Los alcaldes que cobraron sueldos más altos por ejercer esa labor en Galicia fueron, según datos de 2024, el de Vigo, Abel Caballero, con 78.206 euros brutos anuales; y la de A Coruña, Inés Rey, con 77.532 euros. Gobiernan las dos ciudades más pobladas de la comunidad. A continuación aparece el sueldo del regidor de Lugo, de 75.774 euros. El gobierno de la ciudad lo encabezaba entonces Paula Alvarellos, que falleció en marzo de 2025 y fue sustituida en el cargo por Miguel Fernández.

Estas tres ciudades son las que pagan más de 70.000 euros a sus alcaldes, a falta de conocer lo que cobró el regidor ourensano, Gonzalo Pérez Jácome, en 2024. Los datos de ese año no fueron comunicados y no aparecen en la última Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) publicada por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Sin embargo, esa recopilación sí recogía los ingresos de Jácome como alcalde en 2023, que ascendieron a 75.215 euros brutos.

En el siguiente mapa se pueden consultar los sueldos que los ayuntamientos pagaron a los alcaldes gallegos en 2024. El color indica la cantidad -cuanto más oscuro, más elevada- y el tamaño del círculo representa la población.

¿Cuánto cobra tu alcalde? Los sueldos de todos los municipios

Retribuciones percibidas por los alcaldes de los municipios durante el año 2024. El tamaño del círculo indica la población

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Fuente: Información Salarial Puestos de la Administración (ISPA)

Tras estas ciudades, aparece el sueldo de la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín. Los datos del Ministerio reflejan un cobro 26.190 euros en 2024, pero la página de transparencia del Ayuntamiento indica que la cantidad para la regidora de la capital gallega fue superior: 66.288 euros. El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que en otros ejercicios se situaba entre los regidores con mayor sueldo, comunicó unos ingresos de 44.920 euros en 2024. La explicación es que a mediados de ese año se jubiló como médico y renunció al sueldo como alcalde para pasar a ingresar su pensión.

El ayuntamiento de la última de las siete principales ciudades gallegas, la de Ferrol, no pagó nada al alcalde por estas tareas. José Manuel Rey Varela es también senador -por designación autonómica- y percibe el salario de la Cámara Alta.

El sueldo de los alcaldes está relacionado con la población del municipio, en función de la cual se establecen rangos de lo que puede cobrar cada concejal y el tipo de dedicación que pueden tener. Cada año, el límite del sueldo lo fija el Ministerio de Hacienda a través de los Presupuestos Generales del Estado. Quienes más población tienen (más de 500.000 habitantes) pueden cobrar como máximo 117.293,32 euros, según las cifras para 2024. Una cuantía que disminuye a medida que se reduce el número de empadronados en el municipio. Eso sí, los que regentan una localidad pequeña, de menos de 1.000 habitantes, solo pueden trabajar de forma parcial y no pueden cobrar más de 35.000 euros en el mejor de los casos.

En Galicia, fuera de las principales ciudades las retribuciones más altas las recibieron en 2024 la alcaldesa de Marín, María Ramallo, con 65.297 euros brutos anuales. A continuación figuran los alcaldes de Arteixo, José Carlos Calvelo, que cobró 65.048 euros, y Oleiros, Ángel García Seoane, con unos ingresos de 63.240 euros. En toda la comunidad hay una treintena de regidores que cobraron por encima de los 50.000 euros, entre los que se encuentran los de municipios de tamaño medio como A Estrada, Ames o Boiro, pero también de ayuntamientos en los que están empadronadas menos de 5.000 personas. Este último es el caso de Riotorto -en donde el alcalde comunicó un sueldo de 48.260 euros-, Dumbría -48.066 euros-, Forcarei -48.049 euros-, Castrelo de Miño -47.928 euros- o Boborás -47.857 euros-.

En el lado contrario, entre los alcaldes con dedicación -parcial o exclusiva- el salario más bajo comunicado fue el de la regidora de A Bola (Ourense), María Teresa Barge, que percibió 7.208 euros. El de Esgos (Ourense), José Antonio Blanco, notificó un sueldo de 9.330 euros y el de Viana do Bolo, que entonces era Andrés Montesinos, trasladó que cobró 11.133 euros. De los 313 ayuntamientos que hay en Galicia, 36 no informaron de los pagos a los regidores en 2024.

El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL) de Guadalajara ha sido reconocido con la Placa al Mérito Social en el Día de la Provincia 2025. El galardón fue entregado en el acto institucional celebrado finalmente, tras un primer aplazamiento debido al incendio en el Pico del Lobo, este pasado viernes, 17 de octubre, en la sede de la institución provincial.

El presidente de COSITAL Guadalajara, José Javier Ruiz Ochayta, fue el encargado de recoger la distinción, junto a Rafael Santiago, presidente de COSITAL Castilla-La Mancha y vicepresidente del consejo estatal de COSITAL, y a Erika Calderari, vicepresidenta de COSITAL Guadalajara. Posteriormente, Ruiz Ochayta valoró el premio destacando su coincidencia con una efeméride muy especial. “Celebramos cien años desde la constitución de los colegios oficiales de secretarios en 1925. Este reconocimiento llega en un momento en el que queremos poner en valor tanto nuestra historia como el papel imprescindible que desempeñamos en el día a día de los ayuntamientos y diputaciones”, señaló.

Ruiz Ochayta recordó que la labor de los habilitados nacionales en las instituciones locales es “tan necesaria”, ya que supone velar por la legalidad de los acuerdos municipales y el buen uso de los fondos públicos, además de ejercer funciones que no desarrollan otros cuerpos funcionariales. “Somos una pieza clave porque estamos en todos los municipios, desde los más grandes hasta los más pequeños, incluso en los más alejados y con menor población. Allí también hay un secretario garantizando la legalidad y el buen funcionamiento administrativo”, apuntó.

El presidente provincial de COSITAL añadió que el galardón es “un motivo de orgullo para un colectivo que trabaja en un segundo plano. Como servidores públicos, que se reconozca nuestra labor diaria siempre es de agradecer, y más aún cuando el reconocimiento llega de una de las instituciones con las que trabajamos cada día, como es la Diputación Provincial”.

Recientemente, COSITAL Guadalajara organizó un acto conmemorativo del Centenario, que tenía lugar el pasado 10 de octubre en el auditorio del Centro San José de Guadalajara. La jornada contó con la asistencia de las principales autoridades provinciales, una ponencia sobre inteligencia artificial aplicada a la Administración local y un acto de confraternización, de manera que el“centenario fue también una mirada al futuro”, terminó Ruiz Ochayta.

El secretario del Ayuntamiento de Horche (Guadalajara) y también vicepresidente de la Comisión Ejecutiva Estatal del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL), Rafael Santiago se convirtió de nuevo este martes en presidente de la entidad en Castilla-La Mancha.

Uno de sus objetivos principales en esta prórroga mandataria, según ha declarado, pasará por visibilizar el trabajo del colectivo con la celebración del primer centenario de la entidad.

El presidente establece como prioridades “mantener el compromiso con la prestación del servicio en todo el territorio castellanomanchego, mejorar y ampliar la formación de los funcionarios, y abordar con rigor la adaptación a los próximos cambios legislativos”.

