La Junta de Andalucía, con la mayoría accionarial en la sociedad que gestiona el Estadio de la Cartuja, ha decidido convocar un consejo de administración extraordinario este próximo Viernes de Dolores tras el informe de la UCO que apunta a supuestos cobros de comisiones por parte del exsecretario general de Deportes de la Junta José María Arrabal, y el actual gerente del recinto, Daniel Oviedo, en la adjudicación de la obra de reforma de esta instalación deportiva para acoger la Eurocopa de fútbol de 2020 (que se celebró en 2021 por la pandemia de coronavirus). Una jueza les investiga por presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales.

Así lo ha adelantado El Correo de Andalucía y confirmado la Administración autonómica a Europa Press. Sobre este caso, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha abogado por que “la Justicia actúe” y ha asegurado que “vamos a colaborar como siempre hemos colaborado” en alusión al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La Diputación de Sevilla y el Gobierno centra, miembros también de la sociedad gestora, pidieron este consejo de administración que ahora se celebrará.

La jueza del 'caso Supercopa' ha declarado como investigados al expresidente de la empresa del Estadio la Cartuja de Sevilla (ECSSA) y ex secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal, y al actual gerente, Daniel Oviedo, por presunto beneficio ilícito en obras de reforma del complejo deportivo.

Relaciones con la RFEF y la constructora

Según el auto, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Número 4 de Majadahonda (Madrid) ha autorizado la incautación de “cuantos efectos electrónicos, telemáticos o informáticos” de ambos investigados para que sean analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que lo pedía en un último informe aportado a la causa. Y para aclarar si hubo un “posible beneficio económico obtenido ilícitamente”, permite también “el acceso, visionado y, si procede, análisis y copiado del contenido de los servicios de banca online o remota de cuantas entidades bancarias se hallen”.

La instructora Delia Rodrigo señala la “participación directa” de Arrabal y Oviedo, como presidente y gerente de ECSSA respectivamente, en las relaciones entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la etapa de Luis Rubiales y la constructora Gruconsa para la adecuación del estadio sevillano a distintas competiciones deportivas.

A la vez, apunta a la adquisición de bienes inmuebles, por parte tanto de Arrabal como de Oviedo, “tan solo unos meses después de la adjudicación de ECSSA a Gruconsa de los expedientes de adecuación del estadio” para cumplir los requisitos que le permitiera albergar partidos de la Eurocopa de fútbol de 2021.

Corrupción y blanqueo de capitales

La jueza indica que Arrabal, junto con su mujer, adquirió en septiembre de 2021 un inmueble en Málaga por 343.500 euros y que Oviedo, en noviembre del mismo año, compró uno en Sevilla por 181.000 euros. Y destaca que tanto Arrabal como Oviedo “ostentarían o habrían ostentado cargos administrativos en distintas mercantiles, la mayoría de ellas vinculadas al sector de la construcción”.

La magistrada recuerda que en esta causa investiga presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales, abierta por los posibles retornos económicos irregulares derivados de las negociaciones con Arabia Saudí para la celebración en aquel país de la Supercopa de España masculina de fútbol. Esos beneficios, añade, podrían haber favorecido al expresidente de la RFEF Luis Rubiales y a directivos y empleados, así como a determinados colaboradores externos, por la posible concesión de terrenos en el país árabe para la explotación hotelera.

El Tribunal de Instancia número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha decretado la apertura de juicio oral contra el presidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol (FITF), Alejandro Morales Mansito, por pagos presuntamente injustificados por importe superior a 60.000 euros.

La magistrada María de los Ángeles Zabala Sanz ha tomado esta decisión a pesar de la petición del Ministerio Fiscal de sobreseimiento de la causa, en tanto que la acusación solicita una pena de seis años de cárcel por un delito de apropiación indebida o, alternativamente, de administración desleal.

En concepto de responsabilidad civil, la acusación solicita que el acusado indemnice a la FITF por los perjuicios económicos causados, que se cifran provisionalmente 63.024,02 euros, cantidad que corresponde al importe de los cargos efectuados con las tarjetas corporativas no justificados.

En un auto fechado el 23 de enero, la magistrada requiere al acusado que abone una fianza de 84.000 euros.

En un auto previo, el de transformación en procedimiento abreviado de la causa, se recoge que tras acceder a la presidencia de la Federación el 10 de junio de 2022, solicitó a una entidad financiera una tarjeta de crédito corporativa para atender los gastos de representación.

Meses más tarde, dejó de utilizar esta tarjeta y recurrió a otra asociada a la cuenta bancaria de titularidad de Federación.

También fueron concedidas otras cuatro tarjetas prepago para el tesorero de la federación, para la administradora, para el vicesecretario y para el presidente del Comité de Árbitros.

En ese auto también se detalla que Morales Mansito presentó los tickets de pago pero no aportó justificación alguna, ni memoria acerca de los gastos realizados con la tarjeta.

A pesar de la inexistencia de norma vinculante, la Federación Tinerfeña de Fútbol creó un manual de procedimientos interno que recoge una serie de pautas para justificar los gastos.

La jefa del departamento de administración declaró que el formulario elaborado por la Federación es utilizado por tres de las cuatro personas que disponen de las tarjetas a cargo de la entidad y que la única persona que no usaba este formulario fue el investigado, sin utilizar ningún otro para justificar estos gastos.

Declaró asimismo que el presidente aporta tickets como justificación o aportación de los gastos en que incurrió, pero no memoria ni explicación de los mismos, ni documentos acreditativos de esos gastos de representación.

Las cuentas fueron auditadas por auditores externos y una de ellas declaró que pidió justificación de dos gastos que cayeron en la muestra aleatoria de justificación de gastos de representación en el ejercicio 2023 y no los tenían adecuadamente justificados, correspondiendo uno de estos gastos al presidente.

Declaró expresamente que pedía la justificación de los gastos pero que no contestaban.

En este auto se recuerda que Morales Mansito fue vicepresidente de la comisión gestora de la Federación Española de Fútbol desde finales del 2023 hasta finales del 2024.

El vicesecretario de la Tinerfeña declaró que en la Federación Española sí existe normativa orientada a justificar los gastos e impedir un uso abusivo de las tarjetas, y tal normativa ya existía en el momento en que el investigado fue miembro de la comisión gestora.

El Juzgado de lo Contencioso ha dado la razón a Pedro Rocha, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), al anular la sanción que lo apartó de las elecciones federativas de 2024. La sentencia señala que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) actuó “de manera contraria a derecho” y dejó en indefensión al dirigente, que ya estudia nuevas acciones legales tras más de un año de inhabilitación.

Rocha logra así en los tribunales lo que no consiguió en su momento frente a los órganos deportivos. El Juzgado competente ha resuelto anular la sanción de inhabilitación de dos años que le impuso el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) en junio de 2024, tras estimar que el procedimiento vulneró sus derechos básicos de defensa.

La resolución considera que el TAD no atendió a las alegaciones presentadas por Rocha y que, al no hacerlo, le generó “una absoluta indefensión”, llegando a cuestionar incluso la buena fe del organismo. El tribunal concluye que el expresidente debería haber podido concurrir a las elecciones federativas que finalmente ganó Rafael Louzán, actual máximo mandatario de la RFEF.

En un comunicado público, Rocha ha expresado su satisfacción, aunque también su indignación: “La justicia ha acordado anular el procedimiento y la injusta sanción a la que me he visto sometido durante más de un año. El daño ya está hecho, pero estudiaré con mis abogados las siguientes acciones a emprender porque está claro que fui objeto de un linchamiento injusto e improcedente”.

La sanción anulada se originó a raíz de una denuncia del presidente de CENAFE, Miguel Ángel Galán, que acusaba a Rocha de extralimitarse en sus funciones al frente de la Comisión Gestora de la RFEF tras la inhabilitación de Luis Rubiales. El TAD lo inhabilitó por cesar al secretario general Andreu Camps, rescindir el contrato del asesor legal externo Tomás González Cueto y personar a la Federación como acusación particular en el Caso Rubiales, decisiones que adoptó en solitario pero que posteriormente fueron ratificadas por la Gestora.

El fallo judicial cuestiona la actuación del TAD y devuelve a Pedro Rocha la posibilidad de defender su imagen y su carrera en el ámbito federativo. Entretanto, el cacereño no descarta reclamar responsabilidades por el perjuicio sufrido.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha impuesto una multa de 9.000 euros al Athletic Club por cánticos ofensivos en el último partido liguero de la pasada temporada, que disputó contra el FC Barcelona el 25 de mayo en San Mamés. El club lo ha hecho público en un comunicado, después de haber recibido la comunicación de parte del Comité de Disciplina.

Los cánticos, entre los que se cuentan el “Puta Barça”, son, según la resolución adoptada por la federación, “expresiones de odio que incitan a la violencia”. “No se trata de simples manifestaciones de desaprobación o desagrado, sino de expresiones que, por su literalidad y carga semántica, trascienden el ámbito de la crítica o la rivalidad deportiva para situarse en el terreno de la incitación a la violencia y el rechazo frontal a determinados colectivos”, subraya la federación.

“El Athletic Club hace públicas estas sanciones que perjudican al Athletic Club con el propósito de que no se repitan en lo sucesivo”, recoge el club en un comunicado. “De cara a la temporada 2025/26, el Club recuerda que defenderá su objetivo con la misma firmeza que lo ha venido haciendo hasta ahora: el respeto debe ser uno de los principios fundamentales de la animación, evitando actos que dañen la imagen del Athletic u ocasionen perjuicios económicos a la entidad”, añade.

Ricardo de Burgos Bengoetxea, el árbitro que pitará la final de la Copa del Rey de fútbol este sábado en Sevilla, se ha quebrado ante los medios como pocas veces había ocurrido en una rueda de prensa previa a un partido. El árbitro, de 39 años, ha querido responder personalmente a un periodista que preguntaba “cómo afectan los vídeos del Real Madrid [TV]” que critican duramente el arbitraje y qué repercusiones pueden tener a futuro en “los niños o las niñas” para elegir la profesión de árbitro “el día de mañana”. Tras esta rueda de prensa y las declaraciones De Burgos Bengoetxea y otro árbitro que le acompañaba en la rueda de prensa, Pablo González Fuertes, el Real Madrid ha plantado a la RFEF y ha calificado las declaraciones de los árbitros de “inadmisibles”.

De Burgos Bengoetxea ha tomado entonces el micrófono motu proprio: “Te voy a contar situaciones que nos han pasado a compañeros y a mí, y luego me das tu valoración”. “Cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y llega a casa llorando, es muy jodido”, ha comenzado. “Lo que hago, en mi caso, es intentar educar a mi hijo para decirle que su padre es honrado, sobre todo eso, y que se equivoca, como un deportista más”, ha dicho el árbitro ya entre lágrimas. “Es muy jodido, no se lo deseo a nadie, pero el día que me vaya de aquí quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que fue su padre y de lo que es el arbitraje, porque el arbitraje nos ha dado muchos valores”, ha afirmado.

Es muy jodido, no se lo deseo a nadie, pero el día que me vaya de aquí quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que fue su padre y de lo que es el arbitraje

Con la voz quebrada, De Burgos Bengoetxea ha recalcado que “no hay derecho a lo que estamos pasando muchos compañeros y compañeras” y ha puesto el foco no solo dentro del fútbol profesional, “sino sobre todo en el fútbol base”. “Cada uno que haga una reflexión de por dónde queremos ir y lo que queremos del fútbol y del deporte”, ha concluido el colegiado vasco muy emocionado. 

