El Consejo de Seguridad Nuclear prevé tener listo este verano el informe que será determinante para evaluar si hay garantías para que la central de Almaraz en Cáceres siga operando con una prórroga hasta 2030, según ha avanzado hoy el presidente del organismo, Juan Carlos Lentijo.

Las eléctricas propietarias tienen hasta el 18 de febrero para remitir la información añadida que les ha exigido el CSN y cuya entrega a tiempo y con “la calidad” requerida determinará los plazos para cumplir con el calendario que estima el Consejo que le será necesario para emitir su informe preceptivo y vinculante pero solo en positivo.

Según los cálculos del CSN,en cuyas manos está el informe clave sobre si extender el funcionamiento de la instalación, será “entorno al verano” cuando pueda estar listo su informe para enviarlo al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), ha dicho Lentijo.

Ha explicado que el Gobierno es el que tiene la última palabra; el hecho de aceptarse una prorroga por parte del Consejo de Seguridad Nuclear no implica que otras razones de peso por parte del Ejecutivo determinen no extender el funcionamiento de Almaraz.

Lentijo ha explicado que ampliar la operativa de la central hasta 2030 sería una pequeña prórroga al funcionamiento y eso permite “agilizar” los trámites convencionales, dado que no se exige una revisión profunda como se hizo en su día sino de aspectos parciales.

“No se trata de una autorización convencional porque lo que se evalúa está dentro del ciclo de autorización anterior que no estaba agotado”, es solo un ajuste para un corto plazo añadido, ha dicho.

El presidente del CSN también ha confirmado que este organismo está realizando un informe sobre el impacto del apagón en el sector nuclear.

Ha asegurado que “no hubo ningún problema de seguridad nuclear”, aunque si hay algo que aprender tiene que ver con la mejora de las comunicaciones, aunque el sistema funcionó tal como había sido diseñado. 

Antes del amanecer del 17 de enero de 1966, dos aviones estadounidenses colisionaron sobre la Península Ibérica durante una operación de repostaje en vuelo entre un bombardero B-52 y un avión cisterna KC-135. El B-52 estaba completando una de las rutas diarias de vigilancia del Mando Aéreo Estratégico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En cuestión de segundos, tres bombas termonucleares cayeron a tierra y una cuarta cayó al agua cerca de Palomares, un pueblo situado a unos dos kilómetros al oeste del Mediterráneo, en Almería, España.

Dos bombas se desintegraron con el impacto, aunque no hubo explosión nuclear. En cambio, varios kilos de plutonio (Pu) se esparcieron por los campos de tomates y las casas de Palomares aquel día de viento. Un vecino encontró otra bomba, prácticamente intacta, con el paracaídas abierto. La última cayó en algún lugar del Mediterráneo, lo que redirigió la prioridad de la Fuerza Aérea al uso de todos los recursos disponibles para una misión crítica: encontrar la bomba perdida antes de que lo hicieran los soviéticos.

El éxito de la recuperación se convirtió en la narrativa dominante de Palomares, amplificada por las dos naciones y por la prensa mundial

El éxito de la recuperación se convirtió en la narrativa dominante de Palomares, amplificada por las dos naciones y por la prensa mundial. Hoy en día, la foto de la bomba recuperada a bordo del USS Petrel es una de las imágenes más habituales de Palomares en Internet.

Todo eso sucedió mientras yo dormía en North Tonawanda, un suburbio de Buffalo, Nueva York. Era solo un niño que ignoraba estos acontecimientos tan impactantes, y fui a la guardería como todos los lunes. Quizás mis padres oyeran la televisión o leyeran algo en el Buffalo Evening News.

Los barcos que transportaban una pequeña parte del plutonio abandonaron España antes de que yo terminara mi etapa preescolar, y con ellos se fue la prensa. Entre 1975 y 1976 fui repartidor del periódico en mi barrio; estoy bastante seguro de que nunca vi ninguna mención a Palomares.

Pasaron los años; las partículas de plutonio se quedaron y yo no aprendí nada sobre Palomares. Aprendí español, me centré en la Química como vocación, me licencié, terminé un posgrado y trabajé durante 15 años como químico en la industria, en la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. y en tres universidades diferentes.

Comencé a estudiar las trazas de plutonio ambiental a principios de la década de 2000.Y por primera vez, leí sobre el desastre de 1966 y su limpieza apresurada y descuidada

Comencé a estudiar las trazas de plutonio ambiental a principios de la década de 2000. Entonces aprendí que el plutonio procedente de la lluvia radiactiva de las pruebas con armas es omnipresente, pero que los sitios altamente contaminados suelen tener fuentes de plutonio no procedentes de la lluvia radiactiva, con composiciones isotópicas distintas. Y por primera vez, leí sobre el desastre de 1966 y su limpieza apresurada y descuidada.

Por entonces pensaba que los acontecimientos de Palomares eran increíbles, y también una tragedia enorme. Lo peor es que nadie de mi familia ni mis amigos recordaba nada: ni las víctimas estadounidenses, ni el desastre del plutonio en el suelo, la cuarta bomba, los héroes de la operación de recuperación ni la tripulación superviviente del B-52... Todos fueron olvidados y desechados. ¿Por qué nadie en los Estados Unidos de principios de la década de 2000 lo recordaba? Ignorancia y amnesia social.

En 2006, cuarenta años después del accidente, completé un proyecto de investigación sobre una partícula individual de la bomba, recuperada de una muestra de suelo de Palomares. Fui el segundo autor de un artículo en la revista Journal of Environmental Radioactivity, con colaboradores de Finlandia y España; generé datos clave de espectrometría de masas y organicé el equipo de investigación. El trabajo demostró que la partícula de la bomba contenía plutonio procedente de una fosa de Rocky Flats construida a finales de los años 50 o principios de los 60. Es probable que nuestro artículo haya sido leído por especialistas en plutonio. Sin embargo, si yo no fuera especialista en estudios sobre el plutonio nunca habría sabido nada sobre Palomares.

Palomares es un ejemplo de la mitología nuclear de la Guerra Fría. En realidad, Palomares es como un arenero lleno de plutonio

Hoy se cumplen sesenta años desde aquella mañana olvidada. Los ciudadanos estadounidenses de 2026 siguen sin saber nada sobre Palomares, igual que yo en 1966, que tenía los ojos cerrados en ese fatídico instante. La Guerra Fría tuvo un precio: la limpieza de Palomares fue completamente inadecuada y, sin duda, expuso a miles de trabajadores españoles y estadounidenses a niveles excesivos de plutonio.

La mayor parte del plutonio liberado en 1966 sigue en los suelos de Palomares en 2026; sin duda, la población ha sufrido una exposición excesiva en sus propios hogares.

En esta mañana del 17 de enero de 2026, mis palabras son sencillas: 60 años son demasiado tiempo. No soy joven, soy un anciano con canas, muchas arrugas y poca paciencia.

Como nadie más en mi país reconoce nuestra responsabilidad, debo hacerlo yo. Estados Unidos fue responsable en 1966 y sigue siéndolo en 2026. Decir que todo va bien, que el plutonio no es motivo de preocupación, que no es peligroso, son mentiras y mitología.

Palomares es un ejemplo de la mitología nuclear de la Guerra Fría. En realidad, Palomares es como un arenero lleno de plutonio. Permanecerá allí, junto con su mitología, hasta que escribamos la verdadera historia y exijamos más a los responsables de ambos países.

Si los niveles de plutonio del suelo de Palomares se encontraran en San Francisco, California, cerca de Hunters Point, Estados Unidos estaría obligado a aplicar un estándar de eliminación de 2,59 picocuries por gramo (96 becquerels por kilogramo) de Pu-239+240. En Hunters Point, la Marina de los Estados Unidos descontaminó los buques utilizados en las pruebas del Pacific Proving Ground en la década de 1950; los dirigentes de la ciudad pretenden renovar Hunters Point como parte de un proceso de gentrificación. Por eso, necesitan establecer un estándar de limpieza conservador que proteja la salud pública.

En Palomares debería utilizarse un estándar conservador de 2,59 pCi/g, o incluso más estricto. ¿Por qué los habitantes de San Francisco son mejores? ¿Son diferentes las propiedades químicas del plutonio a ambos lados del Atlántico? Cuando uno abraza la mitología nuclear, es capaz de creer cualquier cosa que desee sobre Palomares.

Estados Unidos debe elaborar una nueva ley mejorada, basada en pruebas y que abarque todos los lugares afectados por la lluvia radiactiva o la contaminación nuclear relacionada. ¿Por qué no incluir Palomares en la próxima ley?

En julio de 2025, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la RECA (Ley de Exposición a la Radiación y Compensación), que indemniza a víctimas específicas de cáncer por causas relacionadas con la lluvia radiactiva, la minería de uranio y en lugares específicos de Misuri, Kentucky y Tennessee. La RECA recién aprobada expira en 2028 y tiene muchas limitaciones. Existen exclusiones alarmantes en todo el país. Palomares es otra exclusión muy preocupante.

Estados Unidos debe elaborar una nueva RECA mejorada, basada en pruebas y que abarque todos los lugares afectados por la lluvia radiactiva o la contaminación nuclear relacionada. ¿Por qué no incluir Palomares en la próxima RECA? Sin duda, hoy en día hay víctimas a ambos lados del Atlántico, y niveles alarmantes y generalizados de plutonio en los suelos de Palomares sesenta años después.

En 2023 hice una breve visita a Palomares; me invadió una profunda tristeza al reflexionar sobre la proximidad entre el plutonio y las personas, y las numerosas ocasiones diarias de exposición. En la línea temporal del plutonio, 60 años no son nada; para la memoria social, seis décadas pueden borrarlo todo. ¿Conoce la gente los detalles, la historia y los riesgos que persisten en 2026, de acontecimientos que ocurrieron antes de que la mayoría hubiera nacido? ¿Se informa a residentes, turistas o inmigrantes sobre el plutonio en los suelos y el polvo de Palomares?

Fuera de la mayoría de las antiguas instalaciones nucleares estadounidenses no hay señales, información ni centros de visitantes; esa lista incluye Rocky Flats, el taller donde se fabricó el plutonio de Palomares, que ahora es un espacio público abierto. En la zona de impacto de la primera bomba, junto al cementerio de Palomares, la señal de la valla simplemente advierte de que es “zona restringida” y que se prohíbe la entrada. ¿Por qué? No se dice nada sobre el plutonio ni sobre el desastre.

La ironía es que Palomares es un reflejo de Rocky Flats; los campos cercanos a Palomares, al igual que las colinas cercanas a Rocky Flats, contienen átomos olvidados y partículas microscópicas de plutonio, dispersas para siempre por un descuido humano.

Los alrededores de Palomares y Rocky Flats están creciendo rápidamente en esta década. Los recién llegados sufren de ignorancia, ya sea en las playas de Almería o en las altas llanuras a las afueras de Rocky Flats. Recientemente Jeff Gipe, un cineasta de Colorado, produjo el documental Half Life of Memory, sobre la amnesia social sobre Rocky Flats; lamentablemente, se necesita una secuela sobre Palomares.

Su tragedia es un ejemplo del precio que se paga por haber olvidado y borrado la historia de la Guerra Fría. Pero nunca es demasiado tarde para aprender y aceptar lo que ocurrió entonces. Al igual que en muchos lugares contaminados de Estados Unidos, Palomares no tiene ningún remedio real, pero hay respuestas inteligentes y pragmáticas. El 17 de enero de 2026 es un buen día para empezar. Soy una voz solitaria. Sin embargo, a diferencia de 1966, estoy informado sobre Palomares; rechazo la mitología nuclear; acepto las pruebas y los datos objetivos.

Estados Unidos tiene la obligación de ayudar a todos los afectados por la catástrofe de 1966 en ambos hemisferios. La próxima RECA debe incluir Palomares, ya que eso representa justicia, expiación y una disculpa largamente esperada a nuestros vecinos de España.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha celebrado este domingo que el Consejo de Seguridad Nuclear haya descartado el riesgo radiológico ionizante para los trabajadores de la zona de laboratorios del Hospital Universitario de Toledo (HUT) tras las mediciones llevadas a cabo el pasado 25 de noviembre, pero lo consideran insuficiente.

Creen que “es preciso seguir realizando pruebas para continuar descartando las posibles causas de las intoxicaciones que continúan sufriendo los trabajadores”.Y es que, remarcan, el informe emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se refiere específicamente a la exposición a radiaciones ionizantes y no proporciona información sobre radiaciones no ionizantes (como campos electromagnéticos, radiofrecuencia o láseres), la cual debe ser evaluada por empresas especializadas.

La radiación no ionizante es una energía de baja frecuencia capaz de atravesar el hormigón e interactuar con gases químicos causando efectos biológicos a nivel celular. “Es un riesgo acumulativo para la salud y seguridad de los trabajadores que es preciso analizar”, sugiere el sindicato. La radiación no ionizante en hospitales incluye la utilizada en resonancia magnética, ultrasonido (ecografías), láser (cirugía) y luz ultravioleta (UV) (esterilización).

CSIF celebra que se haya descartado el riesgo de radiación ionizante, la más peligrosa “pero es preciso seguir haciendo pruebas hasta llegar al foco que está provocando las intoxicaciones. Es una realidad que los trabajadores siguen enfermando, ya se han comunicado más de 600 partes de incidencia por cerca de un centenar de trabajadores diferentes”, explica Victoria Gutiérrez, responsable de CSIF Sanidad Toledo.

Asimismo, de acuerdo a las actuaciones reflejadas en el acta de inspección del CSN, no se ha llevado a cabo una evaluación de la radiación ionizante gamma, la cual también tiene un gran poder de penetración capaz de atravesar materiales densos como el cuerpo humano o el hormigón. También es importante comprobar si hay aparataje específico en el HUT que genere este tipo de radiación, y en caso de su existencia es preciso llevar a cabo mediciones.

