Este martes por la tarde, un mar de kufiyas ha surcado las lomas de Montjuïc. Acompañadas de banderas palestinas, estelades y senyeres, se dirigían al estadio Olímpic Lluís Companys, donde se ha disputado el partido que ha enfrentado a la selección catalana con la palestina. Más de 30.000 personas han asistido al encuentro, que ha acabado con un 2-1 a favor de los locales.

Pero ni los jugadores ni la afición han estado pendientes del marcador. Los acercamientos a puerta, robos de balón y, sobre todo, el gol de los palestinos se han celebrado casi con más intensidad que los tantos marcados por los catalanes. “No tenemos ni idea de fútbol; hemos venido a aplaudirlo todo. Lo importante no es lo que pase en el campo, sino el mensaje que enviemos”, avanzaba Laura, poco antes de empezar el partido.

Ambas selecciones han saltado al campo, hacia un centro coronado por una pancarta en la que se podía leer “Football for peace” y recibidos por un mosaico de las banderas de ambas selecciones. La afición no ha dejado de corear en ningún momento cánticos diversos, proclamas contra Israel y en favor de Palestina.

Precisamente ha sido “Palestina llibertat” lo que se oía en el estadio en el momento en que Catalunya ha abierto el marcador, en el minuto seis, con un tanto de Ilie Sánchez. Acto seguido, se ha podido escuchar cómo la afición coreaba “Som un únic poble” [somos un único pueblo] como gesto de consuelo a los rivales. Durante todo el partido se han ido sucediendo muestras de ánimo, tanto desde las gradas, que iban armando repetidamente el mosaico, como desde la megafonía, que animaba por igual a ambas selecciones: “Som-hi Catalunya” y “Yallah Palestina”.

El mensaje de los presentes ha sido claro: alto al fuego y fin al genocidio. “Estamos con Palestina. No nos van a callar hasta que esto no se pare. Saldremos a la calle y gritaremos, pero también bailaremos y celebraremos goles”, añade Juanjo, otro asistente al encuentro. Habla de la campaña ActXPalestina, en el marco de la cual se están celebrando charlas y manifestaciones, pero también actos festivos como conciertos o el partido de este martes.

El objetivo de la campaña es concienciar a la ciudadanía y ayudar a movilizar a aquellas personas que, quizás, no se sientan tan cómodas en una manifestación pero no por eso quieran dejar de brindar su apoyo a la causa palestina. En este sentido, cabe destacar que todos los beneficios de la campaña irán destinados a entidades que trabajan sobre el terreno en Gaza.

La música está siendo un elemento destacado de esta campaña, cortesía de decenas de artistas que han decidido tocar gratis en favor de la causa. Y durante este partido no ha faltado la parte festiva. Aparte de los himnos de ambas selecciones, interpretados por el coro Al-Balad, también se ha contado con las actuaciones de Ginestà, Ovidi4, Cute Mobb, Mohamad Bitari, La Maria y Ven’nus.

Además, la selección catalana ha querido obsequiar a sus rivales palestinos con una muestra de la cultura popular y tras un llamado a diversas colles y grupos folklóricos, han acabado respondiendo más de 800. Sólo 18 de ellos han tenido espacio sobre la hierba y ante las 30.000 personas que han ocupado el estadio y han llenado el césped de castells, diables y bailes tradicionales.

Seis años sin jugar en casa

El de este martes en Barcelona ha sido el segundo partido que los palestinos han jugado en Europa desde su nacimiento, en 1952. El primero fue este sábado en San Mamés contra el conjunto vasco, que reunió a 50.000 personas. “Ellos lo tenían más fácil porque era fin de semana. Pero nosotros, a pesar de ser martes, salimos a la calle igual para apoyar a Palestina”, comenta Claudia, una joven que se ha escapado antes del trabajo para venir al partido y que se ha mostrado “un poco triste” al ver el estadio “más vacío de lo que pensaba”.

Que la selección palestina escogiera Bilbao para estrenarse no es baladí, ya que su capitán, Yaser Hamed, es un palestino nacido en Leioa (Bizkaia). El partido del sábado fue para él “un sueño cumplido”, no sólo por haber podido jugar en San Mamés, sino por haber presenciado cómo el estadio vasco se fundía en vítores al escuchar el himno palestino. Igual que ha pasado en el Lluís Companys.

Estos dos partidos sirven, según el capitán, para “dar visibilidad a la causa palestina”, pero además son un entrenamiento para el encuentro que tendrán próximamente en Libia y en el que se jugarán la clasificación para la sexta Copa Árabe, un escenario que también les puede ayudar a llevar la voz de Gaza más al mundo.

Los torneos internacionales son una plataforma para la causa palestina, pero también la única oportunidad de jugar que tiene esta selección, que no compite en casa desde 2019. Las tropas israelíes asaltaron el campo cuando se disputaba la final de la Copa Yasser Arafat, causando multitud de heridos entre jugadores y aficionados. Desde entonces, la selección palestina disputa sus partidos en Kuwait, Jordania o Catar.

Este tipo de ataques a deportistas y campos ha sido una práctica frecuente de Israel que se ha cobrado la vida de 400 futbolistas y árbitros desde los hechos del 7 de Octubre de 2022, según denuncian entidades locales. En su honor se ha hecho un minuto de silencio.

Tanto es así, que de los 26 jugadores convocados para los partidos amistosos en Bilbao y Barcelona, tan solo uno juega en un equipo palestino. Es el tercer portero Mahdi Assi, que participa en la liga cisjordana. Por su parte, los jugadores también se han repartido por el mundo y han fichado por conjuntos cataríes, jordanos, estadounidenses, kuwaitís, libaneses, peruanos e, incluso, israelíes.

La Asociación Palestina de Fútbol se creó en 1952, pero no fue hasta el año 1998 cuando la selección fue admitida por la FIFA de forma oficial. Desde entonces han disputado tres ediciones de la Copa Asiática, en 2015, 2019 y 2023, año en el que lograron su mejor resultado al llegar a los octavos de final; así como cinco de la Copa Árabe.

El colectivo soñaba con jugar el Mundial de 2026, pero se quedó a las puertas de la clasificación después de que un penalti en contra propiciara el empate con Omán. En la actualidad la selección de Palestina ocupa el puesto 98 del ránking de la FIFA de selecciones, que encabeza España.

Con Collboni, pero sin Illa

El partido ha contado con bastante representación institucional, tanto del Ayuntamiento de Barcelona como de la Generalitat de Catalunya. Por parte del primero, han asistido el alcalde Jaume Collboni, acompañado de la teniente de alcalde Maria Eugènia Gay y el concejal de Deportes, David Escudé.

Por parte del Govern ha destacado la ausencia de Salvador Illa, mientras que en San Mamés sí se contó con la presencia del lehendakari Imanol Pradales y hasta de la ministra de juventud, Sira Rego.

En substitución del president han asistido cuatro de sus consellers: Berni Álvarez, de Deportes; Mònica Martínez Bravo, de Derechos Sociales; Eva Menor, de Igualdad y Feminismos; y Jaume Duch, de Acción Exterior. Por su parte, Illa se encontraba en Madrid, presidiendo la XX entrega de premios Blanquerna a la promoción de la cultura catalana entre la sociedad española. Al encuentro también han asistido representantes de diversos partidos políticos como los Comuns, la CUP, PSC o ERC.

A todos los que me han ofendido les perdono, a todos los que haya podido ofender pido perdón. Y si he de morir lo haré serenamente

Lluís Companys — a sus allegados poco antes de ser fusilado

Escribí, sí, algo parecido hace unas muy largas dos decenas de años. Era entonces el 65 aniversario. Recordar a Lluís Companys me retrotrae a recuerdos sensibles. Me vienen a la memoria las palabras del fusilado en Vitoria Esteban Urkiaga, Lauaxeta, un 25 de junio de 1937. Era poeta y jefe de Euzko Gudarostea, el Ejercito vasco, “dena eman behar zaio maite den askatasunari”. El recuerdo de otro poeta amigo suyo, Federico García Lorca, caído bajo las balas facciosas en Granada. Me acuerdo de los José Antonio de Aguirre, de Leizaola, de Landáburu, de Irujo, de Galíndez, de Rezola, de Ajuriaguerra y de otros que sufrieron, resistieron y pagaron muy cara su coherencia democrática y su lealtad con la libertad. Me vienen a la memoria el que fue consejero de Sanidad del Gobierno vasco, Alfredo Espinosa, fusilado por los facciosos un día antes de Lauaxeta y también en Vitoria.

Antes ya habían caído otros, como José Aristimuño, Aitzol, Martín Lekuona y otros sacerdotes y alcaldes vascos del PNV como el navarro Fortunato Agirre alcalde de Lizarra-Estella quien denunció una y otra vez, inútilmente, las maniobras golpistas del mismísimo general Mola en tierras estellesas en connivencia estrecha con los requetés y el clero ultra reaccionario navarro. ¿Cómo olvidarnos de personas de tal talla humana y dignidad fusilados por los fascistas por el único delito de ser demócratas y nacionalistas vascos?

Companys, presidente de la Generalitat de Catalunya, un 15 de un octubre de 1940, es decir hace hoy ya 85 años y un año después de finalizada la sangrienta Guerra Civil en España, fue fusilado al amanecer en el foso del castillo de Montjüic. No quiso que le vendaran los ojos y descalzo por voluntad propia por querer tocar con la planta de los pies directamente tierra catalana estalló en un '¡Per Catalunya!' antes de recibir la asesina descarga mortal. En el mismo sitio, 31 años antes caía también fusilado el profesor y pedagogo Ferrer i Guardia.

Companys fue detenido poco antes por la siniestra Gestapo de Hitler en la Francia ocupada con la complicidad del gobierno francés colaboracionista de Vichy y entregado en la frontera de Irún a la Policía de Franco, responsable de una guerra que asoló a España durante tres sangrientos años. Eran tiempos en los que la II Guerra Mundial también asolaba todo lo que encontraba por delante.

Tiempos de totalitarismos y de oscuridad para los derechos humanos más elementales. Franco sometió a Companys a un trato denigrante. Lo encarceló y torturó, lo condujo a una comedia de Consejo de Guerra y lo fusiló. Lo fusiló no por lo que había hecho o dejado de hacer, sino simplemente por lo que era y representaba. Fusilaron a la persona pretendiendo borrar de Catalunya a la máxima representación que él encarnaba, la legalidad republicana y la Generalitat. La opinión sobre la gestión de Companys es tan discutible como la de cualquier otro dirigente que hubiera vivido en tiempos de tan duras turbulencias. Franco venció e intentó tener la razón con la fuerza de las armas, y para siempre, por ello continuó fusilando en el castillo de Montjüic hasta 1945.

Companys reposa en una tumba en el Fossar de la Pedrera junto a otras víctimas de la represión franquista. No fue la primera vez que conoció detención, tortura, cárcel ni persecución. Lluís Companys i Jover, hijo de Josep Companys i Fontanet y de María Lluïsa de Jover, nació en Tarrós, Lleida, en 1882, en el seno de una familia de agricultores. Desde muy temprano mostró sus inquietudes favorables a la República militando desde joven en asociaciones y organizaciones republicanas y catalanistas, estudió Derecho en Barcelona. Hoy en día, en Catalunya casi todos lo hacen suyo, algunos por nacionalista, otros por progresista en la defensa de las capas populares, y hay quien lo hace suyo por republicano o por independentista. Con la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, la junta de fiscales de sala del Tribunal Supremo proclamó “nulas de pleno derecho” las dos sentencias que lo condenaron a muerte basándose en el carácter ilegítimo de las instancias que lo juzgaron, proceder equiparable a los planteamientos de la actual Alemania con respecto a las sentencias de los tribunales nazis.

Recién acabada la carrera de Derecho, destacó por su incondicional apoyo y defensa de los obreros sindicalistas, fue director de la ‘La lucha’ en 1916 y un año más tarde elegido concejal del Ayuntamiento de Barcelona por el Partido Republicano Catalá. Sensible a la problemática social que imperaba en Catalunya a partir de 1919, cuando se iniciaron las grandes movilizaciones obreras presididas por la CNT y apareció el pistolerismo incrementándose la represión gubernamental, actuó como abogado de los obreros, cuestión por la que fue deportado a Mahón. Fue uno de los cofundadores de ERC y el 14 de abril de 1931 proclamó la República desde el balcón del Ayuntamiento de Barcelona. Fue diputado en las Cortes y también en el Parlamento de Catalunya que presidió, gobernador civil de Barcelona y brevemente ministro de Marina en tiempos de Azaña. En 1934 sucedió al fallecido Francesc Maciá como presidente de la Generalitat.

Fue, por lo tanto, abogado, periodista y político. El 6 de octubre de 1934 y como respuesta a la entrada de ministros antirrepublicanos de la CEDA en el Gobierno de Lerroux, proclamó el Estado Federal Catalán en plena huelga general y durante la insurrección minera de Asturias sofocada a sangre y fuego por Franco. Companys fue detenido, juzgado y condenado a 30 años. Recuperó la presidencia de la Generalitat después de la amnistía consecuencia de las elecciones de febrero de 1936 con la victoria del Frente Popular. El 18 de julio de 1936 Companys consiguió abortar en Catalunya la sublevación militar, preservó las instituciones catalanas y logró integrar en el Gobierno de la Generalitat incluso a la propia CNT. A partir de 1937 abundaron sus enfrentamientos con el Gobierno republicano de Negrín y ya en 1939 con los fascistas entrando en Catalunya y pisándole los talones huyó a Francia cruzando la frontera a pie acompañado del primer lehendakari del Gobierno vasco, José Antonio de Aguirre.

Un año más tarde, Companys fue apresado por los nazis, mientras que el lehendakari tuvo más suerte y pudo escaparse a duras penas tras una muy rocambolesca y larga huida que terminó en Sudamérica, mientras muchos le daban por desaparecido. El nacionalismo vasco referenciado sobre todo en el PNV apoyó la República legalmente constituida, apoyó la legalidad democrática, se opuso con los medios de que disponía a los golpistas y sus gudaris voluntarios murieron en los frentes y fusilados ante los paredones. El PNV sufrió durante 40 largos años el zarpazo del fascismo, resistió en la clandestinidad, guardó el testigo de la libertad y del autogobierno y escribió así con letras de oro en el libro de la historia su carácter profundamente democrático y antifascista.

Desde los valores de la democracia, los derechos humanos y la paz, es de estricta justicia reivindicar la memoria de todas las personas que perdieron la vida en la Guerra Civil defendiendo la democracia y la libertad contra el fascismo. Es hora, siempre lo ha sido, del reconocimiento a las personas que sufrieron persecución, exilio, deportación o cárcel por su lealtad a la República y a la legalidad democrática entonces vigente, reconocimiento a su inquebrantable compromiso político a favor del autogobierno de Euskadi.

