L'expresident del Govern balear José Ramón Bauzá s'ha incorporat a Atenea, la nova plataforma política impulsada per l'exdirigent de Vox Iván Espinosa de los Monteros, que aquest dijous va assenyalar, durant la presentació del projecte, que el seu laboratori d'idees neix per “ajudar a una Espanya millor” des de la societat civil i no ocuparà el lloc de “cap partit”.

El mateix Bauzá va estar present a l'acte, en què també van participar l'aconseguidor del cas Koldo, Víctor Aldama, i Daniel Esteve, propietari de l'empresa dedicada a desallotjaments extrajudicials 'Desokupa', així com el portaveu de Vox a Madrid, Javier Ortega Smith, la diputada Inés Cañizares, dirigents del PP com Juan Bravo o Cayetana Álvarez de Toledo i polemistes habituals com l'escriptora Lucía Etxebarría, Marcos de Cinquè o Alejo Vidal-Quadras.

Bauzá va governar Balears entre el 2011 i el 2015, legislatura en què el PP va aconseguir l'última majoria absoluta a les illes. Durant aquests anys, els populars van aplicar importants retallades en àrees com educació i sanitat, fent valer Bauzá que havia suprimit “tot el prescindible” alhora que proclamava que el PP és “l'única força que pot garantir una estabilitat política per a tornar a crear ocupació i creixement econòmic”.

Sota el seu mandat, l'exdirigent conservador va impulsar a més el polèmic decret per al Tractament Integrat de Llengües (TIL), que pretenia implantar un model trilingüe en català, castellà i anglès a l'ensenyament públic. La mesura va provocar una de les protestes socials més importants de la democràcia balear, amb protestes històriques de professors i manifestacions multitudinàries de l'anomenada Marea Verda. La mesura va ser finalment tombada als tribunals, però va deixar darrere seu un fort enfrontament amb la comunitat educativa.

“La sanitat balear ja no és universal, els centres de salut tanquen a dos quarts de nou, han acomiadat 1.200 professionals sanitaris, paguem deu euros per la targeta sanitària i un de cada cinc pensionistes no pot pagar els seus medicaments i no els pren, però tenim un 1,3 % de dèficit”, va manifestar al seu dia l'expresidenta del Govern i líder socialista a Balears, Francina Armengol, que va arribar a qualificar Bauzá com el “campió de les retallades dels drets dels ciutadans i dels serveis públics”.

Després d'abandonar la política autonòmica, l'exdirigent popular va recalar al Parlament Europeu de la mà de Ciutadans, formació que també va acabar deixant el 2020. Ara, amb el salt a Atenea, torna al primer pla polític en un projecte que, en paraules d'Espinosa de los Monteros, pretén col·laborar amb tots els partits. Almenys, va puntualitzar, amb els que se situïn a la “no esquerra”. Va destacar en aquest sentit que la seva col·laboració serà més valuosa com més independent sigui, per la qual cosa Atena no acceptarà diners públics ni finançament de cap partit.

El expresidente del Govern balear José Ramón Bauzá se ha incorporado a Atenea, la nueva plataforma política impulsada por el exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, quien este jueves señaló, durante la presentación del proyecto, que su laboratorio de ideas nace para “ayudar a una España mejor” desde la sociedad civil y no ocupará el lugar de “ningún partido político”.

El propio Bauzá estuvo presente en el acto, en el que también participaron el conseguidor del caso Koldo, Víctor Aldama, y Daniel Esteve, dueño de la empresa dedicada a desalojos extrajudiciales 'Desokupa', así como, por parte de Vox, su portavoz en Madrid, Javier Ortega Smith y la diputada Inés Cañizares, dirigentes del PP como Juan Bravo o Cayetana Álvarez de Toledo y polemistas habituales como la escritora Lucía Etxebarría, Marcos de Quinto o Alejo Vidal-Quadras.

Bauzá gobernó Balears entre 2011 y 2015, legislatura en la que el PP logró la última mayoría absoluta cosechada en las islas. Durante esos años, los populares aplicaron importantes recortes en áreas como educación y sanidad, haciendo valer Bauzá que había suprimido “todo lo prescindible” a la vez que proclamaba que el PP es “la única fuerza que puede garantizar una estabilidad política para volver a crear empleo y crecimiento económico”.

Bajo su mandato, el exdirigente conservador impulsó además el polémico decreto para el Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL), que pretendía implantar un modelo trilingüe en catalán, castellano e inglés en la enseñanza pública. La medida desató una de las mayores protestas sociales de la democracia balear, con huelgas históricas de profesores y manifestaciones multitudinarias de la llamada Marea Verde. La medida fue finalmente tumbada en los tribunales, pero dejó tras de sí un fuerte enfrentamiento con la comunidad educativa.

“La sanidad balear ya no es universal, los centros de salud cierran a las cinco y media, han despedido a 1.200 profesionales sanitarios, pagamos diez euros por la tarjeta sanitaria y uno de cada cinco pensionistas no puede pagar sus medicamentos y no los toma, pero tenemos un 1,3 % de déficit”, manifestó en su día la expresidenta del Govern y líder socialista en Balears, Francina Armengol, quien llegó a calificar a Bauzá como el “campeón de los recortes de los derechos de los ciudadanos y de los servicios públicos”.

Tras abandonar la política autonómica, el exdirigente popular recaló en el Parlamento Europeo de la mano de Ciudadanos, formación que también acabó dejando en 2020. Ahora, con su salto a Atenea, regresa al primer plano político en un proyecto que, en palabras de Espinosa de los Monteros, pretende colaborar con todos los partidos. Al menos, puntualizó, con los que se sitúen en la “no izquierda”. Destacó en este sentido que su colaboración será más valiosa cuanto más independiente sea, por lo que Atena no aceptará dinero público ni financiación de ningún partido.

El Parlamento Europeo investiga al eurodiputado de Ciudadanos José Ramón Bauzá tras ser denunciado por acoso laboral por uno de sus asesores parlamentarios, caso que ya está en manos del Comité Consultivo encargado de estudiar las quejas por acoso psicológico y sexual y de prevenir estos episodios en la institución europea.

El proceso se inicia con la denuncia de un asesor parlamentario el pasado verano contra el expresidente de Balears, según ha adelantado este miércoles El Confidencial y han confirmado fuentes parlamentarias a Europa Press.

Por su parte, fuentes de la formación 'naranja' han señalado que se trata de un proceso confidencial en el seno del Parlamento Europeo, por lo que han evitado emitir cualquier valoración a la espera de las conclusiones de la Eurocámara.

Ahora el caso queda en manos del órgano, formado por cinco miembros pertenecientes a distintos grupos parlamentarios, con una presidencia rotatoria, que se reúne una vez al mes y examina las circunstancias de la presunta infracción y puede oír al diputado objeto de una denuncia. El comité trabaja en régimen de confidencialidad y una vez concluida la investigación, remite su dictamen y las posibles sanciones al presidente del Parlamento Europeo.

Precisamente el pasado enero, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, suspendió de empleo y sueldo durante 30 días a la eurodiputada del PSOE Mónica Silvana González por un caso de “acoso psicológico” contra tres asistentes parlamentarios, en la mayor sanción de este tipo en la historia de la institución.

Entonces la parlamentaria socialista negó las acusaciones y dijo haber sido “injustamente sancionada administrativamente” y que, además de recurrir la medida por el procedimiento interno previsto, también estudiaría la posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Las autoridades de Qatar pagaron el viaje del eurodiputado de Ciudadanos José Ramón Bauzá a Doha para acudir a la Convención Mundial Aviación (CAPA 2020), en un viaje en clase 'business' y estancia en un hotel de cinco estrellas, según la información del portal de transparencia del Parlamento Europeo aportada por el propio eurodiputado.

En febrero de 2020, Bauzá participó en Doha en esta conferencia internacional con representantes del sector de la aviación y en el que participó el director general de Movilidad y Transporte, Henrik Hololei, invitado por las autoridades qataríes que costearon un pasaje de Qatar Airways en clase business, y dos noches en el hotel 'Sheraton Grand Doha Resort'.

El eurodiputado, coordinador de la comisión de Transporte del Parlamento Europeo, mantiene gran actividad internacional y habitualmente acude a foros de turismo, el último el Consejo Mundial de Viajes y Turismo en Arabia Saudí a principios de diciembre o el Foro Global de Turismo, en Indonesia, en noviembre.

Desde su oficina insisten en que sus viajes siempre se han realizado con invitación oficial como eurodiputado para participar en eventos, afirmando que lo habitual es que el organizador o el Parlamento Europeo costee el desplazamiento y la estancia.

Bauzá también estuvo el pasado 5 de diciembre en Qatar con el ministro de Exteriores, Sultan bin Saad Al Muraiji, según informa el Ministerio del país, en un viaje que el equipo del eurodiputado no confirma pero cuyos datos son públicos en la web del Gobierno de Qatar. Doha informó de que el expresidente balear visitó el país para asistir a actividades asociadas al Mundial de fútbol.

Esté último viaje se encuadra en su labor como presidente del grupo de Amistad UE-Qatar, unos grupos informales dentro del Parlamento Europeo que la presidenta de la institución, Roberta Metsola, ha pedido suprimir como respuesta al escándalo de sobornos a eurodiputados desde Qatar para influir en la política europea.

