Asociaciones memorialistas y de víctimas del franquismo han vuelto estos días a Buenos Aires para comparecer ante la jueza María Servini e insistir en un objetivo: el procesamiento e interrogatorio de Rodolfo Martín Villa. Después de que los tribunales argentinos revocaran el procesamiento del exministro y antiguo alto cargo franquista, las víctimas vuelven a testificar ante la magistrada que le imputó en 2014 para solicitar la reapertura del caso: “Pedimos justicia con mayúsculas y la queremos ahora”, ha dicho Rosa García Alcón, una de las portavoces de Ceaqua y La Comuna.

La conocida como 'querella argentina' consiguió en Buenos Aires lo que ninguna iniciativa judicial había estado cerca de lograr en España: la imputación de una veintena de exministros franquistas, militares, policías y jueces del régimen para responder por los crímenes y la represión de la dictadura. Fue en octubre de 2014, hace casi una década, y la investigación de la jueza argentina María Servini apuntó a “hechos atroces de lesa humanidad”, término usado para referirse, entre otros episodios de asesinatos, torturas y represión, a la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich, el proceso de Burgos de 1970 o los sucesos de Vitoria en marzo de 1976.

Las órdenes de extradición nunca tuvieron éxito. En marzo de 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy denegó las peticiones que hacía la magistrada porteña. Previamente, la Audiencia Nacional había rechazado, entre otras, la extradición de Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño'. Nadie fue extraditado y Rodolfo Martín Villa declaró, finalmente, desde el consulado argentino en Madrid en septiembre de 2020 para negar que la Transición española fuera asimilable a un genocidio. Fue en 2022 cuando los tribunales argentinos dieron la razón al exministro del Interior y anularon su procesamiento. En la actualidad solo una causa judicial abierta en Madrid investiga posibles torturas policiales durante la dictadura a un represaliado.

Las asociaciones y víctimas españolas, coordinadas por Ceaqua, han viajado de nuevo a Buenos Aires para volver a comparecer ante la jueza Servini e intentar que vuelva a poner en marcha el procesamiento de Martín Villa y otras 12 personas más, cuyas identidades no han especificado. Han presentado, además de las testificales, un informe para reforzar su acusación de delito de lesa humanidad contra los antiguos altos mandos del franquismo querellados.

Rosa García Alcón, de las asociación La Comuna, ha explicado el objetivo de este nuevo impulso a la acción judicial: “Que se procese de nuevo a Martín Villa. Exigimos que se nos dé justicia. Ya. Ahora. No se puede estar mareando más la perdiz. Pedimos justicia con mayúsculas y la queremos ahora”, ha dicho.

“La única lucha que se pierde es la que se abandona”

Eduardo Fachal, abogado del equipo jurídico que impulsa la querella, entiende que todos los hechos denunciados están “debidamente probados” y ha recordado que, en su declaración desde Madrid en 2020, Martín Villa usó “las mismas palabras que usó Videla acá” para referirse a los abusos policiales de la transición. “Errores o excesos de la Policía, no delitos de lesa humanidad. Lo mismo que decían los militares en los juicios que se celebraron en Argentina”, ha explicado.

Los testigos y las periciales que presentan estos días ante la jueza Servini, considera este abogado, “refuerzan ese dictamen que hemos presentado”. Considera que, a día de hoy, la jueza “tiene una mayor cantidad de elementos de prueba para volver a procesar a Martín Villa. Ese es uno de nuestros objetivos, como también la citación, captura y extradición de otros imputados”.

“Ha quedado claro que son delitos de lesa humanidad”, ha dicho el abogado Fachal. Preguntado sobre si considera que la situación política de Argentina, con Javier Milei al frente, puede afectar negativamente al desarrollo de la causa, ha afirmado que después de 35 años en ejercicio “he llegado a la conclusión de que no es independiente”. Citando a las Madres de Plaza de Mayo, ha zanjado: “La única lucha que se pierde es la que se abandona. Vamos a seguir luchando”.

Preguntas al Gobierno español

Asociaciones y víctimas han acudido a Buenos Aires acompañada de dos eurodiputados: Ana Miranda (BNG) y Miguel Urbán (Anticapitalistas). Miranda, la primera en intervenir, ha prometido su “apoyo” para que la causa “siga viva y tengamos incidencia política a nivel internacional”. Tanto Miranda como Urbán ha criticado que las víctimas tengan que acudir a Argentina para buscar justicia: “El Estado español no ha sido capaz de dar una respuesta a la memoria de las víctimas”, ha dicho la eurodiputada del BNG. “Esta causa es de conjunto de la sociedad española por tener una democracia que no siga tutelada bajo la impunidad de los crímenes del franquismo”, ha dicho Urbán.

Urbán ha explicado que su padre, torturado por el policía conocido como 'Billy el Niño', forma parte de la querella, pero no ha podido volar a Buenos Aires por problemas de salud. El político ha apuntado al Gobierno español de coalición: “Queremos que Servini vuelva a hacer esta petición y saber si el Gobierno de PSOE y Sumar se van a sumar a Rajoy negando estas extradiciones o si van a apostar por la Justicia y van a permitir que vengan a Argentina a ser juzgadas”, ha dicho.

Los promotores de la llamada Querella Argentina continúan en su pelea por sentar en el banquillo al exministro Rodolfo Martín Villa por crímenes contra la humanidad cometidos durante la Transición. La Cámara Federal de Casación Penal se ha reunido este jueves por videoconferencia para escuchar a las partes en el marco del recurso que interpusieron los querellantes contra la decisión que tomó el diciembre pasado. Entonces, el tribunal revocó el procesamiento del exministro que había puesto en marcha la jueza María Servini por la muerte de varias personas entre 1976 y 1978.

Martín Villa recurrió en su momento el procesamiento y Casación le dio la razón, a lo que los promotores de la querella, agrupados en la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CeAqua), respondieron también recurriendo. Ocho meses después, los letrados de los querellantes y la defensa del exministro han intervenido para exponer sus argumentos.

Los primeros reclaman su procesamiento al considerar que el fallo emitido por el tribunal que lo rechazó es “arbitrario” porque “exige un plus de fundamentación que está sobradamente probado en el expediente”, ha afirmado en la vista el abogado Eduardo Fachal. Los querellantes coinciden con la calificación que inicialmente hizo la magistrada Servini revocada después por Casación y que atribuyó a Martín Villa cuatro delitos de homicidio agravado en un contexto de crímenes contra la humanidad.

Fueron los asesinatos de Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso Chaparro, Francisco Aznar Clemente, asesinados durante la masacre de Vitoria el 3 de marzo de 1976 a consecuencia del ataque de la Policía Armada, que gaseó y disparó a manifestantes, matando en total a cinco personas. Y el de Germán Rodríguez Saíz, asesinado en los sucesos de los Sanfermines de Pamplona en julio de 1978, cuando las fuerzas de seguridad cargaron tras el despliegue de una pancarta en favor de la amnistía total. Rodríguez Saíz recibió un tiro en la frente.

Tanto su hermano Fermín Rodríguez, como Andoni Txasko, miembro de la asociación Víctimas 3 de marzo, han estado presentes en la vista como querellantes. “Que Martín Villa sea procesado es algo que estamos persiguiendo desde siempre y ha sido imposible en el estado español. El objetivo es romper en Argentina toda la impunidad que existe aquí, pero es una vergüenza que haya que recurrir al exterior habiendo pruebas”, sostiene el segundo, que al día siguiente de los sucesos de Vitoria, en la misma zona, recibió una paliza por parte de agentes del orden público y perdió casi la totalidad de la visión.

“Ataque generalizado y sistemático”

Los letrados impulsores de la querella han defendido que durante aquellos años hubo un “ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil, dándose el elemento político derivado de una política del Estado”, en palabras del también abogado Luis María Calcagno. Los querellantes defienden, como lo hizo Servini, que Martín Villa, como ministro de Relaciones Sindicales primero y de Gobernación después, ocupó “una posición preponderante en esa estructura organizada de poder a través de la cual se propagaron las órdenes hacia quienes resultaron los ejecutores directos de los delitos”.

Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal decidió frenar el procesamiento asegurando que no puede afirmarse que fueran delitos de lesa humanidad y apelando a la “falta de mérito”. “Esto significa que el tribunal declara que se requiere profundizar en la investigación”, explica Jacinto Lara, abogado de CeAqua.

Por su parte, el letrado que defiende a Martín Villa, Fernando Goldaracena, ha reclamado que el auto por el que se detiene el procesamiento sea firme y ha asegurado que “no existe ninguna prueba que acredite ese supuesto plan sistemático de ataque a la población civil” ni tampoco “la supuesta autoría inmediata que le endilgan” al exministro “por su supuesta posición en el Gobierno”.

Ahora, una vez celebrada la audiencia de este jueves, el tribunal deberá decidir en unos meses mediante resolución escrita si procesa o no al exministro por los crímenes referidos. “Sería la primera vez que se enjuicie a alguien por crímenes franquistas, a diferencia de lo que ocurre en España, donde nos archivan todas las querella que se presentan. Su procesamiento generaría un hecho judicial extraordinario en relación con los crímenes franquistas y un impulso procesal determinante”, apunta Lara.

En todo caso, aunque Martín Villa no sea finalmente procesado en este proceso, continuará imputado en la querella argentina por un total de 12 homicidios perpetrados durante la Transición sobre los que Servini ha decretado “falta de mérito”. Es decir, considera que hace falta más investigación.

La Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CeAqua) está estudiando un posible recurso al archivo por parte de la Justicia argentina de la causa contra el exministro Rodolfo Martín Villa por la muerte de varias personas entre 1976 y 1978, durante la Transición. “Nuestro equipo jurídico está estudiando en estos momentos el contenido de la misma y la viabilidad en cuanto a la interposición del citado recurso”, señalan desde CeAqua en un comunicado al que ha tenido acceso elDiario.es.

La Justicia argentina rechazó el pasado día 23 de diciembre procesar a Martín Villa al revocar la decisión de la jueza María Servini, que le había procesado en la llamada “querella argentina”. La Sala 2 de la Cámara Criminal y Correccional Federal, o Cámara de Apelaciones, tomó esta decisión al declarar la “falta de mérito” para procesar al exministro y dictó el sobreseimiento de la causa.

En su resolución, adoptada por unanimidad, los jueces manifestaban “el desacierto de la calificación jurídica efectuada por la magistrada al considerar al imputado como autor mediato por el dominio de un aparato de poder organizado”, un argumento que esgrimió Servini para procesarle por cuatro muertes ocasionadas por disparos policiales en la Transición. Según la sala, no está demostrado que las citadas muertes, ocurridas entre marzo de 1976 —en el desalojo policial de una iglesia en Vitoria— y julio de 1978 —en una intervención policial en Pamplona en las fiestas de San Fermín— constituyan crímenes de lesa humanidad.

Disconformidad con la decisión judicial

Desde CeAqua muestran su disconformidad con el contenido de la Resolución dictada y aseguran que durante la tramitación de la causa “se ha acreditado de forma indubitada la autoría mediata de Rodolfo Martín Villa en los homicidios agravados en un contexto de crímenes contra la humanidad que fueron objeto de denuncia y por los que fue procesado”.

