El Consejo de Gobierno vasco ha aprobado, en su reunión de este martes, el decreto por el que se declara como Bien Cultural de Protección Especial, con la categoría de Conjunto Monumental, el astillero La Naval de Sestao. El astillero vizcaíno se ubica en la zona de la Vega del Nervión, a orillas de la ría Ibaizabal-Nervión, y ocupa actualmente una superficie aproximada de 290.000 metros cuadrados. Su interés cultural incluye diferentes valores culturales y bienes de objeto de protección como el valor histórico, el valor de singularidad, el social, el científico, el paisajístico, el urbanístico, así como el potencial de reutilización, según ha explicado el Ejecutivo y recoge Europa Press.

En cuanto al valor histórico, ha recordado que La Naval ha tenido una vida útil de 130 años y su historia “ilustra la historia completa de los grandes astilleros industriales vascos, desde el inicio de la construcción de buques de acero a finales del siglo XIX hasta su ocaso y cierre en el siglo XXI”, además del de otras empresas auxiliares que fueron sus proveedoras o clientes como Ingeniería Vallhonrat, Castrillo y Compañía, Altos Hornos de Bilbao, Altos Hornos de Vizcaya, ELYMA, Sociedad Española de Construcciones Metálicas-Talleres de Zorroza o Talleres de Erandio.

En el valor de singularidad, se destaca que “los hitos alcanzados por la empresa que fue el primer astillero industrial de la ría a finales del XIX son numerosos, ya en los años 20 la factoría naval más completa del Estado, la primera empresa española en construir motores diésel marinos, el primer astillero, junto con Euskalduna, en construir buques a motor en España y, como parte de Astilleros Españoles S. A, el mayor grupo productor estatal de la construcción mercante y entre los primeros del contexto europeo”. Finalmente, ha sido “el último representante de los astilleros originales instalados en la ría Ibaizabal-Nervión y el único en alcanzar en activo el siglo XXI”.

Por lo que respecta al valor social, está “vinculado a la trayectoria vital de las personas que promovieron el astillero y de las que trabajaron en sus instalaciones, a sus modos de vida y trabajo, a los movimientos obreros y al impacto de la actividad naval en el desarrollo económico de toda Bizkaia”.

También se destaca su valor científico “como fuente de información cualitativa de base tecnológica sobre el desarrollo y evolución de técnicas y procesos productivos de otro tiempo” y su valor paisajístico “por la interacción de valores culturales y naturales y su condición de último frente netamente industrial del entorno de la ría donde, en las últimas décadas, han desaparecido el resto de vestigios de su intensa actividad”.

Asimismo, se ha tenido en cuenta su valor urbanístico por “el destacado ejercicio de urbanismo racional y funcional que determinaría la organización de los usos de servicio en el perímetro del recinto, mientras las tareas de producción se desarrollaban en el espacio central del complejo”. Finalmente, se valora su potencial de reutilización, dado que “la funcionalidad, versatilidad e integridad de inmuebles, espacios e instalaciones favorecen la preservación de las actividades originales o, en su caso, la instalación de nuevos usos”.

Cualquier intervención deberá ser aprobada por Diputación

El Conjunto Monumental del astillero La Naval de Sestao protegerá dos ámbitos. El primero, ubicado en el extremo este de la parcela, integra el entorno de protección de los bienes fundacionales de la Sociedad Colectiva Martínez Rivas-Palmer (Astilleros del Nervión) de finales del siglo XIX y el segundo, situado al oeste del conjunto, abarca el entorno de protección de los bienes vinculados a las primeras etapas de la Sociedad Española de Construcción Naval, en el primer cuarto del siglo XX.

Entre los bienes culturales protegidos en el Conjunto Monumental de La Naval, está en el ámbito vinculado a Astilleros del Nervión el taller de máquinas y calderas, construido en 1888 y que constituye uno de los edificios fundacionales de Astilleros del Nervión, primer astillero industrial instalado en la Vega del Nervión de Sestao.

A él se suman el dique seco nº1, que fue construido en 1888 para Astilleros del Nervión por la empresa Brimms Newcastle on Tyne, junto a tres gradas de unos 110 metros actualmente desaparecidas, y el dique seco nº 2, que se construyó durante la segunda fase de modernización del astillero, hacia 1956, sobre las tres antiguas gradas junto al dique seco nº 1.

En el ámbito vinculado a Sociedad Española de Construcción Naval, se incluye la central eléctrica, que constituye uno de los edificios fundacionales levantados por la Sociedad Española de Construcción Naval hacia 1916 y, en concreto, el más antiguo de los edificios de servicios de esta época conservados. También lo está el pabellón de comedores y botiquín, uno de los edificios construidos en la primera fase de modernización del astillero, en los primeros años 40, para alojar los comedores y botiquín para personal.

Otro de los edificios incluidos son las oficinas generales. En este caso, el edificio actual data de 1956, si bien es resultado de la reforma de las primeras oficinas generales, construidas en la segunda década del siglo XX, cuya tipología original básica se conservó, aunque “reinterpretada a través de un nuevo lenguaje estilístico”, ha explicado el Ejecutivo.

Asimismo, se protegen el taller mecánico, que formó parte del grupo de edificios fundacionales que levantó la Sociedad Española de Construcción Naval hacia 1916, y la pasarela peatonal, cuyo primer tramo fue construido en 1916 para facilitar el acceso del personal al recinto fabril desde el casco urbano de Sestao, situado en las laderas y separado del complejo por la línea férrea Bilbao-Santurtzi. Por otro lado, también quedan protegidos los espacios del entorno del astillero vizcaíno de La Naval que permiten la organización espacial y funcional.

El Gobierno vasco inscribirá el edificio en el registro de la Comunidad Autónoma de Euskadi del Patrimonio Cultural Vasco y comunicará la aprobación de su declaración como Bien Cultural de Protección Especial al Ayuntamiento de Sestao, a Grupo VPG, a los departamentos de Euskera, Cultura y Deporte y de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia, a los departamentos del Gobierno Vasco de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente y de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, a Demarcación de Costas del País Vasco del Ministerio para la transición ecológica y reto demográfico, a la Autoridad Portuaria de Bilbao y a ADIF. Tras la declaración como Bien Cultural de Protección Especial, con la categoría de Conjunto Monumental, cualquier intervención que deba realizarse sobre los bienes protegidos deberá contar con la autorización de la Diputación Foral de Bizkaia.

El juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao ha autorizado la venta de los activos de La Naval al grupo belga VPG que, como adjudicatario de la parcela, construirá allí un parque logístico. En un auto con fecha de 28 de abril, la titular del juzgado rechaza las alegaciones a la venta presentadas por dos empresas que participaron en la subasta y por el sindicato UGT, según informa Europa Press.

El grupo logístico belga VGP resultó el pasado mes de marzo adjudicatario de los terrenos en los que se ubica La Naval tras presentar una oferta de 36 millones de euros. El administrador concursal se decantó por esta oferta presentada por este grupo, con sede en Bruselas, que pretende construir un parque logístico en estos terrenos.

Los activos de la Naval se habían dividido en 20 lotes, el principal de ellos el que incluía el suelo, los pabellones y herramienta, que es el que se ha adjudicado este grupo belga. De esta forma, se hará con la propiedad de los 300.000 metros cuadrados de terreno del astillero.

En total, se habían presentado 100 ofertas para optar por los 20 lotes en los que se ha dividido La Naval de Sestao, de las que once eran por el lote más relevante que incluye el suelo, pabellones y herramienta, dentro del proceso de liquidación de La Naval, que dejó su actividad y planteó un ERE de extinción para todos sus trabajadores.

