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La Audiencia Nacional rechaza la extradición de Billy el Niño a Argentina

La Sala de lo Penal aprecia un posible delito de torturas en González Pacheco prescrito desde hace casi treinta años

Niega que los malos tratos infringidos por la policía franquista fueran parte de un "ataque sistemático" a una parte de los españoles

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Billy el Niño saluda tras declarar en la Audiencia Nacional, el 10 de abril de 2014. / Álvaro Minguito/DISO Press

Billy el Niño saluda tras declarar en la Audiencia Nacional, el 10 de abril de 2014. / Álvaro Minguito/DISO Press

Las víctimas que se animaron a buscar en Argentina la justicia reparadora que no encontraban en España saben desde hoy que esa vía se ha cerrado en lo que respecta a uno de los más famosos represores del régimen franquista, el expolicía Antonio González Pacheco, 'Billy el Niño'. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha fallado que los hechos que se atribuyen en la querella que instruye una jueza argentina prescribieron hace casi treinta años.

González Pacheco estaba destinado en la Brigada Político-Social en los últimos años del franquismo. Las 14 torturas denunciadas por un grupo de entonces jóvenes activistas se cometieron presuntamente entre febrero de 1971 y septiembre de 1975. Ese delito, según la legislación española, prescribe a los diez años. Además, las denuncias por estos hechos, que podían haber interrumpido el plazo de prescripción, se presentaron mucho más tarde, en 2010 y 2012. "El periodo de prescripción está ampliamente cumplido", zanjan los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal.

Sin embargo, la jueza bonaerense María Servini imputa a González Pacheco un delito de lesa humanidad, que no prescribe. Y es aquí donde resulta, acaso, más polémica la decisión de los jueces españoles. La Sección Segunda concluye que no se trata de un delito de lesa humanidad "por más que los hechos descritos constituyan delitos de tortura a detenidos por un grupo determinado, aislado y concreto de funcionarios policial, al no constar que las mismas fueran parte de un ataque sistemático y organizado a un grupo de población". Los denunciantes vinculaban las torturas sufridas como parte de la maquinaria represora puesta en marcha desde el 17 de julio de 1936, momento en el que un grupo de militares se sublevó a la República, el régimen legalmente establecido.

Con todo, la decisión de la Audiencia Nacional no era la última carta de González Pacheco para evitar la extradición. El Gobierno siempre podía oponerse a la entrega en contra del criterio judicial. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tuvo ocasión de rechazarla de plano, pero optó porque se pronunciaran los tribunales y evitarse así la participación en los hechos.

Obvian la Ley de Amnistía

La Fiscalía se había opuesto a la entrega de González Pacheco con los mismos argumentos que ha adoptado su decisión la Sección Segunda. Una y otra han optado por evitar una mención a la Ley de Amnistía en sus decisiones, una norma objeto de numerosas críticas por los organismos internacionales, debido al manto de impunidad con el que cubre todavía a los encargados de la represión. En la vista de extradición, la Fiscalía recomendó a las víctimas que denuncien en España. El resultado será la absolución de González Pacheco, pero al menos serían oídas en sede judicial.

Servini dictó una orden internacional de busca y captura contra Billy el Niño, el excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas y otros dos represores que habían fallecido. Sobre Muñecas se pronunció la Sección Tercera la semana pasada, con idénticos argumentos a los esgrimidos ahora por la Segunda para rechazar su extradición. Recientemente, las víctimas han ampliado su querella, con nuevos nombres de presuntos torturadores. Entre ellos, un comisario que estuvo en activo hasta el pasado 31 de enero, Jesús González Reglero.

Al menos, a Muñecas sus víctimas pudieron verle la cara. La presidenta de la Sección Segunda, Concepción Espejel, rechazó que los medios pudieran grabar el rostro de Billy el Niño, que había alegado motivos de seguridad por ser objetivo de los GRAPO, banda terrorista desarticulada hace años.

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