El equipo de Gobierno de la Vall d'Uixó (Castellón) considera que el exalcalde y diputado del PP en el Congreso, Óscar Clavell, permitió a terceros utilizar un nombre falso para un entierro inexistente y favorecer a terceras personas con la ubicación del nicho. 

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó ha abierto este lunes el nicho número 46 del cementerio municipal y los técnicos han comprobado que está vacío. La lápida que lo cubría lleva fecha del 11 de agosto de 2014 y estaba a nombre de Aitor Iureta Oteiza, una identidad que, según el Ayuntamiento, no consta en los registros del Instituto Nacional de Estadística.

El equipo de Gobierno, con el PSOE a la cabeza, inició en 2016 un expediente que ha culminado este jueves con la apertura de la tumba y concluyó que el actual diputado en el Congreso del PP Óscar Clavell, entonces alcalde, “dio la orden de hacer este falso enterramiento para sacar un supuesto beneficio electoral”, según la concejala de Urbanismo, Francesca Bartolomé. El supuesto beneficio se encontraría en que terceras personas tendrían un nicho más accesible para enterrar a sus muertos, a ras de suelo.

El equipo de gobierno, ante las sospechas que la situación le generaba, inició un expediente averiguatorio con la citación de enterradores, el departamento de Sanidad que tramita las defunciones y del exalcalde, -al que acusan de no haber “abierto la boca” para dar explicaciones-, tras el que concluyeron que el nicho estaba vacío, según recoge Europa Press y han constatado este lunes. 

Las averiguaciones llevaron al equipo de Gobierno a denunciar a Fiscalía, que archivó por falta de documentación, y al juzgado, que consideró que las autorizaciones de enterramiento eran “sin lugar a dudas” nulas de pleno derecho por dictarse prescindiendo del procedimiento de adjudicación por orden correlativo. No obstante, el juzgado entendió que no alcanzaban la gravedad exigida “al margen de la situación grotesca de la invención de un nombre falso de enterramiento en el nicho 46, para ocultar la irregularidad, entendiendo que el salto de un lugar de enterramiento a otro uno o dos puestos más abajo para comodidad de los familiares de un difunto puede considerarse una corruptela o irregularidad sancionable administrativa y políticamente, pero sin que alcance la calificación de arbitrariedad flagrante” con la lesión de un derecho que merezca intervención penal, según han señalado fuentes municipales.

Con esta actuación irregular el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó dejó de ingresar 1.000 euros por la venta del nicho. Este hecho es “muy grave, no solo porque las administraciones públicas debemos garantizar los intereses de todos y no un interés particular, sino porque demuestra muy poco respeto por la ciudad y por la democracia”, dice la concejala.

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El PP de La Vall d'Uixó anunció el viernes que presentará una querella contra la alcaldesa de la localidad, Tania Baños, por el derribo de la cruz de los caídos del pasado miércoles. El portavoz del partido, Óscar Clavell, cree que puede haber cometido los delitos de prevaricación e incitación al odio.

Clavell basa la acusación de prevaricación en que la alcaldesa ordenó el derribo de la cruz sin esperar a que el juzgado resolviera el recurso que su partido había presentado y sin atender al requerimiento de la asociación “Abogados Cristianos”. Respecto al supuesto delito de odio, el portavoz del PP considera que Baños derribó el monumento “con motivación religiosa”.

Informes de funcionarios y expertos

Por su parte, el Ayuntamiento -gobernado por PSOE, Compromís y EUPV- ya aclaró que la retirada de este símbolo franquista responde al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica estatal y de la Ley de Memoria Democrática de la Generalitat Valenciana.

Para ello, cuenta con el aval de “los informes de los funcionarios municipales”, así como del “Comité de Expertos para la Valoración de Retirada de Vestigios Relativos a la Guerra Civil y de la Dictadura en la Comunitat Valenciana, que se reunió con los seis partidos políticos con representación municipal, asociaciones culturales y técnicos antes de emitir su dictamen”.

La cruz de Castelló sigue ahí

El derribo de la cruz de La Vall d'Uixó ha vuelto a dirigir la atención del PP hacia la cruz de los caídos de Castelló de la Plana. Allí, el Consistorio está llevando a cabo los trámites necesarios para retirar este monumento, situado en el céntrico parque Ribalta.

El Consistorio ha explicado en repetidas ocasiones que debido a que este espacio es un BIC (Bien de Interés Cultural), varios departamentos de la Generalitat Valenciana deben dar el visto bueno al proyecto antes de proceder al derribo.

Ante estos planes, los partidarios de conservar la cruz se han movilizado durante esta semana. La Asociación Abogados Cristianos pidió a un juzgado la suspensión cautelarísima de este proyecto, aunque el viernes todavía no tenían una respuesta por parte de la Justicia.

El PP municipal, por su parte, emitió el viernes un comunicado en el que exigió “conocer el dinero que el gobierno de PSOE y Compromís tiene pensado destinar” al derribo. Según la portavoz, Begoña Carrasco, se trata de “una actuación que no cuenta con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos”.

El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó presentará este miércoles en el pleno municipal una propuesta de expediente sancionador de 905.501,55 euros a la empresa FOVASA -antigua SECOPSA- por incumplir hasta 14 puntos del Pliego de Condiciones Técnico-Económicas de la contrata de limpieza y recogida de basuras de la localidad, considerándose estos como “faltas muy graves”.

Los incumplimientos de los que acusa el gobierno de Tania Baños (PSPV) a FOVASA van de la frecuencia mínima de recogida de contenedores de selectiva, a la falta de limpieza de algunas zonas o de servicios especiales, a la falta de limpieza de fachadas públicas o de renovación del parque de vehículos. Estos incumplimientos han sido detectados desde junio de 2014 (en la anterior legislatura) a abril de 2017. Detectándese todavía algunos de ellos, aunque al parecer menos, durante los últimos meses.