Dentro del periodo para presentar alegaciones a la adjudicación a VGP el sindicato UGT formalizó una de las tres presentadas, junto a las de Marina Meridional y A&M. Todos pedían a la jueza que tuviera también en cuenta otros criterios para sustentar su decisión, además de los económicos, ya que el grupo logístico hizo la oferta de mayor cuantía, 36 millones, para implantar un centro de distribución logístico en los terrenos del antiguo astillero. Sin embargo, la jueza ha rechazado dichas alegaciones y ha autorizado la venta de los activos.

UGT ha pedido a la jueza que tramita el proceso sobre La Naval que inste a VGP, adjudicataria de los terrenos de Sestao, a abrir una negociación con los grupos industriales que pujaron de cara a ponerse de acuerdo para compartir actividad en la superficie disponible, bien mediante alquiler o la venta de parte del espacio. Según informa Europa Press, el sindicato cree que “hay terreno suficiente para hacer compatibles actividad logística, industrial y también construcción de barcos, porque es lo que creará más empleo de manera inminente”.

Dentro del periodo para presentar alegaciones a la adjudicación a VGP, que concluye este jueves, el sindicato ha formalizado una de las tres presentadas, junto a las de Marina Meridional y A&M. Todos piden a la jueza que tenga también en cuenta otros criterios para sustentar su decisión, además de los económicos, ya que el grupo logístico hizo la oferta de mayor cuantía, 36 millones, para implantar un centro de distribución logístico en los terrenos del antiguo astillero.

Tal y como ha señalado el responsable de Industria de UGT, Manuel Velado, el sindicato ha sustentado su alegación en que, por un lado, en el pliego de condiciones está establecido que el 51% del suelo liberado por el antiguo astillero debe tener un uso industrial.

Desde UGT han precisado que ese uso industrial debe estar también en parte vinculado al sector naval porque “en la concesión que se hizo en su día se habilitó un kilómetro de concesión de puerto y, por tanto, esa concesión, cuando se hizo, fue porque ese espacio físico se iba a dedicar a la construcción naval”.

A juicio de Velado, un proyecto industrial relacionado con el sector naval “generaría más riqueza, más empleo y de mayor calidad, sobre todo para una zona tan deprimida como la margen izquierda”.

En su opinión, hay un tercer elemento a considerar, y es que, “economicamente, aportaría más plusvalías que cualquier empresa logística cara a la recaudación de Hacienda”.

“Lo que defendemos desde UGT es que hay suficiente espacios y metros cuadrados para el asentamiento logístico y dar continuidad al sector naval”, ha reiterado el responsable de Industria del sindicato. Desde el punto de vista de la organización, su apuesta es por el sector naval porque “es el que entendemos que daría lugar a crear más empleo de una manera inminente”.

La actividad logística, ha añadido Velado, “a partir de que se instalan los pabellones, el volumen de empleo es pequeño, y la experiencia que tenemos con los terrenos de la Babcock, donde se ha instalado Amazon, donde también son un montón de metros cuadrados es que, en proporción, el empleo que se ha creado es muy poco y, desgraciadamente, muy precario”, ha lamentado.

El responsable de UGT ha pedido también no olvidar que la normativa urbanística del Ayuntamiento de Sestao fija que el 51% de esos terrenos debe destinarse a actividad industrial, algo que tanto UGT como el resto de empresas que pujaron, entienden que una empresa logística no respetaría ese requisito cuando, además, ha añadido Velado, todos los grupos municipales han apoyado una resolución donde se comprometen a no recalificar esos terrenos y a mantener ese 51% para suelo industrial.

El sindicato ha reconocido que en la actual fase de adjudicación, “prima la cantidad que cada inversor ofrece y presenta, pero no es menos cierto que, en una zona con un volumen de desempleo del 17%, la jueza debería tener en cuenta no solo esa parte económica, sino también la generación de empleo que se va a crear o comprometer con cada proyecto, así como el rendimiento económico tributario que se pueda sacar para Hacienda”, ha reiterado Velado.

Construcción Naval moderna

En cuanto a que ven factible la presencia de actividad relacionada con la construcción naval, desde UGT estarían hablando de un astillero que, fundamentalmente, se dedicara a reparaciones, nuevas construcciones y transformaciones, “siendo conscientes que en un volumen menor y más pequeño que el que ofrecía La Naval, naturalmente, porque el mercado ahora el tipo de producto que demanda y que se está vendiendo en Europa, va más a un barco mediano-pequeño pero tecnológicamente mucho más avanzado”.

Desde UGT han remarcado que no dudarían, y apoyarían como sindicato, “compaginar, dentro de ese espacio físico, la actividad industrial, la relacionada con el sector naval y el tema logístico que plantea VGP”“.

“Porque hablamos de muchos metros cuadrados que para un astillero solo, con las características de la construcción actual, no necesitaría tanto espacio ni superficie y, lógicamente, no habría ninguna posibilidad porque quedaría mucho sin utilizar”, ha explicado.

Con su alegación, UGT busca “fundamentalmente, ver la posibilidad de que se abra una negociación entre las partes y se abra la posibilidad a que se pueda compatibilizar una actividad y la otra, porque entre ambas generarían un volumen de empleo mayor y más importante”.

Igualmente, el sindicato “insta” a la jueza y al grupo belga a “ponerse de acuerdo” con los proyectos industriales, “o bien de arrendamiento de instalación o de venta de parte de ese espacio físico”, porque entiende “que ese acuerdo no violenta, ni la actividad industrial, ni la logística en las necesidades que cada uno de ellos tienen”.

Tampoco descartan que, “de alguna manera, la jueza pudiera invitar a las partes a que se sienten y pudieran llegar a algún tipo de acuerdo, en el sentido que he indicado de hacer compatibles las tres actividades, industrial, industria naval y logística”.

El grupo logístico belga VGP ha resultado adjudicatario de los terrenos en los que se ubica La Naval tras presentar una oferta de 36 millones de euros, según han informado fuentes conocedoras del proceso de venta a Europa Press. El administrador concursal se ha decantado por esta oferta presentada por este grupo, con sede en Bruselas, que pretende construir un parque logístico en estos terrenos. El pasado viernes terminó el plazo para presentar ofertas por los activos de la Naval, que se habían dividido en 20 lotes, el principal de ellos el que incluía el suelo, los pabellones y herramienta, que es el que se ha adjudicado este grupo belga. De esta forma, se hará con la propiedad de los 300.000 metros cuadrados de terreno del astillero.

En total, se habían presentado un total de 100 ofertas para optar por los 20 lotes en los que se ha dividido la Naval de Sestao, de las que once son por el lote más relevante que incluye el suelo, pabellones y herramienta, dentro del proceso de liquidación de La Naval, que dejó su actividad y planteó un ERE de extinción para todos sus trabajadores. Entre otros, había presentado oferta Meridional junto con ACS.

“Muchos menos puestos de trabajo”

El secretario general de UGT Euskadi, Raúl Arza, cree que se debería apostar por mantener la actividad industrial vinculada al sector naval en los terrenos del La Naval de Sestao porque, a su juicio, sería una mejor opción desde el punto de vista del empleo. En una rueda de prensa ofrecida en Bilbao y recogida también por Europa Press, Arza se ha referido, de esta manera, a la decisión de adjudicar al grupo belga VGP los terrenos de La Naval para construir un parque logístico en la parcela. Arza ha afirmado que les gustaría que se mantuviera la actividad industrial vinculada al sector naval y ha indicado que había varias propuestas en este sentido.

