Sofía Grau (hija del exvicelacalde de València, Alfonso Grau) y su marido, el ciudadano estadounidense Kent Lawrence Baker, ambos domiliciados en Wisconsin, se negaron a declarar ante el juez del 'caso Azud' el pasado 4 de junio. El matrimonio, investigado en la causa por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y de cohecho, comparecieron mediante videoconferencia y se negaron a declarar.

La Fiscalía Anticorrupción pidió en octubre de 2024 que remitiera una comisión rogatoria a Estados Unidos para notificar a la familia de la antigua mano derecha de Rita Barberá que figuran como investigados y que designaran un abogado que les representara en su declaración.

La jueza instructora sospecha que Alfonso Grau, vicealcalde de València durante la etapa de Rita Barberá, cobró una “comisión” de un millón de euros por parte del empresario Jaime Febrer como pago de un “soborno” relativo a ocho operaciones urbanísticas.

La investigación, a cargo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, detectó movimientos de fondos en las cuentas de la entidad JP Morgan en Estados Unidos vinculadas a Grau, a su hija y a su yerno.

Se trata de una cuenta “desconocida para las autoridades españolas”, según la instrucción de la causa. El supuesto soborno estaría vinculado a la sociedad Edinboro Insvestments SA, domiciliada en Panamá y abierta entre 2004 y 2013, y propiedad en última instancia del fallecido empresario Miguel Montoro, según una respuesta de las autoridades panameñas a una comisión rogatoria anterior de la jueza instructora. La hija del empresario, Mónica Montoro, figura como investigada en la causa.

La Agencia Tributaria, en funciones de auxilio judicial al Juzgado de Instrucción número 13 de València, encargado de la investigación del 'caso Azud', ha detectado que el cuñado de Rita Barberá, el letrado José María Corbín, defraudó 631.287 euros y su vicealcalde, Alfonso Grau, 187.664 euros. Se trata de dos de los principales investigados en la causa, que investiga la presunta corrupción en el urbanismo de la etapa de la fallecida alcaldesa del PP al frente del Ayuntamiento de València. El informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, considera que Corbín habría cometido tres delitos contra la Hacienda Pública en la “defraudación” del IRPF de 2005, 2007 y 2008. Por otro lado, a Grau le adjudica un posible delito relativo al IRPF no declarado en 2008.

El inspector de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria se basa en las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los fondos presuntamente ilícitos que manejaba el entonces 'número dos' de Rita Barberá: ingresos en efectivo de 17.820 euros en cuentas bancarias, de los que no existe justificación sobre su origen; pagos en efectivo de una cantidad parecida (17.372 euros) a una empresa por la cesión de uso de una plaza de estacionamiento; “fondos ocultos” y de “procedencia desconocida” por 315.230 euros en la operación de la compra de su céntrica vivienda en València, y de 108.182 euros por la adquisición de un bajo en la avenida de Fernando el Católico.

En total, en el ejercicio 2004, el patrimonio de Alfonso Grau sin justificar se disparó hasta los 458.605,79 euros. Así, Hacienda concluye que las rentas no declaradas por Grau tendrían la consideración de “incrementos no justificados de patrimonio”.

El importe total de ganancias patrimoniales no justificadas asciende, según calcula el inspector de Hacienda, a un total de 198.554,89 euros. Grau, recuerda el informe, firmado el pasado 18 de noviembre, adquirió unos inmuebles por un precio, “del cual solo satisface una parte con fondos declarados”.

Corbín disparó sus “rentas ocultas” hasta 1,1 millones

Por otro lado, Hacienda también analiza los ingresos de José María Corbín, cuñado de Rita Barberá investigado en la causa por el presunto cobro de mordidas de empresas contratistas del Ayuntamiento de València.

En 2005, Corbín obtuvo unas “rentas ocultas” por un total de 825.168 euros, entre pagos por servicios jurídicos a empresas contratistas que, a ojos de Hacienda, no eran reales, ingresos en efectivo en cuentas bancarias y compras, también en metálico, de papeletas de lotería. Al año siguiente, la aplicación de la tarifa del impuesto no supondría cuotas descubiertas superiores a 120.000 euros, por lo que la pericial descarta el posible delito específicamente en ese ejercicio.

En 2007, el informe detecta rentas de las que Corbín no declaró el IRPF por un valor de 1,1 millones de euros. Al año siguiente, sus rentas no declaradas fueron de 814.906,44 euros.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Juzgado de Instrucción número 13 de València, encargado del 'caso Azud', que remita una nueva tanda de comisiones rogatorias a Estados Unidos para notificar a la familia de la antigua mano derecha de Rita Barberá que figuran como investigados por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y de cohecho. Se trata de Sofía Grau (hija del exvicelacalde de València, Alfonso Grau) y de su marido, el ciudadano estadounidense Kent Lawrence Baker, ambos domiliciados en Wisconsin.

El fiscal Pablo Ponce, en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, pide que la magistrada de enlace en Estados Unidos designada por las autoridades españolas remita al matrimonio la notificación de su situación procesal para que designen un abogado que les represente en su declaración como investigados.

La jueza instructora sospecha que Alfonso Grau, vicealcalde de València durante la etapa de Rita Barberá, cobró una “comisión” de un millón de euros por parte de un empresario como pago de un “soborno” relativo a ocho operaciones urbanísticas. La investigación, a cargo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, detectó movimientos de fondos en las cuentas de la entidad JP Morgan en Estados Unidos vinculadas a Grau, a su hija y a su yerno.

Se trata de una cuenta “desconocida para las autoridades españolas”, según la instrucción de la causa. El supuesto soborno estaría vinculado a la sociedad Edinboro Insvestments SA, domiciliada en Panamá y abierta entre 2004 y 2013, y propiedad en última instancia del fallecido empresario Miguel Montoro, según una respuesta de las autoridades panameñas a una comisión rogatoria anterior de la jueza instructora. La hija del empresario, Mónica Montoro, figura como investigada en la causa. 

“Importantes cantidades” de efectivo, según la UCO

Un informe de la Unidad Centra Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntaba al manejo por parte de Grau de “importantes cantidades de dinero en efectivo” y a un incremento patrimonial “injustificado” entre 2004 y 2011 de, al menos, 728.051 euros. 

Los investigadores reseñaban en el informe los indicios sobre el presunto desvío a Estados Unidos de parte del “patrimonio injustificado” de la antigua mano derecha de Rita Barberá, recientemente condenado a cuatro años y medio de prisión en el marco de la pieza del 'caso Taula' sobre la caja B del PP de València.

El ex vicealcalde de València y considerado mano derecha de Rita Barberá, Alfonso Grau, participó en al menos ocho tramas de corrupción urbanísticas a favor del empresario Jaime María Febrer y de empresas de su grupo (Axis) desde el año 2003 al año 2013.

En uno de los autos en los que la Justicia española reclama información bancaria a las autoridades de Inglaterra, la instructora del caso Azud realiza una radiografía de la operativa corrupta que supuestamente siguió durante lustros Alfoso Grau para lucrarse a cambio de favorecer a empresarios de la construcción.

Grau, de 83 años, ha sido condenado recientemente por la Audiencia de Valencia a cuatro años y medio de prisión por malversación de caudales públicos y al pago de una multa de 5 millones de euros por un delito continuado de cohecho en otra causa, la del caso Imelsa, y en octubre de 2023 recibió condena firme por cohecho en otro caso aparte, concretamente por aceptar regalos por parte de un contratista municipal.

En el caso Azud, que lleva el Juzgado de Instrucción número 13 de València, se ha investigado la supuesta comisión de diversos delitos públicos relacionados con la corrupción, que afectan tanto a dirigentes del PP como del PSPV-PSOE, y entre las diferentes líneas de investigación se encuentra la relativa a la supuesta mediación de Grau para lograr beneficios urbanísticos para los promotores investigados.

El que fue vicealcalde de València entre 2002 y 2015 y presidente de la entidad pública para iniciativas urbanísticas Aumsa “fue sobornado por varios empresarios, que concursaban y licitaban para la obtención de adjudicación de obra y servicios públicos”.

“Uno de los principales empresarios que procedió al soborno de Grau con entrega de grandes cantidades de dinero en metálico como comisiones fue Jaime María Febrer. La investigación ha podido constatar la participación del investigado -Alfonso Grau- en al menos ocho tramas a favor del empresario”, detalla la jueza en uno de los escritos que constan en el sumario, al que ha tenido acceso EFE.

