Los medios de comunicación no deben publicar el origen de las personas detenidas (aunque la Ertzaintza sí lo haga)

“La víctima, de procedencia europea, transitaba por el puente del Arenal de la capital vizcaína. De repente, un individuo se le acercó y le sustrajo un teléfono móvil que portaba en un bolsillo del pantalón”. Son palabras textuales difundidas por la Ertzaintza, a través de una nota de prensa, el 14 de octubre pasado. El dato de la “procedencia europea”, dado por la propia Policía, contrastaba con la del supuesto delincuente, sobre el que, en otro párrafo, señalaba: “El arrestado, de 22 años y de procedencia magrebí, cuenta con numerosos antecedentes policiales (…)”. 

Era la primera vez que la Ertzaintza aplicaba su nueva política de añadir (a su manera) el origen de las personas detenidas (y de las víctimas) a la hora de informar sobre sus actuaciones a los medios de comunicación. Han transcurrido ya cuatro meses de la aplicación de una medida que contraviene los códigos éticos de la propia profesión periodística, así como de organizaciones que trabajan contra el racismo y la xenofobia. 

A diferencia de otras profesiones como la medicina o la psicología, en periodismo no es obligatorio colegiarse. No obstante, existen asociaciones y colegios profesionales que, entre otras funciones, velan por la ética profesional. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España engloba, entre otras, a la Asociaciación Vasca de Periodistas-Euskal Kazetarien Elkartea y la Asociación de Periodistas de Navarra. Su Código Deontológico, aprobado en 2017, señala expresamente que el o la periodista “debe (…) abstenerse de aludir, de modo despectivo o con prejuicios a la raza, color, religión, origen social o sexo de una persona o cualquier enfermedad o discapacidad física o mental que padezca”. Más aún, proclama que “debe abstenerse de publicar tales datos, salvo que guarden relación directa con la información publicada”. Lo hace en el séptimo de sus Principios Generales, que reclama por el “respeto a los derechos de los más débiles y los discriminados”. De ahí que abogue por que profesionales del periodismo muestren una “especial sensibilidad en los casos de informaciones u opiniones de contenido eventualmente discriminatorio (…)”.  

El Ararteko ha tomado cartas en el asunto. Mikel Mancisidor, recién llegado al cargo, ha solicitado una reunión con el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bigen Zupiria, antes de fijar su postura, aunque su institución ya había mostrado preocupación por la medida. Un reflejo de los problemas éticos que subyacen en ella está en que, mientras que el Ayuntamiento de Donostia ha anunciado que su Guardia Municipal actuará de la misma manera que la Ertzaintza cuando informe sobre personas detenidas, es decir, dando datos sobre su origen, Bilbao y Vitoria-Gazteiz no lo harán. Los tres están sostenidos por el PNV y el PSE, pero se da la paradoja de que las capitales de Gipuzkoa y Bizkaia tienen como alcalde a los jeltzales Jon Insausti y Juan Mari Aburto, mientras que Maider Etxebarria es socialista. Por una vez, no ha funcionado la lógica partidista, dado que la negativa de Aburto a que la Policía Municipal de Bilbao dé datos sobre el origen de personas arrestadas, choca con la postura del presidente de su partido, Aitor Esteban, quien se ha mostrado claramente a favor de que se haga.  

Más allá del cuestionamiento ético, la forma en la que la Ertzaintza da los datos sobre el origen de las personas arrestadas por sus agentes tampoco se sostiene desde el punto de vista terminológico. Y tiene contradicciones. Porque, a pesar de que cuando se anunció la medida se pensó que la Ertzaintza informaría directamente sobre la nacionalidad de personas arrestadas, en realidad, solo identifica por su pasaporte a las “españolas”. Al resto, las divide por áreas geográficas cuyo criterio no siempre es claro. Así, habla de detenidos y víctimas de “origen europeo”, “latinoamericano”, “magrebí”… Quedémonos con este último gentilicio, con el que se define a las personas procedentes del Magreb. Para establecer qué países conforman parte del mismo no hay un consenso, ni siquiera en la definición del diccionario. Porque la RAE alude a que en la “tradición española” es la denominación “del área del norte de África que comprende Marruecos, Argelia y Túnez”, pero que, al mismo tiempo, cabe “considerar más ampliamente”, también parte de él, a Libia, Mauritania y el Sáhara. Aún no sabemos, por otra parte, si víctimas o personas detenidas procedentes de Turquía serán consideradas europeas o asiáticas. Ni qué decir las dudas que generaría que unas u otras sean australianas (¿origen oceánico?)… por no hablar de las de Groenlandia, territorio que, desde el punto de vista geográfico, pertenece a Norteamérica.?