El dirigente sindical ha señalado que “muchas veces los grupos logísticos crean muchos menos puestos de trabajo”. “Nos gustaría que, en la medida de lo posible, se mantuviera la actividad industrial y vinculada al sector naval, ha habido grupos industriales interesados en mantener esta actividad industrial, vinculada al sector naval”, ha añadido.

n todo caso, cree que en los terrenos de La Naval hay “espacio suficiente” para que pudieran convivir actividades del sector naval con otro tipo de actividades porque son “miles y miles de metros cuadrados”. En este sentido, desde el punto de vista del empleo, cree que se debería hacer una apuesta por mantener la actividad naval.

Esta semana, La Naval de Sestao, un astillero vasco con una historia centenaria, se ha acercado un poco más a su final definitivo. Privatizado en 2006 y en concurso de acreedores desde 2017, en estos días ha finalizado el plazo de presentación de ofertas para retomar la actividad de una empresa llamada realmente Construcciones Navales del Norte. Se abre ahora un nuevo escenario en el que los activos del astillero podrán ser liquidados de manera troceada y ya se habla de que parte de los hasta 300.000 metros cuadrados de las antiguas instalaciones –42 campos de fútbol– podría convertirse en un polígono logístico. En este contexto, Unidas Podemos está presionado a su socio en el Gobierno de España, el PSOE, para que ponga 10 millones sobre la mesa y puje por esos activos.

Hace justamente dos años, el ahora vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias, acudió a una manifestación de protesta por el cierre de La Naval con trabajadores del astillero. El lema de la pancarta era “Rescate” y, en este tiempo, la formación morada ha encabezado una petición para una 'suerte' de renacionalización de La Naval. Esa fase parece ya superada: los operarios que se mantenían desde la época previa a 2006 han tenido ocasión de ser recolocados en Navantia, la nueva entidad pública gestora de astilleros, pero el resto hasta 173 ya está despedido. No obstante, su diputado por Bizkaia, Roberto Uriarte, encabeza las peticiones a sus socios socialistas para que el Estado puje al menos para quedarse con los activos en este fase de liquidación. “Si se van a regalar activos a un fondo especulativo, mejor que los compre el Estado. Alguien se lo va a quedar a precio de saldo, pues que sea el Estado”, explica Uriarte, que remarca que “la situación es delicada porque no quedan muchos días” y emplaza al Gobierno central a que tome ya cartas en el asunto.

Según ha podido constatar este periódico, en el marco de las conversaciones presupuestarias de cara a las cuentas de 2021 se han producido reuniones específicas sobre La Naval entre altos cargos del equipo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y una delegación de Unidas Podemos. El lehendakari entre 2009 y 2012 y también diputado por Bizkaia Patxi López ha ejercido de enlace. Unidas Podemos se ha dirigido a Hacienda porque de ella depende la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), gestora de Navantia. En esas reuniones se ha puesto sobre la mesa una cifra de alrededor de 10 millones de euros.

Sin embargo, fuentes socialistas indican que esta propuesta de intervención ha sido acogida con “frialdad” por parte de Hacienda. En el área de Desarrollo Económico y Medio Ambiente del Gobierno vasco, dirigida por Arantxa Tapia (PNV) y que ha monitorizado la situación de La Naval en estos años, también consideran inviable una propuesta semejante y recuerdan que ya se ha descartado en anteriores ocasiones cuando Podemos ha solicitado un rescate público para el astillero. Las ayudas de Estado son especialmente vigiladas por la Unión Europea y, en el caso de los astilleros, está el precedente de la sentencia contra el denominado 'tax lease'. Uriarte, por el contrario, se agarra a que el contexto es otro. Durante la pandemia –alega–, en varios países de Europa ha habido una “rectificación importante” en su política industrial y han adoptado un papel más “activo”. Cita los ejemplos de Francia, de los Países Bajos –“han puesto 200 millones para los astilleros”– o de Escocia. “Tenemos que hacer algo. Es estratégico. Es el astillero más importante del Cantábrico”, clama el diputado.

Los trabajadores de La Naval de Sestao preparan nuevas movilizaciones para el 6 de abril contra el desmantelamiento del histórico astillero de la Margen Izquierda, ahora privatizado. 173 están abocados a un ERE de extinción. El comité de empresa sigue demandando implicación a las instituciones mientras se habla ya de la recolocación de parte de la plantilla que procedía del antiguo astillero público en las sedes de Navantia de Galicia, Andalucía o Madrid (oficinas). Y, en paralelo, los distintos procedimientos judiciales y concursales en torno a la crisis de una compañía llamada oficialmente Construcciones Navales del Norte siguen adelante. Sobre el tapete, el escrutinio de la gestión de los principales accionistas Astilleros Murueta (38%) y, sobre todo, Ingeteam (38%).

Esta semana ha finalizado el plazo de calificación del administrador concursal, Ignacio Barainca (de PKF Attest), y se espera que en los próximos días se conozcan sus conclusiones. Además, el juzgado de instrucción de Barakaldo que desde 2015 analiza una querella por delito societario y apropiación indebida presentada por los minoritarios Iniciativas Navales del Norte va completando la recopilación de toda la documentación sobre las cuentas de La Naval. Se trata de material aportado por la administración concursal en las últimas semanas, ya que el juzgado había cursado a la dirección de la compañía hasta cuatro peticiones desde septiembre de 2016 que no habían sido atendidas.

Según la documentación judicial a la que ha tenido acceso este periódico, Ingeteam reclama en el concurso de acreedores una deuda de solamente 229.302,83 euros. Se trata del acreedor número 227 de la lista y tiene la condición de crédito subordinado, es decir, de muy difícil cobro porque se trata de una empresa “especialmente vinculada” al ser parte del accionariado. Se da la circunstancia de que un informe interno de mayo de 2017, justo el mes previo a la declaración del preconcurso, el dinero adeudado por La Naval a Ingeteam era mucho mayor, de casi 10 millones. Concretamente, Ingeteam tenía reconocidos 9.936.872,60 euros.

Fuentes internas de La Naval señalan que Ingeteam fue cobrando las facturas que se le adeudaban en los meses previos a la declaración definitiva del concurso de acreedores, en octubre de ese año. Se trata de una fase crítica en las empresas en esas circunstancias y entienden que, en la jurisdicción mercantil, podría ser un elemento probatorio para declarar “culpable” por mala gestión la quiebra del astillero.

Otro informe muestra que Ingeteam es, con claridad, el acreedor que más ha reducido su deuda entre mayo de 2017 y el final del concurso. La ha dejado en solamente el 2,3%. Hay otro proveedor, SP Consultores, que también tiene un porcentaje similar (del 4,5%), pero en su caso los pagos en ese período crítico ascienden a alrededor de 500.000 euros. En la imagen adjunta de un documento interno se puede ver toda la lista de proveedores teniendo en cuenta su deuda en mayo de 2017 (primera columna), el porcentaje de dinero reclamado (segunda) y la cantidad reclamado (última).

La gestión de Ingeteam en los años anteriores suscitó también las críticas de accionistas minoritarios y comité de empresa. Como ya publicó eldiarionorte.es en 2017, La Naval iba acumulando pérdidas a pesar de tener hasta cuatro barcos contratados. Estas fuentes denunciaban que se trataba de contratos leoninos para el astillero pero muy rentables para el socio. De hecho, Ingeteam multiplicó por tres sus ingresos como proveedora de servicios de ingeniería para los proyectos hasta sumar 13 millones de euros anuales de facturación. El 76% de las denominadas operaciones con empresas vinculadas recayeron en Ingeteam. Ingeteam disponía de un “derecho de macheo” o de tanteo que le permitía igualar las condiciones de cualquier otro proveedor para quedarse con el contrato.