En la investigación se destaca que el empresario “cohechador” (sic) Febrer “no sólo realizaba los sobornos a Alfonso Grau, sino que dichos sobornos alcanzaban a otros funcionarios públicos o intermediarios en el amaño de las contrataciones públicas”.

A juicio de la instructora, Grau “faltó a su deber de lealtad como funcionario público” y “amañó varios concursos logrando que la adjudicación de terrenos públicos o derechos sobre terrenos públicos recayera en alguna de la empresas propiedad de Jaime María Febrer, perjudicando los intereses del Ayuntamiento de València”.

Este promotor utilizó sociedades 'offshore' para abonar las mordidas a Grau, concretamente una radicada en Panamá, “de tal forma que se dificultase averiguar el origen del pago”.

Ayuda familiar para ocultar y blanquear el dinero

La segunda actividad delictiva que se imputa a Grau en esta macrocausa de corrupción urbanística es el blanqueo de capitales, un delito en el que colaboraron, según la jueza instructora, sus dos hijas María Ángeles y Sofía y sus dos yernos, Kent Baker y Eugenio Cámara, respectivamente.

“Grau hizo participar en la tarea de ocultación del dinero a sus hijas y a sus maridos. En España, la actividad de lavado de capitales Grau la centró en la introducción en sus cuentas, de pequeñas cantidades de dinero, de tal forma que entre 2002 y 2014 realizó imposiciones en efectivo en sus cuentas y las de sus hijas por 412.725 euros, siempre en cantidades inferiores a 3.000 euros, es decir, que no estaban sujetas a control financiero o administrativo”, detalla la jueza en el referido auto.

En este mismo periodo, el ex vicealcalde de València alquiló tres cajas de seguridad en el BBVA y Bancaja, en las que autorizó a sus hijas.

De forma similar, su hija María Ángeles realizó sucesivos ingresos de menos de 3.000 euros en una cuenta en España del Citibank en la que estaba autorizado su marido, Kent Baker. Y en referencia a este proceso la instructora advierte que “ni ella ni su marido -residentes en Wisconsin (EEUU)- desarrollaban actividad empresarial, industrial o comercial alguna en España que les permitiese disponer de ese dinero.

Los fondos obtenidos en esa cuenta española fueron transferidos a otra radicada en Estados Unidos.

Respecto al pago de los sobornos que recibió la familia Grau, la investigación a constatado que buena parte salieron de la sociedad Panameña Edimboro, que gestionaba fondos depositados en Suiza.

Sociedades pantalla

Esta sociedad es considerada por la instructora un “instrumento del delito”, por “carecer de actividad comercial alguna” y haberse dedicado exclusivamente al pago de “los sobornos por el amaño de contrataciones públicas”.

“Teniendo Alfonso Grau una cuenta abierta en JP Morgan (EEUU), no emplea la consignada a su nombre para recibir los sobornos, sino la de su hija y yerno, velando el destinatario real del pago del soborno, como también es ocultado el nombre del sobornador, que emplea para ello una sociedad panameña y dinero radicado en una cuenta en Suiza”, subraya la magistrada.

En esta parte del relato, la jueza considera “especialmente relevante la actividad que se realiza en la ciudad de València durante los años 2006 a 2009 como consecuencia de los eventos de la Fórmula 1 y de la Copa América”. 

El Comité de Derechos y Garantías del PP en la Comunitat Valenciana se ha reunido en la tarde de este viernes para acordar la pérdida de la condición de afiliado del que fuera vicealcalde de València en los mandatos de Rita Barberá, Alfonso Grau.

La decisión se adopta después de que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia haya condenado a Grau a cuatro años y medio de prisión por la pieza A del caso Imelsa, relacionada con una financiación irregular en las campañas electorales del PP de Valencia en 2007 y 2011 a través de donaciones y pagos de empresas.

El comité de garantías, que preside Eduardo Dolón, se ha reunido esta tarde para decidir la expulsión, confirman a Europa Press fuentes 'populares', que recuerdan que contra esa resolución Alfonso Grau puede recurrir en alzada ante el Comité Nacional de Derechos y Garantías alegando lo que considere.

Varias empresas contratistas del Ayuntamiento de València, fundamentalmente constructoras e inmobiliarias, hincharon la caja B del PP de Rita Barberá que la formación usó para abonar sus gastos electorales. La sentencia de la pieza separada A del 'caso Taula, dictada por la sección segunda de la Audiencia Provincial de València, detalla los pagos en B a la campaña de Barberá para las elecciones municipales de 2007, mayoritariamente a través de aportaciones de empresas privadas y, en menor medida, con fondos desviados de dos fundaciones municipales. No es la primera vez que afloran los financiadores valencianos del PP. Relevantes empresarios confesaron en el marco del 'caso Gürtel' que habían dado dinero en B a los populares: Rafael Martínez Berna (expresidente de la patronal alicantina Coepa), Enrique Gimeno (de Facsa) o los constructores Vicente Cotino y Enrique Ortiz, entre otros.

Para la campaña de las municipales de 2007, en las que la fallecida alcaldesa arrasó, el PP contrató al grupo Laterne, del fallecido empresario Vicente Sáez Tormo, a modo de empresa pantalla. El importe de la campaña “osciló alrededor de los 2.583.731,98 euros”, según la sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de València relativa a la pieza separada A del 'caso Taula'.

Quienes pagaron los gastos, al menos en parte, fueron constructoras, inmobiliarias o empresas de servicios embarcadas en aquella época en la burbuja inmobiliaria. Las aportaciones se abonaron “bajo la apariencia” de pagos a Laterne por prestaciones que esta empresa “no realizó”, explica la sentencia. 

Los pagos en B no se hicieron, ni mucho menos, por amor al arte. “Los responsables de tales empresas efectuaron dichos pagos para significarse ante quienes podían continuar siendo responsables del gobierno municipal, como entidades dispuestas a apoyar que la candidatura del Partido Popular continuara gobernando el Ayuntamiento de Valencia y poder, así, beneficiarse en el futuro de un trato favorable por parte del Ayuntamiento, de las empresas públicas municipales y de cualesquiera otras entidades en cuyas decisiones pudieran intervenir los gobernantes municipales”, indica la sentencia.

El fallo afirma que los pagos se hicieron “a petición de” Alfonso Grau, el antiguo 'número dos' de Rita Barberá condenado a cuatro años y medio de prisión y a una multa millonaria por los delitos de malversación de caudales públicos y cohecho.

La caja B para las municipales de 2007

La caja B del PP de València se nutrió con, al menos, 210.000 euros provenientes de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), financiada básicamente por el consistorio y cuyo exgerente, José Salinas, ha sido condenado como cooperador necesario de un delito continuado de malversación a cuatro años de prisión y a ocho de inhabilitación. También se usaron, al menos, 178.150 euros del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), también financiado mayoritariamente por el Ayuntamiento de València.

Sin embargo, la mayoría de los fondos de la caja B del PP de Rita Barberá provenían de empresas dedicadas a la construcción o a la prestación de servicios, muchas de ellas adjudicatarias de la corporación municipal. En una primera fase, cebaron la caja B con 1,6 millones de euros.

– Nou Litoral SL, sociedad de gestión de suelo del expresidente del Valencia CF Juan Bautista Soler (actualmente extinguida), encabezó la lista de generosas aportaciones en B: pagó 360.000 euros entre 2006 y 2007. Esta firma estuvo vinculada a operaciones bancarias que causaron un perjuicio al Banco de Valencia de 198 millones de euros.

– La Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), histórica contratista de servicios del Ayuntamiento de València, abonó 300.000 euros entre 2006 y 2007, un periodo en el que facturaba más de 30 millones de euros al año al consistorio.

– El antiguo grupo Secopsa pagó 225.000 euros entre 2006 y 2007, dos ejercicios en los que facturó entre 20 y 30 millones de euros anuales al Ayuntamiento de València.

– Lubasa, del empresario Luis Batalla, puso 200.000 euros en 2007.

– Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), con una facturación al consistorio superior a los 30 millones anuales, aportó 200.000 euros entre 2006 y 2007.

– La UTE RULV, vinculada a Secopsa, Construcciones Nagares SL y a Servicios y Contratas Prieto SA, tras haber facturado nueve millones anuales, aportó 100.000 euros entre 2006 y 2007.

– Pavasal, que facturaba al Ayuntamiento entre ocho y 12 millones anuales, abonó 90.000 euros en 2007.

– El grupo Rover Alcisa pagó 60.000 euros en 2006.

– La inmobiliaria PKL Real Estate, domiciliada en Castelló, inyectó 30.000 euros en 2006.

