La Diputación de Sevilla pide una reunión urgente de la dirección del estadio de la Cartuja tras imputarse a sus responsables

La Diputación de Sevilla ha solicitado la convocatoria urgente y extraordinaria del consejo de administración del Estadio de la Cartuja tras conocerse este martes que la jueza del caso Supercopa ha declarado como investigados al expresidente de la empresa del Estadio de la Cartuja de Sevilla (ECSSA) y ex secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal, y al gerente, Daniel Oviedo, por presunto beneficio ilícito en obras de reforma del complejo deportivo.

Además, ha solicitado que la cita sea presidida por la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo (PP). Todo ello, en un momento en el que el Gobierno andaluz se desmarca de su ex alto cargo e insiste en que el encargado directo de pilotar el estadio es el gerente, que no lo nombra la Junta sino el propio consejo de administración. La Guardia Civil concluye que ambos “contribuyeron” al amaño del contrato, a cambio de contraprestaciones económicas, y la jueza les ha imputado.

La sociedad que gestiona el estadio adjudicó una obra para reformar el estadio por valor de 1,1 millones de euros cuando llevaba 45 días en marcha y ya estaba a punto de finalizar. La entidad adjudicataria, Gruconsa, desarrolló así casi todos los trabajos sin ser formalmente la adjudicataria, antes de que la obra fuera licitada, “e incluso con antelación a la designación definitiva por la UEFA de Sevilla como sede de la EURO20”, que se celebró en 2021 al aplazarse la competición por la pandemia de coronavirus.

En cuanto a la reunión solicitada por la institución provincial (que preside Javier Fernández, también secretario general del PSOE en Sevilla), se apunta que el objetivo es “analizar la situación, conocer en detalle las informaciones publicadas y adoptar, en su caso, las decisiones que correspondan para garantizar el correcto funcionamiento y la credibilidad de la institución”.

“Máxima transparencia”

Al hilo, ha pedido a la Junta de Andalucía que la reunión sea presidida por la consejera de Cultura, dada “la relevancia institucional del asunto y la necesidad de ofrecer las máximas garantías de transparencia, rigor y responsabilidad pública”. Así, “ante la gravedad de las informaciones conocidas en las últimas horas”, la institución ha apostillado que considera “imprescindible actuar con la máxima transparencia y responsabilidad institucional”.

El recinto está gestionado por Estadio Cartuja de Sevilla SA (ECSSA), una entidad mercantil, en la cual la Junta es accionista mayoritaria, con el 40% de las acciones. Los otros son el Gobierno de España (25%), el Ayuntamiento de Sevilla (19%), la Diputación de Sevilla (13%), el Real Betis (1,5%) y el Sevilla FC (1,5%).

Por su parte, la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP), ha insistido este miércoles (como también ha hecho el PP) que el gerente del estadio de la Cartuja “no es un cargo público de la Junta de Andalucía. No es un cargo ni público ni político”, ha sentenciado. Así se ha pronunciado al ser preguntada sobre si la Junta, como accionista mayoritario del consorcio del Estadio, se plantea el cese del gerente. Sobre si el Gobierno andaluz se personará en la causa, “no nos lo hemos planteado de momento, pero no quiere decir que no la vayamos a hacer”. “Se están valorando todas esas cuestiones. No hay nada decidido”, ha apostillado.

La consejera portavoz ha asegurado que, desde la Junta de Andalucía, se ofrece “máxima colaboración” a la Justicia. “Otros a lo mejor ponen impedimentos; nosotros, cero”, ha concluido España, que ha reconocido que “espero que, a lo mejor, en el futuro pueda haber un consejo de administración con todas las entidades donde se analicen estas cuestiones”.

“Participación directa”

Según el auto judicial, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Número 4 de Majadahonda (Madrid) ha autorizado la incautación de “cuantos efectos electrónicos, telemáticos o informáticos” de ambos investigados para que sean analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que lo pedía en un último informe aportado a la causa.

La instructora Delia Rodrigo señala la “participación directa” de Arrabal y Oviedo, como presidente y gerente de ECSSA respectivamente, en las relaciones entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la constructora Gruconsa para la adecuación del estadio sevillano a distintas competiciones deportivas.

A la vez, apunta a la adquisición de bienes inmuebles por parte de Arrabal y Oviedo “tan solo unos meses después de la adjudicación de ECSSA a Gruconsa de los expedientes de adecuación del estadio” para cumplir los requisitos que le permitiera albergar partidos de la Eurocopa de fútbol de 2021.

La jueza indica que Arrabal, junto con su mujer, adquirió en septiembre de 2021 un inmueble en Málaga por 343.500 euros y que Oviedo, en noviembre del mismo año, compró uno en Sevilla por 181.000 euros. Y destaca que tanto Arrabal como Oviedo “ostentarían o habrían ostentado cargos administrativos en distintas mercantiles, la mayoría de ellas vinculadas al sector de la construcción”.

La jueza recuerda que en esta causa investiga presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales, abierta por los posibles retornos económicos irregulares derivados de las negociaciones con Arabia Saudí para la celebración en aquel país de la Supercopa de España masculina de fútbol. Esos beneficios, añade, podrían haber favorecido al expresidente de la RFEF Luis Rubiales y a directivos y empleados, así como a determinados colaboradores externos, por la posible concesión de terrenos en el país árabe para la explotación hotelera.

Las obras bajo sospecha

Según el auto, el Comité Ejecutivo de la UEFA decidió en abril de 2021 que el estadio de la Cartuja fuera la nueva sede española para la Eurocopa, en sustitución de Bilbao. Tras el anuncio oficial, ECSSA solicitó a la Junta de Andalucía una subvención excepcional “por razón de interés público y social” que la Consejería de Educación y Deportes autorizó por un importe de 4,9 millones de euros, para lo que procedió a una modificación presupuestaria que consistió en desviar fondos que en principio eran para guarderías.

Días después, el 7 de mayo, Arrabal firmó como presidente del Consejo de Administración de ECSSA un documento en el que justificaba la puesta en marcha de expedientes de contratación de obras y servicios vinculados tanto un convenio de asistencia técnica y asesoramiento firmado con la RFEF como a la subvención de la Junta.

Tras la “insuficiencia” de medios declarada por ECSSA para acometer los trabajos, “se reconoció la necesidad de recurrir por concurso” a empresas del sector que pudieran garantizar la “correcta ejecución” de las actuaciones. Finalmente, dos expedientes fueron adjudicados a Gruconsa, indica la magistrada, que precisa que la empresa reflejó en los expedientes su intención de garantizar, en lo posible, los principios de publicidad, concurrencia e igualdad.

Así, Arrabal firmó el 28 de mayo el acuerdo de inicio de los expedientes relacionados con la tematización de la sala de prensa y la adecuación de la zona deportiva por 88.061,99 euros y 816.798,24 euros, respectivamente. Y el mismo día, Oviedo, como gerente de ECSSA y responsable de las contrataciones, firmó la memoria justificativa para la licitación de los dos expedientes, de acuerdo con el auto.

La jueza apunta que las obras relativas a los sistemas de control de accesos e iluminación habrían generado una facturación a la empresa de 2.342.143,87 euros más 122.434,96 euros, “todo ello como consecuencia de sus relaciones con la RFEF”, señala la magistrada. Respecto a la asunción del gasto de los trabajos, la jueza observa que, aunque la RFEF asumió el pago de las facturas, “en repetidas ocasiones” se imputa dicha responsabilidad a ECSSA.