El grupo Ingeteam ya manifestó tajantemente que esas acusaciones eran infundadas y negó que “se haya enriquecido” utilizando su posición en La Naval. “Ingeteam no ha saqueado La Naval”, afirmaron en 2017 desde la compañía, que cuantifica en un 6% su peso entre los proveedores. “La Administración del astillero ha actuado de forma diligente y como mejor ha sabido en cada momento”, remarcaron.

En cuanto al procedimiento penal vivo en Barakaldo, que debería haberse resuelto meses atrás, hay una decena de exgestores de La Naval imputados. Son Arturo Córdoba -que fue presidente del consejo de administración-, Felipe García de Eulate, César Aizpuru, Juan Antonio Díez, Ignacio Irasuegui, Eduardo Jiménez, Juan Arana, Agustín Ortiz de Eribe y Javier Ojeda. Entre los abogados defensores se ha personado el bufete del reconocido jurista Jesús Urraza, que ha participado en numerosos casos mediáticos como recientemente el 'caso De Miguel' de corrupción de excargos del PNV o los delitos fiscales del exfutbolista del Real Madrid y de la Real Sociedad Xabi Alonso. El fiscal asignado inicialmente al caso fue José Manuel Ortiz, recientemente designado como primer coordinador autonómico contra los delitos económicos y la corrupción.

“Esto era un poco la crónica de una muerte anunciada, es un paso más de esta vejación de los Gobiernos, de dejar de pasar el tiempo y que nos vayamos muriendo. Hasta la fecha el papel del Gobierno Vasco y el Gobierno central ha sido lamentable, tuvimos dos o tres reuniones pero sin nada concreto y dejando pasar el tiempo”, son las palabras de Chechu, uno de los rostros del cierre La Naval de Sestao, que lleva 37 años trabajando en el astillero.

Al igual que Chechu, decenas de trabajadores se han manifestado en Bilbao para pedir al Gobierno central y vasco que impidan el cierre del astillero después de que el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao notificara el despido de toda la plantilla. De los 178 trabajadores que la conforman, 150 serán recolocados y tendrán que hacer las maletas para ir a Madrid, Ferrol o Cadiz, a cubrir otro puesto de NAVANTIA. El resto, serán indemnizados.

Javier Merino también lleva 37 años trabajando en La Naval de Sestao y, aunque ha tenido tiempo para prever la situación, coincide con Chechu en destacar que el papel del Gobierno Vasco ha sido “lamentable”:

“Al Gobierno Vasco parece que le da igual la situación en la que estamos abocados. Yo no he visto ningún papel por su parte, sí que ha habido palabras, buenas intenciones, pero resultados cero. Te puedo decir lo mismo del Gobierno central. La recolocación de los trabajadores de La Naval supone un exilio económico y ahora la plantilla está más por luchar en terminar un barco que tenemos a medio hacer”, ha señalado Merino quien se ha vestido con un chaleco fosforescente y un casco para manifestarse.

Los trabajadores aseguran que ahora su lucha se centrará en plantear el alquiler de los terrenos por parte de los Gobiernos central y vasco, y un acuerdo entre la SEPI y Van Oord para poder terminar el barco que tienen a medio hacer, y que confían en que es posible finalizarlo, ya que, según indican, tan sólo falta “voluntad política que articule la forma de hacerlo”. Operación que, según han señalado, daría empleo a toda la plantilla y 20 meses de plazo para buscar soluciones a largo plazo.

Por su parte, los sindicatos CAT y ELA en el comité de empresa de La Naval han anunciado que si no ven ningún gesto por parte de los gobiernos central y vasco para buscar una solución “digna” a la empresa su intención es recurrir el auto de despido de la plantilla emitido por la jueza y “judicializar” el proceso de liquidación del astillero.

Así lo ha transmitido el secretario del comité, Juanjo Llordén, durante la manifestación que la plantilla, representantes políticos y ciudadanos han llevado a cabo en Bilbao desde la sede de la subdelegación del Gobierno en Moyúa a la de la Spri en la plaza Bizkaia.

Llordén ha recordado que “la judicialización no es un capricho sino un arma que tenemos los trabajadores para defender el astillero y estamos dispuestos en cualquier momento, si nos llaman inversores o gobiernos, a sentarnos de nuevo y dialogar”.

Si de los economistas vascos dependiese, el astillero La Naval (sumido en una grave crisis) ya se habría ido a pique. ¿Por qué? Pues porque la mayoría considera que las administraciones públicas deben intervenir únicamente en empresas estratégicas y que sean solventes. Así lo refleja el Ekonometro de diciembre de 2018, la encuesta que con carácter semestral realiza el Colegio Vasco de Economistas entre sus 4.526 afiliados. Además de conocer su percecpión acerca de la futura marcha de la economía, en esta ocasión se les ha preguntado acerca de la intervención pública en empresas en crisis, justo en plena crisis de La Naval y cuando el comité de empresa ha pedido a los gobiernos vasco y central que la compren.

En el sondeo han participado un total de 511 economistas, es decir, el 11 % del colectivo. Respecto a la intervención pública en la empresa, el 44 % de los economistas consultados considera que las administraciones públicas deben intervenir únicamente en empresas estratégicas y que sean solventes.

Otro 29 % cree que los gobiernos deben intervenir solamente en las empresas que necesiten una inyección económica para su recuperación, pero que tengan un proyecto sostenible en el tiempo.

Para otros 18,8 %, las administraciones no deben intervenir en las empresas en ningún supuesto, y solo el 7 % manifiesta que deben intervenir en todas las empresas que lo precisen.

También se ha preguntado a los economistas vascos sobre el impacto de la ampliación del permiso de la prestación laboral por paternidad. La mayoría, el 56 %, piensa que tendrá beneficios sociales, como el grado de implicación de los padres, o la desaparición de los roles de pareja, pero no creen que conlleve una contratación más paritaria ni que mejore la productividad en general.

El último gran icono de la potencia industrial que fue Bizkaia en el siglo XX ya no aguanta. El astillero La Naval, en Sestao, vive sus últimos días si un milagro 'in extremis' no lo remedia. Con más de 100 años de historia (se inauguró en 1916), se acaba de firmar el ERE de extinción para sus 173 trabajadores en la última reunión del periodo de consultas celebrado con la administración concursal. El comité de empresa no ha firmado el expediente, tal y como decidieron los trabajadores por mayoría en una asamblea.

La Naval no ha podido evitar la competencia de los astilleros asiáticos, pero en el ambiente pesa la sensación de que la empresa ha hecho aguas por la mala gestión. La realidad es que entre 2014 y 2017 acumuló unas pérdidas de 145 millones de euros cuando a principios de 2015 estaba construyendo un buque, tenía contratados otros tres y en 2016 se les sumó el ferry encargado por Balearia.

Ahora, una vez firmado el ERE la administración concursal, lo comunicará a la autoridad laboral y asimismo se remitirá a la juez que deberá decidir si lo acepta o no. El presidente del comité de empresa, Juanjo Llordén, cree que el juez lo firmará, con lo que a partir de ese momento, la plantilla estaría despedida. Todo podría ser efectivo en un plazo de 15 o 20 días.

El rescate público está descartado, pero los gobiernos central y vasco trabajan en la búsqueda de un inversor con garantías. Ese inversor se encontrará en una empresa con carga de trabajo, si Van Oord decide finalmente seguir con la draga. El pasivo asciende a 159 millones, pero con 146 millones en activos “tasados”, y otros 12 en derechos de cobro.