“El aficionado paga su frustración con el niño o la niña que pita un partido infantil”

A su lado en esa rueda de prensa estaba Pablo González Fuertes, responsable del VAR para el partido de este sábado que enfrenta al Real Madrid y al FC Barcelona, que también ha hecho hincapié en las consecuencias de los vídeos críticos con los árbitros, “por el eco de las redes sociales anónimas que insultan sin control y difunden esos mensajes, con comunity managers de redes oficiales que atacan a nuestro colectivo por un like más”.

“Más allá de los vídeos, que no sabemos quién los difunde, están las consecuencias de la publicación y difusión de esos vídeos, ya que cuando incluso algunos periodistas nos acusan de robar, el aficionado paga su frustración con el niño o la niña que coge un silbato para pitar un partido infantil colocando en la diana a un compañero”, ha reflexionado González Fuertes.

Ambos han apelado ante la prensa a todas las partes implicadas para volver a un fútbol “más limpio”, lo que será bueno “no solo para el colectivo arbitral sino para todos”.

Lío entre el Real Madrid y la RFEF

Tras esta rueda de prensa de los árbitros, el Real Madrid CF ha dado plantón a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), sin acudir a la rueda de prensa programada y sin entrenarse sobre el césped de La Cartuja (Sevilla). A las 19.15 horas de este viernes estaba planeado que el entrenador Carlo Ancelotti y el primer capitán de la plantilla, Luka Modric, comparecieran ante varios medios en la sala de prensa de La Cartuja. Sin embargo, media hora antes el propio canal Realmadrid TV avanzó que ni el técnico italiano ni el jugador croata iban a aparecer.

Tras esto, el Real Madrid ha emitido un comunicado en el que considera “inadmisibles las manifestaciones públicas realizadas por los árbitros designados”. “Estas manifestaciones, que han puesto el foco de manera sorprendente contra los vídeos de un medio de comunicación amparado en la libertad de expresión, como es Realmadrid TV, realizadas de manera premeditada 24 horas antes contra uno de los participantes de la final, demuestran, una vez más, una clara y manifiesta animadversión y hostilidad de estos árbitros contra el Real Madrid”, añade la nota.

“Declaraciones aún más sorprendentes todavía, bajo un tono amenazante, aludiendo a la unidad de los árbitros, para anunciar supuestas medidas o actuaciones que distan mucho de los principios de equidad, objetividad e imparcialidad que deberían imperar a escasas horas de un acontecimiento futbolístico que centra la atención de cientos de millones de personas en todo el mundo”, prosigue.

Por último, y -acorde al comunicado- debido a “la gravedad de lo sucedido”, el Real Madrid “espera que los responsables de la RFEF y del estamento arbitral procedan en consecuencia, adoptando las medidas correspondientes en defensa del prestigio de las instituciones que representan”.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, calificó este viernes a Abel Caballero como “alcalde populista” por hacer una “polémica interesada” tras lo sucedido esta semana con la posible irregular exclusión de Vigo como sede del Mundial de 2030. “Está habiendo una polémica interesada por parte del alcalde populista de Vigo en relación a las sedes del Mundial. Este señor está en su salsa”, aseveró Louzán en la presentación del Observatorio del Deporte Femenino celebrado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. El mandatario replicó así a las críticas recibidas por parte de Abel Caballero a raíz de la información de El Mundo del pasado lunes en la que decía que los criterios se habían manipulado para favorecer a San Sebastián y a Anoeta en detrimento del ABANCA Balaídos y Vigo, algo que parece haber descartado la RFEF.

El dirigente federativo aprovechó su intervención en la primera mesa redonda bajo el título Regeneración ética y jurídica de la RFEF para recalcar que el edil gallego “siempre lo lleva al terreno político, pero ya se le conoce”. Louzán explicó que Caballero trata de “justificar” el que la ciudad no sea sede del Mundial del 2030, aunque sabe que con la remodelación del Estadio de Balaídos contará con 27.0000 espectadores y “sabe que la FIFA exige 43.000 espectadores para que ese estadio pueda ser sede mundialista”.

Además, recordó que ese trabajo para decidir las sedes correspondió al equipo federativo que lideraba Luis Rubiales por lo que él poco puede aportar. “Yo llegué a la presidencia de la Federación el 16 de diciembre y la decisión corresponde a julio del 2024”, apuntó, recalcando también que antes de su llegada a la presidencia había la Comisión de Supervisión, Normalización y Representación creada “por el Consejo Superior de Deportes y liderada por Vicente del Bosque”. Con todo ello, Louzán reiteró que desde la RFEF se luchará para que “Vigo y Valencia estén como sedes mundialistas”. “Voy a defender ambas sedes. Intentaremos que las ciudades que se han quedado fuera, en este caso, han sido Vigo y Valencia puedan tener esa oportunidad de estar como sedes mundialistas”, comentó.

“Valencia tiene más que justificada también su presencia, que va a tener un nuevo estadio de 70.044 espectadores, uno de los estadios más modernos que va a tener el fútbol español para el Mundial de 2030. No parece lógico que toda esa franja del Mediterráneo no tenga la oportunidad de ser sede de este Mundial”, destacó. “Pero todas estas cosas yo creo que hay que llevarlas de la manera que tocan, contribuyendo a que se negocien y salgan bien las cosas, y por lo tanto la Federación está en ese camino, de hacer bien las cosas y lo estamos demostrando”, concluyó el presidente de la RFEF.

“Louzán sigue con sus engaños”

Por su parte, Caballero ha respondido a Louzán acusándole de “mentir” sobre el aforo del Estadio de Balaídos, ya que, cuando se acabe la reforma, tendrá capacidad, según dijo, para unos 27.000-28.000 espectadores. En este sentido, el alcalde de Vigo ha asegurado que hay otros estadios seleccionados “que también tienen ese aforo actual”.

Por lo tanto, ha cuestionado: “¿Por qué no habla de otros estadios y habla del de Vigo en lo que tiene que ver con el tamaño? Porque nosotros, y el señor Louzán lo sabe, por eso engaña, presentamos la ampliación de una grada para llegar a 43.500 personas de aforo neto. Y tenemos el proyecto y le hicimos la valoración de lo que cuesta”.

Sobre esta cuestión, Caballero ha asegurado que en una reunión ya le había trasladado que el Ayuntamiento era “capaz de hacer la reforma del estadio si las otras administraciones no apoyaban” y quedar todavía “en una situación financiera magnífica”.

“¿Cómo puede decir que tenemos 27.000 y ocultar, de forma flagrante y mentirosa, que igual que hicieron otros nosotros presentamos un proyecto de ampliación para llegar a los 43.500 que pide la FIFA?”, ha reprochado antes de asegurar que están “en tiempo y forma”, mientras que “otros estadios tienen que hacer las cuatro gradas” y Vigo “ampliar una”. “Y eso lo ocultan siempre”, ha aseverado.

En segundo lugar, el regidor vigués ha manifestado que no le tolera a Louzán “que insulte” a Vigo. “Cuando habla de populismo de un alcalde que tiene en torno al 65% del voto, el mayor nivel de apoyo de una gran ciudad en toda Europa, ¿está insultando a la ciudad, llamándole tontos a los vigueses y a las viguesas?”, ha espetado.

A continuación, ha recordado a Louzán que “perdió la Diputación” de Pontevedra, ya que, en su opinión, “se la ganó Vigo; y no lo soporta”. En todo caso, Caballero ha instado al presidente de la RFEF a que dé “publicidad a todas las calificaciones de todos los candidatos para Mundial en todos los apartados” para ver cómo se calificó a cada uno. “Pero cada vez que Vigo, y Vigo estaba en la lista de los seleccionados, esa lista se envió a Louzán, e inmediatamente en 24 horas Vigo desapareció”, ha insistido.

En este periódico, en un anterior artículo, ya explicamos las circunstancias que rodean a José Ignacio Gómez Mardones, que aspira con 76 años a seguir perpetuándose en la Federación Vizcaína de Fútbol, donde “sólo” lleva 43 años (sí… frótense los ojos) haciendo y deshaciendo a su antojo, con corruptelas personales y familiares, sueldos estratosféricos injustificados y malas artes contra otros dirigentes y contra el fútbol vasco y, muy especialmente, contra la legítima oficialidad de la Selección Vasca de Fútbol-Euskal Selekizioa.

Un personaje del todo desaconsejable, oscuro, misógino y clientelista, asociado en su mandato a Luis Rubiales, que pretende sobrevivirle para no renunciar a los enchufes familiares (un hermano nombrado en el Comité de Competición y tres hijos colocados en la Federación) y continuar interfiriendo en la Federación Vasca a través de sus influencias madrileñas, donde, siempre por detrás, socava las decisiones y los intereses de nuestro fútbol. 

Al que en el anterior artículo llamé “el gato en la cortina” ha venido cobrando 90.000 euros de la Federación Española sin obtener la previa y preceptiva aprobación de la Asamblea de la Vizcaína (por ser fondos madrileños que se dirigen de modo subvencional a las Federaciones Territoriales para su asignación), y otras cantidades desde la Mutua Española de Futbolistas, sin saberse exactamente por qué funciones y por qué real dedicación.

Ante esas graves irregularidades nadie ha movido un dedo hasta ahora, como tampoco por el hecho de que, frente a lo que recogen expresamente las leyes deportivas (no digamos los códigos eticos de los que nuestros dirigentes hacen hipócrita gala), haya colocado a la prole en la Federación, incluido el precitado hermano al frente de un Comité de Competición, conocido por su laxitud y flexibilidad a la hora de poner y quitar sanciones, lo que tiene descarado reflejo en los apoyos electorales de ciertos clubes, que algo tendrían que explicar a sus socios. Empezando por el decisivo: el Athletic Club.

Constan dos denuncias presentadas ante la Diputación Foral de Bizkaia y ante el Gobierno vasco, cuyas copias obran fehacientemente en este medio de comunicación, así como en la junta directiva del Athletic Club. Me he ocupado personalmente de ello.

Va siendo hora de que, de una vez por todas, el mayor club de fútbol de Bizkaia (y de Euzkadi) vaya tomando una inequívoca postura al respecto. De hecho, es sabido que el ínclito Mardones no es bienvenido por la Asamblea de Compromisarios del Athletic Club, a la que no ha asistido en sus dos últimas convocatorias por las causas que fueren (o se invente el personaje en cuestión). De igual manera, solicitaremos que, en el caso de que nadie tome cartas en este oscuro asunto, muchas y muchos socios-compromisarios del club nos volveremos a preocupar para que semejante personaje tampoco asista a la próxima Asamblea Ordinaria.

Y siempre lo haremos utilizando los mismos argumentos que, no por repetitivos, dejan de ser muy graves: una persona que aplaudió con las orejas el misógino discurso de Rubiales y un señor que ha puesto y pone todos los palitos en las ruedas contra la oficialidad de Euskal Selekzioa sencillamente no tiene cabida en una Asamblea del Athletic Club: ni por lo de “Gure Estiloa”, ni por lo de “Unique in the World”, ni por niño muerto. Este tipo de personas han de ser desterradas de esas asambleas sin necesidad de que nos tengamos que desgañitar, año tras año, para pedir su no presencia que, afortunadamente, hasta la fecha, la Junta Directiva ha tenido en cuenta.