Es una realidad que los trabajadores siguen enfermando, ya se han comunicado más de 600 partes de incidencia por cerca de un centenar de trabajadores diferentes

“Vamos a seguir reclamando todas las pruebas que sean necesarias. No en vano, desde la aparición de los primeros síntomas en noviembre de 2024, los trabajadores siguen sufriendo mareos, cefaleas intensas, vómitos, irritaciones respiratorias y cutáneas, úlceras oculares, sangrados nasales repentinos, alteraciones tiroideas o alteraciones de parámetros que tienen que ver con la médula o ferropenia, entre otros problemas”, concluye Gutiérrez.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha concluido que la actividad de las instalaciones médico-radiológicas del Hospital Universitario de Toledo “no supone un riesgo radiológico para el personal que trabaja en los laboratorios situados debajo de las mismas, desarrollándose la actividad conforme a la normativa vigente”.

Así lo constata dicho Consejo, tras la inspección que realizó sin previo aviso el pasado 25 de noviembre, a petición de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que acudió a él por su competencia en materia de protección radiológica, ante el posible riesgo de radiación o exposición electromagnética en la zona de laboratorios del hospital de la capital regional.

Exponen que realizó una inspección en las instalaciones médico-radiológicas del servicio de cardiología y del servicio de radiodiagnóstico del hospital toledano, con especial atención a los niveles de radiación en las dependencias situadas en la planta inferior, donde se ubican diversos laboratorios.

El CSN explica que durante la inspección se efectuaron mediciones de radiación en los locales situados debajo de las salas de hemodinámica, arritmias y tomografía computarizada y en condiciones normales de uso de dichos equipos.

“Los resultados obtenidos mostraron, en todos los puntos evaluados, niveles de radiación compatibles con el fondo ambiental, y en el caso de los equipos de tomografía computarizada, valores claramente inferiores a los límites reglamentarios”, aseguran desde el Consejo, que dice haber constatado que la instalación dispone de los blindajes “adecuados, de un programa de protección radiológica en vigor, de controles de calidad periódicos y de personal debidamente acreditado”.

Asimismo, termina añadiendo, verificó que la documentación técnica y los certificados disponibles no reflejan desviaciones relevantes en materia de seguridad radiológica.

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha desmentido que se estén produciendo retrasos en las pruebas que se realizan en los laboratorios del Hospital Universitario de Toledo, al tiempo que ha negado la existencia de materiales tóxicos que estén afectando a sus trabajadores.

El titular de Sanidad, preguntado por los medios en Toledo, ha refutado de este modo a CSIF, que este miércoles señalaba, un año después de que comenzaran las presuntas intoxicaciones de los trabajadores, que se están dando retrasos en pruebas, como citologías o biopsias, y que continúan las incidencias por sintomatología.

Según Fernández Sanz, existe una “diferencia cuantitativa” en cuanto al número de pruebas que se hacía en el Virgen de la Salud, a las que ahora se realizan en el Universitario. “Hacemos al año 20.000 biopsias más. Hemos pasado de 38.000 a 58.000. Felicito a los trabajadores por el esfuerzo que están haciendo y, además, se lo agradezco”.

“No hay retrasos como decían --ha dicho en alusión a las críticas de CSIF--. Queremos transmitir tranquilidad a la ciudadanía. Somos transparentes y lo ponemos encima de la mesa en cada órgano de prevención en las que nos reunimos”.

Sin pruebas concluyentes, espera datos del CSN

Dicho esto, ha insistido en afirmar que no hay motivos parar pensar que en dicho espacio hay “intoxicación”, “porque no hay personas de baja por ello”.

“Seguimos midiendo por tres empresas diferentes y estamos por debajo de los niveles que recomiendan los estándares. En su día, el juez desestimó lo que habían propuesto --los sindicatos-- y no llegó a ser nada que tuviese que ver con algo que estuviésemos haciendo mal”.

No obstante, la Consejería está a la espera de que el Consejo de Seguridad Nuclear, que fue llamado por parte de los trabajadores, diga su dictamen. “Estamos expectantes. Somos respetuosos, pero no tenemos datos objetivos para pensar en eso”, ha insistido Fernández Sanz, que ha dicho que seguirán vigilando la seguridad de los trabajadores y si, llegado el momento, es preciso contar con la ayuda de otro laboratorio, como ya ocurrió con el del hospital de Talavera cuando estaba actuando la inspección de trabajo, “no tendrá ningún problema”.

De ahí que haya abundado en destacar la “normalidad” del funcionamiento de dichos laboratorios, pese a “lo que los trabajadores, a través de sus representantes, quieran manifestar”.

Aunque ha mostrado “máximo respeto” a las actuaciones y reivindicaciones de los sindicatos, ha matizado que “no siempre pudo ser así”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha puesto en conocimiento del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), por su competencia en materia de protección radiológica, el posible riesgo de radiación o exposición electromagnética en la zona de laboratorios del Hospital Universitario de Toledo (HUT) solicitando su evaluación y estudio.

Durante el último año, los trabajadores de los servicios de Anatomía Patológica, Genética, Microbiología, Bioquímica y Hematología han sufrido síntomas compatibles con intoxicaciones recurrentes como mareos, cefaleas intensas, vómitos, irritaciones respiratorias y cutáneas, sangrados nasales, alteraciones tiroideas o ferropenia, entre otros, según viene insistiendo el sindicato CSIF.

Pese a que los análisis llevados a cabo en enero de 2025 detectaron en su momento altos valores de formaldehído en el aire y se cerró temporalmente la sala de tallado, la sintomatología ha persistido incluso tras eliminar el uso de este gas y aplicar medidas de ventilación y protección química.

Desde entonces, la sociedad concesionaria y la Gerencia del hospital están realizando mediciones puntuales de elementos químicos en el aire, estudios de la calidad del aire y estudios del funcionamiento de la instalación de climatización. Hasta el momento, según consta en la documentación aportada por la concesionaria y la Gerencia, los valores de todas las mediciones se encuentran por debajo del límite de exposición ambiental.

“Ante la sospecha de que el origen del problema no sea la exposición al formaldehído, CSIF ha requerido la intervención del Consejo de Seguridad Nuclear, entidad independiente que tiene como fin primordial velar por la seguridad nuclear y la protección radiológica de las personas y del medio ambiente, para descartar que no haya riesgo de estar sufriendo efectos de radiación o campos electromagnéticos, ya que encima de la zona de laboratorios (situados en la planta 0 del edificio E) se encuentra el Servicio de Radiodiagnóstico, donde se ubican las áreas de hemodinámica, radiología intervencionista y diagnóstico por imagen”, indican.

Por ello, el sindicato solicita al CSN una evaluación integral de la zona (E00 y E01) “para descartar cualquier riesgo de exposición radiológica o electromagnética, y garantizar que los materiales de separación entre plantas cumplen los requisitos de protección exigidos por la normativa”.

A finales de octubre, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, manifestó que su departamento sigue sin tener constancia de intoxicaciones en los laboratorios del Hospital Universitario de Toledo tras las mediciones “objetivas” que se están realizando.

Nueva concentración de los trabajadores

El delegado de Prevención del Hospital Universitario de Toledo, José Ángel Díaz, ha pedido este lunes “acciones correctivas” por parte del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) en los laboratorios del centro tras persistir los síntomas de intoxicación --irritación de garganta, ojos o piel-- y después de que los últimos resultados de las mediciones realizadas no hayan arrojado valores de toxicidad por encima de los límites establecidos.

En declaraciones a los medios a las puertas del hospital, junto a los trabajadores de estas instalaciones que han protestado nuevamente como ya es habitual cada lunes, Díaz ha afirmado que desconocen el componente concreto que está causando estos síntomas, según recoge Europa Press.

“Si supiéramos lo que está concentrado en el ambiente se protegería a los trabajadores con el equipo adecuado. En las mediciones no sale ningún dato que sea por encima de los valores”, ha afirmado el delegado de prevención.

Actualmente se están analizando nuevas mediciones que les requirió la Instrucción de Trabajo y tienen que esperar a los resultados. Una sola persona de estos laboratorios estaba de baja y hoy mismo le han dado el alta. El último grupo de trabajadores afectados que han acudido a la mutua están cerca de la veintena.

La situación se produce “principalmente en el laboratorio de anatomía”, en el de microbiología y también “en el laboratorio de banco de sangre” donde hoy “están muy mal”. “Estaban con los ojos que no podían ni abrirlos”.

“Las compañeras y los compañeros trabajadores siguen acudiendo a la mutua. Les dicen que tienen irritación de garganta, de piel, de ojos. Y la situación es la misma. Están tomando mediciones pero no hay ningún tipo de acción correctiva sobre la instalación”, ha lamentado Díaz.

Se quejan de una contestación “genérica” del Sescam a un escrito de los trabajadores “para pedir a la Gerencia si les está garantizando su salud, porque aún con los EPI” que les han facilitado, no tienen garantizada su protección.

Los trabajadores continúan reclamando el cierre de los laboratorios, y que el Sescam tome medidas pertinentes como el traslado de los empleados a otros laboratorios.

Las concentraciones cada lunes continúan y no descartan los paros en este departamento. “No entendemos que sigan así después de un año”, añade el delgado de prevención, que ha recordado que esta situación se encuentra denunciada por vía judicial y en la Inspección de Trabajo, a la espera de contestación.

El coste previsto de cerrar las centrales nucleares españolas y tratar los residuos radiactivos alcanza ya este año los 20.367 millones de euros, tras sumar otros 165 millones (un 0,8% más) en doce meses, en el primer ejercicio completo con un nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) en vigor.

Se trata de la última estimación de Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos y se encarga de desmantelar las nucleares. La partida más relevante del PGRR es la del desmantelamiento de los reactores que, según la última memoria anual de Enresa, a enero de este año ya alcanzaba un nuevo récord de 17.520,5 millones, con un incremento de 90 millones en un año, un 0,5% más. El capítulo de costes previstos que más crece es el que engloba la denominada “tarifa eléctrica”, que comprende la gestión de los residuos nucleares y el combustible gastado. Se sitúa ya en 2.846,8 millones, tras sumar 75 millones más en doce meses con un crecimiento mucho más acusado, del 2,7%.

Sumando el resto de actividades, como la gestión de la fábrica de combustible nuclear de la empresa estatal Enusa en Juzbado, Salamanca, la factura prevista del conjunto de actividades previstas en el PGRR ya ronda los 20.500 millones.

Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica subrayan que “cada año se actualizan los costes en función de las mejores estimaciones, de tal forma que un incremento de un año no puede ser extrapolado al resto”. También destacan que la inflación de 2024, del 2,8%, fue superior al aumento de costes previsto.

El dinero para cubrir esos costes tiene que venir de un fondo que gestiona la propia Enresa y se nutre de las aportaciones de las eléctricas mientras funcionan los reactores. A cierre de 2024 ese fondo contaba con 8.677 millones, un 8,4% más que un año antes, tras la subida (en vigor desde julio del pasado ejercicio) del 30% de la denominada tasa Enresa, que las eléctricas han recurrido en los tribunales.

El coste del desmantelamiento y de la gestión de los residuos es una de las grandes claves en la soterrada negociación entre Gobierno y eléctricas para revisar el cierre progresivo de las nucleares que pactaron en 2019. Una negociación que, según el departamento que dirige Sara Aagesen, no es tal porque las eléctricas pretenden cargar esas actividades a los consumidores y el Ejecutivo se niega a hacerlo.

“Quieren una reducción de impuestos, quieren que parte de los costes del desmantelamiento y de la gestión de los residuos radiactivos lo paguemos entre todos”, resumía hace unos días el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, que dejó claro que “esos costes no los vamos a trasladar al conjunto de la ciudadanía”.

Endesa e Iberdrola llevan meses intentando consensuar con Naturgy una propuesta para intentar aplazar el cierre del primer grupo de la central de Almaraz (Cáceres), previsto para 2027. La supeditan a esa rebaja de tasas e impuestos que el Gobierno rechaza. El Ejecutivo solo se abriría a alargar la vida de las nucleares si las eléctricas asumen los costes. Y las dos principales empresas del sector han planteado reclamaciones millonarias en los tribunales por la subida de la tasa Enresa. Endesa pide 454 millones e Iberdrola, otros 324 millones, como adelantó El País.

Hasta el año pasado, el negocio nuclear de las eléctricas seguía siendo muy rentable, a tenor de las últimas cuentas de la filial de una de las principales empresas del sector en España, Iberdrola. En 2024, Iberdrola Generación Nuclear se anotó 277 millones de ganancias (frente a los casi 363 millones de 2023). Esta filial ha declarado entre 2021 y 2024 unos beneficios conjuntos de cerca de 1.270 millones. Su mejor año fue 2021, cuando el precio de la luz comenzó a dispararse y su beneficio alcanzó 574 millones en un solo ejercicio. Estas cifras contrastan con los casi 1.100 millones de pérdidas declaradas por esa filial en el periodo 2013-2020.

A largo plazo, de fondo está la enorme incertidumbre sobre cuál será el coste real del tratamiento de los residuos, que mantienen su peligrosidad durante miles de años. Un ejemplo muy reciente y cercano está en Francia, la gran potencia nuclear europea. En mayo, la Enresa gala, Andra, revisó el coste de tratamiento de los residuos radiactivos franceses, incluyendo la construcción de un futuro almacenamiento geológico profundo (AGP) como el que proyecta Enresa, bautizado allí como Cigéo, y que debería empezar a recibir material radiactivo en 2050.

A un horizonte de 150 años, Andra ha pasado de los 25.000 millones de euros que se estimaban en 2016 a una horquilla de entre 26.100 y 37.500 millones. En el peor de los casos, supondría un sobrecoste de hasta el 60% respecto a la previsión de hace menos de una década.

En opinión del presidente de la Fundación Renovables, Fernando Ferrando, mientras en España desde las empresas eléctricas “el empeño es reducir tasas e impuestos”, la cuestión es “cuánto recaudamos ahora para que luego no lo paguemos todos”. Y está la incógnita de si el fondo de Enresa bastará. Antes del verano, otro alto cargo de Transición Ecológica, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán (sin competencias directas en esta materia), vino a reconocer en un acto público organizado por la consultora Pedersen que la tasa actual, aun con la última subida aplicada, no cubre las necesidades, según fuentes presentes en ese encuentro.