Los problemas del Ayuntamiento de la Vall d'Uixó con la concesionaria vienen de lejos, pocos meses después que la entonces alcaldesa Isabel Bonig (hoy líder del PP de la Comunitat Valenciana) privatizara el servicio en 2009 que desarrollaba la empresa pública SUMMA, y concediera la contrata por 20 años a SECOPSA. Cabe recordar que SECOPSA fue señalada por Ricardo Costa como financiadora ilegal del PP con 15.000 euros en 2007, año en el que Bonig accedió a la alcaldía.

Así en 2010 un informe técnico advirtió que el servicio “no se estaba ejecutando correctamente”, pese a lo cual el entonces concejal de Medio Ambiente -y después sucesor de Bonig como alcalde- Óscar Clavell pagó las facturas por un importe de 707.000 euros.

Este capítulo le valió a Clavell un proceso judicial en el juzgado de primera instancia de Nules, pero que finalmente fue archivado al pasar Clavell a ser diputado en el Congreso y trasladar la competencia del caso al Tribunal Supremo, que archivó el caso.

Pese a que Clavell pagó estas primeras facturas como concejal, cuando pasó a ser alcalde ya no las pagó, abriendo esto la vía judicial por parte de SECOPSA que acabó ganando todos los litigios por no realizarse el procedimiento adecuado, es decir, incoar previamente un expediente sancionador a la empresa, hecho que no se produjo, como señaló el propio tribunal. Este hecho provocó que el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó tuviera que abonar casi 700.000 euros más en facturas no pagadas ya en la actual legislatura y con gobierno de signo opuesto.

Ahora el ayuntamiento pretende cumplir con el orden estipulado por los tribunales y lleva al pleno municipal la aprobación del expediente sancionador con el que podría conseguir resarcir únicamente en parte el dinero pagado a la empresa pese a no haber cumplido las exigencias de la contrata.

El diputado castellonense espera que tengan la "misma fuerza y valentía" y recuerda el "daño" sufrido por su entorno y su partido

El Tribunal Supremo ha archivado la causa contra el exalcalde de Vall d'Uixó al no apreciar delitos de malversación y prevaricación

El diputado nacional del PP por Castellón y exalcalde de la Vall d'Uixó (Castellón), Óscar Clavell, ha pedido este martes que con la “misma fuerza y valentía” que algunos partidos políticos salieron a pedir su “cabeza”, ahora le pidan “disculpas” por el “daño” que se ha hecho a él, a su entorno y a su partido, y, en ese caso -ha dicho- “como buen cristiano les perdonaré”.

Clavell ha realizado estas declaraciones tras conocerse que la sala segunda del Tribunal Supremo (TS) ha archivado la causa abierta contra él, al no apreciar delitos de prevaricación o malversación en el decreto que firmó en su cargo de primer edil en diciembre de 2010 para validar unas facturas por valor de 706.789 euros del servicio de limpieza de la población. Según ha explicado el diputado, esto era una cuestión de “tiempo”, pues “el tiempo da y quita la razón a quien la tiene o no”; y de Justicia, “la cual ha fallado favorablemente a mi persona”.

Clavell ha explicado que el TS ha dicho “lo mismo que mantuve desde el primer momento, y es que posiblemente hubo un error administrativo, pero nunca un delito penal”. Al respecto, ha subrayado que él sólo pagó nóminas a 40 trabajadores y evitó una huelga de limpieza en el municipio en épocas navideñas, “lo que el PSOE e IU aprovecharon para llevarme a Fiscalía”.

El exedil, que ha asegurado que de esta cuestión se ha hecho un “juicio político, mediático e inquisitorial”, ha lamentado que se haya pretendido quemarle “en la hoguera pública” antes de juzgarle.

“Muy tranquilo”

El parlamentario del PP ha manifestado que él ha estado siempre “muy tranquilo”, puesto que “sabía que lo que estaba haciendo era defender los intereses generales de los trabajadores y sus familias y mantener limpia la ciudad”. “Lo que hice lo volvería a hacer si fuese alcalde, puesto que, como alcalde, me debía a los intereses generales de mi ciudad”, ha concluido.

El alto tribunal no aprecia delito de malversación o prevaricación por el pago de más de 700.000 euros al servicio de limpieza, aunque argumenta que no quiere decir que la actuación del aforado "sea correcta desde el punto de vista administrativo"

El Tribunal Supremo ha archivado la causa contra el exalcalde de la Vall de Uxó (Castellón) y diputado popular Óscar Clavell al no apreciar delito de malversación o prevaricación en relación con el pago, aparentemente irregular, de 706.789 euros al servicio de limpieza de la población.

El Juzgado Número 2 de Nules (Castellón) envió una exposición razonada al Supremo en la que señalaba indicios de estos delitos en la conducta del exalcalde, a causa de un decreto firmado por él en 2010 y que validó facturas del servicio de limpieza de la población por la cantidad citada.

Los pagos se realizaron a pesar de que la responsable técnico del servicio señaló que la limpieza no se estaba desarrollando según lo contratado.

El Supremo archiva la causa con el argumento de que “ello no significa que se afirme y concluya en esta resolución que la actuación del aforado sea correcta desde el punto de vista administrativo, sino que se entiende que no es delictivo”.

No existen indicios de que la supuesta irregularidad administrativa se decidiera con plena conciencia de la ilegalidad o de la arbitrariedad que se pudiera estar cometiendo, añade el alto tribunal para argumentar que no existe prevaricación.