– Ágora Patrimonial, vinculada al empresario Andrés Ballester, abonó 30.000 euros en 2007.

– Construcciones Luján, entonces presidida por Javier Luján, pagó 20.600 euros en 2007.

Los 789.000 euros para gastos

Sin embargo, tales cantidades no fueron suficientes. Alfonso Grau tuvo que movilizar de nuevo a los empresarios para asumir gastos. Como “medio de financiación” de la misma campaña electoral, varias empresas aportaron nuevos fondos para atender los gastos generados. En total, fueron 789.000 euros suplementarios.

Las mismas sociedades, y alguna nueva, asumieron una participación en Product Management Council SL, del entramado empresarial de Vicente Sáez: SAV, Secopsa, Pavasal y Lubasa pusieron 150.000 euros por cabeza. La promotora inmobiliaria Inmotec colocó 100.000 euros mientras que la constructora Edival asumió 54.800 euros y Ágora Patrimonial, 34.800. “Dichas cantidades”, afirma la sentencia, “fueron destinadas, finalmente, a atender gastos generados por la campaña electoral municipal del PP de Valencia en 2007”.

Los 318.073 euros recaudados por Alfonso Grau

Además, Alfonso Grau recaudó un total de 318.073 euros para pagar a proveedores por servicios prestados durante la campaña (entre ellos, la firma Orange Market, filial de la trama Gürtel en València). Grau “recaudó 350.000 euros y consiguió que el Grupo Secopsa entregara un cheque de 150.000 euros”, explica la sentencia. La mano derecha de Rita Barberá entregó los fondos a Jesús Gordillo, el asesor del PP que trabajó precisamente en Laterne.

El dinero recaudado procedía de Saprico, Edificaciones Prieto, SAV, Xilxes Golf Resort SL (encargada de un proyecto urbanístico en el que participaba el empresario José Luis Ulibarri) y las inmobiliarias Costa Malvarrosa SL, Prodese y Urbana Ducat SL (que ostentaba una participación minoritaria en la firma municipal Plan Cabanyal-Cnyamelar SA). 

La “mediación” de Grau

De nuevo, abunda la sentencia, los empresarios inyectaron fondos “por mediación” de Grau, “en razón” de la posición que ocupaba en el Ayuntamiento de València y “atendiendo a la capacidad que podía ejercer para tomar decisiones que pudieran beneficiar a tales empresas”.

Rita Barberá definió aquella campaña como “rigurosa, transparente, limpia y sin demagogia ni crítica fácil”. La candidata popular cosechó sus mejores resultados hasta entonces: obtuvo 235.158 votos, que se tradujeron en 21 concejales del PP.

La sentencia de la pieza separada A del 'caso Taula', que ha condenado a cuatro años y medio de prisión y a una multa millonaria al exvicealcalde de València Alfonso Grau, considera acreditada la existencia de una caja B del PP de Rita Barberá, usada para financiar la campaña electoral de los populares en las elecciones municipales de 2007 y nutrida con 1,6 millones de euros aportados por relevantes empresas contratistas del consistorio mediante una entramado pantalla. Las aportaciones en B, según concluye la sección segunda de la Audiencia Provincial de València, se hicieron “de manera clandestina” y “oculta” en “agradecimiento” o “quizás en pago, al haber sido elegidas como contratistas del Ayuntamiento” y haber podido facturar “elevadas cantidades de dinero”. La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado José Manuel Ortega, es extensa (370 páginas) y extraordinariamente minuciosa a la hora de describir el complejo entramado orquestado por Alfonso Grau para hinchar la caja B del PP de València.

El apartado de hechos probados de la sentencia arranca con la siguiente afirmación: “Los gastos de la campaña de la candidatura del Partido Popular al Ayuntamiento de Valencia en las elecciones de 2007 ni fueron abonados por el Partido Popular ni por su grupo municipal (...)”. El PP de Rita Barberá encargó la campaña al grupo Laterne, del fallecido empresario Vicente Sáez, por un importe que “osciló alrededor de los 2.583.731,98 euros”. Así, tal volumen de gasto fue abonado mediante un alambicado sistema en B que incluyó aportaciones de fundaciones municipales y, en mayor medida, de importantes empresas privadas adjudicatarias de contratos municipales.

Si la defensa de Grau pudo vislumbrar en algún momento del juicio oral una mínima esperanza de absolución con la inopinada retractación del testigo clave de la causa, el exasesor del PP y actual funcionario del Ayuntamiento de València Jesús Gordillo, el fallo concluye que éste último “no dijo la verdad” —o, dicho de otro modo, realizó “afirmaciones que cabe tachar de inciertas”— y valida su declaración incriminatoria en la fase de instrucción. Se trata de un elemento clave de la sentencia: gran parte de la causa dependía del testimonio de Gordillo y de la documentación que aportó.

Toda la caja B pasaba por Laterne. El entramado facturó, entre 2006 y 2008, un total de 616.000 euros a la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), financiada mayoritariamente por el consistorio. De esos fondos, al menos 210.000 euros se pagaron para que Laterne “pudiera atender gastos de la campaña electoral [del PP] de 2007”.

“Dichos pagos se efectuaron por decisión de Alfonso Grau Alonso y José Salinas Novella [exgrente de la FTVCB condenado como cooperador necesario de un delito continuado de malversación a cuatro años de prisión y a ocho de inhabilitación] colaboró en la ejecución de dichos pagos a sabiendas de su finalidad”, sostiene la sentencia. El fallo argumenta que Salinas, “cuanto menos, colaboró en la comisión de los hechos”.

Con el Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), financiado mayoritariamente por el Ayuntamiento de València, se dio una situación similar. El grupo Laterne destinó, al menos, 178.150 euros facturados a la entidad para gastos electorales del PP. Todo ello, “por decisión” de Alfonso Grau. Juan Eduardo Santón, exdirector de CEyD, a pesar de su “papel relevante” en la entidad, ha sido absuelto al considerar la sentencia “admisible” que no fuera conocedor del destino final de los fondos pagados a Laterne.

Empresarios en apoyo del PP para “beneficiarse en el futuro”

Sin embargo, la vía con la que más se hinchó la caja B del PP de València fue la aportación de fondos, por un monto total de 1,6 millones de euros, por parte de empresas contratistas: Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), Secopsa, la UTE RULV Valencia, Pavasal, Lubasa, Rover Alcisa, FCC, Urbana Ducat SL, PKL Real Estate, Nou Litoral Construcciones Luján y Ágora Patrimonial.

“Los responsables de tales empresas efectuaron dichos pagos para significarse, ante quienes podían continuar siendo responsables del gobierno municipal, como entidades dispuestas a apoyar que la candidatura del Partido Popular continuara gobernando el Ayuntamiento de Valencia y poder, así, beneficiarse en el futuro de un trato favorable por parte del Ayuntamiento, de las empresas públicas municipales y de cualesquiera otras entidades en cuyas decisiones pudieran intervenir los gobernantes municipales”, concluye el fallo. Los pagos, apostilla, se hicieron “a petición” de Grau.

Otra rama del entramado pasaba por la constitución de la empresa Product Management Council SL, una firma fantasmal a la que SAV, Secopsa, Pavasal y Lubasa aportaron 150.000 euros por cabeza, e Inmotec, 100.000 euros, además de los 54.800 euros de Edival y los 34.800 de Ágora Patrimonial. “Dichas cantidades”, afirma la sentencia, “fueron destinadas, finalmente, a atender gastos generados por la campaña electoral municipal del PP de València en 2007”. En la operación, según el juez instructor, participó el cuñado de Rita Barberá, José María Corbín, encargado de la defensa de María del Carmen García Fuster, ex secretaria del grupo municipal popular y absuelta en este juicio del 'caso Taula'.

Adicionalmente, Grau recaudó 350.000 euros (de las empresas Secopsa, Saprico, Edificaciones Prieto, SAV, Xilxes Golf Resort, Costa Malvarrosa, Prodese y Urbana Ducat) para pagar deudas con proveedores, incluyendo 7.386 euros abonados a Orange Market, la filial de la trama Gürtel en València.

Para la organización de la siguiente campaña electoral de 2011, el PP abonó a la empresa Trasgos, entre mayo y julio de aquel año, un total de 167.678 euros. Sin embrago, Trasgos asumió unos gastos totales de 251.176 euros (una cifra más de 83.000 euros superior a lo abonado por el grupo municipal popular). A diferencia de la campaña de 2007, “no ha resultado acreditado con qué fondos cubrió Trasgos la diferencia entre lo que cobró del grupo municipal popular y lo que gastó en la campaña electoral, ni la procedencia de los mismos”.

