Los presidentes de Enresa y el CSN piden una ley para blindar el futuro almacén subterráneo de residuos nucleares

Descartado un único almacén temporal centralizado (ATC) de residuos radiactivos de alta actividad, el Gobierno ha propuesto repartir la basura atómica en siete emplazamientos como solución temporal hasta enterrarlos dentro de unos 50 años en un almacenamiento geológico profundo (AGP). Este lunes, los presidentes de la empresa pública que gestiona los residuos, Enresa, y del Consejo de Regulador Nuclear (CSN) reclamaron una ley que blinde en el futuro esa infraestructura para garantizar el máximo consenso y resguardarla de los vaivenes políticos.

La idea la lanzó el presidente de Enresa, José Luis Navarro, en un seminario sobre el AGP que se celebra en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. “Yo soy atrevido y me tiro a los charcos, me gusta”, dijo antes de proponer esa ley, que se justificaría porque los retos “sociopolíticos” son el mayor desafío que afronta esa infraestructura, por encima de los técnicos y los regulatorios.

Y para que el proyecto tenga “estabilidad en el tiempo” y sea realidad, sería necesario que “una mayoría importante en el Parlamento español” lo convierta en una “cuestión de Estado”, atemporal y ajena a quién ocupe el Gobierno de turno en la administración central y local.

Navarro abundó posteriormente ante la prensa en esa idea al apuntar que el procedimiento para buscar un emplazamiento, seleccionarlo y decidir el municipio que albergue el AGP “no puede ser decisión de un gobierno”. “Habría que implicar al Parlamento al máximo nivel” aprobando un marco normativo con amplio respaldo en el que “estén perfectamente previstos los pasos a dar y la participación pública en la toma de decisiones”.

Por su parte, el presidente del CSN, Juan Carlos Lentijo, indicó que “parece razonable que sea el máximo instrumento legal” el que guíe el proceso que acabe alumbrando una instalación que es “para siempre”, ya que es la solución que en estos momentos permite “asegurar con niveles de incertidumbre muy bajos” que podrá albergar esos residuos “miles de años”. Eso requiere de un “consenso del máximo nivel” que debería plasmarse en una norma con rango de ley, tal y como recomienda el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Aunque, reconoció Lentijo, también “puede” recogerse en normas de rango inferior.

A 500 metros

Un AGP consiste en aislar los residuos radiactivos de alta actividad mediante una serie de barreras en instalaciones a una profundidad de unos 500 metros. Allí los residuos se introducen primero en contenedores de metal extremadamente duraderos y resistentes y, posteriormente, se colocan en galerías en formaciones geológicas estables, taponadas con materiales absorbentes y rodeadas de terreno de baja permeabilidad y con gran capacidad de retención.

“El confinamiento y aislamiento del medio ambiente del residuo los proporcionan tanto el contenedor donde se introduce el residuo como las diversas barreras tecnológicas adicionales y naturales que suponen la roca receptora. En términos de seguridad física, el AGP constituye la solución considerada más favorable y segura por la comunidad técnica internacional ya que presenta una vulnerabilidad mínima al robo o sabotaje”, recuerda el CSN.

El regulador nuclear ha constituido un grupo de trabajo conjunto con Enresa y el Ministerio para la Transición Ecológica para analizar las implicaciones de un futuro AGP, y va a emitir un reglamento sobre requisitos para la caracterización y evaluación del emplazamiento de instalaciones nucleares de esta.

España ya tiene caracterizadas zonas que en principio podrían albergar una instalación de estas características, en tres tipos de formaciones geológicas: granitos, arcillas o (las menos frecuentes) sales, tras los análisis realizados en la década de los 80, cuando varios países lanzaron los procesos para ubicar sus AGP.

En el caso de España ese proceso se paró en 1996, “cuando había que dar el paso de buscar el listado de emplazamientos teniendo en cuenta más variables, aparte del principal criterio de decisión que es la estabilidad geológica”, por “una especie de vértigo” y “falta de participación pública”, según el presidente de Enresa. Entonces, la empresa estatal había llevado a cabo sondeos geológicos en un mapa que cubría alrededor de un 10% del país para estudiar las mejores zonas.

En aquellos años, no tardaron en aflorar las protestas vecinales en municipios como Nombela (Toledo), que tiene la particularidad de ser el punto geográfico más alejado del mar en España, en la confluencia de las provincias de Madrid, Ávila y Toledo, y donde se barajó una antigua mina de uranio como posible ubicación.

Ahora, y tras la fallida experiencia del intento de ubicar un ATC en Villar de Cañas (Cuenca), se trataría de evitar que pase con el AGP lo que el experto José Antonio Gago definió en estas jornadas como una “situación DADA: Decide, Anuncia, Defiende y Abandona”.

Actualmente hay en marchas programas de AGP muy avanzados en varios países. Destaca Finlandia, que prevé ponerlo en marcha en 2025. En Suecia y Francia están en fase de solicitud de autorización de construcción, con previsiones de ponerlo en marcha hacia 2035. Otros como Alemania, Canadá, Reino Unido o Suiza están en distintos estadios del proceso de selección de emplazamientos.

“Cuanto antes”

La propuesta de nuevo plan de residuos prevé que el AGP español entre en funcionamiento en 2073, pero este lunes la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, apostó por que sea “cuanto antes” si hay consenso político, social e institucional.

El presidente de Enresa indicó que, teniendo en cuenta la experiencia internacional, España está en un punto en el que a la instalación podrían empezar a llegar residuos en una “horquilla” de 40-50 años. Y es “razonable suponer” que se puede “acortar” ese plazo de 50 años que contempla el nuevo plan. Entre las ventajas que permitiría estaría la de “liberar los emplazamientos lo antes posible de las centrales nucleares” y ser más “eficientes” desde el punto de vista económico, por el alto coste de tener la basura radiactiva dispersa en varios emplazamientos durante décadas.

En opinión del presidente del CSN, “hay elementos para pensar que más allá de la prudencia, en un futuro próximo vamos a ser capaces de avanzar un poquito más rápido de lo que se apunta en el plan”. Pero el consenso sociopolítico necesario “seguramente va a llevar un tiempo”.