Pues bien, ha llegado a nuestro conocimiento el que este escarnio puede por fin acabar. Eso sí, a las malas. Parece que algún club miembro de la Asamblea de la Federación Vizcaína ha decidido denunciar formalmente todas estas irregularidades, planteando, en primer término, y con los Tribunales de Justicia de fondo, la intervención directa de las Administraciones deportivas vascas competentes. Porque tanto la Diputación Foral de Bizkaia (en las personas de su diputada de Deporte, Leixuri Arrizabalaga, y su director, Carlos Sergio, cercano a Mardones), como el Gobierno vasco (en las personas de la consejera del ramo y vicelehendakari, Ibone Bengoetxea, y el director de Deportes, Gorka Iturriaga, alias el sonrisas) están obligados, por imperativo legal, al control y supervisión de las federaciones deportivas de su ámbito y, en este caso, a poner de una vez pie en pared ante la continuada acción nepótica y clientelar de este virrey, que quiere continuar, sin el menor rubor, con sus canonjías hasta cumplir cerca del medio siglo al frente de un ente que se confunde con su clan, con el apoyo y mirada hacia otro lado de clubes y de los irresponsables responsables políticos. 

Estas denuncias pueden suponer (de lo contrario, esas Administraciones se harían una especie de harakiri) que, por fin, nuestros políticos deportivos (eventualmente nacionalistas), aquéllos que parecen limitarse a repartir dineros y a sonreír en mil y un actos, y que de vez en cuando se pasan por el despacho para no hacer lo que tienen que hacer, se den cuenta de las consecuencias de la situación y sí, que actúen de una vez, aunque sea a rastras. 

Pero ¿cómo? Pues con algo tan sencillo como instar al insaciable y depredador Mardones a que dé un paso al lado y se aparte de una p--a vez de la Federación Vizcaína de Fútbol, so pena de que tenga que responder con su persona y patrimonio de las regalías indebidamente percibidas y de los privilegios gozados, pues las acciones judiciales parecen estar en camino.

Poca broma. Poca para “Iñaki”, pero también para los obligados a frenar la degeneración federativa protagonizada por la varita mágica del Gandalf afiliado a EAJ-PNV en Errekalde-Bilbao. O se aparta “voluntariamente” Mardones; o le apartan unos políticos que, si no, tendrían que responder personalmente por su inacción, o, al final, lo acaban haciendo los Tribunales de Justicia ordinarios, con serias consecuencias para el perpetrador de la barba blanca y también para los de la sonrisa Profidén y el cuello distraído. 

Que nadie pase por alto que estas cosas suelen tener su repercusión a la hora de poner unas urnas ordinarias ante la ciudadanía, o unas urnas en una asociación deportiva como lo es el Athletic Club. Y es que, para 'mentes dispersas', ya estamos otros capaces de repetirnos más que el ajo cuando sea menester (como cualquier tipo de elecciones). La cuestión es evitar el 'olvido' y, máxime, el intencionado… ése que conocemos como el de “esto, en cinco días se olvida”. 

Pues va ser que no y, como dice el sabio refranero, a buen entendedor… 

La Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años y medio de cárcel y una pena de multa de 966.000 euros para el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Ángel María Villar por la obtención de contratos entre 2007 y 2017 que habrían causado un perjuicio de 4,5 millones de euros al ente federativo. Entre ellos, varios partidos amistosos de la selección con los que habría beneficiado a su hijo. El Ministerio Público le atribuye delitos de administración desleal, corrupción en los negocios, apropiación indebida y falsedad, según el escrito que ha adelantado la Cadena Ser y al que ha tenido acceso elDiario.es. 

Se trata de la pieza principal del denominado caso Soule, una investigación que se inició en 2017 y en la que se ha indagado si Villar y el entonces vicepresidente económico Juan Antonio Padrón se aprovecharon de sus cargos para beneficiar a personas de su entorno. Lo hicieron, según la Fiscalía, “bien con la consecución de contratos a su favor en condiciones económicas perjudiciales para la RFEF, bien mediante el pago con cargo a fondos de la RFEF de retribuciones que o no se correspondían con ninguna prestación de servicios o no en las condiciones que se retribuían”.

La Fiscalía sostiene que desde al menos el año 2009 “Villar decidió la celebración de algunos de los partidos amistosos de la Selección Absoluta de Fútbol de acuerdo con lo convenido con su hijo” —Gorka, también acusado— “en perjuicio de la RFEF y con el fin de beneficiar a éste personalmente y a través de su sociedad Sport Advisers mediante la obtención de contratos entre ellos y las federaciones que resultaban favorecidas con su selección para esos partidos”. 

Con ello, Gorka Villar y su sociedad obtuvieron unos ingresos de 366.583,08 euros y la  la RFEF sufrió un perjuicio de al menos 3.830.000 euros, según los cálculos de la Fiscalía. Anticorrupción sostiene también que hubo también un pago indebido de retribuciones al abonar servicios no prestados a una empleada, por un importe total de 684.441,72 euros.

María Tato, la principal responsable de la Candidatura del Mundial 2030, ha puesto esta tarde su cargo a disposición del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, quien ha aceptado su renuncia, según ha adelantado el diario El Mundo.

La máxima responsable de la organización de la máxima competición internacional de fútbol masculino, que tendrá lugar en España, Marruecos y Portugal abandona su puesto después de que una información de este periódico revelase cómo modificó las puntuaciones de las sedes que alojarán los partidos de fútbol y sustituyendo el estadio de Balaídos, en Vigo, que quedó fuera por el de Anoeta, en Donosti.

La Federación de Fútbol dará una rueda de prensa en los próximos minutos para informar sobre el resultado de la investigación interna abierta en el organismo rector del fútbol español este lunes a raíz de las revelaciones periodísticas que han provocado críticas airadas, entre otros, del alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero. “Reclamo que ahora mismo el presidente de la Federación salga y explique qué está sucediendo”, expresó Caballero el mismo lunes, tras acusar a la RFEF de actuar con “oscurantismo”.

La Federación había exigido a María Tato un informe en el que diese cuenta del proceso de modificación del sistema de elección de sedes llevado a cabo por la comisión que ella dirigía y que presentó este martes a última hora. En el documento, Tato defiende su actuación y traslada la responsabilidad de la modificación de las puntuaciones al resto de miembros de esta comisión: Fernando Sanz y Jorge Mowinckel, de quienes prescindió el nuevo presidente de la RFEF, Rafael Louzán, tras su llegada a la presidencia.

El citado diario explica que los miembros del equipo de trabajo de la candidatura conjunta abordaron la evaluación de los estadios españoles en una reunión celebrada el 25 de junio de 2024 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. De ese encuentro resultaron elegidos 11 estadios y el último clasificado era Balaídos, con una puntuación de 10,2004 puntos, superando a Anoeta, que quedaba en ese momento fuera, con 10,1226. Sin embargo, apenas 48 horas después, el equipo evaluador retocó el Excel alterando la puntuación del estadio donostiarra, que pasó de golpe a tener una puntuación de 10,6026, por lo que superaba a Vigo, que quedaba automáticamente eliminada.

“Vamos allá. Vamos a meter valores en el Excel a ver qué nos queda. La primera prueba de las 800 que haremos hasta que nos cuadre con el resultado”, se escucha decir a María Tato, directora de la Candidatura del Mundial 2030 en la RFEF, según los audios publicados por el diario de Unidad Editorial referidos a la reunión del pasado 25 de junio. Al día siguiente ella misma envió un correo al actual presidente de la Federación y entonces vicepresidente, Rafael Louzán, informando del resultado del encuentro: “Querido Rafa, te escribo unas líneas sobre la situación actual, siguiendo tus indicaciones para poder informar al detalle a Pedro [Rocha, entonces presidente de la RFEF]”. Tato le contó a Louzán los “criterios de baremación” que habían estado empleando, basándose “en los usados por la FIFA en el último Mundial elegido: Brasil 2027 Femenino”.

El 28 de junio, esta trabajadora de la RFEF remitió a los miembros del Comité Ejecutivo de la candidatura la clasificación retocada en favor del estadio de San Sebastián y desechó la versión inicial que favorecía a Vigo, así como las indicaciones gubernamentales. Lo hizo mediante un correo electrónico remitido a las 12.43 horas de ese día 28. “Estos son los documentos de trabajo con los que hemos realizado la elaboración del listado de las sedes seleccionadas”, les dijo a otros responsables federativos como Elvira Andrés, Manuel Lalinde o Jorge Mowinckel.

Las sedes elegidas fueron finalmente los estadios de Anoeta, Camp Nou, Gran Canaria, La Cartuja, La Rosaleda, Metropolitano, Nueva Romareda, Cornellá-El Prat, Riazor, San Mamés y el Santiago Bernabéu.

“No sé qué le pasa a Abel Caballero, me llama todas las semanas”. La frase fue pronunciada por el exministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, el 23 de marzo de 2023 durante el tiempo muerto de una visita institucional a Galicia, según relatan a esta redacción testigos de aquel desahogo. Lo que le pasaba a Abel Caballero es el mundial de Fútbol que se celebrará en 2030 en España, Portugal y Marruecos. La primera lista de ciudades candidatas fue elaborada por el Gobierno y contenía un total de 15 localidades. Los evaluadores de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) redujeron ese listado a 11 y Vigo se quedó fuera. Lo que ahora hemos conocido, por la grabación filtrada al diario El Mundo, son las maneras de chapuza con las que se toman decisiones que mueven millones, implican a empresas privadas y comportan desembolsos de dinero público. El culebrón tiene todos los ingredientes del género: dinero, viejos conocidos, rencillas y lucha por el poder.

Aunque el alcalde de Vigo va perdiendo en su nueva causa política, no da su brazo a torcer: la información publicada por El Mundo este martes revelando manejos para excluir a la ciudad que dirige este veterano político socialista no ha hecho más que agitar un avispero en el que confluyen deporte, política y negocios. Según las grabaciones que acompañan esa información, el comité evaluador de la Federación decide sobre las candidaturas, que luego eleva a la FIFA, con criterios discutibles y más próximos a la tertulia de bar que a un análisis técnico y objetivo. La directora de la Candidatura del Mundial 2030, María Tato, dijo en un momento de la reunión que examinó a los aspirantes una frase que ha incendiado las alfombras de más de un despacho: “Vamos a meter valores hasta que nos cuadre el resultado”. La polémica está servida.

La decisión que aparta por el momento a Vigo en su carrera por el Mundial se produce durante el relevo en el mando de la RFEF que ha aupado como nuevo presidente al también gallego Rafael Louzán. Se da la circunstancia de que Louzán y Caballero son viejos enemigos políticos y eso no contribuye a la calma cuando las sospechas de amaño se ciernen sobre el proceso. El alcalde de Vigo ha iniciado una ofensiva para exigir que la Federación de Fútbol publique los criterios técnicos y las votaciones que han mantenido a unas ciudades y descabalgado a otras.

En este punto se sitúa la parte epistolar del culebrón. El 24 de febrero Abel Caballero se dirigió por carta al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para reclamarle que exigiese de la RFEF la publicación de los baremos, criterios y puntuaciones. En esa misiva, que Rueda nunca contestó, Caballero desliza la idea de que la Xunta solo apoya la candidatura de A Coruña, en detrimento de la de Vigo. Al día siguiente de la primera carta, llega la respuesta. El conselleiro de Presidencia, Xustiza y Deportes, Diego Calvo, es quien contesta. El tono es pretendidamente amable, pero el mensaje esconde el siguiente reproche político: “Sentimos que las posibles carencias que pudiese tener la propuesta de Vigo, junto con la ausencia de influencia del Gobierno local, no permitiesen que Vigo pasase el corte”. Este martes el PSOE ha pedido la dimisión de Calvo por el tono y contenido de esa misiva.