Fue el propio Bauzá quien, tras destaparse la trama que implica a la exvicepresidenta Eva Kaili y varios eurodiputados, se desligó de cualquier escándalo y suspendió este grupo informal que, según informa su oficina, mantiene contactos con embajadas de terceros países para promover los lazos.

En mensajes en redes sociales, afirmó que los avances de Qatar son “una buena noticia para Oriente Medio”, pero pidió “contundencia” si se demuestra que han pagado a algún diputado o asesor para influir a su favor.

El reglamento del Parlamento Europeo estipula que solo los ponentes, ponentes en la sombra y presidentes de comisión deben publicar información sobre sus reuniones con representantes de grupos interés tenga que ver con el proceso de toma de decisiones de las instituciones europeas, independientemente del lugar.

Todos los demás miembros, incluidos los vicepresidentes de los comités, los presidentes de las delegaciones o los coordinadores, no tienen la obligación legal de publicar los detalles de sus reuniones, pero pueden hacerlo de forma voluntaria.

El Partido Popular ha negado que José Ramón Bauzá, que lideró el Ejecutivo balear entre 2011 y 2015, vaya a volver al partido. “Es parte del pasado del PP de Balears y no hay ninguna posibilidad ni voluntad para su retorno”, ha dicho la formación en un tuit. “Somos un partido de futuro, construyendo, junto con nuestras juntas locales, un proyecto de moderación para Balears”, ha añadido.

El PP ha publicado este tuit tras una publicación de OK Diario en la que se asegura que Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares, está pensando en fichar a Bauzá y a Adrián Vázquez, ambos eurodiputados por Ciudadanos actualmente. Según OK Diario, estas incorporaciones no serían inmediatas, sino de cara al “momento en que Ciudadanos encalle”, es decir, en las elecciones generales de finales del año que viene.

El QatarGate

Bauzá se ha visto envuelto recientemente en una polémica por ser el presidente del Grupo de Amistad Qatarí-Unión Europea en el Parlamento Europeo, que está inmerso en el conocido como 'QatarGate'. Bauzá se ha defendido de las sospechas de tener algo que ver con este caso. “Jamás he recibido, ni siquiera me han ofrecido, ni un solo euro por defender absolutamente nada”, comentó en un tuit.

El eurodiputado ha mantenido en los últimos años varias reuniones con dirigentes qataríes. “He defendido en el Parlamento Europeo que los avances de Qatar son una buena noticia para Oriente Medio. Lo creía y lo creo. Ahora bien: si se demuestra que han pagado a algún diputado o asesor para influir en ellos a su favor, hay que ser absolutamente contundente contra todos”, ha tuiteado Bauzá.

El expresidente balear ha querido salir al paso para intentar desligarse del QatarGate, la mayor trama de corrupción que salpica el Parlamento Europeo, que implicaría unos presuntos sobornos de Qatar en Bruselas. La policía belga ha descubierto más de un millón y medio en efectivo en los domicilios del ex eurodiputado italiano Pier Antonio Panzeri y de la eurodiputada griega y ex vicepresidenta Eva Kaili. La Justicia belga ha decidido mantener la prisión para dos acusados del Qatargate, mientras Eva Kaili comparecerá en dentro de una semana.

José Ramón Bauzá celebró la última convocatoria electoral en Qatar, sin mencionar los problemas con los derechos humanos, los derechos laborales y los de las personas LGTBI, por ejemplo. Bauzá, eurodiputado elegido en las listas de Ciudadanos y que en el pasado presidió Baleares como dirigente del PP, preside el Grupo de Amistad Qatarí-Unión Europea en el Parlamento Europeo, y ha mantenido en los últimos años varias reuniones con dirigentes qataríes.

Eso sí, algunas de las manifestaciones a favor de Qatar y contactos con representantes del país han ido desapareciendo de las redes sociales, aunque algunos periodistas, como el corresponsal de Clarín y Nius, Idafe Martín, han logrado capturar algunos de los testimonios a tiempo.

Bauzá ha querido salir al paso para intentar desligarse del QatarGate, la trama de corrupción con 600.000 euros incautados y que salpica el Parlamento Europeo y que mantiene bajo custodia a una vicepresidenta de la Eurocámara, la socialista griega Eva Kaili.

“He defendido en el Parlamento Europeo que los avances de Qatar son una buena noticia para Oriente Medio. Lo creía y lo creo. Ahora bien: si se demuestra que han pagado a algún diputado o asesor para influir en ellos a su favor, hay que ser absolutamente contundente contra todos”, ha tuiteado Bauzá: “Huelga decirlo, pero por si acaso lo dejo aquí por escrito: jamás he recibido, ni siquiera me han ofrecido, ni un solo euro por defender absolutamente nada. Todas mis reuniones han sido públicas, y cuando he viajado a Qatar lo he hecho siempre con invitación oficial. La dignidad de las instituciones, que es el sustento último de la democracia, está por encima de todo. En mi grupo apoyaremos un debate en Pleno y una investigación al respecto para aclarar hasta la última duda. Tolerancia cero con la corrupción. Si alguien tiene la más mínima pregunta al respecto de mis posicionamientos políticos sobre Qatar o de cualquier cuestión relacionada con este escándalo, por supuesto estoy a completa disposición. Transparencia, transparencia y transparencia. La única respuesta posible”.

Elogios

En mayo de 2021, Bauzá elogió el papel de mediación de Qatar en la Palestina ocupada y el cuerno de África, y señaló que los últimos esfuerzos para apoyar a los palestinos muestran la voluntad del estado de brindar “prosperidad y un mundo pacífico”, según recoge la página web de la Embajada de Qatar en Bruselas, y un tuit de Bauzá [en una versión anterior de esta noticia, se afirmaba por error que el tuit había sido borrado por el eurodiputado].

“Como jefe del Grupo de Amistad entre la Unión Europea y Qatar, espero continuar trabajando con el señor Abdulrahman bin Muhammad Al-Khulaifi, jefe de la delegación de Qatar ante la Unión Europea, hacia este objetivo común”, dijo Bauza en una declaración.

Bauzá ya se había reunido antes con el embajador de Qatar ante la UE, en diciembre de 2020. “Mantuvimos un interesante debate sobre la repatriación de tripulantes internacionales y de la UE por parte de Qatar Airways, en el que el eurodiputado Bauzá ha contribuido. Analizamos formas y medios de mejorar las relaciones entre Qatar y la UE”.

El eurodiputado de Ciudadanos y expresidente del Govern balear, José Ramón Bauzá, participará durante los próximos días en una misión humanitaria en a Ucrania con el objetivo de entregar material sanitario y de emergencia.

Entre los suministros se encuentran medicamentos, botiquines, alimentación para bebés y otros bienes requeridos por la población ucraniana, así como de una ambulancia y varios vehículos, según ha informado el partido liberal.

Según han añadido, la misión se enmarca en el deseo del eurodiputado, farmacéutico de profesión y reservista de las Fuerzas Armadas, de mostrar su apoyo y de conocer de primera mano la situación actual del país, así como la de sus ciudadanos, para seguir defendiendo y apoyando a Ucrania desde las instituciones europeas.

El ex presidente de Baleares y actual eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bauzá, ha reconocido ante el Parlamento Europeo que es socio minoritario de una start-up que fundó y que controla la española Enagás, y que su pequeña participación en esa empresa, del 0,66%, puede “tener implicaciones políticas”.

Bauzá, portavoz del grupo liberal europeo (Renovar Europa) en la Comisión de Transportes y Turismo de la Eurocámara, ha corregido su declaración de intereses seis meses después de que elDiario.es avanzase que ocultó al Parlamento Europeo que era accionista de esa firma, Gas2Move.

Esta empresa de transporte logístico de última milla eco-sostenible, cuyo parque de vehículos es propulsado por energías alternativas (gas natural, electricidad, hidrógeno…), ha tenido un crecimiento espectacular a raíz de la pandemia. Este jueves anunció que se va a rebautizar con el nombre de Llewo, tras entrar en su accionariado el grupo Ilunion, de la ONCE.

En su nueva declaración, fechada el 8 de febrero, Bauzá incluyó por fin a Gas2Move en el cuadro reservado a “participaciones en empresas o sociedades, cuando puedan tener implicaciones políticas”, de conformidad con el artículo 4.2 f del Código de Conducta de los europarlamentarios. “El porcentaje de participación que tengo en la compañía Gas2move es de un 0,66%”, aclara en su declaración.

En conversación telefónica, el político balear explica que ha “querido” incluir esa información “por una cuestión de absoluta transparencia” y “para que no quepa la menor duda”, tras una “consulta técnica” a los servicios técnicos del Europarlamento. Estos le confirmaron que no tenía influencia significativa en la empresa dado su pequeño paquete accionarial, pero sí debía recoger las posibles implicaciones políticas que recoge el código ético de la cámara. “Por una cuestión de transparencia, me sugirieron que lo pusiera y así lo he puesto inmediatamente”.