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, asegura que la decisión de los trabajadores de La Naval de no firmar el ERE supone una “dificultad añadida” a la llegada de un inversor que pueda plantear un proyecto de futuro para el astillero vizcaíno. “El proceso en La Naval no es diferente al que ya han vivido otras empresas en Euskadi. Es una tragedia para los trabajadores y para el tejido industrial, pero no es excepcional”, ha añadido.

El Parlamento vasco ha lanzado un salvavidas al astillero La Naval, cuya dirección ya ha anunciado el inminente despido de los 180 trabajadores de la plantilla. De forma unánime, la Cámara de Vitoria ha instado al Gobierno autonómico a elaborar un informe que culmine en una operación de adquisición público-privada de los activos de La Naval para garantizar su viabilidad económica y así la de su industria auxiliar, que da trabajo a alrededor de 2.000 trabajadores.

La declaración del Parlamento ha sido fruto de una propuesta consensuada entre EH Bildu y Elkarrekin Podemos, a la que finalmente se han adherido PNV, PSE y PP. La declaración del pleno se produce un día después de que el administrador concursal y la dirección de La Naval hayan comunicado al comité de empresa que antes de finalizar octubre se va a presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción para la totalidad de la plantilla.

El cierre de La Naval supondría una debacle para la comarca vizcaína de Margen Izquierda, que en los últimos años viene sufriendo el cierre de otras empresas. Se trata de la comarca vasca con el índice de paro más alto. El Parlamento incluso ha reclamado al Ejecutivo la inversión económica directa para evitar el cierre, pero el parlamentario del PNV, Luis Javier Telleria, ya ha puntualizado durante el debate en el pleno que el Gobierno no está para inyectar dinero en las empresas en crisis.

Por su parte, la consejera de Desarrollo Económico y Cometitividad, Arantxa Tapia, también ha recordado que “los inversores no salen de la nada” y ha dejado claro que la viabilidad del astillero pasa por capital de mayoría privada. Para los trabajadores, la declaración del Parlamento se ha quedado escasa, ya que en ningún momento apela al Gobierno central.

La presión social y política hacia el Gobierno para que salve al astillero ya ha comenzado. Una marcha con cerca de 3.000 personas recorrió el miércoles las calles de Sestao para exigir a los gobiernos español y vasco que demuestren que “tienen miras de estado”.

El comité de empresa de La Naval ha reclamado a los gobiernos central y vasco que demuestren que tienen “miras de estado”, respondiendo a la situación que vive el astillero, cuya dirección y administración concursal han anunciado que presentarán “en las dos próximas semanas” un ERE de extinción para toda la plantilla, alrededor de 180 trabajadores, si no hay una solución.

“Los dos gobiernos, el estatal y el vasco tienen una responsabilidad política, empresarial e institucional de mantener el empleo en Ezkerrealdea. Esta Margen ya ha sido suficientemente castigada por decisiones políticas injustificadas”, han advertido.

Al término de la manifestación en defensa del astillero, en la que han participado más de 3.000 personas y que ha concluido frente al Ayuntamiento de Sestao, el presidente del comité, Pedro González, y el secretario, Juanjo Llordén, han dado lectura a un comunicado en el que los trabajadores aseguran que no “reconocen” a otros inversores principales y mayoritarios que no sean el Gobierno Vasco y el Central, a los que han pedido el rescate y que pongan al frente de La Naval, a gestores “contrastados y cualificados”.

“Se está magnificando la figura de un inversor mayoritario privado de futuro, que se lleva buscando desde hace 17 meses, para terminar de construir la Draga, pero ¿alguien sabe las condiciones que pondrá? ¿Para que quiere La Naval, sus instalaciones?, ¿Qué hará con su plantilla y sus condiciones laborales?, ¿Qué trabajo quiere hacer?”, se han preguntado.

En este punto, han recordado que la experiencia que ya han vivido es que todos los astilleros públicos que fueron privatizados, “hoy están cerrados, excepto La Naval -a punto de cerrarse-”, lo que demuestra que “todos han fracasado”.

“Todo el mundo reconoce que la privatización de La Naval ha sido un profundo fracaso y fue una decisión política, no hubo razones técnicas, ni productivas, ni económicas. La Naval era de los mejores astilleros públicos civiles de este país. Los gobiernos autonómicos de otras zonas, como Andalucía y Galicia defendieron sus astilleros con uñas y dientes. Por contra, el Gobierno Vasco no hizo absolutamente nada”, han denunciado.

Tras aseverar que La Naval es un sector “estratégico, generador de empleo y riqueza social para la zona de la Margen Izquierda”, han insistido en que La Naval debe de ser rescatada o tener la mayoría amplia del accionariado en manos del Gobierno Estatal y Vasco, que se considere como “sector estratégico y elabore un Plan Industrial”.

La plantilla del astillero está a la espera de que el Ministerio de Industria les conteste a la propuesta que le hicieron la semana pasada, cuando le entregaron el cuaderno de venta del astillero y plantearon que tenían que rescatarle y comprarlo “a precio de saldo” y “lo más importante”: mantener a su plantilla.

Por último, han agradecido su apoyo a todas las personas que han participado en la marcha, con especial mención al colectivo de jubilados, a los que han dicho que, con su lucha, son un “ejemplo para las nuevas generaciones y Euskadi en particular un ejemplo para toda la sociedad española”.

Marcha

Cientos de personas han iniciado a las seis y media de esta tarde en La Naval de Sestao (Bizkaia) la manifestación, convocada por el comité de empresa, contra el cierre del astillero y en demanda de soluciones que garanticen la viabilidad de la compañía, a las que se han ido sumando nuevos manifestantes a lo largo del recorrido hasta superar los 3.000, según fuentes municipales.

La marcha, encabezada con una pancarta con el texto 'La Naval ez itxi. Gobierno central-vasco negociación. Por el empleo en Ezkerraldea', ha recorrido las calles de Sestao para concluir ante el Ayuntamiento de esta localidad.

Los participantes han coreado lemas como “Ayer Euskalduna, hoy La Naval”, “El ERE de extinción no es la solución”, “La Naval ez itxi”, “Murueta, Ingeteam, soltad el maletín”, o “Rescate sí. Cierre no, Gobierno vasco mójate”.

La marcha ha contado con la participación de vecinos de la Margen Izquierda, representantes municipales de los ayuntamientos de Barakaldo y Sestao, liderados por sus respectivos alcaldes, así como del PSE-EE, encabezados por el secretario general de los socialistas vizcaínos, Mikel Torres, y los secretarios de Organización e Institucional, Francisco Fernández y Ekain Rico, respectivamente.

Por el PP han acudido su secretario general de Bizkaia, Gonzalo Zorrilla, el coordinador general de Bizkaia, Eduardo Andrade, por EH Bildu su parlamentario Iker Casanova, por Ezker Anitza-IU su parlamentario Iñigo Martínez, y por Unidos Podemos su diputada Rosa Martínez, entre otros representantes políticos. También han participado en la movilización los jugadores del Sestao River.

Tras este acto de protesta, los trabajadores de La Naval partirán a las 7.45 horas de este jueves del astillero para acudir al Parlamento Vasco, donde se tratará su situación, y volverán de nuevo a la empresa sobre las 12.30 horas.

La dirección del astillero La Naval y la adminstración concursal han comunicado este miércoles al comité de empresa que va a presentar “en las dos próximas semanas” un ERE de extinción para toda la plantilla, alrededor de 180 trabajadores. Estos son los empleos directos porque los puestos de trabajo inducidos por el astillero pueden rondar más de 4.000.