“Intensa colaboración” con la FEMP

Otra de las tareas planteadas por Rafael Santiago es la de colaborar con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de Castilla-La Mancha para “reforzar” la presencia y cobertura de los profesionales en los municipios de Castilla-La Mancha. También, seguirá colaborando con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) con el fin de consolidar las Jornadas de Urbanismo en la facultad de Derecho en el Campus de Toledo.

Somos un cuerpo muy bien adaptado al terreno, con un profundo conocimiento de lo local, y con un tejido profesional que llega hasta el último rincón de nuestra región

De esta manera, Santiago hace hincapié en que las funciones de los secretarios, interventores y tesoreros se presten con eficacia en toda la región sin tener en cuenta el tamaño del municipio. “Queremos que se cuente con nuestro colectivo para cualquier tarea vinculada al servicio público y al interés general. Somos un cuerpo muy bien adaptado al terreno, con un profundo conocimiento de lo local, y con un tejido profesional que llega hasta el último rincón de nuestra región”, afirma el presidente de COSITAL Castilla-La Mancha.

Rafael Santiago insiste en que la entidad que preside es “fundamental” en el Estado de Derecho, porque “garantiza la legalidad, la objetividad en la gestión pública y la igualdad de trato a todos los ciudadanos, vivan donde vivan”.

Además, se asegura que, gracias a este sistema, los ayuntamientos españoles “avanzaran en transparencia, eficiencia, democratización y proximidad al ciudadano”.

La transparencia en el reparto de los fondos europeos Next Generation, mediante el acceso a la plataforma COFFEE, o el cumplimiento de las reglas fiscales establecidas por la Unión Europea son algunas de las funciones decisivas para el país y además “influyen en el cumplimiento de los compromisos que el Estado español tiene con Europa”, asegura Santiago. “Debemos mantener un perfil estatal y no regional, por eficacia, por cohesión institucional y por respeto al interés general”, concluye.

Los dos contratos suscritos entre el alcalde de Fuendetodos, Enrique Salueña (Cs), y el abogado externo fijaba una compensación del 10% por el mero hecho de que el Ayuntamiento tardara más de diez días en pagar una factura. La labor del letrado, según figura en el segundo de los documentos -de 2023-, era reclamar a las empresas instaladas en el municipio los impuestos y las tasas que figuran en las ordenanzas municipales. Solo el año pasado, percibió casi medio millón de euros del Consistorio zaragozano.

El Juzgado de lo Penal nº2 de Zaragoza investiga ahora al alcalde y a la secretaria-interventora por los cuantiosos pagos al letrado externo. Ambos han declarado ya ante la Policía Judicial de la Guardia Civil.

La relación laboral entre el Ayuntamiento de Fuendetodos y el abogado Felipe Pirón arrancó en mayo de 2017, según consta en un documento municipal suscrito por ambos. Se fijó una cuantía de 400 euros al mes por la “defensa de los intereses” del Consistorio, aunque ya entonces se indicó que esto se minutaría “de forma independiente”. Y se incluyó una coletilla: en caso de no abonar la corporación la factura en el plazo de diez días, el abogado tendría “derecho a un incremento de un diez por ciento sobre la minuta emitida”.

En octubre de 2023 esta relación laboral se renovó, pero la labor de Pirón había cambiado. Entonces, su función sería casi la de ejercer de cobrador del frac, pero con los impuestos y tasas municipales. En concreto, según refleja el contrato, su tarea era ejercer reclamaciones económicas “a las empresas que dentro del término municipal solicitan la instalación de parques eólicos, tendidos eléctricos y construcción de la SET; la reclamación de las cantidades en aplicación de las ordenanzas municipales existentes y la creación de la ordenanza fiscal por utilización del dominio público local”.

De nuevo, en caso de demora de diez días, el recargo que debía asumir el Ayuntamiento era del 10%. Consultado por este periódico, el primer edil asegura que nunca se llegó a tener que pagar esa compensación.

La relación laboral plasmada en las hojas de encargo de mayo de 2017 y octubre de 2023 no se suspendió formalmente hasta el pasado 11 de septiembre, tal y como consta en una comunicación del alcalde a la secretaria-interventora. En ese escrito, el primer edil también insta al “inicio inmediato de auditoría de los trabajos, facturas y gestión realizadas” por el letrado.

La única plaza cubierta “de oficio”

Meses antes, el Gobierno de Aragón había tenido que cubrir “de oficio” la plaza de la Secretaría-Intervención de Fuendetodos debido a que el alcalde no daba un paso para elegir funcionario público. Fuentes de Administración Local del Ejecutivo autonómico han confirmado que, de los más de 400 nombramientos de secretarios designados en esta legislatura, el del Ayuntamiento fuendetodino es el único para el que tuvieron que dar este paso, algo que hicieron en abril del año pasado.

De hecho, dos días después de la apertura de diligencias judiciales, el 19 de septiembre, la directora general de Administración Local, Marina Sevilla, envió un escrito a la Fiscalía Provincial en el que detallaba las “actuaciones” que habían llevado a cabo sobre este caso. En el documento, Sevilla informaba de las dificultades que habían encontrado para que el Ayuntamiento designara un secretario-interventor, lo que de hecho motivó que el Ayuntamiento de Villar de los Navarros, con el que compartían una agrupación secretarial, optara por separarse.

Lo normal en estos casos es que Administración Local propocione a los alcaldes una terna de nombres de secretarios-interventores, entre los primeros situados en la lista de interinos, para que el regidor elija uno tras entrevistarse con él. Pero para Fuentedetodos fue la propia Dirección General la que tuvo que “impulsar, de forma extraordinaria, su cobertura de oficio”, ya que “ningún candidato parecía idóneo al Ayuntamiento”. La elegida fue M. I..

Sobre la ahora investigada, Sevilla trasladaba en el mismo escrito que fue la propia funcionaria pública quien llamó a la Dirección General dando cuenta de los “problemas” que tenía “para acceder al control de la contabilidad, que estaba ejercida por el abogado Felipe Pirón”. Ante esta situación, Administración Local le indicó “expresamente” que informara de los pagos al letrado “de forma inmediata”.

A los dos días, la secretaria-interventora hizo llegar el informe. En él constataba que no había facturas en el registro, sino que los pagos estaban “domiciliados”, y que no había ni procedimiento de contratación y ni consignación presupuestaria suficiente. Al conocer la enorme cantidad que el Ayuntamiento había pagado al abogado en 2024, Administración Local fue clara en un mensaje por correo electrónico: “El tema tiene la suficiente entidad como para seguir coordinadas con otros órganos con capacidad investigadora de más alcance que la que nosotros y tú misma tienes”. La Policía Judicial de la Guardia Civil ya estaba entonces encima del caso.