Bauzá ha publicado esa declaración en paralelo a su decisión de dejar de ser consejero de Gas2Move, ahora rebautizada como Llewo. Ha dimitido “esta semana. Creo que fue el día 23 aproximadamente”. La pertenencia al consejo de esa empresa es la única información que sí había incluido en su declaración inicial, como “actividad no remunerada”. Su nombramiento como consejero de Gas2Move fue inscrito en el Registro Mercantil el 18 de junio de 2019, días antes de recoger su acta de eurodiputado.

En julio, Bauzá explicó que entonces omitió en su declaración que era accionista porque su participación, en ese momento del 2,24%, era “mínima” y estaba ya “muy diluida”: su paquete inicial, que era de un 5% tras una inversión de 16.500 euros que realizó en abril de 2018, se había reducido tras varias ampliaciones de capital al 1,1%.

Ese paquete ha vuelto a encoger hasta el 0,66% actual, tras una nueva ampliación a finales de año, en la que, explica Bauzá, se incorporó Ilunion, aunque la entrada del grupo empresarial de la ONCE “se hace efectiva formalmente esta semana”. “Con la entrada se produce la dilución a ese 0,66%”, indica.

A cierre de 2020, Enagás pasó a controlar, según sus últimas cuentas anuales, un 78,3% de Gas2Move, tras adquirir un 3,5% adicional a través de esa ampliación y comprando pequeños paquetes a empleados del operador gasista que decidieron apostar por la empresa a través de un crowdfunding, según fuentes de Enagás.

Gas2Move, ahora Llewo, buscará tras la entrada de Ilunion ampliar su presencia a todo el territorio nacional y “avanzar en sus objetivos de responsabilidad social, inclusión de empleados con discapacidad, igualdad de oportunidades y personas en riesgo de exclusión social”, según una nota difundida este jueves. 

Bauzá dice que no se “plantea” vender su paquete en la empresa que fundó, que el año pasado más que duplicó su facturación hasta cerca de 10 millones. “Es tan minoritaria mi participación que es una cuestión testimonial. No hay reparto de dividendo ni nada”.

En julio, el expresidente balear afirmó que seguía en la empresa “por una cuestión meramente sentimental, porque fue nuestro proyecto y me hace ilusión verlo crecer”. Aseguró que era “imposible que haya conflicto de intereses” porque las competencias del ámbito de actuación de la empresa corresponden a otra comisión del Parlamento Europeo a la que él no pertenece, la de Medio Ambiente.

Auge de la última milla

Gas2Move, ahora Llewo, se constituyó en diciembre de 2017 y está domiciliada en Valdemoro (Madrid), aunque tiene sus oficinas centrales en Getafe. Está especializada en la denominada logística de última milla, que ha vivido un boom por el auge del comercio electrónico con la pandemia. Actualmente “presta servicios logísticos a Alfil Logistics Sa, CBL, Correos Express, CTT, DB Schenker, DHL, Supermercados DIA, El Corte Inglés, Fedex , GLS, Paack, Salvat Logistica, SEUR y Zeleris”, según su web. 

Además de Enagás y ahora Ilunion, por el proyecto apostaron KIC InnoEnergy, un organismo público-privado financiado por la UE y participado por grandes multinacionales europeas y entidades del mundo académico que apoya a starts-up con alto potencial de crecimiento en el ámbito de la energía y la movilidad sostenible. KIC se incorporó al proyecto en diciembre de 2018 con un 15% inicial que luego se ido diluyendo.

Según su web, la empresa fundada por Bauzá tiene una plantilla “que supera actualmente las 400 personas y un sistema de relaciones laborales basado, exclusivamente, en contratos por cuenta ajena”, sin recurrir a subcontratas, autónomos ni ETTs.

“Los vehículos utilizados a lo largo de los últimos 12 meses de 2020 por Gas2Move recorrieron un total de 12,4 millones de kilómetros en rutas de reparto para los principales operadores logísticos, para poder cubrir un total de 72.395 servicios en pueblos y ciudades de las 27 provincias donde opera”, explica en su web.

Durante el pasado ejercicio, Gas2Move repartió 3.492.271 paquetes con “una flota de 350 vehículos compuesta por furgonetas Volkswagen, modelos Caddy y Crafter, y la flota de arrastre de Gas2Move”, compuesta por seis camiones Scania de 18 toneladas, también movidos por gas natural vehicular, y dos cabezas tractoras que utilizan Gas Natural Licuado (GNL). 

“La compañía ha incorporado recientemente a su flota vehículos eléctricos, es decir, de cero emisiones: un camión FUSO de 12 toneladas y 4 furgonetas Mercedes-Benz eVito. Además utiliza otros vehículos eléctricos y triciclos de pedaleo asistido para el reparto urbano”.

Un curso y varios premios

La empresa surgió como proyecto de final de curso de un programa de Liderazgo Público-Privado en la Universidad de Deusto que Bauzá realizó en 2017, antes de pasarse a Ciudadanos y cuando todavía era senador del PP. El proyecto, en el que también participaban trabajadores de Enagás o Red Eléctrica, fue seleccionado como el mejor de ese año por un jurado formado por, entre otros, el fallecido exlíder del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba y el exministro y ex alcalde de Madrid y de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz Gallardón. 

Gas2Move también llamó la atención de Enagás, que en febrero de 2017 le otorgó el premio al mejor proyecto del año en el marco de su programa 'Ingenia Business' de apoyo al emprendimiento y la incluyó en su aceleradora de empresas.

Hasta antes del COVID-19, los clientes de Gas2Move eran principalmente operadores logísticos como Seur, FedEx, DHL o Correos, para los que repartía los productos de grandes plataformas como Amazon. Pero con la crisis sanitaria y el auge del comercio electrónico, la empresa amplió sus servicios para repartir bienes de primera necesidad para grupos de distribución como El Corte Inglés o Dia.

El expresidente de Baleares y actual eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bauzá, omitió en la declaración de intereses presentada en el Parlamento Europeo hace poco más de un año que es accionista minoritario de Gas2Move, start-up dedicada a la movilidad con gas natural de la que el exdirigente del PP es socio fundador y consejero y cuyos principales accionistas son la española Enagás y una incubadora de empresas financiada por la UE.

En la declaración de intereses que presentó Bauzá en el Parlamento Europeo el 2 de julio de 2019, el actual portavoz del grupo Liberal Europeo en la Comisión de Transportes y Turismo de la Eurocámara sí incluyó como “actividad no remumerada” su pertenencia al consejo de administración de Gas2Move, pero nada de su participación accionarial. Según el Registro Mercantil, fue nombrado el 18 de junio de 2019, solo unos días antes de recoger su acta de eurodiputado. 

El código de conducta de los europarlamentarios les obliga a declarar “participaciones en empresas o sociedades, cuando pueda tener implicaciones políticas”, independientemente del porcentaje de acciones que posean. Bauzá, que niega esas implicaciones políticas, dice que no incluyó en su declaración su participación en Gas2Move, que era entonces del 2,24%, porque era “mínima” y estaba ya “muy diluida”. Explica que su paquete inicial, que era de un 5% tras una inversión de 16.500 euros que realizó en abril de 2018, es ahora, tras varias ampliaciones de capital a las que no acudió, de solo el 1,1%. 

Bauzá, que no niega que esa participación inicial puede haberse revalorizado con el crecimiento de su start-up, dice que “es imposible que haya conflicto de intereses” porque las competencias del ámbito de actuación de la empresa corresponden a otra comisión del Parlamento Europeo a la que él no pertenece, la de Medio Ambiente.

También dice que hay una “diferencia importante” respecto al Congreso español: los eurodiputados “no tenemos iniciativa legislativa. Solo legislamos sobre aquello que la Comisión nos propone”.

“Lo que hacemos en la Comisión de Transporte son otras cosas como por ejemplo la regulación de los slots aéreos, la aprobación de los paquetes de movilidad del ámbito rodado, las infraestructuras, los corredores... Es imposible que haya un conflicto de intereses porque no es una competencia de transportes. Es imposible que yo pueda tener acceso a ningún dossier legislativo sobre vehículos propulsados por gas porque no es de mi competencia. En todo caso, el conflicto se daría si yo perteneciera a la comisión de Medio Ambiente, que es la que rige todo el tema de propulsión de vehículos, o a la de Industria”,

“Nunca he sido ni ponente, ni ponente en la sombra de nada que tenga que ver con el gas”, señala Bauzá, que añade que “ninguna de mis declaraciones políticas o intervenciones en comisión tienen que ver con el gas”. 

Auge de la última milla

Gas2Move se constituyó en diciembre de 2017 y está domiciliada en Valdemoro (Madrid). Está especializada en la denominada logística de última milla, que está viviendo un boom por el auge del comercio electrónico con la pandemia de coronavirus. Su mayor accionista es Enagás, con casi el 70%, y que la define como una “Startup de transporte logístico de última milla eco-sostenible cuyo parque de vehículos es propulsado por energías alternativas (Gas Natural, Electricidad, Hidrógeno, etc.)”.

El otro socio de referencia es KIC InnoEnergy, un organismo público-privado financiado por la UE a través del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología y participado por grandes multinacionales europeas y entidades del mundo académica.

Esta entidad con sede en Holanda, que apoya a starts-up con alto potencial de crecimiento en el ámbito de la energía y la movilidad sostenible, se incorporó al proyecto en diciembre de 2018 con un 15% y tras haber suscrito “parcialmente” las ampliaciones de capital realizadas desde entonces, su participación actual es del 12,5%, según explica por correo electrónico Josep-Miquel Torregrosa, responsable de Inversiones de InnoEnergy en España.