La jueza Servini les atribuyó esa calificación jurídica para actuar en nombre de la Justicia universal, porque de otro modo no hubiera podido hacerlo, ya que se trata de hechos ocurridos en España y hace más de cuarenta años. En relación con las muertes de Vitoria, la jueza Servini consideró responsable penal a Martín Villa —entonces ministro de Relaciones Sindicales, sin competencia sobre la Policía—, junto con Adolfo Suárez y Alfonso Osorio, ambos fallecidos.

La Cámara de Apelaciones sin embargo consideró que no se trata de delitos de lesa humanidad y recuerda que ya en 2017, cuando este mismo tribunal revocó dos veces la orden de detención internacional dictada contra Martín Villa en 2014, señalaron que Servini no había acreditado que se tratase de crímenes contra la humanidad. Según Martín Villa, en ese momento el fiscal ni pidió la orden detención para el exministro ni tampoco su procesamiento tras prestar declaración voluntariamente desde el Consulado argentino.

El exministro español Rodolfo Martín Villa ha recurrido ante la Cámara Federal de Apelaciones argentina el auto de su procesamiento de la jueza María Servini por el homicidio de varias personas entre 1976 y 1978, según han informado a Efe fuentes cercanas al exministro. 

En el recurso presentado el jueves recogido por los abogados del exministro español se afirma que la magistrada ha hecho suya “la versión de los querellantes”, no ha realizado una investigación judicial independiente y ha calificado determinadas muertes, causadas por disparos policiales entre 1976 y 1978, como delitos de lesa humanidad, que no lo son y resultan incompatibles con el proceso que fue la Transición. La defensa de Villa expone los motivos por los que considera que en la resolución ha habido falta de imparcialidad, arbitrariedad, carencia de fundamento por ausencia de pruebas y atribución de responsabilidades penales por desempeñar cargos de ministro, según estas fuentes.

Acusado de ser “autor penalmente responsable” de homicidio

Servini le acusa de ser “autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado, reiterado en al menos cuatro oportunidades”, del que resultaran víctimas cuatro hombres, tres de los cuales murieron como consecuencia de los disparos efectuados por la Policía en el desalojo de una asamblea de trabajadores en Vitoria (Euskadi) el 3 de marzo de 1976, y el cuarto por disparos de la Policía en los Sanfermines de 1978 en Pamplona. 

La querella dentro de la que fue procesado Martín Villa fue promovida en Argentina a partir de 2010 por diversos colectivos y familiares de víctimas de la guerra civil española (1936-1939) y de la dictadura franquista (1939-1975) para que se investiguen presuntos delitos de lesa humanidad. 

Tras haber sido procurador en las Cortes franquistas, Martín Villa fue, tras la muerte del dictador, ministro de Relaciones Sindicales (1975-1976), del Interior (1976-1979), de Administración Territorial (1980-1981) y vicepresidente del Gobierno (1981-1982). 

En el recurso se señala que la jueza “no detalla la prueba cargosa que demuestre autoría” de Martín Villa en las muertes de Vitoria y Pamplona. En el caso de la muerte en las fiestas de San Fermín de julio de 1978, ocurrida cuando Martín Villa era ministro del Interior, la defensa del exministro español cita una declaración del Gobernador civil de entonces que aseguró que las órdenes de disparar fueron “de exclusiva competencia de los mandos de las respectivas unidades actuantes”. 

La defensa también afirma que “es un disparate decir que Martín Villa instigó, ordenó, indujo o siquiera ayudó a los autores de los homicidios de Vitoria” el 3 de marzo de 1976, dado que él “era el equivalente a un ministro de Trabajo” y no tenía ninguna capacidad para dar instrucciones a la Policía y la Guardia Civil.  

Los abogados del exministro detectan en la resolución de la jueza “un desconocimiento de la historia española”, ya que la Transición, a diferencia de lo que sostiene la querella y la resolución de la jueza Servini, “no tenía por objeto continuar la labor de Franco y/o iniciar un nuevo plan de exterminio o persecución de opositores, sino todo lo contrario, reunir al pueblo español para iniciar un camino hacia la democracia constitucional”. 

La jueza dictó el auto de procesamiento el pasado día 15, 12 meses después de que Martín Villa declarara voluntariamente ante ella por videoconferencia.

El exministro Rodolfo Martín Villa ha presentado varias cartas de apoyo a su persona para su declaración ante la jueza de la querella argentina María Servini. Entre ellas, la del ex secretario general de CCOO Antonio Gutiérrez, que titula su escrito “Ahora sí le doy las gracias a Martín Villa”. En él lo exime de responsabilidad en los asesinatos investigados y afirma que imputarle tales delitos “no es sólo una sarcástica e insostenible tergiversación de su trayectoria, sino de todo el proceso de Transición a la democracia”.

A continuación reproducimos el contenido completo de la carta, a la que ha tenido acceso eldiario.es.

A la atención de la 

Excma. Sra. Dª María Romilda Servini de Cubría

Magistrado-Juez 

Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal nº1

Buenos Aires, Argentina

AHORA SÍ LE DOY LAS GRACIAS A MARTIN-VILLA

A finales de febrero de 1976 fui detenido a las puertas de la factoría que Michelin tiene en Lasarte, pegando a San Sebastián. Era trabajador de la multinacional en la fábrica de Valladolid y la dirección acababa de decretar el cierre patronal por la huelga que diez antes habíamos iniciado reclamando el cumplimiento de la Ordenanza Laboral de las industrias químicas que fijaba la jornada semanal en 45 horas, mientras la empresa nos imponía 48 en turnos rotatorios que cambiábamos cada quincena; de tal forma que en los cambios de turno el descanso apenas duraba un domingo escaso y agriado (se plegaba a las seis de la mañana del domingo y había que volver al tajo a las seis del lunes).

Aunque la huelga se había desencadenado por mi despido y se limitaba a las instalaciones vallisoletanas, el motivo interesaba a todos los trabajadores del grupo Michelin por lo que decidimos buscar su solidaridad y su implicación en la lucha. Para ello fletamos varios coches con piquetes con los que fuimos informando en asambleas, improvisadas e ilegales entonces, a los compañeros de Aranda de Duero (la más reciente); de Vitoria (la más grande) y de Lasarte (por aquellos años la cabecera del grupo para toda España). Mientras esperaba la salida de los trabajadores del turno de tarde apareció un utilitario camuflado de la Guardia Civil con varios números a las órdenes de un sargento primero quien, poniéndome el “naranjero” (subfusil) en el pecho me aclaró, contundentemente, que estaba detenido. Del retén de Lasarte fui conducido a la Comandancia 511 de S. Sebastián (Intxaurrondo). Su Comandante era Antonio Tejero quien, tras arrojar sobre la mesa unos folios que, al parecer, contenían mi ficha policial, me dio la bienvenida con las siguientes palabras: “… dale gracias a esos ministrillos reformistas que son unos rojos y unos liberales; porque con este expediente no salías vivo de aquí, hijo…” 

Permanecí detenido varios días sin pasar a disposición judicial recibiendo metafóricas “chuletas de Mombuey” (en aquél momento desconocía la existencia de tan bonito pueblo en la inmediaciones de Sanabria y más aún que tuvieran tan excelente carne). 

Los empleados de las demás dependencias de Michelin aún tardaron alguna semana en incorporarse a la huelga, que duró en total 105 días. En todo aquél período no fue posible negociación alguna, ni siquiera con el intento de mediación que sugirió el ministro de Relaciones Sindicales, Rodolfo Martín-Villa. El entonces jefe de recursos humanos del grupo, formado para la delicada función de gestionar el “capital humano” en la guerra de Argelia como miembro de la OAS, nos espetó que: “él no había negociado con el FLN argelino que tenía metralletas y menos lo iba a hacer con trabajadores, que encima eran españolesss”. 

Precisamente mantuvimos una reunión de coordinación de las Comisiones Obreras de Michelín en Vitoria en el entorno del 3 de marzo, en la que analizamos la generalización de conflictos en toda la provincia, que en principio se incardinaban con la ola de huelgas que se estaban desarrollando durante todo el primer trimestre de aquél año “76” promovidas en la mayoría de los casos por Comisiones Obreras, pero que allí adquirían una tensión creciente con la que se estrechaban los cauces para la negociación; anegados ante todo por unas patronales cerradas en banda que se retroalimentaban con la exacerbación de los conflictos a cargo de unas denominadas Comisiones Anticapitalistas. Y al final estalló la tragedia.

Los disparos de la policía contra los manifestantes que salían de una asamblea en una iglesia y los cinco muertos que ocasionaron sus balas no tuvieron ni tienen justificación alguna. Pero la justicia y reparación que merecen las víctimas en este y en cualquier otro caso, nunca se logra señalando a un falso culpable. Paradójicamente, la figura de los chivos expiatorios ha servido para todo lo contrario: desnaturalizar la justicia y procurarle impunidad a los verdaderos culpables. 

Como está sobradamente acreditado Rodolfo Martin-Villa no sólo no dio orden de disparar sino que, junto con otros miembros de aquél gobierno como Adolfo Suárez o Alfonso Osorio, participó de las decisiones que cortaron la espiral de violencia que se vivía en Vitoria en la tarde de aquél 3 de marzo de 1976, nada más enterarse de lo que había sucedido al filo del mediodía.  

Contra lo que se aduce en la querella presentada contra Rodolfo Martín-Villa, atribuyéndole la responsabilidad directa de la actuación policial en los sucesos de Vitoria, me permito sugerir que gracias a que en ausencia de un ministro titular tan temperamental que exclamaba “¡la calle es mía!”, tuvimos activo, entre otros, a Rodolfo Martín-Villa volcado justo en lo contrario, en compartir el espacio público, físico e institucional, para que de una vez pudiéramos convivir en paz, se puso fin a la tragedia de Vitoria. Él no mandó disparar, sino templar; y lo consiguió.

La Transición española no fue un edulcorado proceso exento de violencia y repleto de diálogo y buenas maneras. De la primera hubo más de la cuenta y el segundo llegó tarde y fragmentado. Tampoco es un modelo a seguir miméticamente, como a veces se ha pretendido por algunos tratando de exportarlo a otros países que habían padecido dictaduras, particularmente en América Latina. Pero sí es ejemplar que por primera vez en la historia de España el empeño modernizador de una parte de su sociedad no terminase abortado a palos por la parte más reaccionaria, la que generalmente ha detentado más poder. Por una vez el “duelo a garrotazos” con el que de forma genial Goya había plasmado los reiterados fracasos históricos de nuestro país, se quedó colgado en las paredes del museo de El Prado.  

Entre sus artífices no había que darse las gracias pues ninguno otorgó al otro la libertad. Fueron de muy distinta matriz política, de enfrentadas ideologías; participaron de forma diversa y desde períodos diferentes. Aunque todos los mimbres fueron imprescindibles para tejer el cesto de la democracia española en el que cupiésemos todos. Incluso quienes doctrinariamente abjuraban de la democracia.

Pero lamentablemente no se limitaron al negacionismo doctrinario sino que trataron de abortarla matando. Unos, los nostálgicos del franquismo porque calibraron que el simple hecho de reinstaurar la democracia dialogando era una enmienda a la totalidad de la atroz guerra civil a la que recurrieron para usurpar el poder y a sus cuarenta años de dictadura que lejos de ser de paz y de progreso quedaban en evidencia como la etapa de mayor oprobio, injusticia y mediocridad de la historia. Otros, los terroristas de ETA porque carentes de la más mínima justificación para matar durante el franquismo, quedaban definitivamente desarbolados en una España democrática que se estrenaba amnistiándoles y cuya unidad ya no se iba a imponer como un acto de fuerza desde el centro sino que se configuraba como la consecuencia de un pacto constitucional por el que simultáneamente se reconocía el derecho de sus pueblos al autogobierno; como finalmente consagró el título octavo de la Constitución española de 1.978.

