Alicia y Enrique tienen dos hijos, la mayor tiene tres años y medio. El pequeño cumplirá un año el próximo 14 de febrero. En ambos casos, este matrimonio de Logroño, ha disfrutado de la prestación por nacimiento y cuidado de menor. A lo largo de 2025, el gasto en estas prestaciones superó los 3.800 millones, 24,4 millones en La Rioja. Y como dice Alicia, “nadie tiene un hijo por las ayudas, los tenemos porque queremos y nos apetece y aunque estas medidas vienen muy bien, hay que hacerlas con sentido”.

En La Rioja, de enero a diciembre de 2025, se concedieron 3.430 prestaciones: 1.483 fueron a madres y 1.947 a padres. El permiso por nacimiento es un derecho laboral retribuido que permite a cada progenitor disfrutar de 19 semanas de descanso tras el nacimiento, adopción o acogimiento de un hijo. El pasado mes de julio se mejoró esta protección con la ampliación en tres semanas del permiso de nacimiento y cuidado de menor, que pasó de 16 a 19 semanas, y hasta 32 semanas en el caso de las familias monoparentales.

Así, cada progenitor tiene sus 19 semanas y pueden disfrutarlas simultáneamente o en momentos distintos. Eso sí, tras el nacimiento, cada uno debe disfrutar unas semanas seguidas. La normativa establece que el primer tramo, seis semanas, debe realizarse de forma continuada inmediatamente después del parto o resolución de adopción. El resto del tiempo puede disponerse en periodos sucesivos.

Además, se añaden dos semanas adicionales de permiso para el cuidado del menor (cuatro en familias monoparentales), que podrán disfrutarse de forma flexible hasta que el hijo o hija cumpla 8 años. Este derecho puede solicitarse retroactivamente para nacimientos a partir del 2 de agosto de 2024 y ya está disponible desde el 1 de enero de 2026. La solicitud puede presentarse con una antelación máxima de 15 días a la fecha de inicio del periodo de disfrute. La cuantía de estas prestaciones es equivalente al cien por cien de la base de cotización por contingencias comunes del mes inmediatamente anterior al mes previo de inicio del descanso.

Es fundamental estar los dos en casa durante las primeras semanas para que, entre otras cosas, la madre se pueda recuperar. Hay una parte física importante tras el parto y la presencia de la pareja es vital".

Alicia, madre que ha disfrutado del permiso por nacimiento y cuidado de menor

Alicia y Enrique ya han vuelto a normalidad laboral, pero reconocen que el hecho de que los dos hayan podido disfrutar de estos permisos es importante y necesario para toda la familia. “Desde San Mateo y hasta el 12 de diciembre he disfrutado yo solo del permiso”, cuenta Enrique. Alicia lo hizo desde mayo hasta junio. “Este tiempo que hemos podido estar solos con el bebé ha sido un respiro muy bueno para poder atender a nuestro hijo, tiempo durante el que hemos podido crear un vínculo muy especial con él”, reconoce Enrique. Aun así, siente envidia al compararse con otros países europeos. “Los doce primeros meses del bebé son esenciales, aquí todavía no tenemos esa suerte. Vamos bastante retrasados con respecto a Europa en este sentido”.

Afirmación que comparte Alicia. “Es una medida muy positiva, pero corta”. La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia exclusiva durante los seis primeros meses de vida, algo que en muchas familias es imposible o bastante complicado. “Es imposible cumplir con una jornada laboral y poder dar pecho a demanda”, asegura Alicia. “Yo no he tenido esa suerte aunque tengas a tu pareja en casa con el niño”. Asimismo celebra que los hombres puedan disfrutar de este derecho porque, además de favorecer el vínculo con los bebés, “es fundamental estar los dos en casa durante las primeras semanas para que, entre otras cosas, la madre se pueda recuperar. Hay una parte física importante tras el parto y la presencia de la pareja es vital”.

Los derechos cuestan conseguirlos y si se consiguen es por algo, no son un capricho"

Enrique, padre que ha disfrutado de un permiso por nacimiento y cuidado del menor

Este matrimonio considera estos permisos como un derecho adquirido. “No son bajas ni vacaciones, dos términos antónimos que se utilizan al hablar de la situación de las personas que están disfrutando de estos permisos -todavía estás de vacaciones, aún estás de baja- y que no se ajustan a la realidad. La terminología dice mucho de cómo se percibe este permiso”, considera Enrique. Y al igual que rechaza estos dos términos, también reacciona ante comentarios de personas que no tuvieron tanta suerte como él. “No os quejéis, yo solo tuve tres días o quince... Los derechos cuestan conseguirlos y si se consiguen es por algo, no son un capricho”, sentencia.

En La Rioja, cerca del 57 por ciento de las prestaciones se han concedido a hombres. Afortunadamente, cuenta Alicia, los tiempos van cambiando y “cada vez son más hombres los que disfrutan de estos derechos y se implican en la crianza de los hijos”. Enrique es uno de ellos. “Me parece lo natural, lo lógico. Me da rabia que sigua siendo lo extraordinario”. Ha asistido a cursos en la Universidad Popular de Logroño, “y en algunos, era el único hombre”. Disfruta de derechos adquiridos y a la vez ha servido de ejemplo a su hija mayor: “papá perfectamente se puede quedar en casa cuidando del bebé mientras mamá trabaja”. Aun así todavía quedan personas con mentalidad machista que piensan que el cuidado de los hijos es cosa de ellas. “Todavía existe esta mentalidad, es triste, pero es así. Una vez me fui de vacaciones solo con mis hijos porque mi mujer se había ido unos días con unas amigas y hubo personas que no lo entendieron del todo. Anteriormente, también me fui yo unos días con mis amigos. En estos casos nunca nos preguntan con quién se han quedado los niños. A la madre casi siempre”.

Sin embargo, las excedencias siguen siendo femeninas. A lo largo de 2025, en La Rioja se registraron 518, cuatro más que en 2024. Y de este total, más del 90 por ciento, 471, fueron solicitadas por mujeres, frente al 9 por ciento (47) que fueron solicitadas por hombres.

El Tribunal Constitucional ha dado su aval a la fórmula elegida por la Seguridad Social para resarcir económicamente a las familias monoparentales que tuvieron que acudir a la vía judicial para aumentar sus permisos por el nacimiento de un hijo. El pleno, con el voto en contra de María Luisa Segoviano, ha rechazado la queja de una mujer contra la decisión de la Administración de darle algo más de 7.000 euros por las 10 semanas que se le reconocieron años después del nacimiento de su hijo, excluyendo en la práctica que además se le deba reconocer esas semanas de permiso años después.

La normativa cambió el pasado mes de julio, cuando el Gobierno anunció un aumento hasta 17 semanas del permiso retribuido al 100% por maternidad y paternidad. Una reforma que también afectó a las familias de un solo progenitor: ese permiso retribuido se extiende a 32 semanas. Hasta la fecha, la Administración solo reconocía la mitad para familias monoparentales y después ya quedaba en sus manos acudir a los tribunales para que, años después, una sentencia les reconociera una ampliación. El Tribunal Supremo, por ejemplo, estableció en 2023 que en estos casos los permisos no se podían duplicar.

El Tribunal Constitucional dictó su primera sentencia en noviembre de 2024 en un escenario complejo: declaró inconstitucionales los preceptos legales que servían para negar estos permisos ampliados a familias monoparentales. Y hasta que el legislador no introduzca cambios para paliar esta desigualdad –algo que sucedió pocos meses después– la solución era reconocer 26 semanas a estas familias. “Adicionarse al permiso para la madre biológica de 16 semanas, el previsto para progenitor distinto de 10 semanas, al excluirse las 6 primeras, que necesariamente deben disfrutarse de forma ininterrumpida e inmediatamente posterior al parto”, dijo el tribunal de garantías, muy cerca de la unanimidad.

Ese primer caso de una mujer residente en Cataluña marcó el paso a más de un centenar de mujeres que, mes tras mes, han visto cómo el Tribunal Constitucional les ha reconocido ese permiso ampliado. Pero ha sido ese primer caso el que ha abierto la segunda batalla jurídica sobre este asunto: si la Seguridad Social se podía limitar a resarcir económicamente a estas mujeres o si tenía que concederles las semanas de permiso reconocidas por el Constitucional aunque sus hijos ya tuvieran seis y siete años de edad.

En este caso, la Seguridad Social se limitó a pedir a la mujer “un número de cuenta” para, en una futura resolución, reconocer su derecho “al disfrute del permiso de nacimiento y cuidado del menor en las fechas solicitadas” pero también “el percibo de la cuantía que procede por las 10 semanas adicionales”. En total una cantidad superior a 7.600 euros, a razón de 108 euros por día. La reclamante decidió acudir de nuevo al Constitucional, esta vez a través de un incidente de ejecución, reclamando que la Administración reconozca “el derecho a disfrutar de las semanas de permiso correspondientes”. Es decir, las 10 semanas adicionales de permiso que no tuvo en su momento.

El pleno del Constitucional, según ha podido saber elDiario.es, ha rechazado este incidente de ejecución con el que la defensa de la mujer solicitaba que su victoria judicial no se diera por ejecutada hasta que se le reconocieran esas 10 semanas de forma efectiva. La mayoría del organismo entiende que con ese resarcimiento económico la Administración está reconociendo ese derecho y su sentencia se ha ejecutado correctamente.

La decisión ha tenido un voto en contra significativo: el de María Luisa Segoviano, expresidenta de la Sala de lo Social del Supremo que fue la ponente de la primera resolución que dio la razón a estas mujeres que crían solas a sus hijos. Los datos oficiales muestran que en España hay casi de dos millones de familias monoparentales, mayoritariamente compuestas por mujeres que crían solas a sus hijos.

La Seguridad Social ha lanzado este miércoles una campaña para informar a los progenitores entre agosto de 2024 y julio de 2025 sobre cómo solicitar las dos semanas adicionales de la prestación de nacimiento y cuidado de menor (también conocidos popularmente como permiso de maternidad y de paternidad), que pueden disfrutarse hasta que los menores cumplen 8 años y que se aprobaron en septiembre en el Congreso, pero que en su caso pueden pedirse a partir del 1 de enero de 2026. Para las familias monoparentales, son cuatro semanas.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social ha lanzado una página web (accesible aquí) con la información sobre estas dos nuevas semanas de permiso para las familias con derecho a ellas de forma retroactiva. Según el Ministerio, hay más de 365.000 progenitores “potencialmente beneficiarios”.

“Si vas a solicitar las dos semanas adicionales de la prestación por nacimiento y cuidado de menor porque has tenido una hija o hijo entre el 02/08/2024 y el 30/07/2025, puedes realizarlo con una antelación máxima de 15 días a la fecha de inicio del periodo de disfrute”, recoge la página web en su encabezado.

“Recuerda, además, que estas dos semanas adicionales se pueden disfrutar hasta que tu hija o hijo cumpla 8 años”, añade.

Solicitud en tres pasos a través de internet

La página explica cómo pedir la prestación en “3 pasos”. Primero, informando a la empresa: “Comunica tu intención de solicitar nuevos periodos de tu prestación de nacimiento y cuidado de menor con al menos 15 días de antelación para que la empresa emita y envíe el certificado requerido”.

En segundo lugar, llega el momento de solicita las dos semanas adicionales, para lo que dirige a una página del Portal de Prestaciones. “Este trámite es individual para cada progenitor y puede solicitarse con una antelación máxima de 15 días”, indica la Seguridad Social.

Y, por último, “confirma y guarda: Descarga el justificante de registro. Revisa tu correo y añade el remitente a tu lista de contactos para futuras notificaciones”.

La Seguridad Social Mediante enviará correos electrónicos y de SMS con la campaña informativa, y además instalará “cartelería informativa que se distribuirá en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), así como en los centros de salud”, informa el Ministerio.

El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha señalado que “con esta campaña, una vez más, la Seguridad Social pone de manifiesto su prioridad por brindar una atención a la ciudadanía que facilite al máximo todos los trámites para recibir las prestaciones a las que tiene derecho”.

Qué son estas dos semanas

El Gobierno aprobó en verano la ampliación en tres semanas del permiso de nacimiento y cuidado de menor, cuando hay dos progenitores, que pasó de 16 a 19 semanas y, en el caso de las familias monoparentales, se incrementó a 32 semanas.

“En concreto, 17 semanas, de igual duración e intransferibles entre ambos progenitores, y 28, en el supuesto de familias monoparentales, podrán disfrutarse durante los primeros 12 meses del bebé, o, en el caso de adopción, guarda o acogimiento familiar, en el primer año, a partir de la resolución judicial o administrativa; en periodos semanales o de forma acumulada”, recuerda el Ministerio de Elma Saiz.

Además, se crearon dos semanas adicionales de permiso para el cuidado del menor, cuatro en el caso de monoparentales, que se pueden coger “de forma flexible hasta que el hijo o la hija cumpla los 8 años de edad”.

“A ello se podrán acoger retroactivamente las familias cuyos hijos hayan nacido a partir del 2 de agosto de 2024. Este derecho podrá solicitarse a partir del 1 de enero de 2026”.

La cuantía de estas prestaciones es “equivalente al 100% de la base de cotización por contingencias comunes del mes inmediatamente anterior al mes previo al del inicio del descanso”, indica el Ministerio.

Si una de mis mejores amigas muriera mañana, me quedaría devastada. Si uno de mis mejores amigos necesitara cuidados paliativos el mes que viene, quizá él quisiera –o necesitara– que yo le acompañara. Lo mismo podría suceder si el sujeto de esas frases fuera un ex o una pareja con la que no tuviera papeles firmados ni convivencia de por medio. Lo mismo sucedería si fuera yo quien necesitara esos cuidados y quisiera que alguien con quien no comparto ni sangre ni contrato pero sí vida permaneciera a mi lado. Sin embargo, no podríamos hacerlo: no tendríamos un tiempo reconocido para ausentarnos del trabajo sin perder el sueldo y poder así hacer un duelo, acompañar, sostener, cuidar o ser acompañadas, sostenidas y cuidadas.

Contamos estos días la ampliación de un derecho: el permiso por fallecimiento aumentará de dos a quince días, y aparecerá uno nuevo, el de cuidados paliativos, de otros quince días. Celebramos mejoras que, sin embargo, llegan tan tarde que quedan ya minúsculas si pensamos, no solo en la sociedad que imaginamos, sino en la que ya tenemos: los hogares unipersonales son ya casi tantos como los hogares en los que viven dos personas, los divorcios y separaciones crecen sin cesar, la formación de parejas ha dejado de pasar mayoritariamente por el matrimonio o el registro civil, tener un solo hijo es la tendencia, cuando se tienen, porque el número de personas sin prole también aumenta.

Mientras, varias generaciones buscamos la manera de poner en práctica la atención y el sostén a una familia que ya no es solo ni de sangre ni de contrato, mientras lidiamos con la precariedad de los servicios públicos de cuidados, la crisis de la vivienda, o la incertidumbre sobre una hipotética jubilación.

¿A quién nos deja el sistema cuidar y a quién le permite que nos cuide?, ¿por qué solo se reconocen los lazos creados a través de instituciones tradicionales? “Bienvenida sea la ampliación de derechos, sin embargo, en este caso es llamativo lo que queda fuera porque traduce un sesgo muy convencional”, resume la economista Carmen Castro. Ese sesgo otorga derechos solo a unidades de convivencia formalizadas a través del matrimonio, la pareja de hecho o consanguinidad. Y eso deja fuera “otras conformaciones familiares o de núcleos de convivencia”. No tiene, por tanto, en cuenta ni otras realidades ni que existen otros duelos relevantes más allá de la oficialidad y la sangre.

La economía feminista y de los cuidados lleva ya unas décadas hablando de cómo cuidamos, a quiénes cuidamos y quiénes cuidan. “Cuando hablamos de derecho al cuidado hablamos de reconocer los vínculos de cuidados realmente existentes, más allá de los que teóricamente funcionan en base a lazos sanguíneos o legalmente constituidos, más allá de los normativamente impuestos”, resume la economista Amaia Pérez Orozco. Se trataría de apostar, prosigue, “por las familias de elección”.

“Núcleos de gestión cotidiana de la vida, convivas o no, esas redes en las cuales resolvemos, al margen de las que nos ha impuesto el modelo heteropatriarcal en clave de cuál es el sujeto de derechos reconocido”, explica Orozco, que subraya que los cuidados no deberían resolverse solo en el núcleo familiar, sea sanguíneo o elegido, sino estar “enredados” entre esos lazos “más libres y diversos” y servicios y prestaciones públicas.

Con los anteriores permisos y con la nueva propuesta, ese sujeto sigue intacto: bien sea por fallecimiento, enfermedad, hospitalización o paliativos, es la familia de sangre o la pareja que se formaliza en una unión concreta quien vehicula el derecho.

Ampliar el libro de familia

En Mercados reproductivos. Crisis, deseo y desigualdad (Editorial Katakrak), la investigadora Sara Lafuente indaga sobre el mercado de la reproducción asistida, pero también lanza ideas para trazar nuevas maneras de relacionarse, por ejemplo, modificar el libro de familia. “No es tanto construir clínicas que nos permitan reproducirnos como habilitar diferentes modelos para el cuidado y la crianza. Ya se están dando pero resulta muy difícil. Podemos pensar en libros de familia que no funcionen desde la institución del matrimonio sino desde el reconocimiento de las redes de cuidados. También los permisos de cuidado que permitan distribuir ese trabajo más allá de la idea de familia nuclear basada en una pareja”, contaba en esta entrevista.