A pesar de que no hay suficientes pruebas, la sentencia considera que “alguna fuente de financiación tuvo que haber” en 2011, “puesto que no resulta razonable pensar que la empresa Trasgos asumiera gastos de campaña por encima de lo que el grupo municipal popular le pagó”. En todo caso, “lo que la prueba practicada no permite afirmar, más allá de toda duda razonable”, es que los 83.498 euros se abonara por parte de otras empresas a modo de “pantalla contable”.

La investigación, a cargo de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, detectó ocho ingresos por un importe total de 161.900 euros en la cuenta del grupo municipal popular en el Banco Sabadell, sin control de ningún tipo por parte del Tribunal de Cuentas. La cuenta, controlada por María del Carmen García Fuster, “no figuraba en la contabilidad ordinaria ni electoral” del PP. Sin embargo, en relación a los ocho ingresos, la sentencia afirma que “no ha quedado acreditado ni la identidad de quienes los hicieron, ni la finalidad con la que fueron realizados”.

“Rol decisivo” de Alfonso Grau

La sentencia alude al “rol decisivo” de Alfonso Grau, uno de los principales investigado en el 'caso Azud', en las campañas electorales del PP de València, singularmente en la de 2007, y a su intervención en la recaudación de fondos.

Así, la sección segunda de la Audiencia de València considera que la “única” explicación razonable es la que sostienen la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, que ejerce Compromís: Grau “se prevalió de la posición que ocupaba como teniente de alcalde para conseguir que las empresas que mantenían relaciones económicas con el ayuntamiento por importes relevantes (...) y, en todo caso en atención a su posición de poder, (...) efectuaran las aportaciones económicas”.

El fallo, que no es firme, aplica a ambos condenados la atenuante de dilaciones indebidas: aunque se trataba de una causa “muy compleja”, la instrucción estuvo prácticamente paralizada durante casi un año.

Las acusaciones pedían el decomiso de los apenas 27.731 euros que quedaban en el saldo de la cuenta del grupo municipal popular en el Banco Sabadell, bloqueada por orden judicial al inicio de la instrucción. Sin embargo, la sentencia desestima la petición argumentando que en la vista oral no ha quedado acreditado que ese dinero fuera una “ganancia derivada del delito” ni su titularidad corresponde a ninguno de los condenados.

La secció segona de l'Audiència Provincial de València ha condemnat a quatre anys i mig de presó i onze d'inhabilitació Alfonso Grau, ex vicealclade de València durant els mandats de Rita Barberá, pels delictes de malversació de cabals públics i suborn. La sentència també li imposa el pagament d'una multa de cinc milions d'euros, a més d'una indemnització de 388.150 euros a abonar a l'Ajuntament de València.

José Salinas, exgerent de la Fundació Turisme València, també ha estat condemnat com a cooperador necessari d'un delicte continuat de malversació a quatre anys de presó ia vuit d'inhabilitació.

D'altra banda, María del Carmen García Fuster, ex secretària del grup municipal popular, i Juan Eduardo Santón, ex responsable del Centre d'Estratègies i Desenvolupament, han estat absolts.

L'Audiència de València imposa així les penes de presó a Grau i a Salinas en el marc del judici de la peça A del 'cas Taula', relativa al finançament irregular de les campanyes electorals de Rita Barberá el 2007 i 2011.

Es tracta del cinquè judici de la macrocausa després de les vistes corresponents a la peça J (amb Marcos Benavent, autodenominat 'ionqui dels diners' condemnat a gairebé vuit anys de presó); a la peça D (amb sentència absolutòria); a la peça B (que va condemnar Alfonso Rus a cinc anys de presó), i a la peça K (l'enjudiciament de la qual es va suspendre el novembre passat).

La sección segunda de la Audiencia Provincial de València ha condenado a cuatro años y medio de prisión y a nueve de inhabilitación a Alfonso Grau, ex vicealclade de València durante los mandatos de Rita Barberá, por los delitos de malversación de caudales públicos y cohecho. La sentencia también le impone el pago de una multa de cinco millones de euros, además de una indemnización de 388.150 euros a abonar al Ayuntamiento de València.

José Salinas, exgerente de la Fundación Turismo Valencia, también ha sido condenado como cooperador necesario de un delito continuado de malversación a cuatro años de prisión y a ocho de inhabilitación.

Por otro lado, María del Carmen García Fuster, ex secretaria del grupo municipal popular, y Juan Eduardo Santón, exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo , han sido absueltos.

La Audiencia de València impone así las penas de prisión a Grau y a Salinas en el marco del juicio de la pieza A del 'caso Taula', relativa a la financiación irregular de las campañas electorales de Rita Barberá en 2007 y 2011.

Se trata del quinto juicio de la macrocausa tras las vistas correspondientes a la pieza J (con Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero' condenado a casi ocho años de prisión); a la pieza D (con sentencia absolutoria); a la pieza B (que condenó a Alfonso Rus a cinco años de prisión), y a la pieza K (cuyo enjuiciamiento se suspendió el pasado noviembre).

El fiscal anticorrupción, Fernando Maldonado, ha desgranado en la exposición de su informe las conclusiones del Ministerio Público en el juicio de la pieza separada A del 'caso Taula' sobre la presunta caja B del PP de Rita Barberá en las elecciones municipales de 2007 y 2011. “Es indudable que el PP de València cometió fraude electoral”, ha dicho el fiscal ante el tribunal la sección segunda de la Audiencia Provincial de València.

“Todo acto de corrupción supone un gran reproche ético y moral, es una quiebra de las instituciones democráticas”, ha manifestado el representante de la Fiscalía Anticorrupción, quien ha asegurado que cuando los políticos “cometen fraude, el reproche es especialmente mayor”. Maldonado, en una contundente intervención considera que el PP de València se presentó a las elecciones de 2007 y 2011 dopado con “dinero irregularmente obtenido”.

El fiscal ha detallado los procedimientos de la supuesta caja B de Rita Barberá: cuentas bancarias sin control, aportaciones en negro de empresas contratistas y fondos públicos de fundaciones municipales “dominadas por el PP”.

Fernando Maldonado ha situado a los acusados Alfonso Grau, ex vicealcalde de València, y Maria del Carmen García Fuster, exsecretaria del grupo municipal del PP, como los principales artífices de la supuesta caja B.

El representante del Ministerio Público ha enumerado las aportaciones de las empresas contratistas (tales como Pavasal, FCC, Lubasa o Construcciones Luján, entre otras) al entramado de Laterne, usado para financiar la campaña de 2007. “Estos ingresos siempre se realizan cuando coincide con la campaña electoral”, ha destacado.

Además, “siempre son cantidades redondas”, ha apostillado. La operativa para las elecciones de 2011 fue “esencialmente la misma, pero más sencilla”, a través del grupo Trasgos. “En este caso, Grau hace lo mismo, recurrimos a empresas que han colaborado en 2007 y aparecen prácticamente las mismas empresas”, sostiene el fiscal.

Maldonado ha enumerado las aportaciones de las empresas y ha destacado que Secopsa aportó “100.000 euros redondos” y FCC “una cantidad muy curiosa, 49.997 euros, tres euros menos de 50.000 euros”.

Anticorrupción pide nueve años y dos meses de prisión para Grau por los presuntos delitos de malversación, cohecho y falsedad documental. A José Salinas y Juan Eduardo Santón, exresponsables de dos fundaciones municipales que presuntamente hincharon el entramado en B para abonar las campañas municipales del PP de València en 2007 y 2011, les pide cinco años y dos meses por los mismos presuntos delitos menos el de cohecho. Para Mari Carmen García Fuster solicita un año de cárcel por un presunto delito de cohecho.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargados de la investigación de la presunta financiación en B de la financiación electoral del PP de Rita Barberá han confirmado durante la primera sesión del juicio por la pieza separada A del 'caso Taula' que el coste en las elecciones de 2007 “podría haber superado los dos millones de euros”. “Es difícil de cuantificar”, ha asegurado uno de los agentes que ha comparecido en calidad de testigo perito. “En todo caso”, ha agregado, “son cuantías superiores a los 150.000 euros” que establecía la normativa electoral como tope para los gastos de los partidos políticos.

El agente de la UCO ha especificado que el entramado del grupo empresarial Laterne recibió “ingresos en efectivo” por parte de empresas contratistas del Ayuntamiento de València.

