La ministra de Infancia anuncia otros cuatro millones de euros para Canarias para atender “con todas las garantías” a menores migrantes

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado que llevará a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia del mes de julio el reparto de un nuevo fondo de 35 millones de euros entre las comunidades autónomas “para que atiendan con todas las garantías a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados” que lleguen al territorio, de los que Canarias se llevará cuatro millones que se sumarán a los 140 asignados para políticas en esta materia.

Así lo ha asegurado este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con miembros del Colegio de Abogados de Lanzarote para abordar la situación de los menores migrantes en la isla.

“Y Canarias será una de las autonomías que percibirá una parte importante de estos 35 millones, concretamente cuatro millones que se sumarán a los 140 millones de euros que ya asignamos para políticas de acogida en las islas”, comentó.

De igual modo, la ministra ha hecho especial hincapié en que el 50% de los presupuestos del Estado que iban a esta materia “han sido consignados a Canarias”.

Asimismo, ha defendido la aplicación de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, de la que se cumple un año, y ha reivindicado una política migratoria basada en la protección de los derechos humanos y, especialmente, de los menores migrantes no acompañados.

Tras el encuentro con el Colegio de Abogados de Lanzarote, Rego se ha referido también a la implementación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. En este sentido, ha subrayado que la propuesta del Ministerio de Juventud e Infancia es que “sean los Colegios de Abogados quienes asuman la representación judicial de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados tras su llegada”. Una posición, según ha destacado Rego, “que comparten ONGs e instituciones como el Defensor del Pueblo”.

La reforma del artículo 35, un “éxito rotundo”

Rego también ha resaltado que la reforma se aprobó con una perspectiva “nítidamente de protección del interés superior de la infancia” y ha asegurado que su puesta en marcha ha sido “un éxito rotundo”.

En este sentido, ha destacado que a lo largo del último año se han tramitado cerca de 2.000 expedientes de traslado de menores a la Península “sin un solo incidente”, apuntando que se puede decir que la situación de Canarias “ha cambiado radicalmente” en el último año.

“Estamos ante una situación en la que el sistema se ha descongestionado sustancialmente y en condiciones de que el sistema de acogida sea mucho más garantista de lo que era hace un año. Además se ha dado salida para que muchos niños y niñas puedan desarrollar su proyecto en lugares en los que tienen los derechos garantizados”, observó.

Al respecto, ha subrayado que territorios como Canarias, Ceuta o Melilla constituyen una de las principales puertas de entrada de menores migrantes a España y ha defendido la necesidad de abordar esta realidad desde una “estrategia de país”.

La ministra ha considerado que la reforma del artículo 35 ha permitido mejorar la respuesta institucional ante esta situación y ha situado a España como un referente internacional en materia de derechos humanos y protección de la infancia migrante.

Críticas al Parlamento Europeo

Por otro lado, ha mostrado sus reservas respecto a algunas medidas impulsadas en el ámbito europeo y ha criticado que el Parlamento Europeo respaldara recientemente iniciativas relacionadas con la deportación de familias y menores, insistiendo en que las políticas migratorias deben situar los derechos humanos en el centro de la acción pública.