Es un recuerdo emocionado a los que aún perdiendo en el campo de batalla jamás alquilaron ni realquilaron sus conciencias. Ojalá el tiempo ponga a todos en el sitio que les corresponde: mientras unos fueron leales a la República y al Gobierno legalmente constituido, otros cometieron traición a la legalidad, a la República, a la libertad y a la democracia. La guerra fue un fracaso colectivo, sí, un fracaso de la política y de la capacidad de diálogo del ser humano, también, pero algunos fueron muchísimo más culpables y muchísimo más responsables que otros.

Ojalá que no lleguen a cortarse los hilos de la historia. No olvidarlos es un acto de humanidad, un acto de justicia. Recordar es fundamental. Olvidar es canalla. Nunca jamás. Honor, luz eterna, memoria, respeto y consideración humana e histórica a todos ellos y ellas. Sea pues.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado este miércoles la figura del expresidente catalán Lluís Companys y ha apelado al “optimismo, confianza y esperanza” para afrontar los nuevos retos de Catalunya. Así lo ha expresado en el marco de la tradicional ofrenda floral a la tumba de Companys, en el 85 aniversario de su fusilamiento a manos del régimen franquista, informa EFE.

“El recuerdo de Companys también manda un mensaje al conjunto de España, convivencia es reconocer y garantizar su diversidad, la de sus territorios y sus lenguas, he aquí su identidad compartida, su fortaleza y su garantía de futuro”, ha indicado Illa. “Claro que a veces tenemos visiones opuestas, dificultades para resolverlas. Las resolveremos, estoy convencido”, ha agregado.

Por su parte, el presidente del Parlament, Josep Rull, ha advertido de que en la cámara catalana tienen representación “diversos partidos políticos con complicidades con los que detuvieron a Companys en Francia” y lo entregaron a las autoridades del régimen franquista, mientras que en Alemania y Austria hay formaciones que se reivindican herederas “directamente” del nazismo.

En su intervención ante los medios tras realizar la ofrenda, Rull ha subrayado que el caso austríaco es “especialmente descarnado”, por lo que ha expresado su “nerviosismo”, si bien ha indicado que los “ideales” por los que luchó Companys “siguen de pie”.

Illa ha destacado que Companys afrontó los últimos momentos de su vida “con serenidad, dignidad y generosidad” y ha reivindicado estos valores para la Catalunya actual.

“Necesitamos optimismo, confianza y esperanza para afrontar los nuevos retos de Catalunya”, ha remarcado el president, que ha afirmado que el Govern trabaja “para hacer realidad la Catalunya de todos y con todos; la de la justicia social; la que sabe integrar; la diversa y plural; la Catalunya abierta y europea”.

Asimismo, ha subrayado que la figura de Companys y su legado “es patrimonio de todos los catalanes” y ha destacado que la Cataluñny actual está “reconciliada con su historia”.

“Nos corresponde seguir escribiendo el futuro de Catalunya con memoria, sin miedos ni rencores, escuchando y contando con las manos y acentos de todos. El camino es el diálogo, el trabajo y la ambición”, ha indicado. Illa, que también ha tenido un recuerdo para los afectados por la dana en las Terres de l'Ebre, a la vez que ha deseado una paz “justa y duradera” en Gaza.

Por otro lado, la número dos del PSC, Lluïsa Moret, ha explicado que el partido ha inaugurado hoy en el Fossar de la Pedrera, el mismo espacio donde se encuentra la tumba de Companys, un monolito en memoria a “todos los socialistas que fueron asesinados aquí a manos de la represión franquista”.

“Damos un paso más en la recuperación de la memoria histórica y democrática de tantas y tantas personas que fueron olvidadas e invisibilizadas deliberadamente por un régimen dictatorial”, ha señalado.

Desde los partidos independentistas, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado que la muerte del expresidente de la Generalitat Lluís Companys demuestra cómo “cíclicamente” el Estado intenta “aplastar el deseo de los ciudadanos de Catalunya”, aunque ha advertido de que “no lo han conseguido” cada vez que lo ha intentado, “con fusiles o con togas”.

Por su lado, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha exigido al Gobierno “como heredero de los responsables del asesinato de Lluís Companys” haga un “acto de desagravio político” ala figura del president de la Generalitat fusilado hace 85 años. Junqueras ha admitido que el Estado ha pedido disculpas en términos personales a Companys, pero ha agregado que nunca ha habido un acto de compensación en términos políticos por su condición de president de Catalunya. Ha avanzado que ERC ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para exigir al Gobierno que, en nombre de España, lleve a cabo este “acto de desagravio político”.

Abril de 1936. Diego Martínez Barrio, nacido en Sevilla en 1883, es presidente de las Cortes y por eso accede de manera interina a la Presidencia de la República tras la destitución de Niceto Alcalá Zamora. Será poco más de un mes, del 7 de abril al 10 de mayo, antes de pasarle el testigo a Manuel Azaña. La primera de las grandes fiestas de primavera de su ciudad natal, la Semana Santa, le cogió en plena faena, porque asumió el cargo el Martes Santo. Pero la segunda, la Feria de Abril, la exprimió a fondo desde un punto de vista político con una operación no exenta de riesgo: la invitación a Lluís Companys, presidente de la Generalitat catalana, sólo un par de meses después de ser amnistiado y salir de la cárcel, donde cumplía una condena de 30 años por proclamar (el 6 de octubre de 1934) “el Estado catalán de la República Federal española”.

El propio Martínez Barrio dejará escrito en sus memorias que el viaje tiene dos objetivos, uno de los cuales es “pulsar el estado de ánimo” de Sevilla, que “no había recibido la visita del jefe del Estado desde la caída de la monarquía” y se pretende palpar sobre el terreno el ambiente tras la victoria en febrero del Frente Popular.

El otro es “provocar una reacción afectuosa de Andalucía hacia Cataluña”, para así tender nuevos puentes tras un año y medio muy convulso. “Con este gesto, Martínez Barrio intenta paliar la campaña que hay contra Cataluña y aliviar la tensión con el Gobierno de España”, apunta Leandro Álvarez Rey, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla y experto en la figura del político sevillano.

En cierto modo, se esgrimen argumentos similares a los utilizados ahora por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para justificar la Ley de Amnistía: recuperar la normalidad y la convivencia, volver a caminar juntos, pasar página... En Cataluña, de hecho, se toman tan en serio el viaje que mandan a Sevilla una nutrida delegación en la que incluyen hasta al Orfeón Catalán. “La visita transcurre con mucha cordialidad y no hubo ninguna muestra de hostilidad a Companys”, apunta Álvarez Rey, que subraya que lo que se busca es un “gesto simbólico de reencuentro” para “reencauzar las relaciones entre España y Cataluña con Andalucía haciendo de puente”.

Acogida multitudinaria

Pero vamos al lío, ¿cómo fue esa visita? Hubo dos periódicos (el sevillano El Liberal y Heraldo de Madrid) que publicaron crónicas muy detalladas, “el resto eran de derechas y pasaron del tema, sacaron reseñas muy breves”. Lo que es evidente, porque así lo reflejan las fotografías, es que fue multitudinario el recibimiento al tren en el que, el 21 de abril de 1936, llegaron ambos presidentes a la estación de Plaza de Armas. “El gentío ocupaba totalmente los andenes y hasta los techos de los vagones que se hallaban en la estación”, relata el cronista, al tiempo que se resalta que “Sevilla apreció el acto de Cataluña al enviar a quien la representa”.

Las autoridades principales se repartieron en dos coches de caballos descubiertos y salieron de la estación “con grandes dificultades a causa de la masa de gentes”. El recorrido hasta el hotel “constituyó una apoteosis de entusiasmo y fervor republicano”, resaltan los diarios con un verbo florido, incidiendo en que tanto Martínez Barrio como Companys mostraron su satisfacción “por el cariñoso recibimiento que Sevilla les había tributado”. Hubo recepción en el Ayuntamiento con el alcalde, Horacio Hermoso, al frente, y hasta “actuó con mucho éxito la agrupación catalana La Cobla, ejecutando sardanas” ante la puerta de una Casa Consistorial engalanada con colgaduras.

Álvarez Rey apunta que con esta visita a Sevilla a la que invita a Companys, “Martínez Barrio quiso darse un baño de multitudes en su ciudad”, y de hecho el presidente en funciones sabe que juega con ventaja, tal y como deja escrito en sus memorias: “En cuanto a mí, las demostraciones de afecto tenían otro carácter. Sevilla tomaba para sí el honor de que un sevillano ocupara la más alta jerarquía del Estado. Al honrarme y agasajarme, se honraba y agasajaba la ciudad misma”. El caso es que la jugada le salió bien.

La “intensa emoción” de Companys

“Los honores afectuosos tributados a mi tierra me han emocionado intensamente, y así se lo transmitiré a los catalanes”, señalaría Companys en su parlamento, que incidió en que “Sevilla y mi tierra son dos pueblos de sentimiento y de corazón”. Desde luego, la experiencia en la capital tuvo que ser muchísimo más grata para el presidente de la Generalitat que la anterior, cuando pasó por ella camino de la cárcel de El Puerto de Santa María, en Cádiz.

Del Consistorio hispalense ya pusieron rumbo al recinto ferial, que por entonces estaba en el Prado de San Sebastián, presentándose con unas maneras que hoy provocarían una algarada, ya que “los vehículos oficiales pasaban al paseo de peatones para no interrumpir la circulación”. Se fueron a la caseta de Unión Republicana, el partido de Martínez Barrio, que llegó primero “entre vítores y ovaciones”, apareciendo a los pocos minutos Companys que, “complacidísimo” del recibimiento, “elogió mucho el incomparable espectáculo de la Feria”. Los integrantes de su comitiva no se quedaron atrás, “llamándoles extraordinariamente la atención los caballistas y las muchachas vestidas de flamencas”.

“El paseo de los presidentes por la Feria fue apoteósico”, continúa la crónica, que resalta que “desde algunas casetas tocaban los pianillos y gramófonos el Himno de Riego”. El caso es que estuvieron poco tiempo, porque al momento se fueron a almorzar a la Venta de Antequera, aunque con el aviso de que volverían luego “pues quiere el señor Martínez Barrio que el señor Companys y sus acompañantes vean bailar sevillanas”. Finiquitada la comida tiraron para la Real Maestranza, en la que ese día se anunciaban novillos de Juan Belmonte para Diego de los Reyes, Torerito de Triana, Pascual Márquez y José Ortega Gallito. El morbo lo puso ver al presidente de la Generalitat en el palco real junto a su conseller de Finanzas, Martí Esteve, ambos puro en mano.

Sardanas e himno catalán

Al día siguiente, 22 de abril, tocó paseo por el Guadalquivir en un remolcador, lo que dio ocasión de escuchar los viva al pueblo de Cataluña de “gran número de obreros del puerto”, para a continuación plantarse de nuevo en un recinto ferial en el que muchas casetas “lucían jubilosas, junto a la bandera blanca y verde de Andalucía, la bandera nacional tricolor y la de Cataluña”. Les recibieron primero en la de Izquierda Republicana, para almorzar luego en la de Unión Republicana, donde la cobla barcelonesa “interpretó una sardana a la llegada de los ilustres visitantes, siendo objeto de un verdadero homenaje de admiración y simpatía”.

No quedó ahí la cosa, porque al finalizar el almuerzo la “notable agrupación musical cobla, oficial de la Generalidad de Cataluña”, interpretó el himno nacional, que puso en pie a todos los presentes. “A petición de estos se interpretó también Els segadors, que fue escuchado también de pie y acogido con vítores y aplausos”, relata el cronista. De ahí se puso rumbo a las instalaciones de Unión Radio Sevilla, desde cuyos micrófonos ambos presidentes “dirigieron la palabra al pueblo para agradecerle la acogida tenida con ellos, magnífica en verdad, sin tópicos falsos, ni oropeles, ni floripondios”. Esos mismos micrófonos son los que sólo tres meses después utilizaría el general Gonzalo Queipo de Llano para sus violentas arengas golpistas.

La siguiente estación fue un recorrido por el Alcázar antes de volver de nuevo a la Feria para pasar por algunas casetas en las que los ilustres visitantes fueron agasajados y se bailó en su honor, poniendo entre “constantes muestras de cordialidad” rumbo a la estación para dar por finalizada la minigira. La despedida fue de nuevo “en extremo entusiástica”, con miles de personas abarrotando otra vez los andenes. El cronista no ahorraba epítetos en sus últimas líneas, saludando lo ocurrido como “una jornada triunfal para la República” y “una batalla ganada para la Democracia nacional”.

“Un éxito de gobierno”

El mismo Martínez Barrio, en sus memorias, resalta que “el viaje se convirtió en un éxito de gobierno”. “Sevilla nos recibió amable y expectante. El saludo a Companys adoptó la forma de un desagravio a Cataluña”, y eso tendía el puente para “la vuelta de la sociedad, de una representación de la sociedad española, a la República, y la esperanza de mejores días...”. El presidente interino de la República pudo comprobar con este viaje que “se percibía, pujante, el anhelo general de que a las tempestades últimas sucediera un período de reposo y orden”, y no se le escapaba el simbolismo de la presencia de Companys: “La guerra social, desencadenada en Andalucía, consternaba a los andaluces, que intuían, con esa fina perspicacia que es su don, la gravedad de los futuros daños, si se dejaba que prosiguiera el combate”.

En aquellos años, afirma Álvarez Rey, “hablar del problema nacionalista en España era hablar de Cataluña”, que vio aplastadas sus reclamaciones de más autogobierno durante el Bienio Conservador (1933-1936) y cuyo Gobierno acabó al completo en prisión tras el 6 de octubre de 1934. “La historia de la relación de España y Cataluña es un diálogo de pingüinos”, comenta el catedrático, que está convencido de que “si las cosas no se solucionan al final vuelven”.

La brillante jugada política que supuso aquel viaje de Martínez Barrio y Companys fue “una oportunidad perdida”, porque se dieron unos primeros pasos de convivencia que destrozó la Guerra Civil. “El golpe lo cambia todo”, añade Álvarez Rey, y “muchos de los que aparecen en estas fotos son asesinados al poco tiempo”. El que se libra es uno de los presentes, el general de la División Orgánica, José Fernández Villa-Abrille, que “se calló la boca y miró para otro lado”: sabía de los preparativos de los golpistas y, aunque no se sumó, como máximo responsable militar en la capital ni opuso resistencia ni obedeció la orden de enfrentarse a los sublevados. Eso no le libró de ser detenido, dado de baja en el Ejército y condenado a prisión, “pero salvó la vida y fue de los pocos altos cargos militares que no ejecutaron”.