Desde enero de 2021 la factura prevista del desmantelamiento se ha disparado en más de 2.320 millones, aunque las magnitudes no son comparables, por la entrada en vigor de un nuevo PGRR con previsiones más acordes a la realidad. El salto es aún más brutal en el caso de los residuos. En 2019, cuando todavía se contaba sobre el papel con un almacén temporal centralizado (el denominado ATC), esta partida era de 1.275 millones. Ahora son ya más de 2.800 millones.

La explicación es el nuevo escenario sin ATC, que hizo que el coste previsto de la gestión de los residuos se disparase en enero de 2024 hasta 2.771,6 millones, frente a los 1.629,3 millones que todavía se preveían en enero de 2023, con el anterior PGRR todavía vigente. Esta partida incluye el almacenamiento de los que custodia Francia desde hace décadas, cuyo regreso está previsto en 2027. Su coste, una fianza diaria de más de 85.000 euros que se devolverá cuando vuelvan a España, acaba de rebajarse por primera vez.

Por su parte, el desmantelamiento de las nucleares ha pasado de 15.654 millones en enero de 2023 a los citados 17.520,5 millones de enero de 2025. Casi 1.900 millones más en solo dos años.

Los recursos del fondo que financia el PGRR han pasado de 6.596 millones en diciembre de 2020 a los citados 8.677 millones. En diez años, el saldo del fondo se ha más que duplicado: en 2014, contabilizaba unos 4.200 millones. Entonces, se estimaba que desmantelar las nucleares costaría 'solo' unos 12.000 millones. Hay que tener en cuenta que hasta 2019 Enresa tomaba como último año de referencia para sus estimaciones de costes del PGRR el año 2070. Desde entonces se extiende hasta 2100. Además, la empresa pública consideraba en 2019 que las nucleares cerrarían en 2028, frente al 2035 que ahora se contempla para el cierre del último reactor.

“Gestión responsable y segura”

La normativa vigente obliga a Enresa a elaborar en el primer semestre de cada año un estudio económico financiero actualizado del coste de las actividades contempladas en el PGRR. Exige evaluar “la adecuación a dicho coste de los mecanismos financieros vigentes”, en cumplimiento con la directiva europea sobre la materia, que exige una “gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos”.

El PGRR aprobado por Transición Ecológica en diciembre de 2023 sustituyó al vigente hasta entonces, que databa de 2006 y llevaba caducado la friolera de trece años (desde 2010). Introdujo novedades muy importantes, como el abandono definitivo del ATC y el reparto de los residuos en almacenes temporales independientes (ATI), la construcción del AGP y la subida de esa tasa, que llevaba congelada casi quince años, tras sucesivos informes del Tribunal de Cuentas advirtiendo del déficit de ese fondo.

Este organismo instó al Gobierno en febrero de 2022 a “revisar anualmente los elementos tributarios de las dos tasas que recaen sobre las empresas titulares de las centrales nucleares”: la que se calcula por cada megavatio hora (MWh) producido, que es la que subió en julio del año pasado un 30% (hasta 10,36 euros/MWh), y el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos que el Gobierno de Mariano Rajoy introdujo en 2012 para contener el denominado déficit de tarifa (diferencia entre ingresos y costes regulados del sistema eléctrico) que entonces amenazaba con llevar a la quiebra al sector.

El nuevo plan de residuos radiactivos oficializó el abandono del proyecto del ATC, que el Gobierno de Pedro Sánchez descartó por la falta de consenso social, en una decisión que también han recurrido las eléctricas. El PP intentó ubicar el ATC en Villar de Cañas (Cuenca), en un proyecto cuyo coste amenazaba con dispararse por las dudas sobre la idoneidad de los terrenos elegidos, y entre sospechas por la vinculación con el proyecto de una empresa vinculada al empresario Ignacio López del Hierro, entonces marido de la ex secretaria general del PP y expresidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.

En lugar del ATC, el Gobierno socialista optó por una solución más costosa, repartir los desechos en siete almacenes independientes, como paso intermedio al enterramiento definitivo de los residuos en el AGP, previsto para 2072 y que Enresa y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) han pedido (en vano) blindar por ley para que esté en marcha “cuanto antes”.

La que fuera presidenta de Castilla-La Mancha no ha aparecido este viernes en la clausura de la jornada 'Medio Ambiente y Energía', organizada por el Ayuntamiento de Villar de Cañas que preside el 'popular' Alejandro Pernías.

Un acto que tenía, entre sus objetivos, volver a poner en el foco el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, que el pueblo conquense aspiraba a albergar, hasta que el proyecto fue descartado por al actual Gobierno de España. Una de las ponencias llevaba el lema 'Las cuentas de la Energía y el Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas' y la expresidenta regional iba a clausurar el evento.

Finalmente no ha aparecido, según informa Las Noticias de Cuenca. En los días previos su presencia en el evento se había interpretado tanto desde el PSOE como desde la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca como un intento de revivir el proyecto. Los socialistas lo calificaron incluso de “provocación”.

La plataforma también había criticado la presencia en la jornada de un miembro del Consejo de Seguridad Nuclear, Javier Dies Llovera, pidiendo su dimisión o cese al considerar que su participación en este evento vulneraba la “imparcialidad y reputación” del organismo regulador nuclear de España.

En horas previas, incluso la subdelegada del Gobierno de España en Cuenca, María Ángeles López, se había pronunciado respecto a la asistencia de la expresidenta regional María Dolores de Cospedal y lo había definido como “un viaje al pasado, porque no hay futuro en ese planteamiento”.

En declaraciones a Europa Press, López abundó en que la instalación del “cementerio” nuclear en Cuenca “está zanjado” y “no hay otra” que “buscar una alternativa racional que no tenga nada que ver” con un único almacén para albergar los residuos nucleares de toda España.

Preguntada sobre si hay temor a que un hipotético cambio de Gobierno en la nación pueda reactivar el proyecto, ha defendido, de otro lado, que el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene ese tema “zanjado” tras haber “cambiado la normativa”.

La Plataforma contra el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Cuenca ha pedido la dimisión o el cese fulminante de Javier Dies Llovera, consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) quien comparecerá el próximo viernes en un acto público en Villar de Cañas para defender el cementerio nuclear, en esta localidad conquense.

El proyecto que fue desestimado por el Gobierno de España a finales de 2023, tras aprobarse el VII Plan General de Residuos Radiactivos en el que se opta por varios emplazamientos descentralizados para los residuos radiactivos de alta actividad, asociados a las centrales nucleares, además de establecer un calendario de cierre de estas plantas hasta el año 2035.

No es la primera vez que piden su cese. La plataforma ya hizo hace ahora tres años cuando Javier Dies participó en un acto similar al previsto esta semana. El 24 de mayo de 2022 ya estuvo en la localidad conquense en un acto bajo el lema 'Sí al ATC', en pleno proceso de alegaciones al Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos aprobado hace año y medio.

Para Carlos Villeta, responsable de comunicación de la plataforma contra el basurero nuclear en Cuenca, la nueva comparecencia del técnico en Villar de Cañas es ahora “más grave” y cree que con su actitud está “dañando la imparcialidad y la reputación del Consejo de Seguridad Nuclear”.

Y es que, dice Villeta, si el evento en 2022 tenía un contenido técnico, “al menos sobre el papel”, precisa, en esta ocasión, “Dies no disimula y se sienta junto a Dolores de Cospedal, pero no para realizar una ponencia técnica sino en el acto de clausura, es decir en la parte más política del acto”.

La plataforma recuerda que el Consejo de Seguridad Nuclares es el único organismo del Estado competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica. “Es tanto autoridad como regulador y se le supone competencia técnica, no política”.

Quienes rechazan el basurero nuclear dicen que no han olvidado “el papel de Cospedal como impulsora del proyecto del ATC, colocando a sus colaboradores al frente de ENRESA y del CSN, con el fin de conseguir adjudicaciones para la empresa en la que trabajaba su entonces marido López del Hierro”.

Dicen que, en la actualidad, solo el Ayuntamiento de Villar de Cañas, sigue defendiendo el ATC, aunque en realidad también lo hace el Foro Nuclear. Ambos recurrieron la decisión del Consejo de Ministros del 27 de diciembre de 2023 por el que se aprobó definitivamente el Plan General de Residuos Radiactivos. “A día de hoy, el ayuntamiento sigue ocultando quién financia los costes del mencionado recurso”, denuncia Carlos Villeta.

Casi sesenta años después de que cuatro bombas termonucleares cayeran sobre Palomares (Almería) y dos de ellas se abrieran liberando al aire nueve kilos de isótopos de plutonio en forma de aerosoles, el Estado sostiene que no hay nada que hacer allí, salvo vallar algunas hectáreas y dejar pasar los años. Hace tiempo que Ecologistas en Acción cuestiona esta actitud pasiva, pero se ha vuelto a topar con un portazo: el Abogado del Estado ha rechazado en la Audiencia Nacional que el Ministerio para la Transición Ecológica esté obligado a recoger y tratar las tierras contaminadas, tirando de una panoplia de motivos que van desde los puramente procesales a la mera descalificación de los temores de los ecologistas, pasando por una advertencia: no está claro que remover esas tierras sea mejor que dejarlas tal cual.

Desde 2007 la superficie contaminada está vallada para evitar el paso de despistados o curiosos. Existe un programa de vigilancia radiológica para recoger muestras de tierra, vegetales o animales y una misión europea ha visitado la zona en un par de ocasiones, pero los ecologistas denuncian que no es suficiente: creen que la radiactividad, que existe, excede el perímetro del vallado, y califican el lugar de “instalación nuclear clandestina”. Pretenden la ejecución de un Plan de Rehabilitación que no llegó a aprobarse y sigue siendo parcialmente secreto, en el que se preveía el tratamiento de 50.000 metros cúbicos, alrededor de cien hectáreas, y el almacenamiento y traslado de los 6.000 m³ resultantes.

Ecologistas en Acción lleva una década pleiteando para lograrlo. Su primera demanda fue rechazada en 2021 por la Audiencia Nacional porque el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no tenía competencias para limpiar nada. El Estado se pasaba la pelota de ministerio a ministerio. En 2023 volvieron a la carga, apuntando al Ministerio y esgrimiendo un nuevo artículo de la Ley de Energía Nuclear que, según ellos, ampararía la extracción de la tierra con residuos nucleares y el transporte hasta un almacén temporal.

Ahora, la respuesta del Estado demuestra que sigue sin querer hacer nada y que hay un elefante en la habitación: todo está marcado por la falta de voluntad de Estados Unidos para llevarse la tierra contaminada. Esta es una perspectiva que se acerca o se aleja en supuesta sincronía con quién mande, y que tras el regreso de Donald Trump estaría más lejos. Lo cierto es que tampoco se culminó durante los mandatos de Joe Biden o Barack Obama.

Un informe del Gobierno de Estados Unidos al Senado de aquel país reconoció el año pasado que Palomares “sigue sufriendo los efectos” de la “contaminación residual”, que “supera los niveles” de la normativa europea, pero no insta ninguna medida para intervenir. Y eso que existe un Plan de Rehabilitación preparado desde 2010. Pasados 60 años, las autoridades españolas dicen que no puede hacer nada, y ahora añaden que quizá tampoco convenga hacerlo.

Ministerio: falta de amparo legal, “tergiversaciones” y “coste/beneficio”

Para el Ministerio, las sospechas en torno a la situación radiológica en Palomares son una exageración sin fundamento. En su escrito, el Abogado del Estado acusa con virulencia a los ecologistas por sostener su petición de intervención en “opiniones propias, tergiversación de fuentes legales y científicas” y conclusiones propias para crear una “ficción”.

El Ministerio sostiene que no hay ninguna norma que obligue a intervenir, puesto que no se trata de un accidente nuclear ni una afección por actividades potencialmente contaminantes. Sería sólo un lugar al que aplicar medidas de vigilancia y control radiológico, suficientes al estar el nivel de dosis efectiva de radiación (1 mSv/año) dentro de lo previsto. “Como lo califica de ”radiactividad perdurable“, el límite es muy alto”, protesta José Ignacio Domínguez, abogado de Ecologistas en Acción: “Equivale a cuatro radiografías de tórax cada semana, todas las semanas del año. ¿Y por eso hay que dejar la radiactividad al aire libre? Sentaría un nefasto precedente para todo el que tenga material radiactivo”.

El Estado sostiene que el Plan de Rehabilitación que los ecologistas quieren aplicar es papel mojado. Una mera propuesta que en su día manejó el CSN, pero sin valor alguno. “Ni existe un Plan de Rehabilitación de Palomares, ni esa Propuesta Preliminar que no fue aprobada tiene fuerza ejecutiva”, señala el escrito.

El último y definitivo argumento de la Abogacía del Estado es que mejor no tocar las cosas porque no se sabe qué puede pasar. “Podría ser contraproducente por resultar del mismo mayor perjuicio que utilidad”, advierte el escrito del Ministerio, que subraya que sólo se debe intervenir cuando haya un balance positivo coste/beneficio, “incluidos los costes sociales”. La limpieza, escribe, es una “alternativa entre las posibles”.

No se detallan esos potenciales efectos perjudiciales de la limpieza, pero eso es algo que, se supone, está contemplado por el Plan de Rehabilitación. “Está todo previsto. La limpieza se haría dentro de unas carpas con presión negativa para que no salga nada dentro. Es ahora cuando se están liberando partículas radiactivas”, advierte Domínguez. Los conejos hacen madrigueras en la tierra y los caracoles, que aquí se cocinan en salsa de almendras o con tomate, son fabulosos bioacumuladores de plutonio.

Los ecologistas ha pedido que se aporte el Plan, previa desclasificación, y que en el pleito declare Carlos Sancho Llerandi, Jefe del Programa de Recuperación Radiológica del CIEMAT. El Estado se opone.

Mayor actividad radiológica entre 2030 y 2033

La exposición radiactiva en Palomares no es una paranoia ecologista. Las conclusiones del Plan de Rehabilitación fueron reveladas parcialmente en la sentencia de la Audiencia Nacional de 2021, y mostraban que el tiempo corre en contra. “En el apartado de consideraciones finales [del Plan] se explica cómo por los plazos de liberación de los isótopos debe afrontarse el Plan lo antes posible”, advertían dos de los cinco magistrados, que emitieron un voto particular.