El Gobierno de Castilla-La Mancha seguirá adelante con la tramitación de la Ley de Simplificación Administrativa, en medio de las numerosas críticas realizadas por los sindicatos que han pedido su retirada tras el “varapalo” del dictamen del Consejo Consultivo. La consejera portavoz, Esther Padilla, ha defendido que el objetivo de la ley es hacer una “administración más ágil” con menos trámites “innecesarios” para la ciudadanía y las empresas. Padilla ha asegurado que se tendrán en cuenta las “observaciones” del Consejo Consultivo para que la ley “pueda publicarse de la mejor manera posible”

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el Proyecto de Ley de Simplificación Administrativa, comenzando así con la tramitación parlamentaria de una norma que va a suponer “una revolución” en la Administración regional “para hacerla más moderna” y reducir “al máximo” los trámites burocráticos.

La portavoz regional ha defendido que con la ley se reducen “los tiempos” y la “documentación a aportar”, mientras se impulsa el uso de las herramientas digitales y el uso de la inteligencia artificial. “Precisamente para contribuir a facilitarles la labor a los ciudadanos de cara a la administración, a ser proactivos e incluso evitar desplazamientos”, recalca. Todo esto va a “facilitar la vida a las personas” y a “impulsar la economía, fomentar la inversión y mejorar la transparencia”.

La norma que aprobamos es enormemente garantista, más incluso que en el resto de comunidades autónomas

Esther Padilla — Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha

El dictamen del Consejo Consultivo criticaba en concreto la “indefinición” del papel que cumplirán las llamadas entidades colaboradoras de la administración. Una figura, defendía Padilla, que “no nos hemos inventado en Castilla-La Mancha”, sino que llevan funcionando “mucho tiempo” en España. Por eso, la portavoz regional ha defendido que lo que se hace es “definir lo que son” y “establecer los requisitos que deben cumplir para constituirse como tales”. “La norma que aprobamos es enormemente garantista, más incluso que en el resto de comunidades autónomas”, aseveró Padilla. “La ley deja claro que no van a ejercer nunca potestades públicas”, destaca.

El resumen de Padilla es que la ley quiere implantar un “modelo de admniistración que confía en ciudadanos, ciudadanas, en las empresas y en las entidades”, y que por eso se quieren “agilizar” los procedimientos con herramientas como una modalidad de declaración responsable en lugar las autorizaciones. La ley, explicó la portavoz, introduce también el silencio administrativo “positivo” en lugar del denegatorio. También se establecen procedimientos de resolución plazos reducidos de 3 meses, añadió, una tarea que el Gobierno se pone a sí mismo para “ser más ágiles en la en la gestión”.

“Digitalizar la administración es la verdadera forma de simplificar la administración”, aseveró igualmente Padilla, para explicar que se regula también la inteligencia artificial en en la administración regional como una herramienta para prestar servicios a la ciudadanía. La regulación, detalló, persigue dar “seguridad jurídica tanto a los empleados y empleadas públicas como también a los usuarios y a las usuarias que se acercan a la administración para ser beneficiarios de determinados servicios”.

Y el espacio ciudadano es otra de la novedad, “por no decir la novedad por excelencia”, en palabras de la portavoz, uno de los “ejes centrales” de la ley y que se ha concebido como una plataforma de servicios digitales por la información de personas físicas, entidades y empresas para realizar actuaciones como, por ejemplo, el acceso a expedientes y notificaciones y el seguimiento del estado de la tramitación y procedimientos de los que sea parte.

El Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha ha emitido un dictamen sobre el anteproyecto de la futura Ley de Simplificación Administrativa autonómica, impulsada desde el Ejecutivo regional. Un documento “demoledor”, según el sindicato STAS, que ha valorado que se trata de un “severo revés institucional” para la Junta de Comunidades. Desde el sindicato afirman que el organismo consultivo “propone enmendar más de la mitad del articulado del anteproyecto”.

Fuentes del sindicato consultadas por este medio apuntan a la figura de las entidades colaboradoras, un instrumento “polémico”, que también denunció el sindicato CCOO asegurando que supondría “privatizar” algunos servicios públicos. Mientras, STAS habla con preocupación de que las entidades privadas “podrían asumir funciones actualmente en manos de empleadas y empleados públicos”, y eso supone, abundan, “una privatización encubierta de servicios esenciales como la inspección y certificación, funciones que, según el Estatuto Básico del Empleado Público, deben ser ejercidas exclusivamente personal funcionario”. Un extremo negado por el Gobierno de Emiliano García-Page.

Esta figura de las entidades colaboradoras se estructura en torno al Título IV de la nueva ley. El Consejo Consultivo explica en el dictamen al que ha tenido acceso elDiario.es Castilla-La Mancha que la figura ya se ha regulado en varias comunidades autónomas, para simplificar y agilizar determinados procedimientos administrativos.

Sin embargo, en el caso del anteproyecto de la ley castellanomanchega, considera que el texto propuesto refleja “una gran indefinición a la hora de fijar las funciones que podrán ejercer estas entidades privadas”. Por eso, el Consejo Consultivo advierte: “Requiere replantear su redacción”, para “eludir potenciales problemas interpretativos o de seguridad jurídica”.

Incluso, llegan a recordar, “a la vista de la generalidad de las funciones y de la amplitud con la que quedan regulados los ámbitos de actuación en los que podrán participar las entidades colaboradoras”, que la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público dispone que “el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca”. 

El Consejo recuerda también que hay jurisprudencia que expresa la “limitación de las actividades que pueden ser realizadas por terceros ajenos a la organización administrativa”.

Anteproyecto “impreciso” y que genera “inseguridad jurídica”

Para el sindicato STAS este dictamen, que es preceptivo y no vinculante, considera “que buena parte del contenido del anteproyecto es impreciso, carece de claridad y genera una preocupante inseguridad jurídica”. El sindicato señala que la crítica llega en un “momento clave”, y que ayuda a “reforzar” la oposición mostrada por la organización al iniciarse el proceso de redacción de este anteproyecto de ley.

Comisiones Obreras, por su parte, ha lamentado que la tramitación de la Ley siga adelante, “pese a sus evidentes perjuicios a la ciudadanía y los servicios públicos”. La Federación de Servicios a la Ciudadanía pidió la retirada de este anteproyecto, al considerar que “abre la puerta a la privatización masiva de los servicios públicos” de la comunidad autónoma. “Pese a que García-Page presume de que esta ley es una 'colaboración público-privada', en realidad, la Ley de Simplificación amenaza a los servicios públicos con una disminución de las plantillas de empleo público, actualmente ya muy mermadas”, lamentan desde CCOO.

Lo cierto es que la regulación que el precepto hace de las denominadas unidades administrativas de apoyo, es bastante confusa

Extracto del dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha

STAS ha calificado el anteproyecto como “basura legislativa” y afirman que “pone en riesgo” principios esenciales “como la objetividad, la legalidad y la seguridad jurídica en la gestión pública” y destacan que el dictamen del Consejo Consultivo indica qu en el caso de las “Unidades administrativas de apoyo” es “determinante” que se doten con puestos de rtabajo, mediante una modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT). “Lo cierto es que la regulación que el precepto hace de las denominadas unidades administrativas de apoyo, es bastante confusa”, recalca el dictamen del organismo de consulta.

“El dictamen del Consejo Consultivo no deja lugar a dudas: el Gobierno regional debe frenar este anteproyecto y repensar su enfoque. Reclaman una modernización administrativa basada en el refuerzo del empleo público, mayor dotación presupuestaria y diálogo real con los y las representantes del funcionariado”, afirman desde STAS, desde donde recuerdan que el debate ahora depende de las Cortes de Castilla-La Mancha.

