El subfluvial de Lamiako frente a la directiva europea de calidad del aire
Hay decisiones que nacen obsoletas. Proyectos concebidos en un tiempo que ya no existe, diseñados con parámetros que la realidad ha dejado atrás. El subfluvial de Lamiako, impulsado por la Diputación Foral de Bizkaia, es uno de esos casos que evidencian una contradicción cada vez más insostenible: la que existe entre el discurso medioambiental de las administraciones y sus políticas reales de infraestructuras.
Mientras Europa aprieta el acelerador hacia una calidad del aire acorde con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, este proyecto de más de tres kilómetros de túneles se prepara para convertirse en una fábrica de contaminación atmosférica para algunas zonas, como Ballonti y Artaza. Los propios documentos técnicos del proyecto no dejan lugar a dudas. El aire en el interior del túnel se clasifica como ODA 4, aire con concentraciones extremadamente altas de gases y partículas. Y aquí viene lo más preocupante: no existe ningún sistema de filtrado para esos contaminantes. Toda esa polución generada a lo largo de kilómetros de túnel será simplemente evacuada por las bocas de Artaza y Ballonti, lo que incluye zonas habitadas donde hay centros de enseñanza y viviendas. Las cifras son elocuentes: según las previsiones del propio proyecto, por ejemplo, las emisiones de monóxido de carbono irán en aumento llegando casi a doscientas toneladas anuales en 2048, un contaminante que interfiere con el transporte de oxígeno en nuestro organismo.
En sentido contrario al proyecto del subfluvial, en octubre de 2024 se aprobó la nueva directiva europea sobre calidad del aire ambiente. Esta normativa, que debe entrar en vigor como muy tarde en enero de 2030, establece un horizonte claro: la contaminación deberá ajustarse a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para 2050. Como paso intermedio, rebaja drásticamente los límites actuales de contaminación.
Tomemos de nuevo el monóxido de carbono. La directiva limita la media de concentraciones diarias a cuatro miligramos por metro cúbico, con un máximo de dieciocho superaciones anuales. Si las emisiones del subfluvial fueran uniformes se superaría la media tonelada emitida al día para 2048, quinientos millones de miligramos diarios. Y así con el resto de contaminantes gaseosos y partículas en suspensión. La dispersión de los contaminantes dependerá de las condiciones meteorológicas y la orografía.
Especialmente preocupantes son los episodios de inversión térmica, con poco viento o con niebla. En esos momentos, la contaminación se concentrará precisamente en las inmediaciones de las salidas de los túneles, cerca de algunas zonas densamente pobladas y de centros educativos.
Hay un término que resume bien lo que está en juego: zonas de sacrificio. Es así como se denominan aquellos territorios que se ven obligados a soportar una carga desproporcionada de contaminación o degradación ambiental. Artaza y Ballonti están siendo designadas, sin su consentimiento, para ese papel.
Más allá de la calidad del aire, el subfluvial plantea problemas estructurales más profundos. Se está desarrollando sin un estudio integral de movilidad y transporte en el área metropolitana de Bilbao. Es como diseñar una habitación sin conocer la casa completa. Además, incrementará también las emisiones de gases de efecto invernadero, contradiciendo los propios objetivos climáticos de las administraciones que lo promueven.
El coste económico de esta infraestructura es otra dimensión del problema. Los cientos de millones de euros que se invertirán en este proyecto son recursos que no estarán disponibles para alternativas más acordes con los objetivos climáticos y de salud.
La Diputación no puede proclamar la emergencia climática y la defensa de la salud pública, por una parte, y por otra aprobar infraestructuras que nos alejan de esos objetivos. Esta personalidad institucional múltiple no es sostenible. Europa ha trazado una ruta clara hacia un aire más limpio. Bizkaia tiene la oportunidad de seguirla o de empecinarse en un proyecto que nace viejo. La elección dirá mucho sobre qué tipo de territorio queremos ser y qué futuro estamos dispuestos a legar a las próximas generaciones.
La oposición ciudadana al proyecto continuamos con las movilizaciones, como la manifestación organizada para el 25 de abril en Romo. Además, hemos dado ya el salto a los tribunales mediante un procedimiento contencioso-administrativo. Es lamentable que seamos la ciudadanía, con recursos limitados, quienes tengamos que defender en los juzgados lo que debería ser una prioridad de las propias instituciones: la salud pública y el cumplimiento de la legalidad. Para ello necesitamos ayuda económica. Más información en labur.eus/subfez.
Es hora de exigir que la Diputación actúe con coherencia. La calidad del aire no debe ser un lujo, sino un derecho que no puede sacrificarse en el altar de proyectos obsoletos.
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