El motivo es que entre 2030 y 2033 el isótopo de americio (241 Am) alcanzará su máxima actividad radiológica debido a la desintegración de isótopos de plutonio. El americio emite radiaciones de tipo gamma que generan riesgos muy superiores para la salud. Los dos magistrados apelaban al “elemental principio de precaución”: “El Estado español tiene la obligación de intervenir en las situaciones de exposición perdurable, cuando sea conveniente y prudente para preservar la salud de la población, y la conservación del medio ambiente”.

Tampoco la Comisión Europea ha validado la situación en Palomares. Como desveló este medio, la última misión de verificación, en 2019, requirió a España que informara antes de 2022 de los avances para rehabilitar la zona, en línea con el objetivo fijado ya desde la primera misión de 2010. España no lo ha hecho y anunció que no lo haría, justificándolo en que la Comisión no es competente para evaluar los avances del plan de rehabilitación de Palomares. La tajante respuesta se envió sin firma, fecha, número de referencia o logo, pero aparecía en las webs de la Comisión y del CSN.

De la Operación Flecha Rota al Proyecto Indalo

La propia Historia acredita que los efectos sobre las personas de la radiactividad en Palomares son una posibilidad cierta. Tras la caída de las bombas, provocada por una colisión en vuelo entre un bombardero B-52 y un avión cisterna KC-135, Estados Unidos envió un equipo de limpieza cuyo primer objetivo fue localizar dos bombas extraviadas y el segundo, tapar lo que pasó. Se llevaron 1.000 metros cúbicos a las instalaciones nucleares en Savannah River, en Carolina del Sur. El resto lo enterraron o lo dejaron tal cual: 103 hectáreas con residuos radiactivos a unos 30 centímetros de profundidad. Se le llamó Operación Flecha Rota.

En 2016 The New York Times publicó documentos desclasificados que demostraban que más de la mitad de quienes participaron en la operación sufrieron algún tipo de cáncer. En España, El Mundo desveló la alta tasa de cáncer entre los guardias civiles que ayudaron a los norteamericanos. También se supo décadas después que el Departamento de Energía Nuclear de EEUU y la Junta de Energía Nuclear española aprovecharon para estudiar el efecto de la exposición al material radiactivo de los lugareños, que no sabían que eran conejillos de indias.

Fue el “Proyecto Indalo”, dirigido por un personaje de novela y apodo definitivo: Mr. Plutonium. Wright Haskell Langham, director de la división de Investigación Biomédica del Laboratorio Nacional de Los Álamos, venía de intervenir en la determinación de los límites legales de la toxicidad del plutonio en su país, como documenta José Herrera en su investigación La experimentación humana con plutonio en España. Génesis y desarrollo del “Proyecto Indalo” (1966-2009), de la que este medio informó hace dos años. “Fue un plan sistemático de experimentación de varias décadas. Nunca les dijeron que vivían rodeados de plutonio en sus campos de labor, que era el pilar casi único de su economía. Siempre que iban a Madrid les decían que no había peligro ni motivo de preocuparse”, explicaba Herrera.

Ahora, la nueva respuesta del Estado siembra dudas sobre la mera conveniencia de rehabilitar la zona. “Hasta ahora ponían como disculpa que no podían limpiar porque los americanos no se llevaban el plutonio y en España no hay un cementerio nuclear apto. Pero ahora ya descaradamente dicen que no van a limpiar, una barbaridad”, lamenta Domínguez.

También el CSN esperaba una actuación: “Estos enterramientos no pueden denominarse como almacenamientos ni determinarse que son definitivos, en tanto toda el área de Palomares está pendiente de las acciones de remedio que se consideren oportunas”, señala en una monografía incorporada el expediente.

Sesenta años después del accidente, el Estado dice que puede que lo mejor sea dejarlo todo como está, mientras sigue esperando en vano que Estados Unidos venga a recoger lo que se le cayó de un bombardero. 

La campaña pronuclear del Partido Popular –exacerbada tras el apagón del 28 de abril– ha llevado a los populares a reclamar en España y Europa una mina de uranio en Salamanca que no tiene permiso por las deficiencias del proyecto en cuanto a seguridad y riesgos ambientales. Un plan que acumula sentencias y nulidades judiciales de las licencias sobre las que se desarrolló y que, para rematar, fue dirigido por un ejecutivo que resultó sancionado por utilizar información privilegiada relacionada con la mina para ganar dinero en la Bolsa.

Tanto el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, en España como la eurodiputada Susana Solís en Bruselas han desempolvado este mayo de 2025 la idea de extraer uranio a cielo abierto en Retortillo (Salamanca), a pesar de que el Consejo de Seguridad Nacional emitió un informe desfavorable sobre la explotación planeada por la empresa Berkeley Minera tras recibir un dictamen técnico negativo. Con ese informe, el Ministerio de Transición Ecológica denegó la autorización a Berkeley el 1 de diciembre de 2021.

Entre las conclusiones del Consejo de Seguridad Nuclear destaca que la minera no analizaba el impacto que una balsa de 135.000 m3 de “agua previsiblemente contaminada” podría tener en los acuíferos y ríos tanto a nivel físico, químico como radiológico. Y no solo en el sitio donde se planeó la balsa, “sino en toda la vaguada aguas abajo hasta el río Yeltes”.

Tampoco se aquilató, dictaminaron los técnicos, “el riesgo de subsidencia [es decir de hundimiento] de los residuos depositados en el almacenamiento”. Un peligro que, en caso de suceder, podría “afectar a la integridad de las dos barreras de aislamiento del proyecto presentado, lo que impediría cumplir su función de evitar la infiltración y la emanación de radón”. El radón es un gas radioactivo cuya inhalación puede aumentar la probabilidad de cáncer de pulmón.

A modo de resumen, el informe concluía sobre el proyecto que “el modelo hidrogeológico de flujo y transporte presentado por Berkeley Minera España no resulta aceptable, por su escasa fiabilidad y elevadas incertidumbres no acotadas”.

Sin embargo, cuatro años después de aquel examen y preguntado sobre la petición de las compañías eléctricas para que les rebajen los impuestos de la energía atómica, Borja Sémper ha afirmado que “el Gobierno ahoga la energía nuclear imposibilitando la extracción de uranio. En España existen 30.000 toneladas de uranio esperando a ser obtenidas, singularmente en la zona de Salamanca”.

Solo unos días después, la diputada europea Susana Solís –una voz pronuclear constante en Bruselas– le decía a la vicepresidenta de la Comisión, Teresa Ribera que era “un sinsentido” “prohibir por ley la extracción de uranio en España, pues la demanda está creciendo y queremos dejar de depender de Rusia”.

La minera reclama 1.000 millones

El proyecto Berkeley que ahora reivindican los dirigentes del Partido Popular no solo fue rechazado por los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear, sino que acumula sentencias y nulidades judiciales sobre los permisos urbanísticos sobre los que fue completando fases de preparación.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló en 2023 las licencias de uso de suelo y urbanística de la mina que le otorgó en su momento el Ayuntamiento de Retortillo gracias al recurso de la organización Stop Uranio.

Solo un par de meses después, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de la empresa contra la anulación judicial de 2022 de otra de las autorizaciones que había conseguido la minera: la de vertidos de aguas otorgada por la Confederación Hidrográfica del Duero en 2016 – basándose en una declaración de impacto ambiental aprobada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León–.

Berkeley afirma en su Informe Anual 2024 que ha “retirado los recursos judiciales para preservar los derechos del grupo en un arbitrio internacional”. Porque la minera, por su parte, reclama al Gobierno de España unos 1.000 millones de euros por no haber recibido la autorización para construir sus instalaciones y comenzar así a explotar el yacimiento. Precisamente, el pasado 8 de mayo comenzó el proceso de arbitraje que se realiza en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial. Se trata de un proceso que suele dilatarse años.

Con todo, la licencia de explotación que Berkeley tiene sobre el yacimiento está vigente hasta 2044 (30 años desde 2014) y, recuerda la empresa, “es renovable por dos periodos de treinta años”.

De la multa al wolframio “crítico”

Cuando el pasado 25 de marzo se conocieron los siete proyectos mineros que la Unión Europea impulsará en España en busca de materiales críticos, pudo comprobarse que la explotación de wolframio El Moto, en Ciudad Real, estaba entre las elegidas. La mina está en manos de Abenojar Tungsten S.L. Solo un par de semanas antes, la sociedad había incorporado como consejero a Francisco Bellón del Rosal.

Bellón del Rosal llegó un año después de haber dimitido como director de Berkeley Minera España después de que la Comisión Nacional de Mercado de Valores lo hubiera sancionado por una infracción muy grave. El ejecutivo compró acciones de la empresa antes de dar a conocer públicamente la obtención de una autorización. Después, una vez se informó de ese hecho, las acciones de la empresa subieron y Bellón vendió ese paquete para embolsarse 40.000 euros.

El directivo dejó su puesto al frente del proyecto, pero la minera le mantuvo en un puesto ejecutivo como director de Operaciones. Ahora está en el consejo de la mina de wolframio en Ciudad Real.  

Esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguraba que en España “no hay uranio” para extraer. Muchos se empezaron a mover en el asiento. ¿Y Salamanca? ¿Qué hay de Retortillo? El proyecto de Berkeley de abrir la mayor mina de uranio a cielo abierto —que sí inició sus primeras excavaciones— se vino abajo en 2021 después de que el Consejo de Seguridad Nuclear rechazase esta iniciativa por “la escasa fiabilidad” de la seguridad de almacenamiento de los residuos radiactivos.

Desde entonces, se han producido más condenas, sanciones y litigios internacionales. En 2023 el Ayuntamiento de Retortillo canceló la licencia urbanística parcial concedida a Berkeley Minera España y declaró su caducidad. Pocos meses después, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) declaró ilegales las modificaciones y licencias urbanísticas y revocó las sentencias de primera instancia. Un año después, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación presentado por Berkeley contra otra sentencia de TSJCyL. El Alto Tribunal autonómico dio la razón al Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes sobre la autorización para el vertido de aguas residuales sobre el río Yeltes y sus arroyos y declaró nula la autorización que concedió la Confederación Hidrográfica del Duero en 2016.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha sancionado a Berkeley por difundir tarde información privilegiada (150.000 euros) y a su primer ejecutivo por una infracción “muy grave” de la Ley del Mercado de Valores al embolsarse un beneficio de 40.000 euros comprando y vendiendo títulos de la compañía a finales de 2020, mientras disponía de información privilegiada que la empresa. La compañía acudió poco después al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) porque Berkeley considera que se han violado múltiples disposiciones del Tratado de la Carta de la Energía y quiere una compensación de mil millones de dólares.

Mientras tanto, el Procurador del Común (el Defensor del Pueblo de Castilla y León) ha reclamado a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León que deje sin efecto la Orden con la que dictó la Declaración de Impacto Ambiental favorable para el proyecto de mina de uranio tras todas las sentencias. elDiario.es se ha puesto en contacto con Berkeley, que ha declinado participar en este artículo. La compañía ha 'jugado' durante años 'a futuro'. Tenía intención de hacerse con los permisos, incrementar su precio en bolsa y obtener beneficios millonarios. En marzo de 2025, sus acciones se desplomaron un 21% en Bolsa después de que la Bolsa de Valores australiana pidiera explicaciones por un repunte de casi un 40%.

Movilizaciones desde 2012

Un millar de personas viven en la zona de Retortillo y Villavieja de Yeltes, donde se pretendía construir la mina, una planta de procesado del mineral y el almacenamiento posterior de los residuos. La empresa prometió llevar unos 50 puestos de trabajo a la zona, y contó con el respaldo inicial de las administraciones. La población local se fue informando a través de charlas y reuniones, y un grupo montó la plataforma Stop Uranio, que criticó muy duramente la tala de unas 2.000 encinas centenarias.

Cuando entró el actual equipo de gobierno de Retortillo (PSOE), la sanción de Berkeley por la tala de las encinas “estaba a punto de prescribir”, así que se retomaron los trámites. Berkeley presentó sus alegaciones y el proceso continúa a la espera de resolución.

El portavoz de Stop Uranio, José Ramón Barrueco, recuerda que los primeros años de movilización fueron “muy duros”, sobre todo entre 2017 y 2019. Hubo muchas movilizaciones y la tensión entre algunos vecinos fue muy fuerte. Un concejal del Ayuntamiento de Retortillo incluso recibió un paquete a su nombre en cuyo interior había una soga con el nudo que acompaña habitualmente a las horcas.

De hecho, este proyecto llegó incluso a preocupar al Gobierno de Portugal. El entonces ministro portugués de Ambiente, João Matos Fernandes, pidió una reunión con su homóloga española, Isabel García Tejerina, para abordar el posible impacto ambiental de la mina y puso en duda que se estuviera aplicando el protocolo para evaluar el impacto correspondiente a los proyectos cercanos a la frontera.

“Berkeley empezó a soltar dinero”

“Berkeley empezó a soltar dinero a Ayuntamientos y a la gente y hubo momentos en los que la gente casi llega a las manos. Berkeley dijo que iba a crear puestos de trabajo para que le sirvieran de escudo y no todo el mundo estaba en contra”, apunta Barrueco. Stop Uranio se constituyó para rechazar este proyecto por el posible impacto que pudiera tener en la salud de los residentes y en el medio ambiente, cuyos permisos y trámites además se declararon nulos. “Yo no veo la polémica”, repite el portavoz de Stop Uranio.

“Lo que tiene un país democrático es que tienes que convencer a la gente, con un alto porcentaje de población con estudios superiores. Cuando está en juego su modelo de vida, las decisiones son bastante racionales. La gente sabe relativamente de lo que habla, no estamos en un país ignorante”, reflexiona el director del Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Salamanca, Santiago López. La alcaldesa de Retortillo, María del Carmen González, asegura que “nunca ha habido problemas” en Retortillo y cree que de la mina “no se habla”.