Laura Camps ha escrito No nos da la vida (Bruguera) para hablar sobre cómo el empleo asalariado devora el resto de la vida. ¿Cómo arañarle porciones al trabajo para, entre otras cosas, cuidar? Camps también apuesta por “dejar de lado las consanguinidades” cuando hablamos de cuidados para reconocer así otros lazos y, también, otros duelos, como el de las amistades. Y cree imprescindible que el debate sobre los permisos vaya unido a otros para seguir ampliando “servicios públicos” y que el estado asuma su responsabilidad de hacerse cargo de los cuidados y también de repartirlos.

El sesgo convencional en las prestaciones sociales, continúa Carmen Castro, ya se ha visto en otras ocasiones, por ejemplo, argumenta, en la manera en la que siguen operando los permisos por nacimiento, en los que el sistema da por hecho que los bebés llegan a parejas de dos progenitores y, preferiblemente, heterosexuales. Es una manera de seguir priorizando “estructuras convencionales de agrupamiento familiar” y, por tanto, del reparto (desigual) de los cuidados. La economía feminista busca más bien lo contrario: “Repensar la organización del modelo económico y que los cuidados emerjan como una necesidad colectiva que hay que garantizar vía derechos universales”, explica la economista.

Emancipación ha sido una palabra muy repetida por el movimiento feminista, pero cómo seguir emancipándonos si las únicas relaciones que encuentran amparo son las mismas de siempre. También son los mismos momentos de la vida los que encuentran más protección: el inicio y el final, el nacimiento y la muerte. Como si en medio no hubiera toda una vida en la que, con más o menos intensidad, necesitáramos cuidados. Como si la infancia y adolescencia no requiriera la presencia de un progenitor, como si las enfermedades y las rupturas no existieran, ni la cita médica a la que acompañar a un amigo o el postparto en el que una necesita a su colega. Sí, todo eso sería (todavía) más difícil de negociar con la CEOE, pero al menos que no nos quiten la imaginación ni la ambición.

El Congreso avaló este martes con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, a excepción de los 33 diputados de Vox, la ampliación del permiso por nacimiento y cuidados que el Consejo de Ministros aprobó a finales de julio y ya estaba en vigor. Estas son las novedades:

¿Cuántas semanas aumenta el tiempo de permiso?

El nuevo decreto contempla 19 semanas de permiso en total. En ellas se incluye las de nacimiento, que se amplían en una semana hasta las 17, y las dos retribuidas para el cuidado de los hijos hasta los ocho años. La ley las contempla como un todo que se puede tomar seguido o por partes, pero siempre sujeto a una serie de normas marcadas en el texto legal.

¿Cómo puedo distribuirlas?

Como hasta ahora, las seis primeras semanas tras el nacimiento, la adopción o el acogimiento son obligatorias y deben disfrutarse a jornada completa. A partir de ahí, cada uno de los progenitores puede distribuir otras 11 semanas a voluntad, de forma acumulada o interrumpida pero siempre dentro de los 12 primeros meses. Tampoco esto cambia.

La novedad son las dos semanas retribuidas de permiso por cuidado. Estas podrán tomarse inmediatamente después del permiso por nacimiento si se desea o durante los ocho primeros años de vida del niño o niña, en régimen de jornada completa o parcial. Su disfrute es mucho más flexible.

¿Se retribuyen las nuevas semanas?

El decreto modifica tanto el Estatuto de los Trabajadores como el Estatuto Básico del Empleado Público y establece que durante estas semanas se produce una suspensión temporal del contrato de trabajo.

El coste del nuevo permiso de dos semanas es asumido íntegramente por la Seguridad Social –no por las empresas– y las personas trabajadoras percibirán el 100% de la base reguladora, es decir, una prestación equivalente al 100% de su salario habitual.

Y si soy la única progenitora, ¿cuántas semanas me corresponden?

Serán 28 semanas por paternidad y maternidad en el caso de las familias monoparentales, frente a las 26 semanas reconocidas en una sentencia de noviembre del Tribunal Constitucional. La medida da respuesta a una reivindicación histórica de las mujeres que tienen hijos en solitario.

Estas madres –son la mayoría en las familias monoparentales– y padres tendrán derecho a cuatro semanas más retribuidas –el doble que el resto– hasta que sus hijos o hijas cumplan los ocho años. Estas semanas pueden tomarse junto al permiso de nacimiento o extenderse durante los ocho años siguientes.

¿Siguen en vigor las ocho semanas de permiso de cuidado parental que se podían coger sin remuneración?

Sí, se mantienen a disposición de las personas trabajadoras que quieran acogerse a ellas, pero no se retribuyen.

¿Es posible sumar a la ampliación el permiso de lactancia?

Sí. Se mantiene tal y como estaba. Es decir, es acumulable por tres semanas en jornadas completas desde mayo de 2024 y disfrutable hasta que el bebé cumple los nueve meses.

Como autónomo o autónoma, ¿puedo acogerme a la ampliación del permiso?

Sí. Los permisos son para todos “los empleados públicos, todos los asalariados y las personas autónomas”.

¿Tengo que estar trabajando?

Sí. Son prestaciones contributivas, es decir, que “al inicio de cada uno de los periodos de descanso la persona trabajadora deberá encontrarse en situación de alta o asimilada a la de alta”.

¿Me puedo repartir las semanas con el otro progenitor?

No. Los permisos son iguales e intransferibles para ambos progenitores (en el caso de que haya dos). La norma sigue como hasta ahora en los permisos por nacimiento y mantiene el mismo espíritu para las semanas por cuidado. Es decir, una madre no puede tomar las dos semanas que le corresponden al padre, o viceversa. “Este derecho es individual de la persona trabajadora sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor”, marca el real decreto-ley.

¿Qué hago para pedirlo a mi empleador?

Las personas trabajadoras deben comunicar a la empresa, con una antelación mínima de 15 días, la petición “en los términos establecidos en los convenios colectivos”. Si ambos progenitores trabajan para la misma compañía, la dirección “podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas por escrito”.

¿Desde cuándo se aplica la retroactividad del decreto?

El decreto contempla la retroactividad en esta prestación desde agosto de 2024. Esto implica que las personas cuyos hijos e hijas nacieron a partir del 2 de agosto de 2024 podrán recibir esta remuneración hasta que cumplan los ocho años. No solo los niños y niñas nacidos desde la entrada en vigor del nuevo decreto.

Se ha marcado este umbral, pese a las críticas de buena parte del arco parlamentario que consideran que dejan fuera a muchos niños menores de ocho años, porque coincide con el momento en que España debía haber traspuesto la directiva que incluía estos nuevos derechos.

En el caso de que alguien haya disfrutado de estas dos semanas sin retribuir en el último año, se podría reclamar a la administración, siempre que el nacimiento sea posterior al 2 de agosto de 2024, la cuantía equivalente, según indican fuentes del Ministerio de Trabajo.

El Congreso ha convalidado una de las medidas más relevantes de la agenda social que el Gobierno tenía pendiente sacar adelante después del verano: la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidado de hijos.

El Ejecutivo aprobó en julio, presionado por una multa de Bruselas y tras un intenso tira y afloja entre los socios, el real decreto ley que extiende hasta las 19 semanas –dos de ellas disponibles durante los ocho primeros años de vida del niño o niña– estos periodos remunerados. Un tiempo que llega hasta las 32 semanas en el caso de las familias monoparentales. Este martes ha conseguido el apoyo mayoritario de la Cámara Baja con 313 votos a favor, 33 abstenciones –correspondientes a Vox– y ninguno en contra. Además, el texto se tramitará como proyecto de ley por acuerdo de todos los grupos, lo que permitirá que se introduzcan cambios en las próximas semanas.

“Esta medida beneficiará a casi un millón de personas este año que tendrán más tiempo para estar con los suyos y menos agobio en sus vidas”, ha dicho la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante su turno de palabra. En su discurso, quien ha liderado las negociaciones a favor de esta ampliación ha asegurado que se trata de una “cuestión de Estado que trasciede la polémica partidista”. “No hablamos solo de semanas ni de preceptos, sino de la vida real de la gente”, ha zanjado.

Al contrario que con la reducción de la jornada laboral, el Gobierno afrontaba la votación de este real decreto con cierta seguridad de que saldría adelante. Y aunque finalmente han dado los números, la mayoría de los socios de la investidura que han apoyado la convalidación –Bildu, Junts, ERC y PNV– lo han hecho con algunas críticas que rebajaron la intervención de Díaz: a las semanas remuneradas, que son menos de las que el Ejecutivo de coalición había prometido y a la retroactividad fijada en la norma, que limita el permiso retribuido a los niños y niñas nacidos a partir del 2 de agosto de 2024. Los socialistas han encajado el reproche, aunque “no se puede renunciar a dar un paso más para subir esta montaña”, ha señalado la diputada Elisa Garrido.

“Han hecho un ejercicio de trilerismo, han mezclado los permisos, las semanas y los meses”, ha lamentado en último lugar el grupo popular en términos similares a los que ha usado Podemos. Ambos, sin embargo, han terminado apoyando las medidas. “La directiva europea no se está cumpliendo, esperábamos 8 semanas y tenemos tres, si aceptamos pulpo como animal de compañía”. Los morados coquetearon, no obstante, unas horas antes de la votación con abstenerse por ser “insuficiente” y lanzaron un discurso duro contra el Gobierno.

Las medidas que contiene el real decreto entraron en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado hace un mes y medio, sin esperar a que el texto fuera refrendado en el Congreso. El Gobierno optó por este procedimiento para evitar seguir pagando una multa que impuso Bruselas por el incumplimiento de una directiva europea precisamente sobre parte de estos permisos que ya debía estar adaptada al ordenamiento español. Con todo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenó a principios de agosto a España a pagar seis millones de euros. El procedimiento se había iniciado en 2022.

Aunque Díaz ha asegurado que el real decreto reconoce “cinco semanas por encima de lo exigido por la UE en el caso de las madres y 17 en el supuesto de los padres”, la extensión es de momento menos ambiciosa de lo que recoge el acuerdo de Gobierno entre las dos formaciones: 20 semanas de permiso de nacimiento y cuatro remuneradas para cuidar hasta los ocho años. Es decir, 24 en total. El acuerdo entre Sumar y PSOE llegó tras meses de negociaciones y una intensificación de la presión de los de Yolanda Díaz al final del curso político. Poner el real decreto en marcha costará 1.500 millones de euros este año. “Es un primer paso para coger impulso”, ha apuntado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en en declaraciones en los pasillos del Congreso.

¿Cómo funcionan los permisos? Qué cambia y qué no

El nuevo decreto contempla 19 semanas de permiso en total para los empleados públicos, todos los asalariados y las personas autónomas. En ellas se incluye las de nacimiento, que se amplían en una semana hasta las 17, y las dos retribuidas para el cuidado de los hijos hasta los ocho años. La ley las asume como un todo que se puede tomar seguido o por partes, pero siempre sujeto a una serie de normas marcadas en el texto legal.

Como hasta ahora, las seis primeras semanas tras el nacimiento, la adopción o el acogimiento son obligatorias y deben disfrutarse a jornada completa. A partir de ahí, cada uno de los progenitores puede distribuir otras 11 semanas a voluntad, de forma acumulada o interrumpida pero siempre dentro de los 12 primeros meses. Tampoco esto cambia.

La novedad son las dos semanas retribuidas de permiso por cuidado. Estas podrán tomarse inmediatamente después del permiso por nacimiento si se desea o durante los ocho primeros años de vida del niño o niña, en régimen de jornada completa o parcial. Su disfrute es mucho más flexible.

Todas las semanas son iguales e intransferibles para ambos progenitores (en el caso de que haya dos) y el coste es asumido íntegramente por la Seguridad Social, no por las empresas. Las personas trabajadoras percibirán el 100% de la base reguladora, es decir, una prestación equivalente al 100% de su salario habitual aunque la directiva marca que el 60% sería suficiente, ha subrayado Díaz.

La parte más confusa de la ampliación fue la retroactividad. El real decreto la reconoce desde agosto de 2024, lo que implica que las personas cuyos hijos e hijas nacieron a partir de agosto de 2024 podrán recibir esta remuneración hasta que cumplan los ocho años. No solo los niños y niñas nacidos desde la entrada en vigor del nuevo decreto. Se ha marcado este umbral porque coincide con el momento en que España debía haber traspuesto la directiva que incluía estos nuevos derechos.

Las ocho semanas sin remuneración que ya existen seguirán a disposición de las personas trabjadoras que quieran acogerse a ellas, pero no se retribuyen. También se suma a las nuevas semanas las ya reconocidas por lactancia a ambos progenitores. Es acumulable por tres semanas en jornadas completas desde mayo de 2024 y disfrutable hasta que el bebé cumpla los nueve meses.

Desde abril de 2019, la prestación por nacimiento y cuidado de menor sustituyó y unificó las antiguas ayudas por maternidad y paternidad. Su objetivo es proteger los periodos de descanso derivados del nacimiento de un hijo o de la adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar. El trámite, gestionado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), ha experimentado en los últimos años varias modificaciones que amplían su duración y refuerzan los derechos de las familias.

Cómo solicitarla

La solicitud puede realizarse de varias formas: de manera telemática, a través del portal Tu Seguridad Social con certificado digital o sistema Cl@ve, por correo ordinario, o de manera presencial en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), siempre con cita previa. Además, quienes no dispongan de identificación electrónica pueden utilizar la plataforma específica del INSS para trámites sin certificado. La Seguridad Social cuenta también con un asistente virtual, ISSA, que guía al usuario paso a paso en la web y la sede electrónica.

Entre los documentos que deben acompañar la solicitud se encuentran la acreditación de identidad (DNI, pasaporte o NIE), el certificado de empresa con la fecha de inicio del descanso laboral, en el caso de trabajadores por cuenta ajena, el informe de maternidad expedido por el sistema público de salud y el Libro de Familia o certificado del Registro Civil. En situaciones de adopción o acogimiento, se exige además la resolución judicial o administrativa correspondiente, mientras que en casos de gestación por sustitución será necesaria la inscripción de la filiación en el Registro Civil y, en su caso, la resolución judicial que la reconozca.

Novedades

Una de las principales novedades es la ampliación de la duración del permiso. A finales de julio de 2025 el Gobierno aprobó su extensión a 19 semanas, frente a las 16 que se reconocían hasta entonces. En el caso de familias monoparentales, la duración se incrementa hasta las 32 semanas. La normativa establece que las seis primeras semanas deben disfrutarse de manera obligatoria, ininterrumpida y a jornada completa inmediatamente después del nacimiento, adopción o acogimiento. Estos cambios ya están en vigor para los nacidos a partir del 31 de julio de 2025, mientras que para los hijos llegados entre agosto de 2024 y esa fecha, las dos semanas adicionales podrán solicitarse de manera retroactiva a partir de enero de 2026.

España se sitúa así entre los países europeos más avanzados en materia de permisos parentales. Desde enero de 2021, ambos progenitores cuentan con el mismo derecho a semanas intransferibles, un modelo similar al que existe en países como Suecia, Islandia o Dinamarca. Con la nueva ampliación, el Gobierno ha completado la transposición de la Directiva europea de conciliación adoptada en 2019. Además, se han añadido semanas adicionales de uso flexible: dos en familias biparentales y cuatro en monoparentales, que podrán disfrutarse hasta que el menor cumpla los ocho años.

Otros trámites a realizar

Junto a la prestación, otro de los trámites vinculados al nacimiento es dar de alta al bebé como beneficiario de la Seguridad Social para acceder a la asistencia sanitaria. Este procedimiento puede realizarse de forma telemática, presencial con cita previa o por correo ordinario. Se requiere presentar la solicitud correspondiente, copia del documento de identidad del asegurado y el Libro de Familia con el niño inscrito. Una vez inscrito, corresponde a cada comunidad autónoma emitir la tarjeta sanitaria del menor y asignar su pediatra.

El portal Tu Seguridad Social ofrece también la posibilidad de realizar simulaciones que permiten conocer de antemano la duración del permiso y el importe aproximado de la prestación según la fecha prevista del nacimiento o adopción. Esta herramienta resulta especialmente útil para planificar la organización laboral y familiar. En el caso de los trabajadores autónomos, el trámite se efectúa igualmente ante el INSS, aportando la documentación requerida y acreditando la suspensión de la actividad.

En definitiva, la prestación por nacimiento y cuidado de menor constituye una pieza clave de las políticas públicas de conciliación y protección social en España. El refuerzo de su duración, la equiparación de derechos entre progenitores y la simplificación de los trámites buscan no solo garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, sino también acompañar a las familias en los primeros meses de crianza, una etapa decisiva tanto a nivel personal como social.

“El acuerdo alcanzado es histórico. Lo importante es que seamos conscientes de que los pasos firmes en materia de conciliación y el avance de derechos en ese sentido se empezaron a dar en este país con gobiernos socialistas”. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz (Pamplona, 1975), trata de poner en valor la nueva norma de ampliación por permisos por nacimiento y cuidado de hijos de 19 semanas que está por debajo del acuerdo de Gobierno del PSOE con Sumar, que tenía como objetivo las 20 semanas. Esta entrevista tuvo lugar un día antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenase a España a una millonaria multa por el retraso en la adopción de la directiva europea sobre conciliación familiar que tendría que estar en la legislación española desde 2019.