Por su parte, desde CCOO han asegurado que están a favor de una administración “más moderna y ágil”. “Pero esta ley no sólo no lo conseguirá, sino que debilita la estructura pública que garantiza los derechos de la ciudadanía; abre de par en par las puertas para la gestión de estos derechos por entidades privadas; perjudica a la ciudadanía diferenciandola por su renta; y permite actuaciones sin supervisión pública cuyos perjuicios no podrán ser reparados, entre otras muchas cosas”, rematan.

El Consejo Consultivo ha emitido un dictamen favorable para que el anteproyecto pueda elevarse a Consejo de Gobierno, pero advierte igualmente de que se deben tomar en cuenta las varias consideraciones que ha expresado en el documento.

CSIF pide la retirada de la ley

El sindicato CSIF se ha unido a las críticas al anteproyecto y ha exigido la retirada de la ley debido al “contundente” dictamen “negativo”, que supone para la organización un “auténtico varapalo” que desmonta “totalmente” la ley. “Desde noviembre venimos denunciando que supone un auténtico atentado a los servicios públicos de la región abriendo la puerta a su privatización bajo el pretexto de la eficiencia administrativa”, sostiene Joaquín Sánchez, presidente del Sector de Administración General de la Comunidad Autónoma de CSIF Castilla-La Mancha.

Sánchez apostilla que “el Gobierno regional ha hecho oídos sordos a las advertencias de los representantes de los trabajadores, se le ha dicho por activa y por pasiva que no podía seguir adelante con esta normativa. Esperemos que deseche esta ley porque abre la puerta a la privatización de los servicios públicos”.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se ha desmarcado de la línea oficial del PP y frente a la famosa consigna que habitualmente proclama su presidente nacional, Alberto Núñez Feijoo, sobre la necesidad de que “se bajen los impuestos, ya”, el equipo de gobierno del Ayuntamiento ovetense, del mismo signo político, ha aprobado una subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), cifrada en un 7,5 por ciento para este ejercicio 2025.

El Grupo Municipal Socialista ha criticado esta decisión que contradice la propuesta de bajada de impuestos municipales “vendida” por Feijóo el pasado fin de semana en Zaragoza.

El PSOE resalta la “incoherencia” del PP

El concejal socialista Javier Ballina ha resaltado la “incoherencia” que, a juicio de su grupo municipal, practica el PP a la hora de transmitir un mensaje equívoco al pronunciarse a favor de una bajada de impuestos y luego, en Oviedo, aplica la medida contraria.

“Desde el Grupo Municipal Socialista desconocemos si la falta de la firma de Alfredo Canteli en los acuerdos de Zaragoza implica una falta de conformidad con las propuestas del señor Feijóo en materia tributaria. En cualquier caso, lo que sí sabemos desde el Grupo Socialista es que, frente a la propuesta de bajada de impuestos realizada por Feijóo, Alfredo Canteli sube todos los impuestos”, ha explicado el edil.

Al principal partido de la oposición en el consistorio le preocupa que el alcalde y su equipo de gobierno hayan descartado la propuesta que su grupo presentó en materia tributaria y que suponía bonificaciones para tasas e impuestos municipales.

Ballina: “Supondrá un perjuicio para Oviedo”

Para el concejal Ballina, esta negativa a estudiar su propuesta supondrá un perjuicio para los ciudadanos y ciudadanas de Oviedo.

“Frente a la promesa de bonificaciones esbozada en la reunión de munícipes auspiciada por Feijóo, el equipo de gobierno de Canteli votó en contra de las bonificaciones al IBI y otros gravámenes que habían sido planteadas por nuestro grupo para este ejercicio. Menos demagogia y más soluciones”, ha exigido.

El Grupo Municipal Socialista considera que la postura de Alfredo Canteli y su equipo de gobierno va en contra de las medidas por las que abogan a nivel nacional.

“No se puede estar en misa y repicando. No se puede prometer bajadas de impuestos mientras aquí se hace lo contrario”, ha afirmado el edil.

La subida de impuestos

Eldiario.es Asturias ya avanzó en la edición del pasado 2 de octubre que el Grupo Municipal del PP había utilizado su mayoría absoluta en la corporación para sacar adelante en solitario su propuesta de ordenanzas fiscales para 2025.

Los votos de sus 14 concejales fueron suficientes para aprobar una subida del IBI general y de la tasa de recogida de basura, entre otros impuestos.

La oposición en bloque -PSOE, IU-Convocatoria por Oviedo y Vox- ya criticaron entonces al equipo de gobierno por este “rodillo” y le acusaron de realizar una “mala gestión económica”.

El pleno del mes de octubre aprobó las nuevas ordenanzas fiscales que se traducirán en un incremento del 7,5 por ciento del IBI general “transitorio y temporal”, una subida del 80 por ciento sobre el canon de recogida de residuos y del 10 por ciento en el suministro de agua potable.

Patricia Bárcena es licenciada en Derecho, diplomada en Criminología y ha ejercido durante más de dos décadas la abogacía en materias vinculadas a la defensa de los derechos humanos. Es especialista en Derecho de Extranjería, fue directora en Euskadi de la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) y ha participado en distintas misiones de observación internacional sobre la situación de los derechos humanos en México, Palestina, Guatemala o Colombia. Ahora, desde el Defensor del Pueblo, donde es adjunta segunda del Defensor, se dedica a coordinar las áreas de Medio Ambiente y la Ordenación del Territorio, la Economía y Hacienda y las Migraciones e Igualdad de trato. También es miembro del Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP).

Bárcena responde a las preguntas de este periódico en una cafetería del centro de Bilbao, donde explica, además de su trayectoria y el trabajo que desarrolla desde su puesto como adjunta al Defensor del Pueblo, qué se puede hacer cuando una ley vulnera los derechos humanos. “Con la norma que tenemos y, sobre todo, con la interpretación conforme a los derechos humanos, hay que buscar la vía para procurar que que esos derechos sean garantizados, porque vías existen. Es verdad que la norma se puede hacer cada vez más estricta si las modificaciones que hay tienden a restringir las vías de acceso a los derechos. Luego hay otra cuestión, que es la incidencia que podamos tener. Y eso es lo que he procurado hacer a lo largo de mi vida en los distintos trabajos que he tenido, no solo trabajar el caso concreto, sino intentar junto con otras personas, otras organizaciones o ahora, desde la institución en la que estoy, que aquellas normas que aunque estén en vigor, generen situaciones injustas, sean modificadas. Hay que transformar el Derecho con lo que demanda la sociedad y con las necesidades de las personas”, reconoce.

Es abogada y criminóloga, ¿cómo surgió su interés por defender los derechos humanos?

Siempre me ha gustado defender a las personas, siempre me posicionaba a favor de lo más complejo, de quien estaba pasándolo peor. Dudé entre estudiar Derecho o Periodismo, pero me decanté por Derecho y me gustó el Derecho Penal. Después, gracias al profesor Antonio Beristain, un referente en materia de Criminología y fundador del Instituto Vasco de Criminología, me surgió la inquietud de ver el derecho penal desde otra perspectiva: desde el punto de vista del delincuente y la víctima y no solo desde el Derecho Penal o de esa parte más punitiva. Él hizo que me interesara en el porqué del delito, qué es lo que lleva a la gente a delinquir y cómo tratamos a las víctimas.