Sobre esta cuestión, Bauzá señala que InnoEnergy “no es un organismo de la UE”; se trata de “una compañía holandesa, y ésta a su vez recibe fondos de la UE”, por lo que tampoco hay conflicto de interés.

El expresidente balear, que en febrero pasado fue invitado a Palma por la empresa española de ferries Balearia junto a una delegación de europarlamentarios de la Comisión de Transporte y Turismo para conocer “su apuesta estratégica por el uso de gas natural como combustible”, asegura que se ha mantenido vinculado a Gas2Move “por una cuestión meramente sentimental, porque fue nuestro proyecto y me hace ilusión verlo crecer”. 

Un curso y varios premios

La empresa, rememora, surgió como proyecto de final de curso de un programa de Liderazgo Público-Privado en la Universidad de Deusto que Bauzá realizó en 2017, antes de pasarse a Ciudadanos y cuando todavía era senador con el PP. El proyecto, en el que también participaban trabajadores de Enagás o Red Eléctrica, fue seleccionado como el mejor de ese año por un jurado del que formaron parte, entre otros, el fallecido exlíder del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba y el exministro y ex alcalde de Madrid y de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. 

Gas2Move también llamó la atención de Enagás, que en febrero de 2017 le otorgó el premio al mejor proyecto del año en el marco de su programa 'Ingenia Business' de apoyo al emprendimiento para incluir a la empresa fundada por Bauzá y uno de sus empleados en su aceleradora de empresas.

Desde que se puso en marcha esta iniciativa en 2016 y hasta el cierre de 2019, Enagás ha invertido en total 11,9 millones en 11 startups, con 337 empleos generados, según la compañía energética, que no detalla cuál ha sido su inversión en la empresa fundada por Bauzá.

Fuentes de la compañía señalan que “la gestión de estas start-ups la llevan los emprendedores” y aseguran que “las decisiones sobre la composición de sus consejos de administración no pasan por los órganos de decisión de Enagás”. En el caso de Gas2Move, la presidencia corresponde a Enagás Emprende, filial de apoyo al emprendimiento que depende del consejero delegado de la gasista, Marcelino Oreja, hijo del ex ministro y ex comisario europeo, y que fue eurodiputado del PP antes de ser nombrado ejecutivo de Enagás.

Bauzá, que dice que no gestionó el proceso de incorporación a Gas2Move de Enagás, conocida por haber fichado en los últimos años a numerosos expolíticos (los últimos, los exministros socialistas José Blanco y José Montilla), asegura no saber cómo ha evolucionado la facturación de la empresa que fundó pese a que es su administrador (“No estoy metido en el día a día de las cuentas”).

Según datos facilitados por Enagás, el año pasado la facturación de su filial (que aún no ha depositado sus cuentas de 2019) se multiplicó por diez al pasar de 428.000 euros a 4,48 millones. Un fuerte crecimiento tras un año en el que, como explicaba al cierre de ese ejercicio el COO de Gas2Move, José Antonio Baena, la compañía logró consolidarse “prestando servicio a los principales operadores logísticos en España, con más de 300 rutas en 20 provincias”.

“En menos de dos años de vida, Gas2Move se ha convertido en una de las primeras compañías de la última milla logística, convirtiéndose en el líder del reparto eco-sostenible en España”, explicaba el directivo de la empresa, que no ha querido atender a elDiario.es

Es posible que el fuerte crecimiento de la empresa haya continuado este año a pesar del hundimiento de la economía por la pandemia. Hasta antes del COVID-19, los clientes de Gas2Move eran principalmente operadores logísticos como Seur, FedEx, DHL o Correos, para los que repartía los productos de grandes plataformas como Amazon. Pero con la crisis sanitaria y el auge del comercio electrónico, la empresa amplió sus servicios para repartir bienes de primera necesidad para grupos de distribución como El Corte Inglés o Dia.

Una línea de negocio que “seguirá creciendo” cuando pase la pandemia, según dijo en mayo a Capital Radio su consejero delegado, Javier Ballesteros. “Prácticamente hemos duplicado el volumen de paquetes”, hasta unos 17.000 al mes, dijo Ballesteros. El ejecutivo explicó que la compañía incrementó durante la alarma su plantilla de repartidores un 43%, hasta unos 360 empleados.

José Ramón Bauzá es a sus 44 años un político con unos ingresos nada desdeñables, que cuenta con varias propiedades, pero que está sumamente endeudado, según se desprende de la declaración de bienes y rentas que acaba de registrar en el Senado. El expresidente de Baleares tiene varios créditos hipotecarios abiertos que le fueron concedidos en diferentes épocas de su vida y cuyas cantidades sumadas alcanzan casi los dos millones y medio de euros. De esa cifra, Bauzá tiene aún pendiente de devolver más de un millón y medio de euros.

El crédito más abultado es el que le concedió Cajamar en 2007 por un importe total de 850.000 euros, con vencimiento en 2043. En aquella etapa, Bauzá era alcalde de Marratxí, donde es dueño y titular de una farmacia.

El exmandatario balear, además, posee en las islas un piso y un apartamento; una finca rústica y nueve locales comerciales de los que en algunos casos es propietario al 100% y, en otros, en porcentajes menores o con “pleno dominio”.

Todos estos datos aparecen detallados en la declaración de bienes y rentas que Bauzá ha hecho públicos en su ficha de la web de la Cámara Alta después de que a mediados de julio tomara posesión de su escaño como senador del PP por designación del Parlamento de las Islas Baleares. Bauzá no aclara, en su declaración, la ubicación exacta de sus propiedades y se limita a señalar que éstas están radicadas en las Islas Baleares.

Bauzá publica que cobró en el último ejercicio como presidente del Govern balear 43.802,42 euros, y otros 18.071,08 como diputado autonómico. Pagó 71.637,89 euros de IRPF, mientras declara tener en este momento un saldo en sus cuenta corrientes de 25.000 euros.

De los dos viviendas que tiene, fruto de sendas compraventas, una fue adquirida en 2002. El otro piso con plaza de garaje y trastero lo compró en 2007. Bauzá es propietario de ambos inmuebles solo al 50%. Ese mismo año adquirió el 50% de una finca rústica, a lo que hay que sumar 9 locales comerciales, de los que al menos dos son al 100% de su titularidad, mientras de otros solo posee el 25%, y el resto de “pleno dominio”, resultado de compraventas. Dos de ellos fueron adquiridos a finales de 2014, fecha en la que aún ocupaba la presidencia de las islas.

El ahora senador balear declara que es dueño de una “oficina de farmacia” y participa de un 25% en Guitart Poch, José Antonio S.L.N.E, (empresa dedicada a la construcción) a la que ha vinculado uno de los préstamo hipotecario que pidió en 2003 por importe de 470.235 euros y del que le quedan pendientes de pagar 255.161 euros, con vencimiento en diciembre de 2023.

Además de la larga lista de propiedades, lo que más llama la atención de su declaración son los numerosos créditos que ha solicitado Bauzá a lo largo de estos años y que le han sido concedidos, por lo que se ve, sin problemas.

El primer préstamo data de febrero de 2002, (con vencimiento en 2027) . Se lo concedió la Caixa por 180.303,63 euros del que le quedan pendientes 98.973,30 euros.

Ese mismo año solicito otro al BMN (Banco Mare Nostrum) por importe de 131.885 (con plazo hasta el 2022), del que le falta por liquidar 55.365,72 euros. En 2004, por medio de un leasing con este mismo banco, suscribe otro préstamo por 149.051 euros de los que aún tiene un saldo pendiente de 66.454. En 2007 firma de nuevo con BMN otro préstamo por 244.000 euros del que le quedan 201.757 euros para cancelarlo.

Pero Bauzá realiza la operación más arriesgada a finales de 2007 cuando gracias a Cajamar (entidad financiera resultante de la fusión de varias Cajas Rurales), consigue un préstamo hipotecario nada menos que de 850.000 euros, con un plazo de vencimiento en 2043, es decir a 35 años. De esa cantidad aún le queda por devolver la mayor parte, 744.606 euros.

Además, ha pedido tres créditos personales al BMN, dos de ellos vinculados a su empresa BAUSER INTERNATIONAL 2.001 S.L. El primero fue por 257.981,15 del que aún le queda por abonar 106.981,15. Y el otro en 2013 por 60.000 euros de los que le quedan también por pagar 19.999 euros.

Precisamente, su actividad empresarial ha puesto en aprietos a Bauzá durante su mandato. En mayo de 2012 la oposición balear denunció posibles incompatibilidades de sus negocios particulares -entre ellos, la citada oficina de farmacia de Marratxí-, con su cargo de presidente de gobierno autonómico.

Los socialistas acusaron a Bauzá de tener dos actividades privadas no declaradas: una vinoteca y una empresa de venta de productos de parafarmacia (BAUSER y DIVINO S.L.). El dirigente del PP consiguió sortear entonces el asunto.

Sumando lo concedido, Bauzà ha logrado que los bancos le presten durante estos años cerca de dos millones y medio de euros ( 2.463.455,78 euros), de los que aún debe más de un millón y medio (1.597.833,33 euros).