La ministra aborda algunos de los retos que tiene pendiente su Ministerio. Por un lado, asegura que se va “a dejar la piel para que en el último trimestre del año la medida de las altas progresivas pueda ver la luz. Es un avance en derechos y pone en el centro la salud de los trabajadores y trabajadoras”. Además, señala “su compromiso para ir reduciendo las brechas que todavía existen en pensiones en relación a hombres y mujeres” y de acabar con “la discriminación que los trabajadores autónomos” estaban teniendo con las pensiones por lo que “cotizar por ingresos reales avanza en justicia social”.

Respecto a los menores migrantes, de los que, tras la sentencia del Supremo, el Gobierno central tendrá que hacerse cargo, Saiz admite que los centros donde serán acogidos “son de adultos”, pero que se va “a dar respuesta a la situación de estos niños, que están en una posición de absoluta vulnerabilidad. Somos muy conscientes a la hora de habilitar espacios específicos de que estamos hablando de que cada niño o niña es un caso individual donde hay que trabajar de manera cuidadosa”.

El Gobierno ha aprobado in extremis en este último Consejo de Ministros de la temporada la ampliación de permisos por nacimiento y cuidado de hijos. ¿Por qué ha costado tanto sacar estas medidas? España ha estado pagando una cuantiosa multa a Europa por este motivo.

El acuerdo alcanzado es histórico. Lo importante es que seamos conscientes de que los pasos firmes en materia de conciliación y el avance de derechos en ese sentido se empezaron a dar en este país con gobiernos socialistas. En aquellos momentos los padres, y sé bien de lo que hablo, soy madre de hijos que tienen 18 años, disfrutaban de 15 días naturales. Fue el primer gobierno de Pedro Sánchez en el año 2019 el que amplió las semanas. Se dio un paso también firme y ha sido este Gobierno de coalición el que ha alcanzado un acuerdo histórico llegando a las 19 semanas. Esto coloca a España en la vanguardia mundial en materia de conciliación. Es ineludible la hoja de servicios del Partido Socialista en el compromiso con la conciliación y en avanzar en igualdad.

Decía justamente que el PSOE ha empujado históricamente para que se ampliaran estos permisos por nacimiento. Sin embargo, en estos últimos meses Sumar se ha quejado de que había una cierta resistencia por la parte socialista del Gobierno a aprobar los permisos antes de verano. Incluso, desde Moncloa trasladaban pocas horas antes de cerrar la negociación que debía esperarse a septiembre. ¿A qué se ha debido esta resistencia?

Las negociaciones que se llevan a cabo en un gobierno de coalición son negociaciones que se toman con total normalidad cuando se alcanzan acuerdos tan importantes como del que estamos hablando. Este acuerdo es la mejor garantía para la ciudadanía porque permite ver y constatar que esta es la hoja de ruta que marca el acuerdo de coalición, el acuerdo de Gobierno que suscribieron el Partido Socialista y Sumar al inicio de esta legislatura, donde había un compromiso firme en avanzar en las semanas del permiso de nacimiento y cuidado. Estamos cumpliendo con este compromiso que tenemos con la ciudadanía.

Pero el acuerdo entre PSOE y Sumar eran 20 semanas de permiso por nacimiento y otras cuatro remuneradas de cuidado parental de ocho. ¿Van a cumplir el acuerdo de Gobierno en lo que queda de legislatura hasta llegar a las semanas comprometidas?

No hemos llegado al ecuador todavía de la legislatura y se ha producido un importantísimo avance. Vamos a contraponer esto con la postura del Partido Popular, que otra vez se vuelve a poner en contra de las familias españolas. Ya ha anunciado su voto en contra, igual que hizo la primera vez que se habló de estos permisos y que se ampliaron las semanas, que llegó incluso a recurrir al Constitucional.

Esa es la posición del Partido Popular en lo que tiene que ver con avanzar en derechos e invito a la ciudadanía a que lean cuál es la propuesta legislativa del principal partido de la oposición en esta materia. Si de ellos dependiera, las mujeres seguiríamos en casa haciéndonos cargo de los cuidados y, evidentemente, ahondando en las brechas salariales y las brechas de pensiones que siguen existiendo en este país. Esa es la oposición de nulo nivel y de nula contribución a la ciudadanía que hace el Partido Popular. Otra vez, intentando erosionar al Gobierno lo que hace es dañar directamente a las familias españolas.

¿Pero los ciudadanos se pueden sentir seguros de que cuando acabe la legislatura vamos a tener 20 semanas de permiso por nacimiento?

España se convierte con esta medida en el principal país europeo donde los padres y las madres tienen estas semanas de manera equiparada para hacerse cargo de sus hijos y para algo importante como es avanzar con corresponsabilidad. La sociedad con la que aspiramos es aquella en la que haya un reparto equitativo de las tareas y que indudablemente no nos relegue a los domicilios.

Quiero recordar que hace 18 años los hombres disfrutaban de 15 días naturales y hoy hablamos de 19 semanas. Eso nos coloca en la vanguardia internacional y la vanguardia europea en este compromiso con la corresponsabilidad.

Hay dos sentencias, una en Barcelona y otra en Cuenca, que reconoce la remuneración de cuatro semanas del permiso cuando el nuevo Real Decreto-Ley únicamente incluye la retribución de dos. ¿Cómo casarían estas sentencias con la norma del Gobierno? ¿Teme que se judicialicen más casos parecidos?

Nos encontramos con 19 semanas retribuidas al 100% de la base de cotización a cargo de la Seguridad Social. No podemos olvidar lo que ya existe, que son las tres semanas adicionales de lactancia. Por supuesto, estos permisos en caso de partos múltiples se incrementan. Es importante, además, resaltar las 32 semanas de los hogares monoparentales, fundamentalmente liderados por mujeres. Además, el Estatuto de los Trabajadores sigue regulando esas ocho semanas de permiso para padres y madres.

Pasando a otro tipo de preguntas relacionadas con su Ministerio. Ahora tiene que negociar con las asociaciones de autónomos el calendario del nuevo sistema de cotización de ingresos reales. Quería preguntarle cómo espera que se desarrollen esas negociaciones y cuál va a ser la posición del Ministerio.

El punto de partida para seguir negociando con las asociaciones representativas de trabajadores autónomos es el éxito que ha supuesto poner en marcha otra reivindicación histórica de las asociaciones: la cotización por ingresos reales. Nos enfrentábamos a un importante desafío y desde luego no habría sido posible sin la escucha permanente, que es como trabajamos en el Ministerio, y trabajando de la mano en este caso de la representación sindical. Por supuesto, también la patronal y, específicamente en este tema, de las asociaciones de autónomos. Así que vamos a seguir en esa línea, compartiendo con las asociaciones los resultados de esa primera regularización y transitando hacia un camino sin retorno.

Somos muy conscientes que los trabajadores autónomos estaban teniendo unas discriminaciones en lo que tiene que ver con sus prestaciones, precisamente por esa distorsión y cotizar por ingresos reales avanza en justicia social para un colectivo al que el Gobierno le presta una atención muy especial.

Este avance no ha estado exento de polémica, elDiario.es desveló que la regularización de cuotas de la Seguridad Social penalizaba a autónomos de baja por paternidad o maternidad al dividirse los ingresos de todo el año en solo tres meses debido al permiso de nacimiento. ¿Ha encontrado desde el Ministerio ya alguna solución para este problema?

Todos los avances que se están produciendo en prestaciones y en derechos son aplicables al colectivo de trabajadores autónomos y eso también es una buena noticia para este colectivo. Pero también es importante que seamos conscientes de que estamos avanzando a una velocidad distinta, porque partíamos de una protección social de los trabajadores autónomos diferente a los trabajadores por cuenta ajena. La idea es equiparar, confluir y avanzar, y con la relación fluida con las asociaciones vamos a trabajar para corregir cualquier cuestión que se pueda producir.

En junio se conoció una sentencia europea que consideraba que el complemento para reducir la brecha de género en las pensiones discriminaba a los hombres. Hay cierto temor en algunos sindicatos, como Comisiones Obreras o UGT, a que cuando los padres reclamen este plus haya la posibilidad de que suponga la retirada para las madres. ¿Qué puede hacer el Ministerio para que esto no ocurra?

Estamos analizando la sentencia, pero el compromiso es ir reduciendo las brechas que todavía existen en pensiones en relación a hombres y mujeres. Mejores salarios son mejores pensiones en el futuro. Cuando se incrementa el sueldo mínimo interprofesional, cuando estamos celebrando las importantísimas cifras del mercado laboral, donde hay récord histórico de mujeres trabajando, donde las bases de cotización de las mujeres suben por encima de las bases de cotización de los hombres… todo son noticias que hacen ver que vamos en la buena dirección para reducir brechas de género en pensiones y salariales que todavía indudablemente siguen. Tenemos que trabajar para eliminarlas.

Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la ayuda tiene una cobertura más o menos del 42%. La ayuda por hijo llega al 23%, pero todavía queda mucho por hacer. ¿Cómo se está planteando conseguir que se llegue a más gente?

Hemos reducido el non take up, la brecha de cobertura, en torno al 20%. Así que estamos trabajando en esa dirección a través de diferentes herramientas. Quiero poner en valor el teléfono corto que pusimos en marcha y una importante campaña publicitaria para llegar a la ciudadanía. No hacemos nada si avanzamos en derechos pero nos olvidamos de que la Administración tiene que estar pegada completamente a la ciudadanía para que conozcan todas las políticas que vamos desplegando.

Es importante también poner en contexto. El ingreso mínimo vital se puso en marcha en el año 2020, en un contexto muy complicado, para dar una cobertura a todo el Estado, pero sin olvidar que las comunidades autónomas ya tenían un papel y, lo siguen teniendo, para luchar contra la pobreza. Esto es un esfuerzo compartido. Las comunidades autónomas no pueden hacer una dejación de funciones y pretenden cargar o responsabilizar únicamente a la política estatal de trabajar por la inclusión y de reducir la pobreza.

Lo que estoy constatando es que las comunidades autónomas, muchas de ellas gobernadas por el Partido Popular, están reduciendo las partidas destinadas a sus rentas mínimas en torno a 400 millones de euros y no las están redireccionando a los mismos objetivos, sino que en algunos casos prefieren bajar los impuestos a quienes más tienen, como la Comunidad de Madrid.

La AIReF también ha señalado que el incentivo al empleo del ingreso mínimo vital “no está funcionando”. ¿Cómo hacer para que este incentivo funcione mejor?

Es importante dejar que pase un poco más de tiempo para poder analizar el comportamiento del incentivo al empleo. Recordemos que este incentivo se puso en marcha en 2022 y este informe es de 2023. La pregunta que yo lanzaría es qué empleo aspiramos a que tengan a su alcance los beneficiarios del ingreso mínimo vital. Entiendo que tiene que ser un empleo, desde luego no precario, sino uno a tiempo completo, de calidad y que no suponga que tengas que elegir entre percibir la prestación y tener un empleo precario que no hace más que ahondar todavía más en esa situación de exclusión que se puede encontrar el beneficiario. No hay que olvidar que el IMV tiene rostro de mujer y de mujer con hijos a cargo y, cuando se incorporen, deben hacerlo en unas condiciones absolutamente óptimas que puedan dar respuesta a la atención y cuidado de su familia. El ingreso mínimo vital es una prestación de la que es un éxito salir porque eso quiere decir que has accedido a un empleo. Por eso tenemos que trabajar en esa línea.

También respecto al ingreso mínimo vital, la Seguridad Social ha reclamado deudas por valor de 500 millones de euros desde que se puso en marcha esta ayuda y el Ministerio ha anunciado que ha adelantado este año las revisiones anuales de la prestación varios meses, a abril en lugar de octubre. ¿No hay otra manera menos lesiva para los ciudadanos que la devolución de varios meses? No sé si se han planteado alguna otra alternativa teniendo en cuenta, además, que hay una denuncia de una ONG al Consejo de Europa por este asunto.

Soy consciente de ello. El ingreso mínimo vital es una prestación que no es sencilla. Para poder percibirla hay que poner en conjunción diferentes administraciones y además la foto fija que se toma de referencia para ver si una persona es beneficiario o no beneficiario hace referencia al ejercicio anterior. Somos conscientes de esa distorsión porque en un año pueden cambiar muchas cosas. Desde el mes de mayo hemos establecido dos momentos de hacer la foto de la situación del potencial beneficiario o beneficiaria para que se produzcan las menores distorsiones posibles. Pero con ese mensaje claro de que el hecho de percibir una cantidad menor de ingreso mínimo vital puede ser porque efectivamente se están percibiendo ingresos, porque se ha conseguido un empleo indefinido, por ejemplo, que es un objetivo absolutamente positivo. O que incluso la persona pueda salir del ingreso mínimo vital, porque ese es el objetivo, no que permanezca en lo que llamamos la brecha de la pobreza.

Tienen una respuesta de los agentes sociales a las “altas progresivas”: vuelta gradual que pueda extenderse hasta un mes, en el que la persona trabajaría la mitad de su jornada y cobraría esa proporción de salario y también el 50% de la prestación por baja médica.

Hay que aclarar que donde se tiene que discutir es en la mesa del diálogo social. La salud de los trabajadores está en el centro de cualquier medida que saquemos adelante en el Ministerio, pero, en este caso nos gusta caminar de la mano de la ministra de Sanidad, Mónica García. Tengo un compromiso personal: me voy a dejar la piel para que en el último trimestre del año esta medida pueda ver la luz. Es un avance en derechos y pone en el centro la salud de los trabajadores y trabajadoras. Vamos a hacer la pedagogía necesaria porque es una modificación legislativa que tiene que ser aprobada en el Congreso, pero partiendo de un trabajo de escucha de la sociedad civil y de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Se ha probado que una reincorporación después del alta médica pueda contribuir a mejorar la salud del trabajador en procesos oncológicos. Para mí es una tranquilidad.

El Sindicato de Inquilinas reclama al Estado una negociación colectiva para 28 familias, que lograron un alquiler asequible de la antigua Sociedad Pública de Alquiler en viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social. ¿Por qué ahora que parece que el Gobierno apuesta por el alquiler asequible se quieren rescindir esos contratos? ¿A qué se quieren destinar esas viviendas?

Cuando se gestiona dinero público tenemos que ser absolutamente escrupulosos. Desde la Seguridad Social se escucha activamente a los ciudadanos, pero también a otras instituciones. La supervisión de estas viviendas se produce por parte del Tribunal de Cuentas. Estamos hablando de un patrimonio de la Seguridad Social con una regulación específica. El Tribunal de Cuentas nos ordena enajenar estas viviendas porque la Seguridad Social no tiene capacidad de ser un agente inmobiliario. Vamos a dar el margen suficiente a las personas que están residiendo para que puedan ejercitar la posibilidad de adquirir esas viviendas por el valor de mercado, con una tasación oficial y con todo el rigor jurídico para que no haya ningún tipo de desprotección.

Las cacerías racistas de Torre Pacheco evidenciaron hasta dónde pueden llegar los discursos del odio. ¿Temen que se pueda generar un problema de convivencia mayor ante el incremento de estos mensajes?

El Gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. Desde el Ministerio monitorizamos los discursos de odio, racistas y xenófobos en las redes sociales. Hicimos un encargo específico para monitorizar lo que estaba pasando en Torre Pacheco. En 17 días hubo 138.000 mensajes en redes sociales, algunos de ellos podían ser susceptibles de delito y siguen el cauce de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. El porcentaje de retirada de mensajes sobre Torre Pacheco fue del 23%. Me comprometí a tener una reunión específica con las plataformas porque es importante la prevención y conseguir que la retirada de esos mensajes se produzca de manera mucho más rápida que la que se viene realizando. Hemos creado un grupo de trabajo permanente para buscar una interacción mucho más profunda. Hay que tener un compromiso mucho más férreo, retirar antes esos mensajes, porque el odio se propaga de una manera muy rápida. Hay personas interesadas en propagar ese odio que deshumaniza a la población inmigrante.

¿Cuál es la fórmula para combatir estos discursos desde las instituciones?

Con una mayor corresponsabilidad no solamente de las plataformas, sino del conjunto de la ciudadanía. Cuando puedo hacerlo, voy al fútbol con mi hijo y si escucho un mensaje racista, actúo frente a ese mensaje. Lo mismo tiene que pasar en las redes sociales. Con la colaboración que hemos iniciado con las plataformas, hay batallas que se puedan ganar en lo digital, pero la ciudadanía tiene que ser consciente de que las calles de nuestro país no son de cacería de inmigrantes. Tenemos que estar alertas y no podemos dar ni un paso atrás: ser mucho más contundentes para frenar esta ola reaccionaria.

¿Están trabajando en un plan de integración desde hace meses, qué busca el plan y qué medidas concretas incluirá?

El plan lo que hace es analizar un conjunto de derechos y deberes. No es un plan dirigido a la población inmigrante, es un plan para el conjunto de la sociedad. Es importante escuchar a los destinatarios cuando se hacen políticas. No podemos hacer un plan en un despacho que sea una serie de folios con medidas que no vayan a ningún lado. Es un plan que pretende seguir avanzando en una sociedad inclusiva y justa. Por supuesto, siendo muy conscientes de las diferentes competencias que tienen ayuntamientos, comunidades autónomas y el Estado. Desde lo local hasta lo global es responsabilidad de todos seguir trabajando y pensando en una sociedad que reconoce la diversidad y tiene los brazos abiertos.