En aquel contexto los que más sufrieron la violencia fuimos de un lado el movimiento obrero organizado, objeto de los asesinatos perpetrados por los grupos fascistas, siendo el más conocido el de los abogados laboralistas de CC OO del despacho de la calle Atocha de Madrid; aunque muy pronto también fuimos blanco de los ataques de ETA, pues ya en 1977 fue asaltada e incendiada la sede de nuestro sindicato en Bilbao. En otro lado del espectro político comprometido con la transición a la democracia fueron quienes provenían del régimen los que tuvieron que soportar mayores ataques de ambos lados. Entre ellos, Rodolfo Martín-Villa fue tal vez de los que más amenazas e invectivas recibieron, tanto de los ultraderechistas como de los terroristas; y a unos y a otros respondió redoblando su compromiso con el proceso dialogado hacia la democracia. En consecuencia, imputarle a él delitos de asesinato e incluso de genocidio no es sólo una sarcástica e insostenible tergiversación de su trayectoria, sino de todo el proceso de Transición a la democracia. Así no se honra, sino que se deshonra la memoria de la lucha por las libertades y por la democracia en España. 

Las leyes sobre la memoria son útiles para amparar investigaciones históricas y otras actuaciones que contribuyan a esclarecer hechos y aún procurar reparaciones a las víctimas de nuestro pasado. Pero la memoria de un país, no se legisla sino que se atesora enseñando su historia con objetividad y en algunos países como el nuestro aún es necesario el coraje para enseñarla sin mutilaciones. Esa enseñanza germina educando en valores cívicos a una generación tras otra. 

Paradójicamente, una forma de arruinar la memoria democrática es sustentar querellas como la que culpa de delitos tan atroces como falsos a Rodolfo Martín-Villa asociados al proceso de Transición a la democracia. Convertir aquél logro colectivo en una frustración histórica sólo beneficiaría a quienes alientan el resentimiento; que antes y ahora es el abono de la intolerancia y a la postre de la violencia.   

Nunca le di las gracias a ninguno de los ministros de aquél gobierno del 76, como me dijo, con rabia, aquél guardia civil devenido en golpista, a quien por cierto destituyó poco tiempo después el propio Martín-Villa para que dejara de hacer fechorías en Intxaurrondo. Bastó con el respeto mutuo desde las notables y nunca ocultadas diferencias políticas que tenemos. Pero ahora sí quiero agradecerle que siendo ministro evitase la violencia siempre que pudo y viniese de dónde viniese. Un agradecimiento cargado de respeto porque si en este país nos perdemos el respeto volveremos a perderlo todo.

Madrid, Julio, 2.020

Fdo.-

Antonio Gutiérrez Vegara

Dni.-74151926

Militante de CC.OO. desde 1.967; 

Secretario general de CC.OO. 1.987-2000

Diputado independiente en las candidaturas del PSOE 2.004-2011

Andoni Txasko, Manuel Ruiz y Fermín Rodríguez están personados en la querella argentina como demandantes. Llevan muchos años persiguiendo verdad, justicia y reparación y esperando que el exministro Rodolfo Martín Villa declare ante la jueza María de Servini. Si no hay imprevistos, lo hará hoy, por videoconferencia, desde la embajada argentina en Madrid. 

La publicación de varias cartas de apoyo enviadas a la magistrada por cuatro expresidentes del Gobierno español, cuatro exlíderes sindicales y otras personalidades públicas ha removido a los querellantes. “Las cartas de apoyo a Martin Villa son una prueba de por qué hemos tenido que recurrir a la justicia argentina”, señala Txasko, integrante de la Asociación 3 de marzo y víctima de una brutal paliza policial el 4 de marzo de 1976 en Vitoria, que le dejó con solo un 2% de visión. “Esas cartas indican también que Martín Villa está preocupado y por eso se rodea del mayor apoyo posible de personalidades que fueron importantes”, añade. 

“Han salido a golpe de pito, todos los que han escrito esas cartas tienen la misma intención. Es gente que no vivió aquello, Zapatero y otra gente no lo vivió, no estaban allí. Quizá si hubieran estado no se atreverían a mirar hacia otro lado ante la represión que hubo. Me gustaría que Felipe González me diga mirándome a los ojos que habría que juzgar a los demandantes, como ha dicho”, reclama Manuel Ruiz, hermano de Arturo Ruiz, asesinado en Madrid en 1977 en la llamada Semana Negra.  

“Esto es un intento desesperado de influir en la jueza”, lamenta Fermín Rodríguez, hermano de Germán Rodríguez, asesinado por la policía en los Sanfermines de 1978. “Me encantaría no tener que estar personado en la querella argentina, eso significaría que se habría juzgado a los responsables en España, estamos porque la judicatura española no ha investigado ni dejado investigar”, añade. 

Andoni Txasko tiene un dos por ciento de visión tras la brutal paliza que le propinó la policía el 4 de marzo de 1976 en Vitoria, horas después de la masacre en la que cinco obreros, en un contexto de huelga general, murieron por balas de las fuerzas de seguridad después de que la iglesia en la que se refugiaron con cuatro mil personas más fuera gaseada. Otras 150 personas resultaron heridas, 50 de ellas por balas reales. “Aquello fue una encerrona, esperaron a que todos entraran en la iglesia para rodearla y gasearla”, denuncia en conversación con eldiario.es. 

“Las autoridades actuaron queriendo dar un escarmiento para que lo de Vitoria no se extendiera a otros lugares. Así lo reconoció el propio Fraga cuando vino el 6 de marzo y dijo aquello de ‘que este triste ejemplo sirva de gran lección a todos los españoles en los próximos meses'”, lamenta Txasko. 

Manuel Ruiz, integrante de la asociación La Comuna, es hermano de Arturo Ruiz, quien fue asesinado de dos tiros por la espalda en Madrid en enero de 1977, “por ultraderechistas que colaboraban con la policía o la Guardia Civil”, según denuncia. Martín Villa era entonces ministro del Interior. 

“Existen indicios razonables para deducir que detrás de los autores del asesinato de Arturo estaban las fuerzas de orden público dando soporte y ayudando a su huida”, comenta. “Yo me enteré del asesinato de mi hermano por la televisión, como mis padres. Nos quedamos en shock”, recuerda. 

Fermín Rodríguez es integrante de la asociación Sanfermines 78 Gogoan y hermano de Germán Rodríguez, asesinado por las fuerzas de seguridad de un balazo en la frente durante la protestas en Sanfermines de 1978. El detonante fue el despliegue de una pancarta que pedía amnistía para los presos políticos. Hubo más de 150 heridos, once de ellos de bala. El mensaje de la policía quedó grabado: “Preparad todas las bocachas y tirad con todas las energías y lo más fuerte que podáis. No os importe matar”. A pesar de la claridad del mensaje, los hechos no fueron juzgados. Los incidentes se extendieron a otras ciudades y días después otro joven era asesinado en Donostia. Martín Villa era ministro del Interior. 

Los querellantes denuncian que estos tres casos, así como el resto de los crímenes que investiga la querella argentina, no recibieron la atención propia de una democracia. No hubo juicios, y si los hubo, no se celebraron con la investigación y el compromiso adecuados, lamentan. 

“Con la masacre de Vitoria se fueron pasando la pelota de tribunal a tribunal, hasta que se dictaminó que había que enjuiciar los hechos en base a terrorismo, pero para ellos el terrorista no era el policía o los policías que dispararon, sino los obreros que exigían derechos y libertades. Finalmente el asunto recayó en la jurisdicción militar, con total dejación, sin investigar, sin tomar testimonios o pruebas. Y se sobreseyó el caso porque decían que no podían determinar quiénes habían sido los autores de los disparos”, lamenta Andoni Txasko. 

“Estaban las cintas grabadas en las que se oye a la policía cómo dice que iban a disparar, cómo reconocen que se acababa de producir una gran matanza, fue una burla”, añade.

Todos los intentos de reabrir el caso de la masacre de Vitoria en España han sido en vano. “Los delitos de lesa humanidad ni prescriben ni pueden ser amnistiados, pero ha sido el muro con el que hemos topado, por eso nos sumamos a la querella argentina”, señala Txasko. 

Ante el asesinato de Germán Rodríguez en Pamplona durante los Sanfermines del 78 pasó algo similar: “En el caso de mi hermano solo hubo tergiversación, no hubo ni expediente, ni sanción, ni investigación, solo total impunidad. Todo el esfuerzo fue para defender a los agresores. En la carga hubo cientos de heridos, además de mi hermano muerto. Algunos de los heridos han quedado con secuelas de por vida”, denuncia Fermín Rodríguez. 

En el caso de Arturo Ruiz, asesinado en Madrid en el marco de la llamada semana trágica, sí hubo juicio, pero su familia denuncia que fue insuficiente.

 “A uno de los autores se le declaró en rebeldía, porque huyó. La familia le mandaba dinero y se lo mandaba a un guardia civil. Este señor entraba por el cuartel de Guernica como Pedro por su casa. Su hermana dijo en el juicio que los guardias civiles de Guernica, cuando venían a Madrid, dormían en su casa. El otro autor fue juzgado como colaborador, se le rebajaron las penas porque se había entregado y porque se acogió a la amnistía, así que estuvo en la cárcel un año escaso y luego se permitió el lujo de andar deambulando por las televisiones. Eso hacía mucho daño a mis padres, que estaban muy afectados”, explica Manuel Ruiz. 

“La democracia no la trajo Martín Villa”

Las familias y las víctimas personadas en la querella esperan que Martín Villa “explique qué ocurrió en los casos en los que él tenía responsabilidades”. 

“Martín Villa es el responsable político de lo que pasó. Ser el ministro del interior es ser el máximo responsable de las fuerzas de orden público; el colaborador del asesinato de mi hermano fue colaborador de la policía y el que se supone que fue el asesino tenía lazos con la Guardia Civil. El último responsable de las fuerzas del orden era Martín Villa, políticamente debe explicar sus actos”, señala Manuel Ruiz. 

“El Estado español sigue avalando una impunidad que el Gobierno actual no debería asumir”, lamenta Txasko. “Yo no me niego a que se aplique una amnistía pero después de que los hechos sean juzgados y los responsables marcados. No pretendemos que personas como Martín Villa, con más de 80 años, vayan a la cárcel pero sí pretendemos que se marque su trayectoria criminal y que no pasen a la historia como adalides de las libertades y la democracia”. 

“Martín Villa dice que trajo la democracia, pero la democracia no la trajo esa gente, la democracia la trajo gente como mi hermano, gente que a veces dio hasta su vida. En esos días la extrema derecha salía a la calle a matar a rojos, así lo decían. Según la ONU eso es un crimen de lesa humanidad, matar a alguien por sus ideas de forma sistemática, y además en este caso por fuerzas paralelas al Estado. Este crimen, pese a lo que diga la Audiencia Nacional, no prescribe porque es un crimen de lesa humanidad”, indica Manuel Ruiz.  

“España se tiene que acoger a la Justicia Universal, pero España se acoge a ella solo cuando le interesa, la última gran idea es acogerse a ella a partir de 2004, de 2004 para atrás no, es una justicia universal ad hoc, cuando les interesa”, añade.  

