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El PP pide personarse como acusación popular en el 'caso Azud', una trama que salpica de lleno a la familia de Rita Barberá

El abogado José María Corbín entra a su despacho escoltado por dos agentes de la UCO de la Guardia Civil.

Lucas Marco


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El PP ha dado un paso judicial de consecuencias imprevisibles. Los 'populares' han solicitado su personación como acusación popular en el 'caso Azud', la macrotrama de presunta corrupción que afecta de lleno a la familia de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá. La formación que lidera Carlos Mazón ya anunció su intención de personarse en la causa a raíz del levantamiento del secreto de sumario de la pieza separada 7, relativa a la presunta financiación electoral en B del PSPV-PSOE. Sin embargo, el PP ha acabado pidiendo ser acusación popular también en la pieza principal, que salpica a relevantes exdirigentes del partido.

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El cuñado de Barberá, el abogado José María Corbín, es uno de los principales investigados en la causa, además de su hermana (y jefa de gabinete) y sus tres sobrinas. El ex vicealcalde de Valencia, el 'popular' Alfonso Grau, también es uno de los principales imputados. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el expolítico del PP, también procesado en el 'caso Taula', se llevó dos millones de euros en mordidas.

Los regalos de la trama salpican a Jorge Bellver, actualmente vicepresidente del Parlamento valenciano, que en su época de concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia se reunió con el presunto corruptor de la trama.

Mientras que la pieza principal del 'caso Azud' se centra en proyectos urbanísticos de la era de Rita Barberá al frente del consistorio, la pieza separada 7 destapó recientemente la presunta financiación en B de campañas electorales del PSPV-PSOE en 2007 y 2008.

El escrito del PP dirigido a la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, al que ha tenido acceso elDiario.es, pide ejercer la acción popular contra todas las personas y empresas “hasta ahora” imputadas y contra “todas aquellas que puedan resultar investigadas en el futuro” a medida que avance la compleja instrucción.

La representación jurídica del PP justifica su interés legítimo de personarse en la causa por la “evidente trascendencia de los hechos investigados y a su vez conocidos hasta ahora”. El escrito alude a las pesquisas sobre los delitos “cometidos en el seno de diferentes partidos políticos”, entre 2004 y 2012 (es decir, cuando gobernaba el PP tanto en el Ayuntamiento de Valencia como en el Ejecutivo autonómico).

Los presuntos delitos investigados –falsedad documental, prevaricación, malversación y fraude a la contratación– “suponen, más allá de las consecuencias políticas que puedan acarrear, un grave perjuicio para el erario público derivado de las actuaciones presuntamente irregulares llevadas a cabo que merecen ser perseguidas, garantizando así los principios fundamentales de un Estado Social y Democrático”.

Vox también ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 13 personarse como acusación popular, tal como anunció con ocasión del levantamiento de sumario de la pieza separada 7, que afecta a los socialistas valencianos.

Además, la Organización de Usuarios y Consumidores de Aguas (Aguaiuris) también ha remitido un escrito al juzgado solicitando su personación como acusación popular, al haber tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de que la investigación del 'caso Azud' afecta a la gestión del agua mediante la empresa pública Acuamed, en relación a proyectos urbanísticos bajo sospecha de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de Anticorrupción.

“De ser ciertos estos hechos”, indica el escrito de la asociación, “se estaría investigando una actividad que presumiblemente habría atentado contra el interés general de los ciudadanos, ecosistemas y medio ambiente de la zona”.

La Organización de Usuarios y Consumidores de Aguas ve “serios indicios” de un “mal uso de los recursos, ingresos y beneficios de la gestión del agua” tanto por parte de funcionarios de los ayuntamientos de Valencia, Xixona, Burjassot y Benicàssim como de la empresa pública estatal Acuamed y la municipal Aumsa, “así como por los representantes políticos responsables de la gestión”.

El PP, Vox y la entidad Aguaiuris plantean que sus solicitudes de personación no requieren fianza, aunque el partido de Santiago Abascal la deja “ofrecida” si así se la requiriere la jueza instructora.

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