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Servini: “Si no creyera en la justicia universal no estaría acá”

La jueza argentina María Romilda Servini de Cubría.

Juan Miguel Baquero

¿Habrá condena al franquismo? “No nos podemos adelantar”, sostiene María Servini de Cubría, titular del Juzgado Federal Número 1 de Buenos Aires que tramita el único proceso en el mundo para juzgar las violaciones de derechos humanos cometidas en España por los golpistas entre 1936 y 1977. La jueza ha hablado, tras una reunión con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, y se ha referido así a las víctimas de la represión franquista, a las que toma declaración durante su estancia en suelo español en el marco de la denominada Querella Argentina: “Tienen terror de declarar y a veces quieren omitir nombres, hechos, circunstancias que le parecen demasiado graves y no las quieren decir, les cuesta”.

En Andalucía, Servini ha sido recibida por el presidente del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia, y ha pasado por los juzgados de Carmona, Marchena y Sevilla para recibir la denuncia de afectados por crímenes franquistas. En el recibimiento institucional de la Administración andaluza, la magistrada ha estado acompañada por el Fiscal Federal argentino Ramiro González y por el abogado de la causa, Máximo Castex, y ha sido recibida en la sede de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales por el propio Valderas, vicepresidente de la Junta, y el director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo. Durante su etapa en el País Vasco, acudió a la Cámara regional y tomó declaración a varias represaliados, como hará en Madrid la próxima semana.

La Querella Argentina toma “impulso” con el viaje a España

“No tengo más que agradecerle a los señores jueces que se han comportado excelentemente”, refiere Servini de Cubría, “sobre todo porque vinimos muy encima del exhorto y a pesar de que llegaba ese día, tomamos declaración”. En cuanto a los testimonios, “lo que uno ve desde el principio es el miedo de cada persona de declarar” y les cuesta, continúa, “porque es muy duro, porque se emocionan, lloran muchos, gente joven, nietos o nietas que se han puesto a llorar y eso que no han conocido a los abuelos”. Recordar la represión, reconoce, “es una situación dura” para las víctimas.

“Si no creyera en la justicia universal no estaría acá”, manifiesta Servini, cuestionada por la aplicación que hace de la misma para juzgar el franquismo. No valora, en todo caso, la derogación emprendida por el Gobierno de España aunque sí ha tratado la implicación de Argentina en la causa que dirige y que ayudará a impulsar los trámites judiciales: “El Estado argentino nos ha puesto ahora un fiscal porque la investigación se llevaba impulsada solamente por la querella, ahora tenemos el Ministerio Público dentro de la investigación”.

El propio Fiscal Federal reconoce que la investigación “si está viva es por dos puntales, las querellas que la impulsaron y mantuvieron y fundamentalmente por la doctora Servini, quien a pesar de algunas vicisitudes que tenía el proceso mantuvo la tenacidad y la causa”. “Y hoy”, prosigue González, “está tomando un impulso” con el trabajo de la jueza en España que procura “una visión más amplia de la realidad a través de los distintos actores que vamos tomando conocimiento”. Así, con respecto a la investigación, “se han incorporado multitud de pruebas y serán motivo de análisis”, según el representante del Ministerio Público argentino, que se ha mostrado “sorprendido de que esta problemática no se aborda desde la justicia” española.

Ni Servini, ni el propio fiscal, adelantan posibles fechas o plazos para el desarrollo de la Querella Argentina. Tampoco si en próximas fechas se producirán nuevas imputaciones por delitos de lesa humanidad. “Es un proceso activo que va avanzando”, mantienen. Sobre el encuentro, el vicepresidente andaluz confirma que la Junta de Andalucía concede a la justicia argentina un “ejercicio máximo de colaboración”. “Hemos compartido el trabajo que se viene haciendo desde la dirección general de Memoria Democrática, y ofrecido el máximo nivel de colaboración con la jueza y el fiscal para poner a su disposición todos los mecanismos que tenga la Comunidad Autónoma”, declara Valderas.

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