La rivalidad de la Xunta y el Partido Popular con Vigo no es novedosa. En un contexto político en el que el PP ostenta la mayoría absoluta en el Parlamento de Galicia, las victorias electorales de Caballero en la primera ciudad de Galicia son el principal talón de Aquiles de Alfonso Rueda, como lo fueron antes para Alberto Núñez Feijóo. Si Vigo consiguiese ser sede del mundial, Caballero obtendría un nuevo éxito que rentabilizar ante su electorado. Es por ello que el alcalde vigués no da la batalla por perdida y confía en que el apoyo del Gobierno central puede hacer que la FIFA se replantee su selección de ciudades. Aún queda tiempo y las espadas están en alto.

Abel Caballero cuenta con el respaldo del Gobierno central. El pasado 5 de marzo, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, aseguró: “Vigo debe estar. Seguiré conversando con la FIFA y la Federación”.  

¿Quién paga la fiesta?

La organización de un Mundial de Fútbol no se aleja mucho de una gran fiesta privada en donde quien decide la lista de invitados es la FIFA y quienes pagan son, en muchas ocasiones, las administraciones públicas. A finales de 2022 el Consejo de Ministros aprobó una subvención de 7,5 millones de euros para que la Real Federación Española de Fútbol impulsase la candidatura de España como sede del evento. El dinero tenía por destino sufragar actividades de difusión de la candidatura tanto en España como en otros países, el establecimiento de una oficina técnica de coordinación y el desarrollo de infraestructuras.

Pero la fiesta tiene más gastos que asumen las administraciones locales en torno a los estadios elegidos como sede de los partidos. En el caso de Vigo y A Coruña, ambos ayuntamientos deben acometer obras de ampliación de sus estadios para llegar a las 40.000 butacas que exige la FIFA a quien quiera jugar en su liga. Balaídos, el campo propiedad del Ayuntamiento de Vigo, acaba de terminar una reforma para elevar su aforo hasta 28.000 asientos y tendría que hacer nuevas obras para cumplir los criterios FIFA. En el caso de Riazor, en A Coruña, también es necesario acometer costosas obras de ampliación.

Es por ello que los dos ayuntamientos involucrados en Galicia en la preparación del Mundial han pedido el concurso económico de la Xunta de Galicia y el de las diputaciones provinciales. El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes propuso que las tres administraciones (Xunta, Diputación y Ayuntamiento) paguen la factura a partes iguales. Desde la Diputación le han contestado que no están dispuestos a poner lo mismo que otra administración con un presupuesto infinitamente superior al que ellos manejan.

Además del dinero público que se emplea en el evento, las administraciones implicadas buscan fórmulas diversas para poder sufragar sus gastos. Es aquí en donde entran los inversores privados a los que se ofrece la explotación de espacios a cambio de cash para pagar las primeras facturas. Las fórmulas para conseguir esas aportaciones extra son tan diversas como el mercado. Un ejemplo es la construcción de la Nueva Romareda en Zaragoza. El Ayuntamiento de la localidad aragonesa quiere que Ibercaja sea su principal socio financiero de una operación que requerirá un importante desembolso económico.

A Coruña

A Coruña se mantiene por ahora dentro del grupo de 11 ciudades que la FIFA va a evaluar como candidatas. Gobernada por la socialista Inés Rey, esta ciudad es la preferida de la Xunta para albergar partidos del Mundial. Pero, en el caso coruñés, el problema tiene que ver con la resistencia que parece ofrecer veladamente el Deportivo de A Coruña y, en consecuencia, Abanca, entidad propietaria del club.

El Deportivo lleva meses enzarzado en una guerra pública con el consistorio por el uso del estadio en donde juega su primer equipo, propiedad del Ayuntamiento. La tensión para renovar el acuerdo de alquiler que permite al Dépor usar las instalaciones municipales se ha acrecentado ahora con la pretensión de albergar una de las sedes del mundial.

Hay varios puntos que, según las fuentes consultadas, no son del agrado del Deportivo y Abanca. El primero es el referente a las obras de ampliación para adaptar el estadio a los criterios FIFA. Esa intervención obligaría al equipo a buscarse un campo alternativo en el que seguir jugando sus partidos mientras se desarrollan las obras de ampliación, entre dos y tres años. El otro punto de fricción es el que tiene que ver con los inversores que el Ayuntamiento de A Coruña pueda encontrar para adelgazar el coste del evento. Y es que Abanca tiene sus reservas a permitir que otras empresas usen el estadio en el que juega su equipo como lugar de negocio. El problema para esta entidad es que el estadio de Riazor no es suyo.

Fuentes cercanas a la entidad aseguran a esta redacción que “el club no ha sido debidamente informado de cómo se efectuará la ampliación” y advierten de que esas obras “podría causar un serio daño a los ingresos del club y a la afición”. Según las mismas fuentes “hacer una inversión de esta magnitud para dos o tres partidos y en el futuro tener el 50% de su nuevo aforo vacío carece de sentido”. En el entorno del Deportivo creen que, pese a ser uno de los principales clubs de la liga en abonados, “no existe demanda” para rentabilizar un estadio de más de 40.000 asientos en una ciudad de 250.000 habitantes y se quejan de que los gastos de mantenimiento del nuevo estadio, una vez ampliado, serían a cuenta del club. “El Deportivo nunca ha participado en el diseño de los cambios propuestos, ni sus opiniones han sido tomadas en cuenta”, aseguran fuentes próximas al Deportivo.

Y todo este conflicto se produce a cinco años de la celebración del Mundial y sin que se sepan aún cuántos partidos del campeonato se jugarían en cada una de las sedes. Una lucha política y económica que podría estar librándose a cuenta de apenas 180 minutos de fútbol.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) vuelve a situarse en el centro de la polémica un mes después de que se publicara la sentencia que condenó a su expresidente Luis Rubiales por el beso no consentido que dio a la jugadora Jenni Hermoso tras la final del mundial de 2023. El diario El Mundo publicó este lunes unos audios que demuestran cómo la federación manipuló las puntuaciones de las sedes candidatas a albergar partidos del mundial de 2030 que se celebrará conjuntamente en España, Portugal y Marruecos. En concreto, el máximo órgano del fútbol español cambió las notas para quitar como sede el estadio de Balaídos, en Vigo (Pontevedra) y dársela al de Anoeta, en San Sebastián.

El citado diario explica que los miembros del equipo de trabajo de la candidatura conjunta abordaron la evaluación de los estadios españoles en una reunión celebrada el 25 de junio de 2024 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. De ese encuentro resultaron elegidos 11 estadios y el último clasificado era Balaídos, con una puntuación de 10,2004 puntos, superando a Anoeta, que quedaba en ese momento fuera, con 10,1226. Sin embargo, apenas 48 horas después, el equipo evaluador retocó el Excel alterando la puntuación del estadio donostiarra, que pasó de golpe a tener una puntuación de 10,6026, por lo que superaba a Vigo, que quedaba automáticamente eliminada.

“Vamos allá. Vamos a meter valores en el Excel a ver qué nos queda. La primera prueba de las 800 que haremos hasta que nos cuadre con el resultado”, se escucha decir a María Tato, directora de la Candidatura del Mundial 2030 en la RFEF, según los audios publicados por el diario de Unidad Editorial referidos a la reunión del pasado 25 de junio. Al día siguiente ella misma envió un correo al actual presidente de la Federación y entonces vicepresidente, Rafael Louzán, informando del resultado del encuentro: “Querido Rafa, te escribo unas líneas sobre la situación actual, siguiendo tus indicaciones para poder informar al detalle a Pedro [Rocha, entonces presidente de la RFEF]”. Tato le contó a Louzán los “criterios de baremación” que habían estado empleando, basándose “en los usados por la FIFA en el último Mundial elegido: Brasil 2027 Femenino”.

El 28 de junio, esta trabajadora de la RFEF remitió a los miembros del Comité Ejecutivo de la candidatura la clasificación retocada en favor del estadio de San Sebastián y desechó la versión inicial que favorecía a Vigo, así como las indicaciones gubernamentales. Lo hizo mediante un correo electrónico remitido a las 12.43 horas de ese día 28. “Estos son los documentos de trabajo con los que hemos realizado la elaboración del listado de las sedes seleccionadas”, les dijo a otros responsables federativos como Elvira Andrés, Manuel Lalinde o Jorge Mowinckel.

Las sedes elegidas fueron finalmente los estadios de Anoeta, Camp Nou, Gran Canaria, La Cartuja, La Rosaleda, Metropolitano, Nueva Romareda, Cornellá-El Prat, Riazor, San Mamés y el Santiago Bernabéu.

En las últimas horas tanto el alcalde de Vigo, Abel Caballero, como el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, han mostrado su indignación por la información difundida por El Mundo. “Reclamo que ahora mismo el presidente de la Federación salga y explique qué está sucediendo”, expresó Caballero el mismo lunes, tras acusar a la RFEF de actuar con “oscurantismo”. “Louzán era entonces vicepresidente y fue el que recibió el texto en el que Vigo aparecía como sede del Mundial. ¿Quién lo cambió? ¿Por qué? ¿Con qué criterios? ¿Por qué se hizo?”, se preguntó el regidor de Vigo. Rueda se limitó a exigir “explicaciones” a la RFEF.

El exfutbolista del FC Barcelona y empresario Gerard Piqué ha negado este viernes en los juzgados de Majadahonda haber pagado al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales o a la entidad por actuar como intermediario de los saudíes en el contrato para el traslado de la 'Supercopa' de fútbol masculino de España a Arabia Saudí.

También ha negado irregularidades en la comisión de 4 millones anuales a abonar durante 10 años que su grupo empresarial, Kosmos, pactó recibir de la empresa pública saudí SELA por el contrato que firmó la RFEF para llevar la competición al país árabe.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que así se ha pronunciado el exjugador en su declaración como investigado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda, a donde ha llegado a las 09.15 horas. Tanto a su llegada como a su salida, ha optado por no hacer declaraciones a las decenas de periodistas que le esperaban desde temprano en la avenida de los claveles, número 12, de Majadahonda.

Piqué ha declarado en la misma línea que defendió este jueves su abogado en un escrito que presentó ante el juzgado. La defensa aportó 15 facturas emitidas por Kosmos a la Federación de Fútbol de Arabia Saudí (SAAF) por importe global de 12 millones de euros, así como comprobantes bancarios y una cadena de correos electrónicos. Dicha suma se ha ido abonando a una cuenta de Kosmos que la juez bloqueó el pasado abril en el marco de la investigación.

El abogado de Piqué defendió que dicha documentación evidencia “la normalidad en la relación contractual y la aceptación de los servicios de intermediación efectivamente prestados”, según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press.

El mejor contrato de la Federación

Según las fuentes consultadas, este viernes Piqué --que ha respondido durante casi dos horas a la juez, al fiscal y a su abogado-- ha asegurado estar orgulloso de haber conseguido el que considera el mejor contrato de la RFEF.

Asimismo, ha incidido en que, si en algún momento dio a entender que tenía el encargo de la Federación para mediar en la Supercopa, lo rectificó en una rueda de prensa. Según ha recalcado, nunca ha abonado ningún pago ni a Rubiales ni a la Federación por este o cualquier otro negocio. En este sentido, la declaración de Piqué coincide con lo declarado en sede judicial por el expresidente de la RFEF, quien negó haber recibido dinero alguno del exjugador del Barça.

En el marco de la declaración, el exdefensa blaugrana ha explicado que fue un trabajador de Kosmos quien le puso en contacto con la empresa saudí SELA y organizó una reunión en enero de 2019 con dos ejecutivos de dicha compañía para negociar el traslado de la competición, tal y como consta en la cadena de correos electrónicos que aportó este jueves su defensa.

Al hilo, el exjugador ha manifestado que en un principio el acuerdo con SELA fue verbal; en concreto, lo ha calificado como un “pacto de caballeros”. También ha explicado que una vez que la negociación se consolidó, propuso a SELA cerrar la posición de Kosmos y hablaron con la RFEF para conseguir dicha protección a través de una cláusula en el contrato que los saudíes finalmente admitieron.