“Con una ley de amnistía no pueden conseguir que yo olvide” 

Los querellantes reconocen que aquellos sucesos han marcado su vida. En el caso de Andoni, su invalidez lo ha limitado: “Pero te vas rehaciendo poco a poco. Yo no tengo odio ni rencor, pero sí el resquemor ante la impunidad, que el Estado no reconozca el dolor no es fácil”, señala. 

Manuel Ruiz reconoce que el asesinato de su hermano le marcó “de forma terrible, no había día que no me acordara de él, mis padres no lo superaron nunca”. Y subraya que la impunidad redobla la dificultad: “Por eso quiero que Martín Villa explique ante un juez. Todo el mundo se escuda ante la Ley de amnistía, lo que no puede conseguir una ley es que yo me olvide, eso es imposible, eso no lo pueden conseguir por ley. Y como yo, cientos de personas que no pueden olvidar, una cosa es decir que vamos a estar tranquilos y otra es que me lo borren de la cabeza, me tienen que explicar qué pasó y por qué el asesino de mi hermano sigue huido”. 

“La gente en aquella época pedía amnistía para los presos políticos, no para que se perpetuara la impunidad y la injusticia”, remata.

La jueza María Servini ha emitido una nueva notificación de comparecencia del exministro franquista Rodolfo Martín Villa ante la justicia argentina. Servini instruye desde 2010 la querella argentina, el único proceso judicial del mundo que investiga los crímenes del franquismo. Martín Villa, ministro desde 1975 a 1979, será juzgado por homicidios cometidos durante la Transición.

La eurodiputada del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Ana Miranda se había reunido previamente con Servini para pedirle esa citación. Tras la emisión, Miranda ha instado al Gobierno español a “no obstaculizar el trabajo de la jueza argentina” y ha destacado la “valentía” de Servini.

La justicia argentina busca al exministro franquista desde 2014 por 11 homicidios, entre ellos los sucesos de Vitoria de 1976, y crímenes contra la humanidad, en un “ataque sistemático” para eliminar opositores. Servini dictó en 2014 una orden de detención internacional para que Martín Villa fuera extraditado a Argentina y tomara declaración.

La solicitud fue rechazada por el Gobierno del popular Rajoy en marzo de 2015, por lo que después Servini emitió una comisión rogatoria para tomarle declaración en los juzgados españoles. Esta primera comisión rogatoria fue, de nuevo, rechazada en octubre de 2016.

Martín Villa fue ministro en los primeros gobiernos posteriores al franquismo y diputado del Partido Popular entre 1989 y 1997. Está investigado en esta causa por su actuación como ministro de la Gobernación, equivalente al actual cargo de ministro del Interior.

La jueza argentina María Servini, que investiga los crímenes cometidos durante el franquismo, ha solicitado al Gobierno español diversas pruebas sobre la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, en la que cinco personas murieron por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta laboral. Entre las pruebas requeridas se encuentra un listado de los agentes que se encontraban de servicio aquel día y un informe sobre las armas empleadas en aquella intervención.

Se trata de pruebas que ya fueron requeridas por la Diputación de Álava y las Juntas Generales en la querella que presentaron sobre este caso y que nunca fueron aceptadas al archivarse la denuncia. El juzgado de Instrucción nº3 de Vitoria desestimó en enero de 2017 la querella y cuatro meses más tarde fue la Audiencia de Álava la que rechazó los diferentes recursos de reforma y apelación que se presentaron.

La mayoría de las pruebas que solicitaron las instituciones alavesas ahora “forman parte de los diferentes exhortos internacionales dictados por la jueza argentina” en el marco del proceso judicial contra los crímenes del franquismo. Por ejemplo, Servini pide a un juzgado de instrucción de Vitoria que recabe declaración testimonial de una veintena de personas, “las mismas que las instituciones alavesas indicaron en su querella”, que tuvieron conocimiento directo de los hechos o que fueron damnificados por ellos. Además de los muertos, en las cargas policiales del 3 de Marzo resultaron heridas de bala más de cien personas.

La jueza argentina también pide al Ministerio de Interior y a la Subdelegación del Gobierno en Álava “el listado de miembros de las diferentes compañías de la Policía Armada, los agentes y mandos que se encontraban en servicio o intervinieron” ese fatídico día.

Además ha requerido a la Dirección General de la Policía “que emita un informe sobre tipos de material antidisturbios en uso y armas empleados por la citada Policía Armada en aquellos momentos”.

También pide a un juzgado de instrucción de A Coruña que reclame a un tribunal militar “copia testimoniada de los sumarios correspondientes a los heridos y fallecidos el 3 de marzo de 1976 en Vitoria”.

La jueza argentina pretende hacer valer todas estas pruebas para determinar si son constitutivos de delito diversos hechos cometidos durante la etapa franquista, entre los que se encuentran los derivados de lo ocurrido en la capital alavesa.

Este miércoles 28 de junio nos disponíamos a entrar por una de las puertas del Congreso de los Diputados cuando de repente y frente a nosotros vimos salir a Martín Villa. José Luis y yo nos miramos y en un mismo impulso fuimos hacia él. “¿Te acuerdas de Vitoria?”, fue nuestro saludo. Él se detuvo en seco y algún resorte resonó dentro de sí.  Nos presentamos de esta manera: “Somos hermanos de dos jóvenes obreros asesinados el 3 de marzo de 1976 en Vitoria”. El ministro franquista había acudido al Congreso para ser condecorado y homenajeado en el Acto de conmemoración del 40º aniversario de las primeras elecciones legislativas tras la dictadura franquista.

Han pasado casi 42 años desde que Martín Villa estuviera frente a una víctima del 3 de marzo y, al igual que los estamentos del Estado español, su arrogancia no se ha movido un milímetro en todo este tiempo.

En 1976, a los tres días de la criminal acción policial, los ministros franquistas Manuel Fraga Iribarne y Rodolfo Martín Villa llegaban a Vitoria-Gasteiz. Ante la indignación de las familias de los heridos y del personal sanitario, ambos eran fotografiados mientras visitaban a José Castillo en el hospital. A las pocas horas de la toma de esta imagen fallecería. Antes habían caído abatidos Pedro Mari, Romualdo y Francisco. Unas semanas más tarde murió Bienvenido. No nos olvidamos que durante esta agonía, la represión continuaba contra toda mínima protesta solidaria y el derramamiento de sangre obrera prosiguió con Juan Gabriel en Tarragona y Vicente en Basauri.

Aquel día en el hospital  le preguntaron a Martín Villa si venía a rematar a los heridos. Hoy le hemos preguntado si se acuerda de Vitoria y si es así, por qué no reconoce el daño causado, asume su responsabilidad en aquel gobierno de Arias Navarro y da la cara. Y para animarle le hemos puesto el ejemplo del Gobierno británico declarándose responsable de la acción militar que en 1972 asesinó a 14 civiles en Derry. Un avance para la convivencia y la construcción de la paz en el norte de Irlanda.

Mientras hablábamos con Martín Villa, ¡cómo no pensar en el dolor vivido por nuestros padres, por nuestro Pueblo, y en la violencia  del Estado que él representa! Su respuesta es la negación de los crímenes (de lesa humanidad) y su auto-exculpación ante las responsabilidades que tuvo. Su conciencia no le dicta la mínima duda, no se siente culpable y no se arrepiente de nada porque no percibe haber hecho daño.

Y lo más significativo de todo, tampoco siente la más mínima empatía ante dos familiares, y mucho menos, expresa el afecto y la delicadeza como hoy se exige que sean tratadas las víctimas del terrorismo. Nos dijo que quiere declarar pero que se lo impide la justicia, y eso es falso. Si de verdad quisiera, podría hacerlo de forma voluntaria. Por el contrario y para no pasar por ese trance, se escuda en la nula voluntad del Gobierno español para atender la orden de extradición para la toma de declaración indagatoria dictada por la jueza María Servini y en la directriz de la Fiscalía General del Estado para no admitir por los jueces los exhortos de dicha  jueza en ese sentido.

¿Cómo una persona en busca y captura por la Interpol es condecorada y homenajeada por las altas instancias del Estado?  Es inadmisible. O democracia o Martín Villa, con Martín Villa no hay democracia.

Sabemos que la impunidad es la estrategia del Estado, el mismo que condecora a Martín Villa en el Congreso y saca brillo al busto de Fraga en el Senado. Transcurridas más de cuatro décadas la impunidad es la seña distintiva de esta democracia a la española. Las víctimas de terrorismo de Estado existimos, y el 3 de marzo de 1976 ha mirado a los ojos a uno de los verdugos para decirle, aquí seguimos. Siempre os perseguirán nuestras memorias porque con impunidad nunca habrá democracia.

Eva Barroso y José Luis Martínez Ocio, Martxoak 3 Elkartea–Asociación de Víctimas 3 de MarzoEva Barroso José Luis Martínez Ocio

“¿Te acuerdas de Vitoria? ¿No vas a reconocer que estuvo mal asesinar a cinco obreros? ¿No vas a pedir perdón?”. Así le espetaron Eva Barroso y José Luis Martínez Ocio, hermana y hermano de dos de los cinco trabajadores asesinados el 3 de marzo de 1976 por disparos de la policía al desalojar una asamblea pacífica, a Rodolfo Marín Villa, el que fuera ministro de Relaciones Sindicales en aquella fecha. Fue un encuentro absolutamente casual, junto a una de las entradas del Congreso. Barroso y Martínez Ocio acudieron a un homenaje de Unidos Podemos a las víctimas del franquismo en Madrid, mientras que Martín Villa participaba en el acto con motivo del 40 aniversario de las primeras elecciones. Villa junto al difunto Manuel Fraga y el capitán Quintana son considerados los responsables de la masacre de Vitoria por parte de la organización de las víctimas del 3 de Marzo, que 41 años después de la matanza siguen reclamando justicia y reconocimiento.

“José Luis y yo”, recuerda Eva en conversación con eldiarionorte.es, “estábamos charlando con la diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia cuando de repente apareció Martín Villa. Nunca he estado tan cerca de uno de los asesinos, de los que dieron la orden de disparar contra la asamblea de trabajadores”. Eva y José Luis se dirigieron a Martín Villa. “Buenos días. ¿Te acuerdas de Vitoria?”, le dijeron. “Se quedó petrificado. Nos miró a la cara. Le explicamos que éramos víctimas del 3 de Marzo y nos plantó cara educadamente, pero de una manera muy fría. Estaba claro que quería hablar, pero no había humanidad en su forma de expresarse”.

“Sin mediar más preguntas, nos dijo que estaba dispuesto a declarar, pero que las altas instancias judiciales se lo impedían. Yo sabía que no íbamos a sacar nada en cuanto a un reconocimiento político o algo así, pero al menos intenté que reconociera que aquello estuvo mal y que pidiera perdón. Se cerró en banda y no paró de repetir: ‘No tengo nada que ver con ningún genocidio ni con ninguna masacre’. Incluso llegó a decir que tenía la misma responsabilidad que hubiera podido tener el ministro de Agricultura de la época. Es decir, ninguna porque él no dio ninguna orden”.