Como senador, el expresidente de Baleares cobrará a partir de ahora cerca de 4.500 euros mensuales: el sueldo base de 2.813,91 euros brutos, más un complemento para cubrir sus gastos por no pertenecer a la circunscripción de Madrid, que asciende a otros 1.822,38 euros, estos libres de impuestos. La candidad podría ser mayor si le designaran miembro de la Mesa de alguna Comisión o portavoz de algún área.

Además de Bauzá, se han incorporado también al Senado otros expresidentes autonómicos del PP, como el valenciano Alberto Fabra; la aragonesa Luisa Fernanda Rudi; el riojano Pedro Sanz, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Pero ni esta última ni Fabra, ni Rudi han subido sus declaraciones a la web, como es obligatorio en ambas Cámaras desde 2011, al no haber formalizado aún el trámite de la promesa o juramento de sus actas.

Podríamos llenar una web con estudios, informes y declaraciones sobre las consecuencias que podría tener para el turismo, la biodiversidad y el suministro de agua potable cualquier accidente derivado de las prospecciones o las explotaciones petrolíferas. Pero hemos escogido, a vuelapluma estas pocas para ilustrar lo que está en juego. Hay opiniones para todos los gustos, unas más representativas que otras, unas más técnicas o políticas que otras. Pero son apabullantes. Este sábado habrá manifestaciones en toda Canarias para oponerse a esa actividad, propiciada desde el Gobierno de España por un ministro canario, José Manuel Soria, principal embajador de la multinacional petrolera Repsol, titular de las autorizaciones concedidas frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Repsol, por cierto, que será la única que se lleve los beneficios porque la mordida impositiva que pudiera derivarse lo será a partir de las labores de refino, si se hacen en territorio español. Repsol, bueno es recordarlo, comparte las prospecciones canarias con Rew Dea Energy (Alemania) y con Woodside Petroleum (Australia), estas últimas con un 50% del negocio. La petrolera de cabecera de Soria tiene capital mayoritariamente extranjero y opera mayormente en paraísos fiscales, cómo no. Las petroleras tienen autorizaciones para perforar a profundidades que van desde los 1.500 metros del lecho marino, y llegar a los 6.800. Precisamente fue perforando a esa profundiad cuando la plataforma de BP sufrió un accidente que contaminó 30.000 kilómetros cuadrados en el Golfo de México, dicho sea como recordatorio a los que insisten que no hay peligro de ningún tipo.

Baleares, centro de la protesta

El centro de la protesta contra las prospecciones petrolíferas se trasladó este viernes a Baleares, donde se celebró un foro turístico que tuvo como epicentro la intención del Gobierno español de buscar hidrocarburos en ese archipiélago y en el canario. Durante ese encuentro al más alto nivel empresarial, volvieron a quedar de manifiesto las diferencias de criterio político y el desenfoque empresarial sobre la misma cuestión. Resultaron muy llamativas las declaraciones de la consejera delegada de RIU, Carmen Riu, que reiteró su rechazo a la idea, al menos en lo que respecta a su Baleares natal. Pero su posición fue muy genérica: “No se puede buscar un abaratamiento de la energía a costa de la industria que ha estado aguantando a España durante todos estos años y que tiene un futuro a muy largo plazo”. Su colega de Meliá, Gabriel Escarrer, se dejó contaminar más por el ministro Soria en la reunión que mantuvo con el sector: “Hay que esperar”, para añadir sin embargo a continuación, que el petróleo, “cuanto más lejos, mejor”. Bauzá, presidente de la comunidad autónoma, se mantuvo en su postura contraria a las prospecciones, mientras su portavoz negaba que ya se haya alcanzado un apaño con el Gobierno central para librar a Baleares de esta pesada losa. Nuria Riera puso la nota discordante: “El Mediterráneo es el Mediterráneo y presenta características diferentes, como podrían ser las corrientes”. Otra que no ha leído nada.

Informes técnicos y percepciones turísticas

Los informes técnicos son más contundentes que las declaraciones políticas, y dada la tendencia habitual de los dirigentes públicos a ceñirse a lo que digan los especialistas, a ellos habrá que estarse para concluir que para Canarias sería una catástrofe un accidente por hidrocarburos. Lo dicen hasta los técnicos contratados por Repsol para su estudio de impacto ambiental: “La marea negra llegaría en un 85% de los casos a Fuerteventura en un tiempo estimado inferior a las 48 horas”. Y lo sabe hasta la asociación de agencias de viaje de Alemania, uno de los siete países que ha escrito al ministro de Industria, Energía y Turismo advirtiéndole de que el mero hecho de iniciar las prospecciones ya podría poner en peligro la industria turística canaria. La afección sobre la biodiversidad, una de las más ricas del mundo, con 29 especies diferentes de cetáceos, será importante desde el comienzo mismo de los trabajos de prospección, haya o no haya derrames. Y las consecuencias sobre las plantas potabilizadoras de agua de mar en caso de derrame, las acreditan los estudios de los consejos insulares de aguas de Lanzarote y Fuerteventura, que han acudido a gabinetes técnicos como ECO para confirmar lo que es de Perogrullo, que si se contaminara el agua habría que parar las desaladoras y poner en riesgo el abastecimiento de agua potable a la población y a los turistas.

Las manifestaciones contra las prospecciones se celebrarán este sábado a las 18.00 en las ocho islas canarias.

Una tarjeta de descuento dirigida a los militantes del PP de Baleares ha provocado todo un terremoto político en las islas, con amenazas de boicot por parte del entorno de la oposición a más de 300 comercios y acusaciones de nazismo por parte del Ejecutivo a PSOE y nacionalistas. La idea de los conservadores de incentivar la captación de afiliados mediante una serie de descuentos y ventajas exclusivas ha agriado el debate parlamentario. Tras el estallido de la polémica se han producido algunas bajas entre las empresas que inicialmente sí se habían adherido al proyecto.

La 'targeta blava' (tarjeta azul) pretende que los afiliados del PP puedan disfrutar de descuentos en restaurantes, joyerías, tiendas de ropa o establecimientos hoteleros con sede en Mallorca y dispersos por todo el planeta. Concebida a finales del pasado año, en su origen se encuentra la intención de “agradecer a los ciudadanos su apoyo en unos tiempos de animadversión hacia la clase política”, explican fuentes del partido. “Nuestro objetivo es simplemente ofrecer un incentivo adicional, un plus para nuestros militantes”, subrayan desde la sede palmesana de la formación que lidera José Ramón Bauzá.

Sin embargo, la polémica saltó cuando se hizo público el recelo del resto de formaciones políticas y a través de Twitter se llamó al boicot de las empresas en cuestión. Algunas voces insinúan que tras la adhesión a la tarjeta azul se podrían dar casos de favoritismo a la hora de contratar con la administración pública. Además, entienden que se podría estar vulnerando el artículo 4 de la Ley Orgánica 8/2007 de Financiación de los Partidos Políticos. Otros, como el líder econacionalista Biel Barceló (PSM) critica lo que considera una 'banalización' de la política.

La campaña puesta en marcha a través de las redes sociales para boicotear a las empresas que acogen la tarjeta ha provocado que algunos empresarios se replanteen su colaboración. Uno de ellos ha publicado incluso un video en internet en el que, entre lágrimas, pide perdón “por las molestias” causadas a su familia. El empresario insiste en que tras su decisión nunca se ha escondido “ninguna motivación política”.

“Aquí se aceptan tarjetas de todos los colores: azules, rojas, o verdes, lo que necesitamos es que haya movimiento y el dinero no entiende de ideologías”, explica a eldiario.es el propietario de un establecimiento que aplicará un 10% de descuento en todos sus platos a quien disponga de la tarjeta pepera. “O de otras muchas”, matiza con énfasis.

Desde el ejecutivo autonómico reclaman libertad para quien desee adherirse a la tarjeta azul, mientras la portavoz del Govern, incluso, se atreve a ir un paso más allá. “Esto recuerda a los nazis cuando ponían estrellas de David en los comercios judíos para que todo el mundo lo supiera”, aseguraba esta semana Mabel Cabrer en referencia a la oposición, preguntándose “si estamos en una democracia o en una dictadura”.

Incluso el exjuez Baltasar Garzón ha terciado ya en el debate, para asegurar a Cuatro que la existencia de la tarjeta azul resulta “jurídicamente complicada”, pudiendo suponer un “fraude electoral”.

Visto el escenario que se ha creado, desde el PP no tienen claro todavía cuándo empezará a operar la tarjeta azul, de la que se beneficiarían sus cerca de 22.000 abonados. Reconocen que ciertos establecimientos se han dado ya de baja antes de empezar, temerosos de sufrir el boicot de algunos clientes, y sugieren dejar el proyecto en el aire al menos hasta que las aguas se hayan calmado.

“Nuestro primer deber es con los ciudadanos de Baleares”. Con esta sentencia, el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, ha justificado el voto contrario a las prospecciones por parte de cuatro senadores del Partido Popular, que rompieron el miércoles la disciplina de voto y se alinearon con el PSOE para votar a favor de su moción.