Según ha relatado, la comisión de 4 millones anuales se firmó con los saudíes en septiembre de 2019, el mismo día que SELA y la RFEF suscribieron el contrato de la Supercopa, algo que ha defendido es lo habitual en estos casos.

El exinternacional también ha señalado que al principio Kosmos tuvo problemas para cobrar dicha comisión y que, en su intento de solucionarlo, llamó a Rubiales para que le ayudara, aunque no ha precisado si el expresidente de la RFEF intervino en el asunto. Lo que sí ha manifestado es que finalmente se emitieron los pagos. Al cierre de su intervención, Piqué ha pedido la palabra visiblemente emocionado para asegurar que le parece una injusticia estar involucrado en esta causa desde más de un año.

Ingresos de 40 millones para Piqué

El exfutbolista ha comparecido en sede judicial 10 meses después de que la magistrada Delia Rodrigo acordara incluirle en la lista de imputados, en la que figuran los expresidentes de la RFEF Luis Rubiales y Pedro Rocha, quienes ya declararon en esta causa en la que se investigan presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales.

La instructora le imputó al apreciar indicios delictivos en la comisión que cobró Kosmos por parte de SELA. La juez recalcó que el contrato incluyó unas adendas por las que se prorrogaban los acuerdos cuatro años más, pactándose mantener una prima de éxito en favor de una “tercera parte agente” que sería Kosmos durante los años de la prórroga. “En definitiva, para la RFEF habrá supuesto, si se cumple el acuerdo hasta su término, unos ingresos de 400 millones y para la empresa de Piqué 40 millones”, indicaba la juez.

En esta línea, la instructora ponía el foco en una cláusula que se denominó “esencial” por la que la RFEF “trataba de garantizar el pago de la comisión de 4 millones de euros anuales en favor de Kosmos, aun cuando esta empresa formalmente sería la comisionista de SELA”. También subrayaba que, “al tiempo del contrato”, Piqué era jugador activo del FC Barcelona, que participaba en la Supercopa.

La futbolista Jennifer Hermoso ha recurrido parcialmente la sentencia que condenó a Luis Rubiales a una pena de multa —10.800 euros— por el beso que le impuso en la ceremonia de entrega de medallas del Mundial celebrado en agosto de 2023 en Australia. Reclama que el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sea también condenado por el delito de coacciones que le atribuían las acusaciones por las maniobras que urdió en la RFEF para minimizar el impacto del beso, informa Europa Press. La defensa de Rubiales, por su parte, también ha pedido su absolución, según ha adelantado El País. 

En su recurso a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la representación de la jugadora solicita que tanto Rubiales como los otros tres acusados —el exseleccionador femenino Jorge Vilda, el exdirector de Fútbol de la sección masculina Albert Luque y el que fuera responsable de marketing de la Federación Rubén Rivera— sean condenados a un año y medio de cárcel por el delito de coacciones. En caso de no acceder a esta pretensión, y de forma subsidiaria, su abogado pide que se revoque la sentencia en cuanto al delito de agresión sexual respecto de Rubiales y que, en lugar de la multa a la que fue condenado, se le imponga un año de cárcel.

Su abogado sostiene que la jugadora percibió que las “amenazas” y “consecuencias” por no acceder a las pretensiones de Rubiales y sus subordinados de que saliera públicamente a restar importancia a ese beso eran “reales” y que podían “materializarse” dada su posición jerárquica. Y apunta que esas presiones generaron en la deportista el miedo “suficiente” como para “hacerla llorar y temer las represalias”.

El fallo consideró que se presionó a la jugadora para que saliera públicamente a restar importancia al beso, pero que no se ha podido probar que ninguno de los acusados ejerciera “ningún acto de violencia ni de intimidación” sobre la jugadora. Y, en consecuencia, no se dan los requisitos para la existencia del delito de coacciones.

El abogado de Hermoso sostiene que Rubiales trasladó sobre ella “una presión ambiental, laboral y mediática para forzarla a decir ”algo que no sentía“ y que tampoco había ocurrido: que el beso había sido consentido. Y que esos hechos ”encajan perfectamente en la violencia psicológica descrita en el elemento del tipo penal“. Asegura, en este sentido, que se alteró su forma de vida tras verse ”perseguida por los miembros de la RFEF y por la prensa (no por el mérito deportivo, sino por el beso no consentido) teniendo incluso que irse de Madrid para quitarse la presión“.

Rubiales alega que el beso fue sin “connotación sexual”

La defensa de Rubiales, por su parte, alega que el beso “se llevó a cabo en presencia de una multitud de personas y en un momento de gran euforia y de emocionada alegría” y que no tuvo “connotación sexual”, por lo que no pudo haber un atentado contra la libertad sexual de la jugadora.

En su escrito, la abogada de Rubiales, Olga Tubau, admite que la jurisprudencia ha excluido la exigencia del ánimo libidinoso en los delitos de agresión sexual, pero sostiene que ese elemento sí se tiene en cuenta “ante conductas o en situaciones equívocas, ambiguas o 5 susceptibles de arrojar dudas sobre su carácter sexual”. La letrada también recuerda que el Tribunal Supremo ha determinado que un beso en los labios puede resultar una muestra de afecto en el contexto de una relación de amistad.

Además de estas consideraciones, el recurso de la defensa de Rubiales pivota en gran parte sobre la cuestión del consentimiento. Su abogada defiende que hay dos hechos que acreditan que Jenni Hermoso dio su consentimiento: un vídeo en el que supuestamente dijo “pues vale” cuando una compañera le preguntó en el vestuario “¿y tú qué has dicho?” mientras hablaban sobre el beso; y el informe pericial aportado por la defensa que afirma que Rubiales le preguntó “¿te puedo dar un besito?” antes de consumar la presunta agresión sexual.

Los escritos de los abogados de Hermoso y Rubiales se suman al de la Fiscalía, que este jueves pidió repetir el juicio con un magistrado imparcial. En un contundente informe, la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, carga contra el juez José Manuel Fernández-Prieto, al que acusa de no haber sido imparcial, de obviar “pruebas” que se expusieron durante el juicio y de no haberle permitido hacer preguntas “relevantes” respecto a la acusación formulada por coacciones contra los cuatro acusados.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la sentencia que condenó a Luis Rubiales a 18 meses de multa —10.800 euros en total— por el beso que impuso a Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de medallas del Mundial celebrado en agosto de 2023 en Australia y pide repetir el juicio que se celebró durante el pasado mes de febrero en la Audiencia Nacional con “otro magistrado no viciado, cuanto menos, de apariencia de parcialidad”. 

En un escrito, la teniente fiscal del tribunal especial, Marta Durántez, alega la “incongruencia” de la resolución que condenó al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a una pena de multa por el delito de agresión sexual y le absolvió del delito de coacciones, al igual que a los otros tres acusados: el exseleccionador femenino Jorge Vilda, el exdirector de Fútbol de la sección masculina Albert Luque y el que fuera responsable de marketing de la Federación Rubén Rivera. 

La fiscal carga duramente contra el juez José Manuel Fernández-Prieto, al que acusa de no haber sido imparcial y de haber permitido que se utilizara un “tono irrespetuoso” con las acusaciones y, en concreto, con ella. Así, defiende que el magistrado “no garantizó que el juicio se desarrollara en las mejores condiciones comunicativas, con una impronta de serenidad y equilibrio que hubieran sido necesarias”. Y que permitió que los acusados y sus abogados mantuvieran conversaciones, risas y aspavientos que, a su juicio, hicieron que en numerosas ocasiones fuera “insoportable” llevar adelante los interrogatorios de los testigos.

La fiscal cuestiona, por ejemplo, que los acusados se dirigieran a saludar al juez dándole la mano cuando el juicio quedó visto para sentencia. Asegura en su escrito que es un hecho “nunca visto” en sus 26 años de trayectoria como fiscal y que “causó estupefacción al menos a las acusaciones”.

La representante del Ministerio Público también acusa al juez de privarle de formular preguntas “procedentes” a varios de los testigos con argumentaciones que considera “insostenibles” y “arbitrarias”. Y cuestiona la decisión del magistrado de inadmitir una de las pruebas solicitadas por el Ministerio Público: el visionado de un vídeo de la famosa asamblea de la RFEF del 25 de agosto de 2023, en la que Rubiales aseguró que no iba a dimitir y cargó contra “la lacra del feminismo”.

Según la fiscal, ese vídeo, en el que se ve cómo Rubiales fue aplaudido por la mayoría de los asistentes es “relevante” respecto a la acusación formulada por coacciones contra los cuatro acusados y es “útil para evidenciar el clima de connivencia del entonces presidente de la RFEF sobre sus subordinados y colaboradores” y que “viene a redundar en la conducta coactiva desplegada por los cuatro acusados sobre la víctima”. 

Asimismo, cuestiona la decisión del magistrado de obviar en la sentencia otras “pruebas” que se expusieron durante el juicio, como el informe interno que calificó el beso como algo “anecdótico” y “sin importancia”, el gabinete de crisis que Rubiales montó en su despacho tres días después del beso, un audio enviado por la jugadora durante su estancia en Ibiza, donde solicitaba a la RFEF que cesaran las coacciones, así como su no convocatoria para los dos partidos siguientes a que sucedieran los hechos.

Tipo atenuado de agresión sexual

Por otro lado, la fiscal también cuestiona que el magistrado optara por imponer a Rubiales el tipo atenuado de agresión sexual. El juez lo justificó dada la “entidad” de la agresión: un beso “esporádico” que no precisó de “una especial rehabilitación” y para que el Rubiales no se prevaleció de su “condición” de presidente ni de su “relación de superioridad”.

A este respecto, la fiscal insiste en que el hecho de que él le inmovilizara la cabeza con ambas manos para darle el beso —como considera probado la sentencia— pone de manifiesto una situación “intimidatoria” que debe tenerse en cuenta para hacer “inaplicable” el tipo atenuado. A eso suma otros elementos como que la boca es “una de las zonas más íntimas de la persona” o que el beso pueda ser visionado “por el mundo entero” , con lo que la jugadora perdió su derecho a la intimidad.

La fiscal también califica de “irrisoria” la multa de 10.800 euros impuesta dada su capacidad económica. Rubiales cobraba en la RFEF 675.761 euros anuales, a los que había que sumar 3.000 euros al mes para vivienda y otros 250.000 euros anuales de sueldo como vicepresidente de la UEFA. “La aplicación del tipo atenuado, la imposición de una pena de multa, y de esta multa, atendiendo a las circunstancias del caso expuestas, constituye una ofensa para la víctima y para las víctimas de agresiones sexuales. Sin duda un mal precedente”, subraya Durántez.

Respecto a las coacciones, la fiscal no hace objeciones a los hechos declarados como probados en la sentencia, pero cree que sí deberían ser objeto de reproche penal. El fallo consideró que se presionó a la jugadora para que saliera pública a restar importancia al beso, pero que no se ha podido probar que ninguno de los acusados ejerciera “ningún acto de violencia ni de intimidación” sobre la jugadora. Y, en consecuencia, no se dan los requisitos para la existencia del delito de coacciones.

La fiscal cree, sin embargo, que “entender que no se ha dado la violencia y/o intimidación que requiere el tipo de las coacciones como elemento objetivo, es no entender nada del citado tipo penal”. Y acusa al juez de apartarse “abiertamente y de forma no motivada e injustificada” de la jurisprudencia que ha ido adaptando ambos conceptos a las nuevas realidades de la sociedad.