La charla se prolongó al menos durante diez minutos. “Martín Villa repetía que no tenía ninguna responsabilidad y que no tenía que pedir perdón por nada. Durante años he aprendido a domesticar el odio, la rabia y el rencor que siento hacia los asesinos de mi hermano, pero cara a cara con Martín Villa no pude reprimirme ante sus muestras de prepotencia y le dije: ‘Usted es muy mayor y tarde o temprano morirá. Entonces, no sé dónde, se encontrará con mi padre y le aseguro que él no le va a hablar tan tranquilo como yo”. La diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia inmortalizó el momento con su móvil en una foto que recorre las redes sociales desde entonces.

Eva tiene muy claro que si su padre aún viviera y fuera él quien se hubiera encontrado con Martín Villa “le hubiera dado dos hostias”. “He visto sufrir mucho a mi padre y madre durante toda la vida a cuenta de lo que pasó con mi hermano y el resto de sus compañeros. Mi padre siempre tuvo claro quién era el asesino”.

“Martín Villa”, prosigue Eva, “se ha retratado y con él la catadura moral de esta democracia que es capaz de condecorar y reconocer a una persona que no tiene ningún tipo de empatía hacia las víctimas y su sufrimiento. Se portó como un muro de piedra”.

“Hay situaciones que no son cómodas”

El exministro del Interior Rodolfo Martín Villa reconoció a eldiario.es a la salida del acto celebrado en el Congreso con motivo de los 40 años de aniversario de las primeras elecciones democráticas que “hay situaciones que no son cómodas”. “Pero como sé que no hay nada de verdad en las acusaciones que se hacen contra mí, pues estoy muy tranquilo”, ha añadido antes de abandonar la Cámara.

Martín Villa se refería así a las críticas de Unidos Podemos que había pedido, sin éxito, a la presidencia de la Cámara que fuera excluido del homenaje por su pasado durante la dictadura y su papel como miembro del Gobierno en la represión de Vitoria de 1976 –durante los sucesos, era Ministro de Relaciones Sindicales; a partir de julio de ese año fue Ministro del Interior–.

“Estoy esperando a poder comparecer en Buenos Aires ante la Justicia y estoy muy tranquilo”, ha continuado Martín Villa, visiblemente incómodo, sin querer adelantar qué le va a decir a la jueza argentina María Servini, que emitió en 2014 una orden internacional de busca y captura contra él en el marco de un proceso general por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista. “Eso es secreto de sumario”, ha afirmado.

“La transición fue voluntad del pueblo español”. Con esta rotunda afirmación, la Fiscalía General del Estado advierte a la jueza argentina María Servini de que ella no es quien para cuestionar el proceso político que siguió a la dictadura de Franco. El mensaje aparece en un escrito de Consuelo Madrigal a las fiscalías provinciales sobre cómo deben oponerse a las declaraciones de cargos franquistas y víctimas a los que investiga Servini y de los que la magistrada ha solicitado su declaración en distintas sedes judiciales españolas.

“Precisamente, porque la transición fue voluntad del pueblo español, articulada en una ley, es por lo que ningún juez o tribunal, en modo alguno, puede cuestionar la legitimidad de tal proceso. Se trata de una ley vigente (Ley de Amnistía) cuya eventual derogación correspondería, en exclusiva al Parlamento”, escribe Madrigal en su orden, fechada el pasado 30 de septiembre y a la que ha tenido acceso eldiario.es.

La jueza Servini pretende interrogar a 19 cargos del franquismo, entre ellos los exministros  Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina -suegro del exministro de Justicia del PP Alberto Ruiz-Gallardón- dentro de la investigación que sigue por la denuncia de un grupo de víctimas de la dictadura. Para ello ha remitido varias comisiones rogatorias a distintos juzgados españoles que han hecho saltar la alarma en la Fiscalía General.

Entre argumentos como que los delitos están prescritos o que son delitos cometidos por españoles contra españoles, de los que solo los tribunales locales serían competentes para investigar, la Fiscalía General desliza una serie de consideraciones que trascienden el ámbito estrictamente jurídico.

Así, en su “orden interna” a los fiscales -según la calificó un portavoz de la Fiscalía General del Estado-, Madrigal afirma que la Ley de Amnistía “fue una consecuencia de una clara y patente reivindicación de las fuerzas ideológicamente contrarias al franquismo” a las que fueron incorporándose “otras posiciones, de izquierda y de centro e, incluso, de derecha”.

La defensa de la Ley de Amnistía ocupa el apartado más amplio del escrito de Madrigal. Asegura que fue fruto de la “reconciliación nacional” y la necesidad de que “no hubiera dos Españas enfrentadas”. “Tal norma no contenía, como no podía ser de otro modo, ninguna delimitación de bandos (…) La idea fundamental de la transición, tan alabada nacional e internacionalmente, fue la de obtener una reconciliación pacífica entre españoles”, escribe la fiscal general en su orden para oponerse a la instrucción que desarrolla la jueza Servini.

Para apoyar su tesis, Madrigal no duda en acudir al episodio de Paracuellos del Jarama durante la Guerra Civil. Aduce la fiscal general que la Ley de Amnistía sirvió, por ejemplo, para que la Audiencia Nacional rechazara una querella de la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Genocidio de Paracuellos del Jarama.

Apela a la Ley de Memoria Histórica

En el punto séptimo, Consuelo Madrigal recuerda que en España existe desde 2007 una Ley de Memoria Histórica que, por otra parte, las víctimas del franquismo denuncian una y otra vez que no se cumple. Madrigal se refiere a ella como “otros procedimientos y actuaciones” que buscan “el esclarecimiento de los hechos”, el “restablecimiento de la memoria histórica” y la “recuperación de la dignidad”. 

La fiscal general española acusa a la jueza argentina de perseguir intereses distintos a la búsqueda de la justicia. “El proceso penal seguido en Argentina es un proceso inviable y, ajeno, por tanto, al interés de la Justicia”, escribe Madrigal. Se trata, añade, de “una causa general radicalmente incompatible con el propio concepto de proceso penal y con sus principios inspiradores”.

La fiscal general no pierde la oportunidad para recordar lo que le ocurrió a Baltasar Garzón por intentar investigar los crímenes del franquismo desde la Audiencia Nacional, aunque sin citarlo. “Debe recordarse que un proceso seguido en España similar al que se sigue en Argentina motivo una causa penal contra el Magistrado Instructor que, si bien tras el juicio oral fue absuelto por el Tribunal Supremo, lo fue porque pese a haberse incurrido en exceso en la aplicación e interpretación de las normas (…) no alcanzan la injusticia de la resolución que requiere el tipo de prevaricación y no merece le reproche de arbitrariedad exigido en la tipicidad del delito de prevaricación objeto de la acusación”.

Madrigal llega a esta conclusión después de desarrollar la prescripción de los delitos investigados. El tipo de crímenes que se persiguen en la causa se convirtieron en imprescriptibles en la ley española en 2004 y, según el Tribunal Supremo, no se puede aplicar una norma penal de forma retroactiva. Aun cuando los tratados internacionales firmados por España nieguen la prescripción de esos delitos, tales tratados no pueden ser aplicados en la jurisdicción española de forma retroactiva de acuerdo a la propia Constitución, añade. 

Tardó cuarenta años en contar los detalles. Pero hace dos se decidió a hacerlo por primera vez. Ahora el testimonio de Lidia Falcón, detenida en siete ocasiones entre 1960 y 1974 y torturada por la policía franquista, forma parte de la histórica querella que el pasado 16 de marzo la organización Women's Link interpuso en Argentina ante la jueza María Servini. El objetivo es que la magistrada que instruye el único proceso en el mundo que juzga los crímenes del franquismo amplíe la causa e investigue los delitos cometidos contra las mujeres.

La querella incluye a seis víctimas, pero solo Falcón sigue viva. La histórica abogada feminista pone rostro a una parte de la represión que sufrieron las mujeres durante la dictadura por el hecho de serlo. Ellas soportaron agresiones sexuales, violaciones, insultos sexistas o purgas con aceite de ricino. A Falcón todavía se le saltan las lágrimas cuando recuerda la primera vez en la que sus dos hijos fueron a visitarla a la madrileña cárcel de mujeres de Yeserías, donde estuvo nueve meses condenada a muerte. “No les dije que pensaban matarme”, afirma.

Por eso, dice, por sus hijos, estuvo tanto tiempo sumida en el silencio. “No quería que se enteraran de lo que viví, pero es una forma de apoyar el trabajo que están haciendo las víctimas y las asociaciones de memoria histórica”, explica. “Lo que viví” son las humillaciones y las palizas que Falcón sufrió en la Dirección General de Seguridad de Madrid, donde se encontró con el comisario Roberto Conesa, implicado en la ejecución de 'Las Trece Rosas' y con Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño', uno de los símbolos de la tortura franquista.

Nueve días en las dependencias franquistas

Antes de entrar en prisión, Falcón estuvo nueve días en aquellas temidas dependencias franquistas, “un sitio lúgubre y terrorífico”, según lo define. Allí fue brutalmente apaleada y sufrió los interrogatorios de 'Billy el Niño', sobre el que la justicia pidió una orden de captura internacional en el marco de la querella argentina, que fue rechazada por la Audiencia Nacional en 2014. Falcón coincide con otras de las víctimas del policía al afirmar que “disfrutaba con lo que hacía”.

La abogada fue detenida en Barcelona por la Brigada Político Social en septiembre de 1974. “Vinieron a buscarme al despacho y salí de allí esposada a la una de la madrugada camino a Madrid”. Hicieron lo mismo con su compañero, Eliseo Bayo, y con su hija. “A las pocas horas de llegar comenzaron a apalearme. Los policías hacían lo que llamaban 'la rueda': paseaban a tu alrededor y cada uno que pasaba te pegaba un puñetazo”. Pero lo peor, que duró los nueve días, estaba por venir.

“Al principio uno me sostenía los brazos y tiraba de ellos mientras otro me pegaba puñetazos en el abdomen al grito de 'puta, así ya no parirás más', pero terminaron cansándose”, recuerda. A partir de entonces la torturaban con las muñecas agarradas con cuerdas que permanecían atadas a dos ganchos que colgaban del techo. “Cuando me desmayaba, me tendían en el suelo y me lanzaban cubos de agua, al despertar estaba completamente mojada”, sostiene Falcón, que recuerda la sensación “de pensar que no vas a salir de allí”.

Al día siguiente las torturas continuaban, pero al final “me dolían tanto los brazos que a los pocos minutos me desmayaba, yo no podía contestar y ellos no se divertían”. Aquellos golpes son ahora cicatrices producto de las varias operaciones a las que ha tenido que someterse la también escritora para intentar paliar las consecuencias. “Me rompieron los dos tendones supraespinosos de los brazos y me dejaron secuelas en el abdomen”, afirma. 

El origen de su detención

Dos días antes de su detención, ETA había cometido un atentado en la madrileña cafetería Rolando de la calle del Correo que acabó con la vida de 13 personas, con el que la vincularon. Todo comienza con el piso que Falcón había comprado en la capital para montar un despacho en el que tenía que hacer obras. “Una amiga, Eva Forest, me recomienda a un albañil que hace armarios ocultos en la pared, yo accedo y le envío las llaves y el dinero”.

En agosto de ese año, detienen a dos presuntos etarras a los que encuentran una agenda con una anotación: 'Rolando 2:15-2:30'. “Cuando ocurre el atentado, vuelven a ellos, que afirman tener un enlace en Madrid que se llama Eva Forest que les había alojado en pisos francos”. Falcón supo después que uno de ellos era el suyo. “A los pocos días detuvieron a Forest y al hacer los registros encontraron las llaves del piso. Ella, según me contó después, fue la que les comunicó que eran mías”.