Lluís Companys fue fusilado en 1940, tras ser entregado al régimen franquista por la Gestapo tras arrestarlo en París, la misma ciudad en la que moriría en el exilio Diego Martínez Barrio, en 1962. En sus memorias, el político sevillano no esconde su cierta inocencia cuando apunta que el viaje le lleva a la conclusión de que “no estaba perdido el régimen, ni evaporado el fervor popular por la República, ni extinguida la confianza”. “Cuando arrancó el tren y sonaron escalofriantes las notas del himno nacional, yo estaba llorando. Lloraba de dulce alegría, ignorante, como el más confiado, de que aquella despedida era el último saludo de la tierra donde había nacido, y que ya no volvería a ver…”. Ya en el año 2000, sus restos mortales fueron enterrados con honores en el cementerio hispalense de San Fernando.

A las 16:30 horas del 30 de noviembre de 1920, el buque militar 'Giralda' llegó al puerto de Maó procedente de Barcelona. Los pasajeros desembarcaron en la prisión de La Mola, escoltados por tres docenas de guardias civiles. Entre los 36 sindicalistas que dieron con sus huesos en aquellas mazmorras, excavadas en las entrañas de la roca menorquina, se encontraban Salvador Seguí Rubinat –conocido como 'El Noi del Sucre'– y quien por entonces era concejal del Ajuntament de Barcelona y poco después sería presidente de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys.

Sobre un camino de ripio golpeado por el viento de levante, en un barracón que hoy es todo ruina donde un cartel reza “Todo por la Patria”, estuvo encerrado hace 100 años uno de los dirigentes sindicales más importantes de la historia de España. “Venimos a rendir homenaje a Salvador Seguí y al resto de compañeros que estuvieron aquí injustamente encarcelados hace 100 años. Queremos mantener viva la memoria de los anarquistas menorquines que se volcaron en solidaridad”, comenta a elDiario.es Luis Camarero, dirigente de la CGT-Menorca.

Los 20 eran los años del pistolerismo en Catalunya y de la efervescencia obrera en toda España. Tras la huelga de La Canadiense, que logró la implantación de la jornada laboral de 8 horas en todo el país, los reclamos de los trabajadores se multiplicaron por todas las fábricas y con ellos, la represión. “No había acusación ni causa formal. A Salvador y sus compañeros los encarcelaron como parte de una estrategia para hacer bajar la agitación del movimiento obrero que venía cada vez con más demandas y más fuerza”, cuenta a ElDiario.es Emilio Cortavitarte, presidente de la Fundación Salvador Seguí.

No había acusación ni causa formal. A Salvador y sus compañeros los encarcelaron como parte de una estrategia para hacer bajar la agitación del movimiento obrero que venía cada vez con más demandas y más fuerza

Emilio Cortavitarte — Presidente de la Fundación Salvador Seguí

Menorca y especialmente Maó eran un reflejo de todo aquel entusiasmo y la llegada del Noi del Sucre a La Mola no pasó desapercibida para los trabajadores menorquines. “Fueron años de gran conflictividad social en la isla debido a las pésimas condiciones laborales y las diferentes crisis que afectaban severamente a las condiciones de vida de los trabajadores. Por entonces se sucedieron distintas huelgas y altercados en las calles. Uno de estos conflictos fue la huelga de la Anglo-Española de Motores en Maó, que derivó en una huelga general que se extendió a Es Castell, Alaior y Ciutadella”, destaca Javier Hurtado, graduado en documentación y parte del colectivo Memoria Libertaria.

“La Mola fue el encarcelamiento más duro”

Un recorrido por la ciudad basta para tomar dimensión del enorme peso que tuvo el sector industrial en la isla. La culminación de un proceso productivo y social de varios siglos, en que Maó fue desplazando a Ciutadella como centro portuario y administrativo, fue el caldo de cultivo para el nacimiento de aquella potente clase trabajadora organizada y aún revolucionaria. Hoy son apenas una sombra de aquel portento. Las carcasas vacías de lo que fueron fábricas míticas como La Industrial, que producía tejidos color azul mahón, o la fábrica de neumáticos Codina, languidecen solitarias, lejos de los turistas –epicentro de la economía insular– y aún más lejos de las autoridades locales. De los trabajadores revolucionarios solo quedan sus memorias y algunos apellidos en letra de molde. 

La Mola era el Alcatraz del régimen. Una prisión-fortaleza, donde sólo iban a parar disidentes políticos. Independentistas –generalmente cubanos o filipinos–, militares díscolos, republicanos y, por supuesto, socialistas, comunistas y libertarios. Luego, La Mola sirvió para encerrar a franquistas y simpatizantes del golpe de Estado, una circunstancia que se mantuvo hasta 1939, cuando Menorca se rindió ante la sublevación militar.

“El de La Mola fue su encarcelamiento más duro. Salvador Seguí fue el primero en entrar y el último en salir hace hoy 100 años. Sabemos que los trabajadores menorquines, especialmente los vinculados al anarquista mahonés Joan Mir i Mir y a la Federación Obrera de Menorca, se organizaron para acercarle comida, abrigo, lectura, para pedirle consejo. Incluso la guardia de los calabozos fue relajando las tensiones. Salvador era un hombre pacífico y de una enorme vocación pedagógica y transformadora”, señala Cortavitarte, quien además de presidir la fundación, está organizando una exposición sobre la vida y obra del Noi del Sucre y la publicación de un libro para principios del año próximo, en el marco del aniversario de su asesinato. 

Antes de regresar a Barcelona, el Noi del Sucre dio un discurso en Menorca para todos aquellos que habían socorrido su encierro, muchos de los cuales aprendieron a leer y escribir con él, que aprovechó las pocas instancias de visita para alfabetizar a quien lo necesitara. El Teatro Principal de Maó acogió aquella conferencia, no de la solemnidad de un acto político, sino con el calor del hermanamiento entre trabajadores. Menos de un año después de su regreso a Catalunya, Salvador Seguí fue asesinado a tiros por pistoleros a sueldo de la patronal.

El Ayuntamiento de Irún colocará el viernes 10 de diciembre, en el puente Avenida, una placa conmemorativa en memoria de Lluís Companys, presidente de la Generalitat de Catalunya desde 1934 hasta 1940, quien fue entregado en este punto a la Policía franquista. Al acto está previsto que asista el alcalde de Irún, José Antonio Santano y la consejera de Justicia la Generalitat de Catalunya, Lourdes Ciuró, según ha informado el Consistorio guipuzcoano y recoge Europa Press.

Esta colocación de la placa conmemorativa da continuidad a la presentación pública en Tarròs (Lleida), en agosto de este año, del tramo de la barandilla del puente Avenida que el Ayuntamiento de Irún donó a la Generalitat de Catalunya y a la que asistió el delegado municipal de Memoria Histórica, Santi Jiménez.

Tanto la donación como la colocación de la placa es fruto de una moción que la Corporación Municipal aprobó en diciembre de 2020, presentada por la Asociación Kepa Ordoki-Memoria Historikoa Bidasoa. Esta placa conmemorativa, además de servir de recuerdo permanente a la memoria de Lluís Companys en el puente Avenida, incluirá un código QR a través del cual se podrá acceder con dispositivos móviles a la página web que tiene la Oficina Municipal de Memoria Histórica.

El Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana de Irún ha donado un tramo de la barandilla del puente Avenida del municipio a la Generalitat de Catalunya en memoria de Lluis Companys, que en 1940 fue entregado al franquismo en esta infraestructura, según informa Europa Press.

El delegado de Memoria Histórica de Irún, Santi Jiménez, ha participado este pasado domingo en El Tarròs (Lleida) en la presentación pública del tramo de la barandilla del puente Avenida que el Ayuntamiento de Irún ha donado a la Generalitat. Tras la reurbanización reciente del Avenida, tramos del puente se retiraron sorteándolos entre la ciudadanía y uno de los elementos se envió a Cataluña recordando la entrega de Lluis Companys de los nazis al franquismo en este punto de la muga en 1940.

La donación es fruto de una moción que la Corporación Municipal aprobó en diciembre de 2020 presentada por la Asociación Kepa Ordoki-Memoria Historikoa Bidasoa. En esa línea, próximamente se colocará también una placa conmemorativa en el puente. A partir de ahora, este tramo de la barandilla forma parte de la exposición que se puede visitar en el 'Espai Lluis Companys'.

“Se ve a simple vista que los medios de propaganda republicana fueron superiores a los nuestros y su asistencia intelectual, mucho más extensa, valiosa y organizada”. Quien dejó escrita la frase fue Dionisio Ridruejo, escritor y jefe de la propaganda fascista durante la Guerra Civil, tras entrar a Barcelona y ocupar la sede del Comisariado de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. Ridruejo quedó fascinado al encontrar un almacén lleno de publicaciones y carteles diseñados por un organismo al que el Govern catalán dedicó una notable cantidad de recursos y que en su día destacó por su modernidad tanto estética como estratégica. 

El despacho que ocupó Ridruejo al llegar a Barcelona fue el de Jaume Miravitlles (Figueres, 1906 - Barcelona, 1988), político, periodista, publicista y abanderado de su tiempo en el diseño de estrategias comunicativas a través del Comisionado de Propaganda de la Generalitat. El escritor francés André Malraux le llegó a apodar “la sonrisa de Catalunya” por las espléndidas habilidades sociales de un tipo cuya intensa vida y actividad política le obligó a escapar al exilio en dos ocasiones.

Nada más empezar la Guerra Civil, en julio de 1936, Miravitlles se dio cuenta de la necesidad de que la Generalitat dispusiera de su propio aparato de propaganda para evitar que la voz del Govern quedase sepultada entre los mensajes del Gobierno de la República y la propaganda fascista. El comisariado fue un organismo moderno, creativo, sin precedentes en Catalunya que usó todo tipo de estrategias para librar la batalla ideológica al franquismo y destacar el papel de Catalunya a la hora de combatirlo. El órgano se creó incluso un mes antes de que el Ejecutivo republicano pusiera en marcha su Ministerio de Propaganda. 

Una interesante exposición en el Palau Robert (abierta hasta el 5 de abril, requiere cita previa hasta que se levanten las restricciones) recorre ahora buena parte del material que creó el comisionado desde 1936 hasta el final de la contienda. La muestra permite observar cómo evolucionó el mensaje del organismo de propaganda más grande creado en Catalunya -llegó a emplear a 300 personas- a medida que avanzaba la Guerra Civil.

“Miravitlles fue el ideólogo del comisariado y quien se lo propuso a Tarradellas y Companys”, apunta en conversación telefónica Ester Boquera, comisaria de la exposición. Boquera destaca también la contribución del fotógrafo Pere Català Pic (autor de la famosa imagen debajo de este párrafo) a la hora de diseñar un organismo avanzado a su tiempo. “En los años 30 Catalunya era el epicentro publicitario de todo el país, con nociones teóricas que bebían de EE. UU. y de otros países europeos”.

En una retaguardia catalana muy tensionada por las luchas de poder entre distintas fuerzas políticas y facciones sindicales, se aprecian los esfuerzos del comisariado para intentar aglutinar a todos los grupos alrededor de una lucha común. El enemigo principal, más allá de las filias y fobias de cada sector, debía ser el fascismo y el valor a proteger era una singularidad catalana amenazada por la revuelta franquista.

Para mantener este frágil equilibrio, en el Comisionado participaron inicialmente las principales fuerzas que integraban el poder en Catalunya: Por un lado ERC (a través del propio Miravitlles), por otro UGT y el PSUC (representados por Emili Granier) y también la CNT mediante Eusebi Carbó. Finalmente el POUM también se integró en la estructura de este organismo. 

La exposición permite apreciar la segmentación de las campañas propagandísticas y la diferencia en los mensajes en función de si se dirigían a los soldados del frente, a la retaguardia catalana, al resto de la zona republicana o a los corresponsales y parlamentarios extranjeros a los que se quería alertar de la amenaza a la democracia que suponía el fascismo. 

Los tentáculos del comisariado lo abarcaban todo: certámenes literarios, exposiciones, actos masivos, festivales solidarios… Cualquier estrategia era válida para librar la lucha de las ideas. En la exposición se pueden ver hasta innovadoras campañas de merchandising como la “mascota de la revolución”, cuya campaña incluía un libro, postales y hasta una canción adaptada comercializada en un disco. La estrategia del Govern incluía la recuperación de las tradicionales aucas -pequeños dibujos acompañados de una leyenda-, libros de “recetas en tiempo de guerra” y hasta la organización de carreras ciclistas que iban desde el frente de Aragón hasta Barcelona. El premio: un “pedal antifascista”. 

Se percibe en la muestra que uno de los principales esfuerzos del Comisariado fue ganarse la simpatía del resto de la República y combatir la idea de que los catalanes no se preocupaban por el resto del país. Lo ejemplifica un gran póster con la imagen de Lluís Companys y la frase “Madrileños, Catalunya os ama”, que se difundió después de la celebración de la semana de Ayuda a Madrid cuando la capital española resistía los embates de los golpistas. La semana de apoyo a los madrileños contó con todo tipo de actos masivos y hasta con un certamen literario.

Otro de los principales flancos fue el relato internacional. El objetivo era construir una buena imagen de la República pero también denunciar las atrocidades cometidas por el fascismo. Miravitlles abrió delegaciones del Comisariado en París, Londres, Bruselas y Estocolmo a través de los que vehiculó la actividad del comisariado en el exterior. Los comunicados de prensa que se mandaban a corresponsales, diplomáticos y parlamentarios se editaban en siete idiomas: castellano, francés, inglés, alemán, sueco e incluso en esperanto, el “idioma universal” creado a finales del siglo XIX y que utilizaban sobre todo los colectivos anarquistas y libertarios. 

Más allá de los comunicados y difusiones de fotografías a la prensa internacional, el comisariado también organizaba visitas a medida a escritores, periodistas y diputados que querían conocer de cerca la situación en Catalunya. Destaca entre estas visitas la del mito de Hollywood Errol Flyn, al que le proporcionaron un coche, un chófer y un fotógrafo para que se acercara al frente de Madrid. Para darle más notoriedad a su viaje, se dice que el actor incluso simuló haber sido herido durante su visita a las trincheras madrileñas.

La exposición también muestra campañas publicitarias que pedían no tirar los periódicos a la basura para mandarlos al frente así como ediciones de libros en miniatura para que los pudieran llevar encima los soldados. Incluso aparece un folleto diseñado para lanzar en avión en zona enemiga, titulado A un militar del otro lado. 