También es especialista en derecho de Extranjería y fue directora de CEAR en Euskadi. ¿Por qué es necesario el trabajo de esas asociaciones?

Unas amigas y yo conocimos a unos chicos de Bosnia. Estábamos en el año 1993 y llegaron a Euskadi muchas personas refugiadas desde Bosnia. De repente, conocimos otra realidad, la de las personas que huyen de sus países, llegaban al nuestro, no tenían nada y nadie les atendía. Desde la perspectiva del Derecho había muy pocas vías y muy poca gente sabía de eso. Entré como voluntaria en una organización que en aquel momento era solamente la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y, con los años, ya creamos otra que es la parte de CEAR Euskadi. Fui la directora y lo compatibilicé con mi ejercicio profesional. En aquel entonces había muy pocos abogados que supieran de Extranjería en Euskadi y los pocos que había querían que más abogados se interesasen por la materia. ¿Qué pasaba? Que las personas extranjeras que llegaban en busca de ayuda eran pobres y ese trabajo no daba de comer si no estaba compatibilizado con otro o si no lo hacías a través de organizaciones que te pagasen tus servicios. Hoy en día la situación no tiene nada que ver con la de hace 30 años, ahora hay muchos abogados que se dedican a Extranjería, aunque las necesidades siguen siendo muchas porque hay una población extranjera mucho más amplia.

Muchas asociaciones de migrantes y derechos humanos denuncian que es la propia Ley de Extranjeria la que supone una barrera a la hora de alcanzar derechos o de poder estar en el país de forma regular. ¿Qué se puede hacer?

La abogacía tiene la labor de interpretar y trabajar las normas de conformidad con los derechos de las personas que protege o atiende. La misma norma se puede leer de una u otra manera. Un abogado tiene que saber defender a quien delinque y a quien ha sido objeto de delito. Lo mismo pasa en el Derecho Administrativo. En estos casos, el extranjero se enfrenta a la Administración, que es la que tiene que dar la documentación y reconocer el derecho a vivir en el país. Con la norma que tenemos y, sobre todo, con la interpretación conforme a los derechos humanos, hay que buscar la vía para procurar que que esos derechos sean garantizados, porque vías existen. Es verdad que la norma se puede hacer cada vez más estricta si las modificaciones que hay tienden a restringir las vías de acceso a los derechos. Eso complica las posibilidades de de regularización, pero nuestra labor es, con la norma que tenemos, interpretarla de la mejor manera, conforme a los derechos humanos y a las personas que defendemos. Luego hay otra cuestión, que es la incidencia que podamos tener. Y eso es lo que he procurado hacer a lo largo de mi vida en los distintos trabajos que he tenido, no solo trabajar el caso concreto, sino intentar junto con otras personas, otras organizaciones o ahora, desde la institución en la que estoy, que aquellas normas que aunque estén en vigor, generen situaciones injustas, sean modificadas. Hay que transformar el Derecho con lo que demanda la sociedad y con las necesidades de las personas.

Nos tenemos que unir todas las personas, de izquierdas o de derechas, que no creen en el fascismo y creen en la democracia, en las libertades y en los derechos alcanzados

¿Y cómo se puede transformar el Derecho para satisfacer esas necesidades?

Trabajando con otras alianzas de abogados, con organizaciones sociales y con las instituciones desde el consenso, desde el diálogo y a través de los grupos parlamentarios que son los que tienen la obligación de representarnos en el Parlamento y de hacer las leyes. Yo soy de la opinión de que hay que trabajar con todos los grupos para poder llegar a consensos y convencerles de que determinadas situaciones que se pueden producir, son injustas, pero que se pueden modificar a través de ordenanzas municipales, de instrucciones o a otro nivel administrativo más local.

En este sentido, en cuanto al tema de la migración, ¿considera que puede llegar a haber en Europa y España un efecto Trump con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca?

Yo creo que ya hay un efecto Trump. Llevamos años de deterioro de la democracia y los discursos más fascistas, ya no conservadores, sino fascistas, están tomando terreno en Europa con líderes como Orbán o Meloni. Tenemos muestras de esa derecha más conservadora y peligrosa en Europa que está haciendo que calen determinados discursos racistas y xenófobos. Es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar y con la que nos tenemos que unir todas las personas, que independientemente de que sean de izquierdas o de derechas, no creen en el fascismo y creen en la democracia, en las libertades y en los derechos que hemos alcanzado a lo largo de todos estos años.

Pagamos a la Administración con nuestros impuestos, por lo tanto, como ciudadanos, tenemos que exigir que nuestros derechos se cumplan

¿Cuál es su labor como adjunta al Defensor del Pueblo?

En el equipo de trabajo del Defensor del Pueblo está el defensor y sus dos adjuntas, que coordinamos todo el trabajo de la institución. Tenemos el trabajo dividido entre los tres y yo me ocupo de áreas de trabajo como el Medio Ambiente y la Ordenación del Territorio, la Economía y Hacienda y las Migraciones e Igualdad de trato. Además, formo parte del Consejo del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Tenemos distintas visiones de trabajo, las áreas que reciben las quejas ciudadanas y las actuaciones que llevamos a cabo de oficio cuando vemos qu ese está produciendo alguna situación injusta que afecta a un número importante de ciudadanos.

¿La sociedad entiende que existe un Defensor del Pueblo al que se puede acudir o le cuesta llegar a la institución?

En el Defensor del Pueblo de España tenemos al año alrededor de las 35.000 quejas. Luego contamos también con defensores autonómicos, en Euskadi está el Ararteko, con quien el Defensor del Pueblo se coordina y que también tiene muchas quejas ciudadanas. Aunque considero que son instituciones que se conocen menos de lo que se debería. Puede que parte de la ciudadanía no quiera dirigirse a ellas porque consideran que tiene mucha complicación o crean que no puede hacer nada, pero yo creo que hay que exponer y denunciar las cosas que pasan, las injusticias, hay que quejarse mucho porque las instituciones y la Administración están para servir a los ciudadanos. Nosotros pagamos a la Administración con nuestros impuestos, por lo tanto, como ciudadanos, tenemos que exigir que nuestros derechos se cumplan y cumplir con nuestras obligaciones, sin duda. Desde lo más pequeño, desde las cosas más comunales, más vecinales y desde lo más cercano, debemos protestar con las vías que tengamos.

¿Qué es lo que hace exactamente el Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP)? ¿Hay casos de tortura en España?

El nombre siempre suscita un interés especial. El concepto de maltrato y tortura es muy amplio, puede que cuando se hable de tortura se piense en los casos más graves, pero hay muchas situaciones de tortura o maltrato que no tienen una gravedad tan llamativa, que pueden ser más sutiles o que no se ven. Nosotros lo que hacemos es visitar todos los centros de privación de libertad, no solo cárceles o calabozos de comisarías, sino aquellos lugares donde las personas no pueden salir, pueden ser hospitales psiquiátricos o residencias de mayores. Contorlamos que no se utilicen mecanismos de contención que puedan hacer daño, no reaccionamos cuando ya haya un maltrato, porque quien se preocupa por eso una vez ocurra es la Fiscalía. Nosotros lo que hacemos es prevenir que no ocurran situaciones de este tipo para que cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado utilizan los mecanismos que necesitan para protegerse de una posible agresión, se puedan proteger con el menor daño a terceros posible.