Por aquel atentado “detuvieron a unas 200 personas relacionadas con Forest, pero quedamos 22 procesados”. Nunca juzgaron a ninguno de ellos. “Salimos de la cárcel en uno de los indultos a los pocos días de la muerte de Franco”, rememora. Falcón describe con pelos y señales este episodio porque, dice, “es el más duro”. Pero fue detenida otras seis veces por el régimen debido a su actividad política y estuvo seis meses en la cárcel Trinidad de Barcelona en 1972. Su experiencia carcelaria le sirvió para escribir En el infierno: ser mujer en las cárceles de España. 

Respecto a la querella que se acaba de presentar, Falcón apunta que “es importante investigar” desde una perspectiva de género “los crímenes cometidos”. Para ejemplificar esa represión específica que sufrieron ellas afirma que “los insultos sexistas y frases como 'puta, zorra, te reventaré los ovarios' eran constantes y a otras compañeras las violaban y desnudaban”. En otros países como Argentina ya existen once condenas por delitos sexuales contra mujeres durante la dictadura.

Por primera vez se presenta una querella por los crímenes de género cometidos por las fuerzas franquistas durante la dictadura. Lo ha hecho este miércoles la organización Women's Link, que pide a la jueza argentina María Servini de Cubría, que instruye desde 2010 el único proceso en el mundo que juzga los crímenes del franquismo, que amplíe la causa e investigue los delitos cometidos contra las mujeres. Ellas sufrieron una represión específica por el hecho de ser mujeres: agresiones sexuales, abortos forzados, descargas eléctricas en zonas genitales, robo de bebés o purgas con aceite de ricino.

La querella se ha presentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº1 de Buenos Aires y relata las vejaciones que sufrieron seis mujeres. De cinco se conocen los testimonios a través de sus familiares y el historiador Bartomeu Garí y la sexta es la abogada feminista Lidia Falcón, detenida siete veces entre los años 1960 y 1974, cuando sufrió torturas de diversa índole, entre las que se encuentran golpes en el estómago y en el hígado al grito de “ahora ya no parirás más puta bruja”.

Las historias de las hermanas Daria y Mercedes Buxadé también se incluyen en la querella. Estas dos enfermeras se embarcaron rumbo a Mallorca en una expedición republicana como personal sanitario voluntario, junto a otras tres. Las cinco fueron detenidas el 4 de septiembre y trasladadas a un cuartel general, donde fueron humilladas, torturadas y violadas en repetidas ocasiones por un grupo de falangistas. Se cree que sus restos reposan en una fosa común del cementerio de Son Coletes, donde fueron asesinadas. Como ellas, más de 100.000 personas siguen desaparecidas.

Daria y Mercedes también soportaron una de las violencias específicas ejercidas por el franquismo sobre las mujeres: fueron paseadas. El bando nacional les rapaba el pelo y les obligaba a ingerir aceite de ricino, que les provocaba diarreas constantes, al tiempo que eran paseadas por las calles y eran objeto de burlas y agresiones. De algún modo, querían vejar a las mujeres que se habían atrevido a traspasar los límites de la feminidad que el franquismo había diseñado para ellas: mujer sumisa, relegada al ámbito doméstico y garante de la familia.

Tortura con un componente de género

Por eso, las que participaron en actividades políticas y habían hecho de enlaces en los partidos o combatido en el bando republicano fueron duramente castigadas y perseguidas. Es el caso de la destacada militante del Partido Comunista, Matilde Landa, otra de las mujeres incluidas en la querella. Ella prefirió la muerte al bautismo y se suicidó en prisión el día que el régimen había planeado hacerlo. Estando inconsciente, las autoridades eclesiásticas aprovecharon para bautizarla.

Pero no solo las presas políticas, también fueron humilladas y torturadas aquellas que cometían el llamado “delito consorte”, es decir, ser hijas, hermanas, madres o esposas de hombres antifranquistas. Por todos estos motivos las mujeres sufrieron agresiones sexuales y torturas con el componente específico de género basado en insultos sexistas, un uso sexuado de la violencia o golpes en el bajo vientre a mujeres embarazadas para impedir la reproducción.

El robo de bebés es otro de los motivos que esgrime Women's Link en su querella para justificar la investigación de los crímenes franquistas con perspectiva de género. 30.000, según datos oficiales, entre 100.000 y 200.000, según los afectados, niños y niñas fueron arrebatados a sus madres en las cárceles y hospitales hasta entrados los años 80. Una forma de castigo que ha sido reconocida por la Comisión Europea como “crímenes contra los derechos humanos” y que encuentra parte de su fundamento en las “investigaciones” del psiquiatra franquista Antonio Vallejo-Nájera.

El director de los Servicios Psiquiátricos del bando nacional ha pasado a la historia por sus estudios misóginos sobre la mujer republicana y fue uno de los impulsores de la segregación entre hijos y madres “rojas”, con el objetivo de evitar que los pequeños “se contagiaran” de su ideología. “Ninguna causa que investigue las violaciones de derechos humanos puede estar completa si no contempla los crímenes cometidos contra las mujeres por el hecho de serlo”, sostiene la Directora Legal de Women's Link, Glenys de Jesús.

Por eso, afirma la organización, “hay que asumir que determinadas violaciones de derechos humanos las han sufrido de manera particular las mujeres [...] y si no se investiga, se perpetúa el silencio y se invisibilizan estos delitos”. El colectivo pone de ejemplo otros países que, afirma, se han pronunciado al respecto, como Guatemala, Colombia o Argentina. En este último ya existen once condenas por delitos sexuales durante la dictadura argentina, después de que en 2010 por primera vez un exmilitar fuera condenado por delitos de lesa humanidad, entre ellos varias violaciones.

Timoteo Mendieta fue fusilado en el cementerio de Guadalajara y enterrado allí mismo, en una fosa común, junto a todos los que asesinaron aquel 16 de noviembre de 1939. Tenía mujer, María Ibarra, y siete hijos: una llevaba el nombre de Ascensión Mendieta, que a sus 90 años va a poder cumplir ahora el objetivo que le negaron a su madre y a varios de sus hermanos, ya fallecidos: exhumar los restos de su padre para darles una sepultura digna.

Timoteo Mendieta era presidente de UGT en Sacedón, y no participó en la contienda hasta que reclamaron su presencia al final de la guerra. Creyó estar a salvo cuando se hizo eco de una comunicación de Franco en la que decía que a todos aquellos que no se hubiesen manchado las manos de sangre no les pasaría nada. Un día, ya acabada la Guerra Civil, llamaron a la puerta de su casa y comenzó el calvario de la familia Mendieta.

Chon Vargas Mendieta, hija de Ascensión Mendieta Ibarra, relata la historia desde el principio trágico de la misma, cuando de la cárcel de Sacedón, Timoteo pasa a la de Guadalajara y de ahí, previo procedimiento de auxilio a la rebelión (antes le habían intentado culpar de un asesinato en el que nunca participó), lo mandan al cementerio de la ciudad alcarreña, donde sería fusilado. “No lo sabemos con certeza, pero las informaciones indican que hay unos 800 ciudadanos que fusilaron allí”, señala Chon.

En el momento en que María Ibarra conoció la noticia, se personó en el registro civil para solicitar la exhumación del cuerpo de su marido. Obtuvo la negativa por respuesta, pero sí consiguió que le permitieran poner una lápida en la parte de la fosa donde se indicaba que estaba el cuerpo de su marido. Además, tuvo el detalle de dejar un espacio en esa lápida para aquellos familiares de los ciudadanos que compartían fosa con Timoteo escribieran también sus nombres. “Que sepamos, nunca han solicitado poner nada en la lápida y está solo el nombre de mi abuelo”, recuerda Chon Vargas.

Con ese primer paso que consigue María Ibarra, poniendo el nombre de su marido en el lugar que fue fusilado, comenzó la batalla legal y jurídica de varias generaciones. “A partir de ese momento no recuerdo ni un solo instante en que no hayamos procedido a ejercitar acciones y hechos que conllevaran la apertura de la fosa”, explica Chon, añadiendo que “en aquellos tiempos nosotros hicimos todas las gestiones en la más absoluta soledad”. Del inicio de esa lucha hace ya casi 40 años, en el momento que se derriba el muro que separaba la fosa del resto del cementerio de Guadalajara.

Si en España no se puede, habrá que recorrer el mundo para conseguirlo

Dos de las hermanas Mendieta, Ascensión y Paz, no cesaron en su empeño de sacar a su padre de la fosa y, tras unos años en los que se aparca el asunto, se decide en la familia retomar las gestiones. La luz la encuentran en Argentina, cuando Chon Vargas Mendieta, hija de Ascensión y abogada de profesión, descubre que Darío Rivas es el primer querellante contra los crímenes del franquismo, y junto con la ARMH (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica), con la abogada Ana Messuti y el equipo jurídico de Argentina, se plantea esa querella. Una vez conocido este hecho, que ocurrió en 2010, Ascensión, Paz, Chon y dos hermanos de esta se personan como querellantes e inician un proceso jurídico que ahora parece que toca a su fin.

En 2013, habiendo fallecido ya Paz, su hermana Ascensión cruza el mundo para cumplir 88 años a bordo de un avión y declarar ante la jueza argentina María Servini, en Buenos Aires, como víctima de los crímenes del franquismo. Es con la abogada Ana Messuti -“la persona que más ha trabajado intensamente en el tema de las fosas y, en concreto para sacar adelante este proceso”- con la que se consigue un exhorto para que se proceda a la exhumación del cuerpo de Timoteo Mendieta y se tome una muestra de ADN de Ascensión para proceder a identificar los restos de su padre. Ese primer exhorto termina siendo denegado en febrero de 2014, tras casi un año de lucha e infinitos procesos.

Cuando se pone en conocimiento de la jueza Servini este hecho, ella vuelve a emitir un nuevo exhorto, esta vez al juzgado de Guadalajara y con carácter inmediato, para la exhumación de los restos de Timoteo Mendieta. “Nos ha llevado otros nueve meses o más para que finalmente se decrete que se exhume el cuerpo y todos los ciudadanos que están en esa parte de la fosa con él”, explica Chon. El último trámite antes de la manifestación definitiva del juzgado para proceder a la exhumación fue una posibilidad de audiencia para familiares directos de los ciudadanos que también fueron allí fusilados. Nadie presentó alegación alguna y finalmente se aprobó la exhumación de Timoteo.

“Ay, madre mía, cuánto estoy llorando, pero qué contenta estoy”, decía Ascensión Mendieta cuando Ana Messuti le transmitió la feliz noticia. En ese momento se acordó de su hermana Paz, que como cuenta Chon, “no dejó de acordarse de su padre ni un solo día de su vida”. Cuando llegue el momento de la exhumación, probablemente después de las fiestas navideñas, Timoteo Mendieta tendrá por fin el descanso que merece. “Evidentemente, lo enterraremos antes de que muera mi madre, pero va a estar junto a ella, porque lo que quiere mi madre es que el abuelo, su padre, vaya con ella”.

Barcelona tendrá un mecanismo para facilitar que los vecinos y vecinas puedan adherirse a la causa contra los crímenes del franquismo que instruye la jueza María Servini en un juzgado de Buenos Aires. Testigos de los hechos sucedidos durante la durante la Guerra Civil o el Franquismo, familiares o descendientes de las víctimas, entidades expoliadas o, simplemente, vecinos y vecinas que quieran aportar algún elemento de relevancia, podrán hacerlo a través de las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC) que hay en la ciudad.

