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Guía rápida para no perderse en la Operación Taula

Una explicación sobre qué y a quién se investiga en la iniciativa judicial que ha conmocionado al PP valenciano

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La senadora Rita Barberá, en la rueda de prensa que protagonizó para negar su implicación en cualquier caso de corrupción.

La senadora Rita Barberá, en la rueda de prensa que protagonizó para negar su implicación en cualquier caso de corrupción.

La Operación Taula ha puesto patas arriba al PP valenciano, ya desnortado tras perder casi todo su enorme poder en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015. Un mes después de la  macrorredada policial -el 26 de enero- Rita Barberá está a las puertas de su imputación, el PP de Valencia ciudad  ha sido disuelto y el de la autonomía va hacia una refundación light. Algunas claves para no perderse en el caso de corrupción más sonado de los últimos años en la Comunidad Valenciana.

¿Qué se investiga en la Operación Taula?

Las prácticas supuestamente corruptas de varios cargos del PP e instituciones y entidades bajo su control. Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la investigación se centra en Imelsa (empresa de la Diputación de Valencia), la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, Ciegsa (empresa de la Generalitat encargada de construir colegios públicos bajo sospecha por sobrecostes millonarios) y la Fundación Jaume II El Just, por realizar adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales. Se investigan contratos desde el año 2003. En el transcurso de las pesquisas, se han detectado indicios de blanqueo de capitales y financiación ilegal en el PP de Valencia ciudad. El grueso de las pesquisas parte de la premisa de que se habrían podido cometer varios delitos contra la administración: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude y falsedad. 

¿Quienes son los detenidos e imputados de la Operación Taula?

Hay 24 arrestados. Dirigentes del PP (Alfonso Rus, expresidente de la Diputación, Máximo Caturla y Juan José Medina, exvicepresidentes, María José Alcón, exconcejal en Valencia, o Carmen García-Fuster, mujer de confianza de la exalcaldesa Barberá) y 12 empresarios implicados de una manera -pago de mordidas- u otra -implicados en el blanqueo de las comisiones ilegales- en el asunto. En total, hay 80 imputados en la causa, incluyendo los cargos públicos y los empresarios aludidos.

¿Cuando se cometen los presuntos delitos y cómo comienza la investigación?

La Guardia Civil y la Fiscalía investigan posibles delitos cometidos desde 2003 y hasta la primavera de 2015, cuando, siempre supuestamente, el PP de Valencia pudo blanquear dinero para financiar su campaña electoral. 

EU interpuso ante la Fiscalía en julio de 2014 la denuncia que dio origen a la investigación. Tras ocho meses de trabajo, el ministerio público denunció el asunto en un juzgado en marzo de 2015. El inicio de las pesquisas y la publicación de varias conversaciones escandalosas forzaron entonces el fin de la carrera política de Rus, un barón del PP valenciano hasta entonces. La macrorredada del 26 de enero de 2016 reventó definitivamente al PP valenciano.

¿Por qué nueve de los 10 concejales del PP de Valencia están imputados?

Por un presunto delito de blanqueo de capitales. En el transcurso de la investigación, se detectó un burdo sistema de blanqueo de dinero procedente de comisiones ilegales  Concejales, asesores y personal administrativo del grupo popular en el ayuntamiento transferían 1.000 euros por vía bancaria que luego recuperaban en dinero negro. Algún asesor ha reconocido el ardid. La mayoría de los implicados lo ha negado. La imputación de  49 de sus miembros ha implosionado al partido, ahora dirigido por una gestora.

El juez ha decidido apartar este caso -cuya investigación está muy avanzada- del resto de la causa. Ha abierto, en jerga judicial, una pieza separada.

¿Por qué todos los concejales de Barberá están imputados y ella no?

Barberá, al igual que otro exedil, Miquel Domínguez, ahora diputado autonómico, goza de una protección especial: el aforamiento. Esta figura impide que los juzgados ordinarios investiguen a procesen a cientos de cargos públicos (miembros del gobierno, diputados nacionales y autonómicos, jueces) sin los permisos correspondientes, el llamado suplicatorio. El juez ya ha iniciado los trámites para que el Tribunal Supremo, tras el permiso del senado, indague sobre la implicación de la exalcaldesa en el supuesto blanqueo de capitales. Si todos los concejales del último mandato de Barberá han sido imputados y llamados a declarar, no tiene sentido que con ella no pase lo mismo. La senadora, mientras, niega cualquier irregularidad.

¿Están los partidos de izquierda salpicados por el asunto?

En principio, no. La Guardia Civil ha tomado declaración, en calidad de investigados, a  varios cargos de la Diputación del PSPV-PSOE (entre ellos, el número 3 del partido, José Manuel Orengo), Compromís (un vicepresidente, Emili Altur) y EU (paradójicamente, la denunciante del caso, Rosa Pérez Garijo), pero, de momento, ninguno de ellos declarará ante el juez. La Fiscalía tampoco ha pedido su imputación. La Guardia Civil les ha inquirido sobre la contratación de personal a través de Imelsa. Todos han dejado entrever, tras declarar, que pronto serán definitivamente liberados de cualquier sombra de duda.

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