Los agentes han relatado los avances de las pesquisas y han destacado el contrato suscrito entre el empresario Vicente Saez, ya fallecido, y el entonces vicealcalde de València, Alfonso Grau (acusado en la causa), para la campaña de las elecciones de 2007.

Otro de los agentes que ha declarado como testigo ha recordado que el PP de València mantenía dos cuentas bancarias, una de las cuales no estaba fiscalizada. Se trataba, según ha dicho, de una cuenta “carente absolutamente de control”. De hecho, el PP confirmó que era una cuenta específicamente del grupo municipal popular.

Uno de los agentes ha aludido al “manejo de dinero en efectivo en el seno del grupo municipal” popular. En la campaña de 2011, el PP de Rita Barberá recurrió al grupo Trasgos para los trabajos electorales. Y la UCO comprobó que los gastos en que había incurrido esa empresa fueron superiores a 150.000 euros.

“Se evidenció que los gastos en que había incurrido Trasgos superaban, al menos, en 110.000 euros a lo que habían ingresado, de lo cual se deduce que debía existir otra fuente de ingresos”, ha resumido uno de los agentes de la UCO de la Guardia Civil.

Los investigadores confirmaron que la mecánica de aportación de fondos por parte de empresas contratistas se repitió tanto en la campaña de 2007 como en la de 2011. Además, ha destacado, que las empresas que aportaban los fondos “sólo facturaban con Trasgos en el momento de la campaña [electoral].

Primera sesión del juicio de la pieza A del 'caso Taula'

La primera sesión del juicio de la pieza separada A del 'caso Taula' ha arrancado este martes con la exposición de las cuestiones previas de las partes. Las defensas han alegado la supuesta prescripción de los hechos mientras que el fiscal anticorrupción, Fernando Maldonado, asegura que el tope de la prescripción para el presunto delito de malversación se sitúa en 15 años.

En el banquillo de los acusados se sientan Alfonso Grau, exvicealcalde de València durante el mandato de Barberá, y Mari Carmen García Fuster, exsecretaria del grupo municipal popular, por la presunta financiación en B de las campañas del PP en 2007 y 2011.

El cuñado de Rita Barberá, el letrado José María Corbín, se encarga de la defensa de la exsecretaria del grupo municipal popular. En la sala ha estado acompañado por la sobrina de la fallecida alcaldesa, la también abogada Rita Corbín Barberá. Tanto José María Corbín como su hija Rita figuran como investigados en el 'caso Azud', una causa de presunta corrupción que nace precisamente de la pieza A del 'caso Taula'.

En el banquillo de los acusados también se sientan José Salinas, de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, y Juan Eduardo Santón, de la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Innovación Urbana y la Economía del Conocimiento.

El juicio por la pieza separada A del 'caso Taula' arranca este martes ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de València. En el banquillo se sientan Alfonso Grau, exvicealcalde de València durante el mandato de Barberá, y Mari Carmen García Fuster, exsecretaria del grupo municipal popular, por la presunta financiación en B de las campañas del PP en 2007 y 2011. Estarán acompañados por José Salinas, de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, y Juan Eduardo Santón, de la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Innovación Urbana y la Economía del Conocimiento. El tribunal ha preparado un calendario de 12 sesiones que incluye la declaración de los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargados de las pesquisas y del interventor del Estado adscrito a la Fiscalía Anticorrupción que analizó las cuentas del PP de Barberá.

Se trata del quinto juicio de la macrocausa tras las vistas correspondientes a la pieza J (con Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero' condenado a casi ocho años de prisión); a la pieza  D (con sentencia absolutoria); a la pieza B (que condenó a Alfonso Rus a cinco años de prisión), y a la pieza K (cuyo enjuiciamiento se suspendió el pasado noviembre).

La pieza separada A del 'caso Taula' incluía a un centenar de cargos del PP de València, entre concejales y asesores, por su supuesto papel en el blanqueo de fondos para la campaña electoral de 2015 mediante la técnica del 'pitufeo'. Sin embargo, un polémico auto, dictado por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València y con un contundente voto particular de la magistrada Clara Bayarri, tumbó el grueso de la causa.

Así, en el banquillo se sentarán finalmente cuatro acusados en relación a la presunta financiación en B de las campañas electorales de Rita Barberá en 2007 y 2011. Alfonso Grau ya fue condenado por cohecho y es uno de los principales investigados del 'caso Azud'.

La investigación de la pieza A se inició tras la confesión del asesor popular Jesús Gordillo, que aportó documentación a la UCO sobre el entramado de Laterne, del fallecido empresario Vicente Sáez. Gordillo confirmó que solo en la campaña de 2007, una serie de empresas pantalla vinculadas al grupo Laterne recibió 2,6 millones de euros. Los fondos provenían de empresas contratistas del Ayuntamiento de València.

Entre otros gastos, una de las firmas de Laterne pagó 233.401 euros para un mitin de Mariano Rajoy en València, que en la documentación aparece anotado como “M. Rajoy”.

La instrucción del 'caso Taula' descubrió que el PP de Rita Barberá manejaba una cuenta en B, cuya contabilidad desde 1995 estaba manuscrita en una libreta de María del Carmen García Fuster, secretaria del grupo y persona de la máxima confianza de Rita Barberá. Una cuenta “descontrolada y, en gran medida, opaca”, según apuntó el juez instructor.

Dinero de contratistas

En la campaña de 2007, los fondos manejados a través del entramado de Laterne superaron “con seguridad y ampliamente” el millón de euros y pudieron “superar la cota” de los dos millones, según las pesquisas de la UCO.

Entre las empresas que aportaron fondos, tal como detalla la documentación entregada por Gordillo, figuran Secopsa, Agricultores de la Vega de Valencia, Lubasa, Pavasal, Luján o el Grupo Rover Alcisa. En el caso de Secopsa (solo entre 2006 y 2008 obtuvo casi 100 millones de euros en adjudicaciones del consistorio), la firma aportaba a Laterne “todos los años cantidades redondas, sin justificación contractual alguna”, según el instructor de la causa.

En la campaña electoral de 2011, una vez desaparecida Laterne, el PP de València recurrió a otro supuesto entramado empresarial. La formación que lideraba Rita Barberá “llevó a cabo un gasto muy superior al del partido a nivel provincial”, obviando además la normativa electoral en materia de financiación, según concluyó la instrucción.

Alfonso Grau, exvicealcalde del Ayuntamiento de Valencia durante el mandato de Rita Barberá, se sentará en el banquillo de los acusados por la pieza A del 'caso Taula', relativa a la financiación de las campañas electorales del PP en 2007 y 2011 mediante entregas opacas de contratistas del consistorio. El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia considera a Grau como presunto autor de los supuestos delitos de malversación y cohecho y le pide 2,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil. 

La resolución también envía al banquillo por un supuesto cohecho a la exsecretaria del grupo municipal 'popular', María del Carmen García Fuster, y (por una presunta malversación) a José Salinas, responsables de la fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), y Juan Eduardo Santón, de la entidad Centro de Estrategias y Desarrollo (CEYD).

Ambas, controladas en última instancia por Alfonso Grau, inyectaron ingentes fondos en la presunta red de empresas que financió las campañas de los populares, especialmente en el grupo Laterne del fallecido empresario Vicente Sáez. “Se sacó el dinero de esas fundaciones en favor de Laterne” para sostener las “necesidades del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia”, concluyó la instrucción.

El juez requiere, en el plazo de un día, una responsabilidad civil de 1,5 millones para Salinas y de 850.000 euros para Santón. Inicialmente, la pieza A del 'caso Taula' investigaba por un presunto blanqueo de capitales a medio centenar de ediles y asesores del grupo municipal de Rita Barberá en las elecciones del 2015. Sin embargo, un polémico auto de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia desinfló la causa librando a los investigados de su procesamiento por blanqueo.

La resolución distinguía entre “dinero negro” y “dinero sucio” y avalaba que los ediles y asesores del PP de Valencia recibieran dos billetes de 500 euros sin conocer su origen delictivo. 

La Fiscalía Anticorrupción recurrió el auto, que contaba con un contundente voto particular de la magistrada progresista Clara Bayarri. La jueza discrepante argumentaba que los ediles y asesores populares conocían el “probable origen delictivo” de los dos billetes de 500 euros que recibieron de los fondos en B del PP municipal tras hacer un ingreso por la misma cantidad al partido justo antes de la campaña que acabaría con los 24 años de hegemonía popular en el Ayuntamiento de Valencia.