Hace dos años, los investigadores Gonzalo Sánchez-Tabernero, Antonio R. Hidalgo-Muñoz, José Ignacio Galán y Carmen Tabernero entrevistaron a 371 personas de la zona para conocer la aceptación social, no ya mediáticamente sino desde un punto de vista científico. Este informe, publicado en la revista Frontiers in Psychologyrefleja que los participantes de mayor edad y con niveles educativos más altos tendían a percibir mayores riesgos y menos beneficios asociados al proyecto, lo que se tradujo en niveles más bajos de aceptación.

El uranio ya se explotó en los años 80

“¿España tiene uranio? Sí. ¿Es uno de los países más ricos de Europa? Sí. Pero la riqueza del uranio no es rentable. Así que es como si no tuviésemos uranio. Ya se ha sacado todo el uranio que ha sido rentable sacar”, concluye Santiago López, autor de Historia del uranio en España junto a la investigadora Esther Sánchez.

Santiago López recuerda cómo la empresa pública ENUSA frenó en los años 80 los programas de prospección y explotación minera y se ciñó a minas ya conocidas como la de Ciudad Rodrigo, también en Salamanca. “A lo largo de los años ochenta y noventa, la actividad minera de ENUSA se redujo progresivamente hasta acabar desapareciendo. La materia prima era cada vez más difícil de obtener por su alta dispersión, baja ley y difícil extracción. Las últimas minas de uranio cerraron en el año 2000”, explica Historia del uranio en España, un libro editado por la Sociedad Nuclear Española.

El Vicedecano del Consejo superior de Colegios de Ingenieros de Minas, Juan Ignacio Artieda, cree que, aunque no tiene una información “concreta” sobre los minerales de Retortillo, los yacimientos de Sealices el Chico, también en Salamanca, “son de más facilidad de explotación y mejor economía”. Según la información que maneja, los minerales de Retortillo presentan “dificultades” para su ataque con ácido (lixiviación), un proceso que pretende disolver el uranio, porque tienen “bastante impermeabilidad”. “También presentan dificultades para la separación sólido-líquido posterior, lo que redundará en un deficiente rendimiento/recuperación del uranio”, suscribe Artieda en declaraciones a elDiario.es. Estas dificultades “hace pensar” en un proceso muy costoso para la empresa, aunque es una cuestión que “debería tener clara antes de iniciar la explotación”.

La mayoría del uranio del mundo procede de las grandes explotaciones que dirigen Francia (en Níger) y Rusia (en Kazajistán). La concentración del uranio es muchísimo mayor a la del uranio español, lo que reduce la rentabilidad de este tipo de explotaciones. “Si el precio del uranio se disparase, se multiplicase por dos o por tres, quizá tendría sentido esta explotación”, defiende Santiago López. “Pretendían 'volar' las minas antiguas. Y luego además hay que proyectar un plan de renaturalización de las minas, aunque lo fuera a hacer ENRESA”, añade.

El director del Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología de la USAL recuerda el rechazo que suscitó entre la sociedad esta mina a cielo abierto, aunque insiste en la importancia de “no demonizar” este mineral. López explica que existe tecnología suficiente para que el polvo no salga de las instalaciones y no afecten a los acuíferos, pero Berkeley no envió señales claras de su preocupación por el medio ambiente tras la tala de las encinas, lo que levantó las suspicacias del entorno social.

La central nuclear de Almaraz (Cáceres), incluida por el PP en la refriega política antes y después del histórico apagón peninsular del pasado 28 de abril, lleva sin verter electricidad a la red desde ese cero absoluto, cuyas causas investiga una comisión creada por el Gobierno.

Un portavoz de CNAT (Centrales Nucleares Almaraz-Trillo), la sociedad que gestiona las plantas de Almaraz y Trillo (Guadalajara), confirmó el lunes que desde el apagón la central cacereña no había podido engancharse a la red. “Las 2 unidades se conectarán en las próximas horas. El proceso de conexión ha sido más largo de lo inicialmente previsto”, indicó sin más detalles por correo electrónico pasadas las 12.30 de la mañana del lunes.

Según fuentes del sector, el grupo 2 de Almaraz se había acoplado finalmente a las 13:59 horas del lunes, más de una semana después del cero absoluto que se inició a las 12.33 horas del 28 de abril. Se esperaba que empezara a verter electricidad en la medianoche del lunes al martes. La central no explicó por qué no ha podido conectarse pese a que un día después del apagón, el martes 29 de abril, aseguró en un comunicado que “la Unidad II ha sido requerida por Red Eléctrica Española para arrancar de manera urgente y está prevista su conexión a la red eléctrica nacional en las próximas horas”.

Sin embargo, no lo hizo, en un contexto de precios muy bajos en el mercado mayorista, de entre 5 y 31 euros el megavatio hora (MWh) en media diaria, con muchas horas en negativo y muy por debajo de los 60 euros/MWh que necesitan las nucleares para no operar a pérdidas, según asegura el sector. Fuentes sectoriales aseguran que en la última semana el operador del sistema (REE) no ha pedido acoplar Almaraz por el mecanismo de “restricciones técnicas”. Con él, REE adquiere la generación de centrales que quedan fuera de las subastas diarias del mercado con el fin de cubrir la demanda de ciertos puntos con congestión. 

Es un sistema al que REE ha recurrido en los últimos días (con el consiguiente sobrecoste para los consumidores) para reforzar la seguridad del suministro tras el apagón, cuyas causas el Gobierno dice desconocer. El Ejecutivo asegura que es precipitado atribuirlo a un exceso de energías renovables.

Los resultados de los mercados eléctricos son los que determinan la producción de las plantas. No resultan de una decisión del operador del sistema, que en función de esos resultados y los programas individuales de los generadores, comprueba que son compatibles con la seguridad de suministro y modifica el programa de generación o bombeo que sea necesario para cumplir con los criterios de seguridad: asegurar el correcto funcionamiento del sistema tras la pérdida de cualquier elemento (criterio conocido como N-1) y mantener un adecuado perfil de tensión.

Ese es el proceso de “restricciones técnicas”, que supone un coste para el conjunto de los consumidores que se repercute en su factura. Así, esta actuación del operador del sistema es la imprescindible para no alterar el resultado del mercado, que es el que determina el mix de producción.

Los estados operativos de las centrales nucleares españolas disponibles en la web del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) muestran que, con Trillo en parada por recarga desde hace semanas, desde el miércoles hasta el domingo, y una vez repuesto el servicio, solo hubo dos de los siete reactores operativos, ambos en Catalunya (Ascó I y Vandellós II). Este lunes, a las centrales catalanas se iba a sumar la nuclear de Cofrentes (en Valencia), propiedad de Iberdrola, que cuando iba a empezar a verter electricidad comunicó al CSN la parada debido a “la alta temperatura observada en un cojinete de una de las bombas principales del sistema de recirculación”.

Esto explica que la generación con nucleares se haya reducido drásticamente en la última semana, como puede apreciarse en el siguiente gráfico:

Por su parte, los dos grupos de Almaraz volvían a encontrarse este lunes en situación de “puesta en marcha”, según la web del CSN. El día del apagón, la unidad II de la planta cacereña estaba en marcha, vertiendo a la red una potencia eléctrica de 680 MW, mientras que el grupo I se encontraba en parada fría. A partir de ahí, la desconexión. El jueves, el grupo I aparecía como “disponible”, sin verter energía, y el II en modo de “puesta en marcha”. Entre el viernes y el domingo, la planta figuraba como “disponible”: en condiciones de empezar a funcionar aunque sin estar conectada a la red, siempre de acuerdo con la información que el organismo publica en su web a partir de los datos que le remite cada planta.

CNAT explica que durante el fin de semana Almaraz “ha estado en modo disponible caliente, esto significa que el circuito primario está en proceso de calentamiento, pero el reactor no está dando potencia térmica”.

En los últimos días y tras el apagón, el PP ha recrudecido su ofensiva por las nucleares. El miércoles la formación de Alberto Núñez Feijóo anunció que no apoyará el decreto antiaranceles que se vota esta semana si el Gobierno no se replantea el cierre paulatino de los reactores que comenzará en 2027 con el primer grupo de Almaraz. El PP llevará este martes al Pleno del Congreso una proposición no de ley para reclamar al Gobierno un Plan Nacional de Seguridad de Suministro Energético que, entre otras cosas, reconsidere el cierre de las nucleares. La propuesta (no vinculante para el Gobierno) cuenta con mayoría en el Parlamento, pues además del PP la defienden, entre otros, Vox y Junts.

Antes del apagón, se especulaba con que Almaraz pidiera una miniprórroga de tres años, hasta 2030, que habría retrasado el conjunto del cierre previsto hasta 2035. Pero sus propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy) no lo han pedido y esa decisión requiere unanimidad entre los socios.

Los 'populares' registraron esta iniciativa en el Congreso el pasado octubre, pero han decidido someterla a votación en la primera sesión plenaria que va a celebrar el Congreso tras el apagón, en la que Pedro Sánchez dará explicaciones en sede parlamentaria sobre este asunto, aunque se espera que las conclusiones sobre qué falló se demoren durante semanas. El presidente del Gobierno ha afirmado que los reactores fueron más “un problema” que una solución en esta crisis energética. Durante la reposición del servicio, las nucleares no tuvieron ningún papel y se recurrió a la hidroeléctrica, el gas y las interconexiones: de hecho, hubo que priorizar la alimentación de las plantas para mantener los reactores en situación segura.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha concedido la renovación de la autorización de explotación de la Central Nuclear de Trillo, por diez años. Con esta ampliación, la vida útil de la central, que expiraba en 2028, se prolongará hasta más allá de los 40 años. La autorización tendrá efecto el día 17 de noviembre de 2024 y contará con una validez de diez años. Se basa en el informe del Consejo de Seguridad Nuclear del pasado mes de julio, en el que se aprecia “el correcto funcionamiento de la central de Trillo y del mantenimiento del nivel adecuado de seguridad para continuar operando”.

La autorización de explotación faculta al titular para “almacenar elementos combustibles de uranio ligeramente enriquecido”, de acuerdo con los límites y condiciones técnicas contenidos en el Estudio de Seguridad de la recarga de cada ciclo y con los límites y condiciones asociados a las autorizaciones específicas de almacenamiento de combustible fresco e irradiado.

Por otro lado, se faculta a a operar la central hasta la potencia térmica del núcleo de 3.010 MWt, así como a poseer, almacenar y utilizar los materiales radiactivos, las sustancias nucleares y las fuentes de radiación necesarias para la explotación de la instalación.

En la evaluación del Consejo de Seguridad Nuclear se han planteado diversas propuestas de mejora de la seguridad, en gran medida identificadas en la Revisión Periódica de la Seguridad (RPS) elaborada por el titular. De esta forma, se ha hecho una revisión “profunda y global del estado de seguridad de la central”, dado que la instalación cumplirá 40 años de operación en 2028 y, a partir de ese año, entrará en la denominada Operación a Largo Plazo (OLP).

La instalación nuclear es propiedad de Iberdrola Generación Nuclear, S.A.U., con una participación del 49%, Gas Natural Fenosa Generación, S.L.U, 34,5%, Iberenergía, S.A.U., 15,5% y Endesa Generación, S.A.U. 1%.

La central ha registrado en 2023 una producción bruta de 8.295 GWh, y la producción de energía eléctrica bruta acumulada a origen y hasta el 31 de diciembre fue de 288.472 GWh. Trillo genera el 3% de la demanda eléctrica anual lo que equivale al consumo de 2 millones de hogares españoles. La central dispone de un reactor de agua a presión con una potencia térmica de 3.010 MWt y tres lazos de refrigeración de tecnología alemana Siemens-KWU, utilizando uranio enriquecido como combustible.

Críticas al incremento de la tasa de Enresa

Por su parte, la Sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), operadora de la instalación nuclear de Trillo, ha criticado el incremento de la tasa de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) en un 30% tras la concesión por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) de una nueva autorización de explotación hasta el 16 de noviembre de 2034.

En un comunicado han explicado que tras el Protocolo de Cierre firmado en 2019, donde se indica que Trillo cerraría en 2035, dicha tasa quedaba congelada en un valor techo tras una subida del 20% posterior a la firma. Sin embargo, señalan que en junio de 2024 “dicha tasa ha subido un 30% más, lo que unido a los impuestos que soporta la actividad nuclear, supone su asfixia económica”.

Frente a esto, desde CNAT valoran que la autorización del Miteco supone un reconocimiento al trabajo desarrollado por el equipo de la Central de Trillo, así como al esfuerzo inversor realizado en los últimos años para la mejora de su seguridad, actualización y modernización tecnológica.

División en el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por las bajadas de potencia que las centrales nucleares españolas llevan ejecutando desde 2020 para adaptarse al auge de las energías renovables en el mix eléctrico, en lo que una vocal del regulador energético define como “cambio de paradigma” en el sector.

El pasado 28 de mayo el organismo aprobó, con dos votos discordantes, una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) sobre esta práctica, la denominada “operación flexible” de las centrales.

Se acordó que, en el plazo de un mes, los titulares de todas las nucleares en funcionamiento, las de Almaraz, Ascó, Cofrentes, Vandellós II y Trillo, deberán remitir un análisis de las modificaciones que han llevado a cabo en este tipo de operaciones desde marzo de 2022. Entonces, un grupo de trabajo mixto CSN-empresas determinó que sus prácticas en esta materia eran “aceptables” desde el punto de vista de la seguridad.

Pero el CSN quiere evaluar la “validez” de los análisis realizados por las eléctricas desde esa fecha sobre “escenarios no contemplados” en ese grupo de trabajo. El motivo es que “se están dando situaciones de implantación de nuevas estrategias de bajada de carga que suponen una ampliación de esta práctica operativa, rebasando las limitaciones existentes en dichos procedimientos en 2022”.

El caso más claro es la parada de dos reactores el pasado mes de marzo, con los precios de la luz en el mercado mayorista cotizando en negativo, por la pujanza de la eólica y la hidroeléctrica. Ese mes las renovables alcanzaron su récord de producción mensual (14.591 GWh) y de cobertura en el mix eléctrico (65,2% de la demanda).

