustivo análisis de los pliegos, la conclusión a la que llegó la investigación es que no existían indicios de infracción. La propuesta era de no incoación del expediente y de archivo de esta denuncia". Ya tras la sesión, Urresola ha confirmado a los periodistas que el archivo de la causa se ha producido en estos últimos días, ya con ella en el cargo. 

La oposición, por su parte, ha destacado la gravedad de los hechos probados en torno a las contratas de comedores escolares. Eva López de Arroyaba (EH Bildu) ha hablado de que la gestión de este servicio "no puede ser un negocio" y que en Euskadi ha sido "el negocio del siglo". Asimismo, ha revelado que las empresas sancionadas (Auzo Lagun, Cocina Central Goñi, Cocina Central Magui, Eurest, Tamar, Gastronomía Baska y Gastronomía Cantábrica) han enviado al Parlamento escritos muy similares rechazando ofrecer explicaciones públicas.

Becerra (Elkarrekin Podemos) ha cuantificado el quebranto total para las arcas públicas en 85 millones de euros y se ha preguntado si "el Gobierno es colaborador necesario en el fraude que se ha producido" o sólo ha sido un problema de las empresas. En la misma línea, Bengoechea (PP) ha apuntado que la "administración desleal" puede ser sancionada "incluso aunque no haya lucro" por parte de los gestores públicos. "Estamos escandalizados", ha remarcado. Desde el PNV, David Latxaga ha criticado el "interés en reavivar este asunto" por parte de determinados partidos con tal de desgastar al Ejecutivo. "Este tema ha sido largamente debatido. Estamos ante una suerte de día de la marmota", ha zanjado. 

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