Tras una mañana de mucha tensión, en la que se intentó por todos los medios consensuar un texto que contentase por igual a las dos formaciones mayoritarias, la falta de acuerdo a la hora de la votación puso contra las cuerdas a los representantes del PP, atrapados entre la fidelidad a su partido y su coherencia con el discurso mantenido hasta ahora, frontalmente opuesto a cualquier tipo de prospección en aguas del Mediterráneo. Finalmente, fueron cuatro de los cinco los que optaron por esta segunda vía.

“Por encima de mi cargo como presidente de mi partido, soy presidente de la Comunitat Autònoma”, explicaba Bauzá en una rueda de prensa convocada de urgencia para alinearse con los rebeldes e insistir en que desde las Islas no se cederá ni un ápice en este capítulo.

Aunque hay quien sólo quiere ver un gesto de cara a la galería, lo cierto es que en las filas populares del archipiélago reconocen haber dado un “salto cualitativo importante” en su pulso con Madrid en contra de las prospecciones. No en vano, si algo ha premiado José Ramón Bauzá durante la presente legislatura ha sido la lealtad entre sus colaboradores. Una virtud que el jefe del ejecutivo autonómico aprecia sobremanera y que pasa, indefectiblemente, por cerrar filas ante cualquier posible disidencia.

Desde el Govern Balear no entienden que los cuatro senadores díscolos hayan traicionado al partido. El propio Bauzá recuerda que el Senado es una cámara de representación autonómica y, como tal, “los representantes de Baleares deben defender los intereses de sus ciudadanos”.

Así se lo recordó también en privado el jefe del ejecutivo balear al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, instantes antes de que arrancase la votación en la Cámara Alta. Y por eso mismo, confían desde el PP en que no haya sanciones contra quienes rompieron la disciplina de voto.

El enfado en Madrid, sin embargo, no se disimula. Al menos en el Ministerio de Industria, cuyo subsecretario, Enrique Hernández Bento, ha calificado de “irresponsable e incoherente” el rechazo del PSOE a las prospecciones, y se ha cebado especialmente con los cuatro senadores conservadores , a quienes acusa de buscar un rédito electoral a corto plazo, en una actitud que define como “demagógica”.

De momento, el Consejo de Dirección del Grupo Popular en el Senado ya ha anunciado que la próxima semana estudiará las posibles sanciones que se deban aplicar a los cuatro senadores, mientras en la sede palmesana del PP muestran su confianza en que no se produzca tal sanción.

Fuentes próximas al ejecutivo balear subrayan por su parte la “valentía” de José Ramón Bauzá, quien “se ha jugado su cartel de ministrable en Madrid en defensa de los intereses baleares” con un gesto que, de paso, le servirá para granjearse las simpatías de muchos ciudadanos isleños.

“Llevamos desde 2011 luchando contra las prospecciones y no vamos a dejar de hacerlo”, advierten estas mismas fuentes, que repiten como un acto de fe aquella frase pronunciada en su día por José Ramón Bauzá: “El petróleo de Baleares es el turismo”.

El 'tripartito regional' impulsado por Alberto Fabra para, junto a los presidentes de Baleares (José Ramón Bauzá) y Murcia (Ramón Luis Valcárcel), reclamar una mejor financiación para estas tres comunidades no ha sentado nada bien en otras comunidades. Sin ir más lejos, el consejero extremeño de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, ha desvelado este martes que entre cinco y siete regiones han “conciliado intereses” en este sentido para “aunar voluntades”.

Fernández ha acusado a Fabra, Valcárcel y Bauzá de reclamar “cierto privilegio”, así como también ha explicado que se han visto obligados a entablar estas conversaciones tras ver la foto de “los tres tenores” que se produjo tras la reunión mantenida ayer por los presidentes de Valencia, Murcia y Baleares, “por ese camino, lo único que se consigue es dividir a España, reivindicando 'para mí' para trocear y dividir a España”.

'Tripartito regional'

El jefe del Consell, en una entrevista con Pepa Bueno en el programa Hoy por Hoy, ha querido aclarar que el objetivo del 'tripartito regional' no es hacer un frente común contra el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sino colaborar con el Gobierno en la revisión del actual modelo de finaciación para que sea “mucho mejor” de forma que “no cree injusticias”.

Fabra ha reiterado el discurso que vienen utilizando los representantes de la Generalitat en los últimos meses. Es de decir, que con el dinero del Estado que percibe la Comunitat Valenciana -cada valenciano cobra 235 euros menos que la media nacional- “no tenemos para pagar los gastos de Educación y Sanidad”, aunque subrayaba que “no despilfarramos, somos eficientes en el gasto y de los más económicos”. Así, aclaraba Fabra que “no es un problema de gastos, sino de ingresos”.

El President ha insistido en que con el nuevo modelo de financiación, se deben cubrir los gastos en Sanidad, Educación y Bienestar Social en toda España “en las mismas condiciones en cuanto a la calidad del servicio y nivel de prestación”, como sucede con las prestaciones por jubilación o desempleo.

Alberto Fabra ha matizado que esta situación no afecta únicamente a la Comunitat Valenciana, Baleares y Murcia, aunque recalcaba que “no puede ser” que un catalán perciba 400 euros más al año que un valenciano.

Déficit

Precisamente, esta infrafinanciación es la causa, explica el jefe del Consell, de que no se pueda cumplir el objetivo de déficit, ya que asegura que se “no se parte de una situación en igualdad de condiciones”, por lo que, “si tuviera lo mismo que la media, lo cumpliría y si tuviera lo mismo que dan a algunos, tendría superávit”. No obstante, Fabra ha concretado que de este modo, se hubiera reducido la deuda un 38% en tres años.

En cuanto a las balanzas fiscales, Fabra ha resaltado que es el Ministerio quien tiene que publicarlas, aunque no supone “ningún problema” si el presidente de Extremadura, José Antonio Monago las publica “porque lo nuestro es una evidencia”.

El President ha insistido en que la situación actual no es consecuencia de los despilfarros del pasado, sino porque el sistema de financiación “nos restó muchas posibilidades”, lo que provocó que se tuviera que hacer “un gran esfuerzo ante la evidencia de que no llegaba el dinero, lo que nos hizo incrementar la deuda”.

El PP valenciano ha afirmado que con el nivel de financiación de Extremadura, 2.361 euros por habitante (700 euros más que la media valenciana) la Comunitat Valencina percibiría casi 3.500 millones, con lo cual “tendríamos superávit”. De este modo ha reivinicado la mejora de financiación el portavoz 'popular' en las Corts Valencianes, Jorge Bellver, justo la misma mañana en la que el President de la Generlitat, Alberto Fabra, junto con sus homólogos balear, José Ramón Bauzá, y murciano, Ramón Luis Valcárcel, quienes fueron más comedidos y no se atrevieron a hacer comparativas con cifras.

La comparación con la comunidad de Extremadura, presidida tambié con el popular José Antonio Monago, ahonda en las diferencias y enfrentamientos dialécticos entre el dirigente extremeño y valenciano, y además ha dejado en nada otra anterior con Catalunya, de la que ha dicho que reciben 1.977 euros per cápita, 311 euros más que la media valenciana, nivel con el que la Comunitat Valenciana afirma que cobraría 1.550 millons más.

Por lo que respecta a la cumbre de los dirigenes del PP valenciano, balear y murciano todos han querido manifestar que pretenden fijar las bases de partida que, en su opinión, debe contemplar el nuevo modelo de financiación, como la ruptura del 'statu quo', la cobertura de los servicios básicos de sanidad, educación y bienestar social en condiciones de igualdad, y el criterio de población.

Como ejemplo Alberto Fabra ha indicado que los 7,7 millones de habitantes de estos tres territorios han recibido entre 2011 y 2014 un total de 8.300 millones de euros menos que lo que les correspondería con una financiación similar a la media (casi 6.000 millones menos los valencianos, 1.219 menos los murcianos y 1.135 menos Baleares).

Además, Fabra ha señalado que los recursos recibidos del Estado han sido “claramente insuficientes” para financiar servicios públicos transferidos, como sanidad y educación, y así entre 2004 y 2014, ha detallado, ese déficit financiero ha sido de 7.513 millones en la Comunidad Valenciana, 3.147 millones en Murcia y 1.470 en Baleares.

Para el president Fabra, datos como estos muestran que “no puede ser” que en la España actual haya territorios con una financiación “por debajo del mínimo” en servicios como educación y sanidad, y por ello van a trabajar de forma conjunta para evidenciar el esfuerzo de estas tres autonomías y ayudar al Gobierno a que el nuevo modelo no genere los agravios de este.

Desconocimiento de Madrid

Por otro lado el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha afirmato que “desconocía” que los tres presidentes autonómicos iban a mantener una reunión en este sentido, por lo cual ha añadido que también desconoce las razones por las que Madrid no está presente.

En cuanto a su postura de Madrid sobre el sistema de financiación autonómica, ha considerado que el actual es “absolutamente inaceptable, injusto y discriminatorio con Madrid” y es necesario cambiarlo.

González ha indicado que es un sistema que “perjudica especialmente” a Madrid y ha relatado que ya se ha creado un grupo de trabajo para su análisis y modificación, en el que harán los planteamientos que consideran que se deben “establecer como mínimos” para un nuevo sistema “equitativo y solidario”.

En este sentido, ha dicho que “no hay nadie más solidario que la Comunidad”, que desde el punto de vista de la equidad es una de las más perjudicadas.