No es lo mismo una irregularidad administrativa que un delito

El auto, que se produce de acuerdo con el informe de la fiscalía, indica que no es lo mismo una irregularidad administrativa que un delito. En cuanto a la malversación o fraude, no encuentra ningún indicio de los mismos, tampoco.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Nules estaba cerca de abrir juicio contra Clavell cuando éste, en diciembre de 2016, fue elegido diputado en la Cámara baja y por tanto, aforado ante el alto tribunal.

La magistrada había dado por concluida la instrucción y había dejado la causa preparada para juzgar a Clavell por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude y exacciones ilegales cuando el abogado del exalcalde le comunicó al Juzgado la nueva situación del imputado, diputado del Partido Popular por Castellón.

La titular del juzgado envió entonces una exposición razonada al Supremo y ahora el alto tribunal ha archivado la causa.

La concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de la Vall d’Uixò, Yolanda González, asegura que nunca se lucró a costa del municipio ocupando un cargo público, como advierte el equipo de gobierno. Según defiende, cuando su empresa obtuvo los pagos de 24.000 euros por prestar el servicio de acondicionamiento físico a los agentes de la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil, ella todavía no se dedicaba a la política local en calidad de concejala.

Así, González aclara que en cuanto “me propusieron poner mis conocimientos al servicio de la Vall, presenté voluntariamente la renuncia a la prestación del gimnasio de mi familia”. Ese anuncio se produjo con fecha 27 de marzo de 2015, según consta en un escrito del registro municipal, en el que aparece la firma del gerente de la sociedad Shotokan Sports comunicando la finalización de la vinculación. Esto es, antes de tomar posesión. La munícipe advierte, además, que el documento lo entregó a todos los ediles en comisión informativa, en la que ofreció las correspondientes explicaciones.

Cabe recordar que la semana pasada, el concejal de Hacienda y Policía, Javier Ferreres, denunció que el PP había ocultado un informe técnico de 2011, en el que se avisaba sobre la irregularidad de un contrato. El documento hacía referencia al pago de esos 24.000 euros a cargo del ayuntamiento, en las épocas de Isabel Bonig y Óscar Clavell como alcaldes, y ponía en duda la legalidad de la adjudicación y de la prestación del servicio.

El regidor socialista explicaba que la vinculación con la empresa de González no podía haberse prolongado más de un año al considerarse un contrato menor, salvo que hubiese salido a concurso público, algo que nunca ocurrió. De esta forma, en un procedimiento cerrado al que no pudieron acceder el resto de gimnasios de la localidad, el ayuntamiento, en ese momento gobernado por el PP, desembolsó 6.000 euros por ejercicio durante cuatro años.

En el informe también se cuestionaba la viabilidad del servicio. Incluso, el funcionario consideraba excesivo el precio por el uso que hacían los agentes de seguridad de la instalación deportiva.

L’equip de govern de l’Ajuntament de la Vall d’Uixò continua sorprés per les presumptes irregularitats que es van cometre entre l’any 2007 i el 2015. Això és, durant els mandats com a alcaldes d’Isabel Bonig (fins al juny del 2011), actual presidenta del Partit Popular a la Comunitat Valenciana, i d’Óscar Clavell (entre el 2011 i el 2015), diputat nacional i imputat per malversació. Cada vegada que la corporació progressista inspecciona un calaix o obri un armari per a inventariar descobreix alguna anomalia. L’última és tan cridanera com sospitosa.

Segons denuncia el regidor d’Hisenda i de Policia, Javier Ferreres, el PP va amagar un informe tècnic de l’octubre del 2011 que alertava de la singularitat d’una factura per un import superior a 24.000 euros. En concret, l’escrit qüestionava tant la legalitat del procés d’adjudicació del contracte com la prestació del servei de condicionament físic. La quantitat es va desemborsar per la utilització d’un gimnàs que és propietat de l’edil popular Yolanda González.

“No es coneix quines persones d’aquest departament (Policia) han pogut utilitzar aquest servei en el període de temps facturat. Per això pense que aquesta factura s’ha de rebaixar en atenció al servei prestat o s’ha d’anul·lar pel cost tan elevat que comporta”, recull el document, fet públic pel mateix Ferreres.

La llei obliga a fer que els contractes menors tinguen una vigència d’un any i no se’n puguen encadenar uns quants al llarg de diferents exercicis, llevat que es publique un concurs públic. No obstant això, Bonig i Clavell van pagar 6.000 euros anuals durant 4 anys, “sense obrir un procediment en què es pogueren presentar tots els gimnasos de la Vall d’Uixò”, explica el regidor d’Hisenda.

Per a Ferreres, aquesta manera de procedir acredita que “el PP es va saltar la llei, no va fer cas dels informes tècnics que deien que aquest servei no l’utilitzava ningú i, per tant, s’havia de suprimir, va vulnerar la igualtat d’oportunitats i es va adjudicar a dit al gimnàs que regenta una regidora del Partit Popular”.

Pel que fa a això, el regidor subratlla que “eren pràctiques habituals de l’anterior equip de govern els contractes per obra i servei de llarga durada, tot i que per llei han de ser d’un màxim de 6 mesos, s’encadenava contractes per a fer fixes persones que col·locaven a dit per la porta de darrere o donaven comissions de servei a treballadors sense la titulació necessària”.

La corporació que presideix Tania Baños (PSPV-PSOE) va posar fi a la vinculació amb l’empresa de González l’any passat després de guanyar l’alcaldia.

El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de la Vall d’Uixò sigue sin salir de su asombro con las supuestas irregularidades que se cometieron entre 2007 y 2015. Esto es, durante los mandatos como alcaldes de Isabel Bonig (hasta junio de 2011), actual presidenta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, y Óscar Clavell (entre 2011 y 2015), diputado nacional e imputado por malversación. Cada vez que la corporación progresista inspecciona un cajón o abre un armario para inventariar descubre alguna anomalía. La última resulta tan llamativa como sospechosa.