El acta de esa reciente reunión del pleno del CSN, publicada este lunes, confirma que el asunto de la operación flexible ha dividido a los vocales del regulador nuclear. La ITC salió adelante por tres votos a favor y dos en contra. Se opusieron los consejeros Javier Dies (nombrado a instancias del PP) y Elvira Romera, que no ven necesario aprobar esa instrucción.

Además, hubo un tercer vocal, Francisco Castejón, que pidió analizar la apertura de un expediente sancionador, por entender que las eléctricas han ido más allá de lo que debieran en esta materia aprovechando la ausencia de regulación al respecto.

El consejero Dies, que suele alinearse con los planteamientos de la industria nuclear, pidió que constase en acta que “considera que esta propuesta no está técnicamente madura suficientemente”. En opinión de este vocal, “se podría hacer algunas inspecciones sobre este tema” o “analizar algunos informes realizados sobre este tema por las centrales nucleares”, y celebrar nuevas reuniones con el comité mixto que sienta al CSN y a las centrales, “antes de decidir si es necesario realizar una ITC”.

Y en caso de hacerlo, habría que analizar, según expuso Dies, qué actividades deberían incluirse y cuáles no, “como por ejemplo las paradas de central”.

Por su parte, la también catedrática Elvira Romera manifestó “que esta propuesta de dictamen técnico necesita ser reforzada en sus argumentaciones, y de esta manera emitir una instrucción técnica complementaria bien fundamentada”.

Expediente sancionador

En el otro extremo se situó el consejero Castejón, nombrado a propuesta de Podemos, que votó a favor de aprobar la ITC y consideró “adecuada” la decisión de “homogeneizar y unificar la regulación” sobre la operación flexible de las nucleares españolas, “que hasta el momento se produce de forma dispar”, pues “no existe una normativa clara” y sus impactos para la seguridad “no se han analizado a fondo”.

Castejón quiso “dejar constancia de su posición discrepante respecto a la gestión llevada a cabo para acometer la creciente operación flexible” de las nucleares: “El CSN debería iniciar una investigación sistemática de los incumplimientos que hayan podido hacer los titulares por inacción o aplicación inadecuada de la IS-21”, una instrucción sobre requisitos aplicables a las modificaciones de los requisitos de las centrales que sean “complejas” o “significativas desde el punto de vista de la seguridad radiológica”.

“No aplicar la IS-21 cuando es necesario, es un incumplimiento” y “requeriría la apertura de un expediente sancionador”, según Castejón.

También votó a favor de la ITC la consejera socialista Pilar Lucio. En su explicación del voto subrayó que en 2021 propuso una iniciativa para analizar “las posibles consecuencias que estas reducciones de carga podrían tener en relación con la seguridad y, en su caso, establecer las necesidades reguladoras oportunas”.

Así, se creó ese grupo de trabajo con el sector y un primer informe de la subdirección de Ingeniería concluyó en enero de 2024 que podría existir un potencial impacto en la seguridad. Se propuso una regulación específica, pero “antes de que el CSN pudiera emitir oficialmente la Instrucción”, las centrales “continuaron ampliando sus estrategias de operación flexible”, con “nuevos escenarios no contemplados hasta entonces y nuevas actuaciones como son el seguimiento de carga intradiario, o las paradas de los reactores que se llevaron a cabo en el mes de marzo de 2024”.

Ese mes, las plantas de Almaraz I y Cofrentes dejaron de inyectar electricidad a la red con el precio mayorista de la luz en negativo. Estos hechos, según Lucio, “vinieron a confirmar la necesidad” de abordar “este nuevo cambio de paradigma de las centrales nucleares, relacionado con los cambios en el sistema eléctrico”.

El CSN ha explicado que esta instrucción persigue “reforzar el marco de regulador para las prácticas de operación que implican la producción de electricidad por debajo del 100% de potencia durante determinados periodos de tiempo”. Las nucleares españolas han operado habitualmente hasta ahora en la forma conocida como operación en base, produciendo el 100% de su potencia de forma estable, salvo cuando tienen lugar paradas automáticas, paradas planificadas o reducciones de potencia programadas por mantenimiento u otras situaciones operativas.

Sin embargo, los cambios en el mercado eléctrico nacional han incrementado las solicitudes de los denominados despachos delegados de carga (también llamados de control de operaciones) a las centrales nucleares para producir electricidad por debajo de su máxima potencia en determinados momentos, con reducciones hasta el entorno del 70% o incluso al 60%, sin que ello sea requerido por motivos de seguridad o necesidades operativas de las centrales.

El agua ha vuelto a irrumpir en la celda 29 del almacén de residuos nucleares de media y baja actividad de El Cabril, en Hornachuelos (Córdoba). Las fuertes lluvias del pasado marzo provocaron un derrumbe en una zanja durante unas obras y el problema de las filtraciones ha vuelto a reproducirse en esa instalación. La celda almacena residuos de muy baja actividad y acumula sobrecostes millonarios desde que se amplió a finales de la pasada década.

Las nuevas filtraciones de agua han aflorado tras unas obras de mejora que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) exigió en 2020 al detectarse ese mismo problema. Ahora, el agua ha vuelto a aparecer en el almacén, un año después de que el regulador nuclear autorizara que se pudiera guardar más material allí, y tras una serie de obras para las que se han destinado 3,2 millones de euros y que todavía no han concluido, tras sucesivos retrasos. Enresa ha invertido en total en la celda 29 unos 15 millones, según datos facilitados por la empresa estatal.

Según documentación del CSN, las fuertes lluvias caídas en la zona entre los pasados 27 y 31 de marzo provocaron “el derrumbamiento de unas vías transversales de evacuación del agua en una zanja” que se había excavado en las inmediaciones de la celda para inspeccionar soldaduras en las láminas que conforman el suelo de la celda 29, compuesto polietileno de alta densidad (PEAD), un material utilizado para drenaje, protección e impermeabilización de obras.

Tras el derrumbe, se produjo “la entrada de agua directa en la Red de Recogida de Lixiviados”, los líquidos formados por los residuos, en cantidades superiores a las permitidas por el CSN, “sin que se haya producido ningún vertido al exterior”.

La empresa estatal que gestiona los residuos nucleares asegura que el problema está resuelto. Explica por correo electrónico que “durante el mes de marzo Enresa estaba realizando tareas de inspección y mejoras de la lámina de PEAD de la celda 29, conforme a los compromisos adquiridos con el CSN. Estas actuaciones coincidieron con las grandes lluvias que se produjeron a finales del mes de marzo, lo que provocó la recogida de agua pluvial en el sistema de recogida de agua de la celda, por no estar las mejoras totalmente implantadas”. 

“El CSN solicitó, por una parte, el informe de valoración del comportamiento de la celda, en el que se puso de manifiesto la ausencia de contaminación del agua recogida y, por otra parte, tomar las medidas oportunas para concluir las mejoras en curso”. Enresa explica que “el informe se ha remitido y las mejoras se han concluido, de forma que la celda está operando con normalidad, de lo que se ha dado cuenta al CSN”.

Otras fuentes aseguran que “la realidad es que sigue entrando agua” pese a la millonaria inversión en una obra que “fue un desastre desde su inicio” y sigue acumulando problemas y sobrecostes. Según trabajadores consultados, “entra agua hasta por los tornillos” y la situación no se ha resuelto.

La celda 29 está diseñada para albergar material con bajo contenido radiactivo. Generalmente, chatarras y escombros que no requieren ser almacenados en celdas de hormigón. En su mayoría proceden del desmantelamiento de las centrales nucleares y solo son radiactivos durante décadas, a diferencia de los de media y alta actividad, que lo son durante cientos o incluso decenas de miles de años.

Los problemas en esta celda se detectaron durante la fase final de la construcción de la sección II, encargada a la constructora Copcisa. Tras la perforación accidental de una de las láminas del vaso, coincidiendo con un periodo de lluvias, se detectaron las primeras acumulaciones de agua en la red de lixiviados. En septiembre de 2018 empezaron a recogerse volúmenes superiores a los permitidos de forma recurrente. En 2020 el CSN prohibió la entrada de material, aunque la celda llevaba desde 2016 sin recibir bultos para hacer frente a esa ampliación. El regulador nuclear exigió un plan de actuación integral para resolver un problema que en abril de 2022 Enresa daba por “controlado”.

Un año después, en abril de 2023, el CSN autorizó que se pudieran volver a introducir residuos a cambio de instalar, “en el plazo más breve posible y no más tarde de final de 2023”, una cubierta en las zonas que todavía no estaban techadas para proteger ese material de posibles lluvias intensas. Hasta entonces, solo se podrían almacenar residuos en la zona ya techada.

Las obras se han retrasado considerablemente. En octubre de 2022, Enresa adjudicó el diseño, suministro y montaje de esa cubierta portátil a una empresa especializada, la catalana Okatent, por 2,8 millones, muy por debajo del presupuesto inicial, de casi 5 millones (más IVA). Los trabajos, que incluían acondicionar el fondo del vaso y la zona circundante para garantizar su estanqueidad, debían estar culminados en 11 meses, pero el plazo se ha ido alargando sucesivamente. 

Primero, a octubre de 2023, luego a finales de diciembre, más tarde a febrero de este año, después al pasado 27 de abril... Hace unas semanas, el CSN autorizó otra ampliación hasta el 31 de diciembre, con la condición de no almacenar residuos hasta acabar la “restauración” de la zona, “finalizar las actuaciones iniciadas que han dado lugar a las excavaciones y zanjas en el perímetro de la celda y reacondicionar la zona excavada para volver a la configuración de diseño original”. El CSN también acaba de reclamar a Enresa que refuerce la vigilancia radiológica de la celda 29.

El regulador nuclear ha comprobado que el retraso en el montaje de esa cubierta “es un tema administrativo” y no plantea dificultades técnicas. La estructura “está prácticamente terminada” pero “según Enresa el contratista incumple reiteradamente los compromisos y plazos requeridos”. Y la empresa pública “no puede dar un plazo exacto de finalización de la obra”. “Según sus mejores estimaciones el montaje de la cubierta, incluyendo la instalación de las lonas, podría finalizar en julio de 2024”. 

Enresa, añade la documentación de los técnicos del CSN, “está haciendo un esfuerzo por mantener el entendimiento con el contratista para que finalice la obra, dado que el cambio de empresa tendría consecuencias legales y conllevaría unos plazos administrativos inasumibles”.

Contratiempos

Para justificar el retraso, el contratista ha alegado diferentes contratiempos, según la documentación del expediente: retrasos en los suministros, especialmente del acero corrugado y del hormigón, “dificultades” por “el hecho de trabajar en una instalación nuclear y de difícil acceso” como El Cabril, en la remota Sierra de Albarrana; “mayores complejidades de las inicialmente previstas” y, “en general, por la necesidad de adoptar medidas especiales orientadas a no dañar la lámina de PEAD que cubre el fondo, taludes y bermas de la sección II de la celda 29 sobre la cual se apoya esta cubierta”.

A 31 de diciembre de 2023, la Celda 29 albergaba 25.670,39 metros cúbicos de residuos radiactivos, con un grado de ocupación del 26,7%, explica Enresa. La empresa pública, cuyo presidente, José Luis Navarro, comparecerá en los próximos días a puerta cerrada en el Congreso, está tramitando una ampliación de El Cabril, ubicado en lo profundo de la sierra cordobesa, en una zona escasamente poblada, y que se caracteriza por una fuerte endogamia en su plantilla. El objetivo de esa ampliación es duplicar su capacidad y hacer frente a la avalancha de residuos que va a propiciar el progresivo desmantelamiento de las nucleares, de cara al apagón progresivo que comenzará el 1 de noviembre de 2027 con el cierre de Almaraz I.

La celda 29 fue la primera estructura que se construyó en El Cabril para guardar de forma definitiva residuos de muy baja actividad, tras el incidente de la acería de Acerinox en Los Barrios (Cádiz). En mayo de 1998, una fuente radiactiva de Cesio-137 se fundió en el alto horno de la multinacional en esa localidad gaditana y contaminó gran cantidad de material metalúrgico. La nube de polvo radiactivo se detectó en varios países europeos. Se originaron muchos metros cúbicos de cenizas contaminadas que acabaron en El Cabril.

El Ministerio de Industria autorizó la construcción de la celda en 2006. El presupuesto se fijó inicialmente en unos 9 millones. Enresa cifra “el coste total de las obras, servicios y suministros de la Celda 29” en los citados 15 millones.

La construcción de la primera fase, encargada a ACS, se inició en febrero de 2006. En octubre de 2008, tras el visto bueno del Ministerio de Industria y el CSN, empezaron a guardarse residuos. En mayo de 2017 se adjudicó a Copcisa por algo más de un millón (el presupuesto inicial era de 2,66 millones) la obra de cierre de la Sección I de la celda y la construcción de la Sección II. El contrato sufrió varios modificados de plazos e importes.

Poco después llegaron las primeras filtraciones de agua y en 2020, el CSN dio la orden de abordar ese plan integral. Desde entonces Enresa se ha gastado 3,2 millones en diversos trabajos de acondicionamiento e impermeabilización, según datos disponibles en la plataforma de contratación del Estado. Pese a las millonarias inversiones, la instalación “hace aguas”, como dice otra fuente muy crítica con su gestión.

Tres médicos del hospital universitario Puerta de Hierro de Madrid se sometieron a una radiación mayor al límite seguro para la salud al operar, sin saberlo, a un paciente que había sido tratado con radiofármacos. El Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica del centro lo comunicó al Consejo de Seguridad Nuclear el pasado 9 de marzo, que ha abierto una investigación para aclarar lo sucedido.

El CSN va a estudiar las causas y las posibles consecuencias de un suceso que ha encuadrado, por el momento, en el escalón más bajo de la pirámide de riesgos: una “anomalía” dentro de la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES), aunque tras la indagación habrá que confirmar de nuevo si el hecho se mantiene en este nivel o sube. Se trata de un acontecimiento “muy poco frecuente”, según el CSN, que no ha registrado casos similares antes.

Los profesionales se encuentran bien, ha asegurado el hospital, y están bajo seguimiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. “Todas las pruebas realizadas son de absoluta normalidad”, ha señalado el centro madrileño, que no ha aclarado, sin embargo, cuál fue el error que condujo a los tres sanitarios a exponerse sin protección a la radiación.