El administrador concursal y la dirección del astillero de Sestao habían convocado de urgencia a última hora de este martes a los representantes de los trabajadores “para analizar la situación del astillero”, que está en concurso. En ese encuentro, les han informado de la intención de proceder a la extinción de todos los contratos.

Ahora, la dirección presentará las razones a los trabajadores y se abrirá un plazo de un mes para las negociaciones. Tras la liquidación podría aparecer un inversor, pero ya sin cargas laborales.

Ante al crisis que vive el astillero de Sestao, las miradas se han vuelto hacia las instituciones vascas en busca de alguna ayuda. Pero esa ayuda no vendrá en forma de rescate de ninguna manera. El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, lo dejó muy claro hace unos días. “El rescate está descartado”.

El presidente del comité de empresa, Juanjo Llordén, ya adelantó hace unas semanas que al astillero le quedaba “un mes o mes y medio” de vida si la firma Van Oord no construya la draga 'Alexia' en el astillero, algo que no va a ser posible. Ahora, la solución pasa, según el comité de empresa, porque los gobiernos vasco y central rescaten al astillero. “Son los únicos que pueden sacar adelante a La Naval porque inversores ya hemos tenido y no han dado resultado. Francia ha nacionalizado un gran astillero y no ha pasado nada. ¿Por qué no puede pasar algo parecido aquí y que nos rescaten las administraciones?”.

Tic,tac,tic,tac.....El astillero La Naval cuenta las horas para su cierre. Al menos eso teme el comité de empresa. Su secretario general, Juanjo Llordén, ha afirmado que al astillero le queda “un mes o mes y medio” de vida si la firma Van Oord no construye la draga 'Alexia' en el astillero. El representante del comité ha indicado que no hacer la draga “significa la muerte del astillero” porque “no puede aguantar más” por la falta de tesorería. Para Llordén, el armador holandés “está vacilando”, lo que le hace mostrarse “pesimista” respecto a sus intenciones.

Llordén, quien se ha reunido con la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha recalcado que la entrada en la fase de liquidación que ha sido solicitada por los accionistas es un procedimiento del concurso de acreedores que estaban “esperando”.

“Lo que no esperabamos es que Van Oord nos dijera que ponía otra condición más para hacer el barco”, ha señalado, en referencia a que plantea la entrada de inversores. Hace un año ya habían llegado a un acuerdo con Van Oord de que si sacaba la primera draga a Santander, eso facilitaría que haría la segunda draga en Sestao. Después, en mayo también les garantizó que harían el buque en La Naval si les ayudaban a lograr la garantía del reembolso de los avales.

Sobre la búsqueda de inversores para La Naval, ha afirmado que se lleva un año buscando “y no ha aparecido” porque considera que es “muy difícil que en un mes aparezca”. El portavoz sindical no cree que la solución sea, en todo caso, la entrada de un inversor y cree que se debe “juntar a los dos gobiernos con comité y sindicatos” para buscar “la mejor solución” de cara a la “viabilidad y futuro” del astillero.

Llordén ha señalado que el Gobierno central tiene “responsabilidad” en la actual situación porque fue el que privatizó el astillero, pero que también hay en el Ejecutivo autónomo “una responsabilidad empresarial e institucional” para defender el sector “naval como estratégico y generador de muchos puestos de trabajo”.

Por su parte, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, ha afirmado que existe “interés” de inversores por la Naval de Sestao, pero ha reconocido que por ahora no hay ofertas “en firme”. El “objetivo principal”, según ha explicado, es que la empresa siga abierta“ y lograr que Van Oord construya el buque 'Alexia' en el astillero.

Sobre la postura del armador y al hecho de que establezca como condición la búsqueda de inversores, ha señalado que ha ido poniendo “muchas condiciones” a lo largo de los últimos meses e interpreta que lo que quiere es “una confianza y un confort de que la draga se va a realizar en buenas condiciones en la Naval”.

“No se ha levantado de la mesa y eso significa que sigue teniendo interés por continuar negociando. Nosotros tampoco nos vamos a levantar”, ha apuntado.

En relación a la búsqueda de inversor, ha asegurado que ha habido “interés y han aparecido más de uno y de dos” que han visitado el astillero, pero ha reconocido que no hay ofertas “en firme”.

El astillero La Naval vive horas angustiosas. Accionistas minoritarios, sindicatos, trabajadores, partidos e instituciones lamentan la mala gestión del astillero en los últimos años, situación que explotó en 2017, pero que desde 2015 investiga un juzgado de Barakaldo . A la deriva y con varias vías de agua, sus propietarios han decidido iniciar el proceso de liquidación. Con este panorama, las miradas se han vuelto hacia las instituciones vascas en busca de alguna ayuda. Pero esa ayuda no vendrá en forma de rescate de ninguna manera. El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, lo ha dejado muy claro. “El rescate está descartado”.

Ante las peticiones de rescate de La Naval por parte de la Administración vasca ha recordado que la Unión Europea “prohíbe tajantemente las ayudas de Estado” y cuando las detecta “no solo las anula e impide su materialización” sino que “exige inmediatamente la devolución de las cantidades”.

Erkoreka ha advertido de que, “puesto que se trata de medidas radicalmente proscritas y prohibidas por la Unión Europea, son imposibles de adoptar”. “Las consecuencias las hemos experimentado alguna vez en Euskadi y suelen ser francamente gravosas para las instituciones, la industria vasca y el conjunto de la sociedad, que es la que soporta el impacto económico de ese tipo de ayudas que después tienen que revertirse. No conviene adentrarse por ese camino”, ha indicado.

Con este panorama, el Gobierno se ha comprometido a intensificar la búsqueda de nuevos inversores. “El Ejecutivo va a seguir colaborando con todos los actores que tienen algo que decir en esta materia, tanto con la dirección de la empresa como con el comité, las compañías presentes en el Consejo de Administración y la Administración concursal de manera que pueda trabajar conjuntamente para atraer nuevos inversores o garantizar que la empresa armadora holandesa pueda realizar la construcción del Alexia en el astillero”.

La Naval de Sestao aplicará un ERE de suspensión para sus 180 trabajadores en los cuatro primeros meses del próximo año 2018, según han informado a Europa Press fuentes del astillero y del comité de empresa.

En la actualidad, ya se estaba aplicando un ERE, cuya vigencia concluía en diciembre, por lo que supone dar continuidad a un expediente, que afectará a todos los trabajadores.

El nuevo ERE ha contado con el acuerdo unánime de todo el comité de empresa y las condiciones pactadas incluyen que La Naval complementará las percepciones de desempleo hasta llegar al 85% del salario, mientras que en el actual ERE estaba garantizado el 100% del sueldo.

Por otra parte, fuentes cercanas al astillero han precisado que continúan las negociaciones con el armador holandés Van Oord sobre el futuro de las dos dragas que tenía contratadas con La Naval, que presentó en octubre concurso de acreedores.

En principio, se está negociando que uno de los barcos se pueda finalizar en La Naval, mientras que el otro se concluiría en otra empresa y, para ello, se mantienen negociaciones con el astillero cántabro Astander.

Fuentes del comité de empresa han señalado que la negociación con el armador holandés está bastante “avanzada” y que también prosigue el proceso negociador con los bancos.

El anuncio hace unas semanas del lehendakari Iñigo Urkullu de que el Gobierno vasco estaba estudiando tomar una participación en La Naval, el astillero en crisis de Sestao, ha bastado para poner en alerta a la Comisión Europea. La dirección general de la Competencia de la Unión Europea ha remitido una carta a los gobiernos central y vasco advirtiéndoles de las “notables limitaciones” que existen para conceder fondos públicos a empresas privadas que se encuentran en concurso de acreedores. Por eso, la Comisión les ha pedido a los dos ejecutivos que le informen de sus planes respecto al astillero vizcaíno.