Esta semana tuvo lugar otra de las reuniones del Gobierno central con el canario para cumplir con la sentencia del Supremo que obliga al Ejecutivo central a hacerse cargo de unos mil menores solicitantes de asilo que están actualmente en Canarias. Según se anunció ayer, los primeros traslados se producirán la semana que viene. ¿Además del centro de Pozuelo dónde van a ser acogidos estos niños? ¿Van a convivir adultos con menores de edad?

Nuestros centros son de adultos. Estamos trabajando con absoluta minuciosidad para cumplir el auto del Supremo y dar respuesta a la situación de estos niños, que están en una situación de absoluta vulnerabilidad. Somos muy conscientes a la hora de habilitar espacios específicos de que estamos hablando de que cada niño o niña es un caso individual donde hay que trabajar de manera cuidadosa. Estamos teniendo reuniones permanentemente con el Gobierno canario en aras de una colaboración y una lealtad institucional para dar respuesta a este acto del Supremo.

Queremos insistir en este tema porque de lo que estamos hablando es de que se cumpla el interés superior del menor por encima de otras cuestiones.

Absolutamente. No lo hemos perdido de vista en ningún momento. Estamos habilitando las instalaciones escuchando al menor y estudiando caso a caso.

El presidente Pedro Sánchez se ha comprometido a presentar los presupuestos para el año que viene. ¿Ese compromiso implica llevarlos al Congreso o simplemente aprobarlos en Consejo de Ministros?

El presidente del Gobierno fue claro y el compromiso de este Gobierno es seguir una hoja de ruta para seguir dando respuesta y haciendo políticas que beneficien al conjunto de la ciudadanía. Es claro y rotundo. Este gobierno se va a dejar la piel para encontrar los acuerdos necesarios. Apelo al resto de fuerzas políticas para no volver a vivir el bochorno nacional que se vivió la pasada semana con el decreto antiapagones por el posicionamiento de algunos grupos políticos. Fue un bochorno nacional porque se puso en riesgo el sistema eléctrico solo por intentar erosionar al gobierno, otra vez en esa oposición de tierra quemada.

Por su respuesta se entiende que el Gobierno está dispuesto a llevarlo hasta el final en el Congreso de los Diputados.

Insisto en que el presidente fue claro.

Si se llevara al Congreso esta Ley de Presupuestos y no se contaran con los apoyos. ¿Cree que el presidente debería convocar elecciones? ¿Es viable continuar si se ha perdido una votación de presupuestos?

Es importante ver cómo vamos afrontando los desafíos que tenemos por delante, que no son pocos. Tenemos un compromiso con las empresas españolas tras el acuerdo arancelario con Estados Unidos. Estamos acompañando en todo lo que tiene que ver con los choques inflacionistas. Estamos actuando cuando hemos afrontado desastres naturales, como lo que pasó en Valencia. Estamos ampliando derechos con la equiparación de permisos y extensión a 19 semanas. Estamos sacando adelante leyes con un altísimo grado, creo que es un 85%, de éxito en las votaciones en el Congreso. Es una Legislatura que está siendo de importante producción normativa para dar respuesta a lo que la gente espera de la política. Hay personas que están interesadas en la desafección porque cuando campa a sus anchas lleva a un retroceso en derechos y libertades.

Hay grupos que han puesto condiciones para esas cuentas. Podemos quiere bajar un 40% el precio de los alquileres por ley, romper relaciones con Israel y salir de la OTAN. ¿Cree que esas exigencias son asumibles para el Gobierno?

La política de vivienda de este Gobierno está comprometida para dar respuesta al principal problema de este país. En este caso tienen mucho que decir las comunidades autónomas, pero cada vez que hemos tenido ocasión de llevar leyes al Congreso, nos encontramos torpedeados por parte del principal partido de la oposición. Se están tomando medidas para ampliar las zonas tensionadas, para luchar contra el alquiler vacacional que lo que hace es incurrir en desigualdades.

Respecto a Palestina, ahora estamos viendo cómo diferentes países se están sumando al posicionamiento que tuvo nuestro país. El presidente del Gobierno ha sido muy claro exigiendo la solución de dos estados y absolutamente comprometido con el reconocimiento de Palestina. Invito a todas las fuerzas políticas a hablar de estas cuestiones y no distraer con otras que nada tienen que ver con el interés general.

¿Le preocupa que puedan salir nuevas informaciones judiciales sobre corrupción que afecten a más ministerios o a incluso al partido? ¿Lo ve un escenario posible? ¿Qué debería hacer el Gobierno en ese caso?

La corrupción alimenta la desafección y daña a las propias instituciones. Lo que está haciendo el gobierno es dar una respuesta clara, contundente, rápida, de colaboración con la justicia y dando la cara. El presidente del Gobierno ha puesto encima de la mesa un plan que no es papel mojado, son medidas concretas que van desde proteger a quien denuncia a que tenga consecuencias también para los corruptores en caso de que así se produzca. Es un plan hecho de la mano de la Comisión Europea y la OCDE. Apelo a que se sumen todas las fuerzas políticas, fundamentalmente al Partido Popular, a respaldar este Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción para que nunca más vuelva a ocurrir.

Cuando la corrupción se refiere a la espina dorsal del Estado de Bienestar que es la Hacienda pública, conocer que se manosean leyes y el Boletín Oficial del Estado para beneficiar solamente a unos pocos amigos mientras que con la otra mano se anunciaban recortes, congelaciones en pensiones y pedir a la ciudadanía que se apretase el cinturón... Como ex responsable de una hacienda desde luego eso es atentar contra el Estado puro. Y como Hacienda somos todos, nos hace daño todavía en mayor medida a toda la sociedad.

Entrevista completa en vídeo:

El 9 de julio, en la última comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, Yolanda Díaz subió a la tribuna y agitó unos folios mirando al presidente. “Vamos a ampliar el permiso de paternidad a 20 semanas y vamos a cumplir con la directiva para retribuir al menos cuatro. La semana que viene presentaremos este decreto en el Consejo de Ministros y esperamos el compromiso y los votos del PSOE para sacarlos adelante”, le dijo. Menos de un mes después, la medida es una realidad aunque para ello Sumar ha tenido que rebajar sus expectativas.

Sánchez respondió al guante de Díaz y anunció en una comparecencia para hacer balance del curso político que el Gobierno llevaría el martes al Consejo de Ministros una “ampliación histórica” de los permisos de nacimiento y cuidados. Sumar había ejercido una fuerte presión en las últimas semanas para aprobar la medida este mismo julio, antes de las vacaciones, para darle, en palabras de la vicepresidenta, “buenas noticias” a la ciudadanía.

La ampliación de los permisos supone un espaldarazo para la coalición plurinacional, que desde que arrancó la legislatura apenas ha disfrutado de buenas noticias. La mayoría parlamentaria salida de las urnas ha puesto en estos dos años las cosas difíciles al Gobierno, que ha sufrido para sacar adelante su agenda legislativa. Y esos problemas los ha experimentado quizás en mayor medida Sumar, como socio minoritario del Ejecutivo.

Después de fijar los permisos como prioridad política en este cierre del curso, Sumar fue incrementando la presión a los socialistas, primero para establecer una mesa negociadora y después para incorporar el decreto en las reuniones previas para que un asunto llegue al Consejo de Ministros. Como ocurre en este tipo de negociaciones en el seno de la coalición, la decisión de Pedro Sánchez terminó de desbloquear las cosas.

Durante los últimos días, los equipos negociadores multiplicaron los contactos. El fin de semana previo a la comparecencia de Sánchez, fuentes de Sumar aseguraban que el PSOE estaba bloqueando la aprobación del decreto. Ese mismo lunes, las mismas fuentes anunciaban un acuerdo sobre el texto pero reclamaban aprobarlo esta semana. Algo a lo que se resistían en Moncloa por razones técnicas y políticas. Pocas horas después Sánchez anunciaba el resultado del acuerdo.

El nuevo decreto contiene 19 semanas de permiso en total. En ellas se incluye las de nacimiento, que se amplían en una semana hasta las 17, y las dos retribuidas para el cuidado de los hijos hasta los ocho años. La ley las contempla como un todo que se puede tomar seguido o por partes, pero siempre sujeto a una serie de normas marcadas en el texto legal. Como hasta ahora, las seis primeras semanas tras el nacimiento, la adopción o el acogimiento son obligatorias y deben disfrutarse a jornada completa. A partir de ahí, cada uno de los progenitores puede distribuir otras 11 semanas a voluntad, de forma acumulada o interrumpida pero siempre dentro de los 12 primeros meses. Tampoco esto cambia.

La novedad son las dos semanas retribuidas de permiso por cuidado. Estas podrán tomarse inmediatamente después del permiso por nacimiento si se desea o durante los ocho primeros años de vida del niño o niña, en régimen de jornada completa o parcial. Su disfrute es mucho más flexible.

La medida tiene un importante alcance y un gran potencial político, lo que explica la euforia que mostraba este martes en la rueda posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta segunda al explicar la medida. “Hoy le hablamos a esa España conformada por familias plurales. Hoy España da un paso más. Este es un gobierno que se compromete con las familias españolas, con las mujeres y con las jóvenes”, dijo. “Negociar es difícil pero merece la pena cuando es por una buena causa. España es mejor”, reconoció.

Para Sumar era importante conseguir esta medida antes de que terminase el verano y dar un mensaje a las familias antes del inicio del curso. El Gobierno se enfrentaba además a un incremento de la multa que le ha propuesto Europa en un expediente sancionador abierto por incumplir la directiva que reclama la remuneración de esos permisos por conciliación. Este fue uno de los elementos que Díaz llevó a la mesa de negociación para acelerar la aprobación del decreto.

Pero de fondo hay un argumento político para la coalición. Después del estallido del escándalo de Santos Cerdán, la vicepresidenta segunda reclamó un reseteo de la legislatura. Entendía que la confianza con la ciudadanía estaba rota y solo había una manera de recuperarla: la activación de las medidas sociales. Y estos permisos son un primer paso en esa dirección.

Para poder sacarla adelante este julio, los negociadores de Trabajo han tenido que rebajar las expectativas que se marcaron en el acuerdo de investidura, en el que hablaban de extender el permiso de maternidad y paternidad hasta las 20 semanas y remunerar al menos cuatro de las ocho destinadas a cuidados como establece la directiva 2019/1158 del Parlamento Europeo.

Ese el espíritu que incluía la Ley de Familias que aprobó el Ministerio de Derechos Sociales de Pablo Bustinduy a principios de 2024, que establecía por un lado la ampliación a 20 semanas y por otro la remuneración de los dos primeros meses del permiso parental de cuidados. Esa ley sin embargo lleva en vía muerta en el Congreso, con más de 50 ampliaciones del plazo de enmiendas.

El acuerdo que salió del Consejo de Ministros extiende a 17 semanas y no a 20 el permiso de paternidad y maternidad. Y solo remunera dos semanas y no cuatro como indicaba el acuerdo de investidura, que, eso sí, hablaba del “objetivo de llegar a las cuatro”. No lo establecía como un compromiso definido.

En Trabajo en cualquier caso están muy satisfechos con el acuerdo y creen, a pesar de las críticas de sindicatos como CSIF, que cumple “con creces” la directiva europea de conciliación, como indicó Díaz en la rueda de prensa. La vicepresidenta argumentó que España, con la ampliación del nuevo decreto, cuenta en total con 19 semanas de permisos retribuidos y tres de lactancia que se traspusieron en la legislatura anterior. “Esto hace un total de 22 semanas, España no solo cumple la directiva sino que lo hace con creces”. Díaz indicó además que estas semanas están retribuidas al 100% y no al 65% mínimo que exige la directiva.

El SMI, siguiente objetivo

Sumar consigue así una victoria política en mitad de un escenario muy complejo para el Gobierno. Aunque las cosas han mejorado ligeramente después de que se levantara el secreto de sumario de una causa que investiga al exministro de Hacienda con el PP Cristóbal Montoro y tras la dimisión de la diputada Noelia Núñez por falsear los datos de su currículum en el Congreso. Sánchez aseguró este lunes que está dispuesto a agotar la legislatura e incluso anunció que presentará un proyecto de presupuestos.

En la coalición de Yolanda Díaz han recibido con agrado esa noticia, que va en la línea del giro social que han pedido a los socialistas y que intentarán concretar en el próximo periodo de sesiones. Díaz ya ha avanzado que en septiembre convocará a la comisión de expertos para analizar una nueva subida del salario mínimo. Hasta ahora, todos los intentos que ha encabezado la vicepresidenta para subir este indicador han provocado roces con la parte socialista del Gobierno y es probable que esta sea una de las próximas batallas de Trabajo con Economía y Hacienda.

Díaz también tiene pendiente la negociación parlamentaria de la ley para la reducción de la jornada laboral, que tuvo que posponer al menos a septiembre por el bloqueo de Junts. Una tarea pendiente para después de unas vacaciones en las que la vicepresidenta, todavía muy tocada emocionalmente por la reciente muerte de su padre, ya ha trasladado a los suyos que pretende desconectar del todo.

Aunque el Gobierno aprobó en el último consejo de ministros del pasado martes la ampliación de los permisos parentales, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha condenado a España a pagar una multa de seis millones de euros y una multa coercitiva diaria de 19.700 euros en caso de que el incumplimiento persista en la fecha del pronunciamiento de la presente sentencia.

El TJUE argumenta que el Gobierno de España ha incumplido porque no ha adoptado las disposiciones legislativas sobre equilibrio entre la vida profesional y la vida privada de los progenitores y cuidadores de una directiva europea que se aprobó en 2019.

La Comisión inició el procedimiento precontencioso el 21 de septiembre de 2022 mediante el envío de una carta de emplazamiento a España. En su respuesta del 18 de noviembre de 2022, España comunicó su intención de transponer la Directiva mediante una ley y un decreto real, comprometiéndose a remitir con la mayor brevedad posible las disposiciones pertinentes y precisas, una actuación que nunca ocurrió.

Ante la falta de respuesta, en 2023 la Comisión le dio a España un plazo de dos meses para adoptar la directiva, pero la respuesta del Gobierno español fue un cuadro de correspondencia entre la normativa europea y la españoal además de un informe del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el que se informaba de que el proyecto de ley sobre las familias —que debía servir de instrumento de transposición— había quedado sin efecto tras la disolución del Parlamento.

La Comisión, al constatar que aún no se habían adoptado todas las disposiciones necesarias de la Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, decidió en noviembre de 2023, presentar el recurso ante el TJUE.

Ante este movimiento de la Comisión Europea, el Ministerio de Trabajo sacó adelante un real decreto en el que se recogían parte de las reclamaciones de Bruselas y que suponía el aumento en tres semanas de permiso de nacimiento para cada progenitor, pero en el Congreso Podemos unió sus votos a la derecha para tumbar el decreto ya que incluía la reforma del subsidio de desempleo y cambiaba las condiciones para los parados de 52 años.

Ante esta situación, el Gobierno avisó a la Comisión de que incluiría la trasposición de la directiva en los nuevos Presupuestos Generales del Estado que se tenían que aprobar en 2024, pero ante la falta de apoyo parlamentario no fueron presentados. La Comisión Europea interpuso un recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra España por no haber adoptado ni notificado dentro del plazo establecido todas las medidas necesarias para la transposición de la Directiva.

La Comisión alegó que España no había transpuesto plenamente la Directiva, especialmente en lo relativo a las trabajadoras regidas por el Derecho laboral y a los empleados públicos regulados por el Derecho administrativo. Asimismo, señaló que España no había notificado como parte de la transposición el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), entre otras medidas.

En mayo de 2025, el Ministerio de Trabajo ya advirtió de que España se enfrentaba a una multa de “casi diez millones de euros” por no retribuir el permiso parental de ocho semanas para el cuidado de hijos. Y subiendo, “a razón de 9.760 euros” por día, sostienen en el Ministerio de Trabajo. El departamento que dirige Yolanda Díaz, líder de Sumar en el Ejecutivo, exige a la parte socialista del Gobierno aprobar ya la retribución de este permiso laboral, que advierten que puede suponer esta sanción millonaria a las arcas públicas fruto del procedimiento iniciado por Bruselas contra España.

La coalición progresista entre PSOE y Sumar se comprometió en el acuerdo de gobierno a “remunerar al menos 4 semanas por hijo/a del recientemente creado permiso parental de cuidados, a partir de agosto de 2024, sin perjuicio de las mejoras que puedan adoptarse en el marco de la negociación colectiva del sector público”. Sin embargo, y aunque el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, competente en esta materia, anunció la retribución en el año 2024 –junto a la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad a las 20 semanas–.

Los socios de Gobierno llegaron, tras meses de negociaciones, a un acuerdo para ampliar los permisos menos ambiciosos respecto a lo que estaba recogido en el acuerdo de la coalición para gobernar.Lo que se ha aprobado en el último Consejo de Ministros de la temporada es que los permisos por maternidad y paternidad retribuidos al 100% del salario aumentan una semana: de las 16 actuales a las 17 semanas para ambos progenitores hasta que el niño o niña tenga 12 meses.

España tiene un permiso de ocho semanas para el cuidado de descendientes de hasta ocho años. Sin embargo, hasta ahora no estaban retribuidas. El nuevo real decreto comienza a pagar estos permisos como nuevos derechos de los niños y las niñas. De momento, solo dos semanas, según el acuerdo alcanzado PSOE y Sumar, que podrán coger cada uno de los progenitores.