Como curiosidad, también se expone una carta que Salvador Dalí mandó a Miravitlles, amigo suyo de la infancia, en la que se ofrecía a ser el “comisario general de la imaginación política”. Dalí, no se sabe si en serio o intentando tomarle el pelo, le pedía que le reservara el “Gran edificio de Gaudí en el paseo de Gràcia” para instalar ahí su despacho y hacer cosas “sensacionalmente revolucionarias”. 

A principios de 1939, ya con el fascismo en Barcelona y avanzando por Catalunya, Miravitlles reorganizó el comisariado en Figueres, su ciudad natal, con unos pocos colaboradores. Llegaron a ser 300 trabajadores y en ese momento eran solo tres. Disponían de una máquina de escribir y poco más. Su última acción: un mural que colgaron en un árbol de Figueres en el que la Generalitat se despedía de los miles de refugiados que huían a Francia.

Hacía sólo dos días que la aviación del bando franquista había bombardeado Lleida, dejando un rastro de entre 185 y 250 muertos. La sensación de que el fascismo avanzaba, presionando también desde el aire, era latente. El ejército franquista estaba a las puertas de Madrid y Barcelona se acababa de convertir en la nueva capital de la República. El 4 de noviembre de 1937, el subsecretario de la Generalitat manda esta carta al alcalde de Barcelona, Hilari Salvadó, hijo de pescadores de la Barceloneta y miembro de ERC.

“Siendo necesaria de construir con la máxima urgencia un refugio para las personas que se encuentren en caso de bombardeo en el Palau de la Generalitat, y teniendo en cuenta que el mejor emplazamiento, atendiendo al carácter de urgencia es la plaza [el Govern actual ha pedido no revelar el lugar], os solicito que tramitéis lo más rápido posible el permiso correspondiente. El Sindicato de Arquitectos encargado de la construcción del refugio ha aceptado el compromiso de no alterar el aspecto ornamental de la placita mencionada”.

El original de esta carta es uno de los documentos que guarda con celo Josep Maria Contel, estudioso de los búnkers antiaéreos de Barcelona y la persona que alertó a la Generalitat en 2016 de que en su sótano había un refugio construido por el Govern de Lluís Companys, en el olvido hasta entonces. La existencia de este espacio fue revelada por elDiario.es en un reportaje del pasado 26 de octubre tras poder acceder al refugio junto a la unidad de subsuelo de los Mossos d’Esquadra.

La carpeta en manos de Contel, que tiene intención de entregar próximamente al Ayuntamiento de Barcelona, contiene decenas de documentos que permiten hacerse una idea del proceso seguido para poder construir a toda prisa, mientras caían bombas sobre la ciudad, un búnker en el centro de Barcelona al que se accedía desde el Palau por una antigua galería, construida en 1645. La carpeta incluye la memoria del refugio, el presupuesto, decenas de cartas entre administraciones e incluso unas hojas detalladas por semanas en las que se aportan todos los nombres y apellidos de los obreros que trabajaron en su construcción. También el salario que percibían y sus turnos de trabajo. 

La mitad de los documentos se guardan en el archivo contemporáneo de Barcelona. La otra mitad, con los planos originales y la memoria del refugio, estaban en una carpeta que una persona sin identificar entregó a Contel en 2009 como premio a su tesón a la hora de investigar los búnkers de la Guerra Civil en el subterráneo de la capital catalana. “La persona que me lo dió pensaba que yo sabría que hacer con estos documentos”, apunta Contel, que explica que la administración ha intentado en más de una ocasión que les entregara esa documentación o revelara la fuente que le hizo llegar la carpeta. 

De 6 de la mañana a 10 de la noche sin parar

La urgencia del conflicto obligó a los impulsores del búnker a destinar una notable cantidad de recursos tanto humanos como materiales para tenerlo acabado cuanto antes. Se organizaron dos turnos diarios que implicaba que se dedicaran 16 horas al día a avanzar en la construcción. Los turnos semanales eran de 48 horas y el precio que se pagaba por hora permite intuir la inflación habitual en una guerra. Al principio de la obra, en diciembre de 1937, el precio que se pagaba por hora era de 2,50 pesetas para la mayoría de trabajadores, incluido los encargados. Al final, durante la primavera del 38, se pagaba a 3,50 pesetas y los encargados llegaron a cobrarla a 4 pesetas.

“Todos los recursos subían de precio y cada vez había más inflación”, apunta Josep Maria Solé i Sabaté, profesor de Historia en la Universidad Autónoma de Barcelona y autor de más de una decena de libros sobre la Guerra Civil y la posguerra. “Hay que tener en cuenta que una guerra lo distorsiona todo”.

El proyecto tenía como objetivo erigir tres refugios a la vez: uno situado justo debajo de la Generalitat -con una sala para que pudiera reunirse el consejo ejecutivo, otra para el president Lluís Companys, cuatro cabinas telefónicas y un lavabo- y otra estancia que quedaba situada debajo una plaza adyacente conectada mediante una galería. 

La capacidad de estos dos refugios era de 250 personas “cómodamente sentadas” y 180 de pie, según figura en la memoria del proyecto. En el segundo refugio se proyectaron dos lavabos y un cuarto con mascarillas antigás, linternas a base de velas y petróleo así como herramientas para quitar escombros. La obra se adjudicó al constructor Pere Sariola por un importe de 906.530,80 pesetas y fue finalizada el 3 de junio de 1938.

Paralelamente se construiría también otro refugio debajo de la residencia del presidente Companys, situada en Rambla Catalunya, aunque cuando los bombardeos se convirtieron en habituales Companys fue trasladado al Palau de les Heures, más alejado de la ciudad y en cuyo sótano también se construyó otro búnker.

Los ataques aéreos eran una novedad y a finales del 37 la ciudadanía empezó a buscar maneras de resguardarse. Ya fuese en el metro, donde dormían muchos vecinos y algunos llegaron prácticamente a vivir, ya fuese en el millar de refugios que se proyectaron en la ciudad -muchos quedaron a medias- o en los sótanos de los domicilios. “Ahora lo hemos visto muchas veces, pero hay que tener en cuenta que en ese momento los bombardeos eran un arma desconocida”, abunda Solé i Sabaté, que destaca la situación de “indefensión” en la que se vio de repente la ciudad. “Ten en cuenta que al principio incluso muchos vecinos subían a la azotea a ver los aviones, mucha gente no era consciente de la capacidad destructora de estos ataques”.

Los aviones franquistas salían de Mallorca y en apenas 25 minutos se plantaban en la capital catalana. Entraban por la zona del Llobregat o del Besòs, soltaban unas cuantas bombas y en cuestión de segundos se habían largado del cielo de Barcelona. “Era muy complicado defenderse de este tipo de ataques”, apunta este historiador. “A pesar de las defensas que se instalaron, resultaba muy complicado alcanzar a los aviones”.

El número de horas trabajadas y la cantidad de hombres en la obra ilustran cómo a medida que los bombardeos se extendieron en la capital catalana cada vez trabajaban más personas para tener acabado el refugio. Las primeras semanas apenas son una cincuentena de trabajadores. A partir de enero de 1938, cuando empiezan a propagarse los ataques aéreos sobre Barcelona, llegan a trabajar hasta 100 personas al día, 50 por cada turno. 

Los documentos incluyen los nombres de todos los trabajadores. Gente anónima que por tener una edad avanzada o unos conocimientos determinados no habían sido llamados al frente. Algunos nombres: Vicents Balasch, Antoni Grau, Pere Daura, Timeteo Vilella, Joaquim Lafuente… así hasta un centenar. 

La salida ‘in extremis’ de los documentos de Barcelona

Los documentos que ofrecen toda esta información sobre los búnkeres -y que han permitido a la Generalitat localizar ahora el refugio debajo de su subsuelo- se salvaron por los pelos, siendo extraídos de la ciudad prácticamente al mismo tiempo que las tropas franquistas entraban a Barcelona sin encontrar resistencia. 

El 23 de enero de 1939, los miembros de la Junta Pasiva de Catalunya, organismo encargado de proyectar y construir estos refugios, recibieron la orden de recoger y empaquetar toda la documentación relativa a los refugios catalanes, que se guardaba en la sede de esta entidad situada en el Paseo de Gràcia de Barcelona. Varios trabajadores acudieron al edificio y lo prepararon todo para que a la mañana siguiente fuesen recogidos a las 10h. 

El día 24, sin embargo, nadie acudió a recoger la documentación. Las tropas fascistas estaban en los aledaños de la ciudad y muchos vecinos y cargos del Gobierno y de la Generalitat habían empezado ya su éxodo hacia Francia (buena parte de los organismos oficiales habían sido evacuados el 22 de enero). Barcelona era una ciudad exhausta después de casi tres años de guerra, vacía de poder y aguardando lo inevitable. La documentación había quedado abandonada a su suerte.

Fue Ramón Perera, ingeniero industrial y responsable de la construcción de la mayoría de los búnkers repartidos por Catalunya, quien acabó salvando la documentación junto a un compañero. El 25 de enero, acudieron a la sede de la Junta Pasiva de Catalunya y cargaron cajas y cajas de documentos en su vehículos. Se quedaron escondidos en el edificio para esperar a que se hiciera de noche. A las 2:30h de la madrugada del 26, cuando faltaban pocas horas para que entrasen las tropas franquistas en la ciudad, salieron de la sede sigilosamente y se dirigieron a Sant Andreu por la calle Còrcega, según describe Contel en el libro Gràcia, temps de bombes, temps de refugis. 

Al amanecer, las vanguardias de las tropas de Franco llegaban a la montaña del Tibidabo. Desde ahí, con Barcelona a sus pies, se disponen a bajar a una ciudad indefensa. Las tanquetas se adentran por las calles de la zona alta de la ciudad sin encontrar resistencia y la misma tarde llegan al centro miles de soldados fascistas. Perera y los documentos se habían largado apenas unas horas antes. 

El ingeniero se escondió por distintos puntos de Catalunya hasta que el 27 de enero se reunió en el pueblo de Esponellà, al norte de Girona, con el conseller de Treball de la Generalitat, Rafael Vidiella, al que le entregaron toda la documentación. Tanto Vidiella como Perera cruzaron la frontera poco después. El primero se exilió en Budapest (Hungría). Perera, por su parte, fue llevado al Reino Unido por los servicios secretos británicos para aprovechar su experiencia para diseñar la defensa civil londinense para la Segunda Guerra Mundial. Moriría en Londres en 1984.

“Cuando me dieron la carpeta con el mapa, la apreté contra mí y me quedé frío”. Josep Maria Contel, presidente del Taller d’Historia de Gràcia y estudioso de los refugios antiaéreos de la Guerra Civil, supo que tenía algo importante cuando le hicieron llegar unos planos amarillentos, fechados a diciembre de 1937 y con un encabezado: Projecte de refugi al Palau de la Generalitat de Catalunya. Fue el primer capítulo de una aventura que ha durado cuatro años y ha permitido al Govern descubrir un búnker antiaéreo, proyectado por el Ejecutivo de Lluís Companys, que conecta con el Palau de la Generalitat y que está situado debajo de una plaza adyacente.

Durante la compleja excavación que se ha realizado en secreto debajo de la sede del Govern, también se ha descubierto una galería que lleva hasta el refugio, construida en 1645 durante la Guerra dels Segadors y que los arqueólogos creen que se diseñó para poder escapar del Palau. El pasado miércoles, elDiario.es entró por primera vez a este recinto, que se ha mantenido alejado de los focos por razones de seguridad.

Contel siguió indagando tras conseguir los planos. Hasta ese momento se conocía un refugio antiaéreo situado debajo del Palau, que durante la dictadura sirvió como archivo de la Diputación de Barcelona. Pero los planos que obtuvo mostraban que había un pasillo que conectaba esa estancia con otro búnker igual de grande y del que no se tenía noticia. Al cabo de unos meses se cruzó con unas fotografías en Facebook que le llamaron la atención: se veía a unos obreros abriendo un gran agujero a pocos metros de la Generalitat a principios de 1938. Tenía que ser el refugio que le indicaban los planos.

Intentó varias veces gestionar un permiso para entrar al Palau a buscar indicios de la guarida, pero siempre recibía una respuesta negativa. Hasta que conoció a Lluís Vivancos, inspector jefe de la unidad de subsuelo de los Mossos d’Esquadra. Le enseñó los mapas y las fotos que tenía y todo se activó en el departamento de Presidencia de la Generalitat.

“Al ser una infraestructura asociada al Palau pensamos que sería interesante investigar”, explicaba este policía el pasado miércoles. “Las fotos acreditaban que lo que aparecía en los mapas se llegó a construir e iniciamos un proceso para descubrir posibles accesos al lugar”. Unas fracturas en el yeso de una pared del sótano del Palau coincidían con la puerta proyectada en el plano. Era finales de 2016 y empezaron a excavar.

Mientras en los despachos del Govern se vivían los momentos más convulsos de la política catalana de las últimas décadas, un equipo de arqueólogos, Mossos y expertos en patrimonio avanzaban discreta y lentamente sus trabajos en el subsuelo del Palau. Colaboraron también técnicos independientes, miembros de la Universitat Politécnica de Catalunya, del Instituto de Cultura de Barcelona… Decenas de personas implicadas en excavar un túnel que no sabían a dónde les llevaría.

“A finales del 37 comenzaron los bombardeos sobre Barcelona y la Generalitat y el Ayuntamiento empezaron a proyectar refugios tras crear las Juntas de Defensa Pasiva”, señalaba Xavier Maese, arqueólogo de la Generalitat que también participó en las excavaciones. Explicaba este experto que se proyectaron más de 1.300 espacios que quedaron registrados en un censo. Paralelamente, se construyeron decenas de refugios gubernamentales como el del Palau que no figuraban en ningún documento. “Creemos que este espacio tenía como objetivo proteger al personal de la Generalitat y posteriormente se abrió también para los vecinos del barrio Gótico”, continuaba el arqueólogo.

El periodo en el que se construyó fue el más sangriento de la Guerra Civil en Barcelona. Tras convertirse en la capital provisional de la República a finales de octubre de 1937, en enero del 38 una serie de ataques aéreos de inédita magnitud dejaron centenares de civiles muertos en la ciudad. El acoso desde el cielo se repetiría durante los meses posteriores hasta llegar a los ataques de marzo de ese año, cuando aviones italianos se cebaron de nuevo con la capital catalana: algunos historiadores cifran los bombardeos de marzo en 800 muertes, otros suben la cifra hasta 2.000 fallecidos, entre ellos más de 100 niños. 

Una excavación compleja

No fue fácil para los Mossos y el equipo técnico abrir el primer boquete en una pared del sótano de la Generalitat. El muro, robusto, medía más de un metro de ancho y la puerta de acceso estaba mucho más baja de lo que figuraba en los planos. Llegaría entonces la primera sorpresa: tras la pared no había una galería de hormigón, como preveían, sino un túnel de piedras, mucho más viejo, que en ese momento estaba totalmente bloqueado con escombros.