Según denuncia el concejal de Hacienda y de Policía, Javier Ferreres, el PP ocultó un informe técnico de octubre de 2011 que alertaba sobre la singularidad de una factura por un importe superior a los 24.000 euros. En concreto, el escrito cuestionaba tanto la legalidad del proceso de adjudicación del contrato como la prestación del servicio de acondicionamiento físico. La cantidad se desembolsó por la utilización de un gimnasio propiedad de la edil popular Yolanda González.

“No se tiene conocimiento de qué personas de este departamento (Policía) hayan utilizado este servicio en el período de tiempo facturado. Por todo esto pienso que tal factura debe minorarse en atención al servicio prestado o anularse por su elevado coste”, recoge el documento, hecho público por el propio Ferreres.

La ley obliga a que los contratos menores tengan una vigencia de un año y no se puedan encadenar varios a lo largo de diferentes ejercicios, a excepción de que se publique un concurso público. Sin embargo, Bonig y Clavell pagaron 6.000 euros anuales durante 4 años, “sin abrir un procedimiento en el que pudieran presentarse todos los gimnasios de la Vall d'Uixò”, explica el concejal de Hacienda.

Para Ferreres, dicha forma de proceder acredita que “el PP se saltó la ley, no hizo caso a los informes técnicos que decían que ese servicio no lo utilizaba nadie y por lo tanto debía eliminarse, vulneró la igualdad de oportunidades y se lo adjudicó a dedo al gimnasio que regenta una concejala del Partido Popular”.

Al respecto, el munícipe subraya que “eran prácticas habituales del anterior equipo de gobierno los contratos por obra y servicio de larga duración, cuando por ley deben ser de un máximo de 6 meses, encadenando contratos para hacer fijos a personas que colocaron a dedo por la puerta de atrás, o dando comisiones de servicio a trabajadores sin la titulación necesaria”.

La corporación que preside Tania Baños (PSPV-PSOE) puso fin a la vinculación con la empresa de González el pasado año después de ganar la alcaldía.

Otro gran golpe de la justicia contra el ayuntamiento de la Vall d'Uixó. El ayuntamiento liderado hasta 2015 por el equipo de Isabel Bonig, ahora gestionado por el PSPV-PSOE, ha recibido una sentencia por el que se obliga a pagar 621.135,68 euros a la empresa encargada del servicio del ecoparque las facturas correspondientes a los años 2012 y 2013. Esta cantidad corresponde a la que el exalcalde, Óscar Clavell, hombre de confianza de la lideresa del PPCV, ahora diputado y doblemente imputado, “se negó a pagar”.

El segundo teniente de alcalde, Jordi Julià, ha criticado en un comunicado que se tenga que hacer estos pagos “por la incompetencia del anterior alcalde Óscar Clavell y del anterior equipo de gobierno del PP”. El también concejal de Medioambiente ha explicado que el Consorcio de Residuos, del que la Vall d'Uixó forma parte, ordenaba al consistorio “que pagara”, ya que los costes del servicio “deben ser asumidos por los ayuntamientos”, como decían los requerimientos que enviaba esta entidad.

El concejal ha lamentado que, en lugar de cumplir con sus obligaciones, Clavell “ordenaba que estas facturas no se tramitaran y, por tanto, no se pagaran”. De hecho, “devolvía las facturas al Consorcio de Residuos, que no tenía esta competencia, y este órgano volvía a enviarlas al Ayuntamiento para que fueran pagadas”.

Esta cifra se suma a una cuantía anteriormente denunciada por el nuevo ayuntamiento y lastra aún más su situación. La semana pasada, el equipo de gobierno denunciaba que en lo que se lleva de 2016 el equipo de gobierno ha pagado 627.000 euros en sentencias judiciales de funcionarios, además de seis millones euros en fallos urbanísticos.

Las facturas de esta última sentencia, según el concejal, tenían el visto bueno de varios miembros de la corporación: la jefa de servicio, la gerente del área y del anterior concejal de Medio Ambiente, José Villalba. Además, implica a más personas del PP, como el presidente de la Diputación, Javier Moliner, y el diputado provincial de Medio Ambiente, Mario García que “enviaron cartas instando al Ayuntamiento a pagarlas”.

Julià ha recordado que Óscar Clavell está imputado y procesado por el pago de estas facturas a Secopsa, por supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude y exacciones ilegales.

Isabel Bonig va romandre en l’Alcaldia de la Vall d’Uixó entre els anys 2007 i 2011. Durant aqueix temps va fer i va desfer a capritx seu. Quan va ocupar la cartera d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient en la Generalitat Valenciana, li va succeir en el càrrec el seu deixeble més avantatjat, Óscar Clavell, que va governar amb la mateixa filosofia de “perseguir els treballadors que no pensaven com ells, incloent-los en una llista negra”, segons explica l’actual primer tinent d’alcalde, Antonio Llorente, d’Esquerra Unida. Aqueix assetjament es va traduir en una infinitat de denúncies pels afectats, les sentències judicials de les quals comencen a eixir ara a la llum pública.

Des que el Partit Popular va perdre l’Ajuntament el 2015, els deutes s’acumulen per “la nefasta i sectària política de personal dels dos anteriors governs del PP”, tal com denuncia l’alcaldessa, Tania Baños (PSPV-PSOE). Només en el que va del 2016 l’equip de govern ha pagat 627.000 euros en sentències judicials de funcionaris. A aqueixa quantitat caldria afegir 6 milions d’euros més en sentències urbanístiques. Massa llast per a un municipi que continua sense arrancar després de la greu crisi del sector del calçat, el seu motor econòmic principal des de mitjan segle XX, quan la fàbrica Segarra va assolir la màxima esplendor (el 1971 va arribar a convertir-se en l’exportadora número u del país).