La Sindicatura de Cuentas de Asturias sigue sin poder cubrir su plantilla, principalmente por la escasez de auditores que respondan al perfil requerido para trabajar en este órgano de control externo, según ha asegurado este jueves el síndico mayor, Roberto Fernández Llera.

El síndico mayor ha advertido además que, una vez que los profesionales han sido contratados, también “cuesta retenerlos”, a pesar de que son puestos que están “bien retribuidos”.

Fernández Llera ha hecho estas declaraciones durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Junta General del Principado, donde ha informado sobre el gasto previsto para el año 2025 por este órgano fiscalizador.

Un presupuesto “austero”

La Sindicatura contempla para el próximo año un gasto de algo más de 3,6 millones de euros, un “presupuesto austero” que, según Fernández Llera, no se agota porque de las 42 personas que deberían conformar la plantilla de este organismo sólo están cubiertos 33 puestos.

Aunque hay algunas vacantes en el área administrativa, el principal escollo se encuentra en el de fiscalización ya que solo están cubiertas nueve de las 15 plazas de auditores que hay previstas.

Como ejemplo de las dificultades que tienen para encontrar perfiles adecuados a esos puestos, el síndico mayor ha señalado que en la última oposición para cubrir ocho plazas hubo 111 inscripciones, pero que sólo se presentaron 23, de los que aprobaron cinco.

Los problemas para captar personal

“Hay problemas serios y profundos a la hora de captar personal y por eso no se ejecuta el cien por cien del presupuesto”, ha señalado Fernández Llera, que ha incidido en que no es un problema de las retribuciones que se dan en la Sindicatura, sino a la especificidad del trabajo que deben llevar a cabo que requiere perfiles muy especializados.

El presupuesto vigente, ha señalado, se había ejecutado al 65 por ciento al cierre de noviembre y podría alcanzarse el 71 por ciento a final de año, seis puntos por encima de la media de los últimos años, ha precisado el sindico mayor.

El gasto

El 83 por ciento del gasto del presupuesto del próximo año irá dedicado a gastos de personal, un 15 por ciento a gasto corriente y 110.000 euros a inversiones y completar el proceso de digitalización, partida que se congela por tercer año consecutivo.

“La austeridad es compatible con una labor valiosa” y “el valor que aporta es muy superior a los 3,6 millones que cuesta”, ha señalado Fernández Llera antes de precisar que el presupuesto de la Sindicatura ha aumentado un 6 por ciento desde 2020, periodo en el que el gasto de la administración del Principado lo incrementó en un 40 por ciento.

Fin de mandato

Los tres síndicos del órgano de control externo del Principdo fueron elegidos en abril de 2019 por lo que su mandato concluirá el mismo mes del próximo año, singularidad que se ha tenido en cuenta a la hora de aprobar el presupuesto y de elaborar el plan de fiscalizaciones que se atendrá, en principio, a las básicas, las obligadas por mandato legal.

El próximo año también se cumple el vigésimo aniversario de la puesta en marcha de la Sindicatura de Cuentas, una efeméride que se celebrará en abril con la celebración de un seminario al que asistirán expertos de varios países.

El Gobierno de Aragón impulsará jornadas de formación en materia de protección civil dirigidas a presidentes y técnicos comarcales para que ante la posible crecida de un río o un barranco conozcan lo mejor posible y apliquen los planes de emergencia y evacuación previstos en el Plan Territorial de Protección Civil de Aragón (PLATEAR), según ha anunciado este lunes el consejero de Fomento en la reunión del Consejo de Cooperación Comarcal.

“Por desgracia, acabamos de asistir a un dramático acontecimiento que ha asolado Valencia provocando más de 200 muertos y una preocupante cifra de desaparecidos, y ello nos obliga a ponernos en guardia para poder afrontar con la mayor eficacia una hipotética emergencia de este tipo”, ha destacado el titular de Fomento desde la sede del Gobierno de Aragón. “Nuestra prioridad debe ser siempre salvaguardar la vida de la gente y, en la medida de las posibilidades, sus viviendas y enseres materiales, y en esa tarea el conocimiento de los planes y una reacción temprana son cruciales”, ha añadido.

Aragón ha sufrido también el embate de las dos últimas DANAS, la de finales de agosto y principios de septiembre y la de hace dos semanas que, si bien no causaron daños personales, sí que amenazaron la integridad de las personas y provocaron ingentes daños materiales en más de 60 municipios de cinco comarcas: Comunidad de Calatayud, Comarca de Cariñena, Cuencas Mineras, Bajo Aragón-Caspe y Sierra de Albarracín.

Al respecto de los planeamientos urbanísticos y la concesión de licencias en la Comunidad, el consejero ha asegurado que Aragón lleva años mostrando “bastante rigor” en la concesión de licencias urbanísticas que, en todo, caso pueden darse en ocasiones con “algunos condicionantes”, porque “no es todo o nada.

“El tiempo nos está demostrando que cuando la Confederación Hidrográfica del Ebro dice que hay una dificultad manifiesta para que un proyecto esté dentro de la ordenación urbanística, eso es así, guste o no , porque al final, años después, vienen los problemas y circunstancias tan desagradables que se producen y, si no hay daños humanos, pues bueno, pero cuando empieza a haberlos entonces nos acordamos de que hace treinta años fuimos muy laxos en la adjudicación de una determinada licencia”, ha reflexionado López.

En ese sentido, el consejero ha sostenido que el Gobierno de Aragón trabajará “muy en coordinación” con la CHE, las comarcas “y los ayuntamientos que lo están pasando mal para solucionar lo que ha producido esta DANA, también para formar a la gente mucho mejor en el futuro y para dar una solución a un problema estructural que es muy grave”, ha afirmado.

Cómo ha de fluir la información

Las acciones formativas encaminadas a mejorar la respuesta a las emergencias climatológicas ya están instauradas, de hecho, recientemente se celebraron ya unas jornadas con este objetivo, pero Octavio López ha considerado oportuno que se profundice en ello para dotar a los responsables comarcales de los conocimientos suficientes para abordar “situaciones que siempre son muy complicadas”.

“Por eso, he dado instrucciones a la directora general de Administración Local para que vuelva a organizar unas jornadas prácticas orientadas a la actuación preventiva en un escenario de amenaza o catástrofe natural que redunde en el aumento de la seguridad de los ciudadanos”, ha declarado López.

Una nueva acción formativa en la que los técnicos del 112 de Aragón explicarán las cadenas de mando y cómo tiene que fluir la información en casos de emergencia.

“Tenemos que hacer lo posible por que los planes de protección civil sean conocidos por vuestros equipos, con los responsables y cadenas de mando claros, los teléfonos y formas de contacto más eficientes en cada momento y los mecanismos de transmisión de la información entre los responsables de adoptar decisiones y de cara a la población”, ha expuesto López a los presidentes comarcales.