“La primera sorpresa fue encontrarnos con esa galería”, rememoraba Júlia Roca, responsable de patrimonio del Palau de la Generalitat. Empezó entonces la delicada tarea de ir vaciando la galería. El pasillo apenas mide un metro de alto y tiene pronunciadas curvas, nada que ver con lo que aparecía en el proyecto del Govern de Companys. Para transitar por él hay que ir completamente agachado, casi de cuclillas, evitando multitud de piedras y rocas que golpean constantemente el casco del que camina.

La dificultad para seguir avanzando era tal, que en 2017 el equipo se dio por vencido. “Lo veíamos todo demasiado inestable y decidimos no continuar”, aseguraba Vivancos, el jefe de los Mossos del subsuelo. La desazón cundió en un equipo que llevaba un año trabajando sin hacer ruido y que reportaba directamente a presidencia: primero a Carles Puigdemont, después a Quim Torra.

Cuando ya habían tirado la toalla, un pequeño derrumbamiento les mostró que el camino continuaba. Reemprendieron las obras y al cabo de un tiempo descubrieron las inscripciones que dieron información sobre ese misterioso pasillo: había sido construido en 1645, durante la Guerra dels Segadors, y en ella figuraba una inscripción: P. Pau. Los arqueólogos lo atribuyen a la figura de Pere Pau Ferrer, arquitecto municipal de la segunda mitad del siglo XVII. “No sabemos a dónde evacuaba esta galería en el siglo XVII porque queda interrumpida por el refugio que mandó construir Companys”, apuntaba Maese, del servicio de arqueología. “Pero no es nada habitual encontrarse con galerías de este tipo que conectan con un refugio construido siglos después”.

Pintadas, jeroglíficos, zapatos, ropa...

No fue hasta finales de 2018 que los excavadores lograron llegar hasta el búnker que buscaban. Los primeros en entrar fueron los Mossos por razones de seguridad. Después el resto del equipo. “La sensación de encontrar un refugio que no se conocía y al que nadie había accedido en 80 años fue única”, rememoraba Maese desde este lugar situado a cinco metros bajo tierra.

Los investigadores se encontraron con varios elementos que les permitieron hacerse una idea de lo que se vivió ahí: zapatos, piezas de ropa, latas metálicas de conservas, monedas, pulseras… También pintadas en las paredes de todo tipo: desde dibujos infantiles hasta jeroglíficos pintados por adultos. La instalación eléctrica del refugio les dio indicios de que se llegó a utilizar y unas escaleras en la otra punta del recinto -llenas de escombros- demostraban que el espacio también tenía acceso directo a la calle.

“El refugio no se llegó a acabar, pero sí que se utilizó durante los bombardeos”, aseguraba Roca, la responsable de Patrimonio. En los planos se ve un recinto con todo tipo de comodidades: desde sala de telefonistas hasta lavabos, armarios… Nada de eso se llegó a instalar, algo que los expertos atribuyen a la magnitud de los bombardeos, a la improvisación durante la guerra y a la falta de materiales y mano de obra a medida que avanzaba el conflicto. 

Contel, estudioso de los refugios desde hace 25 años, reconocía el miércoles que este recinto era uno de los descubrimientos más relevantes de su trayectoria. “Cada refugio tiene sus particularidades”, relataba todavía sudoroso, después de trepar por unas empinadas escaleras de obra para salir del subsuelo. “Pero lo más especial es encontrar uno que conecta con la Generalitat y que había permanecido en el olvido hasta ahora”.

Cuando lo tuvo entre sus manos supo que estaba ante un documento histórico extraordinario. Joaquim Aloy había conseguido un relato escrito en primera persona y del puño y letra de Carme Ballester, viuda de Lluís Companys, sobre cómo fue la detención del president por la policía militar alemana en la localidad francesa de Baule-les-Pins. “Sólo grité: '¡Lluís!'. Él se volvió hacia mí y me hizo un gesto con la mano queriendo decir: '¡Huye de aquí!'. Ya no lo vi más”, relata Ballester.

El hallazgo de Aloy era una de las últimas piezas para completar el puzzle, el documento que acababa de reconstruir mediante testigos presenciales y fuentes primarias todo el camino recorrido por Lluís Companys desde su detención, el día 13 de agosto en una localidad de la Bretaña, hasta su fusilamiento en el castillo de Montjuïc de Barcelona, 62 días después. Era el año 2010 y habían tenido que pasar 70 para recuperar la historia completa.

El periplo recorrido en los últimos días de vida del president de la Generalitat está hoy documentado casi jornada por jornada, pero hasta solo hace un par de décadas tenía más sombras que luces. Los documentos habían sido destruidos o desperdigados entre diversos lugares y guardados por el Ejército en archivos inaccesibles. Tampoco era fácil encontrar fuentes presenciales de primera mano, más allá de las que estuvieron disponibles desde el primer momento, como las hermanas del president.

Fue el empecinamiento de la historiografía catalana, con nombres como Josep Benet, Josep Maria Figueres, Josep M. Solé i Sabaté, Jordi Finestres o el propio Joaquim Aloy, entre otros, los que a lo largo de un trabajo de décadas consiguieron obtener los documentos del consejo de guerra que acabó en la sentencia de muerte, documentación personal de todo tipo, o testimonios sobre el largo viaje entre Francia y Barcelona pasando por Madrid. Y eso que, como ocurre con cualquier figura mítica, de Companys se han conservado por tradición popular toda una serie de reliquias más o menos valiosas y con diferentes grados de interés histórico, desde una de las últimas cartas enviadas por el president que un soldado recogió y escondió durante 72 años, a diversos objetos personales como carteras, pañuelos o el mechero y la pitillera que la familia depositó en el Arxiu Nacional de Catalunya.

A la existencia de todo tipo de documentos, leyendas populares y objetos desperdigados hay que añadirle el interés que desde muy pronto suscita la figura de este político en los historiadores catalanes, tanto en el interior como en el exilio. Desde que Ossorio y Gallardo publica desde Buenos Aires en 1943 la primera biografía, Vida y sacrificio de Companys, hasta la Transición, donde la libertad de imprenta y cátedra reactiva el interés por el president fusilado, aparecen decenas de biografías y libros de todo tipo sobre Companys. Pero incluso las obras más serias chocan de bruces con la dificultad, cuando no imposibilidad, de acceder a archivos y fuentes fidedignas sobre el final de sus días.

No fue hasta bien entrados los años 90 cuando los historiadores pudieron comenzar a hurgar en el archivo más importante sobre el fin de la vida del president: el que contenía los papeles del paripé de juicio que el ejército franquista hizo contra él en menos de una hora en la mañana del 14 de octubre de 1940. Por lo que se sabe, aquellos documentos siempre habían estado depositados en el Tribunal Militar Territorial Tercero de Barcelona, situado en el edificio de la Capitanía, pero el Ejército nunca había permitido su consulta, hasta el año 1997.

Son dos los historiadores que, casi en paralelo, consiguen acceder al sumario: Josep Maria Figueres, que lo hace en mayo de 1997 mediante una reproducción, y Josep Benet, que consulta el archivo en octubre de ese mismo año. Ambos sacarán a la luz en sendos libros fragmentos de un valor incalculable, pues permitirán reconstruir todo el falso proceso judicial, las acusaciones, la defensa o referencias verídicas sobre discurso, tan político como emotivo, pronunciado por Companys delante del tribunal que lo condenó a muerte.

El Consejo de Guerra de Oficiales Generales emitió su veredicto el 14 de octubre de 1940. “Fallamos, que debemos condenar y condenamos al ex-Presidente del disuelto Gobierno de la Generalidad catalana, Luis Companys Jover, como responsable en concepto de autor por adhesión del expresado delito de rebelión militar, a la pena de Muerte con accesorios legales caso de indulto y expresa reserva de la acción civil o responsabilidad de igual clase en cuantía indeterminada. Lo que por esta nuestra sentencia juzgando, pronunciamos, mandamos y firmamos Manuel González, Federico García Rivera, Fernando Giménez Sáenz, Rafael Latorre, Gonzalo Calvo, José Irigoyen y Adriano Velázquez”, rezaban las actas conseguidas en primer lugar por Figueres.

La aparición de las actas del consejo de guerra es seguramente el momento más importante en la recuperación de la memoria del dirigente republicano, pues hasta el momento casi todas las fuentes sobre lo que ocurrió los días 14 y 15 de octubre en el castillo de Montjuïc eran orales o de segunda mano. Figueres reproduce, en cambio, 77 documentos que obtiene directamente del archivo y que permiten descubrir todos los detalles sobre el proceso, las acusaciones, las declaraciones de los testigos que se presentan contra él o la argumentación del veredicto.

“Yo ya había hecho algunos trabajos sobre periodistas de los años treinta y, siguiendo aquella línea, pedí entre otros el consejo de guerra de Companys, quien había sido editor y siempre se consideró periodista. Coincidió que precisamente estos archivos se estaban abriendo entonces, así que pude tener acceso a ellos por primera vez”, indica Figueres. El impacto académico, mediático y político de aquel libro fue muy notable, tanto que Figueres recuerda que abrió un telediario y apareció en innumerables artículos.

El libro de Figueres aparece casi a la vez que el de Benet que, en el caso de este último, había tenido además acceso al sumario original. En La mort del president Companys consta ya una reconstrucción casi completa de aquellos últimos días, incluyendo también fragmentos del sumario. Pero además, Benet se vale de otros documentos, como fichas policiales para arrojar luz sobre la detención en Francia, testimonios de testigos de primera mano, como el de la hermana del president, Ramona, que certificó las torturas sufridas por el líder republicano en Madrid por las manchas de sangre en la ropa recogida. En ese libro ya se habla de un tal Pedro Urraca como la persona detrás de la captura y traslado de Companys a España.

Para Benet, Companys siempre fue una figura muy importante, hasta el punto que escribe dos grandes obras biográficas sobre él y diversas reediciones en las que va ampliando la información. El historiador investigó sobre el president fusilado durante toda su vida. “Benet en algún momento que no puedo precisar entiende que el estudio de los asesinatos de diversos personajes simbolizan mejor que cualquier otra cosa que la represión contra Catalunya fue total”, explica Jordi Amat, biógrafo de Benet y uno de los que mejor conocen la figura del prestigioso historiador.

“Cuando Benet piensa en cómo puede representar la idea del genocidio, y por tanto de la reparación, piensa en el proyecto de los fusilados, que entiende que es una manera de demostrar que la represión no pretendía acabar con los catalanes republicanos, o con unos catalanes concretos, sino con todos”, explica Amat, en referencia a los libros que Benet escribió sobre cinco figuras muy diferentes pero todos ellos fusilados: “Un intelectual, Carles Rahola, un sindicalista, Joan Peiró, un activista, Domènec Latorre, un católico, Carrasco i Formiguera, y después el president”, enumera Amat. Para este proyecto, Benet considera que Companys es una especie de figura total sobre la que construir un mito que represente al conjunto de los catalanes.

Nuevos descubrimientos tras el sumario

Aunque el consejo de guerra fue publicado íntegramente en los últimos compases del siglo XX y las sombras sobre la detención, conducción y ejecución de Companys iban poco a poco despejándose, la historia aún no estaba escrita por completo. Fue el propio Josep Benet quien le trasladó este pensamiento al historiador Jordi Finestres, de la revista Sàpiens, a quien le subrayó en 2003 la importancia como fuente primaria que tenía Ramon de Colubí, un militar que había luchado con el bando franquista. Colubí había acabado haciendo la función de abogado defensor de Companys, tarea que según todas las fuentes realizó con diligencia y que el propio president le agradeció. Todo lo que sabía de esta figura entonces es que poco después de la guerra se había trasladado a Venezuela, pero en los años noventa Benet creía que ya habría muerto.

Casi solo con un nombre como referencia, Finestres tiró del hilo. “A veces estas cosas son un trabajo de investigación que llevan años, pero recuerdo que cogí las páginas blancas de Caracas y busqué Colubí”, relata el historiador. Allí encontró el teléfono de Mercedes de Colubí, al que inmediatamente llamó. “¿Usted por casualidad no será familia de Ramon de Colubí”, preguntó Finestres. “Es mi papá”, contestó la voz al otro lado. Había encontrado a una familiar directa. Lo que el historiador no esperaba es que, al preguntarle por si conocía la historia de su padre como defensor de Companys, Mercedes le pasara el teléfono directamente al propio Ramon de Colubí, que estaba a su lado y en aquel momento tenía 83 años.

“Me acuerdo de todo como si fuera ayer”, fue lo primero que le dijo a Finestres el militar que defendió a Companys. El historiador tomó un vuelo la semana siguiente y se presentó en el domicilio de los Colubí, en la capital venezolana. El hallazgo que la revista Sàpiens encontró allí no fue únicamente el testimonio directo y en primera persona del abogado, sino también las cuatro cuartillas originales donde Colubí redactó el alegato de defensa, que había conservado durante más de seis décadas. Un documento que no aparecía íntegramente en el sumario y que salió a la luz en 2003. Ramon de Colubí no había contando nunca en público nada sobre su participación en el juicio de Companys.

Finestres y la familia Colubí estuvieron tres días juntos. El testimonio del exmilitar sirvió para corroborar o matizar algunos de los detalles del proceso y el fusilamiento de Companys, así como para verificar con uno de los participantes que el juicio fue una farsa. Ramon de Colubí explicó las prisas con las que le obligaron a redactar su defensa y cómo le impidieron aportar testimonios que hubieran podido acreditar que el president salvó a diversas personas en los primeros días de caos en los que incontrolados de izquierdas causaron terror en Catalunya, o que hubieran servido para negar la acusación que decía que desde la presidencia de la Generalitat se habían repartido armas a la población.

El octogenario exmilitar también corroboró la leyenda de que Companys acudió a su fusilamiento fumando, tranquilo y con la cabeza alta, y que se descalzó antes de recibir los disparos. Además, Colubí sostiene que la sentencia ya estaba escrita y que el asesinato fue una venganza política contra el president de la Generalitat. El defensor corroboró por último que, como no podía pagarle con dinero, Companys le regaló los dos botones de los puños de su camisa. “Llevaba un traje sencillo, de color blanco, calzaba alpargatas. Observé cómo se descalzaba. Después le dispararon. Gritó ”¡Por Catalunya!“, rememoraba en el reportaje de Finestres.