Todavía, además, no se ha desvelado cuál ha sido el nivel de exposición. Fuentes del hospital confirman una horquilla muy amplia “preliminarmente”: entre 50 mSv y 500mSv. El milisievert es la unidad más común para medir el efecto sobre la salud de niveles de radiación ionizante en el cuerpo humano.

Existen oficialmente unos límites anuales de exposición, establecidos en directivas europeas, que no deberían superarse para no comprometer la salud humana. Estos umbrales son distintos en función de la parte del cuerpo y de si las personas son público general o trabajadores profesionales expuestos. Para el caso de la piel, el órgano que entró en contacto con la exposición, el límite es de 50mSv al año para los primeros y de 500mSv para los segundos, según el real decreto que lo regula. “Si hubieran estado clasificados como profesionales expuestos, no habrían superado el límite establecido en 500mSv”, justifican fuentes del hospital.

Una semidesintegración en tres días

El CSN ha informado de que el isótopo en cuestión es itrio-90, un emisor beta que se usa para tratar el cáncer, explica Inmaculada Posadas, farmacéutica y profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha. Según la experta, hay dos claves importantes para ponderar el riesgo: los días que pasaron entre la administración de los fármacos y la cirugía (un trasplante de órgano); y el tiempo de exposición de la piel de los sanitarios a la zona radiada del paciente.

Los radiofármacos son una terapia avanzada contra el cáncer. Se trata de “medicamentos radiactivos que, a diferencia de la radioterapia externa convencional, se administran por vía endovenosa u oral y actúan sobre las células cancerosas de una forma muy directa y específica”. Así los define el hospital de Bellvitgde, donde han utilizado estas terapias con más de 100 personas.

“El isótopo tiene un periodo de semidesintegración de entre 60 y 70 horas. Es decir, en unos tres días su radiactividad se reduce a la mitad. El CSN estará valorando en su investigación qué periodo de tiempo había pasado, aunque si en diez días se encuentran bien significa que probablemente no ha pasado a capas profundas de la piel ni al organismo”, interpreta Posadas, que puntualiza que estos fármacos no son peligrosos para el entorno si se mantienen dentro del cuerpo, es decir, si no se dan intervenciones.

¿Qué protección debían haber llevado los facultativos de haber tenido la información adecuada sobre el paciente? Posadas asegura que los mecanismos de protección son, sobre todo, tomar distancia de la fuente de radiación –como hacen los técnicos en las radiografías–, controlar el tiempo de exposición con un aparato que sirve para medirla, y usar doble protección de guantes. El hospital, a la espera de la investigación, asegura que la dirección “tomará las medidas oportunas para que no se repita un suceso similar”.

El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Juan Carlos Lentijo, ha instado este martes a buscar “desde ya” la ubicación del futuro almacenamiento geológico profundo (AGP) de residuos radiactivos que debería estar en funcionamiento en 2073, según las previsiones del Gobierno.

“Parece un largo plazo”, pero “no lo es tanto” y “hay que empezar muy pronto” a poner en marcha las actividades que conduzcan a tener operativo el AGP, resolviendo no solo problemas tecnológicos, sino “buscar un emplazamiento, que tiene cuestiones técnicas y también sociales”, y lograr “la aceptación social”, que es “una de las cosas más importantes para construir un AGP”.

En un encuentro con periodistas en la sede del organismo en Madrid, Lentijo ha señalado que ese consenso “se debe buscar desde ya”, con “estructuras de participación” y “un debate en el Legislativo, en los parlamentos que correspondan”, que “refuercen la decisión para que sea lo más consensuada posible”, tras haber quedado desechado el almacén temporal centralizado (ATC). 

Para este ejercicio, entre los retos inmediatos del CSN está finalizar la evaluación de la solicitud de renovación de la central de Trillo (Guadalajara), única nuclear en operación que no tiene autorización para sobrepasar los 40 años de vida en funcionamiento. Su licencia actual expira el 17 de noviembre y, según el calendario del gobierno, debería echar al cierre en 2035, último año del calendario de apagón escalonado que arrancará en 2027. La autorización para el siguiente decenio incluirá lo que se llama revisión periódica de seguridad, “como una ITV de la central”. 

La primera en echar en cierre, según el calendario del Gobierno, es uno de los grupos de Almaraz (Cáceres), que deberá presentar la documentación para el cese de explotación “formalmente” un año antes, “aunque estemos ya hablando con ellos”.

De querer prorrogar su actividad más allá de 2027, Almaraz tendría que presentar la solicitud este mismo año ya que el denominado documento base debe presentarse “tres años antes de su fecha de caducidad”. “Pero no estamos en ese escenario”, ha dicho Lentijo, que también ha dejado caer que esa solicitud podía presentarse más tarde. Sí ha dejado “claro” que no tramitará un expediente “en un plazo que no le dé tiempo a evaluar todas las condiciones necesarias”. Es “un futurible muy difícil de evaluar”.

Otra tarea para este año es licenciar los nuevos contenedores, más de medio centenar, que va a construir para la sociedad pública Enresa un consorcio de empresas nacionales e internacionales y que servirán para guardar el combustible gastado en los almacenes temporales individuales (ATIs) que ha habido que habilitar en ausencia del ATC. 

Todas las nucleares salvo Vandellós II tienen ya esos ATIs, pero como no bastan para acoger todo el combustible que van a generar las plantas, hay proyectos para ampliarlos en Ascó, Almaraz y Cofrentes y otro para construir uno en Vandellós II. Este año se culminará también el visto bueno a la ampliación del almacén de residuos de media y baja actividad de El Cabril (Córdoba), que está “en plena evaluación”. Lentijo ha dado por zanjado el asunto de la planta de uranio de la australiano Berkeley

Uno de los retos de futuro es garantizar la renovación generacional en la plantilla del CSN, con “muchas salidas” por jubilación. Se acaban de convocar doce nuevas plazas, tras no cubrirse todas las que salieron en 2023. Lentijo ha vendido las bondades de un organismo que “ofrece un empleo de calidad con buenas condiciones, razonables, que nadie piense que viene aquí a enriquecerse, pero sí a desarrollar una profesión digna e interesante”. Las convocatorias continuarán en los próximos años, lo que espera que anime a los aspirantes: “Mucha gente se retrae para preparar oposiciones pensando que no van a salir plazas. Van a tener oportunidades para rentabilizarlo”.

Los siete cierres nucleares previstos y el licenciamiento de esos contenedores, entre esas tareas, van a ser “un reto” que obligará posiblemente a reorganizar recursos para cumplir los plazos establecidos, aunque Lentijo ha recordado que el CSN puede reforzarse con apoyos externos y ha subrayado que “todas esas centrales prácticamente se construyeron simultáneamente”. “España de momento goza de una infraestructura tecnológica de apoyo al sector nuclear bastante importante”.

Fin de mandato

Lentijo no ha aclarado si quiere repetir cuando su mandato, renovable por seis años más, acabe junto al de otros tres consejeros en 2025. “Yo estoy centrado en hacer mi trabajo ahora, hacerlo bien, lo mejor que puedo. Como no depende de mí es mejor no formularse este tipo de deseos”. Mientras siga, como funcionario de este organismo, “voy a cumplir con toda mi dedicación, como si fuera el último día”.

En materia de relaciones internacionales, dentro de un año llegará al CSN una nueva revisión periódica del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que evaluará también el seguimiento de las recomendaciones realizadas en la anterior visita de 2018. Este año está prevista la visita del presidente del regulador nuclear estadounidense. Y en mayo el CSN acogerá una reunión del grupo ERCA de autoridades europeas de protección radiológica.

Entre los retos pendientes, ha citado “seguir perseverando” para alcanzar la paridad y el “equilibrio de oportunidades” en la casa, en el conocimiento del organismo entre las comunidades autónomas y en la transparencia, porque “un regulador maduro tiene que ser transparente”.

Preguntado por la sucesión de votos discrepantes en el pleno de las últimas semanas, ha asegurado que “esta información se ha vertido de una forma no muy consistente” al “denominar choque a lo que es un debate” que ha considerado “enriquecedor”. Uno de los asuntos en el que hubo pelea fue relativo a varios puntos del informe sobre el reglamento de instalaciones radiactivas, una norma “fundamental” para el sector. Lentijo ha destacado que “lo más importante” es que “salvo por un puntito” en el que se quedó en minoría, el informe “se aprobó por unanimidad. Todo lo demás para mí es subsidiario”.

Las acusaciones de tomar decisiones más laxas para los regulados “me parecen gratuitas, no fundamentadas y desde luego irreales. Tenemos la suerte de que tenemos un cuerpo técnico super maduro, independiente, que hace su trabajo y sus propuestas honrada y honestamente”. “Quizás tenemos que aprender la lección y tener cuidado en cómo transmitimos”. 

Un presidente en minoría en una votación que exige “medidas correctoras” tras trascender la bronca en un pleno en el que denuncian que el supervisor nuclear está “supeditado a los intereses de los supervisados”. Es el resumen del ambiente en las últimas sesiones de la cúpula de la entidad pública que vela por la seguridad de las instalaciones radiactivas en España.

Como avanzó elDiario.es el 7 de enero, la última sesión del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en 2023 reflejó la división que vive en los últimos meses este órgano. Fue el colofón a un ejercicio sin incidencias reseñables desde el punto de vista de la seguridad nuclear, pero en el que hubo varios choques en el consejo por decisiones que, según la opinión de dos de sus cinco vocales, suponen permitir condiciones más laxas al sector. 

Las actas de esa reunión del 20 de diciembre, publicadas ahora, documentan la bronca, aunque en el seno del organismo hay quien lo califica de sana discrepancia y sinónimo de debate. Como contó este medio, en esa sesión los consejeros Francisco Castejón y Elvira Romera rechazaron varios puntos de un informe del CSN sobre el nuevo Reglamento de Instalaciones Nucleares Radiactivas que el Ministerio para la Transición Ecológica sacó a consulta en octubre de 2022.

Entre los puntos polémicos está una modificación del sistema de concesión de licencias en instalaciones nucleares en desmantelamiento para que solo cuenten con personal con una licencia específica (de operación y de supervisión) si es “a propuesta del titular”. Lo aprobó la mayoría del pleno con los votos del presidente, Juan Carlos Lentijo, la exdiputada del PSOE Pilar Lucio y el propuesto por el PP, Javier Dies.

No hubo consenso. La consejera Romera dejó constancia en acta de que, con esa nueva redacción, en las centrales nucleares con autorización de desmantelamiento “el CSN no puede determinar libremente” la necesidad de contar con personal con licencia ni qué habilitaciones son necesarias: “Solo cabe hacerlo a propuesta del titular”, el CSN “no puede actuar de oficio” y esto “supone cercenar las competencias del Consejo sin razón objetiva alguna que ampare tal revisión”.

El CSN “es el único organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica y su deber no puede quedar supeditado a los intereses de los supervisados”, manifestó Romera.

En la misma línea se pronunció Castejón, físico nuclear, histórico militante antinuclear de Ecologistas en Acción y designado a propuesta de Podemos en 2019, que consideró “más apropiada la redacción original” del ministerio ya que “obviamente, el CSN tiene capacidad para requerir al titular que tenga personal con licencia, sin que el titular se lo proponga. Y podría exigirlo de oficio”.

El presidente del CSN quiso dejar constancia de que “la redacción propuesta no supone ningún menoscabo de las competencias del CSN ni queda supeditado a los intereses del titular”. Según Lentijo, la necesidad de disponer de licencias de operación (supervisor y operador) en instalaciones nucleares distintas a una central nuclear en funcionamiento “es una característica de la normativa española” que no es “generalizable en otra normativa de referencia”.

“Las direcciones técnicas del CSN consideran que quien mejor conoce la operación de la instalación y sus necesidades es el titular”, ya que “es quien la opera y es el responsable de su seguridad y, por tanto, quien debe definir qué actividades de la instalación requieren disponer de licencias”.

La responsable de desmantelar las centrales es la empresa pública Enresa, en la que como publicó este medio trabaja un hijo del presidente del CSN. Este es un asunto clave de cara al apagón progresivo de las nucleares planificado a partir de 2027.

Reciclaje de residuos

El acta refleja que Lentijo se quedó en minoría al intentar cerrar la puerta a la recuperación del combustible nuclear gastado. El presidente del CSN intentó incluir un inciso en el reglamento especificando que estos materiales se gestionarán en el almacenamiento definitivo, el futuro almacenamiento geológico profundo (AGP) previsto para la segunda mitad de este siglo, “sin intención de recuperarlos”.

Pero, según el acta, se aprobó eliminar esa coletilla “con el voto favorable de tres miembros del pleno y el voto en contra del Presidente y la consejera Sra. Lucio Carrasco”, que interpretaron que va en contra de la directiva nuclear europea. Sin embargo, la mayoría del pleno determinó que “no se debe cerrar la posibilidad de contemplar la recuperabilidad”, en alguna o todas las fases, de una instalación de almacenamiento definitivo, según el informe publicado el miércoles por el organismo. “Esta decisión se podrá tomar según los desarrollos científico-tecnológicos que se puedan ir produciendo”.

El voto de Dies (que suele alinearse con la industria nuclear) hay que leerlo de cara a una posible reutilización para seguir fabricando combustible nuclear. Otros posibles usos de ese material, que puede tener un altísimo valor estratégico, son la I+D o la medicina.

En una decisión muy inusual, Lentijo solicitó incorporar como anexo al acta varias “consideraciones”. Además de defender ese sistema de licencias, rechazó entre otras cuestiones que el reglamento abra la posibilidad (como advirtió Castejón) de que haya más de un almacén definitivo para los residuos nucleares. Esta interpretación, según el presidente del CSN, “es tan solo semántica”. También se refirió a la transferencia de titularidad de las autorizaciones de contenedores a Enresa.

Castejón y Romera han criticado en los últimos meses decisiones favorables a otra empresa pública, el fabricante de contenedores ENSA. Castejón también reclamó en diciembre que se abra un expediente sancionador a la central nuclear de Ascó (Tarragona) por un problema técnico que el CSN no detectó durante 23 años.