Afirma Durántez, por ejemplo, que en el ámbito inmobiliario actos como cortar la luz o el agua se consideran coactivos, al igual que el cambio de cerradura del inmueble en el ámbito de las relaciones familiares y de pareja o realizar múltiples llamadas telefónicas o seguimientos en el ámbito de la violencia sobre la mujer.

Si en el ámbito político asistimos a episodios de agarre al poder que rozan lo patético, el mundo federativo deportivo rebasa cualquier límite. Si no fuera suficiente el espectáculo ofrecido desde la Real Federación Española de Fútbol, donde parece necesario estar condenado, imputado o bajo sospecha para alcanzar y mantenerse en el sillón, lo de la Federación Vizcaína de Fútbol clama al cielo en relación a un personaje que no puede suscitar más rechazo, por más que los clubes del territorio le renueven su apoyo de forma tan automática como interesada, mirando hacia otro lado sobre las circunstancias turbias del sempiterno presidente.

Se trata de José Ignacio Gómez Mardones, que acaba de anunciar que se vuelve a presentar al sillón de la FVF con una simple respuesta a pregunta de un periodista sobre si aspira (¡atención!) a un sexto mandato de cuatro años: “sí, claro que sigo”. Pongámonos en situación sobre su trayectoria, la pública y la no tan conocida.

Mardones (que se hace llamar “Iñaki” desde que se afilió por conveniencia al PNV, sin que se le conozca ningún fervor patrio, más bien lo contrario), con 76 años, lleva más de dos décadas al frente de la Vizcaína, desde 2004, después de 12 años como directivo y otra década más como vicepresidente. Es decir, lleva en la Federación Vizcaína la friolera de 43 años, desde 1982, vamos desde el año de Naranjito.

Luis Rubiales, cuando llegó a la RFEF, y a cambio de su apoyo fiel, nombró a Mardones directivo en Madrid, a su vera, con unos emolumentos de 90.000 del ala, con funciones que nadie conoce, para luego acceder a la presidencia de la Mutualidad de Futbolistas Españoles, con otro jugoso sueldazo. Obviamente, para recibir esas obscenas asignaciones con ínfima dedicación, Mardones ha necesitado seguir de virrey en Bizkaia, y ahora lo hace para mantener otros descarados excesos personales. Veamos.

El ínclito Mardones nombró a su hermano Enrique presidente del Comité de disciplina vizcaíno, además de a sus hijos en diferentes cometidos en la Federación, con toda la impunidad, incumpliendo flagrantemente la Ley del Deporte, que prohíbe tales nombramientos con parentesco directo, y cualquier código ético. Los clubes federados, ni mú (¿será que las sanciones disciplinarias son en Bizkaia las más leves del panorama futbolístico estatal y se retiran generosamente a cambio de apoyos?, ¿será que algunos directivos colocan también a familiares en el chiringuito federativo?) y, lo que es más grave, con la benevolencia de las Administraciones competentes, donde en la Diputación Foral de Bizkaia, el director Carlos Sergio, bien relacionado con Mardones, y las sucesivas diputadas del ramo no saben, no contestan, y le ofrecen callada cobertura por aquello de que “es afiliado al partido”.

Pero es que Mardones ha estado cobrando las asignaciones de la RFEF (al menos los citados 90.000 euros) sin la necesaria y preceptiva formal aprobación de la asamblea de la FVF, pues provienen de fondos destinados a la profesionalización de directivos, cuyo destino concreto ha de aprobarlo la Federación, que es la beneficiaria de la subvención. ¿No lo sabían sus compañeros de directiva?, ¿no lo saben los clubes? Todos callan, aunque en privado reconocen el abuso, que puede acarrear consecuencias judiciales, incluso penales, por supuesto con la posible devolución de las cantidades. La Administración Foral deportiva calla y, ojo, es por ello también responsable.

Mardones, desde la directiva de la RFEF, agradece a Madrid su nombramiento y sus groseros sueldos y lo ha hecho boicoteando una y otra vez la oficialidad de la selección vasca y los intereses generales del fútbol vasco, cuando está obligado personalmente por los acuerdos de la Federación Vasca, de la que es miembro nato, y a la que ha airado subrepticiamente (hay pruebas de ello). El sistema electoral ha hecho que, hasta ahora, Mardones ponga y quite presidentes de la Vasca, para cargar contra ellos cuando quieren simplemente ejercer sus cargos. Gómez Mardones es un enemigo indisimulado de la oficialidad, algo que a los dirigentes (dicen que nacionalistas) deportivos vascos que le dan cobertura se la trae al pairo.

La desvergüenza del personaje se puso de manifiesto cuando al cuestionarse a Rubiales por su comportamiento deleznable, afirmó que “su mandato ha sido impecable”. Eso consta declarado por Mardones en los medios, antes de que pesaran sobre el motrileño también cargos por corrupción, todavía sub iudice, de los que nada parecía conocer su fiel escudero Mardones, que, eso sí, se separó discretamente de él cuando la cosa se ha agravado.

No es todo. Cuentan testigos presenciales que en el centenario del Comité de Arbitros, en la cena de celebración, afirmó que si por él fuera no habría mujeres árbitro, que “no valen para ello”, invitándolas a beber sólo refrescos que “si no se les sube a la cabeza”. Un misógino de manual, lo que corroboró con su asqueroso apoyo al jefe Rubiales, condenado hoy por agresión sexual. Nada le ha costado, parece, al corcho Mardones.

Hay que señalar que el Athletic tendría y tiene un papel preponderante en su no continuación, con el sistema electoral actual y con su indudable peso y ascendiente público, y puede hacer mucho por una necesaria renovación en la FVF, que ya urge por una mínima higiene democrática y ética. El club rojiblanco sabe de la animadversión que despierta entre sus compromisarios, lo que ha provocado que no acuda a las últimas asambleas por “indisposición”, su habitual excusa para rehuir citas molestas y reuniones directivas en las que no quiere dar la cara.

Con todo, el culpable de que este personaje pueda perpetuarse lucrándose y perpetrando fechorías es el Departamento de Cultura y Deportes del Gobierno Vasco, que hoy encabeza la vicelehendakari Ibone Bengoetxea, mal asesorada por el Director de Deportes Gorka Iturriaga, alias “el sonrisas”. Y ello porque es el propio GV el que está incumpliendo la Ley del Deporte, que en su artículo 43.6 le obliga a establecer un concreto límite de mandatos, que afectaría de pleno al protegido Mardones, exactamente cuando se van a cumplir dos años desde su aprobación y todavía no se ha cumplimentado esa nítida obligación que le incumbe al Ejecutivo, habiendo éste dado comienzo a una convocatoria electoral cuatrienal de forma irregular, lo que podría ser declarado por los Tribunales. Con las responsabilidades consecuentes.

Esta es la lamentable situación. Una Administración que no cumple las normas, por razones inconfesadas, y un desaconsejable personaje que alardea de que “la ley no es para mí”. Ya es hora de que este señor abandone un cargo que monopoliza durante décadas de enchufes y clientelismos. Esperemos que alguien ponga el cascabel a este gato que se agarra a la cortina. Sin vergüenza.

“Luis Manuel Rubiales Béjar, mayor de edad y sin antecedentes penales computables a efectos de reincidencia, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), sujetó la cabeza de la jugadora con ambas manos, y de manera sorpresiva y sin su consentimiento ni aceptación, le propinó un beso en los labios”. Son los hechos probados de la sentencia de la Audiencia Nacional que esta semana condenó al que fuera máximo responsable del fútbol español por un delito de agresión sexual. 

La resolución, contra la que cabe recurso, es el último hito de un caso que empañó la mayor gesta de la historia del deporte femenino en España, pero que también sacó a la luz cómo se movilizaron todas las estructuras de la Federación para tratar de preservar el enorme poder de su presidente. Sus dirigentes no solo dejaron desprotegida a la víctima, sino que trataron de obligarla a que ‘salvara’ públicamente al agresor. La sentencia acredita la existencia de esas maniobras, pero absuelve a los cuatro acusados por coacciones porque ese delito exige una violencia o intimidación que el juez cree que no se dio en este caso.  

Fue una torpe gestión de la polémica que no tendrá consecuencias penales, pero que sí ha forzado otros cambios. El propio Rubiales se vio obligado a dimitir 20 días después de lo que, según él, fue un “piquito” sin importancia y que ahora la Justicia considera una vulneración de la libertad sexual. Bregado en escándalos y acusaciones de corrupción, el exfutbolista no resistió al clamor social y la unión de unas jugadoras, que no perdieron la oportunidad de convertir un hecho concreto en un caso global. Rubiales cobraba 675.761 euros anuales, a los que había que sumar 3.000 euros al mes para vivienda y otros 250.000 euros anuales de sueldo como vicepresidente de la UEFA. 

“Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera Jenni Hermoso”, escribió una de las capitanas, Alexia Putellas, horas después de que Rubiales atribuyera buena parte de la iniciativa del beso a la jugadora, cargara contra el “falso feminismo” y se proclamara víctima de un “asesinato social”. Lo hizo en aquella asamblea de la Federación, supuestamente creada para ejercer control y vigilancia, en la que recibió aplausos por doquier con muchos de sus asistentes puestos en pie tras un agresivo discurso. A Putellas le siguieron otras jugadoras con mensajes similares. 

Salidas en la cúpula

Uno de los hombres que aplaudió en esa asamblea fue el entonces seleccionador, Jorge Vilda. El técnico resultó absuelto esta semana del delito de coacciones que le atribuían las acusaciones. La sentencia considera probado que, durante el vuelo de vuelta a España, “instó” al hermano de Jenni Hermoso y a un amigo de esta a que la convencieran para que hiciera un vídeo junto a Rubiales explicando que el beso había sido “consentido” y “restándole importancia”. Y que lo hizo “recordándoles que a Jenni le quedaba poco fútbol por la edad y la Federación podía tener una deferencia con ella, pero que si la situación se enrarecía iban a caer cabezas y la cosa no iba a ir bien para ella ni para nadie”. Al final, para quien no fueron bien las cosas fue para él mismo. En la asamblea, Rubiales anunció que le subía el sueldo de 170.000 euros a 500.000, pero fue despedido días después.

El suyo fue uno de los nombres que las jugadoras pusieron encima de la mesa para volver a asistir a los partidos de la selección después de la enorme polémica generada por el beso y la reacción de la cúpula de la Federación. Sus peticiones también recogían cambios en el organigrama de la secretaría general, en el gabinete de la presidencia y en la dirección de Integridad, así como una nueva estructura del área de Comunicación y Marketing. 

Forzado por la unión de las jugadoras, el escándalo por el beso de Rubiales también se llevó por delante a otros altos cargos en el organigrama de la RFEF. Es el caso del que fuera secretario general, Andreu Camps, mano derecha de Rubiales durante su presidencia, y a quien las futbolistas tenían en el punto de mira por su hosquedad en diferentes negociaciones. Según contó El Confidencial, Camps se negó a imprimir el nombre de las futbolistas en las camisetas, algo que sí se hacía con la selección masculina. Alegó que “suponía mucho gasto”. Entre los cesados también estuvo quien fuera jefe de gabinete de Rubiales, Chema Timón; el director de Relaciones Institucionales, Antonio Gómez-Reino; o el director de Comunicación, Pablo García-Cuervo. 