La sección cuarta rechazó el recurso del fiscal y abocó al Ministerio Público a plantear un recurso de queja ante el Tribunal Supremo. El alto tribunal desestimó el recurso de Anticorrupción, dando el carpetazo definitivo a una causa en la que se sentaba casi medio centenar de personas, entre concejales y asesores, del equipo de Rita Barberá. 

Así, sólo Grau, García Fuster, Salinas y Antón se sentarán finalmente en el banquillo por las campañas electorales del 2007 y del 2011, en las que el PP manejó millones de euros en entregas opacas de contratistas municipales al margen de la contabilidad oficial.

Alfonso Grau también es uno de los principales investigados en el 'caso Azud'. Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospechan que Grau se embolsó dos millones de euros de la presunta trama corrupta.

Alfonso Grau, la antigua mano derecha de Rita Barberá procesado en el 'caso Taula' e investigado en el 'caso Azud', se ha salvado de la condena por un delito de blanqueo de capitales a tres años y tres meses de prisión y de una multa de 25.095 euros. Aunque no se ahorra la condena de nueve meses y un día de prisión y de dos años y un día de suspensión de empleo y cargo público por un delito continuado de cohecho, según ha sentenciado la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

La sentencia del TS, cuyo ponente ha sido el magistrado Pablo Llarena, estima parcialmente el recurso de casación interpuesto por Grau Alonso contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) que lo condeno por cohecho y blanqueo al haber aceptado regalos de relojes de lujo por parte del empresario Urbano Catalán, propietario de Tranvía, una firma que había suscrito 16 contratos, entre 2006 y 2015, con el ayuntamiento gobernado por Rita Barberá.

El alto tribunal considera que no queda suficientemente probado el delito de blanqueo de capitales por parte del exvicealcalde de Valencia. Los elementos de inferencia que maneja el tribunal “no permiten alcanzar la conclusión de intencionalidad en la que descansa la condena con exclusión de otras alternativas igualmente razonables, concretamente la ofrecida por la defensa de que los relojes regalados se cambiaron para disfrutar del delito perpetrado mediante el disfrute de otras piezas de mayor preferencia personal”.

La sentencia añade que el cambio de los relojes se realizó personalmente por Alfonso Grau, desvelando que era el destinatario de la compra efectuada por las empresas de Urbano Catalán, y se hizo por dos piezas que le obligaron a hacer una importante aportación de dinero. “En ese contexto, recogiéndose que el acusado tenía una variedad importante de relojes de lujo y no constando tampoco que los relojes inicialmente recibidos hubieran sido elegidos por él, no puede excluirse de manera concluyente lo que el recurso sostiene, esto es, que el cambio no respondió a ocultar la procedencia de los relojes entregados, sino a beneficiarse del cohecho para alcanzar unos modelos por los que tenía mayor interés”.

“El quebranto del derecho a la presunción de inocencia no deriva de que los hechos no hayan podido acontecer como indica la sentencia de instancia (que es posible), sino de que la acusación no ha aportado un material probatorio que excluya de manera concluyente que las cosas sucedieran por otras razones igualmente razonables y fundadas”, concluye.

El entonces número dos de Rita Barberá se embolsó 48.500 euros por la venta de dos Vacheron Constantin y un Lange and Söhne, según revela el sumario del 'caso Azud', en el cual figura como uno de los principales investigados por haberse llevado dos millones de euros en mordidas.

La Sala de lo Penal ha desestimado el recurso de casación planteado por el empresario Urbano Catalán contra su condena a 9 meses y 1 día de prisión por un delito continuado de cohecho.

La sentencia indica que el fallo impugnado subraya acertadamente que los hechos probados describen con suficiencia las exigencias típicas del delito objeto de condena, “pues no sólo reflejan una desmesura por el valor y la exclusividad de los regalos”, sino que detallan también que los regalos se hicieron “en atención a que Alfonso Grau era el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, así como director y coordinador general del Área de Dinamización Económica y Empleo de la Corporación local, entre cuyas delegaciones estaba la de contratación, expresando además que los regalos se hicieron por razón de las relaciones comerciales existentes entre las empresas de Urbano Catalán Lorente y el Ayuntamiento de Valencia”.

El TS sostiene que lo que se ha sancionado es “el favorecimiento de una especial cordialidad con los gestores públicos a partir de donaciones materiales excesivas, lo que no se oculta que puede llevar a generar, aun de forma inconsciente o difusa, la potencialidad de un marco administrativo favorable o en cierta forma empático con los intereses del administrado que aporta el regalo”.

 “Unas conclusiones que —en respuesta a los argumentos que se expresan y que desbordan el cauce de error iuris al que se acude— no son gratuitas a la luz de la prueba practicada, dado que no se ofrecen otras facetas de relación personal entre los acusados y puesto que tampoco se aduce que concurriera entre ellos ninguna otra razón que pudiera impulsar las donaciones”, señala la sentencia.

Cuatro vehículos BMW y un Mini Cooper. La investigación del 'caso Azud' ha destapado el alto nivel de vida de Alfonso Grau, antigua mano derecha de la fallecida alcaldesa Rita Barberá. Además de los relojes de oro que vendió poco antes de que se iniciara una investigación que se saldó con su condena por cohecho y blanqueo de capitales, el sumario del 'caso Azud', al que ha tenido acceso elDiario.es, revela que Grau disponía de un selecto parque automovilístico formado por cuatro BMW y un Mini Cooper. 

La jueza instructora autorizó a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargados de la pesquisas a indagar sobre los vehículos del número dos de Rita Barberá, que disponía de una ficha de cliente en el concesionario Automóviles Bertolín SL.

La documentación que figura en el sumario revela que Alfonso Grau adquirió en 2004 un BMW X3 3.0D, un potente todoterreno. Cuatro años más tarde, el entonces vicealcalde de Valencia compró un BMW Cooper, la versión moderna del clásico Mini de la lujosa marca alemana. En 2010, Grau se hizo con un BMW 530 D GT, un potente bólido que alcanza los 246 kilómetros por hora y para cuyo pago entregó 35.000 euros en metálico (además de 53.674 euros mediante transferencias).

Cinco años después, poco antes de que Rita Barberá perdiera las elecciones municipales tras 24 ejercicios seguidos con la vara de mando, el vicealcalde se hizo con un Mini Cooper, el cómodo utilitario con cinco puertas. Su última adquisición fue un BMW X4 XDRIVE281, con una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora de 6.4 segundos.

Para este último vehículo, adquirido por un importe de 71.247 euros, Grau entregó como forma de pago el Mini Cooper y el BMW 530 D GT. La documentación sobre los tres vehículos más antiguos fue “destruida” por el concesionario, según el acta de recepción firmada por dos agentes de la UCO.

Además del parque automovilístico, centrado en la marca alemana, Alfonso Grau contaba con una notable colección de relojes de lujo que ha aflorado tanto en el 'caso Azud' como en la investigación de la Fiscalía Antcorrupción sobre los regalos por parte del empresario Urbano Catalán, dueño de Transvia, que acabó con la condena del expolítico del PP a cuatro años de cárcel y a una multa de 25.000 euros por un delito continuado de cohecho y otro de blanqueo de capitales.

“Documentación falsa” para abrir una cuenta en el extranjero

Sin embargo, no es la única vía con la que la UCO y Anticorrupción se han topado de cara a recuperar los fondos públicos presuntamente saqueados. La jueza instructora autorizó, a petición de la UCO, una comisión rogatoria a Estados Unidos para localizar una cuenta en la entidad JP Morgan en Milwaukee (Wisconsin) a nombre del ciudadano norteamericano Kent Lawrence Baker y de su esposa, una de las hijas de Grau. La investigación del 'caso Azud' sostiene que el expolítico del PP se llevó a su bolsillo dos millones de euros en mordidas de la presunta trama corrupta.

Anticorrupción considera, de manera indiciaria, que la hija y el yerno del exvicealcalde habrían participado en una supuesta operación de blanqueo de capitales. En la documentación intervenida al presunto corruptor de la trama, el empresario Jaime Febrer, figuran unas anotaciones sobre la cuenta en Estados Unidos, que habría servido para canalizar las presuntas mordidas. La documentación señala que se trata de “la misma cuenta de hace dos años”.

Otra cuenta en Citibank, a nombre de María Ángeles Grau, recibió durante varios años “ingresos fraccionados en días sucesivos” por importes inferiores a 3.000 euros “de origen desconocido y presuntamente delictivos”, según un informe del fiscal anticorrupción Pablo Ponce que figura en el sumario.

Sofía, la otra hija de Alfonso Grau, intentó abrir una cuenta corriente en una sucursal bancaria francesa en 2015 que le fue denegada “por aportar documentación falsa sobre el origen del dinero”.