El acta del 20 de diciembre también recoge una observación del presidente y los consejeros Castejón y Lucio sobre la visita de una delegación encabezada por Javier Dies a la reunión plenaria de la Asociación Europea de Reguladores Nucleares (WENRA, por sus siglas en inglés) celebrada en noviembre en París. Pidieron “que conste en acta que, antes de aprobar términos de referencia, estrategias u otro tipo de documentos que muestren la posición del CSN, se requerirá la previa apreciación favorable del Pleno del organismo”.

El reproche apunta a que Dies expuso en esa reunión en París posiciones no consensuadas previamente con el máximo órgano del regulador nuclear. El CSN no precisa que planteó en ese cónclave en París en el que, entre otros asuntos, se celebró una sesión monográfica sobre reactores modulares de baja potencia, los conocidos como SMR, la ya vieja joven promesa que el sector nuclear lleva ya dos décadas intentando presentando como el futuro de esta tecnología. En España, la promueve la Plataforma Tecnología de Energía Nuclear de Fusión (Ceiden), que preside Dies en representación del CSN y que agrupa a empresas del sector, regulador, universidades, centros de investigación y varios ministerios.

La primera sesión del pleno en 2024, celebrada tres días después de que elDiario.es revelara esa bronca previa a las navidades, tuvo un orden del día mucho más pacífico. Pero en ella, Pilar Lucio “quiso denunciar la gravedad de la filtración a un medio de comunicación con contenido de un acta no aprobada en ese momento por el Pleno del Consejo y, por lo tanto, no publicadas, lo que constituye una vulneración del deber de sigilo”.

“La consejera exigió que se tomasen medidas correctoras para que no se vuelva a revelar información con la intención de dañar a la institución. El presidente mostró su conformidad con las opiniones expresadas por la consejera”, recoge el acta.

División en el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por varias decisiones que suponen condiciones más laxas al sector y que algunas fuentes critican como indicios de “captura” del organismo.

Las últimas sesiones del pleno han estado marcadas por varios votos y comentarios discrepantes, en especial, del consejero Francisco Castejón, físico nuclear, histórico militante antinuclear de Ecologistas en Acción y designado a propuesta de Podemos en 2019. 

Castejón ha lamentado que el CSN haya suavizado varias exigencias a las empresas en su informe sobre el nuevo reglamento que regula al sector y ha cargado junto a otra consejera, Elvira Romera, contra un cambio organizativo en la fábrica de combustible de uranio de la empresa estatal Enusa en Juzbado (Salamanca).

También ha reclamado un expediente sancionador a la central nuclear de Ascó (Tarragona), de Endesa, por un problema técnico que, si bien no ha tenido consecuencias para la seguridad nuclear, el CSN tardó 23 años en detectar y “supone una deficiencia de la Cultura de Seguridad” de la planta.

La última discrepancia surgió el 20 de diciembre. El último pleno de 2023 aprobó su informe preceptivo sobre el nuevo Reglamento de Instalaciones Nucleares Radiactivas (RINR) que el Ministerio para la Transición Ecológica (MITERD) sacó a consulta en octubre de 2022.

Castejón presentó un voto discrepante con varios puntos del informe. Entre ellos, la obligación de que las instalaciones nucleares o en desmantelamiento cuenten con personal con una licencia específica, cuestión que el pleno aprobó determinar en función de la situación de cada planta y los riesgos, “y a propuesta del titular”.

Castejón y Romera se opusieron, como explica el voto particular del primero: “Es más apropiada la redacción original propuesta por el MITERD sin los añadidos propuestos en el informe del CSN. Obviamente, el CSN tiene capacidad para requerir al titular que tenga personal con licencia, sin que el titular se lo proponga. Y podría exigirlo de oficio. Este punto de vista es compartido por la consejera Romera y por mí mismo”, se lee en el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es

No es el primer choque por el asunto de las licencias que protagonizan estos dos vocales. En noviembre ambos se opusieron a un nuevo modelo de licencias del personal de la fábrica de combustible de Enusa en Juzbado que se aprobó por tres votos contra dos y “aclara”, según el acta del pleno, el concepto de “dedicación exclusiva” a los puestos de supervisor y operador de sala de control en esa planta.

El modelo, propuesto por la propia Enusa, sustituye a otro que aprobó por unanimidad el pleno en junio de 2021, meses después de que entre octubre y noviembre de 2020 una acumulación sustancial de polvo de uranio en una zona de difícil acceso diera lugar a un incendio al intentar resolver el problema.

El incidente fue calificado en diciembre de 2020 como “anomalía” de nivel 1 en la escala INES (el más bajo en la escala de peligrosidad es el 0), sin riesgo para los trabajadores, el público o el medio ambiente. Pero reveló “ciertas deficiencias en factores relacionados con los procedimientos de la fábrica y algunas debilidades en la actuación del titular en cuanto a las acciones necesarias para la recuperación del material nuclear”, dijo entonces el CSN.

En 2021 se aprobó, como consecuencia de ese incidente, un nuevo modelo de licencias para determinados puestos clave de la planta. Pero en julio pasado Enusa propuso esta modificación aprobada por la mínima, que desaconsejó un informe técnico del CSN.

El área especialista de Formación, Organización y Factores Humanos (OFHF) advirtió de que el nuevo modelo, que elimina la exclusividad de las licencias de operación en el desempeño de sus funciones, implica “falta de claridad y trazabilidad en el proceso de toma de decisiones”, implica “un inadecuado control de la preparación y ejecución de los trabajos” y supone “un cambio de rumbo sustancial” que “podría ser debido, aunque esto no ha sido reconocido por el titular, a dificultades conocidas y previstas, pero no resueltas a tiempo” por Enusa, para “encajar” el modelo que se aprobó en 2021 “en su organización actual de 2023”.

Sin embargo, tras la elaboración de ese informe, el superior jerárquico del área especialista, el recientemente nombrado subdirector de tecnología nuclear STN, discrepa con ese dictamen, según Castejón, “sin el apoyo de otra evaluación” y basándose en argumentos como el de que “la responsabilidad de la seguridad recae sobre el Titular y, en ausencia de referencias para el establecimiento del modelo de licencias, es su responsabilidad determinarlo, de acuerdo con su experiencia y conocimiento de los riesgos de la instalación”.

Castejón consideró “inadecuado que el personal con licencia comparta varios puestos de trabajo, favoreciendo una situación en la que los roles y las responsabilidades se entremezclen, pudiendo dar lugar a duplicación de trabajos o no tratamiento (o tratamiento inadecuado) de temas fronterizos entre disciplinas”. “Habilita la desaparición de la vigente unidad organizativa de Seguridad Nuclear, cuyas funciones y responsabilidades se diluirían” con las de operación, lamentó.

La consejera Romera señaló por su parte que ese informe técnico indicaba que la modificación propuesta “no es adecuada”. “El modelo de licencias de personal de operación para la fábrica de Juzbado, que ya se aprobó en el pleno del 9 de junio de 2021 por unanimidad, es el que debe continuar en vigor”, expuso. 

Expediente a Ascó

También hubo discrepancias en el pleno del 4 de diciembre. Mientras el consejero Javier Dies (único propuesto por el PP) lamentó que el director del Gabinete del presidente del CSN se dedique “a censurar las notas web o notas de prensa de los consejeros” y a “eclipsar” su labor, Castejón planteó un voto particular a un cambio de las especificaciones técnicas de funcionamiento (ETF) de la central de Ascó.

Este vocal votó a favor del cambio, relativo al nivel de presión de un componente, la turbobomba de agua de alimentación auxiliar (TBAAA) de los reactores de Ascó, que registra desde 1999 niveles inferiores a los de las ETF. Lo avaló “debido a que la evaluación muestra que no se ha menoscabado la seguridad de las dos unidades de Ascó y de esta forma se subsana un error pasado que ha generado un incumplimiento de 23 años”.

Pero pidió abrir un expediente sancionador a la central, controlada por Endesa, por “autorizar de modo irregular y contrario a lo establecido en su permiso de explotación” un cambio de las ETF “sin solicitarlo por las vías reglamentarias”.

“Las ETFs son uno de los documentos oficiales de explotación más importantes de una central nuclear, ya que rigen la operación de sus equipos y sistemas de seguridad, uno de los cuales es la turbobomba de agua de alimentación auxiliar. Las ETFs son aprobadas por el MITERD previo informe favorable del CSN, y este procedimiento es el único posible para su modificación”, expuso Castejón.

Este vocal reclamó la “recalificación del incidente en la Escala INES que valore adecuadamente las deficiencias manifestadas por la organización de la central ”, así como “un análisis interno al CSN para averiguar las causas raíces que subyacen a que durante 23 años no haya sido detectado mediante los mecanismos de supervisión establecidos este incumplimiento de la central nuclear, y a que tras su detección en 2022 no se haya considerado la apertura de un expediente sancionador a la central nuclear, ni su clasificación en la Escala INES”.

Castejón dejó claro en su voto discrepante que “en este caso el suceso no ha tenido impacto en la seguridad”, pero “muestra la caída de varias barreras de seguridad ante accidentes que no tendrían que haber ocurrido, y que en caso de que tuvieran lugar ante otro tipo de sucesos iniciadores, podrían haber conducido a peores consecuencias”.

Expone que Ascó detectó que la presión máxima de esos componentes era menor a la especificada tras sendos aumentos de potencia, en 1999 y 2004. Ese año, “la central nuclear aprobó en su máximo órgano de dirección y de modo unilateral”, sin solicitarlo al ministerio “ni informar al CSN, que se desviaría del cumplimiento del RV [requisito de vigilancia], y por tanto de la ETF, voluntariamente ante la imposibilidad de cumplirlo”.

La central tarraconense emitió entonces una “disconformidad” en el Programa de Acciones Correctivas (PAC), solicitando que se valorara un cambio de las ETFs para corregir esta desviación.

“Cinco días después esta acción del PAC fue cerrada sin ninguna acción, afirmando que como estaba en marcha el proceso de modificación del conjunto de las ETFs hacia las ETFs mejoradas, ya se incluiría en las nuevas ETFs la modificación pertinente”, dice Castejón en su escrito. “Estas ETFs mejoradas no han sido presentadas para aprobación al MITERD a fecha de hoy, y se ha comprobado que aún no se ha llevado a cabo la corrección del valor de la presión, en la redacción en borrador de dichas ETFs”.

Hasta febrero de 2022 el CSN no detectó, durante una inspección rutinaria, que la presión de vapor máxima en los reactores era inferior a lo requerido en las ETF “y solicitó un histórico de las presiones” para “ver desde cuando se tenía este problema”. En marzo de 2023, la central decidió notificar un “incumplimiento en forma” de las ETF que a juicio de Castejón “sigue presentando una redacción en la que no se reconocen los hechos en su justa medida”. El 30 de junio de 2023, la central presentó ante el ministerio la propuesta de modificación de la ETF para cumplir con sus requisitos.

Según Castejón, no comunicar ese incumplimiento de las ETF “supone una deficiencia de la Cultura de Seguridad de la organización de la instalación, con actuaciones que se consideraban superadas tras las deficiencias detectadas en 2007/2008 y sobre las que se impuso a Ascó un ambicioso plan de mejora”. En noviembre 2007, el grupo 1 de esta planta sufrió una fuga radiactiva que motivó una sanción de 15,3 millones de euros del gobierno de entonces, que acusó a Endesa de “ocultar” información sobre el incidente.

En su voto particular, Castejón expone que “el CSN tardó más de 23 años en descubrir el incumplimiento con sus métodos de inspección y supervisión. Tras su detección por parte de la inspección residente, en febrero de 2022, no se ha propuesto la apertura de ningún expediente sancionador, no se ha clasificado el suceso en la escala INES, ante las deficiencias en Cultura de Seguridad del titular puestas de manifiesto, y se ha permitido que el titular notifique como un simple incumplimiento formal de un RV, y no como un incumplimiento de ETFs”.

En el último pleno de 2023, Castejón también rechazó otros cambios propuestos en el informe del CSN al nuevo reglamento nuclear, como hacer “opcional” la transferencia de las autorizaciones de contenedores de almacenamiento temporal de combustible nuclear gastado en favor de Enresa, empresa pública en la que, como reveló elDiario.es, trabaja desde hace años un hijo del presidente del CSN, Juan Carlos Lentijo.

Considera “más correcta” la propuesta original del ministerio, “ya que establece una regulación inequívoca de la titularidad de las autorizaciones de contenedores”.

También rechazó el “excesivo” plazo de 18 meses (frente a los 6 del borrador original del ministerio) para presentar un plan de control de los materiales que pueden ser gestionados sin control del regulador nuclear. Y dijo no entender que el futuro reglamento señale que el ministerio tendrá un “registro de instalaciones de almacenamiento definitivo de combustible nuclear gastado” cuando el plan general de residuos radiactivos (PGRR) que aprobó el Gobierno hace unos días apuesta por enterrarlos definitivamente en un almacenamiento geológico profundo previsto para la segunda mitad de este siglo. 

Según Castejón, la “mera existencia” de ese registro abre “la posibilidad a que haya más de un almacenamiento definitivo de combustible gastado, lo cual no es lo previsto en el 7º PGRR”. También lamentó que ni el borrador ni el informe del CSN mencionen la responsabilidad civil a largo plazo en las zonas de instalaciones ya clausuradas que hayan sido declaradas libres del control regulador y tengan restricciones de uso.

Castejón planteó el año pasado más reparos a otras decisiones del CSN. En junio se opuso a que Enusa pueda mover unos contenedores con combustible nuclear quemado en su interior por las “incertidumbres” sobre su “comportamiento futuro”: “Me parece improcedente no poner una limitación temporal a su transporte una vez superada la vida de diseño de 50 años”. Y en marzo rechazó el “cumplimiento alternativo” de las condiciones que deben cumplir las membranas de más de 300 válvulas en la central de Almaraz. El CSN tenía que haber adoptado “medidas coercitivas” por un incumplimiento que, asegura, “ha pasado desapercibido desde 1993”.