L’enverinada herència de Bonig, presidenta actual del PPCV, i Clavell, diputat nacional i imputat per malversació i frau, deixa l’Ajuntament de la Vall d’Uixó tremolant. “La mala gestió política de l’equip de govern anterior fa que la situació econòmica siga insostenible. Estem dedicant-nos a arreglar els empastres del PP i pagar les seues estafes”, adverteix Baños, que no descarta fins i tot demanar ajuda a un altre municipi perquè assumisca la càrrega financera.

Davant d’aquest panorama, l’Ajuntament valora la possibilitat d’emprendre accions legals. No és l’únic. Compromís en les Corts ha sol·licitat els comptes des del 2007 per a determinar si s’ha comés cap delicte i, en cas afirmatiu, presentar la denúncia corresponent davant de la Fiscalia Anticorrupció.

Isabel Bonig permaneció en la alcaldía de la Vall d’Uixó entre 2007 y 2011. Durante ese tiempo hizo y deshizo a su antojo. Cuando ocupó la cartera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente en la Generalitat Valenciana, le sucedió en el cargo su discípulo más aventajado, Óscar Clavell, que gobernó con la misma filosofía de “perseguir a los trabajadores que no pensaban como ellos, incluyéndolos en una lista negra”, según explica el actual primer teniente de alcalde, Antonio Llorente, de Esquerra Unida. Ese acoso se tradujo en un sinfín de denuncias por parte de los afectados, cuyas sentencias judiciales comienzan a salir ahora a la luz pública.

Desde que el Partido Popular perdió el ayuntamiento en 2015, las deudas se acumulan por “la nefasta y sectaria política de personal de los dos anteriores gobiernos del PP”, tal cual denuncia la alcaldesa, Tania Baños (PSPV-PSOE). Sólo en lo que se lleva de 2016 el equipo de gobierno ha pagado 627.000 euros en sentencias judiciales de funcionarios. A esa cantidad habría que añadir otros 6 millones de euros en fallos urbanísticos. Demasiado lastre para un municipio que sigue sin arrancar tras la grave crisis del sector del calzado, su principal motor económico desde mediados del siglo XX, cuando la fábrica Segarra alcanzó su mayor esplendor (en 1971 llegó a convertirse en la exportadora número uno del país).

La envenenada herencia de Bonig, actual presidenta del PPCV, y Clavell, diputado nacional e imputado por malversación y fraude, deja al Ayuntamiento de la Vall d’Uixó tiritando. “La mala gestión política del anterior equipo de gobierno hace que la situación económica sea insostenible. Nos estamos dedicando a arreglar los chapuzas del PP y pagar sus pufos”, advierte Baños, que no descarta incluso pedir ayuda a otro municipio para que asuma la carga financiera.

Ante este panorama, el ayuntamiento valora la posibilidad de emprender acciones legales. No es el único. Compromís en las Corts Valencianes ha solicitado las cuentas desde 2007 para determinar si se ha cometido algún delio y, en caso afirmativo, presentar la correspondiente denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.

El portavoz de Economía del grupo popular en las Corts, Rubén Ibáñez, ha asegurado este miércoles que el PPCV será “escrupuloso” con cualquier pacto anticorrupción -en alusión al de C's- y ha asegurado que la formación estará “a lo que se diga” porque no va “a ser algo aparte de cualquier acuerdo que exista”.

Así lo ha expresado Ibáñez en una rueda de prensa al ser preguntado por las implicaciones que el pacto anticorrupción entre PP y Ciudadanos podría tener en el partido a nivel autonómico y local.

“Cuando conozcamos los aspectos reales del pacto que se ha firmado, podremos hacer todo tipo de valoración, lo que sí que puedo asegurar es que nosotros vamos a ser escrupulosos con cualquier pacto que se firme, como no puede ser de otra forma, por lo tanto estaremos a lo que se diga, no vamos a ser nosotros algo aparte de cualquier acuerdo que exista”, ha señalado el diputado popular.

“Nosotros lo que queremos, de verdad, porque pensamos que es lo mejor para la Comunidad Valenciana, es que en España haya Gobierno y desde luego creo que todos los partidos deberían aunar esfuerzos para que haya gobierno en España”, ha afirmado.

Por otra parte, al ser preguntado sobre si, en función de este pacto, cree que debería dimitir el diputado del PP por Castellón Óscar Clavell, procesado por prevaricación y malversación cuando era alcalde de Vall d'Uixó, Ibáñez ha contestado que “el propio Clavell se ha manifestado de una forma clarísima sobre este tema”, por lo que tiene “poco valor” lo que pueda decir él.

“Lo que sí es cierto es que es de público conocimiento que existían ocho sentencias que de alguna forma obligaban al pago que se produjo posteriormente”“, ha señalado.

Óscar Clavell, un diputat del PP per Castelló, ha passat de l’anonimat a protagonista de la vida política espanyola: la seua condició d’imputat l’ha portat al centre de les negociacions entre Ciutadans i el partit de Mariano Rajoy per a intentar formar govern.

Clavell, un llicenciat en història a punt de complir 38 anys, era quasi un desconegut en la política valenciana fins la seua sorprenent elecció per a anar en les llistes del PP al Congrés en les eleccions del desembre del 2015. Repetiria, a pesar d’estar investigat, en les de juny del 2016.

Abans, la seua trajectòria se circumscrivia a Vall d’Uixó (Castelló, 31.000 habitants). Hi va ser alcalde i president local del PP (2011-2015) i regidor (2007-2011) sota les ordres d’Isabel Bonig, líder actual del PP valencià i valedora seua. En el partit atribueixen a la ‘Thatcher valenciana’ la presència de Clavell en les llistes.