Josep Benet está detrás de la mayoría de los hilos que siguen los detalles de la muerte del llamado “president mártir”. Él es, por ejemplo, uno de los primeros en citar el nombre de Pedro Urraca como el agente que dirigió las operaciones de represión a los republicanos fuera de las fronteras españolas, gracias a las que cayó Companys. El nombre no era nuevo, pero la figura de este metódico cazador de rojos no fue conocida en toda su magnitud hasta la aparición en 2006 de la tesis doctoral de Jordi Guixé Corominas, quien llevaba años investigando la persecución del exilio republicano en Francia. Guixé había encontrado, en los archivos del Servicio Exterior de la Falange depositados en Alcalá de Henares, el informe escrito por Urraca sobre el primer interrogatorio de Lluís Companys tras su detención.

Fue este mismo historiador quien, gracias a diversos documentos como una nota de la embajada española en Francia, reconstruyó paso a paso cómo Urraca trasladó a Companys desde París hasta la frontera en Irún, donde le entregó a la policía franquista después de fotografiarle para probar que su pieza de caza mayor llegaba viva.

Como en el caso de otros historiadores, Guixé encontró problemas más que arduos para completar su investigación, una circunstancia de la que dio cuenta en su tesis, en la que se queja de que “la documentación policial y secreta todavía está mal localizada (voluntaria o involuntariamente, dependiendo de los casos) en los archivos españoles. La identidad de represores y torturadores todavía nos es camuflada bajo leyes de protección, a falta de una regulación legal de los archivos españoles y una necesidad de democratizar los archivos de ministerios como Interior y Exteriores”. Cuando el historiador escribió estas líneas era 2006, un año antes a la aprobación de la ley de memoria histórica del Gobierno de Zapatero.

La mayoría de las piezas del complejo puzle histórico que forma el desenlace de la vida de Companys fueron conseguidas gracias al tesón y la búsqueda. Otras, sin embargo, aparecieron casi por casualidad. Es el caso de archivo personal de Carme Ballester, esposa del expresident y luchadora antifascista contra los nazis en la resistencia francesa, que fue descubierto en 2010 por Joaquim Aloy en un centro de documentación de Ámsterdam.

“Podría decir que lo iba buscando o que sospechaba que podía estar ahí, pero lo cierto es que apareció por casualidad. Yo seguía la pista de Joaquim Amat-Piniella, escritor manresano que estuvo en Mauthausen, y que suponía que debía tener documentación en el archivo de Josep Ester i Borrás, un militante anarquista que también sobrevivió a Mauthausen y que lideró la Federación Española de Deportados e Internados Políticos”, explica Aloy.

El historiador no encontró apenas nada sobre Amat-Piniella. Pero, antes de irse a casa con las manos vacías, aprovechó la visita al Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis de Amsterdam para indagar sobre otros documentos. Fue entonces cuando descubrió el legado de Ballester, en su mayoría documentos de los trámites que siguió para reclamar la pensión como víctima de la Alemania nazi, que realizó a través de Ester. Entre los numerosos escritos depositados, uno destacaba especialmente: el relato completo escrito por su esposa sobre la detención de Companys y el último encuentro que la pareja tuvo antes de su muerte.

“Sentí una mezcla de emoción y dudas. No podía creer que aquel documento fuese inédito. Tuve que consultar con Josep M. Solé i Sabaté, y resultó que sí lo era”, rememora Aloy. La documentación encontrada, que está recogida en la web memoria.cat, detalla no solo la detención, sino cómo Ballester va a buscar a su marido detenido a la torre desde la que operan los soldados nazis, también el registro de la casa que compartían, en el que los alemanes buscan dinero porque no se creen que el president de Catalunya viva en tan miserables condiciones. O cómo dos meses después se entera escuchando la radio de que han matado a su marido, lo que le provoca un desmayo.

Ochenta años después las grandes claves de la historia de Companys se consideran descifradas, pero cada tanto siguen apareciendo nuevos documentos y detalles inéditos que permiten profundizar en una de las figuras centrales y míticas de historia de Catalunya. En el año 2015, con motivo del 75º aniversario, aparecieron hasta tres nuevos libros sobre diferentes facetas del president de la Generalitat. Uno de ellos era Retrat d'un magnicidi, de Jordi Finestres, donde el autor explica que existen unas fotografías de Companys hechas en Montjuïc el día de su ejecución pero que, por el momento, nunca han aparecido. Un interrogante más que recuerda que, pese a toda la investigación realizada durante ocho décadas, la historia del fusilamiento de Companys aún no ha acabado de contarse.

Oriol Junqueras no es hombre de corbata. No se la ponía para dar clases en la Universidad y cuando era vicepresidente no acostumbraba a llevarla. En la cárcel iba en chándal. Y tampoco la ha lucido los dos primeros días de juicio. Pero este jueves, el presidente de ERC compareció ante el tribunal que lo juzga con corbata y con el pin de conseller de la Generalitat en la solapa. Se enfrenta a 25 años de cárcel. Junqueras cumplirá los 50 dentro de dos meses. Hagan cálculos.

El líder republicano tenía dos opciones: presentarse como un reo que busca el perdón, al coste que sea, o como un político que no renuncia a sus ideas y acciones, al coste que sea. Junqueras escogió la segunda. Solo en los primeros minutos, al repasar su trayectoria profesional, proclamó que actualmente se considera un preso político. A partir de ahí, antepuso la estrategia política a la judicial. Menos barroco de lo que es habitual en él y más claro de lo que acostumbran a ser sus discursos, el presidente de ERC protagonizó una intervención cargada de contenido político y nada exculpatoria a ojos de la Fiscalía y, a buen seguro, de una importante parte de la opinión publicada. Fue un harakiri judicial de alguien que se sabe condenado pese a estar convencido de que no ha cometido el delito que se le imputa.

Junqueras, que es de los presos que menos ha leído en la cárcel porque ya había leído mucho antes de entrar (Raül Romeva ironizaba en la prisión con que el líder republicano de pequeño se cayó en una marmita de sabiduría), ha decidido que si él no puede ser presidente lo sea alguien de ERC. Los sondeos señalan a su partido como el ganador. Claro que también el 21D eran los favoritos y Puigdemont les acabó ganando la partida. La diferencia respecto a anteriores citas electorales es que los republicanos han conseguido sacarse de encima los complejos y resistir a las presiones a las que les someten los herederos de Convergència, sea en el Parlament, en tertulias o en las redes.

Junqueras, casi un año y medio después de entrar en prisión, ha reaparecido para hacer de Junqueras. Suave en las formas, duro en el fondo. Sabía lo que quería decir y lo que quería callar. Por eso solo respondió a su abogado. El lapidario de su intervención, a las preguntas acordadas con el letrado, es el mejor anuncio de ERC de cara a las próximas citas electorales.

El líder republicano puede desconcertar a más de uno cuando proclama su amor por España y a la vez defiende que votar no es un delito y que lo que es delictivo es no permitirlo. Habrá quien crea que es un reduccionismo porque el referéndum del 1-O no estaba acordado con el Gobierno central y ni tan siquiera tolerado como lo fue la votación del 9-N. Pero, a menudo -sobre todo en algunos medios editados en Madrid- se olvida que Junqueras es independentista. Lo era cuando casi nadie lo era. Como su partido. Y lo seguirá siendo, pase lo que pase. Lo era cuando se le atribuían acuerdos secretos con Soraya Sáenz de Santamaría o cuando se daba por hecho que bendeciría los Presupuestos de Sánchez.

Junqueras no es menos independentista que Puigdemont. La diferencia entre ambos es que sus estrategias son distintas. Sería muy difícil escuchar al expresident de la Generalitat proclamar un “amo a España” como el del presidente de ERC. Uno, Puigdemont, se ha criado en Girona. El otro, Junqueras, en el área metropolitana de Barcelona. No es una diferencia menor. Pero, pese a las muchas y evidentes diferencias de tono y estrategia, ambos comparten un mismo objetivo.

Los republicanos tienen paciencia, mucha. Con sus errores, como todos los partidos, acumulan más de 80 años de paciencia y, como se encargó de recordar su líder, ningún caso de corrupción. El periodista y exdiputado de la CUP, David Fernàndez, ha recuperado la foto en la que se ve a Lluís Companys, declarando en la misma sala, en mayo del 35, juzgado por el Tribunal de Garantías Constitucionales, y también por rebelión. Las crónicas del momento destacaron que pese al “mal color” de cara, Companys era de los que más sonreía. Junqueras también se ha reído este jueves cuando, aprovechando el Pisuerga de Sánchez, ha rememorado que a él cuando estaba al frente de la conselleria de Economía también le tumbaron unos presupuestos. 

Companys proclamó aquel “madrileños, Cataluña os ama”. Fue en un mitin celebrado en la Monumental el 14 de marzo de 1937. Junqueras le ha emulado este jueves con un “amo a España”. Una declaración que, como él recordó, ha formulado en multitud de ocasiones.

Tal vez no será la frase más destacada de su intervención, posiblemente servirá de poco, pero una de las reflexiones que deberían tenerse en cuenta es la que lanzó Junqueras al insistir en que tanto Catalunya como el resto de España necesita una solución. “Todos necesitamos una solución”, resumió. No parece un mal punto de partida a no ser que se prefiera no buscarla por un puro interés electoral o editorial.

El Gobierno de España rechaza la condena a muerte de Lluis Companys. La dictadura de Francisco Franco ejecutó al presidente de la Generalitat en 1940. Pero el Consejo de Guerra que mandó al paredón al político catalán sigue vigente. ¿Cómo se anulan los juicios del franquismo? ¿Y para qué serviría que el Estado asuma esta revisión?

La ley de Memoria Histórica declara la “ilegitimidad” de los tribunales franquistas. El Congreso de los Diputados fue un poco más allá y en septiembre de 2017 señaló como “radicalmente nulas e injustas” las sentencias dictadas en este marco jurídico.

Queda el gran paso, reclamado por las asociaciones memorialistas como una reivindicación básica: anular la parafernalia judicial franquista. Requiere una modificación del marco legal que está en trámite en el Parlamento gracias a un acuerdo de PSOE y ERC, como aclaran fuentes de Moncloa.

La tarea es, sin embargo, enorme y compleja. Porque el propio concepto de víctima es muy amplio. Desde los esclavos del franquismo a los bebés robados, desde los muertos tirados en cunetas a los disidentes sexuales y los presos políticos del tardofranquismo. Miles de expedientes, centenares de miles de afectados. Porque fueron 40 años de dictadura y de represión poliédrica.

¿Para qué serviría la anulación de la justicia de Franco? Como elemento reparador, y quizás solo simbólico, para las víctimas y sus familiares. Que el propio Estado subraye el carácter ilegítimo de aquellas sentencias declarando, por tanto, que los condenados por la judicatura golpista eran inocentes.

La justicia al revés

Los golpistas de Franco, rebeldes contra el Gobierno de la República, juzgaron por un delito de rebelión a quienes defendían la democracia. Era la justicia al revés. De ahí, el régimen franquista quedó asentado sobre una encarnizada matanza fundacional que nació de la aplicación de los Bandos de Guerra que permitía ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias.

Es decir: quienes dan el golpe de Estado matan sin abrir juicio, emitir sentencia, ni otorgar capacidad de defensa para los asesinados. Como sucedió con el Padre de la Patria Andaluza, Blas Infante, por ejemplo, y decenas de miles de personas que siguen tiradas en centenares de fosas comunes y cunetas.

Desde febrero del 37 los rebeldes intentan vestir con un halo de legalidad a las ejecuciones por motivos ideológicos, sociales y políticos. Pasan de la represión caliente a celebrar una suerte de juicios farsa: los Consejos de Guerra. Como el que condenó a Companys. Y, de nuevo, a otros miles de republicanos.

Los 'juicios sumarísimos' son una carta común en los cajones de miles de familias en España. Mientras la justicia franquista siga viva, aquellos asesinados, torturados, encarcelados, depurados profesionalmente… seguirán siendo, de manera oficial, delincuentes.

Única vía: reformar la ley

La declaración de “reparación” a Lluis Companys ha dejado encima de la mesa, de nuevo, el asunto. El reconocimiento aprobado en el Consejo de Ministros celebrado en Barcelona es el primero de este tipo que realiza un Ejecutivo español.

El Gobierno de Pedro Sánchez proclama “su reconocimiento y la restitución de la dignidad de Companys como presidente de la Generalitat”. Y rechaza y condena el Consejo de Guerra que sentenció a muerte al político catalán, como apuntó en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.

La postura gubernamental casa con la ya adoptada en el Congreso, señaló la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet. La nulidad de los juicios franquistas, no obstante, “requiere una previsión normativa y legal” que está contemplada en la propuesta de reforma de la ley de Memoria Histórica que ya tramita el Congreso.

Un retoque a la legislación memorialista que, eventualmente, puede ser aprobada, subrayó. La memoria de las víctimas, y sus familias y las asociaciones de derechos humanos, esperan. Como en el caso de Companys, detenido por los nazis en colaboración con el 'cazados de rojos', el espía de Franco que también rastreó a Manuel Azaña.

Miles de casos en espera

Como espera la memoria de Blas Infante. Y la del poeta Miguel Hernández, del comunista Julián Grimau, el socialista Julián Besteiro o el anarquista Salvador Puig Antich, condenados a muerte, encarcelados, ejecutados... O los presos políticos que acabaron siendo torturados por Billy el Niño, los dirigentes de Comisiones Obreras juzgados en el Proceso 1001… Y tantos otros.

Pero hay más. Miles de víctimas anónimas. Decenas de miles de casos que esperan respuesta. Como aquellos generados en la maraña represora que significó el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo (de 1940 a 1971). O centenares de cajas con expedientes condenatorios del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas (de 1936 a 1945).

Y la represión continuada en el tardofranquismo, asumiendo lo que la dictadura consideraba “delitos políticos” desde el Tribunal de Orden Público (TOP), creado en 1963 y que en 1977 mutó a Audiencia Nacional. O todos los afectados por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social del año 70 que sustituía a la Ley de Vagos y Maleantes, aplicada contra los “antisociales”: mendigos, homosexuales, “vándalos”, consumidores de drogas, prostitutas… e inmigrantes ilegales.

La memoria espera una decisión final, anular la justicia franquista, que no es fácil de ejecutar por la magnitud del aparato judicial y represor de la dictadura de Franco. Pero que dejaría a cambio un elemento reparador que, aunque simbólico en muchos casos, sigue siendo un reclamo de las familias de las víctimas y las asociaciones memorialistas. Un camino que muestra el Gobierno con la declaración de “reconocimiento” a Companys y sobre el que se siguen dando pasos en el Congreso con la reforma de la ley de Memoria Histórica.

La líder de Ciudadanos en Catalunya, Inés Arrimadas, ha asegurado este viernes que quien fusiló al expresident de la Generalitat Lluís Companys no fue “el Estado español”, sino “el régimen franquista”. Lo ha hecho en una rueda de prensa, donde ha respondido de esta manera a unas declaraciones del president catalán Quim Torra en las que apuntaba que Companys “fue asesinado por el Estado español”.