El Gobierno ha dado luz verde este martes a los cambios en los permisos por nacimiento y cuidado de hijos a través de un real decreto-ley que modifica varias leyes y permite acelerar la entrada en vigor de estos nuevos derechos.

El Ejecutivo ha optado por este procedimiento más rápido, in extremis en el último Consejo de Ministros de la temporada, para evitar seguir pagando la multa que ha impuesto Bruselas por el incumplimiento de una directiva europea precisamente sobre parte de estos permisos que ya debía estar adaptada al ordenamiento español. Las modificaciones entran en vigor de inmediato, aunque deberán ser refrendadas por una mayoría en el Congreso, y suponen una inversión de 1.500 millones de euros.

“Hoy le damos una buena noticia a las familias españolas para que puedan decir que merece la pena y tengan a su disposición tres semanas más de permisos retribuidos. Negociar es difícil, pero merece la pena cuando es por una buena causa en el país. España es mejor, somos el gobierno de las familias, de las mujeres y de los jóvenes”, ha defendido la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, al presentar las medidas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Estas son las novedades que se desgranan en la letra pequeña del real decreto, firmado por cinco ministerios, que aprueba hoy el Consejo de Ministros tras meses de negociaciones entre PSOE y Sumar:

¿Quién puede disfrutar de estos permisos?

“Los empleados públicos, todos los asalariados y las personas autónomas”. Se trata, en todos los casos, de prestaciones contributivas, es decir, que “al inicio de cada uno de los periodos de descanso la persona trabajadora deberá encontrarse en situación de alta o asimilada a la de alta”, según el decreto.

¿Cómo puedo distribuir las nuevas semanas de permiso?

El nuevo decreto contempla 19 semanas de permiso en total. En ellas se incluye las de nacimiento, que se amplían en una semana hasta las 17, y las dos retribuidas para el cuidado de los hijos hasta los ocho años. La ley las contempla como un todo que se puede tomar seguido o por partes, pero siempre sujeto a una serie de normas marcadas en el texto legal.

Como hasta ahora, las seis primeras semanas tras el nacimiento, la adopción o el acogimiento son obligatorias y deben disfrutarse a jornada completa. A partir de ahí, cada uno de los progenitores puede distribuir otras 11 semanas a voluntad, de forma acumulada o interrumpida pero siempre dentro de los 12 primeros meses. Tampoco esto cambia.

La novedad son las dos semanas retribuidas de permiso por cuidado. Estas podrán tomarse inmediatamente después del permiso por nacimiento si se desea o durante los ocho primeros años de vida del niño o niña, en régimen de jornada completa o parcial. Su disfrute es mucho más flexible.

¿Cómo me las pagan?

El decreto, que modifica tanto el Estatuto de los Trabajadores como el Estatuto Básico del Empleado Público, establece que durante estas semanas se produce una suspensión temporal del contrato de trabajo.

El coste del nuevo permiso de dos semanas es asumido íntegramente por la Seguridad Social –no por las empresas– y las personas trabajadoras percibirán el 100% de la base reguladora, es decir, una prestación equivalente al 100% de su salario habitual. “No son los empleadores los que asumen esta inversión social”, ha aclarado Díaz, que también ha subrayado que España ha ido más allá de lo que marca la directiva europea en la base reguladora.

¿Pueden transferirse las semanas entre progenitores?

No. Los permisos son iguales e intransferibles para ambos progenitores (en el caso de que haya dos). La norma sigue como hasta ahora en los permisos por nacimiento y mantiene el mismo espíritu para las semanas por cuidado. Es decir, una madre no puede tomar las dos semanas que le corresponden al padre, o viceversa. “Este derecho es individual de la persona trabajadora sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor”, marca el real decreto-ley.

“Nuestros permisos van de la mano de la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, a diferencia de otros estados miembros y pese a que la directiva europea no obliga a esto”, ha asegurado la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

¿Cómo se lo pido a mi empresa?

Las personas trabajadoras deben comunicar a la empresa, con una antelación mínima de 15 días, la petición “en los términos establecidos en los convenios colectivos”. Si ambos progenitores trabajan para la misma compañía, la dirección “podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas por escrito”.

¿Qué significa que el nuevo permiso de dos semanas retribuidas por cuidado se aplica de manera retroactiva?

El decreto contempla la retroactividad en esta prestación desde agosto de 2024. Esto implica, según señalan a elDiario.es fuentes de Trabajo, que las personas cuyos hijos e hijas nacieron a partir de agosto de 2024 podrán recibir esta remuneración hasta que cumplan los ocho años. No solo los niños y niñas nacidos desde la entrada en vigor del nuevo decreto. Se ha marcado este umbral porque coincide con el momento en que España debía haber traspuesto la directiva que incluía estos nuevos derechos.

En el caso de que alguien haya disfrutado de estas dos semanas sin retribuir en el último año, se podría reclamar a la administración, siempre que el nacimiento sea posterior al 2 de agosto de 2024, la cuantía equivalente, según indican fuentes del Ministerio de Trabajo.

Si soy la única progenitora, ¿cuánto tiempo me corresponde de permisos a partir de ahora?

Serán 28 semanas por paternidad y maternidad en el caso de las familias monoparentales, frente a las 26 semanas reconocidas en una sentencia de noviembre del Tribunal Constitucional. La medida da respuesta a una reivindicación histórica de las mujeres que tienen hijos en solitario.

Estas madres –son la mayoría en las familias monoparentales– y padres tendrán derecho a cuatro semanas más retribuidas –el doble que el resto– hasta que sus hijos o hijas cumplan los ocho años. Estas semanas pueden tomarse junto al permiso de nacimiento o extenderse durante los ocho años siguientes, por eso el Gobierno ha anunciado un total de 32 semanas.

¿El permiso de lactancia sigue en vigor?

Sí, y se suma a las nuevas semanas reconocidas para ambos progenitores. Es acumulable por tres semanas en jornadas completas desde mayo de 2024 y disfrutable hasta que el bebé cumple los nueve meses.

¿Qué pasa con las ocho semanas que ya se podían tomar sin remuneración?

Se mantienen a disposición de las personas trabajadoras que quieran acogerse a ellas, pero no se retribuyen.

¿Por qué el Gobierno ha aprobado por decreto estas reformas?

La exposición de motivos es clara en este sentido: “La aprobación por medio de un real decreto-ley de la presente norma se justifica en el avanzado estado de tramitación en el que se encuentra el procedimiento de infracción contra España por falta de transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 en lo referente al permiso parental retribuido regulado en su artículo 5”.

España ha tenido pagar casi diez millones de euros por el retraso en la retribución. A razón de 9.760 euros al día, advirtió en mayo el Ministerio de Trabajo.

Con estos cambios, ¿España cumple por fin con Bruselas?

El plazo para trasponer la directiva europea aprobada en 2019 concluyó el 2 de agosto de 2024. Por eso, las dos semanas de permiso remunerado, que pueden unirse al nacimiento o tomarse en los siguientes ocho años, se aplican retroactivamente desde esa fecha. “La urgencia de la transposición de la retribución de esas dos semanas queda completamente acreditada”, dice el texto del decreto.

La directiva obligaba a asegurar al menos 22 semanas de permisos retribuidos, entre nacimiento y cuidados. O sea que técnicamente faltaban por retribuir tres para cumplir con Europa. Con este cambio, se llega a este número: 19 entre nacimiento y cuidados, además de tres acumuladas por el permiso de lactancia, que siguen en vigor para ambos progenitores, ha señalado Díaz para confirmar que con esta modificación “se cumple con creces”.

Lo que importa es el cómputo final porque “se contemplan todo tipo de permisos que despliegan los estados miembros”, ha abundado la vicepresidenta segunda. Por ejemplo, España está muy delante de lo que exige a directiva en permisos por nacimiento para los hombres, apenas 10 días.

¿Por qué razón se han tardado tanto en dar luz verde a estas modificaciones?

La falta de acuerdo entre los dos socios de Gobierno ha desembocado en un retraso en la aprobación que además ha costado dinero a las arcas públicas. Sumar ha intensificado la presión sobre el PSOE, formación de la que depende el Ministerio de Hacienda, en diferentes momentos del último año mientras el Gobierno continúa sin Presupuestos Generales del Estado. Este hecho dificulta hacer importantes desembolsos.

Al final, el fruto de la negociación es menos ambicioso de lo que recoge el acuerdo de Gobierno entre las dos formaciones: 20 semanas de permiso de nacimiento y cuatro remuneradas para cuidar hasta los ocho años. Es decir, 24 en total.

Los socios de Gobierno han llegado, tras meses de negociaciones, a un acuerdo para ampliar los permisos a las personas con hijos e hijas. Los nuevos derechos, menos ambiciosos respecto a lo que estaba recogido en el acuerdo de la coalición para gobernar, se aprobarán este martes en el último Consejo de Ministros de la temporada, según ha anunciado el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Esto es lo que se sabe hasta ahora de esta ampliación de permisos, cuya letra pequeña se concretará mañana, martes.

Permisos de maternidad y paternidad

¿Cuántas semanas puedo tomar por nacimiento?

Los permisos por maternidad y paternidad retribuidos al 100% del salario aumentan una semana: de las 16 actuales a las 17 semanas para ambos progenitores hasta que el niño o niña tenga 12 meses. El pacto, tras la negociación con el PSOE, se queda a medio camino de lo que está en el acuerdo de Gobierno entre ambas formaciones: una ampliación de este derecho hasta las 20 semanas.

“A estas medidas se suma el compromiso político de aumentar una semana de nacimiento hasta completar el total de 20, entre parentales y nacimiento clásicas”, responden fuentes del Ministerio de Trabajo. Esta suma, igualmente, sería inferior a lo acordado para la legislatura. En principio se mantiene la obligatoriedad de que ambos progenitores tomen las seis primeras semanas seguidas tras el nacimiento, la adopción o la acogida.

¿Desde ahora? ¿Cuándo entra en vigor el nuevo permiso?

La entrada en vigor es inmediata, de manera que quienes tengan hijos e hijas a partir de ahora podrán disfrutarlos una vez se apruebe en el Consejo de Ministros y se publique en el Boletín Oficial del Estado, aunque el contenido debe ser refrendado por la mayoría del Congreso.

¿Qué pasa si ya estoy disfrutando de mi permiso de nacimiento? ¿Puedo tomar 17 semanas?

Los progenitores que se encuentran en medio de su permiso de paternidad o maternidad no pueden, sin embargo, acogerse a esta ampliación de una semana, aclaran desde el Ministerio de Trabajo, pero sí a las dos extras flexibles para el cuidado parental que ahora se remuneran.

Permisos por cuidado parental hasta los ocho años

¿Cuántas semanas estarán retribuidas?

España tiene un permiso de ocho semanas para el cuidado de descendientes de hasta ocho años. Sin embargo, hasta ahora no estaban retribuidas. El nuevo real decreto que aprobará el Gobierno este martes comienza a pagar estos permisos como nuevos derechos de los niños y las niñas. De momento, solo dos semanas, según el acuerdo alcanzado PSOE y Sumar, que podrán coger cada uno de los progenitores.

Los de Yolanda Díaz pedían que fueran cuatro las semanas remuneradas y así constaba en el pacto de Gobierno firmado por las dos formaciones.

¿Qué significa que el permiso se aplica de manera retroactiva?

El presidente del Gobierno ha explicado que la retribución de dos semanas será retroactiva desde agosto de 2024. Esto implica, según señalan a elDiario.es fuentes de Trabajo, que las personas cuyos hijos e hijas nacieron a partir de agosto de 2024 podrán recibir esta remuneración hasta que cumplan los ocho años. No solo los niños y niñas nacidos desde la entrada en vigor del nuevo decreto.

Se ha marcado este umbral porque coincide con el momento en que España debía haber traspuesto la directiva que incluía estos nuevos derechos. Por este retraso, el Estado ya ha sido multado con casi diez millones de euros.

¿Y si mi hijo o hija tiene menos de un año y ya he decidido coger el permiso cuando aún no se retribuía?

En este caso se podría reclamar a la administración, siempre que el nacimiento sea posterior al 2 de agosto de 2024, la cuantía equivalente a dos semanas de permiso, según el Ministerio de Trabajo.

¿Qué pasa con las otras ocho semanas que estaban reconocidas?

Las dos semanas retribuidas se suman a las ocho que ya existían y podrán seguir tomándose, como hasta ahora. Es decir, como una suspensión temporal sin remuneración.

32 semanas para familias monoparentales

¿Cuánto tiempo de permiso por nacimiento me corresponde si soy un único progenitor o progenitora?

Serán 28 semanas por paternidad y maternidad en el caso de las familias monoparentales, frente a las 26 semanas reconocidas en una sentencia de noviembre del Tribunal Constitucional. La medida da respuesta a una reivindicación histórica de las mujeres que tienen hijos en solitario.

¿Y de cuánto puedo disfrutar adicionalmente por cuidado parental con retribución?

Estas madres –son la mayoría en las familias monoparentales– y padres tendrán derecho a cuatro semanas más retribuidas –el doble que el resto– hasta que sus hijos o hijas cumplan los ocho años. Estas semanas pueden tomarse junto al permiso de nacimiento o extenderse durante los ocho años siguientes, por eso el Gobierno ha anunciado un total de 32 semanas.

¿Quién paga estas ampliaciones de permisos?

La Seguridad Social las asume íntegramente, ha subrayado la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz en un vídeo compartido en redes sociales, y cubren el 100% de la base reguladora.

Corrección: en una primera versión de este artículo se afirmaba que las dos nuevas semanas de permiso retribuido por cuidado parental se sumaban a otras seis sin remunerar, pero las ocho ya existentes se mantienen. Es decir, son diez en total, de las cuales se pagan dos.

Sumar insiste en la idea de tener el decreto con los permisos parentales aprobado antes de que termine el parón veraniego, mientras los plazos para lograrlo se van agotando. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, exigió este martes al Partido Socialista incluir el tema en el orden del día de la reunión sobre asuntos económicos previa al Consejo de Ministros. Pero de momento, el Ministerio de Economía desoye esa petición y traslada que no abordará el asunto en el encuentro del próximo lunes.

Las dos personas que impulsan este asunto en el Gobierno en nombre de Sumar son la ministra de Trabajo y el de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que esta semana en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros defendieron su voluntad de que la medida esté aprobada este mismo julio mediante un decreto para que el curso escolar arranque con buenas noticias para las madres y los padres.

“Tenemos listo el real decreto”, dijo Díaz, sentada ante dos ministros del PSOE. “Hemos instado a la incorporación de este asunto a la CDGAE del lunes que viene”, avanzó la vicepresidenta, que este miércoles, en una entrevista en TVE, aseguró que el bloqueo de esta medida es una cuestión del PSOE. “No es la patronal la que impide esto”, dijo. Y añadió: “No puede ser que el PSOE siga diciendo a día de hoy que no”.

La CDGAE es la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el filtro del Gobierno previo al Consejo de Ministros para las cuestiones que tienen cierta trascendencia económica, presupuestaria o financiera. El Ministerio de Trabajo, después de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitó formalmente la inclusión del decreto de permisos en el orden del día de la reunión prevista para el 21 de julio, el próximo lunes.

Pero fuentes del Ministerio de Economía trasladan que el decreto no irá a la comisión de la próxima semana. Si finalmente el asunto no entra, se reduce el margen ya para que el asunto entre en alguno de los dos Consejos de Ministros que quedan en julio, el del próximo martes y el del 29 de julio. Si el ministro Carlos Cuerpo no convoca una nueva reunión antes de ese último consejo, Sumar debería retomar la negociación sobre este asunto con el nuevo curso político, en septiembre.

En la coalición de Yolanda Díaz restan importancia, sin embargo, a la decisión de Economía y sostienen que hasta el lunes hay tiempo para incluir el asunto en el orden del día. La idea de Trabajo es seguir presionando a la parte socialista del Gobierno hasta el último minuto para forzar la aprobación de estos permisos en julio.

“Gobernar no es resistir, es transformar. Hay que pegar un giro, el presidente utiliza una metáfora marítima, el giro es recuperar la confianza ciudadana. Tenemos que arreglar los problemas de la ciudadanía”, dijo este miércoles Díaz, además de pedir al PSOE que deje de bloquear la medida para dar buenas noticias a la gente antes del inicio de curso. “No es la patronal la que impide esto. Vamos a ver lo que hacen [el PSOE]. Hay siete millones de familias esperando”, insistió.

La postura de Hacienda

En Hacienda, mientras tanto, rechazan estar bloqueando la medida y se muestran dispuestos a hablar con Sumar, si bien reconocen que las conversaciones están todavía en un estadio “muy incipiente”. En la coalición de Yolanda Díaz siempre han señalado al departamento de María Jesús Montero para explicar por qué todavía no se ha aprobado una de las medidas más relevantes del acuerdo con el que ambas fuerzas revalidaron la coalición progresista.

La medida es relevante tanto a nivel político como presupuestario. El decreto de permisos está dividido en varias partes. Por un lado, está la ampliación a 20 semanas del tiempo que se pueden tomar madres y padres por el nacimiento de un hijo. También extiende estos permisos a 34 semanas para las familias monomarentales. Pero una de las cuestiones más relevantes es la de la remuneración de los permisos por cuidado para los hijos hasta que cumplan ocho años.