También ha mostrado la intención del Gobierno de Aragón de facilitar que a lo largo de este año y el siguiente se puedan realizar simulacros para poner en práctica todos los conocimientos teóricos adquiridos.

Adicionalmente, Octavio López ha apuntado que se estudian líneas de ayudas para reforzar, actualizar y elaborar planes municipales, especialmente en aquellos municipios ribereños y otros considerados de especial peligrosidad en el mapa y catálogo de riesgos de Aragón por razón de su situación geográfica o por la actividad industrial que se desarrolle en su término municipal.

Más presupuesto para la comarcalización

En su informe como presidente del Consejo de Cooperación Comarcal, el consejero también ha recordado la intención anunciada por Jorge Azcón de aumentar el presupuesto dedicado a las comarcas en más de 2 millones para alcanzar los 65 millones de euros. Se trata de un incremento supeditado a la aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma de 2025.

Además, López ha subrayado que en el ejercicio 2024 el Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial ha transferido más de 10 millones de euros adicionales para el servicio de ayuda a domicilio de las comarcas y ha incrementado en 500.000 euros las ayudas para financiar la educación de adultos en el territorio.

La lucha contra la despoblación

Asimismo, Octavio López ha adelantado que se va a involucrar a las comarcas en la consecución de los objetivos fundamentales que se ha marcado el Gobierno de Aragón en materia de política territorial: “Es voluntad del departamento avanzar en esta legislatura en el papel de las Comarcas en materia de lucha contra la despoblación”.

Por ejemplo, el despliegue del nuevo mapa concesional de transporte está contando con estas administraciones “para pulir y corregir desajustes de las nuevas líneas”. Al mismo tiempo, el desarrollo de la Ley de Régimen de pequeños municipios incluirá la participación de las comarcas para atender sus necesidades y que puedan así ayudar a los municipios en tareas fundamentales como el apoyo en las labores de secretaría o urbanismo.

Finalmente, el consejero ha presentado un avance de la nueva identidad corporativa de las comarcas en la que se está trabajando. El logotipo deja atrás la denominación 'Comarcalización de Aragón', que se identifica “con un proceso superado, ya que las comarcas son una administración madura asentada en el territorio”, para cambiarlo por “Comarcas de Aragón”, que refleja una realidad territorial sólida y consolidada.

El Ayuntamiento de Llanes ha dado el primer paso para frenar la posible especulación en la proliferación de viviendas de uso turístico en el concejo. La Comisión municipal de Ordenación del Territorio y Vivienda aprobó este viernes una propuesta por la que no se concederán nuevas licencias para viviendas vacacionales tras obtener su visto bueno con los votos favorables de Vecinos por Llanes y el PP y la abstención del PSOE. La corporación debatirá en el pleno del próximo miércoles, día 16, la aplicación de esta moratoria que tendrá una duración de un año.

El alcalde, Enrique Riestra, adscrito a Vecinos por Llanes, confía en que el PSOE pueda variar su abstención por un voto afirmativo en la sesión plenaria para que la propuesta pueda salir adelante por unanimidad. No obstante, su voto no es decisivo ya que hay una mayoría suficiente para su aprobación.

De este modo, una vez que el pleno dé su visto bueno, nada impedirá que a partir de ese momento Llanes, la joya turística de Asturias, opte por no conceder más licencias en las poblaciones urbanas que tengan más de cinco viviendas de uso turístico por cada 100 hogares.

Las zonas tensionadas

Las zonas más tensionadas son Posada y Poo con más de nueve alojamientos turísticos, pero también están afectadas San Roque, Barru, Llanes, Celoriu y Nueva.

En la zona rural, tampoco darán más licencias a las aldeas de El Cereceu, Picones, La Herrería y Rabiaos, ya que tienen más del 25 porciento de viviendas destinadas al uso vacacional.

En la actualidad, Llanes cuenta con más de 5.600 plazas de uso turístico entre pisos y casas, según se recoge en un estudio encargado por el consistorio llanisco a la Universidad de Oviedo.

Enrique Riestra lo tiene claro. En declaraciones a elDiario.es Asturias, el alcalde se ha mostrado convencido de que esta es una medida necesaria. Por un lado, para frenar la especulación y por otro ante la realidad de que hay escasez de viviendas de uso residencial.

“Exponencialmente, desde los últimos cinco o seis años, Llanes ha sufrido una variación en el número de licencias. Encargamos un estudio a la Universidad de Oviedo que vino a demostrar claramente, a través de métodos científicos, que había que hacer algo”, asegura.

La falta de parque de viviendas de uso residencial

Su intención sería que, una vez aprobado en el pleno, se pudiera observar atentamente cómo se legisla durante ese año y ver si existe la posibilidad o no de prorrogar esta moratoria.

“Hay una dualidad que es la vivienda de uso turístico contra la vivienda residencial a la que los hijos de los llaniscos no pueden acceder porque no hay parque de viviendas porque se está empezando a especular de una manera real con esto”, corrobora.

El alcalde contrapone la política que en esta materia defiende Vecinos por Llanes frente a la de la oposición que encarna el socialista Antonio Trevín: “Si en algo nos diferenciamos del gobierno del PSOE -Trevín fue alcalde llanisco- es que frenamos la especulación urbanística y ahora intentaremos también frenar esta especulación turística”, sostiene.

No obstante, Enrique Riestra pone el foco en los legisladores a los que insta a ser “valientes” y “consecuentes” con esta nueva realidad.

“Esto de los pisos turísticos es reciente. Hace un lustro era diferente. Recientemente escuché unas declaraciones del alcalde de Barcelona sobre la revisión de las licencias y creo que es muy comprensible que se haga una revisión ante esta nueva realidad, pero tienen que darnos herramientas a los ayuntamientos”, advierte.

Revisiones similares a las del carné de conducir

El alcalde llanisco compara esta posible revisión con las renovaciones del carné de conducir: “Igual que para renovar el carné de conducir, tienes que pasar un examen cada diez años porque puede haber circunstancias que cambien, pienso que sería muy conveniente que el Principado pudiera regular esa revisión de las licencias, porque los contextos también van cambiando”.

A su juicio, la gente compra viviendas con el único fin de especular y esa situación está impidiendo el acceso a la vivienda residencial, una situación que ya se está produciendo en Llanes.

“Creo que si no hubiera una tensión con el uso residencial estaría todo bien y no habría mayores problemas. Pero empieza a haber una tensión y por eso digo que el legislador, teniendo en cuenta derechos constitucionales, tendría que asumir esos derechos y priorizar el uso residencial que es el que tendría que primar”, añade.

Sin querer adelantarse a futuros cambios legislativos, opina que lo más prudente es empezar por frenar la especulación, parar un poco y detenerse a reflexionar.

“También lo intentaremos insertar todo en el Plan General de Ordenación Urbana y a través de un Plan Especial de Regulación Turística. Vamos a hacer nuestro papel, pero hay que tener claro que las competencias de la entidad local muchas veces son muy pequeñitas para problemas de esta magnitud y por eso yo animo al legislador a que sea valiente y consecuente con la realidad”, reitera.