“Quiero recordar que el señor Torra hizo un tuit aquel mismo día diciendo que el señor Companys había sido fusilado por el Estado español. Yo creo que no sabe de historia o no quiere saber”, ha dicho Arrimadas. “Quien fusiló al señor Companys fue el régimen franquista y fascista, no fue el Estado español”, ha asegurado.

Torra escribió dicho tuit el pasado 14 de octubre, cuando se cumplieron 78 años del asesinato de Companys. “Hoy hace 78 años que el president Lluís Companys, escogido democráticamente, fue asesinado por el Estado español”, dijo.

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La consellera de Justicia de Catalunya, Esther Capella, ha reclamado este miércoles a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, “un paso más” en materia de memoria histórica y en particular, ha expresado la “necesidad” de que el Gobierno pida “perdón” en un “acto de Estado” por el fusilamiento del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys, tras un juicio sumarísimo en 1940.

“El Gobierno del Estado español debe hacer un paso más. Está la necesidad de un acto de Estado que debe ser el reconocimiento y la petición de perdón por parte del Gobierno del Estado español, por la entrega del president Companys, el proceso sumarísimo y por tanto, el ajusticiamiento”, ha señalado.

En declaraciones a los medios al término de la reunión, que se ha prolongado en torno a hora y media y ha versado principalmente sobre asuntos relativos a la Ley de Memoria Histórica, Capella ha incidido en que este tipo de actos de estado se han llevado a cabo en Francia y Alemania y “está pendiente de que se haga por parte del Gobierno del Estado español”.

Para el Govern, exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos “es un paso, pero no es el único paso” y por ello ha “reclamado de nuevo la necesidad” de que “aprovechando” esta circunstancia, se proceda a la anulación definitiva de todas las sentencias dictadas por los tribunales sumarísimos durante el franquismo.

Capella ha destacado que si bien “hay diferencias” entre ella y Dolores Delgado, sí encuentra “sintonía” en los asuntos sobre memoria histórica y de hecho, han encontrado lo que ha tildado de “un principio de acuerdo” para la colaboración de ambas administraciones en materia de localización de fosas comunes e identificación de los restos encontrados.

Carles Puigdemont y cinco exconsellers del Govern de la Generalitat se han ido a Bruselas después de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Han realizado el viaje sin explicar públicamente los motivos y sin que la Fiscalía haya pedido prisión provisional contra ellos por los delitos de sedición, rebelión y malversación. Los dirigentes de la Generalitat del siglo XXI imitan así a otros políticos catalanes, independentistas y anarquistas, que se marcharon a Bruselas durante el siglo XX por los tiempos convulsos de la política española.

A diferencia de Puigdemont, la mayoría de ellos o bien sí habían pasado por prisión o bien arrastraban una condena en firme, además del peligro que suponía la dictadura franquista para cualquier republicano una vez terminada la Guerra Civil.

El primero a emprender el camino belga fue el pedagogo anarquista Francesc Ferrer i Guàrdia en 1906. Tras estar varios meses en prisión acusado de cómplice intelectual por un intento de atentado contra Alfonso XIII, se marchó primero a Francia y después viajó a Bélgica. Allí siguió pregonando las teorías de la Escuela Moderna. De vuelta a España, sería juzgado y fusilado como cabeza de turco de las revueltas de la Semana Trágica de 1909.

Veinte años más tarde, los políticos independentistas Francesc Macià y Ventura Gassol se dirigieron a Bruselas tras ser condenados en Francia por la insurrección de Prats de Molló de 1926. Macià protagonizó junto a sus hombres un intento de invasión militar desde el norte de Catalunya con dos columnas armadas y el objetivo de derrocar la dictadura de Primo de Rivera y proclamar la república.

La operación pretendía asaltar las casernas de la Guardia Civil y carabineros en su camino hacia Barcelona, e ir sumando voluntarios a su paso por los municipios. La idea fue un absoluto fracaso, pero la repercusión del juicio celebrado en París agrandó la figura de Macià.

Precisamente, a Macià y Ventura Gassol se les atribuye la fundación del Casal Català de Bruselas, una entidad que hoy día cuenta con una variada actividad cultural: cursos de catalán, presentaciones de libros, charlas y excursiones forman parte importante de su programa de actividades, tras 87 años de historia. El Casal es una más de las asociaciones repartidas por todo el mundo, en su mayoría, nacidas de la inquietud de los refugiados.

El intento de sublevación armada de Macià fue considerada por la Corte de París como un mero delito de tenencia ilícita de armas. Se castigó a Macià con 200 francos de multa, dos meses de cárcel (que no cumplió) y la expulsión de Francia de todo el grupo. Este lunes la Fiscalía no ha pedido prisión provisional para Puigdemont ni ninguno de los consellers. Las querellas por rebelión contra Puigdemont, Forcadell, y una veintena de políticos soberanistas incluyen la petición al juez de una fianza de 6,2 millones.

Bélgica, referencia en derechos civiles

Bélgica cuenta con una importante tradición en la protección de los derechos civiles. Una de las razones es su variada y abierta composición política que a principios del siglo pasado contaba con ministros liberales y socialistas, muy críticos con la represión por motivos ideológicos. Su parlamento, por ejemplo, criticó al gobierno español en 1911 por el fusilamiento de Francesc Ferrer y Guàrdia. El pedagogo tiene dedicado en la capital belga un busto y 70 calles en su memoria.

Otras de las figuras que se exilió al país de Tintín fue el militar Frederic Escofet, quien comandó la defensa de la Generalitat con los Mossos d'Esquadra tras la proclamación de Companys del estado catalán dentro de la república federal española. Una vez terminada la Guerra Civil, Escofet se trasladó a Bruselas, siendo ministro de la república en el exilio. En los años 60 regentó una tienda en el centro de la ciudad.

También se exilió en Bruselas después de la guerra el diplomático de la Generalitat y poeta emblema del noucentismo Josep Carner. Tras aprobar unas oposiciones al cuerpo consular vivió en varias ciudades y se casó con una eminente escritora y profesora universitaria belga. La Guerra Civil sorprendió a Carner en un exilio voluntario, que se volvió forzoso tras ser uno de los pocos diplomáticos fieles a la república. En 1945 abandonó México y se trasladó a Bruselas dónde vivió hasta su muerte.

Del paso de estas personalidades catalanas en Bruselas queda el propio Casal català, la pedagogía ácrata de Ferrer i Guàrdia con una prestigiosa Universidad Libre y el poema Bélgica de Carner. El poema del libro 'Llunyania' (lejanía) retrata una sociedad cívica e ideal que ansiaba para él: “dónde los militares no lo son muy en serio, donde todos se enternecieran con música y pinturas”.

“Creo que la historia no hay que repetirla, esperemos que mañana no se declare nada. A lo mejor, el que lo declare acaba como el que lo declaró hace 83 años”. El vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado, ha equiparado así este lunes al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, con su antecesor en la II República, Lluís Companys. Pero, ¿qué hizo Companys el 6 de octubre de 1934 para que Casado arroje tal comparación?

Companys no declaró la independencia: proclamó el estado catalán dentro de la república federal española. El detonante de tal declaración fue la entrada de la Confederación Española de Derechas Autonómas (CEDA) en el gobierno de la República española el 4 de octubre en un contexto marcado por el retroceso de las libertades públicas y la anulación de la ley de contratos de cultivo del Parlament, que buscaba quitar poder a los grandes propietarios.

Los hechos de octubre, que en Catalunya derivaron en la proclamación de Companys, se tradujeron en el resto del Estado en una huelga insurreccional que tuvo su mayor éxito en Euskadi y Asturias. Precisamente, fue en esta última región donde Franco, los regulares de África y los legionarios protagonizaron la represión más cruel.

El president de la Generalitat hizo la proclamación contra lo que definió como un “asalto fascista al poder” con un gobierno encabezado por el líder del Partido Republicano Radical, Alejandro Lerroux, y tres ministros de la derecha católica, la CEDA. Según el historiador, Josep Sánchez Cervelló, el president Companys “temía que lo sucedido en Europa con el auge del fascismo pudiese llegar a España”.

La proclamación de Companys fue más retórica que práctica. Sin el apoyo de los anarquistas, que controlaban la calle en Barcelona, el estado catalán duró 10 horas. El Palau de la Generalitat de la plaza Sant Jaume fue asaltado por el ejército, comandado en Barcelona por el general Batet (que en 1936 se mantuvo fiel a la República y por ello terminó asesinado por el franquismo en 1937).

Companys y su gobierno acabaron detenidos y encarcelados en el buque Uruguay, fondeado en el puerto de Barcelona. Entre los más de 7.000 detenidos, se encontraba también Enric Pérez Farrás, jefe de los Mossos d’Esquadra. A Companys se le condenó a 30 años de cárcel por un delito de rebelión, de los que cumplió uno y medio en el penal del Puerto de Santa María (Cádiz). Fue sustituido al mando de Catalunya por el coronel Jiménez Arenas, y cerca de 130 ayuntamientos catalanes gobernados en su mayoría por ERC fueron suspendidos.

El president fue amnistiado en 1936 y volvió a la Generalitat, que comandó durante la Guerra Civil. Tras exiliarse en Francia, fue capturado por los nazis y asesinado por el franquismo en 1940. De ahí que a Companys se le conozca popularmente como 'el president mártir'.

Cualquier comparación con Companys, aunque, como la realizada por Casado, no incluya su trágico final y se limite a su detención, despierta inquietud y rechazo en la sociedad catalana. De ahí las reacciones unánimes de condena a las palabras del dirigente popular, que se han extendido más allá del sector independentista hasta líderes como Pedro Sánchez y Ada Colau. “Después de escuchar a Pablo Casado pido al señor Rajoy que esconda a sus pirómanos”, ha afirmado el secretario general del PSOE este martes en Barcelona.

El PP se ha negado reiteradamente en el Congreso a sumarse a las peticiones para anular el juicio sumarísimo del 1940 contra Companys. La última fue el pasado mes de septiembre, cuando el Congreso aprobó declarar nulas las sentencias de los juicios franquistas. La popular Alicia Sánchez-Camacho atribuyó al president, precisamente, haber dado un “golpe de Estado a la legalidad” por el que fue condenado en 1935 por el Tribunal de Garantías Constitucionales de la República. Por contra, en el Parlament, los populares sí se sumaron a la anulación de los juicios sumarísimos del franquismo contra 64.000 represaliados.

Sí ha habido reconocimiento y reparación de la muerte de Companys por parte de Alemania, que pidió perdón dos veces por su papel en el fusilamiento: primero, en 1970 concediendo una indemnización a la viuda de Companys, Carme Ballester; y en 1990, lo hizo el canciller alemán Helmut Kohl. Francia lo hizo también ese mismo año a través de Mitterrand. Los dos países volvieron a pedir perdón en 2008 a través de sus cónsules en Barcelona, reclamando restituir el honor a Companys y asumir la atrocidad cometida por sus antecesores.

"El cas espanyol és únic perquè les víctimes no són reconegudes jurídicament com a tals", assegura el diputat d'Esquerra al congrés Joan Tardà

"Per l'Estat, Companys no només no és víctima, sinó que és culpable"

L'any 2007, amb l'aprovació de la mal anomenada Llei de la Memòria es van consagrar dues anomalies. La primera, comprovar com partits polítics amb els quals havíem compartit cultura i lluites antifranquistes i antifeixistes (IU, PSOE, PNB...) aprovaven un text legislatiu insultant per a les víctimes. I en segon lloc, convertir de facto a l'Estat espanyol en una excepció entre les democràcies madures en la mesura que es blindava un model d'impunitat impossible d'homologar amb aquelles. Totes dues han fet de l'espanyol un cas únic.

Altres societats que van patir l'infortuni de règims dictatorials, fins i tot menys sanguinaris que el Franquisme, tard o d'hora van reconciliar a la ciutadania mitjançant l'assumpció de la veritat de tot el que va passar i la reparació jurídica de les víctimes. No ha estat així en el cas espanyol, per als successius dirigents la demanda de fer justícia amb l'ànim i voluntat d'invertir en l'enfortiment dels valors democràtics de les noves generacions ha estat una opció sistemàticament descartada.

El cas espanyol és únic perquè les víctimes no són reconegudes jurídicament com a tals, en considerar legals els tribunals de la Dictadura, fet que impossibilita la nul·litat de les seves sentències. Just el contrari del que s'ha fet a Alemanya o Itàlia.

El cas espanyol és únic perquè l'Estat és encara incapaç de reconèixer les seves responsabilitats en la deportació de milers de republicans als camps d'extermini nazis. I perquè encara s'inhibeix davant els milers de desapareguts, assassinats en cunetes i davant tàpies de cementiri, fins al punt de tractar legalment les fosses trobades com si fossin necròpolis romanes.

El cas espanyol és únic perquè l'Estat es nega a reparar el treball esclau dels republicans que va permetre a grans empreses espanyoles sumar capitalitzacions. Com es nega igualment a posar a l'abast de la ciutadania els arxius policials i la desclassificació de la documentació reservada o retornar els patrimonis espoliats a milers de persones.

El cas espanyol és únic perquè mentre obvia les víctimes dels grups ultradretans i de les organitzacions paramilitars organitzades pel mateix Estat o els seus funcionaris, desplega tots els seus recursos per impedir que la causa oberta a la República argentina pugui avançar.

La llista de greuges seria interminable, però ja a hores d'ara hauria d'avergonyir tants i tants polítics espanyols que es consideren decents, siguin de dretes o esquerres. Polítics que durant anys han publicitat cínicament les bondats de la Transició sense cap voluntat d'exercir una mínima autocrítica com a mostra de respecte a les víctimes i els seus descendents. Encara al contrari, polítics que van callar i van aplaudir una llei de la Memòria que desviava l'atenció d'un sistema judicial espanyol que es mantenia bunqueritzada davant les demandes de justícia envers els seus ciutadans. El mateix sistema judicial que sí que s'atrevia amb la persecució de botxins i mandataris vulneradors dels Drets Humans a l'Amèrica Llatina. Sens dubte un noble afany que, però, avui ja no seria possible arran de la modificació de la legislació, propiciada pel PSOE primer i pel PP després, que limita l'abast de l'aplicació dels principis de justícia universal.

El món democràtic clama contra el vergonyós i distintiu model espanyol d'impunitat. I així vam arribar, un any més, a l'aniversari de l'afusellament del president de Catalunya Lluís Companys. Malgrat els compromisos adquirits en 2005 davant la seva tomba per part de la llavors vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, l'Estat espanyol continua negant l'anul·lació de la sentència que va conduir a la seva execució. Per a l'Estat, Companys no només no és víctima, sinó que és culpable.