Reacción en Catalunya

La presidenta del PP en Catalunya, Alícia Sánchez-Camacho, ha afirmado que se reunirá con los presidentes Fabra, Bauzá y Valcárcel para hablar sobre la reforma del modelo de financiación autonómica asegurano que mejorar el modelo de financiación es uno de los retos principales que el Estao tiene que afrontar en 2014, y que se tiene que encarar desde el “consenso” y no desde la “confrontación”.

La presidenta de los populares catalanes ha explicado que la mejora de la financiación se tiene que basar en los principios de la “paridad” y de la “equidad”, porque las comunidades que “más aportan” puedan “seguir creciendo”, pero sin dejar de banda la solidaridad entre comunidades. Por eso, Sánchez-Camacho se reunirá con los presidentes autonómicos valenciano, balear y murciano, dado que considera que ya están trabajando en el asunto y que estarán de acuerdo en cuestiones como que los costes de los servicios públicos y la presión fiscal sean iguales a todas las comunidades autónomas.

“Tenemos que solucionar el problema que tenemos, y Cristóbal Montoro sabe que el modelo de financiación actual no gusta a nadie”, sentencia Sánchez-Camacho.

El Ejecutivo autonómico recuerda a los populares que el turismo es "el petróleo de las islas"

El portavoz del Gobierno canario, Martín Marrero, ha pedido este jueves a los populares que defiendan el turismo, que es “el petróleo de las islas”, de la misma forma que lo ha hecho el presidente de Baleares y líder regional del PP, José Ramón Bauzá, respecto a unas posibles prospecciones.

Marrero ha respondido así al ser preguntado por la posibilidad de que los sondeos autorizados por el Gobierno a Repsol a 60 kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura comiencen en el segundo trimestre de este año, plazo que dificultaría al Ejecutivo regional lograr su paralización efectiva por la vía judicial.

Además de recordar que para este fin existe también la vía administrativa, el portavoz del Gobierno canario, al que sustentan CC y el PSOE, ha confiado en que el PP de las islas, que dirige José Manuel Soria, se acerque a sus compañeros de Baleares en la defensa del interés general del archipiélago.

Así, Marrero ha repetido, textualmente, las palabras que Bauzá empleó hace dos días para rechazar las prospecciones petrolíferas que varias empresas pretenden llevar a cabo en aguas próximas a Baleares.

“Bauzá dijo que el petróleo de Baleares es el turismo, pero no nos sorprende que se busquen matices a sus palabras para tratar de justificar el caso canario. Lo que se trata de ocultar es que el petróleo de nuestras islas es el turismo”, ha aseverado Marrero.

Las acciones de resistencia que han ido naciendo a medida que la estafa-crisis se hacía más profunda y dolorosa han cambiado muchas cosas. Una de las más importantes es, precisamente, la percepción que ahora se tiene acerca de la legitimidad de la resistencia. La simpatía y la solidaridad que estas huelgas y todas las demás que han tenido lugar durante este tiempo han despertado en la gente. Y esto implica un cambio importante respecto a la situación precrisis.

La huelga de los profesores de Baleares cuenta con la solidaridad y el apoyo de toda la comunidad educativa; toda ella, en todo caso y desde el principio, contra la ley Wert. Pero, además, ha despertado inusitadas muestras de apoyo en toda la población balear, que se ha puesto manos a la obra y ha hecho efectivo este apoyo y esta solidaridad participando cada uno, cada una, como ha podido. Desde la donación de obras de arte para la Caja de Resistencia, pasando por el ofrecimiento de comida gratis a los profesores por parte de tiendas de alimentación o de restaurantes hasta llegar a la masiva participación en la manifestación; una participación nunca antes vista en las islas.

Incluso si la huelga no consiguiera finalmente la retirada del decreto del tratamiento integral de lenguas (TIL), la movilización ya ha sido un éxito y ha contribuido a apuntalar el cambio que ya se había producido claramente en la percepción social de la política y en la necesidad y legitimidad de la resistencia social frente a las políticas o las leyes injustas.

Hace unos pocos años, lo único que se oía ante una huelga era lo mucho que molestaba; era lo habitual. Creado, fomentado y animado por la derecha y por medios de comunicación afines, se había generalizado un peligroso sentimiento de animadversión hacia el derecho de huelga y hacia cualquier forma de protesta que “molestara”. Ante cualquier expresión de resistencia o protesta, se formaba inmediatamente un coro mediático y político que conseguía que la huelga, la manifestación o la protesta apareciera como algo molesto, como una enfermedad en un cuerpo social que parecía rechazarla. Estaba calando la aceptación social de un inexistente y peligroso supuesto “derecho”: el que se supone que tiene la ciudadanía a no ser molestada por las huelgas o las protestas. Había calado también la idea de que la frontera de la legitimidad es la aceptación de la ley o de la norma.

Cualquier protesta que pareciera no cumplir escrupulosamente con la ley (por definición, las protestas se hacen contra leyes o normas establecidas o que se pretende establecer) era inmediatamente deslegitimada por un coro mediático-político dedicado a asustar acerca de los peligros de no aceptar la razón “democrática” del poder.

Las huelgas de médicos y profesores han servido para que la gente tome conciencia de que la huelga es útil y que las supuestas molestias no son nada si se comparan con los daños que la huelga trata de evitar. El activismo social, sobre todo de la PAH pero también de otros muchos colectivos organizados ante la situación de emergencia social, ha servido para, además de lo evidente –esto es, evitar desahucios y funcionar como una escuela de activismo social y solidaridad colectiva–, legitimar la resistencia frente al poder.

Ahora la gente percibe claramente que una cosa es el sistema legal, el sistema judicial, el Código Penal y, otra muy distinta, la justicia. Ahora la gente sabe que no importa lo que la ley diga, que la razón la tienen los activistas y no la policía, ni el Gobierno, ni la ley. Cuanto más endurece progresivamente Gallardón el Código Penal para reprimir y castigar la protesta, por un lado, y dejar sin castigo la injusticia económica, por el otro, más se legitima socialmente el activismo y la resistencia y más se tiene conciencia de que todas estas reformas no buscan ninguna mejora social, sino que se aprueban con el único propósito de dificultar las protestas y defender a los poderosos. Naturalmente que esto siempre ha sido así, pero es un éxito no menor de los y las activistas haber conseguido visibilizarlo claramente y que la gente sepa de parte de quién tiene que ponerse.

La huelga y manifestación de la marea verde en Baleares ha dejado esto muy claro. El Gobierno de Bauzá puede esconderse, insultar al profesorado o amenazar a padres y madres con quitarles la custodia. Nuestra labor ahora es echarlos; al Gobierno, digo.

Hemos coincidido en el tsunami desde familias con bebés a cuestas, a jóvenes rockeros, ancianos con bastón, discapacitados con sillas de ruedas, niños sonrientes o llorosos o adormilados, pijos y progres, izquierdas y derechas.

Escribo este artículo recién llegada de una manifestación históricarecién llegada de una manifestación histórica: en Mallorca nunca conseguimos sacar a la calle, en la historia de la Democracia, a más de 55.000 personas. Hoy los compañeros contadores, móviles en mano con la aplicación creada para el recuento de manifestantes, han parado de contabilizar, agotados y desbordados, a los 80.000, y quedaba mucha gente aún que pasar ante ellos. 100.000 dicen finalmente que hemos sido.

Ni las movilizaciones por la liberación de Miguel Ángel Blanco, ni las del No a la Guerra, ni las de protección del territorio, ni las de defensa del catalán, ni la última huelga general han unido nunca a una marea, tsunami realmente, como la de hoy.

Una marea verde que el Govern de Bauzá ha nutrido de una diversidad que la izquierda hubiéramos sido incapaces de conseguir. Sí, han sido ellos, los absolutistas gobernantes de este Pueblo los que han unido a toda la Comunidad Educativa, luego diré cómo y por qué.

Creyeron ilusos que ésta sólo eran los docentes y las Asociaciones de padres y madres. Pero no. Hablar de Comunidad Educativa es tanto como hablar del Pueblo. Es hablar de docentes, de asociaciones de padres y madres, de alumnos, de padres y madres no asociados, de ciudadanos que tienen a alguien en la familia que debe ser Educado por nuestros docentes. O simplemente de ciudadanos que saben que en las escuelas se construyen a las generaciones que determinarán nuestro futuro. Y todos ellos de muy diverso signo político.

Bauzá, el PP, se presentó con un programa electoral en el que apostaba por eliminar la inmersión lingüística en catalán. Aseguraba que en cuanto gobernara dejaría escoger a los padres y a los centros escolares el idioma en el que se debían impartir las clases (castellano o catalán). Esa libre elección que eliminaba la inmersión en catalán venía acompañada de la bauzaniana certeza que en cuanto se diera la libertad de elección se elegiría el castellano mayoritariamente y el Pueblo balear sería liberado de los malvados catalanistas. Pero, OH sorpresa, que cuando Bauzá llegó al Govern e hizo la consulta el 70% de los padres de alumnos eligieron el catalán como la lengua vehicular, el 20% le dieron libertad a los centros (que eligieron también el catalán) y solo el 10% de los padres baleares eligieron educar a sus hijos en castellano (obviamente con esos porcentajes tanto conservadores como progresistas tenían claro el tema del idioma, que hasta la fecha siempre había generado consenso en Balears).