En concreto les pide “las medidas financieras por medio de fondos públicos o bajo control público acordadas o previstas en favor de La Naval, precisando el calendario, los importes y las entidades públicas participantes”. En cuanto a la situación financiera concreta del astillero, la Comisión solicita la situación e importe actual del capital social suscrito por La Naval y si tras la deducción de las pérdidas acumuladas este capital “se reduce a menos de la mitad de su importe inicial”.

Además, requiere información sobre si La Naval se encuentra inmersa en un procedimiento de quiebra o insolvencia; y la ratio deuda / capital y cobertura de intereses de la empresa en el último ejercicio y el actual.

De momento, la Naval ha presentado en el juzgado la solicitud de concurso de acreedores y el ERE de suspensión temporal para la plantilla comienza a ser efectivo a partir del lunes 9 de octubre.

Presiones de los partidos

Con este panorama, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ha insistido en que el Gobierno vasco estudiará participar en el capital de La Naval una vez finalizado el concurso de acreedores y no antes. Esa ha sido su respuesta ante las presiones de algunos partidos que reclaman al Ejecutivo de Vitoria que entre ya en el astillero  porque no es “tiempo de esconderse” sino de comprometerse para tratar de salvarlo.

Y en este sentido, ha recordado que solamente el “hipotético anuncio” hecho hace unas semanas de que el Gobierno autonómico estaba dispuesto a tomar una participación provocó que la Unión Europea le advirtiera: “cuidado, es una empresa en crisis y ustedes no pueden participar ahora”.

“Ahora no, pero una vez salido del concurso estamos dispuestos a estudiarlo. Siempre de la mano de los accionistas, del nuevo inversor y de los trabajadores”, ha resumido la consejera. Tapia también ha subrayado que el Gobierno Vasco trabaja desde hace tiempo de forma “activa” para buscar la mejor solución para el astillero, para que se mantenga la máxima actividad y empleo, y también para que entre de forma ordenada en el concurso de acreedores.

La dirección del astillero de La Naval ha presentado en los juzgados de lo Mercantil de Bilbao la solicitud del concurso de acreedores, tal y como se aprobó el 30 de agosto en una junta extraordinaria de accionistas.

La solicitud se produce después de que el astillero llegara a un acuerdo con el amador DEME-Tideway para concluir la construcción del cablero Living Stone, fuera del astillero de Sestao. En concreto, el cablero se ha trasladado a un muelle de Santurtzi.

La dirección de La Naval y el comité de empresa han alcanzado un acuerdo para desarrollar el ERE de suspensión para la totalidad de la plantilla, 185 trabajadores, durante un periodo de tres meses a partir del el 9 de octubre.

El astillero se encuentra también en negociaciones con la compañía holandesa Van Oord para dar continuidad a las dos dragas que se encuentran en proceso de construcción

El Parlamento Vasco, con los votos de PNV, PSE-EE y PP, ha aprobado una larga resolución de “apoyo” al sector industrial en general y a las empresas en crisis en particular. La Cámara, entre otros puntos, traslada su “solidaridad” a los miles de trabajadores afectados por la delicada situación de compañías como La Naval, CNA-Fagor, CEL o Xey, insta a los propietarios a que realicen “todos los esfuerzos” para mantener la actividad y exhorta al al Gobierno vasco a que utilice todos los instrumentos a su alcance en política industrial y revisar su política de subvenciones para que éstas sean realmente eficaces. El debate ha sido seguido con atención desde los palcos del hemiciclo por trabajadores de algunas de estas empresas, quienes se han mostrado decepcionados con el acuerdo adoptado. “Seguimos viendo bonitas palabras y poquitas acciones”, ha señalado un trabajador de La Naval, que mañana entrará formalmente en concurso de acreedores.

El debate sobre la situación de la industria vasca lo ha impulsado la oposición de izquierdas, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, cuyas intervenciones han sido aplaudidas por los trabajadores invitados y que también han lamentado el resultado de la sesión. Desde la bancada de EH Bildu, Iker Casanova ha criticado duramente que la Cámara haya pospuesto hasta octubre un asunto que estalló a principios del verano. Ha recordado que en julio planteó un debate “urgente” en la diputación permanente y que PNV, PSE-EE y PP lo impidieron. “No sé si vamos a arreglar el mundo aquí, pero creo que teníamos derecho en julio y que fue muy feo decirles [a los trabajadores] que el debate sobre su situación no tenía ninguna prisa. A los de Xey les podremos mandar la resolución a su casa para que la guarden al lado de la carta de despido”, ha ironizado Casanova.

Y ha seguido: “No vamos a entrar en la casuística, pero no son situaciones aisladas. Es un síntoma claro de la crisis de la política industrial. No hace falta caer en catastrofismo, en la industria hay sectores en que la cosa va razonablemente bien, no estamos diciendo que nos encontremos en el apocalipsis, pero sí hay una crisis de la política industrial del Gobierno vasco. No lidera la transición hacia un modelo industrial más sólido. No hay política industrial, hay política para la industria. No decimos que no se trabaje, pero hace falta coherencia y orientación estratégica”. Casanova también ha lamentado que el Ejecutivo sólo se haga fotografías con la patronal y que el PNV ataque al sindicalismo como lo hacía “Margaret Thatcher” en el Reino Unido.

El representante de IU y del grupo Elkarrekin Podemos, Jon Hernández, ha aludido a que es necesario hincar el diente a un problema “estructural” en el sector que es el motor de la economía vasca. “Hay que mirar a más largo plazo para intentar admitir que el problema no es ni sólo producto de la crisis, que lógicamente ha incidido, ni de una serie de empresas que no se sabe por qué o simplemente por malas gestiones, están en riesgo. Todos los sindicatos del país han opinado lo mismo: todos han coincidido en decir que no es una cuestión coyuntural”, ha enfatizado.

EH Bildu y Elkarrekin Podemos habían transaccionado una propuesta de resolución muy contudente que criticaba la gestión del Gobierno y en la que, dentro de otras reflexiones, le exigía que dejara de ser “correa de transmisión” de la patronal Confebask y que aparcara su “fobia” hacia los sindicatos. El texto ha decaído por falta de apoyos y el que ha prosperado es el presentado por los partidos de Gobierno, PNV y PSE-EE, al que se ha sumado el PP. Es el mismo texto que el PNV planteó en julio como declaración institucional urgente como alternativa al dabate que demandaban EH Bildu y Elkarrekin Podemos y que ambas coaliciones rechazaron también entonces, extremo que ha querido recordarles el representante 'jeltzale', Luis Javier Tellería.

Tellería, como también la socialista Susana Corcuera, ha denunciado la demagogia de la oposición de izquierdas. “¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es su plan industrial?”, se ha preguntado en voz alta el portavoz del PNV, quien incluso ha asegurado que apuestan más por “destruir” que por construir. “Hacen un discurso populista, explotan la situación coyuntural de unas pocas empresas [para] provocar una situación de malestar muy superior a la que se está viviendo. Está trabajando el Gobierno vasco pero en la medida que corresponde, que no como si el país se estuviera hundiendo”, ha replicado Tellería, quien ha dicho que la industria ha creado más de 20.000 empleos en el último año y que indicadores como el IPI o la facturación han mejorad incluso en verano respecto a 2016.