Por otro lado, que la Ertzaintza y policías locales vascas como las de Donostia sí den datos sobre el origen de las personas detenidas, no exime a los medios de comunicación de cumplir con la deontología periodística. Es decir, de no proporcionarlos, tal y como proclama la FAPE que debe hacerse. Sin embargo, muchos medios, entre ellos vascos, hacen un corta-pega, tal y como puede comprobarse en noticias recientemente publicadas: “La Ertzaintza procedió a la detención de los dos individuos, de origen magrebí, por un presunto delito de robo con fuerza” o “la Policía autonómica procedió a la detención de los tres individuos, de 27, 23 y 21 años y origen magrebí”. Un reciente estudio sobre la representación del crimen en Barcelona a través de los medios advierte de que el “14% de las piezas incorpora la nacionalidad de las personas extranjeras, lo que suscita la estigmatización de colectivos por su lugar de procedencia”. La investigación concluye, con rotundidad, que “los códigos son claros, pero muchos periodistas no los aplican en su totalidad”. 

Algunos medios de comunicación se dotan de un libro o manual de estilo en el que establecen normas estilísticas y deontológicas -es decir, éticas específicas para la profesión periodística- que son de obligado cumplimiento para quienes trabajan en su redacción. El de EITB señala que “a menos que sean imprescindibles para la comprensión de la noticia, en las informaciones no se incluirán nombres de familiares y allegados de los acusados o condenados, ni otro tipo de datos innecesarios como país de origen, etnia, etc”. 

El manual de EITB constituye casi una excepción por su concreción. Pero del de otros medios se deduce la misma la prohibición de publicación de datos sobre el origen de presuntos delincuentes –al igual que, por ejemplo, el de su orientación sexual, su religión…- de las personas a menos que sea relevante para la información. El de RTVE señala la obligación de “evitar la superficialidad y las visiones estereotipadas cuando se aborden asuntos referidos a la inmigración, el racismo y la xenofobia”. Y concreta que, “aunque se informe de la variante jurídico-policial de estos asuntos (sucesos, muertes, etc.), debe fomentarse la presencia de informaciones que incidan en las cuestiones de fondo”. En todo caso, no es necesario que se disponga de un manual de estilo para que un medio cumpla con la deontología. 

La Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi (CEAR) es tajante en su Guía para profesionales del periodismo contra la xenofobia. Así, aboga por un “no a la identificación de toda una nacionalidad o minoría étnica por un comportamiento individual de unos de sus miembros”. Por otro lado, la publicación de esos datos, sin mayor contexto, se intercala habitualmente con informaciones sobre percepción de inseguridad, cada vez más presentes, por otro lado, en la agenda mediática. En su balance sobre actuaciones de 2025, la Ertzaintza englobó las detenciones con la doble variable de “motivo y lugar de nacimiento”. No ocurre lo mismo, en cambio, con la pobreza y desigualdad, cuya prevención también se recomienda que se aborde en la lucha contra la criminalidad y cuyos datos no se relacionan habitualmente por los responsables políticos que defienden que se unan detención y origen. En todo caso, también SOS Racismo recuerda a medios y periodistas que “el relato de la inmigración puede completarse o transformarse recurriendo a otras fuentes que no sean las oficiales”. 

Ya en 1996, el Colegio de Periodistas de Cataluña publicó un manual sobre el tratamiento adecuado de la inmigración en la prensa. Entre otras cosas, dictaba la exclusión de “grupo étnico, color de la piel, país de origen, religión o cultura”, como datos a menos que fueran relevantes, además de “evitar las generalizaciones, los maniqueísmos y la simplificación de las informaciones”. 

Así que, salvo por la confusión que genera, apelar al origen nada tiene de original. Lejos de serlo, es algo muy viejo.