Bonig voldria haver premiat o protegit el seu delfí del quasi inevitable procés judicial que afrontarà, acusat de prevaricació, malversació de cabals públics i frau i exaccions il·legals. Les irregularitats investigades es van cometre quan Clavell exercia d’alcalde accidental en substitució de, precisament, Bonig.

Llavors, entre el desembre del 2010 i el gener del 2011, va pagar 707.000 euros en factures de l’empresa contractada per a la neteja viària i el transport de residus urbans, Secopsa, una adjudicatària habitual de diverses administracions valencianes sota control del PP. Els pagaments es van fer, segons la jutgessa, “a pesar que la responsable tècnica de l’execució del servei” el va advertir que “no s’estava executant correctament”.

La jutgessa d’instrucció ja ha demanat al Tribunal Suprem que es pronuncie sobre qui ha de jutjar Clavell, aforat gràcies a la seua elecció com a diputat. Mentrestant, tant ell com Bonig han llevat ferro a l’afer, encara que no han explicat què porta un edil a ordenar un pagament enorme en absència del seu superior, l’alcaldessa. Tret que hi haja petició en contra del partit, el diputat ha dit diverses vegades que no dimitirà fins a l’obertura del judici oral, com marquen els estatuts del PP.

Clavell i Rita Barberá, senadora, eren, en principi, els principals càrrecs estatals del PP afectats per les condicions de Ciutadans per a donar suport a Rajoy. L’eventual limitació d’aqueix pacte anticorrupció a l’enriquiment personal o el finançament il·legal podria salvar el diputat per Castelló de la crema. L’exalcaldessa de València ho té més difícil.

Óscar Clavell, un diputado del PP por Castellón, ha pasado del anonimato a protagonista de la vida política española: su condición de imputado le ha llevado al centro de las negociaciones entre Ciudadanos y el partido de Mariano Rajoy para intentar formar gobierno.

Clavell, un licenciado en historia a punto de cumplir 38 años, era casi un desconocido en la política valenciana hasta su sorprendente elección para ir en las listas del  PP al congreso en las elecciones de diciembre de 2015.  Repetiría, pese a estar investigado, en las de junio de 2016.

Antes, su trayectoria se circunscribía a Vall d'Uixó (Castellón, 31.000 habitantes). Allí fue alcalde y presidente local del PP (2011-2015) y concejal (2007-2011) bajo las órdenes de Isabel Bonig, actual líder del PP valenciano y su valedora. En el partido atribuyen a la 'Thatcher valenciana' la presencia de Clavell en las listas.

Bonig querría haber premiado o protegido a su delfín del casi inevitable proceso judicial que afrontará, acusado de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude y exacciones ilegales. Las irregularidades investigadas se cometieron cuando Clavell ejercía de alcalde accidental en sustitución de, precisamente, Bonig.

Entonces, entre diciembre de 2010 y enero de 2011, abonó 707.000 euros en facturas de la empresa contratada para la limpieza viaria y transporte de residuos urbanos, Secopsa, una adjudicataria habitual de varias administraciones valencianas bajo control del PP. Los pagos se hicieron, según la juez, “pese a que la responsable técnico de la ejecución del servicio” le advirtió de que éste “no se estaba ejecutando correctamente”.

La juez de instrucción ya ha pedido al Tribunal Supremo que se pronuncie sobre quién debe juzgar a Clavell, aforado gracias a su elección como diputado. Mientras, tanto éste como Bonig han quitado hierro al asunto, aunque no han explicado qué lleva a un edil a un ordenar un pago enorme en ausencia de su superior, la alcaldesa. Salvo petición en contra del partido, el diputado ha dicho en varias ocasiones que no dimitirá hasta la apertura del juicio oral, como marcan los estatutos del PP. 

Clavell y Rita Barberá, senadora, eran, en principio, los principales cargos estatales del PP afectados por las condiciones de Ciudadanos para apoyar a Rajoy. La eventual limitación de ese pacto anticorrupción al enriquecimiento personal o la financiación ilegal podría salvar al diputado por Castellón de la quema. La exalcaldesa de Valencia lo tiene más difícil.

El líder de Ciutadans presentava aquest dimarts una sèrie de condicions (sis en concret) a Mariano Rajoy i el Partit Popular per a donar el sí al candidat del PP en el debat d’investidura, unes propostes que han estat acceptades inicialment pel president del Govern en funcions a l’espera que aquesta decisió siga ratificada per l’executiva nacional del PP. Però, quines conseqüències podria tenir l’aplicació d’aquestes exigències per a PP valencià?

Les propostes de Ciutadans centrades en regeneració democràtica i lluita contra la corrupció recullen l’eliminació dels aforaments i que no hi haja càrrecs públics imputats per corrupció. La primera conseqüència –en el cas que efectivament s’aplicaren les exigències de Rivera– seria que Rita Barberá perdria la condició d’aforada com a senadora. A més, es dóna la circumstància que la mateixa Barberá és membre de la direcció nacional popular, per la qual cosa ha de ser una de les persones que decidisca sobre les mesures de la formació taronja.

Més que probablement, això suposaria la seua imputació en la causa per blanqueig dins del cas Imelsa i l’operació Taula. El magistrat del Jutjat d’Instrucció número 18 de València, Víctor Gómez, va sol·licitar al Suprem el mes d’abril passat la imputació de l’exalcaldessa valenciana pel presumpte blanqueig de capitals en el grup popular de l’Ajuntament de València, una sol·licitud que va ser referendada fa a penes uns pocs dies per la Fiscalia de l’alt tribunal. Així, si resultara imputada –i en virtut de l’acord amb Ciutadans–, Barberá hauria d’abandonar l’acta en el Senat.