EH Bildu y Elkarrekin Podemos también han criticado que en julio, mientras se rechazaba el debate sobre política industrial en el Parlamento, la consejera Arantxa Tapia presentase su plan de industria para el período 2017-2020 como una suerte de plan de choque ante la crisis de grandes compañías como La Naval. Tellería ha respondido que un Ejecutivo “no puede preverlo todo” y “sobre todo” el modo de gestionar de “todos y cada uno de los empresarios”, pero ha destacado los esfuerzos del equipo de Tapia, que ha seguido el rifirrafe con atención desde su escaño en la bancada del Gobierno.

El PP, que había presentado un texto alternativo, finalmente ha acabado apoyando el de PNV y PSE-EE. Antón Damborenea ha reconocido que la oposición de izquierdas lleva razón cuando lamenta el retraso del debate sobre industria en el Parlamento -“nadie ha venido a explicar nada” o “es inadmisible que con la que está cayendo nos digan que a mediados de noviembre es posible que el Gobierno comparezca”- pero ha rechazado que haya una crisis estructural ya que “cada una de estas empresas es un problema distinto”.

La dirección de La Naval presentará este viernes el concurso de acreedores tras alcanzar un acuerdo con los dueños del cablero y el comité del astillero para concluir el buque DEME-Tideway fuera de sus instalaciones, y después de que la plantilla fija haya aceptado el ERE de suspensión temporal por tres meses, en lugar de los seis inicialmente propuestos.

La activación de la antigua suspensión de pagos por parte de la dirección tenía como fecha límite el sábado 7 de octubre y la exigencia del armador del buque cablero, la compañía DEME-Tideway, era sacar el buque de las gradas del astillero antes del inicio del concurso, por temor a que la finalización del barco se viera afectada por la situación concursal.

Fuentes próximas a la dirección, consultadas por Europa Press, han confirmado que el Living Stone saldrá “antes del viernes” de las instalaciones de Sestao tras alcanzarse asimismo un acuerdo con el comité de empresa.

Los sindicatos exigían a la dirección la “garantía” de que, en los trabajos de finalización del cablero fuera del astillero, participen las industrias auxiliares que han estado trabajando hasta ahora en las tareas de construcción del buque, y al que restan entre seis y siete meses de trabajos.

Tras debatir en asambleas con sus respectivos afiliados las condiciones de la propuesta de la dirección, el comité ha aceptado, finalmente, que el ERE de suspensión se active entre el 9 de octubre y el 31 de diciembre para los 181 trabajadores en plantilla, tal y como ha hecho público en un comunicado este miércoles el propio comité, tres meses de los inicialmente propuestos por la dirección.

Todas las nóminas

La plantilla ha aceptado, asimismo, el otro punto propuesto por la dirección cuando les notificó el 11 de septiembre su intención de solicitar el ERE y cobrará íntegras todas las nóminas, incluida la paga de Navidad, hasta esa fecha.

En el comunicado hecho público este miércoles, el comité afirma que durante el tiempo de duración del ERE, el objetivo de la empresa y del comité “estará centrado” en las negociaciones con Van Oord para “dar continuidad” a las dragas en proceso de construcción y se comience 2018 “sin ningún ERE”.

La firma holandesa ya había transmitido su intención de no tomar ninguna decisión respecto a las dos dragas hasta que no estuviera en marcha el concurso, proceso que finalmente se inicia este viernes.

Con la fecha fijada para la presentación del concurso y del ERE, queda por conocer los extremos del acuerdo económico alcanzado por la dirección del astillero y el armador del buque cablero que trató hace unas semanas de llevarse el barco en plena noche.

No tratar de sacar de nuevo el buque era otra de las condiciones sindicales. Fuentes sindicales afirman que queda por fijar el valor del buque “tal y como está ahora, lo que vale en estos momentos”, que será la cantidad a abonar por el armador a la dirección del astillero. En un principio, los gestores de La Naval habrían exigido una compensación de 9,5 millones.

'Industria', con 64 menciones, fue tras 'autogobierno' (77) una de las palabras más empleadas por el lehendakari, Iñigo Urkullu, y por los portavoces de la oposición en el debate de política general que celebró el Parlamento Vasco la pasada semana. Pero no acaparó los titulares. EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PP llevan semanas exigiendo soluciones al Gobierno y, en particular, a la consejera de Desarrollo Económico (Industria), Arantxa Tapia, ante lo que entienden como una crisis industrial con casos como el de La Naval o el de CNA-Fagor, CEL o Xey. Tapia ha explicado este martes que no aprecia una situación “extraordinaria” que le obligue a comparecer en el Parlamento Vasco y, en la presentación del balance de las políticas industriales del período 2014-2016, ha reiterado que la intermediación del Ejecutivo con las empresas al borde del abismo funciona: de 175 casos atendidos en ese trienio se lograron resultados satisfactorios en 165 y se salvaron “22.000 empleos”.

“Creo que el trabajo de un Gobierno y de mí misma como consejera de Industria es atender a todas y cada una de las empresas. Es la labor del día a día y no es nada extraordinario. Por lo tanto, creo que no existe un motivo por el cual haya que comparecer [en el Parlamento para hablar de la crisis industrial]. Hemos sufrido una crisis y hemos atendido todos y cada uno de los problemas y lo seguimos haciendo. No es un trabajo extraordinario”, ha explicado Tapia a los periodistas en la rueda de prensa en la que se han presentado los balances del período 2014-2016.

La consejera ha recordado, además, que muchas de esas negociaciones empresariales son “confidenciales” y exigen “discreción”. En este sentido, ha aplaudido que en las últimas horas La Naval y el armador neerlandés que intentó llevarse a las bravas un barco en construcción la pasada semana hayan alcanzado un acuerdo para terminar el encargo. “La Naval no se puede permitir incidentes como éste. [...] Hay que colaborar en que el concurso de acreedores sea ordenado”, ha apuntado la consejera.

Así las cosas, Tapia mantendrá su agenda y pospondrá al 16 de octubre la presentación en la Cámara del plan de industria aprobado en julio y para finales de año quedará la comparecencia en torno al nuevo plan de internacionalización. “Los portavoces pueden decir lo que quieran dentro del ámbito parlamentario, pero esto no es ningún desprecio”, ha zanjado Tapia a preguntas de los periodistas.

Balance “satisfactorio”

En este escenario, el Gobierno ha hecho públicos los balances de sus anteriores planes de industria e internacionalización, los relativos al período 2014-2016. Respecto al primero, ha tenido una ejecución presupuestaria del 72% (354 millones), que asciende al 98% si se tiene en cuenta el dinero destinado a préstamos a empresas invertido por el Instituto Vasco de Finanzas y los programas que se ejecutarán con retraso. “Se ha conseguido mantener la relevancia del sector industrial en su aportación al PIB, pasando del 23,8% al 24% sobre el VAB [Valor Añadido Bruto] a precios básicos”, se lee en el informe del Ejecutivo.

En cuanto al segundo, la ejecución ha sido de 60 millones (84%). Las exportaciones han crecido un 4,7% y el número de empresas que venden al extranjero ha pasado de 13.547 a 14.838. Es “especialmente relevante” el número de exportadores “regulares”, que han subido de 2.940 a 4.868 en tres años (+65%).

Por otro lado, Tapia ha anunciado la ampliación del programa 'renove' de máquina industrial “ante la demanda del sector”. El presupuesto pasa de 9 a 12 millones. En tres años “se han visto beneficiadas 891 empresas” y “la inversión inducida ha superado los 320 millones”. El plan subvenciona el 15% del gasto acreditado de la compra de maquinaria industrial hasta 70.000 euros por pieza y 100.000 por empresa.