Los relojes de lujo afloran en numerosas investigaciones por corrupción en España. Ricardo Costa, exsecretario general del PP valenciano, recibió de la trama Gürtel un reloj de acero de la marca Frank Muller, serie limitada de la Volvo Ocean Race, valorado en 20.000 euros. En las conversaciones telefónicas pinchadas por la Policía, Álvaro Pérez El Bigotes rememoraba el emotivo momento en que entregó el presente a Ricardo Costa: “Iba como un niño con zapatos nuevos”. El 'caso Erial' afloró una magnífica colección de más de 30 relojes de lujo de Eduardo Zaplana, que costaban la friolera de más de 200.000 euros.

Como no podía ser de otra manera, la investigación del 'caso Azud' también ha detectado relojes de lujo en manos de políticos populares. Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia y mano derecha de Rita Barberá, vendió tres relojes a una joyería de la ciudad apenas seis semanas antes de que el PP perdiera las elecciones municipales del 2015, finiquitando así 24 años seguidos de poder en la ciudad.

Se trata, según la documentación que figura en el sumario del 'caso Azud' a la que ha tenido acceso elDiario.es, de dos relojes marca Vacheron Constantin, uno modelo Patrimony de oro blanco y otro modelo Perpetual Calendar de oro rosa. El tercero, de marca Lange and Söhne modelo Lange 1 Time Zone, también es de oro rosa. El 10 de abril del 2015 Grau firmó un contrato con la empresa Nina Dandara SL en la que aseguraba que los relojes no procedían de “ninguna actividad ilegal”. El comprador le abonó 48.500 euros a Alfonso Grau.

El entonces vicealcalde de Valencia se habría embolsado, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, dos millones de euros en mordidas de la trama del 'caso Azud'. Grau es un viejo conocido de la Fiscalía Anticorrupción y de la UCO, que ha registrado varias veces su vivienda en el marco de varios casos de corrupción que afectan al PP. Es uno de los principales investigados en el 'caso Azud' y está procesado en la pieza separada A del 'caso Taula' por la presunta financiación ilegal de las campañas municipales de Rita Barberá. 

Además, en materia de relojes, Alfonso Grau ya fue condenado a cuatro años de cárcel y a una multa de 25.000 euros por un delito continuado de cohecho y otro de blanqueo de capitales. La sentencia consideraba probado que Grau adjudicaba contratos al empresario Urbano Catalán, de la firma Transvia, a cambio de relojes de alta gama. Por su parte, Catalán fue condenado a nueve meses y un día de cárcel por el delito continuado de cohecho. Un fallo confirmado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La causa se abrió a finales de 2015 tras una denuncia de la Fiscalía contra el ex vicealcalde de Valencia y el empresario, cuyas mercantiles del consistorio recibieron entre 2006 y 2015 un total de 16 contratos por un importe aproximado de 2,5 millones de euros. Pocos meses antes, según desvela el sumario del 'caso Azud', Grau vendió otros tres relojes de lujo a la firma de joyería Nina Dandara SL, cuyo administrador único es Bernardo Celis Morosoli. 

El pago a Alfonso Grau se efectuó en dos transferencias de una cuenta de la joyería en La Caixa a la del antiguo número dos de Rita Barberá en el BBVA. Grau, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, declaró ante la Conselleria de Hacienda de la Generalitat Valenciana la compraventa de los relojes en materia de impuesto sobre transmisiones patrimoniales. 

La venta se produjo cuando los investigadores de la UCO, en el marco del 'caso Taula', pisaban los talones al equipo de Rita Barberá, apenas una semanas antes de que el PP perdiera las elecciones municipales del 2015 y unos meses antes de la que se iniciara la investigación que acabó con la condena de Grau por cohecho y blanqueo de capitales mediante los relojes de lujo que le regalaba el empresarios Urbano Catalán.

Un agente de la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil ha asegurado este jueves en el juicio contra el exvicealcalde de València con el PP Alfonso Grau por blanqueo y cohecho que de las investigaciones que realizó concluye que el exconcejal utilizó relojes adquiridos en una céntrica joyería de la ciudad por el empresario Urbano Catalán, responsable de Transvía y Viajes Privilege y que se hizo con diversos concursos del Ayuntamiento, como “método de pago” para comprar relojes de mayor cuantía.

Así lo ha manifestado el agente este lunes en la primera sesión de la causa en la que se juzga a Grau por supuestamente aceptar dos relojes de lujo del empresario, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia. El proceso ha arrancado con la declaración de los testigos, al contrario de lo que es habitual, y está previsto que se prolongue durante un total de ocho sesiones repartidas entre esta semana y la que viene.

Grau -también investigado en el conocido como caso Imelsa- y Catalán están acusados de presuntos delitos de blanqueo de capitales y de cohecho. La Fiscalía Anticorrupción solicita para el que fuera número dos de la exalcaldesa Rita Barberá una pena de seis años de prisión y el pago de una multa de 75.000 euros, mientras que para el empresario reclama un año de cárcel por cohecho.

Esta causa se abrió a finales de 2015, cuando el juzgado recibió una denuncia de la Fiscalía contra ambos procesados. Según el escrito fiscal, Transvía regalaba supuestamente a cambio de contratos relojes de alta gama al exvicealcalde, que el exedil del PP en el consistorio presuntamente cambiaba por otros de precio superior y abonaba la diferencia, sistema que constituiría un blanqueo.

“Trazabilidad” de los relojes

Uno de los testigos que ha declarado esta primera jornada, agente de la Guardia Civil que instruyó varios de los informes aportados a la causa, ha afirmado que Grau utilizó los relojes adquiridos por Catalán como “método de pago” para adquirir otros de más valor, algo en lo que ha coincidido otro de los investigadores de la Guardia Civil que ha declarado.

Este investigador ha explicado que por medio de información de la Agencia Tributaria que aportó la joyería se pudo seguir la “trazabilidad” de los relojes y comprobar el supuesto uso que Grau hizo de ellos. Además, ha señalado que se encargó del registro domiciliario de la vivienda del exedil 'popular' y los agentes encontraron “una cantidad importante de relojes”, lo que a juicio del testigo mostraba “la afición y el gusto de Grau” por ellos. Sin embargo, ha apuntado que en el registro de la vivienda no encontraron los modelos que presuntamente adquirió Grau a través de la devolución de las piezas compradas por el empresario.

El otro agente ha indicado que estas operaciones de devolución de los relojes por parte de Catalán y compra de otros de más valor por parte de Grau tuvieron lugar en 2010 y 2011 y comprobaron a través del código de compra “quién los había comprado y quién los había devuelto”. “Catalán iba y realizaba personalmente la compra pero los relojes se facturaban a empresas”, ha apuntado.

La joyería “perdía dinero”

También han declarado en esta primera sesión varios trabajadores de la joyería. El director de Servicios Corporativos también ha constatado que los relojes fueron vendidos a Catalán y devueltos después por Grau y ha confirmado que eran los mismos.

Por otro lado, ha expuesto que en ocasiones se hacía descuentos al propietario de Transvía debido a la elevada cantidad de artículos que adquiría y, en este caso, cuando Grau devolvió los relojes se le reintegró el dinero correspondiente al precio original, por lo que la tienda perdió dinero en estas operaciones.

Por su parte, tanto el relojero como el director de la joyería han dicho desconocer los apuntes contables, debido a que las anotaciones corresponden al año 2011 y se incorporaron con posterioridad al negocio.

Lo mismo ha sucedido con otro de los testigos, que ha protagonizado la anécdota de la jornada, puesto que en los apuntes contables aparecían ventas realizadas por un vendedor llamado Basilio, igual que el declarante. Sin embargo, el testigo ha sostenido que él no es quien aparece en los documentos, ya que comenzó a trabajar en el año 2014, tres años después de que se efectuaran las ventas y devoluciones de los relojes, por lo que se ha dado por concluida su comparecencia. Un guardia civil asegura que Alfonso Grau utilizó relojes adquiridos por un adjudicatario como “método de pago”

Contratos por 2,5 millones

En la instrucción del caso quedó constatado, según Fiscalía, que entre 2006 y 2015, mercantiles relacionadas con Urbano Catalán firmaron con el Ayuntamiento un total de 16 contratos por un importe aproximado de 2,5 millones de euros.