El Gobierno aprobó vía decreto la legislatura pasada la creación de esos permisos de ocho semanas por cuidados, pero no su remuneración. Por eso el compromiso del acuerdo de investidura contemplaba la remuneración de las primeras cuatro semanas, algo que el Ejecutivo debe cumplir por obligación de la directiva europea sobre conciliación aprobada en 2019.

España de hecho se enfrenta a una multa de casi 10 millones de euros por no haber retribuido hasta ahora ese permiso, según los cálculos del Ministerio de Trabajo. 9.760 euros por día, argumentan de forma más gráfica. Esa multa, según ha explicado Díaz este lunes, podría ascender a más de 40.000 euros diarios el próximo agosto si el Gobierno no hace algo antes.

Esta cuestión ya supuso un importante obstáculo en las negociaciones para el acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar, debido al importante impacto presupuestario que supone para las arcas públicas. Aunque en la coalición de Yolanda Díaz creen que el argumento del dinero pierde más fuerza a medida que se eleva la multa que impone Europa al Gobierno por incumplir la directiva.

“No puede ser que estemos pagando 9.000 euros al día de multa por incumplimiento de la directiva europea. 9.000 euros que se van a ir convirtiendo en 43.000 a partir de agosto. Lo paraliza el PSOE y a mí me gustaría que le den una buena noticia al país. No nos frena la patronal”, insistió Díaz.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sigue lanzando avisos al PSOE para activar cuanto antes una de las principales medidas del acuerdo que Sumar y los socialistas firmaron para revalidar la coalición progresista, la remuneración de los permisos de ocho semanas por cuidado. El decreto está listo y tanto la ministra de Trabajo como el de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, han pedido formalmente que se incluya el próximo lunes en el órgano previo al Consejo de Ministros, siempre con el objetivo de que quede aprobado antes del verano.

“Tenemos el real decreto listo desde la legislatura pasada y hemos pedido la incorporación a la CDGAE [la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos]. No es la patronal la que impide esto”, ha defendido Díaz este miércoles en una entrevista en Televisión Española. Ayer, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la vicepresidenta recordó que esta medida beneficia a siete millones de progenitores.

“Gobernar no es resistir, es transformar. Hay que pegar un giro, el presdiente utiliza una metáfora marítima, el giro es recuperar la confianza ciudadana. Tenemos que arreglar los problemas de la ciudadanía”, ha dicho en esa entrevista en la que ha pedido al Partido Socialista que deje de bloquear la medida para dar una buena noticia a la gente. “No es la patronal la que impide esto. Vamos a ver lo que hacen [el PSOE]. Hay siete millones de familias esperando”, ha insistido la ministra de Trabajo en la entrevista.

La ministra también ha incluido entre los asuntos que quiere llevar a la CDGAE del próximo lunes el llamado Estatuto del Becario. Díaz ya avisó en mayo que esa medida estaba “en el carril de entrada” del Consejo de Ministros pero que había diferencias con el PSOE que habían impedido hasta ese momento su aprobación.

El decreto de permisos está dividido en varias partes. Por un lado está la ampliación a 20 semanas del tiempo que se pueden tomar madres y padres por el nacimiento de un hijo. En el acuerdo de investidura, PSOE y Sumar incluyeron esta medida y por otro lado la remuneración de al menos una parte de los permisos parentales de cuidado de ocho semanas, que los padres y madres pueden tomarse durante los primeros ocho años desde el nacimiento de su hijo. El decreto también incluye extender a 34 semanas el permiso monomarental.

El Gobierno aprobó vía decreto la legislatura pasada la creación de esos permisos de ocho semanas por cuidados, pero no su remuneración. Por eso el compromiso del acuerdo de investidura contemplaba la remuneración de las primeras cuatro semanas, algo que el Ejecutivo debe cumplir por obligación de la directiva europea sobre conciliación aprobada en 2019.

España de hecho se enfrenta a una multa de casi 10 millones de euros por no haber retribuido hasta ahora ese permiso, según los cálculos del Ministerio de Trabajo. 9.760 euros por día, argumentan de forma más gráfica. Esa multa, según ha explicado Díaz este lunes, podría ascender a más de 40.000 euros diarios el próximo agosto si el Gobierno no hace algo antes.

Hasta ahora, la parte socialista del Gobierno había ido atando la negociación de esta medida a la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado que, sin embargo, ha ido prorrogando ante la falta de apoyos parlamentarios. La inclusión de la retribución de los permisos ya fue una de las cuestiones más espinosas durante la negociación del acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar en noviembre de 2023.

Para cumplir los tiempos previstos por Sumar, la medida debería aprobarse en un Consejo de Ministros antes de agosto y solo quedan dos. Para el de la semana que viene ya no puede llegar, puesto que antes tiene que pasar por la CDGAE y está convocada para el lunes. De ese modo, el decreto tendría que ir en el orden del día de la última reunión del Gobierno en julio, el martes 29.

El Consejo de Europa investigará una nueva denuncia contra España. Tras el reciente caso abierto por el ingreso mínimo vital, el Comité Europeo de Derechos Sociales ha comunicado la admisión a trámite de la reclamación presentada por el sindicato vasco ELA contra España por discriminar a las familias monoparentales (en su mayoría de madres) con el permiso por nacimiento. En la actualidad alcanza las 26 semanas tras una sentencia del Constitucional y el sindicato reclama que alcance las 32 semanas, fruto de la suma de las 16 semanas que le corresponden a cada progenitor. Esta semana, una asociación de familias monoparentales anunció una denuncia por este mismo motivo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La reclamación contra España fue presentada por ELA el pasado marzo y el Comité del Consejo de Europa lo ha admitido a trámite el pasado 2 de julio. El sindicato vasco alega que “la falta de reconocimiento del derecho de las familias monoparentales a acumular 16 semanas de permiso retribuido por parto (”permiso por nacimiento“) y 16 semanas de permiso adicional para cuidar de un hijo recién nacido no se ajusta” a la Carta Social Europea por varios motivos y que “constituye una discriminación contra los niños nacidos en familias monoparentales y sus madres”, explica el órgano europeo.

El permiso por nacimiento para estas familias monoparentales era de 16 semanas, pero el Tribunal Constitucional obligó a la Seguridad Social a elevarlo a las 26 semanas porque consideró que se discriminaba a los niños nacidos en familias monoparentales (con menos cobertura del permiso por nacimiento). “Adicionarse al permiso para la madre biológica de 16 semanas, el previsto para progenitor distinto de 10 semanas, al excluirse las 6 primeras, que necesariamente deben disfrutarse de forma ininterrumpida e inmediatamente posterior al parto”, concluyeron los jueces.

Además, la Seguridad Social reconoció recientemente a través de un criterio que “debe abonarse la prestación de nacimiento y cuidado del menor de las familias monoparentales aunque no se hubiese realizado el permiso durante los 12 primeros meses de vida del menor”, explica el abogado Miguel Arenas en su blog.

Sin embargo, hay colectivos, como el sindicato ELA y la Asociación Madres Solteras por Elección (MSPE), entre otros, que reclaman ampliar el permiso a las 32 semanas, ya que consideran que las 26 semanas siguen discriminando a las familias monoparentales respecto a las formadas por dos progenitores.

La Asociación Madres Solteras por Elección (MSPE) ha reclamado que el Gobierno de coalición incluya esta reforma del permiso por nacimiento de las familias monoparentales en el decreto que Sumar está intentando sacar adelante en el Consejo de Ministros para ampliar el permiso por nacimiento a las 20 semanas y para retribuir cuatro semanas del nuevo permiso parental de ocho semanas. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha afirmado que su intención es que este decreto pueda aprobarse antes del parón veraniego, algo que no ha confirmado la portavoz del Gobierno, la socialista Pilar Alegría.

Qué investigará el Consejo de Europa

De los artículos de la Carta Social Europea denunciados por ELA, el Comité Europeo de Derechos Sociales investigará si el permiso por nacimiento en España respeta el 16 (derecho de la familia a la protección social, jurídica y económica), el 17.1a (derecho de los niños y los jóvenes a la protección social, jurídica y económica), el 27.1 y 2 (derecho de los trabajadores con responsabilidades familiares a la igualdad de oportunidades y de trato), así como el artículo E (no discrminación).

El Comité considera que estas cuestiones “entran en el ámbito material de estas disposiciones invocadas y que la reclamación se refiere con suficiente precisión a disposiciones jurídicas nacionales específicas”, no así con otros artículos denunciados, para los que considera que ELA no había dejado “suficientemente claro” de qué manera España incumplía la Carta Social.

El organismo europeo tumba los argumentos del Gobierno, que había intentado impugnar la reclamación de ELA por falta de representatividad del sindicato a nivel nacional. El Comité considera que ELA “es un sindicato representativo” en lo que exige el Protocolo de la Carta Social Europea, que recuerda que no tiene por qué coincidir con las normas nacionales de mayor representatividad.

Además, en cuanto a la objeción del Gobierno de que la cuestión planteada por ELA se refiere a la legislación nacional aplicable en todo el Estado, mientras que ELA opera en una zona geográfica específica (País Vasco y Navarra), el Comité considera que esto no significa que ELA no tenga derecho a denunciar la supuesta falta de conformidad de la legislación nacional con la Carta Social Europea.

La institución europea da de plazo al Gobierno hasta el 15 de septiembre para presentar sus observaciones, así como a otras organizaciones sindicales y patronales que quieran presentar alegaciones en este procedimiento.

Sumar recibió con satisfacción el paquete de medidas contra la corrupción anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el miércoles en el Congreso. Pero sus dirigentes creen que para poder sostener la legislatura el Ejecutivo tiene que activar las medidas más importantes del acuerdo de investidura que firmaron ambas partes de la coalición progresista hace dos años. Y una de ellas es la retribución de los permisos parentales y la mejora de las bajas por paternidad y maternidad.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se lo reclamó en directo a Sánchez en su intervención durante la comparecencia en el Congreso sobre el caso Santos Cerdán. Desde la tribuna, sacó un decreto ya redactado y le pidió aprobarlo directamente en el próximo Consejo de Ministros.

“Le hemos dicho que hay que resetear la legislatura y sé que lo vamos a hacer. [...] También con el real decreto de los permisos. Vamos a ampliar el permiso de nacimiento a 20 semanas. Vamos a cumplir con la directiva que exige la retribución de al menos cuatro semanas. Vamos a decirles a las familias monoparentales españolas que tienen derecho a 34 semanas como ya han dicho los tribunales españoles. La semana que viene, presidente, presentaremos esto en el Consejo de Ministros. Esperamos el compromiso de los votos del Partido Socialista para sacarlo adelante”, le anunció Díaz.

El partido de la vicepresidenta, Movimiento Sumar, ya había presionado a su socio de Gobierno a comienzos de semana para tratar de movilizar esta medida que aunque ha copado quizás menos titulares que la reducción de jornada puede tener un impacto fenomenal para las familias y convertirse en una carta electoral muy importante para el Gobierno y para el conjunto del espacio político hoy articulado alrededor de Sumar.

Son dos tipos de permisos. Por un lado está la ampliación a 20 semanas del tiempo que se pueden tomar madres y padres por el nacimiento de un hijo. En el acuerdo de investidura, PSOE y Sumar incluyeron esta medida y por otro lado la remuneración de al menos una parte de los permisos parentales de cuidado de ocho semanas, que los padres y madres pueden tomarse durante los primeros ocho años desde el nacimiento de su hijo.

El Gobierno aprobó vía decreto la legislatura pasada la creación de esos permisos de ocho semanas por cuidados, pero no su remuneración. Por eso el compromiso del acuerdo de investidura contemplaba la remuneración de las primeras cuatro semanas, algo que el Ejecutivo debe cumplir por obligación de la directiva europea sobre conciliación aprobada en 2019.

España de hecho se enfrenta a una multa de casi 10 millones de euros por no haber retribuido hasta ahora ese permiso, según los cálculos del Ministerio de Trabajo. 9.760 euros por día, argumentan de forma más gráfica.

Hasta ahora, la parte socialista del Gobierno había ido atando la negociación de esta medida a la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado que, sin embargo, ha ido prorrogando ante la falta de apoyos parlamentarios. La inclusión de la retribución de los permisos ya fue una de las cuestiones más espinosas durante la negociación del acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar en noviembre de 2023.

Una negociación desde la pasada legislatura

Pero la resistencia del PSOE a implementar esta medida viene de mucho más atrás. El Ministerio de Derechos Sociales durante la pasada legislatura, en la etapa de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ya libró una dura pelea para intentar que ese permiso por cuidado, que iba dentro de la Ley de Familias, fuese retribuido. Si no al completo, sí al menos una parte, cuatro semanas, como propone ahora Sumar. Aquella ley salió del Consejo de Ministros en marzo de 2023, casi al final de la legislatura, pero no incorporó la remuneración. Tampoco llegó a votarse en el Congreso por el adelanto electoral de aquel año, aunque la parte socialista del Gobierno aceptó que el permiso se aprobase desgajado del proyecto en un real decreto.

El problema de que las ocho semanas no sean retribuidas, según las críticas de los sindicatos, es que introduce a ese derecho un importante sesgo de género que provoca que acaben pidiéndolo sobre todo las mujeres y esas tareas de cuidado queden únicamente en sus manos.

El principal argumento del PSOE en todos estos años de negociaciones ha sido el ingente volumen de dinero que supondría para las arcas públicas. Es por eso que esperaban a una negociación presupuestaria para abordar la cuestión. Pero después del giro de Sánchez en política exterior para llevar el presupuesto en Defensa hasta el 2,1% del PIB, en la izquierda la excusa de los socialistas sobre el elevado coste de la medida empieza a irritar. Más aún cuando el Estado ya está pagando ingentes cantidades en concepto de multa a la Unión Europea por no implementar la medida.

Por todo ello, los partidos de Sumar y especialmente los ministerios de Trabajo y de Derechos Sociales, con Pablo Bustinduy al frente, han elevado la presión en las últimas semanas. Si tiene que haber un “reseteo” de la legislatura, como pidió Díaz tras reunirse con Sánchez hace unas semanas, debe pasar por la aprobación de medidas como esta, que alcanzan a un gran sector de la población y trascienden al electorado de izquierdas. En la coalición calculan que esta política alcanza a unos siete millones de progenitores.

“Es una de las principales medidas sociales recogidas en el Acuerdo de Gobierno y a la que no se estaba dando cumplimiento. Vamos a garantizar que las familias tengan esta medida aprobada antes de que vuelvan a empezar las clases”, trasladan fuentes de Movimiento Sumar.

Sumar quiere aprobar el decreto este mes

Aunque Díaz avanzó desde la tribuna su intención de que esos permisos vayan directamente al Consejo de Ministros de la próxima semana, para llegar a ese paso, debido a su relevancia presupuestaria, la medida tiene que pasar por varios órganos dentro del Gobierno, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) y la denominada CG6, la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, antes de su aprobación definitiva.

La idea que manejan en los ministerios de Díaz y Bustinduy, que firmarán el texto de forma conjunta, es que el decreto esté aprobado en Consejo de Ministros antes del parón veraniego de agosto, para que el Congreso pueda convalidarlo ya a la vuelta, en alguno de los plenos ordinarios de septiembre.

Para que el decreto salga del Gobierno, los ministros de Sumar tienen que convencer primero a la parte socialista, y sobre todo a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en el pleno arqueaba las cejas mientras Díaz avisaba de que llevarían la medida próximamente.

“Si se niegan tendrán que explicarlo”, trasladan en la coalición, que buscan con esta medida cerrar el curso con la moral recuperada. Esta será una negociación importante, pero no la única. En el último pleno del mes, el 22, si no hay cambios, el Congreso debatirá las enmiendas a la totalidad que han presentado PP, Vox y Junts a la ley para la reducción de la jornada laboral. Sumar tiene, por tanto, menos de diez días para convencer al partido de Carles Puigdemont para que o bien retire la enmienda o bien vote en contra.

De momento, las conversaciones no han producido demasiados avances. Si los de Yolanda Díaz consiguen ambas victorias, podrán irse tranquilos de vacaciones después de un curso que de nuevo ha sido muy duro para el Gobierno y también para el espacio plurinacional.

Sumar presiona a su socio de Gobierno poco antes de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso del miércoles. Los partidos de la coalición plurinacional quieren que el PSOE se comprometa a una serie de medidas tanto en materia social como de anticorrupción y que el presidente las incluya en su discurso del miércoles. “Ese día se decidirá el rumbo de la legislatura”, vaticinan.

Desde la reunión de seguimiento de la coalición, la semana pasada, cunde la sensación entre las fuerzas de Sumar de que el PSOE no está haciendo los movimientos necesarios para salir de la crisis provocada por el estallido del escándalo de Santos Cerdán, el exdirigente socialista que entró el pasado lunes en prisión preventiva por su posible vinculación en una trama de amaños de contratos de obra pública.

Se trata de un golpe muy duro que ha sacudido a las dos partes del Gobierno y por el que tanto Sumar como los socios ya han pedido medidas concretas a Sánchez. El día que todos tienen marcado en el calendario es este miércoles, cuando el presidente comparecerá para dar explicaciones y anunciar los próximos pasos que servirán como termómetro de la voluntad de los socialistas para continuar con la legislatura.

Así al menos lo ven en Sumar. Los partidos de la coalición, con tonos y propuestas ligeramente diferentes, reclamaron este lunes no solo una reacción al PSOE, también que esa respuesta sea acordada y que incluya algunas de las medidas que han propuesto desde que estallara el escándalo. Y también activar el paquete social suscrito en el acuerdo de investidura entre ambas partes.