No obstant això, la imprescriptibilitat dels Crims contra la Humanitat (així com els Crims contra la Pau i dels Crims de Guerra) són avui dia un valor de civilització que difícilment la democràcia espanyola podrà burlar. El gest polític que els republicans catalans portem a terme el 2007 votant no a una Llei de la Memòria que legitimava la preconstitucional Llei d'amnistia de punt final de 1977 avui té un enorme valor.

El té reforçat per una nova realitat, que ofereix un triple escenari. D'una banda, bona part de les forces polítiques que llavors van aprovar la llei (IU, ICV i els nacionalistes catalans i bascos) avui reconeixen que no és mereixedora de nous avals. D'altra banda, la constatació que van a obrir-se noves causes en altres països de la mateixa manera que es va obrir camí la Querella Argentina. I, finalment, l'escletxa catalana.

Catalunya aprovarà d'aquí a pocs dies la llei que declararà anul·lats i sense efectes jurídics tots els consells de guerra i les corresponents sentències instruïdes per causes polítiques a Catalunya per part del règim franquista. El Govern de la Generalitat emetrà a sol·licitud dels processats o dels seus familiars un certificat de la nul·litat del procediment i sentència corresponents. Per primera vegada a l'Estat espanyol, la causa de les víctimes superarà l'estricte àmbit del que és legítim per assolir també el de la legalitat. En el marc del procés iniciat a Catalunya cap a l'exercici del Dret a Decidir i l'establiment d'una nova legalitat, al Parlament legisla per reparar jurídicament a les víctimes, catalanes o no, que van ser jutjades a Catalunya.

Al cap i a la fi, és per això, i per a ells i elles, que a Catalunya no cessem en l'afany de constituir una nova República. Davant la constatació de la impossibilitat de canviar els fonaments profunds de l'Estat espanyol, només una nova legalitat inequívocament democràtica i republicana pot garantir el respecte a les víctimes i reconciliar la ciutadania. I els que optin, volent o no, per mantenir un statu quo caduc han de ser conscients que estan sostenint una anomalia vergonyant a escala mundial.

Aquest estat de coses no és una maledicció eterna. Pot i ha de canviar. Serveixi l'escletxa catalana com a prova que si es vol, es pot.

¿Cómo pudo acabar la mansión del abogado franquista de Companys convirtiéndose en el centro de reunión de los supervivientes republicanos del campo de concentración nazi de Mauthausen? La respuesta se encuentra entre los gruesos muros de esa casa situada en el municipio tarroconense de Fonscaldes. A pesar de llevar más de 150 años en pie, el edificio conserva todo su esplendor gracias al empeño, el amor y la dedicación de su actual dueña: “Esta casa es mi vida. Tiene tanta historia, atesora tantos recuerdos que me he dedicado a restaurarla y a intentar conservarla en el mejor estado posible”.

Adelina Figueras no puede ni quiere guardarse los secretos de este verdadero museo en el que nació, creció y que hoy le sirve de retiro, entretenimiento y no pocos quebraderos de cabeza: “El personal de servicio vivía en la buhardilla; en la primera planta estaban y están las habitaciones; aquí, en la baja, era donde se hacía la vida”.

Sin dejar de hablar, Adelina se mueve frenéticamente entre el salón y la cocina recubierta de blancos azulejos centenarios decorados con formas geométricas de color turquesa. Faltan solo unos minutos para que empiecen a llegar sus invitados y quiere tenerlo todo milimétricamente preparado: “Tenemos tantas cosas de qué hablar que hasta tengo cocinada la base del arroz. Solo falta echarlo cuando llegue la hora y a comer”.

El fuerte viento no le permitirá celebrar la comida en el amplísimo terreno al que se accede desde la puerta trasera de la casa. Sobre su dintel, se conserva una placa colocada en 1860 por el primer propietario: “Baltasar de Colubí, a su querida esposa e hijos”. Hombre influyente en la comarca y diputado en Cortes por Tarragona, Baltasar ordenó construir su mansión a un prestigioso arquitecto. Sus hijos, nietos y bisnietos, entre ellos un pequeño llamado Ramón, crecieron junto a las columnas de piedra y los arcos góticos que decoran la fachada trasera, siempre vigilados por un ejército de sirvientes.

Todo cambió con la sublevación militar de 1936. La vivienda fue ocupada por el comité revolucionario que tomó el control del pueblo para defenderlo de los rebeldes: “Tiraron todas las paredes del segundo piso y montaron aquí su sede”, apunta Adelina. Fueron años convulsos en los que la mansión se convirtió en cuartel y también en bar de los milicianos republicanos.

En manos del abogado de Companys

Tras la guerra, los Colubí recuperaron su propiedad. El pequeño Ramón se había hecho un hombre y también un convencido franquista. Formado en la academia de artillería de Segovia, participó activamente desde Barcelona en el golpe de Estado contra la República. Detenido y encarcelado en el barco Uruguay, fue liberado en enero de 1938 gracias a un intercambio de prisioneros gestionado por el presidente de la Generalitat Lluís Companys.

El azar quiso que, dos años después, Ramón de Colubí fuera designado abogado de oficio en el consejo de guerra en el que se 'juzgó' al político catalán. La empatía que alcanzó con su defendido y su intento de eximirle de la pena de muerte le granjearon no pocas enemistades en aquella 'Nueva España'. Companys fue finalmente fusilado el 15 de octubre de 1940 en presencia del letrado. Unos meses después, Ramón y su familia vendieron la casa de Fonscaldes y en 1947 se exilió en Sudamérica.

“Estaba hecha una ruina, había cientos de botellas en el jardín, mucha suciedad… Hubo gente de dinero que se interesó por ella pero nadie se atrevió a comprarla”, relata Adelina. “Fue entonces cuando mi abuelo dio el paso. Era agricultor, quería terreno para cultivar y espacio para sus aperos de labranza. Pagó 18.500 pesetas por ella”.

El nuevo propietario de la casa tenía dos hijos que habían luchado por la República y huido a Francia: “Uno de ellos era mi padre, Josep Figueras; en ese momento se encontraba encerrado en Mauthausen, aunque su familia no lo sabía”. Josep pasó cuatro años y medio burlando a la muerte entre las alambradas de ese tristemente célebre campo de concentración nazi. “Le dieron palizas porque no lograba aprenderse su número de prisionero en alemán. Lo peor fue cuando cayó enfermo. Se salvó de morir mediante inyección letal gracias a otro prisionero español que trabajaba de médico. Después sobrevivió porque se ofreció voluntario para trasladar cadáveres y así le daban un poco más de comer”.

Josep fue liberado por los estadounidenses y logró regresar a España en 1949, instalándose entre los mismos muros que vieron crecer al abogado de Companys.

Una burla al franquismo de los presos de Mauthausen

“En pleno franquismo mi padre invitaba a otros supervivientes de Mauthausen a esta casa. Ellos venían en verano de Francia, donde vivían, y hablaban de política y de su paso por el campo de concentración”. Estas paredes escucharon a deportados como Fernández Lavín, Francisco Sentís, Solé, Francés, Ayet, Español y Santacana rememorar su paso por el infierno nazi gracias a la hospitalidad de Josep. “Las reuniones se mantuvieron durante muchos años, hasta que la edad, la salud y la muerte lo permitieron”, añade Adelina. “Ahora soy yo quien trato de continuar con esa tradición”.

El timbre suena por fin y comienzan a llegar los invitados. El primero es Joan Albert, hijo de Francisco Sentís. Le siguen 'las Glòrias', hija y nieta de Ramón Agramunt, asesinado en el campo de concentración de Gusen; Josep y Victoria, hijo y nieta de Josep Copons, que también fue asesinado por los nazis en noviembre de 1941. Tras ellos entran más amigos que llenan de voces y de vida la vieja mansión.

Adelina no solo ha querido conservar esta parte de la historia de la casa. En los años 90 logró localizar a un ya anciano Ramón de Colubí en Venezuela. En la primera planta se puede ver la fotografía y alguna de las cartas que le remitió desde Caracas: “En mi vida infantil y en los inicios de mi adolescencia, Fonscaldes representó un factor importante en mi formación humana…”, recordaba el abogado en su misiva.

“Y aquí, bien destacada, he puesto la foto de los dos: Companys y Colubí”, muestra con orgullo Adelina. Un piso más abajo sus invitados se preparan para empezar la comida. Josep Copons tiene los ojos enrojecidos por la emoción pero no deja de sonreír. “Aquí no hay ninguna tristeza –afirma la anfitriona–, solo alegría por vernos, charlar y, de paso, homenajear a nuestros familiares y a todos los que sufrieron o murieron en los campos de concentración por defender nuestra libertad. Ellos se reunían aquí, a la sombra de Companys y Colubí, y aquí seguimos y seguiremos”.

"El caso español es único porque las víctimas no son reconocidas jurídicamente como tales", asegura el diputado de Esquerra al congreso Joan Tardà

"Para el Estado, Companys no sólo no es víctima, sino que es culpable"

En el año 2007, con la aprobación de la mal llamada Ley de la Memoria se consagraron dos anomalías. La primera, comprobar cómo partidos políticos con los que habíamos compartido cultura y luchas antifranquistas y antifascistas (IU, PSOE, PNV…) aprobaban un texto legislativo insultante para las víctimas. Y en segundo lugar, convertir de facto al Estado español en una excepción entre las democracias maduras en la medida que se blindaba un modelo de impunidad imposible de homologar con aquellas. Ambas han hecho del español un caso único.

Otras sociedades que padecieron el infortunio de regímenes dictatoriales, incluso menos sanguinarios que el Franquismo, tarde o temprano reconciliaron a la ciudadanía mediante la asunción de la verdad de todo lo acaecido y la reparación jurídica de las víctimas. No ha sido así en el caso español, para cuyos sucesivos dirigentes la demanda de hacer justicia con el ánimo y voluntad de invertir en el fortalecimiento de los valores democráticos de las nuevas generaciones ha sido una opción sistemáticamente descartada.

El caso español es único porque las víctimas no son reconocidas jurídicamente como tales, al considerarse legales los tribunales de la Dictadura, hecho que imposibilita la nulidad de sus sentencias. Justo lo contrario de lo que se ha hecho en Alemania o Italia.

El caso español es único porque el Estado es todavía incapaz de reconocer sus responsabilidades en la deportación de miles de republicanos a los campos de exterminio nazis. Y porque todavía se inhibe ante los miles de desaparecidos, asesinados en cunetas y ante tapias de cementerio, hasta el punto de tratar legalmente las fosas encontradas como si fueran necrópolis romanas.

El caso español es único porque el Estado se niega a reparar el trabajo esclavo de los republicanos que permitió a grandes empresas españolas sumar capitalizaciones. Como se niega igualmente a poner al alcance de la ciudadanía los archivos policiales  y la desclasificación de la documentación reservada o a retornar los patrimonios expoliados a miles de personas.

El caso español es único porque mientras obvia las víctimas de los grupos ultraderechistas y de las organizaciones paramilitares organizadas por el mismo Estado o sus funcionarios, despliega todos sus recursos para impedir que la causa abierta en la República argentina pueda avanzar.

La lista de agravios sería interminable, pero ya a estas alturas debería avergonzar a tantos y tantos políticos españoles que se pretenden decentes, sean de derechas o izquierdas. Políticos que durante años han publicitado cínicamente las bondades de la Transición sin ninguna voluntad de ejercer una mínima autocrítica como muestra de respeto a las víctimas y sus descendientes. Aún al contrario, políticos que callaron y aplaudieron una Ley de la Memoria que desviaba la atención de un sistema judicial español que se mantenía bunquerizado ante las demandas de justicia para con sus ciudadanos.

El mismo sistema judicial que sí se atrevía con la persecución de verdugos y mandatarios vulneradores de los Derechos Humanos en América Latina. Sin duda un noble empeño que, sin embargo, hoy ya no sería posible a raíz de la modificación de la legislación, propiciada por el PSOE primero y por el PP después, que limita el alcance de la aplicación de los principios de justicia universal.

El mundo democrático clama contra el vergonzante y distintivo modelo español de impunidad. Y así llegamos, un año más, al aniversario del fusilamiento del President de Catalunya Lluís Companys. Pese a los compromisos adquiridos en 2005 ante su tumba por parte de la entonces vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, el Estado español sigue negando la anulación de la sentencia que condujo a su ejecución. Para el Estado, Companys no sólo no es víctima, sino que es culpable.

No obstante, la imprescriptibilidad de los Crímenes contra la Humanidad (así como los Crímenes contra la Paz y los Crímenes de Guerra) son hoy día un valor de civilización que difícilmente la democracia española podrá burlar. El gesto político que los republicanos catalanes llevamos a cabo en 2007 votando no a una Ley de la Memoria que legitimaba la preconstitucional Ley de amnistía de punto final de 1977 hoy tiene un enorme valor.

Lo tiene reforzado por una nueva realidad, que ofrece un triple escenario. Por un lado, buena parte de las fuerzas políticas que entonces aprobaron la ley (IU, ICV y los nacionalistas catalanes y vascos) hoy reconocen que no es merecedora de nuevos avales. Por otra parte, la constatación que van a abrirse nuevas causas en otros países al igual que se abrió camino la Querella Argentina. Y, por último, la brecha catalana.  

Catalunya aprobará dentro de pocos días la ley que declarará anulados y sin efectos jurídicos todos los consejos de guerra y las correspondientes sentencias instruidas por causas políticas en Catalunya por parte del régimen franquista. El Govern de la Generalitat emitirá a solicitud de los procesados o de sus familiares una certificación de la nulidad del procedimiento y sentencia correspondientes. Por primera vez en el Estado español, la causa de las víctimas superará el estricto ámbito de lo legítimo para alcanzar también el de lo legal. En el marco del proceso iniciado en Catalunya hacia el ejercicio del Derecho a Decidir y el establecimiento de una nueva legalidad, el Parlament legisla para reparar jurídicamente a las víctimas, catalanas o no, que fueron juzgadas en Catalunya.

Al fin y al cabo, es por ello, y para ellos y ellas, que en Catalunya no cesamos en el empeño de constituir una nueva República. Ante la constatación de la imposibilidad de cambiar los cimientos profundos del Estado español, sólo una nueva legalidad inequívocamente democrática y republicana puede garantizar el respeto a las víctimas y reconciliar a la ciudadanía. Y los que opten, queriendo o no, por mantener un statu quo caduco deben ser conscientes que están sosteniendo una anomalía vergonzante a escala mundial.

Este estado de cosas no es una maldición eterna. Puede y debe cambiar. Sirva la brecha catalana como prueba de que si se quiere, se puede.