En una situació semblant es troba Óscar Clavell, diputat del Partit Popular en el Congrés per Castelló i delfí de la líder del PPCV, Isabel Bonig. L’exalcalde de la Vall d’Uixó està acusat de pretesos delictes de malversació i prevaricació. El jutge va sol·licitar a l’abril la confirmació de la condició d’aforat de Clavell, i donava començament d’aquesta manera els tràmits per a imputar-lo. El diputat popular ja va dir que només abandonaria l’escó si s’obria judici oral o si li ho demanava el seu partit.

En una situació diferent estan els regidors del PP de València –estan imputats nou dels deu edils, tots excepte Eusebio Monzó, en el marc de l’operació Taula– que, si bé van ser suspesos de militància, s’aferren a l’acta de regidor i no són expulsats. D’aquesta manera, si es du a terme l’acord amb Ciutadans, el Partit Popular hauria d’expulsar els seus regidors, a pesar del risc de quedar-se sense grup municipal i amb només un representant en el consistori.

El líder de Ciudadanos presentaba este martes una serie de condiciones (seis en concreto) a Mariano Rajoy y el Partido Popular para dar el sí al candidato del PP en el debate de investidura, unas propuestas que han sido aceptadas inicialmente por el presidente del Gobierno en funciones a la espera de que esta decisión sea ratificada por la ejecutiva nacional del PP. Pero, ¿qué consecuencias podría tener la aplicación de estas exigencias para PP valenciano?

Las propuestas de Ciudadanos centradas en regeneración democrática y lucha contra la corrupción recogen la eliminación de los aforamientos y que no haya cargos públicos imputados por corrupción. La primera consecuencia -en el caso de que efectivamente se aplicaran las exigencias de Rivera- sería que Rita Barberá perdería su condición de aforada como senadora. Además, se da la circunstancia de que la propia Barberá es miembro de la dirección nacional popular, por lo que debe ser una de las personas que decida sobre las medidas de la formación naranja.

Más que probablemente, esto supondría su imputación en la causa por blanqueo dentro del caso Imelsa y la operación Taula. El magistrado del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, solicitó al Supremo el pasado mes de abril la imputación de la exalcaldesa valenciana por el presunto blanqueo de capitales en el grupo popular del ayuntamiento de Valencia, una solicitud que fue refrendada hace apenas unos días por la Fiscalía del alto tribunal. Así, si resultara imputada -y en virtud del acuerdo con Ciudadanos-, Barberá debería abandonar su acta en el Senado.

En una situación similar se encuentra Óscar Clavell, diputado del Partido Popular en el Congreso por Castellón y delfín de la líder del PPCV, Isabel Bonig. El exalcalde de Vall d'Uixó, está acusado de supuestos delitos de malversación y prevaricación. El juez solicitó en abril la confirmación de la condición de aforado de Clavell, dando comienzo de este modo los trámites para su imputación. El diputado popular ya dijo que sólo abandonaría su escaño si se abría juicio oral o si se lo pedía su partido.

En una situación diferente se encuentran los concejales del PP de Valencia -están imputados nueve de los diez ediles, todos excepto Eusebio Monzó, en el marco de la operación Taula- que, si bien fueron suspendidos de militancia, se aferran al acta de concejal y no son expulsados. De este modo, de llevarse a cabo el acuerdo con Ciudadanos, el Partido Popular debería expulsar a sus regidores, a pesar del riesgo de quedarse sin grupo municipal y con tan sólo un representante en el consistorio.

Compromís ha solicitado al Consorcio Hospitalario Provincial el informe técnico que desestimó la construcción del Hospital de Día en La Vall d’Uixò. Del mismo modo, también ha pedido la factura del proyecto de ejecución al existir diseños y planos de cómo debía haberse realizado el centro hospitalario, planificado sobre unos terrenos de Álex Debón e impulsado por el entonces presidente de la Diputación de Castellón (PP), Carlos Fabra.

La cronología de los hechos tiene como fecha clave el 8 de noviembre de 2011, día en que el Consejo de Gobierno del Consorcio debía haber ratificado el contrato que el ex líder popular y el ex piloto habían firmado el 1 de junio del mismo año. La confirmación no se produjo ante la imposibilidad de disponer de la certificación del Ayuntamiento de La Vall respecto a la recalificación de los terrenos propiedad de Debón, en ese momento de uso industrial cuando la ley obligaba a que tuvieran una consideración de asistencial.

Según el portavoz de la formación nacionalista en la diputación, Xavier Trenco, “debe existir algún documento, algún acta del consejo de gobierno, donde se informe de que el proyecto se descartó, o que no se ratificó el contrato con Debón. Si no es así, sólo nos queda pensar que toda la operación fue un gran espejismo y que habrá que pedir responsabilidades a quien corresponda”.

En este sentido, el diputado de Compromís ha enumerado la larga lista de irregularidades que se han sucedido durante el proceso, desde la elección de los terrenos sin que mediara concurso público, pasando por la recalificación de los mismos a cargo de los entonces alcaldes del PP en La Vall d’Uixò, Isabel Bonig y Óscar Clavell, hasta que el vicepresidente del Consejo de Gobierno del Consorcio Provincial, Carlos Fabra, firmara el contrato, “cuando lo normal es que lo hubiera rubricado el director económico o el gerente”, ha precisado.

Por otro lado, Trenco ha explicado que una de las justificaciones para construir el Hospital de Día y relacionadas con el cambio de perfil del paciente de salud mental, según el informe de Begoña Fabra, jefa del servicio de recursos socio-sanitarios y asistenciales y sobrina del ex presidente de la Diputación de Castellón, se sustentaba “en el mayor papel de la mujer en la sociedad. No sabemos qué lectura hacer ante esa afirmación”, ha añadido.