Ante este resultado Bauzá pudo haber respetado la decisión del Pueblo. Pero consideró que el Pueblo no era suficientemente maduro para tomar sus propias decisiones y se inventó el TIL (Tratamiento Integral de Lenguas). Con el TIL -creado a todas luces tras la pataleta de no haber conseguido españolizar, a lo Wert, a la población balear-, se pretende que los alumnos de primaria y secundaria empiecen desde este mismo curso a recibir clases en castellano, catalán e inglés en la misma proporción, 30/30/30. El 10% restante sería de libre elección por los centros. Era la manera de, con la excusa de formar a trilingües, reducir el catalán (¡y el castellano!) a lenguas residuales en las escuelas.

Los profesores debían empezar, así como de manera infusa, a saber dar matemáticas, álgebra, física o historia en inglés. Así... de repente, el curso escolar 2013-2014 todos los docentes baleares iban a ser trilingües y saber explicar en inglés materias como las referidas. Una locura. Y la Comunidad Educativa se lo dijo: Es una locura. No estamos preparados. No hay nivel para formar a los niños y adolescentes en inglés (ni en las escuelas ni en los hogares –imaginad explicar a vuestros hijos en inglés una raíz cuadrada-. Ni lo habrá en mucho tiempo. Pero a Bauzá le dio igual. Él solo veía a rojos catalanistas que ponían en peligro la lengua del Imperio.

Los Docentes (conservadores o progresistas) y sus representantes lo animaron a negociar y a entrar en razón argumentando razones pedagógicas. Solo consiguieron que Bauzá remodelara por segunda vez en año y medio de legislatura su Consejo de Gobierno, destituyendo, entre otros, al conseller de Educación que había hecho gestos de querer negociar con el profesorado. En su lugar puso a Camps, una Agente de la Propiedad Inmobiliaria.

A todo este follón del TIL se le fue sumando que los recortes en la Educación Pública son sangrantes. Las aulas sin calefacción, con desperfectos, mal equipadas, esperaban a esos alumnos que había que trilingüizar a instancias de los monolingües (casi todo el Govern de Bauzá habla solo castellano) y en aras de reducir el fracaso escolar como si este fuese debido a un tema idiomático por la inmersión en catalán. Eliminó la mayoría de becas comedor y de transporte, eliminó la mayoría de los profesores de atención a la Diversidad (en un territorio con la mayor población inmigrante del Estado español), subió las ratios en las escuelas masificándolas, decidió no cubrir la mayoría de las bajas por enfermedad de los docentes, a los interinos los despidió en verano, redujo el sueldo a todos los profesores... y muchas más cosas que ponían en jaque a la Educación Pública de Calidad mientras destinaba recursos a escuelas que segregan por sexo.

Por si fuera poco Bauzá decidió que había que instaurar la ley mordaza en las escuelas y que los profesores que muestren una opinión personal o lleven algún símbolo que pueda entenderse politizado a las clases deben ser despedidos.

En medio de este despropósito los Docentes y toda la Comunidad Educativa decidieron irse a la Huelga Indefinida que este lunes 30 empieza su tercera semana. Una Comunidad Educativa tan plural como el Pueblo, con gentes de izquierdas y de derechas, asociaciones progresistas y conservadoras, que creen que la aplicación del TIL aumentará el fracaso escolar de los baleares.

Creo que unos 220.000 € había hoy en la caja de resistencia, porque aquí nos negamos a que el sueldo no cobrado de los Docentes sea la baza que juegue Bauzá para que caigamos rendidos en nuestra defensa de una Escuela Pública, de Calidad y en Catalán.

Estas dos semanas de huelga indefinida hemos tenido que aguantar desde los desplantes de la Consellera a los representantes de los Docentes (no queriendo negociar con los Comités de huelga y al principio con nadie –decían el primer día de huelga, el del inicio de curso, que era un día normal-). Aguantar que seguimientos de la huelga de entre un 70 a 90% de los docentes fueran ninguneados y se dieran cifras por parte de la Conselleria de no más del 30% de seguimiento. Aguantar que amenazasen con listas negras de sindicalistas en Huelga. Aguantar con amenazas de retirar la custodia a los padres que no llevaran a sus hijos a clase. Aguantar que llamaran a la marea verde “charco”. Aguantar que Bauzá, tras haber sido suspendido cautelarmente el TIL por el Tribunal Superior de Justicia de Balears, obligase a su aplicación por Decreto Ley, contraviniendo el artículo 86 de la Constitución.

Hasta ocho alcaldes del PP en Mallorca han mostrado su disconformidad estas semanas al iter que está siguiéndose con el TIL y han manifestado que ellos creen que su aplicación abocará a más fracaso escolar. El expresidente de Balears por el PP, Tòfol Soler, ha hecho pública su aportación a la caja de resistencia. Toni Nadal, entrenador y tío de Rafa Nadal, pepero de siempre, ha dicho públicamente que el TIL es una locura. El Rector de la Universidad, del PP, también ha renegado, igual que todo el Consejo Rector de la UIB, del TIL. Ex Presidentes del Parlament por el PP, como Huguet, han dado entrevistas criticando el TIL y los Decretazos de Bauzá. Todos estos también son Comunidad Educativa. También son Pueblo. Y hoy han salido a la calle.

Este domingo hemos coincidido en el tsunami desde familias con bebés a cuestas, a jóvenes rockeros, ancianos con bastón, discapacitados con sillas de ruedas, niños sonrientes o llorosos o adormilados, pijos y progres, izquierdas y derechas.

Nunca antes me habían saludado diputados y concejales conservadores en una manifestación compartida. Nunca antes familia y vecinos votantes del PP habían coreado consignas conmigo en pro de la dimisión del President.

Y es que las mareas son Pueblo. Y pobre del que en una causa tenga al Pueblo en contra.

José Ramón Bauzá, el presidente balear y líder del PP en las islas, remodeló su Gobierno el 2 de mayo. Pero no sólo cambió consejeros, también nombró como nueva jefa de la Secretaría de Presidencia a Miss Baleares 2009, Verónica Hernández, según publica dBalears.cat. Cobrará 50.023 euros anuales.

La exmiss, nacida en Palma en 1987, ocupa el cargo desde el sábado, cuando se publicó el nombramiento en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma. Según explicaron fuentes del Gobierno a dBalears.cat, “Hernández dispone de una doble licenciatura por la Universidad San Pablo CEU de Madrid en Periodismo y Comunicación Audiovisual [estudios concluidos en 2012]”. El medio digital también se hace eco del currículum facilitado por Presidencia, en el que no se incluye su título de Miss Baleares: “Parte de sus estudios los ha realizado en la facultad de Diseño de Múnich [un programa de intercambio Erasmus, según su Linkedin], por lo que domina el alemán, además del inglés”.

En cuanto a su experiencia profesional, el Gobierno balear explica: “Se ha desarrollado en Madrid, en el canal de TV online Adtitud TV, donde trabajó como redactora y presentadora, además de la revista Interviú, donde desempeñó funciones de community manager y redactora de reportajes de investigación. En Baleares, ha trabajado den Cope Mallorca y el canal autonómico IB3 TV”. De acuerdo con su perfil de Linkedin, el de Interviú, como redactora en “prácticas y colaboración” es su última ocupación, desde julio de 2012.

Bauzá obtuvo la mayoría absoluta en 2011 tras ser señalado como el “hombre limpio” hombre limpioque haría olvidar las exageraciones y escándalos del gobierno Matas. Tras su llegada al cargo impuso un férreo código ético e impidió el ascenso político de todos aquellos que hubieran sido imputados judicialmente.

Sin embargo, la oposición le persigue ahora al entender que su cargo de presidente es incompatible con los negocios que mantiene a nivel particular. El pasado 7 de mayo el PSOE solicitó al Consell del Govern que estudie esa posible incompatibilidad de su presidente por ser además titular de una farmacia. Además, los socialistas acusan a Bauzá de tener dos actividades privadas no declaradas: una vinoteca y una empresa de venta de productos de parafarmacia (BAUSER y DIVINO S.L.).

Mientras tanto, el gobierno balear se ha parapetado y afirma que todavía no ha estudiado el caso. A pesar de las peticiones de la oposición el ejecutivo de Bauzá se niega a entregar la declaración de bienes que éste realizó antes de tomar posesión de su cargo. Sin tratarse de un flagrante caso de corrupción, la situación apunta mal para el partido de Rajoy en virtud de la jurisprudencia y las leyes aprobadas a tal efecto.

La situación de Bauzá es contraria a lo que señala el artículo 34 de la Ley de Buen Gobierno. Además, los socialistas apoyan su exigencia en una sentencia del Ttribunal Superior de Justicia balear motivada por una denuncia del PP contra una consejera del gobierno formado entre 1999 y 2003. Se suma a esta presión la dimisión esta misma semana del delegado del gobierno en Extremadura precisamente por ser titular de una oficina de farmacia.

Si la madeja se complica aún más, Rajoy podría perder a otro presidente autonómico que en este caso era un símbolo de juventud y lucha contra la corrupción. Y otra vez con una farmacia de por medio.