Este último compareció como testigo en el juicio con un tono desafiante y chulesco. Cuestionó a la futbolista, de la que dijo que es una persona “bastante influenciable y bastante manipulable”. La sentencia, sin embargo, otorga “plena credibilidad” al relato de la jugadora y de sus compañeras de la selección sobre los hechos que ocurrieron aquel 20 de agosto de 2023 y en los días siguientes. Y acreditan que la Federación mintió cuando, horas después del beso, emitió un comunicado que ponía en boca de la jugadora palabras exculpatorias para Rubiales. Según el juez, la jugadora ni pronunció esas palabras ni dijo que estaba conforme con ellas. Ese comunicado fue remitido a los medios por García-Cuervo. 

También está fuera de la RFEF el que fuera vicesecretario y director de Integridad, Miguel García Caba. Él fue el encargado de llevar a cabo la investigación interna que calificó el beso de Rubiales a Hermoso como algo “anecdótico” y “sin importancia”. El juicio desveló que ese informe fue elaborado en apenas un día y medio y con testimonios prefabricados para respaldar la actuación del entonces presidente. Las salidas de altos cargos siguieron meses después del escándalo del beso. En mayo de 2024 fueron despedidos los otros acusados por las supuestas coacciones a Jenni Hermoso y que resultaron absueltos esta semana: el exdirector de Fútbol de la sección masculina Albert Luque y el que fuera responsable de Marketing Rubén Rivera. 

Cambios estructurales

Más allá de estos despidos, la unión de las jugadoras tras el escándalo sí ha alumbrado “cambios estructurales” en la élite de un deporte que en 2014, un año antes de que España disputara su primer mundial, ni siquiera era considerado profesional. El equipo técnico se ha reforzado y profesionalizado con dedicación exclusiva, se han implementado mejoras tecnológicas y se han mejorado las condiciones de viaje y alojamiento para igualarlas a las de la selección masculina. También fue muy recibido el fichaje de Markel Zubizarreta como director del fútbol femenino, pero se marchó a los siete meses tras recibir una oferta “irrechazable” de Michele Kang, la magnate del fútbol femenino. 

La Federación, sin embargo, sigue sin hacer esa profunda renovación necesaria para dejar atrás las épocas oscuras de los mandatos de Ángel María Villar, que estuvo 29 años en el cargo, y de Rubiales. Pedro Rocha, delfín de este último, empezó como presidente de una gestora que se propasó en sus decisiones, no convocó las elecciones como marcan los estatutos y acabó siendo inhabilitado. También está implicado en el caso que investiga un juzgado de Majadahonda por posible corrupción en las comisiones que se pagaron al exjugador Gerard Piqué con la decisión de llevar la Supercopa a Arabia Saudí.

El pasado diciembre fue elegido como nuevo presidente el gallego Rafael Louzán, quien presidió la Diputación de Pontevedra por el PP. Louzán se presentó y ganó esas elecciones a pensar de tener sobre él la sombra de la Justicia. Finalmente, en febrero resultó absuelto por el Tribunal Supremo del delito de prevaricación por el que había sido condenado a siete años de inhabilitación. Ahora es el hombre llamado a sacar a la institución de un eterno escándalo que ha tenido en el beso no consentido de Rubiales uno de sus más lamentables episodios. Un beso que, según Louzán, es “uno de esos errores que se cometen”.

El abogado de la futbolista Jennifer Hermoso, Ángel Chavarría, recurrirá la sentencia por la que la Audiencia Nacional ha condenado al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales por agresión sexual, aunque absolviéndole del delito de coacciones. Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que la jugadora ha dado el visto bueno a su representación para que interponga recurso ante la Sala de lo Penal tras estudiar el fallo dictado este mismo jueves.

En la sentencia, el magistrado José Manuel Fernández-Prieto condena a Rubiales por agresión sexual a una multa de 10.800 euros, además de prohibirle acercarse a Hermoso en un radio de 200 metros y comunicarse con ella durante un año, dejando claro que no hubo “consentimiento” en el beso que impuso a Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de medallas del Mundial celebrado en agosto de 2023 en Sidney (Australia).

Rubiales tendrá además que indemnizar a Hermoso con 3.000 euros por “el daño moral causado por el beso dado por sorpresa, unido al momento y lugar en que se proporciona, a la vista de las miles de personas asistentes en el estadio de fútbol y de los miles de telespectadores que veían la ceremonia por televisión”.

El magistrado otorgaba este jueves “plena credibilidad” al relato de la jugadora y de sus compañeras de la selección, pero absolvía a Rubiales del delito de coacciones al considerar que las maniobras que urdió después en la Federación para minimizar el impacto del beso no incluyeron los elementos de “violencia” e “intimidación” que exige el Código Penal.

El magistrado ha acordado absolverle tanto a él como al exdirector de la selección española Albert Luque, al exseleccionador femenino Jorge Vilda y al exresponsable de Marketing de la Federación Rubén Rivera del delito de coacciones al no haber quedado “probado que ejercieran ningún acto de violencia ni de intimidación sobre Jennifer Hermoso”.

Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que había solicitado una condena total de dos años y medio de cárcel para Rubiales, también se plantea recurrir. Por ambos tipos penales, la representante del Ministerio Público había pedido la pena de un año por el delito de agresión sexual y otro año y medio por las coacciones tanto para Rubiales como para los otros tres acusados. La Fiscalía se encuentra estudiando el fallo y cuando termine de hacerlo decidirá si interpone recurso.

“Sin su consentimiento ni aceptación”

En su resolución, el juez considera probado que Rubiales “sujetó” su cabeza con ambas manos y, de manera sorpresiva y “sin su consentimiento ni aceptación”, “propinó” a Jenni Hermoso un beso en los labios con “una clara connotación sexual”. No obstante, opta por imponer a Rubiales una pena de multa dada la “entidad” de la agresión: un beso que supone un “acto esporádico” del acusado y que no precisa de “una especial rehabilitación”. Y al considerar que Rubiales no se prevaleció de su “condición” de presidente ni de su “relación de superioridad” cuando le propinó ese beso.

El magistrado recuerda que la declaración de los testigos es apta para apuntalar una condena siempre que sea verosímil y no concurran contradicciones en la incriminación, como ocurre en el caso de la deportista. Y apunta que “nada más bajar de la tarima” ya comentó a sus compañeras el “disgusto” por el beso recibido, tal y como confirmaron las jugadoras que comparecieron como testigos.

La resolución explica que dar un beso en la boca “no es la forma normal de saludar a las personas con quienes no se mantiene una relación de afectividad”. Lo hace después de recordar que la propia jugadora dejó “claro” durante su declaración que “nunca da besos en los labios a las personas con las que no tiene una especial relación de afectividad” y que Rubiales tampoco lo hizo con el resto.

Recuerda, en este sentido, que el acusado no fue capaz de explicar “mínimamente” por qué tuvo ese “cambio de trato” con Jenni Hermoso —al resto de jugadoras las abrazó y les dio dos besos en la cara— y dice que es un hecho que “difícilmente” puede verse justificado por el hecho de la jugadora hubiera fallado un penalti, tal y como él trató de justificar durante el juicio. “Tal hecho se ve (...) transformado en una anécdota por el éxito deportivo finalmente conseguido (...). Nada había que consolar”, dice la sentencia.

Luis Rubiales, bregado en escándalos y acusaciones de corrupción, no resistió al clamor social generado por el “beso robado” que impuso en la boca a la futbolista Jenni Hermoso tras la final del Mundial de 2023. Tras acusar al “falso feminismo” de querer asesinarlo públicamente en una asamblea de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), no tuvo más remedio que dejar su cargo a través de una carta enviada a su sustituto. Año y medio después, la Audiencia Nacional dejó este viernes visto para sentencia el juicio por ese beso y por las supuestas maniobras que urdió después para minimizar su impacto. 

Ese “beso robado” —“un piquito”, dijo él restándole importancia— cristalizó en un indignado “se acabó” que puso el foco sobre el abuso de poder y las conductas normalizadas que sufren las mujeres. Ahora, es tarea del juez José Manuel Fernández-Prieto determinar si fue una agresión sexual, como defiende la Fiscalía y la jugadora, que piden para él un año de cárcel por el beso y año y medio por las supuestas coacciones; o si no es un acto penalmente condenable, como sostiene el expresidente de la principal organización del fútbol español. 

En su declaración, Rubiales llegó incluso a señalar a la jugadora como la responsable de acercarle su cuerpo: “Ella me apretó muy fuerte de las axilas, me levantó. Y, al caer, le pregunté: '¿puedo darte un besito?'. Y me dijo: 'vale'. Eso fue lo que ocurrió”. La versión de ella fue muy diferente: “Ni escuché ni entendí nada. Y lo siguiente fue ponerme las manos en las orejas y darme el beso en la boca”. 

La vista, que se ha alargado durante dos semanas, ha pivotado sobre un concepto determinante en los delitos contra la libertad sexual: el consentimiento. Pero no sólo. Durante su alegato final, la defensa de Rubiales, que ejerce la penalista Olga Tubau, puso el foco en la reacción de la jugadora tras el beso para tratar de desacreditarla. “¿Te dan un beso que tú no has querido y en ese momento te da asco y te despides con dos palmadas en los costados (...) y con una sonrisa?”, afirmó la abogada.

La tesis que Tubau trató de exponer ante el juez es que la actitud de la jugadora tras el beso —“buen humor, alegría, euforia”— evidencia que ni ella misma lo “vivió” e “interpretó” como una agresión sexual. También hizo alusión a una entrevista que la futbolista hizo desde el estadio, en la que reconoció que el beso no le había gustado pero en la que trató de restarle importancia (en el juicio dijo que lo había hecho para no empañar la celebración). Y a un vídeo en el que ella y el resto de jugadoras aplauden un discurso de Rubiales ya de vuelta en España tras el Mundial. “No se aplaude a un agresor sexual”, dijo la letrada. 

La abogada concedió que la conducta de Rubiales fue “moralmente rechazable” pero no “penalmente condenable” y la justificó, ahora sí, como una “una manifestación de alegría” que el entonces presidente no pudo controlar. Su tesis es que, ante una hipotética ausencia de consentimiento que Rubiales defiende que sí existió, elementos como las “conductas previas, el contexto, el momento o las relaciones existentes” pueden determinar que ese beso, aunque robado, no es delito. 

El consentimiento, esencial

La visión de la Fiscalía y del resto de acusaciones es totalmente opuesta. A su juicio lo esencial es el consentimiento. “No consintió y claro que le afectó. Fue un atentado contra la libertad sexual”, dijo la fiscal del caso, Marta Durántez. “No estamos ante un consentimiento, estamos ante un sometimiento”, sostuvo Ángel Chavarría, el abogado de la jugadora. “Recibió un beso de manera agresiva, sorpresiva e inesperada (...). Fue una violación de la integridad corporal y la libertad sexual por ausencia de consentimiento”, mantuvo la representante de la acusación popular ejercida por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). 

De hecho, la fiscal cargó en su alegato final contra el estereotipo de la ‘víctima ideal’ y lamentó los procesos de revictimización que sufren quienes se enfrentan a un procedimiento de este tipo. “Aunque me produce rechazo (...), le he tenido que preguntar por qué se reía en el vestuario, por qué bebía champán, por qué comía. ¿Hasta cuándo vamos a estar exigiendo a la víctima de una agresión sexual un comportamiento heroico? ¿Acaso no tenía derecho a celebrar un triunfo deportivo de tal entidad? (...) ¿Le podemos exigir que se vaya a un rincón a llorar? ¿Que monte un espectáculo?. La ley ha cambiado, pero hay mucho por mejorar”, clamó. 

Es una cuestión que ya sobrevoló durante el interrogatorio a la jugadora, cuando la defensa de Rubiales le preguntó por los vídeos en los que, después de la entrega del trofeo, aparecía celebrando la victoria y bromeando, también con el beso. “No tengo que estar llorando en una habitación para entender que no me gustó”, respondió ella mostrando que su reacción no invalida sus sensaciones en ese momento. 