El número 2 del PP al Congreso por Castellón para las elecciones generales del 26 de junio, Óscar Clavell, aprobó como alcalde de La Vall d’Uixò la recalificación de los terrenos propiedad de Álex Debón para construir el Hospital de Día. Según denuncia Compromís, el trámite administrativo comenzó meses atrás, cuando Isabel Bonig, actual presidenta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, ejercía todavía como alcaldesa de la población castellonense.

El 1 de marzo de 2011 el expiloto remitió un escrito al ayuntamiento requiriendo información sobre la situación de sus parcelas. La respuesta desde la concejalía de Urbanismo, entonces controlada por Clavell, se produjo el mismo día, indicándole que se había iniciado el proceso de modificación del PGOU vigente “a fin de compatibilizar el uso industrial previsto para la Unidad de Ejecución número 6 de suelo urbano con el uso asistencial”, tal cual se recoge en la información a la que ha tenido acceso la agrupación nacionalista.

En septiembre del mismo año el pleno municipal de La Vall aprobó la modificación y, un mes más tarde, se hizo efectiva la recalificación. En la cronología de los hechos, el entonces edil de Urbanismo acabó sustituyendo a Bonig como alcalde de la localidad al ocupar ésta la cartera de la Conselleria de Infraestructuras después de las elecciones locales y autonómicas del 22 de mayo.

A la vista de la documentación, el portavoz de Compromís en la Diputación de Castellón, Xavier Trenco, ha manifestado que “todo el proceso se parece muchísimo a un contrato cocinado entre Carlos Fabra y Álex Debón, con la participación de los responsables del Consorcio Hospitalario Provincial, de Isabel Bonig y de Óscar Clavell”.

Precisamente el Consorcio Provincial también se interesó por la situación urbanística de los terrenos del expiloto, según la información facilitada, ya que con fecha 18 de mayo de 2011 remitió a la alcaldesa de La Vall una solicitud de ficha técnica de las parcelas. Clavell, mediante un informe de la arquitecta municipal, respondió que estaban en fase de modificación.

“Lo más llamativo es cómo se suceden los hechos y en el momento en que esto ocurre”, ha destacado Trenco. “Tenemos un informe firmado por Begoña Fabra argumentando la necesidad de un hospital de patología dual que se construiría en unos terrenos ‘idóneos’ que existen en La Vall d’Uixò. Unas parcelas que son propiedad de Debón, con quien el entonces presidente de la Diputación, Carlos Fabra, mantiene una relación comercial que ahora está en los juzgados”, ha añadido.

Al respecto, según la Fiscalía, el exlíder del PP (condenado a cuatro años de prisión por delito fiscal) y el deportista entablaron un vinculo comercial que llevó a éste a prestar al primero 360.000 euros a cambio de obtener el contrato de arrendamiento para construir en las parcelas de su propiedad el Hospital de Día.

El número 2 del PP al Congrés per Castelló per a les eleccions generals del 26 de juny, Óscar Clavell, va aprovar com a alcalde de la Vall d’Uixò la requalificació dels terrenys propietat d’Álex Debón per a construir l’Hospital de Dia. Segons denúncia Compromís, el tràmit administratiu va començar mesos arrere, quan Isabel Bonig, actual presidenta del Partit Popular a la Comunitat Valenciana, exercia encara com a alcaldessa de la població castellonenca.

L’1 de març de 2011 l’expilot va remetre un escrit a l’Ajuntament en què demanava informació sobre la situació de les seues parcel·les. La resposta des de la Regidoria d’Urbanisme, llavors controlada per Clavell, es va produir el mateix dia, i se li indicava que s’havia iniciat el procés de modificació del PGOU vigent “a fi de compatibilitzar l’ús industrial previst per a la Unitat d’Execució número 6 de sòl urbà amb l’ús assistencial”, tal com es recull en la informació a què ha tingut accés l’agrupació nacionalista.

El setembre del mateix any, el ple municipal de la Vall va aprovar la modificació i, un mes més tard, es va fer efectiva la requalificació. En la cronologia dels fets, el llavors edil d’Urbanisme va acabar substituint Bonig com a alcalde de la localitat en ocupar aquesta la cartera de la Conselleria d’Infraestructures després de les eleccions locals i autonòmiques del 22 de maig.

A la vista de la documentació, el portaveu de Compromís en la Diputació de Castelló, Xavier Trenco, ha manifestat que “tot el procés s’assembla moltíssim a un contracte guisat entre Carlos Fabra i Álex Debón, amb la participació dels responsables del Consorci Hospitalari Provincial, d’Isabel Bonig i d’Óscar Clavell”.

Precisament el Consorci Provincial també es va interessar per la situació urbanística dels terrenys de l’expilot, segons la informació facilitada, ja que amb data 18 de maig de 2011 va remetre l’alcaldessa de la Vall una sol·licitud de fitxa tècnica de les parcel·les. Clavell, mitjançant un informe de l’arquitecta municipal, va respondre que estaven en fase de modificació.

“El més cridaner és com s’esdevenen els fets i en el moment en què passa això”, ha destacat Trenco. “Tenim un informe signat per Begoña Fabra en què argumenta la necessitat d’un hospital de patologia dual que es construiria en uns terrenys ‘idonis’ que hi ha a la Vall d’Uixò. Unes parcel·les que són propietat de Debón, amb qui el llavors president de la Diputació, Carlos Fabra, manté una relació comercial que ara està en els jutjats”, ha afegit.

Sobre això, segons la Fiscalia, l’exlíder del PP (condemnat a quatre anys de presó per delicte fiscal) i l’esportista van establir un vincle comercial que va portar Debón a prestar al primer 360.000 euros a canvi d’obtenir el contracte d’arrendament per a construir en les parcel·les propietat seua l’Hospital de Dia.