Así, el primer regalo se registró en 2010, cuando Grau adquirió un reloj de oro por 25.680 euros que fue satisfecho parcialmente mediante la devolución de otro que costaba 13.500 euros y que le fue regalado por Catalán y facturado a Viajes Transvía. Con esta actuación, según el ministerio público, Grau compró un reloj nuevo obteniendo un “evidente lucro económico”, ya que un reloj que valía 25.680 euros le costó 12.160 gracias al que le había regalado el empresario. Pagó la diferencia en metálico.

Similar operativa se llevó a cabo con el segundo obsequio a finales del año 2011. Catalán compró en la joyería un reloj el mismo día en que la mercantil Transvía recibió la adjudicación del contrato del consistorio de la fiesta de mayores por más de 652.000 euros.

Para ocultar el origen ilícito de este reloj --valorado en 11.575 euros--, Grau, al igual que había hecho anteriormente, lo devolvió y compró otro que le costó 16.825 euros. Pagó 5.250 euros en efectivo. Sobre este último pago, declaró a Hacienda que el dinero lo guardaba en su domicilio.

Para sacar adelante este contrato con Transvía, Grau intervino en las Juntas de Gobierno Local del Ayuntamiento en julio, octubre y noviembre de 2011. En un escrito que presentó Viajes Transvía se hacía constar que los objetos adquiridos a la joyería correspondían a artículos de regalo de empresas que la entidad realiza “según los usos y costumbres”.

El exvicealcalde de València con el PP Alfonso Grau se sienta desde este lunes en el banquillo acusado de blanqueo y cohecho por supuestamente aceptar dos relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia. Junto con Grau, la sección segunda de la Audiencia de Valencia también juzga al empresario Urbano Catalán, responsable de Transvia y Viajes Privilege.

El Juzgado de Instrucción número 19 de València decidió en enero de 2018 la apertura de juicio oral contra Grau -también investigado en el conocido como caso Imelsa- y Catalán por presuntos delitos de blanqueo de capitales y de cohecho. La Fiscalía Anticorrupción solicita para Grau una pena de seis años de prisión y el pago de una multa de 75.000 euros, mientras que para el empresario reclama un año de cárcel por cohecho.

En concreto, está previsto que el juicio se celebre en la Sala Tirant I de la Ciudad de la Justicia de València en ocho sesiones los días 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 11 de abril a partir de las 9.30 horas, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

En esa resolución judicial, el magistrado instructor indicaba que no era preciso abrir en ese momento la pieza de responsabilidad civil y/o pecuniaria puesto que no se había concretado las posibles responsabilidades en las que habrían incurrido los acusados y porque tampoco existía una resolución firme que les condene.

Esta causa se abrió a finales de 2015, cuando el juzgado recibió una denuncia de la Fiscalía contra ambos procesados. Según el escrito fiscal, Transvia regalaba supuestamente a cambio de contratos relojes de alta gama al exvicealcalde, que el exedil del PP en el consistorio presuntamente cambiaba por otros de precio superior y abonaba la diferencia, sistema que constituiría un blanqueo.

Los investigadores han podido rastrear esta actuación porque en los relojes figura el número de serie, que han podido cotejar en el establecimiento donde se hacían los cambios, y así comprobar el proceso.

Entre 2006 y 2015, mercantiles relacionadas con Urbano Catalán firmaron con el Ayuntamiento un total de 16 contratos por un importe aproximado de 2,5 millones de euros. Uno de ellos, una fiesta de personas mayores adjudicado a Transvia por 652.748,55 euros. El resto hacen referencia a adquisiciones de vehículos, servicios de alojamiento y manutención del Certamen Internacional de bandas y otra serie de transportes.

El primer regalo se registró en 2010, cuando Grau adquirió de una conocida joyería de València un reloj de oro por importe de 25.680 euros que fue satisfecho parcialmente mediante la devolución de otro que costaba 13.500 euros y que le fue regalado por el empresario Urbano Catalán y facturado a Viajes Transvia.

Según estima el fiscal, este obsequio se efectuó en atención al cargo de teniente de alcalde y concejal del Ayuntamiento de València que ostentaba en ese momento Grau, por las relaciones comerciales existentes entre las empresas de las que el empresario era apoderado y el consistorio.

Con esta actuación, agrega el ministerio público, Grau compró un reloj nuevo obteniendo un “evidente lucro económico” ya que un reloj que valía 25.680 euros le costó 12.160 gracias al que le había regalado el empresario. Pagó la diferencia en metálico.

La compra, el día de la adjudicación

Similar operativa se llevó a cabo con el segundo obsequio a finales del año 2011. Catalán compró en la joyería un reloj el mismo día en que la mercantil Transvía recibió la adjudicación del contrato del consistorio de la fiesta de mayores por más de 652.000 euros.

Para ocultar el origen ilícito de este reloj --valorado en 11.575 euros--, Grau, al igual que había hecho anteriormente, lo devolvió y compró otro que le costó 16.825 euros. Pagó 5.250 euros en efectivo. Sobre este último pago, declaró a Hacienda que el dinero lo guardaba en su domicilio.

Para sacar adelante este contrato con Transvía, Grau intervino en las Juntas de Gobierno Local del Ayuntamiento en julio, octubre y noviembre de 2011. En un escrito que presentó Viajes Transvía se hacía constar que los objetos adquiridos a la joyería correspondían a artículos de regalo de empresas que la entidad realiza “según los usos y costumbres”.

El Tribunal Supremo ha mantenido la absolución dictada por la Audiencia de Palma para los cinco acusados de la rama valenciana del caso Nóos, entre ellos el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau y el exsecretario de Turismo de la Comunidad Valenciana Luis Lobón.

En su resolución al recurso de casación presentado contra la sentencia de Nóos, el Supremo confirma asimismo la absolución de José Manuel Aguilar, exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (CACSA); de Jorge Vela, también exdirector de CACSA, y de la que fuera responsable jurídica de esta entidad, Elisa Maldonado.

Mantiene así el pronunciamiento del tribunal balear respecto a la vertiente valenciana del caso, en la que se investigaba la organización por parte del Instituto Nóos de tres cumbres del Valencia Summit y del proyecto de los Juegos Europeos, por los que distintas entidades públicas valencianas pagaron 3,5 millones de euros.

Grau estaba acusado de los presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación, fraude a la administración y tráfico de influencias en relación con la contratación del instituto Nóos a través de la Fundación Turismo de Valencia Convention Bureau (FTVCB), que él presidía, y se enfrentaba una petición de condena de 11 años de cárcel.

Lobón, por su parte, estaba acusado por prevaricación, falsedad, malversación y tráfico de influencias al contratar al instituto de Urdangarin para organizar los foros Valencia Summit y promover la candidatura de la capital levantina para organizar unos Juegos Europeos, y afrontaba solicitudes de condena de entre 8 y 11 años.

Los cinco pidieron la absolución en el juicio, al entender que no había ilegalidad en los acuerdos alcanzados con el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin y Diego Torres, al acogerse a la fórmula del patrocinio y defendieron que en todos los casos fueron avalados por informes técnicos y jurídicos.

La Fiscalia Anticorrupció sol·licita sis anys de presó per a Alfonso Grau, exvicealcalde de València, acusat d'acceptar rellotges de luxe d'un contractista de l'Ajuntament, canviar-los per uns altres més cars i pagar la diferència.

Així consta en la qualificació provisional del ministeri públic, a la qual ha tingut accés Europa Press, en la qual s'atribueix Grau delictes de blanqueig de capitals i un delicte continuat de suborn. També se li reclama el pagament d'una multa de 75.000 euros.

Al costat de Grau, investigat en el conegut com a cas Imelsa, està també processat en aquesta causa, instruïda pel Jutjat nombre 19 de València, l'empresari Urbano Català, responsable de Transvia i Viatges Privilege, que gestionen el 'bus turístic' en la ciutat. Per a ell, el fiscal reclama una pena d'un any de presó per suborn.

Segons s'ha investigat en aquest procediment, Transvia regalava suposadament a canvi de contractes rellotges d'alta gamma a l'exvicealcalde, que l'exregidor del PP en el consistori presumptament canviava per uns altres de preu superior i abonava la diferència, sistema que constituiria un blanqueig.

Els investigadors han pogut rastrejar aquesta actuació perquè en els rellotges figura el nombre de sèrie, que han pogut acarar en l'establiment on es feien els canvis, i així comprovar el procés.

Les diligències es van obrir a la fi de 2015 quan el jutjat va rebre una denúncia de la Fiscalia contra tots dos investigats. Grau i l'empresari Urbano Català van ser detinguts el passat 22 de febrer i van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar davant la Guàrdia Civil, on tampoc van declarar.