Diferentes formatos de fichas -en función del perfil del demandante- estarán a disposición de la ciudadanía, que podrá aportar a la causa su testimonio o la documentación que considere pertinente. Estos formularios, una vez completados, serán entregados al Consulado de la Rapública Argentina de Barcelona, que los tramitará de urgencia al juzgado número 1 de Buenos Aires. De esta forma, los vecinos de la ciudad podran aportar su grano de arena, en calidad de testigos o afectados, a la causa abierta contra el franquismo que persigue Argentina.

“A veces, es la periferia quien nos recuerda a la metrópolis que todavía hay crímenes que no se pueden enterrar en el olvido”, ha dicho el teniente de alcalde de Derechos de ciudadanía, Participación y Transparencia, Jaume Asens, que ha detallado la iniciativa. La querella en cuestión, que señala a las fuerzas armadas, la oligarquía y una parte de la jerarquía de la Iglesia que durante 40 años mantuvieron “un régimen dictatorial”, interpela al anterior Jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón, como heredero designado por Franco.

Al margen de las querellas que pueda recoger la OAC, el Ayuntamiento estudia en estos momentos las posibilidades jurídicas para personarse como institución afectada a la causa. “Lluís Companys, antes de ser presidente de Catalunya, fue concejal del Ayuntamiento de Barcelona, y eso nos da un plus de legitimidad para personarnos”, ha dicho Asens.

Diego Arcos, representante de la querella argentina, ha comparecido junto a Asens y ha cargado contra el Estado Español, al que se ha referido como “un Estado impune”. Según Arcos, “el jefe del Estado reina gracias a los principios del Movimiento”, por lo que considera que debe responder sobre los crímenes del franquismo y evitar que “el olvido sea la condena social” de las víctimas. Arcos también tuvo palabras dedicadas a CiU por no haber cumplido con los compromisos adquiridos por el Parlament en materia de memoria histórica. “Ninguna sociedad puede comenzar una nueva historia sino se cierra con el anterior”, ha concluido.

En contra de los bombardeos que arrasaron Barcelona

En contra de los bombardeos que arrasaron BarcelonaEl consistorio de la capital catalana también se personará en otra causa, en este caso con el objetivo final de que las autoridades italianas “pidan perdón a la ciudad de Barcelona” por los bombardeos contra la población civil catalana. En este caso se trata de una querella presentada por la Asociación AltraItalia, entidad que reúne a los italianos antifascistas que viven en Barcelona, en relación a los bombardeos que golpearon a la ciudad entre el 13 de febrero de 1937 y el 29 de enero de 1939 y en los que murieron cerca de 5.000 personas. “Estamos en tiempo de bombardeos y hemos de recordar los de Barcelona. El tiempo no borra la responsabilidad de quien lo ha cometido”, ha dicho Asens.

Esta asociación considera en su denuncia que la intervención de las tropas militares italianas dirigidas por Mussolini fueron decisivas para el triunfo del golpe de estado militar franquista contra un Gobierno elegido democráticamente, como el republicano. “Una intervención ilegal” ya que se considera que no existía ninguna declaración de guerra entre ambos estados implicados. Por este motivo, el gobierno municipal se personará en el procedimiento, en vigor en el Juzgado 28 de Barcelona, a raíz de la querella interpuesta por AltraItalia, que condena los bombardeos ocurridos en la ciudad de Barcelona y perpetrados por las tropas italianas. “Italia y España se han negado a reconocer sus crímenes”, ha apostillado Asens.

El presidente del grupo municipal de ERC, Alfred Bosch, y la jefe de filas de la CUP, María José Lecha, han acompañado a Asens durante la rueda de prensa. Los dos grupos se suman al gobierno de Ada Colau en el apoyo a las dos querellas ciudadanas. Bosch ha recordado el bombardeo de 1938 en la plaza Sant Felip Neri de Barcelona, donde hubo 42 muertos -la mayoría, niños- y más de un centenar de heridos, y ha denunciado la impunidad de aquel, y otros, atentados causados por la aviación fascista italiana: “Lo que es excepcional es la impunidad, no lo que estamos haciendo hoy”. Por su parte, Lecha ha pedido que se restaure la memoria de las víctimas y ha puesto en valor la lucha de la izquierda anticapitalista en esta materia.

Barcelona tindrà un mecanisme per facilitar que els veïns i veïnes puguin adherir-se a la causa contra els crims del franquisme que instrueix la jutgessa Maria Servini a un jutjat de Buenos Aires. Testimonis dels fets succeïts durant la durant la Guerra Civil o el Franquisme, familiars o descendents de les víctimes, entitats espoliades o, simplement, veïns i veïnes que vulguin aportar algun element de rellevància, podran fer-ho a través de les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) que hi ha a la ciutat.

Diferents formats de fitxes –en funció del perfil del querellant— estaran a disposició del veïnat, que podrà aportar a la causa el seu testimoni o la documentació que consideri pertinent. Aquests formularis, un cop emplenats, seran entregats al Consolat de la República Argentina de Barcelona, que els tramitarà d’urgència al jutjat número 1 de Buenos Aires. A la capital argentina es donarà tràmit a les denúncies, en qualitat de testimoni o d’afectat, i passaran a formar part de la causa oberta contra el franquisme que persegueix la justícia argentina.

“De vegades, és la perifèria qui ens recorda a la metròpolis que encara hi ha crims que no es poden enterrar en l’oblit”, ha dit el tinent d’alcalde de Drets de ciutadania, Participació i Transparència, Jaume Asens, que ha detallat la iniciativa. La querella en qüestió, que assenyala a les forces armades, l’oligarquia i una part de la jerarquia de l’Esglèsia que durant 40 anys van mantenir “un règim dictatorial”, interpel·la a l’anterior Cap de l’Estat, Juan Carlos de Borbó, com a hereu designat per Franco.

Al marge de les querelles que pugui recollir l’OAC, l’Ajuntament estudia a hores d’ara les possibilitats jurídiques per a personar-se com a institució afectada a la causa. “Lluis Companys, abans de ser president de Catalunya, va ser regidor de l’Ajuntament de Barcelona, i això ens dóna un plus de legitimitat per personar-nos”, ha explcat l'advocat i tinent d'alcalde.

Diego Arcos, representant de la querella argentina, ha comparegut al costat d’Asens i ha carregat contra “la impunitat” de l’Estat Espanyol. Segons Arcos, “l'anterior cap de l’Estat regna gràcies als principis del Movimiento”, motiu pel qual considera que ha de respondre sobre els crims del franquisme i evitar que “l’oblit sigui la condemna social” de les víctimes. Arcos també ha tingut paraules dedicades a CiU per no haver complert amb els compromisos adquirits pel Parlament en matèria de memòria històrica. “Cap societat pot començar una nova història sinó es tanca l’anterior”, ha conclòs.

En contra dels bombardejos que van arrasar Barcelona

En contra dels bombardejos que van arrasar BarcelonaEl consistori de la capital catalana també es personarà en una altra causa, en aquest cas amb l’objectiu final de que les autoritats italianes “demanin perdó a la ciutat de Barcelona” pels  bombardejos contra la població civil catalana. Es es tracta d’una querella presentada per l’Associació AltraItàlia, entitat que aglutina els italians antifeixistes que viuen a Barcelona, que vol sancionar els bombardejos que van tenir lloc a la entre el 13 de febrer de 1937 i el 29 de gener de 1939 i en els que van morir prop de 5.000 persones. “Estem en temps de bombardejos i hem de recordar els de Barcelona. El temps no esborra la responsabilitat de qui l’ha comés”, ha dit Asens.

Aquesta associació considera a la seva denúncia que la intervenció de les tropes militars italianes dirigides per Mussolini van ser decisives per al triomf del cop d’estat militar franquista contra un Govern escollit democràticament, com el republicà. “Una intervenció il·legal” ja que es considera que no existia cap declaració de guerra entre ambdós estats implicats. Per aquest motiu, el govern municipal es personarà al procediment, en vigor al Jutjat 28 de Barcelona, arrel de la querella interposada per AltraItàlia, que condemna els bombardejos ocorreguts a la ciutat de Barcelona i perpetrats per les tropes italianes. “Itàlia i Espanya s’han negat a reconèixer els seus crims”.

El president del grup municipal d’ERC, Alfred Bosch, i la cap de files de la CUP, Maria José Lecha, han acompanyat a Asens durant la roda de premsa. Els dos grups se sumen al govern d'Ada Colau en el recolzament a les dues querelles ciutadanes. Bosch ha recordat el bombardeig de l'any 1938 a la plaça Sant Felip Neri de Barcelona, on hi va haver 42 morts -la majoria, nens- i més d'un centenar de ferits, i ha denunciat la impunitat d’aquell, i altres, atemptats causats per l’aviació feixista italiana: “El que és excepcional és la impunitat, no el que estem fent avui”. Per la seva part, Lecha ha demanat que es restauri la memòria de les víctimes i ha posat en valor la lluita del seu grup en aquesta matèria.

No es un rostro conocido en España, salvo para las más de 100 familias que impulsan la querella contra los crímenes franquistas que la jueza María Servini de Cubría sigue desde el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1 de Buenos Aires. La magistrada, que ha imputado ya a 19 altos cargos y agentes de seguridad del régimen español, no ha podido evitar en su paso por Madrid las preguntas sobre la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman.

El cuerpo de Nisman fue encontrado hace una semana en su domicilio, poco después de que acusara formalmente a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al canciller Héctor Timerman de encubrir a los autores de un atentado con 40 víctimas mortales. Desde entonces, cada nuevo dato de la investigación sobre el sospechoso suicidio del fiscal alimenta teorías conspiratorias contra el Gobierno y otras deslizadas por la propia mandataria.

“Claro que esto afecta a la credibilidad de la Justicia argentina”, reconoce con preocupación Servini, que lleva más de 25 años de carrera judicial. “Afecta a una imagen que ya estaba tocada por otros episodios que se han ido sucediendo”, ha asegurado, cautelosa. No es un tema fácil sobre el que pronunciarse, porque las pesquisas sobre la muerte de Nisman están en una etapa muy inicial. “Yo no puedo saber si ha sido un suicidio o un asesinato. Lo que sé por experiencia es que va a ser largo. Hay mucho que hacer. Muchas pruebas que recoger y que seguir”, ha zanjado.

“Este es un golpe muy fuerte para nosotros. Estamos shockeados. Conocía mucho a Neisman y le tenía mucho aprecio”, ha explicado en un encuentro con periodistas después de recibir el premio Abogados de Atocha como reconocimiento a su labor en la persecución de crímenes franquistas.

Servini, que se ha encargado de polémicas causas en los 90 que involucraban a la familia del expresidente Menem –y que le han valido más de una solicitud de juicio político– ha respondido con evasivas a la polémica abierta en este momento en Argentina sobre las presiones –o directamente la injerencia– del poder político en la justicia de ese país: “Yo no he recibido presiones. Pero puede que otros sí. No lo sé. Y mis compañeros no dicen nada sobre esto”. Pero ha sostenido que estas circunstancias no afectan a su labor como juez. “No tengo miedo. A mí me ha tocado detener a Massera [Emilio Massera, integrante de la Junta Militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1979] y a varios militares que en su momento eran muy importantes. No he tenido miedo. Uno se acostumbra. Es el trabajo”.