Este lunes, fuentes de Sumar trasladaron que llevarán al Congreso la ley para crear una oficina anticorrupción y “la retribución del permiso parental” al Consejo de Ministros este mismo julio. Es, en realidad, una forma de seguir presionando al PSOE, puesto que necesita a su socio para impulsar cualquiera de las dos medidas, especialmente la segunda, que lleva parada desde el inicio de la legislatura.

En el acuerdo de investidura, PSOE y Sumar acordaron extender el permiso de maternidad y paternidad a las 20 semanas y “avanzar en la implantación de permisos retribuidos de cuidados” de ocho semanas. Son dos medidas diferentes. La primera todavía no se ha puesto en marcha a pesar de los anuncios que hizo a finales del año pasado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

La segunda está a medias. El Gobierno aprobó vía decreto la legislatura pasada la creación de esos permisos de ocho semanas por cuidados, pero no su remuneración. Por eso el compromiso del acuerdo de investidura contemplaba la remuneración de las primeras cuatro semanas, algo que España tiene la obligación de cumplir por orden de Europa. De hecho, desde agosto de 2024, cobra una multa por incumplir la directiva “a razón de 9.760 euros” por día, según los cálculos del Ministerio de Trabajo.

Hasta ahora, la parte socialista del Gobierno había ido atando la negociación de esta medida a la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado que, sin embargo, ha ido prorrogando ante la falta de apoyos parlamentarios. Sumar cree que la única salida de la crisis pasa por impulsar medidas como esta.

“En cuanto a los permisos por nacimiento y la retribución del permiso parental de cuidados para 7 millones de progenitores es una de las principales medidas sociales recogidas en el Acuerdo de Gobierno y a la que no se estaba dando cumplimiento. Vamos a garantizar que las familias tengan esta medida aprobada antes de que vuelvan a empezar las clases”, sostienen fuentes de Sumar.

La medida, sin embargo, necesita el concurso del Partido Socialista para aprobarse en Consejo de Ministros. Y fuentes del Ministerio de Trabajo reconocen que no ha habido contactos ni avances de ningún tipo desde la reunión de la semana pasada entre ambos socios de Gobierno. Sumar aseguró que el encuentro fue mal y que no había constatado ningún tipo de avance.

“Ha llegado la hora, es el momento de que la ciudadanía, de que las familias monomarentales puedan disfrutar de este derecho que les corresponde”, defendió este lunes en rueda de prensa la coordinadora de Movimiento Sumar Lara Hernández. “Cuando nos empeñamos, nuestras medidas salen adelante en el Consejo de Ministros”, insistió. Fuentes de Trabajo trasladan que la idea es seguir negociando hasta mover al PSOE.

En una línea parecida, los comuns también pidieron este lunes señales al PSOE. “La corrupción no se puede combatir con silencio. Hace falta valentía, medidas concretas y un giro claro hacia la regeneración democrática, si el PSOE no lo hace, lo haremos nosotras”, aseguró en una rueda de prensa la portavoz de la coalición catalana, Aina Vidal, donde siguen viendo a los socialistas “bloqueados y paralizados”.

Izquierda Unida pide medidas anticorrupción “radicales”

Un tono diferente usó el coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, que espera que en las próximas horas haya contactos entre su formación y el Partido Socialista para que Sánchez incluya entre sus anuncios alguna de las 35 medidas contra la corrupción que lanzaron hace apenas unas semanas, en pleno estallido del caso Cerdán.

IU ha pedido por ejemplo un cambio legal para que los corruptores asuman los “costes directos e indirectos de sus acciones, perjuicios a terceros, costes judiciales y restitución de derechos lesionados”. O, por ejemplo, que esas empresas corruptoras tengan prohibido concurrir a licitaciones públicas de contratación si han sido condenadas, tanto ellas como sus directivos, en los últimos diez años.

“La comparecencia es importante y nosotros confiamos que va a darse una nueva etapa, un nuevo pistoletazo de salida a una legislatura que necesita audacia por todas partes”, defendió este lunes Maíllo, que aunque aseguró que de momento no se ha producido comunicación con el PSOE, en las próximas horas “habrá contactos”.

“Estamos confiados en que efectivamente se va a hacer una comparecencia atenta a las sensibilidades que hay en todas las partes del Gobierno, por un lado, el Partido Socialista y, por otro lado, las organizaciones como Izquierda Unida y otras que compartimos un grupo parlamentario. Y desde esa confianza es desde la que construimos de aquí al miércoles el optimismo moderado de que se va a atender a los retos que exige el Gobierno, al debate y aceleración de medidas que hay que hacer ya”, insistió el líder de IU, más conciliador con el PSOE que la formación de Yolanda Díaz.

Todas las fuerzas de Sumar —también los socios parlamentarios del Gobierno— coinciden en cualquier caso en que la comparecencia del próximo miércoles de Sánchez será fundamental para conocer si los socialistas tienen la voluntad de atender a las peticiones que les han trasladado en las últimas semanas y que consideran indispensables para poder agotar la legislatura con garantías.

Clara va donar a llum el seu primer fill, Bruno, el 31 d'agost passat. Després de la baixa de maternitat de 16 setmanes, els 21 dies de permís de lactància i una setmana de vacances, es va reincorporar al seu lloc de màrqueting a una empresa online de cosmètica i perfumeria al gener. Jornada completa, 40 hores setmanals, de 7.30 a 15.30 hores. La seva parella ha partit la baixa de paternitat en dos trams. Són obligatòries, tant per a la mare com per al pare, les sis primeres setmanes després del part, la coneguda com a quarantena, però les altres deu poden distribuir-se com a millor encaixi a cada família fins que el menor compleixi un any.

El pare de Bruno gaudeix ara d'aquesta segona part de la baixa paternal i tornarà al seu lloc de treball a finals de març, quan el nen estigui a uns dies de fer set mesos. I aquí és on començaran els problemes de conciliació d'aquesta família, similars als de moltes altres de les Balears: no hi ha places a les escoletes fora del període descolarització.

Clara explica a elDiario.es que van començar la recerca d'escoleta “quatre mesos abans” que Bruno hagi d'entrar. Un procés que qualifica com a “bastant difícil”, ja que no han trobat plaça a escoletes públiques ni concertades. Clara explica que, fins i tot a les privades, en tenir poques places, “la majoria estan completes”. Es van posar en contacte amb Escolarització i els van confirmar la seva infructuosa cerca: “No hi ha places ni a Palma ni a Andratx ni a Inca”. Aquests són els tres municipis mallorquins que, per feina, residència i àvies, els encaixen.

Reservar plaça abans que neixi el nen

Les seves amigues ja li advertien de les dificultats de trobar plaça a l'escoleta, fins al punt de recomanar-li que busqués abans, fins i tot, que naixés el fill. “Què exagerades”, recorda Clara. “En aquell moment no entenia el perquè, ho he entès ara”, diu aquesta mare primerenca, que afegeix que té amigues “que van reservar plaça pagant cada quota des que van néixer els fills. Sense fer-la servir, és clar”. Després de parlar amb Escolarització i confirmar-li que no hi havia places lliures, ni en públiques ni en concertades, li van dir que la seva única opció era fer una sol·licitud fora de termini, però només per a una escola. “Si envieu diverses sol·licituds, la que preval és l'última i és molt difícil que s'alliberi una plaça just a l'escoleta que vols”, explica aquesta mare.

Finalment, Bruno començarà a una escoleta privada de Palma a finals de març, però no tindran l'ajuda del Govern balear de 250 euros mensuals per a l'etapa de 0 a 3 anys. Al mes, pagaran 380 euros per mitja jornada, sense menjador, més els 37 euros del servei de guarderia, perquè Bruno pugui entrar a l'escoleta a les 7.30 hores. De la sortida a les 12.30 hores se n'encarregaran, per torns, les àvies de Bruno.

Davant la falta de places, Bruno -fill d'una de les mares afectades- començarà a una escoleta privada de Palma a finals de març, però no tindrà l'ajuda del Govern balear de 250 euros mensuals per a l'etapa de 0 a 3 anys. Al mes, pagaran 380 euros per mitja jornada, sense menjador, més els 37 euros del servei de guarderia, perquè Bruno pugui entrar a l'escoleta a les 7.30 hores

Quan obrin el procés d'escolarització per al curs vinent, faran els tràmits, ja que necessiten optar a les quatre hores de gratuïtat. Clara assegura que “en cap moment” s'ha plantejat endarrerir la tornada a la feina, ja que “econòmicament” no pot estar un any sense treballar, ni ella ni la seva parella.

L'única opció: recórrer a l'ajuda de familiars

Però el cas de Clara no és aïllat, la immensa majoria de les famílies de les illes necessiten treballar, tant el pare com la mare. I l'única opció que els queda és recórrer a l'ajuda de familiars. “No em plantejava que cap de les àvies tinguin cura del meu fill durant tot un any, dia a dia, és moltíssim cuidar un nen nou hores diàries i mai ha estat una opció carregar al 100% els familiars”, matisa Clara. Preguntats per aquest mitjà en relació amb aquest assumpte, des de la Conselleria eludeixen fer declaracions atès que, en properes dates, informaran públicament sobre com està funcionant la gratuïtat de 0 a 3.

“Ple tenim”, explica Miriam, la directora d'una escoleta concertada de Palma, on no queda ni una sola plaça lliure. Però no ara, des que es van fer les matrícules al juny. “Hi va haver dues baixes en el període de matriculació, però ni temps que es refredin les places per la quantitat de sol·licituds que hi ha”. Afegeix aquesta directora que hi ha llista d'espera a tots els centres. “Des que es van aplicar les quatre hores del servei bàsic gratuït, tot està ple”.

Miriam explica un cas que ara s'ha convertit en normal pels diferents centres. “Tenim una família amb la filla gran a la classe de 2 a 3 i la segona filla no ha pogut entrar a 0 a 1, perquè la mare va donar a llum després del període d'escolarització, ja no teníem places i han hagut d'anar a la privada, perquè havien de tornar a treballar. I aquí hi és, en llista d'espera”. I les mares donen a llum en qualsevol moment de l'any, acaben la baixa de maternitat quan toca i necessiten que els seus fills puguin entrar a una escoleta no només al setembre.

Tenim una família amb la filla gran a la classe de 2 a 3 i la segona filla no ha pogut entrar a 0 a 1, perquè la mare va donar a llum després del període d'escolarització, ja no teníem places i han hagut d'anar a la privada, perquè havien de tornar a treballar. I aquí és, a la llista d'espera

Miriam — Directora d'una escoleta concertada de Palma

La directora d'aquest Centre d'Educació Infantil explica que ja van plantejar a la Conselleria d‟Educació aquesta problemàtica de cara al present curs, que tenien mares embarassades amb germans a les seves escoletes, però que naixerien després de l'escolarització i que la resposta de la Conselleria va ser que “enguany era així i que prioritzaven les places per estricte ordre de sol·licitud”. Abans de la gratuïtat, les escoletes concertades podien reservar les places en aquestes situacions. Ara passa tot per Escolarització.

“Un efecte crida que ningú esperava”

“La gratuïtat ha tingut un efecte crida que ningú no esperava”, sintetitza Antonia Martínez, vicepresidenta de l'Associació d'Escoletes i Guarderies de PIMEM. I és que hi ha centres amb un “percentatge força elevat de nens que només van les quatre hores que cobreix el Govern”. I aquí és on hi ha el dilema, segons Martínez. “Són unes edats en què la socialització és molt important, és positiu que estiguin escolaritzats, tenen altres estímuls, un altre entorn, però cal prioritzar les famílies que realment necessiten escolaritzar els seus fills per motius laborals o que estiguin justificats”, reflexiona Martínez, incidint que tots tenen dret a accedir a una escola.

Miriam coincideix que, el primer any de la gratuïtat, el 2023, van tenir alguns petits que només anaven les quatre hores que finança el Govern, però que aquest curs són “bastants, sobretot a 0 a 1, però també les altres dues classes. I comptabilitzen com qualsevol plaça”.

“Si dinen i dormen la migdiada a l'escoleta, és que els pares treballen. I si els recullen els avis, és que els pares hi estan treballant”, explica la vicepresidenta de l'associació.

Per poder sol·licitar una plaça, el nadó ha d'haver nascut abans que finalitzi el període d'escolarització i tenir complertes les 16 setmanes quan s'incorpori a l'escoleta. Requisit de la conselleria que planteja una altra problemàtica a les famílies, ja que no en surten els comptes. Les mares que donen a llum, per exemple, a finals d'abril o al maig són fora del període d'escolarització, però les baixes de maternitat acaben entre l'agost i el setembre i ja estan fora del període ordinari per poder matricular-los, però han de tornar a la feina.

“Els temps no van d'acord amb parir i acabar la baixa”

Extrem que confirma Martínez. “Els temps no van d'acord amb parir i acabar la baixa, així és avui i li hem demanat a la conselleria que busqui una solució, perquè abans hi havia la possibilitat d'incorporar-se quan es complien les 16 setmanes, fos el moment que fos, i això ha desaparegut”.

Tant Martínez com Miriam coincideixen que la gratuïtat és “positiva i necessària”, però que ha tingut uns efectes col·laterals inesperats des que s'implantés el curs 2023-2024. Va ser a finals de juliol del 2023 quan el Govern de la popular Marga Prohens va anunciar que la feien extensiva a tota l'etapa de 0 a 3. El curs anterior, amb la socialista Francina Armengol com a presidenta de Balears, era només per al tram de 2 a 3, amb intenció de fer-ho extensiu a la resta d'edats d'aquesta etapa educativa.

“Sempre hi ha serrells”, diu Martínez, però els problemes que han plantejat a diverses reunions que a la conselleria d'Educació són tres: que es quedin sense plaça famílies que treballen, que no puguin anar els germans al mateix centre i que les mares que donen a llum fora del període d'escolarització es trobin amb les escoletes plenes. La base és la mateixa: no hi ha prou places per a totes les sol·licituds.

En concret, per al curs 2024/2025 les places ofertes eren 12.140, a les quals s'han anat sumant durant el curs 299 per la creació de noves places. I com es reparteixen per edats? D'aquestes 12.140, 1446 són places de 0 a 1, 4460 d'1 a 2 i 6234 de 2 a 3. En 2024 va haver-hi 9.240 naixements en Balears.

Però no només plantegen els problemes, també possibles solucions. Martínez explica a ElDiario.es que des de la conselleria s'ha fet “un gran esforç” perquè els centres puguin ampliar places i espais, “però no tothom té aquesta possibilitat”. La reflexió que brinda la vicepresidenta de l'Associació d'Escoletes i Guarderies de PIMEM sobre la manca de places és que “tots els ciutadans han d'estar en igualtat de condicions, però hi ha famílies que necessiten una plaça sí o sí, perquè s'han de reincorporar a la feina, però també hi ha famílies que sol·liciten plaça i l'aconsegueixen sense tenir la necessitat real”.

Tots els ciutadans han d'estar en igualtat de condicions, però hi ha famílies que necessiten una plaça sí o sí, perquè s'han de reincorporar a la feina, però també hi ha famílies que sol·liciten plaça i l'aconsegueixen sense tenir aquesta necessitat real, simplement perquè ara tenen la possibilitat de la gratuïtat

Antonia Martínez — Vicepresidenta de la Associació d'Escoletas y Guarderies de Mallorca

Factors que cal tenir en compte per a Martínez són “les famílies que treballen i que no tinguin familiars que es puguin fer càrrec dels nens, hi ha molts avis que no estan jubilats, que segueixen treballant”. Així com abans estava força “controlat” el nombre de sol·licituds en 0 a 3 i, encara que les públiques esgotaven places, hi havia buit al llarg de tot l'any a les concertades. La gratuïtat ha estat “una gran allau”, però només per a les quatre hores.

Afirma Martínez que la conselleria està “mirant la manera de donar-li una solució, a diferenciar entre les persones que tenen realment la necessitat per motius laborals, davant d'altres que no els urgeix tant escolaritzar els nens, és una cosa que vivim contínuament”.

No és l'única solució que han plantejat. Sobre que els germans tinguin garantit que aniran a la mateixa escola, proposen fer un augment de ràtio d'una plaça. Martínez explica que es faria “comunicant les famílies que aquest nen naixerà dins del curs escolar i se li reservaria una plaça extra a l'escoleta on ja assisteix el germà gran”. Insisteix que “hi ha fórmules, només cal cercar la millor manera d'implantar-les”.

Una escola propera a casa o a la feina, l'opció majoritària dels pares

Palma és zona única a 0 a 3. Això què implica? Martínez explica que dos germans poden estar escolaritzats “cadascú en una punta de la ciutat i això és crear un problema a família. No poden estar anant i venint, portant els nens a diferents centres”. Martínez subratlla que aquest problema és “prou important per buscar-li una solució”.

L'opció majoritària dels pares és una escoleta propera al domicili o a la feina, per deixar els seus fills en els desplaçaments d'un lloc a l'altre, i no haver de desviar-se, perquè repercuteix directament que els petits estiguin més temps a les escoletes. Segons els experts, no haurien de passar més de 8 hores a l'escoleta i, sent nadons, a la classe de 0 a 1, no es recomana que passin més de 6 hores. Una altra cosa és la realitat laboral de cada família i els malabars que fan per poder encarregar-se dels fills i treballar.