En sus conclusiones, la fiscal hizo alusión a que el relato de la jugadora había sido “coherente” y dijo que la actuación de Rubiales “encaja como un guante” en el artículo 178.1 de la ley del ‘solo sí es sí’, que contempla que el consentimiento siempre debe ser explícito. También defendió que la jurisprudencia que existe al respecto pone de manifiesto que lo que allí ocurrió fue una agresión sexual, por muy buena relación que tuvieran ambos y por mucho que Rubiales no pretendiera con ello saciar su apetito sexual. 

Un día después, la defensa de Rubiales defendió que en ningún caso había quedado acreditado ni que Jenni Hermoso no hubiera consentido, ni que ese acto pueda constituir un delito de agresión sexual. E insistió en que, ante casos ambiguos, el juez sí debe tener en cuenta elementos como la posibilidad de estar ante “un beso eufórico, de amigo” y determinar si existe ese ánimo libidinoso que la jurisprudencia ya no exige como criterio general y que, a su juicio, no se da en este caso. 

Un presidente que “mandaba todo”

Las nueve jornadas de juicio también han servido para hacer el retrato de un hombre, Rubiales, obcecado en minimizar las consecuencias de su acto; y de una institución absolutamente plegada a su presidente y volcada en librarlo de un escándalo de dimensión internacional. Es algo que evidencian hechos como que la cúpula ocultó a Jenni Hermoso la existencia de un protocolo interno frente a la violencia sexual, tal y como reconoció ella misma; o que el informe interno que calificó el beso como algo “anecdótico” y “sin importancia” fue elaborado en apenas un día y medio y con testimonios prefabricados para respaldar la actuación de Rubiales. 

La propia jugadora relató ante el juez lo “desprotegidísima” que se había sentido, pues nadie de la institución se puso en contacto con ella para preguntarle cómo se encontraba después de que su “jefe” le impusiera un beso no consentido que empañó la mayor gesta de la historia del deporte femenino en España. Su entrenador, Jorge Vilda, acusado de un delito de coacciones que también niega, reconoció que “igual tendría que haber preguntado cómo estaba”.

En su informe, la fiscal describió a Rubiales como un presidente que “mandaba todo” y mantuvo que los otros tres acusados presionaron a la jugadora y a su entorno para que saliera a minimizar los hechos movidos por el interés de “salvar a su jefe” y por pura supervivencia. Pues, si Rubiales caía, ellos “iban detrás”. El abogado de la jugadora afirmó que “toda la estructura federativa se puso en marcha para salvar” a Rubiales. También fue muy dura en este punto la letrada de la acusación popular, que definió a la RFEF como “una estructura vertical, manipuladora y servilista del presidente y su equipo más cercano”. 

Sus apreciaciones no gustaron a las defensas de los acusados, que acusaron a la Fiscalía de hablar para “la galería” y de montar una “macrocausa” para presentar a la RFEF como una “mafia”. “Lo del beso no era suficiente, era tan pequeño, tan corto, tan nimio... que no daba lugar a esta exposición pública ni a la demostración de fuerza del Estado”, sostuvo el abogado de Rubén Rivera, otro de los acusados. Ahora es el juez el que deberá decidir el alcance penal de una conducta que buena parte de la sociedad consideró inaceptable. 

La fiscal Marta Durántez ha expuesto este miércoles su informe final ante el juez que juzga desde la semana pasada al que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y su círculo de confianza por el beso que impuso a Jenni Hermoso y la trama que supuestamente urdió después para librarse del escándalo. En una exposición que se ha alargado durante casi dos horas, la fiscal ha mantenido la petición de dos años y medio de prisión para Rubiales al considerar que vulneró la libertad sexual de la jugadora al besarla contra su voluntad y que, a continuación, puso en marcha la “maquinaria” de la entidad para coaccionarla con el objetivo de que saliera públicamente a restar importancia a ese beso. “No hubo pregunta, no hubo consentimiento”, ha aseverado. 

También mantiene la petición de un año y medio de cárcel para el exseleccionador Jorge Vilda, el ex director deportivo de la selección masculina y exfutbolista, Albert Luque, y al exresponsable de marketing de la Federación, Rubén Rivera, acusados de un delito de coacciones. Actuaron, a su juicio, movidos por el interés de “salvar a su jefe” pues ellos “iban detrás”. “Si él se caía, se caían los demás. Ninguno de los acusados forman parte actualmente de la Federación. Y el detonante fueron estos hechos”, ha mantenido la representante del Ministerio Público.

Durántez ha definido a Hermoso como “una simple jugadora” enfrentada a un presidente que “mandaba todo”. Y ha insistido en que la reacción de la futbolista no invalida sus sensaciones en ese momento, al tiempo que ha cargado contra los estereotipos que construyen un “tipo ideal de víctima”. “Aunque me produce rechazo (...), le he tenido que preguntar por qué se reía en el vestuario, por qué bebía champán, por qué comía. ¿Hasta cuándo vamos a estar exigiendo a la víctima de una agresión sexual un comportamiento heroico? ¿Acaso no tenía derecho a celebrar un triunfo deportivo de tal entidad?”, ha expuesto la fiscal. 

Aunque no la ha citado, la fiscal se refería a las preguntas que la abogada de Rubiales, Olga Tubau, hizo a la jugadora durante el juicio sobre los vídeos en los que, después de la entrega del trofeo, aparecía celebrando la victoria y bromeando, también con el beso. “No tengo que estar llorando en una habitación para entender que no me gustó”, respondió Hermoso.

La fiscal también ha recordado que una víctima de agresión sexual “necesita tiempo de reflexión, de asesoramiento, de consejo” antes de tomar la decisión de denunciar. “¿Le podemos recriminar que falta a la verdad y que hubo consentimiento porque denunció 10 días después?”, ha aseverado.

“Coherencia total”

Respecto al beso, la fiscal ha puesto en valor la declaración de la jugadora, que dejó claro que no había sido consentido y, sin aludir expresamente, apuntó al abuso de poder. “Sabía que me estaba besando mi jefe y eso no debe ocurrir en un entorno laboral (...). Me sentí poco respetada. Mancharon uno de los días más felices de mi vida”, dijo Hermoso en la primera sesión del juicio.

Según la fiscal se dan los requisitos que exige la jurisprudencia para otorgar credibilidad a su relato, que es la “prueba directa” en este tipo de delitos. Así, ha explicado que durante el juicio ha quedado acreditado que no existe “animadversión o motivo espurio” que lleve a la futbolista a faltar a la verdad sobre lo que pasó en el momento del beso, que su testimonio resulta “verosímil” porque existe una “coherencia total” entre los hechos narrados por ella y su comportamiento inmediato y posterior y tampoco incurrió en contradicciones. “Fue rotunda, clara, ni tan siquiera dramatizó la situación”, ha ampliado.

Además, ha subrayado que el relato de la jugadora fue corroborado por otros testigos. Y ha hecho hincapié en el hecho de que tanto su hermano, como dos jugadoras afirmaran en sus declaraciones que, ya en el césped y tras recoger las medallas, Jenni Hermoso les contó lo que había pasado.

“No parece congruente que si el acto fue consentido, si no le importó (...) necesitara transmitir esa información a su hermano y a dos jugadoras. Eso muestra la sorpresa y el estado de shock en el que se encontraba por la situación vivida”, ha dicho Durántez, que ha asegurado que en las horas posteriores su actitud pasó a ser cada vez de “mayor decaimiento” y de incluso “tristeza y llanto” durante el vuelo que trajo de vuelta al equipo a España, tal y como confirmaron varias jugadoras y el exresponsable de fútbol femenino Rafael del Amo.

Durante su exposición, la fiscal también ha hecho alusión a numerosa jurisprudencia que considera que “incluso un beso en la mejilla” puede ser delito si no hay consentimiento y ha recordado que hace mucho que la doctrina no exige que haya “ánimo libidinoso”. Esa será una baza que posiblemente juegue la defensa de Rubiales, que este martes le preguntó si había habido algún tipo de intención sexual detrás de ese acto. “¡Jamás!”, enfatizó él.

El exseleccionador femenino de fútbol Jorge Vilda, que se enfrenta a una pena de un año de cárcel por un delito de coacciones, ha reconocido que durante el vuelo de vuelta de Sidney tras la final del Mundial abordó al hermano de Jenni Hermoso con el objetivo de “normalizar la situación” generada tras el beso que Luis Rubiales había impuesto en la boca a la jugadora durante la entrega de medallas del Mundial femenino.

Vilda ha explicado que se acercó al familiar para pedirle buscar una “fórmula” —que ella saliera a hablar o hacer “algún tipo de comunicación”— porque estaba preocupado por lo que podía “producir” en la futbolista la “carga mediática” generada por el beso. Ha negado que le advirtiera de posibles “consecuencias profesionales y personales” si no accedía a sus pretensiones, tal y como Rafael Hermoso dijo al juez. “Es falso”, ha dicho Vilda, que fue destituido tras el escándalo.

El exseleccionador ha comparecido como acusado en juicio contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y su círculo de confianza por presuntos delitos de agresión sexual y coacciones. Durante el interrogatorio, ha tratado de confrontar la versión del hermano de la jugadora, que aseguró que Vilda le presionó para que convenciera a la jugadora para que saliera públicamente a restar importancia al beso que le había propinado el entonces presidente federativo.

Vilda ha reconocido ante el juez que sí habló con el hermano, aunque ha negado las coacciones. Ha asegurado, además, que lo hizo por iniciativa propia y en ningún caso a las órdenes de Rubiales. “En ningún caso le hablé de Rubiales o pensé en Rubiales”, ha aseverado. Además, ha afirmado que en el avión sí vio a la jugadora mirando el móvil y con la cara “un poco cruzada”, pero no vio “oportuno” hablar con ella. “No lo vi oportuno”, ha dicho antes de reconocer que “igual tendría que haber preguntado cómo estaba”.

Respecto al beso, ha mantenido que no lo vio, aunque sí escuchó “algún comentario” durante la celebración en el estadio, si bien era algo a lo que “nadie le estaba dando la mayor importancia”. Además, ha reiterado que él estaba preocupado por el estado de salud de su hija, aquejada de una apendicitis.

Niegan las coacciones

En la sesión de este miércoles también han comparecido los otros dos acusados a quien las acusaciones sitúan en el último escenario de las coacciones, la isla de Ibiza, donde una decena de jugadoras —Hermoso entre ellas— disfrutaron de unos días de vacaciones financiados por el Consell de Ibiza y empresarios de la isla.

El exdirector deportivo de la selección masculina Albert Luque dejó por escrito que Jenni Hermoso era una “mala persona” por no ayudar a Rubiales ante el “marrón más grande de su vida”, así como sus deseos de que se encontrara “solita, solita” en la vida, algo de lo que se alegraría. Luque ha admitido que fue “una respuesta desafortunada por un cúmulo de cosas”. Y ha mantenido que trató de hablar con la futbolista por la “amistad” que ambos mantenían al tiempo que ha reconocido que le envió un mensaje “desafortunado” después de que ésta se negase a hacerlo tras el beso que le propinó Rubiales.

El exresponsable de Marketing Rubén Rivera, por su parte, también ha negado su participación en las coacciones, así como que hablase con Rubiales o que éste le diese ningún tipo de indicación. Rivera, que solo ha contestado a su defensa, ha defendido que en Ibiza sólo se encargó de tareas logísticas. “Yo estaba a lo mío y todos sabían que estaba a lo mío. Era la única persona acompañando a 30 personas en un viaje de este tipo con las dificultades que eso conlleva”, ha afirmado.