Un trabajo que, independientemente de los acontecimientos con visos de novela negra que conmocionan a su país, pueden traerla dentro de poco a España con el objetivo de tomar declaración testimonial no sólo a querellantes y familiares de víctimas, sino también a algunos acusados. Por ejemplo al exministro Rodolfo Martín Villa, que ya ha hecho pública su intención de hablar ante la jueza. “Todo depende de los Gobiernos español y del argentino, de que se me autorice a viajar como ya he hecho alguna vez en causas como por ejemplo la que investigaba la muerte del general Prat en Chile”, ha detallado Servini.

“España no ha ayudado”

En la querella impulsada por CeAQUA hay un total de 19 acusados, entre ellos el exministro de Relaciones Sindicales en 1975 y de Gobernación entre 1976 y 1979 Rodolfo Martín Villa, y el ex ministro José Utrera Molina, suegro del anterior ministro de Justicia español, Alberto Ruiz-Gallardón.

España no se lo ha puesto fácil a Argentina para avanzar en esta causa que se basa en el concepto de justicia universal, por tratarse de crímenes de lesa humanidad. Ha rechazado las extradiciones pedidas por la magistrada e incluso ha puesto trabas a la búsqueda de los acusados por Interpol. “Mucha gracia no les hace esta causa”, ha resumido Servini con media sonrisa. “Nos han retrasado, pero al final y de a poco nos han ido pasando la información”. Sin embargo, no se ha mostrado sorprendida por las declaraciones del ministro Rafael Catalá de que no accedería a los exhortos argentinos de detención de los imputados. “Nunca han colaborado mucho”.

Pero la jueza no cree que la investigación que encabeza vaya a caer en saco roto. “Yo creo que a la larga serán los jueces españoles los que investiguen. Hay muchos con ganas de hacerlo. Pero ahora quizá no es el momento idóneo. Hay que tener paciencia”. ¿Un cambio de gobierno podría propiciar la apertura de causas contra crímenes franquistas? “No voy a meterme en política porque no me corresponde. Pero claramente es una decisión política. En Argentina los gobiernos de Raúl Alfonsín y de Néstor y Cristina Kirchner decidieron impulsar la memoria y la investigación de estos casos. Y se acabó declarando inconstitucional la ley de amnistía y condenando a los culpables”.

La jueza argentina María Servini, que investiga la llamada querella argentina contra los crímenes del franquismo, ha subrayado hoy su voluntad para tomar declaración en España al exministro Rodolfo Martín Villa, sobre la muerte en 1976 en Vitoria de cinco trabajadores por una carga policial.

En rueda de prensa, la magistrada ha explicado que si el Gobierno y la justicia argentina la autorizan, entonces se desplazará a España a tomar declaración no solo a Martín Villa, sino a otras personas imputadas en la causa que han manifestado su intención de declarar.

El pasado 30 de octubre, Servini emitió un auto en el que ordenaba la detención de 20 acusados de crímenes cometidos durante la dictadura, entre ellos los exministros Martín Villa y José Utrera Molina.

Estas órdenes fueron bloqueadas en noviembre por la Interpol a petición de España, aunque Martín Villa dijo que no se va a “esconder” y pedirá declarar ante juez argentina, que le imputa por su eventual responsabilidad, cuando era ministro de Relaciones Sindicales, en la muerte en Vitoria de cinco trabajadores en una acción policial en marzo de 1976.

“Si el Gobierno y la justicia argentina me autorizan a viajar se la tomaré acá junto con otras personas a través de un exhorto”, ha precisado la jueza que ha señalado que, en caso contrario, podrá realizarse por videoconferencia.

En cuanto a la petición que emitió España a Interpol para bloquear las ordenes de detención de los acusados, Servini ha señalado que no le ha sorprendido la “urgencia” con la que el Ministerio del Interior actuó. “Más o menos me lo esperaba”, ha añadido.

Al respecto, la magistrada ha sido tajante cuando se le ha preguntado por la colaboración con el Gobierno español. “Mucho no ayudan”, ha dicho, al contrario que los jueces españoles que le han prestado “mucha ayuda”.

Preguntada sobre si un cambio político en España ayudaría a agilizar el procedimiento de la causa, ha respondido: “que abran una investigación. Hay más de un juez que quiere hacerlo”.

“No creo que tengan miedo, sino que no se ha dado tal vez el momento propicio para poder abrir una investigación de este tipo”, ha explicado.

Servini ha asegurado que tiene “mucha esperanza” en una causa en la que trabaja “todos los días” y de la que ha destacado los “impresionantes” testimonios de las víctimas.

“Si los jueces españoles escucharan lo que yo escuchó abrirían las causas más rápido de lo que espero que con el tiempo las abran”, ha destacado al augurar que tarde o temprano los jueces investigarán los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo porque son delitos de lesa humanidad “que no prescriben nunca”.

“Va a llegar un momento que España va a investigar como así pasó en Chile con el tema de Pinochet”, ha aseverado.

La querella en Argentina se presentó en 2010 por “delitos de genocidio y/o lesa humanidad” cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y abarcan el periodo comprendido entre julio de 1936, cuando se produjo el levantamiento militar, y el 15 de junio de 1977, casi dos años después de la muerte de Francisco Franco, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas.

“Palos, muchas horas de trabajo y muchas veces, si en el campamento no había humo, ya sabías que no había comida ese día”. De esta manera ha rememorado ante el juez de Miranda de Ebro el anarquista Félix Padín su paso por los campos de concentración de la dictadura franquista.

Su testimonio judicial ya está incluido en la querella contra los crímenes del franquismo que investiga la jueza argentina María Servini de Cabria. Padín ha hecho así su penúltimo servicio a la lucha contra la dictadura. Este anarquista bilbaíno, de 98 años de edad y una memoria a prueba del paso del tiempo, ha relatado ante el juez de Miranda de Ebro la represión franquista que sufrió en los campos de concentración.

El pasado mes de mayo, cuando la jueza argentina que investiga los crímenes durante el franquismo viajó a España para tomar declaración a numerosos represaliados por la dictadura, se entrevistó con Padín en el hospital. Pero no pudo tomarle declaración por encontrarse convaleciente de una enfermedad. Este primer lunes de agosto, ya recuperado, ha llegado en silla de ruedas hasta el juzgado de Miranda de Ebro acompañado por su hija. Con ganas de contar todos sus sufrimientos.

El veterano luchador antifranquista ha estado además arropado por la Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo y por miembros del sindicato CNT. La memoria no le ha fallado a Padín. Sus recuerdos se mantienen también indelebles. Ha relatado su experiencia en los “batallones de trabajadores”, como los denominaba la dictadura, auténticas fábricas de mano de obra barata donde los franquistas trataban como esclavos a las personas enviadas allí por el franquismo.

“Enterrados en las cunetas”

No es que Padín confíe mucho en la justicia. Pero considera un deber contar lo que pasó allí, dar testimonio y que se logre la reparación por el sufrimiento padecido tras los muros de tantos y tantos campos de concentración como el de Miranda de Ebro. “Espero que mi declaración sirva de algo porque hasta ahora la historia de lo ocurrido solo la cuenta una parte y eso no es justo”, aunque Franco dijera que lo dejaba todo “atado y bien atado”. “Desde que falló la República”, ha señalado tras prestar declaración ante el juez, “en España no ha habido justicia más que para ellos”, en alusión a los herederos del franquismo.

“Hoy Félix ha dado voz a miles compañeros que sufrieron el terrorismo de Estado y que aún tienen que soportar que ese mismo estado -ahora disfrazado de democrático- continúe protegiendo a policías y militares asesinos”, ha señalado la CNT en un comunicado tras su declaración. La CNT, sindicato al que ha pertenecido Padín toda la vida, ha destacado que se trata de la primera vez que este anarcosindicalista entra a un juzgado “para narrar los horrores que tuvo que sufrir durante la dictadura franquista”.

“De esta manera, hoy ha honrado a tantas y tantos compañeros que aún siguen enterrados en las cunetas de esta supuesta democracia, en la que, lamentablemente, existen diferentes categorías de víctimas”, han resaltado. “La propia querella que se tramita en Argentina contra los crímenes del franquismo es parte de esta lucha contra la impunidad”, han apuntado desde el sindicato.

Es un “momento histórico”. Por primera vez y en el marco de la querella argentina, las voces de las víctimas del franquismo podrán escucharse en la Audiencia Nacional. El juez Fernando Andreu, la magistrada María Servini de Cubría y el Fiscal General argentino Ramiro González tomarán testimonio este jueves a dos mujeres represaliadas por las fuerzas golpistas de Franco. Se trata de una comparecencia inédita ante la justicia de ambos países que escenifica la colaboración de la Audiencia Nacional en un proceso de justicia universal, cuya reforma –impulsada por el Gobierno del PP– el propio Andreu tachó de “chapuza”.

Teresa Álvarez y Faustina Romeral, nonagenarias, están citadas a las 10 de la mañana en el Juzgado Central de Instrucción Número 4. Lo hacen como víctimas del régimen franquista. El responsable del citado tribunal, a pedido de Servini, ha acordado la toma de declaración conjunta. Además, el juez Andreu ha gestionado la visita de la delegación argentina al Archivo Histórico Nacional y a la Dirección General de Seguridad (DGS), centro de detención y tortura durante la dictadura y sede en la actualidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

“Es una gran noticia, un momento histórico”

Desde Buenos Aires, Servini de Cubría remitió comisiones rogatorias al Ministerio de Justicia amparada en el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal entre el Reino de España y la República Argentina. Como la que solicitaba el interrogatorio, que llegó a los Juzgados de Plaza de Castilla la pasada semana y tocó por reparto al magistrado. De ahí, rescató la petición para elevarla a una instancia superior como es la Audiencia Nacional, donde Andreu, Servini y el representante del Ministerio Público argentino podrán oír y preguntar a las dos víctimas de la dictadura.

También podrán hacerlo los abogados de la Querella Argentina, Ana Messuti y Máximo Castex. “Es un paso muy importante y puede servir como puntapié para tener alguna esperanza futura de que se comience a juzgar al franquismo aquí en España”, dice Castex. “A ver cómo se dan los hechos y las declaraciones de las víctimas, pero es una gran noticia, un momento histórico, no hay precedente de una actuación de este tipo que está en el marco de las relaciones bilaterales”, asegura.

La jueza Servini se encuentra desde el pasado 18 de mayo en España para acopiar información y testimonios de víctimas que, debido a su avanzada edad, no pueden desplazarse a Argentina. La magistrada ha pasado por el País Vasco y Andalucía antes de llegar a Madrid. En su periplo, ha encontrado colaboración en los juzgados territoriales de Gernika (Vizcaya) y Sevilla, además de en los municipios sevillanos de Carmona y Marchena. Pero también negativas, como en Miranda de Ebro (Burgos) y Málaga, donde el Juzgado Número 9 impidió la “inspección ocular” a la mayor fosa del franquismo, localizada en el cementerio de San Rafael.

“Si no creyera en la justicia universal no estaría acá”, manifestó en suelo español la responsable del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 1 de Buenos Aires, que sigue la Causa 4591/10 por violaciones de derechos humanos cometidas en España entre 1936 y 1977. En el mismo proceso, y en representación del Ministerio Público argentino, se incorporó hace apenas un mes el fiscal Ramiro González, que según los querellantes, ha dado un “impulso” a la causa y participa también en la toma de testimonios en la Audiencia Nacional.