Segons els experts, no haurien de passar més de 8 hores a l'escoleta i, sent nadons, a la classe de 0 a 1, no es recomana que passin més de 6 hores. Una altra cosa és la realitat laboral de cada família i els malabars que fan per poder encarregar-se dels fills i treballar

Però Martínez puntualitza que “la demanda social no coincideix sempre amb allò que opinen els experts” i cal veure fins on es pot aplicar. I és que, vivint en un territori mogut econòmicament pel turisme, “les feines d'aquestes illes no tenen gaire a veure amb la conciliació”.

“Ja que hem de treballar, almenys aconseguir que les famílies puguin compaginar els seus llocs de treball amb la dedicació a la família, sobretot quan els nens són tan petits”, apunta Martínez, que veu una clara contradicció entre el que es diu i el que es fa. “Ens lamentem que no naixen nens, però no facilitem que les famílies puguin conciliar”. I demana a les empreses que siguin més sensibles i receptives, ja es tracta d'una etapa determinada i tot passa.

Encara hi ha moltes incògnites de cara al proper curs. Tot i el debat a les reunions, els centres encara no coneixen quines solucions proposarà la conselleria. Estan a l'espera, després d'un curs que qualifiquen com a “experimental” i que els ha “desbordat” per la gran demanda, “però ha succeït i cal posar-hi solució, perquè no es torni a repetir”, sentencia Martínez.

Clara dio a luz a su primer hijo, Bruno, el pasado 31 de agosto. Tras la baja de maternidad de 16 semanas, los 21 días de permiso de lactancia y una semana de vacaciones, se reincorporó a su puesto de marketing en una empresa online de cosmética y perfumería en enero. Jornada completa, 40 horas semanales, de 7.30 a 15.30 horas. Su pareja ha partido la baja de paternidad en dos tramos. Son obligatorias, tanto para la madre como para el padre, las seis primeras semanas tras el parto, la conocida como cuarentena, pero las otras diez pueden distribuirse como mejor encaje a cada familia, hasta que el menor cumpla un año.

El padre de Bruno disfruta ahora de esa segunda parte de la baja paternal y volverá a su puesto de trabajo a finales de marzo, cuando el niño esté a unos días de cumplir siete meses. Y ahí es donde empezarán los problemas de conciliación de esta familia, similar al de muchas otras de Balears: no hay plazas en las escoletes (guarderías) fuera del periodo de escolarización.

Clara explica a elDiario.es que empezaron la búsqueda de escoleta “cuatro meses antes” de que Bruno tenga que entrar. Un proceso que califica como “bastante difícil”, ya que no han encontrado plaza en escoletes públicas ni concertadas. Clara cuenta que, incluso en las privadas, al tener pocas plazas, “la mayoría están completas”. Se pusieron en contacto con Escolarización y les confirmaron su infructuosa búsqueda: “No hay plazas ni en Palma ni en Andratx ni en Inca”. Estos son los tres municipios mallorquines que, por trabajo, residencia y abuelas, les encajan.

Reservar plaza antes de que nazca el niño

Sus amigas ya le advertían de las dificultades de encontrar plaza en la escoleta, hasta el punto de recomendarle que buscara antes, incluso, de que naciera su hijo. “Qué exageradas”, recuerda Clara. “En ese momento no entendía el porqué, lo he entendido ahora”, dice esta madre primeriza, quien añade que tiene amigas “que reservaron plaza pagando cada cuota desde que nacieron sus hijos. Sin usarla, claro”. Tras hablar con Escolarización y confirmarle que no había plazas libres, ni en públicas ni en concertadas, le dijeron que su única opción era hacer una solicitud fuera de plazo, pero solo para una escoleta. “Si mandas varias solicitudes, la que prevalece es la última y es muy difícil que se libere una plaza justo en la escoleta que quieres”, explica esta madre.

Finalmente, Bruno empezará en una escoleta privada de Palma a finales de marzo, pero no tendrán la ayuda del Govern balear de 250 euros mensuales para la etapa de 0 a 3 años. Al mes, pagarán 380 euros por media jornada, sin comedor, más los 37 euros del servicio de guardería, para que Bruno pueda entrar en la escoleta a las 7.30 horas. De la salida a las 12.30 horas se encargarán, por turnos, las abuelas de Bruno.

Ante la falta de plazas, Bruno -hijo de una de las madres afectadas- empezará en una escoleta privada de Palma a finales de marzo, pero no tendrá la ayuda del Govern balear de 250 euros mensuales para la etapa de 0 a 3 años. Al mes, pagarán 380 euros por media jornada, sin comedor, más los 37 euros del servicio de guardería, para que Bruno pueda entrar en la escoleta a las 7.30 horas

En cuanto abran el proceso de escolarización para el próximo curso, harán los trámites, ya que necesitan optar a las cuatro horas de gratuidad. Asegura Clara que “en ningún momento” se ha planteado retrasar la vuelta al trabajo, ya que “económicamente” no puede estar un año sin trabajar, ni ella ni su pareja.

La única opción: recurrir a la ayuda de familiares

Pero el caso de Clara no es aislado, la inmensa mayoría de las familias de las islas necesitan trabajar, tanto el padre como la madre. Y la única opción que les queda es recurrir a la ayuda de familiares. “No me planteaba que ninguna de las abuelas cuiden de mi hijo durante todo un año, día a día, es muchísimo cuidar a un niño nueve horas diarias y nunca ha sido una opción cargar al 100% a los familiares”, matiza Clara. Preguntados por este medio en relación a este asunto, desde la Conselleria eluden hacer declaraciones dado que, en próximas fechas, informarán públicamente sobre cómo está funcionando la gratuidad de 0 a 3.

“Pleno tenemos”, explica Miriam, la directora de una escoleta concertada de Palma, en la que no queda ni una sola plaza libre. Pero no ahora, desde que se hicieron las matrículas en junio. “Hubo dos bajas en el período de matriculación, pero ni tiempo de que se enfríen las plazas por la cantidad de solicitudes que hay”. Añade esta directora que hay lista de espera en todos los centros. “Desde que se aplicaron las cuatro horas del servicio básico gratuito, está todo lleno”.

Miriam explica un caso que ahora se ha convertido en normal por los distintos centros. “Tenemos una familia con la hija mayor en la clase de 2 a 3 y la segunda hija no ha podido entrar en 0 a 1, porque la madre dio a luz después del periodo de escolarización, ya no teníamos plazas y han tenido que tirar de privada, porque tenían que volver a trabajar. Y aquí está, en lista de espera”. Y las madres dan a luz en cualquier momento del año, terminan la baja de maternidad cuando toca y necesitan que sus hijos puedan entrar en una escoleta no solo en septiembre.

Tenemos una familia con la hija mayor en la clase de 2 a 3 y la segunda hija no ha podido entrar en 0 a 1, porque la madre dio a luz después del periodo de escolarización, ya no teníamos plazas y han tenido que tirar de privada, porque tenían que volver a trabajar. Y aquí está, en lista de espera

Miriam — Directora de una escoleta concertada de Palma

La directora de este Centro de Educación Infantil explica que ya plantearon a la Conselleria de Educación esta problemática de cara al presente curso, que tenían madres embarazadas con hermanos en sus escoletas, pero que nacerían después de la escolarización y que la respuesta de la Conselleria fue que “este año era así y que priorizaban las plazas por estricto orden de solicitud”. Antes de la gratuidad, las escoletas concertadas podían reservar las plazas en estas situaciones. Ahora, pasa todo por Escolarización.

“Un efecto llamada que nadie esperaba”

“La gratuidad ha tenido un efecto llamada que nadie esperaba”, sintetiza Antonia Martínez, vicepresidenta de la Asociación de Escoletas y Guarderías de PIMEM. Y es que hay centros con un “porcentaje bastante elevado de niños que solo van las cuatro horas que cubre el Govern”. Y aquí es donde está el dilema, según Martínez. “Son unas edades en que la socialización es muy importante, es positivo que estén escolarizados, tienen otros estímulos, otro entorno, pero hay que priorizar a las familias que realmente necesitan escolarizar a sus hijos por motivos laborales o que estén justificados”, reflexiona Martínez, incidiendo en que todos tienen derecho a acceder a una escoleta.

Miriam coincide en que, el primer año de la gratuidad, el 2023, tuvieron algunos pequeños que solo iban las cuatro horas que financia el Govern, pero que este curso son “bastantes, sobre todo en 0 a 1, pero también las otras dos clases. Y contabilizan como cualquier plaza”.

“Si comen y duermen la siesta en la escoleta, es que los padres trabajan. Y si los recogen los abuelos, es que los padres están trabajando”, explica la vicepresidenta de la asociación.

Para poder solicitar una plaza, el bebé debe haber nacido antes de quefinalice el periodo de escolarización y tener cumplidas las 16 semanas cuando se incorpore a la escoleta. Requisito de la conselleria que plantea otra problemática a las familias, ya que no salen las cuentas. Las madres que dan a luz, por ejemplo, a finales de abril o en mayo están fuera del periodo de escolarización, pero sus bajas de maternidad terminan entre agosto y septiembre y ya están fuera del periodo ordinario para poder matricularlos, pero tienen que volver al trabajo.

“Los tiempos no van acordes con parir y terminar la baja”

Extremo que confirma Martínez. “Los tiempos no van acordes con parir y terminar la baja, así es a día de hoy y le hemos pedido a la conselleria que busque una solución, porque antes estaba la posibilidad de incorporarse cuando se cumplían las 16 semanas, fuera el momento que fuera, y eso ha desaparecido”.  

Tanto Martínez como Miriam coinciden en que la gratuidad es “positiva y necesaria”, pero que ha tenidos unos efectos colaterales inesperados desde que se implantara en el curso 2023-2024. Fue a finales de julio de 2023 cuando el Govern de la popular Marga Prohens anunció que la hacían extensiva a toda la etapa de 0 a 3. El curso anterior, con la socialista Francina Armengol como presidenta de Balears, era solo para el tramo de 2 a 3, con intención de hacerlo extensivo al resto de edades de esa etapa educativa.

“Siempre hay flecos”, dice Martínez, pero los problemas que llevan varias reuniones planteando a la conselleria de Educación son tres: que se queden sin plaza familias que trabajan, que no puedan ir los hermanos al mismo centro y que las madres que dan a luz fuera del periodo de escolarización se encuentren con las escoletas llenas. La base es la misma: no hay plazas suficientes para todas las solicitudes.

En concreto, para el curso 2024/2025 las plazas ofertadas eran 12.140, a las que se han ido sumando durante el curso 299 por la creación de nuevas plazas. ¿Y cómo se reparten por edades? De esas 12.140, 1446 son plazas de 0 a 1, 4460 de 1 a 2 y 6234 de 2 a 3. En 2024 hubo 9.240 nacimientos en Balears.

Pero no solo plantean los problemas, también posibles soluciones. Martínez explica a ElDiario.es que desde la conselleria se ha hecho “un gran esfuerzo” para que los centros puedan ampliar plazas y espacios, “pero no todos tienen esa posibilidad”. La reflexión que brinda la vicepresidenta de la Asociación de Escoletas y Guarderías de PIMEM sobre la falta de plazas es que “todos los ciudadanos tienen que estar en igualdad de condiciones, pero hay familias que necesitan una plaza sí o sí, porque se tienen que reincorporar al trabajo, pero también hay familias que solicitan plaza y la consiguen sin tener esa necesidad real, simplemente porque ahora tienen la posibilidad de la gratuidad”.

Todos los ciudadanos tienen que estar en igualdad de condiciones, pero hay familias que necesitan una plaza sí o sí, porque se tienen que reincorporar al trabajo, pero también hay familias que solicitan plaza y la consiguen sin tener esa necesidad real, simplemente porque ahora tienen la posibilidad de la gratuidad

Antonia Martínez — Vicepresidenta de la Asociación de Escoletas y Guarderías de Mallorca

Factores a tener en cuenta para Martínez son “las familias que trabajan y que no tengan familiares que se puedan hacer cargo de los niños, hay muchos abuelos que no están jubilados, que siguen trabajando”. Así como antes estaba bastante “controlado” el número de solicitudes en 0 a 3 y, aunque las públicas agotaban plazas, había hueco a lo largo de todo el año en las concertadas. La gratuidad ha sido “una gran avalancha”, pero solo para las cuatro horas.

Afirma Martínez que la conselleria está “mirando la manera de darle una solución, a diferenciar entre las personas que tienen realmente la necesidad por motivos laborales, delante de otras que no les urge tanto escolarizar a los niños, es algo que vivimos continuamente”.

No es la única solución que han planteado. Sobre que los hermanos tengan garantizado que van a ir a la misma escoleta, proponen hacer un aumento de ratio de una plaza. Martínez explica que se haría “comunicando las familias que ese niño va a nacer dentro del curso escolar y se le reservaría una plaza extra en la escoleta a la que ya asiste el hermano mayor”. Insiste en que “hay fórmulas, solo hay que buscar la mejor manera de implantarlas”.

Una escoleta cercana a casa o al trabajo, la opción mayoritaria de los padres

Palma es zona única en 0 a 3. ¿Esto qué implica? Martínez explica que dos hermanos pueden estar escolarizados “cada uno en una punta de la ciudad y esto es crear un problema a familia. No pueden estar yendo y viniendo, llevando a los niños a distintos centros”. Subraya Martínez que este problema es “lo suficientemente importante como para buscarle una solución”. 

La opción mayoritaria de los padres es una escoleta cercana al domicilio o al trabajo, para dejar a sus hijos en los desplazamientos de un lugar a otro, y no tener que desviarse, porque repercute directamente en que los pequeños estén más tiempo en las escoletas. Según los expertos, no deberían pasar más de 8 horas en la escoleta y, siendo bebés, en la clase de 0 a 1, no se recomienda que pasen más de 6 horas. Otra cosa es la realidad laboral de cada familia y los malabares que hacen para poder encargarse de sus hijos y trabajar.

Según los expertos, no deberían pasar más de 8 horas en la escoleta y, siendo bebés, en la clase de 0 a 1, no se recomienda que pasen más de 6 horas. Otra cosa es la realidad laboral de cada familia y los malabares que hacen para poder encargarse de sus hijos y trabajar

Pero Martínez puntualiza que “la demanda social no coincide siempre con lo que opinan los expertos” y hay que ver hasta dónde se puede aplicar. Y es que, viviendo en un territorio movido económicamente por el turismo, “los trabajos de estas islas no tienen mucho que ver con la conciliación”.

“Ya que tenemos que trabajar, al menos conseguir que las familias puedan compaginar sus empleos con la dedicación a la familia, sobre todo cuando los niños son tan pequeños”, apunta Martínez, quien ve una clara contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. “Nos lamentamos de que no están naciendo niños, pero no facilitamos que las familias puedan conciliar”. Y pide a las empresas que sean “más sensibles y receptivas”, ya se trata de una etapa determinada y “todo pasa”.

Todavía hay muchas incógnitas de cara al próximo curso. Pese al debate en las reuniones, los centros todavía no conocen qué soluciones va a proponer la conselleria. Están a la espera, tras un curso que califican como “experimental” y que les ha “desbordado” por la gran demanda, “pero ha sucedido y hay que ponerle solución, para que no se vuelva a repetir”, sentencia Martínez.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha declarado el derecho de una madre de familia monoparental a que se le abone la prestación económica por nacimiento y cuidado de menor durante un total de 32 semanas, añadiendo a las 16 semanas ya reconocidas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, las 16 semanas que hubieran correspondido al otro progenitor si hubiera existido.

Así se establece en la sentencia, notificada este jueves a las partes, que estima el recurso de suplicación de una mujer, trabajadora por cuenta ajena, contra la sentencia de un juzgado de lo Social de Murcia, según han informado desde el TSJ.

El Tribunal cambia la doctrina mantenida hasta este momento, al entender que debe ser modificada necesariamente a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional 140/2024, de 6 de noviembre, que fija un criterio diferente al declarar la inconstitucionalidad de los artículos 48.4 del Estatuto de los Trabajadores y del artículo 177 de la Ley General de la Seguridad Social, en cuanto omiten la posibilidad de extender el permiso de nacimiento y cuidado de menor en estos supuestos, estableciendo la prohibición de discriminación por razón de nacimiento en la familia monoparental.

Como recuerda la Sala, en esa sentencia el Constitucional destaca que se trata de una misma necesidad de atención y cuidado de los menores, ya sean nacidos en familias monoparentales o nacidos en familias biparentales, “a la que responde de forma diferenciada la norma”.

Y, añade, que el legislador introduce “–mediante su omisión- una diferencia de trato por razón del nacimiento entre niños y niñas nacidos en familias monoparentales y biparentales que no supera el canon más estricto de razonabilidad y proporcionalidad aplicable en estos casos”. Concluyendo que obvia, por completo, “las consecuencias negativas que produce tal medida en los niños y niñas nacidos en familias monoparentales”.

Por todo ello, explica la sentencia “la Sala debe aplicar el criterio del Tribunal Constitucional apartándonos del hasta ahora mantenido”, estimando el recurso de suplicación, revocando la sentencia de instancia y declarando el derecho de la recurrente al abono de la prestación económica de nacimiento y cuidado de menor durante un total de 32 semanas, al añadir a las 16 semanas ya reconocidas por el Instituto Nacional se la Seguridad Social, las 16 semanas que hubieran correspondido al otro progenitor.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación para unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.