Una veintena de ayuntamientos de la provincia de Albacete necesitan agrupar el servicio de Secretaría e Intervención para poder prestarlo. Tienen algo en común porque cuentan con menos de 1.000 habitantes y escasa capacidad económica.

La despoblación también influye a la hora de ofrecer servicios a los ciudadanos y en esta provincia, con ayuda de la Diputación Provincial, han ideado un sistema –la contratación agrupada del puesto de secretario–interventor– que lleva arrojando buenos resultados desde 2017.

Y es que la Secretaría-Intervención en un ayuntamiento es un puesto “clave” en la lucha contra la despoblación del medio rural. Su presencia y trabajo en las zonas más despobladas, son fundamentales para mantener la administración y los servicios públicos esenciales, contribuyendo a frenar el éxodo hacia las ciudades.

Llanos Sánchez es diputada de Atención Técnica a Municipios y explica que se trata de “atender a los municipios que tienen menor capacidad económica y de gestión”. La iniciativa pone de manifiesto que, en situación de necesidad, poco importa la diferencia de signo político. “A la hora de agruparse, la barrera ideológica está más que superada. No hay ningún problema, ni siquiera con los cambios producidos en las sucesivas elecciones municipales”, comenta.

Es una convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva destinada a los municipios que se agrupen –un mínimo de dos– o ya estuvieran agrupados para financiar el puesto. Eso es algo que deben solicitar a la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa de la Junta de Castilla-La Mancha.

A la hora de agruparse, la barrera ideológica está más que superada. No hay ningún problema, ni siquiera con los cambios producidos en las sucesivas elecciones municipales

Las subvenciones cubren el coste de los salarios y la Seguridad Social correspondientes a esta función. El importe máximo total que se otorga por agrupación de municipios es de 30.000 euros, distribuidos en función de los días de dedicación del personal funcionario de Secretaría-Intervención, a razón de 6.000 euros por día.

Cada ayuntamiento puede recibir un máximo de 24.000 euros que asume una distribución mínima de un día para el ayuntamiento con menor necesidad y cuatro días para el otro. Deben además certificar los días dedicados a cada ayuntamiento para concretar la ayuda.

“En Albacete se da la circunstancia de que todos los municipios que concurren a la convocatoria están agrupados de dos en dos, y todas las agrupaciones suman menos de 2.000 habitantes”, un requisito en cuanto al tope poblacional que está recogido en la ordenanza reguladora de la convocatoria.

Este año las ayudas están dotadas con 330.000 euros.  y no solo se han consolidado, sino que han crecido en dotación en un 52%. “La experiencia nos dice que, a pesar de las reticencias iniciales de algún ayuntamiento para agruparse, ha sido todo beneficio y oportunidad. De otra manera no podrían costear la plaza”.

Llanos Sánchez es alcaldesa de Villatoya, además de diputada provincial. Su pueblo tiene 115 habitantes. “Esta figura nos es imprescindible”, asegura. En el caso de estos pueblos tan pequeños ni siquiera es necesario acogerse a las subvenciones porque el servicio lo presta de forma directa la Diputación Provincial que cuenta con su propia plantilla de profesionales de Secretaría-Intervención. Para el servicio agrupado es la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa del Gobierno regional la que dota de habilitación nacional a los profesionales.

El papel de la Secretaría-Intervención

El puesto de Secretaría-Intervención desempeña un papel crucial en el día a día de la gestión municipal. Su labor abarca desde el asesoramiento jurídico y el control económico hasta la gestión administrativa y la fiscalización de los gastos municipales. En las localidades más pequeñas, donde los recursos son limitados, su trabajo es aún más necesario, incluso de forma telemática, aunque lo habitual es que sea una labor presencial.

 “Queremos garantizar que todos los ayuntamientos, especialmente los más pequeños, cuenten con los recursos necesarios para una gestión eficiente y transparente”, explica el presidente de la Institución provincial, Santiago Cabañero.

Por otro lado, sostiene la Institución provincial que la iniciativa contribuye a proporcionar estabilidad laboral a quienes desempeñan esta función, ya que la interinidad y la inestabilidad pueden afectar tanto a estos profesionales como al funcionamiento de los ayuntamientos.

La Diputación de Albacete viene implementando diversas herramientas y plataformas electrónicas para apoyar la gestión administrativa de los ayuntamientos y de estas figuras. Entre ellas están el programa de contabilidad SICAL y el portal web de administración electrónica Sedipualb@, que facilitan y modernizan los procesos administrativos, no solo en Albacete sino en otros puntos del país que se benefician de estas herramientas.

El Observatorio de la Despoblación, creado por la Universidad de Alcalá a través de su Fundación y la Diputación de Guadalajara, celebrará la próxima semana dos encuentros que se celebrarán en las localidades de Budia y Mondéjar.

La primera de las citas será el martes 2 de julio, a las 12.00 horas, en una jornada titulada ‘Pueblos digitales: Tecnología para envejecer saludablemente en casa como reto para reducir la despoblación’, que tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Budia. La jornada podrá seguirse a través del streaming, haciendo click en este enlace.

La ponencia principal correrá a cargo de Juan Jesús García Domínguez, catedrático de la Universidad de Alcalá. Además, se llevará a cabo una demostración a cargo de José Manuel Villadangos Carrizo, también profesor de la UAH. El evento tiene como objetivo la presentación del proyecto +Hogar que busca aprovechar el potencial de la tecnología para promover el envejecimiento activo y saludable en casa y, al mismo tiempo, que sea útil para facilitar la vida en áreas rurales y remotas, contribuyendo con ello a contrarrestar su despoblación.

El envejecimiento de la sociedad y la despoblación son desafíos interconectados que afectan a muchas zonas de España, siendo la provincia de Guadalajara un buen ejemplo de ello. Para abordar estos problemas de manera integral, el proyecto +Hogar propone el despliegue de una plataforma digital multisensorial basada en diversas tecnologías con la menor intrusión posible (radiofrecuencia, inercial, análisis de variabilidad de patrones de consumo eléctrico) que permita realizar un seguimiento automático continuado de las actividades del adulto mayor en la comunidad, preservando su privacidad.

Con la fusión de los datos proporcionados por todos los sensores, se pretende inferir sus rutinas habituales de comportamiento (actividad física, desarrollo de las actividades de la vida diaria, etc.) de forma que se pueda alertar, tanto a cuidadores no profesionales (familiares) como a profesionales (personal sanitario y asistencial), de la aparición de anomalías que pudieran conllevar la existencia de un deterioro físico o cognitivo compatible con una etapa temprana del deterioro de su capacidad intrínseca, y que pudiera ser compatible con el síndrome de fragilidad u otro tipo de trastorno (Alzheimer, Parkinson, etc.).

Con todo ello se pretende ofrecer al personal médico y asistencial un conjunto de evidencias objetivas que faciliten la detección temprana del deterioro de los adultos mayores, así como el seguimiento de la adherencia a las terapias establecidas que permitan paliar o ralentizar ese proceso.

Se pretende iniciar un despliegue piloto que valide la propuesta tecnológica para su uso sanitario y asistencial, fundamentalmente en viviendas particulares en una pequeña población de la provincia de Guadalajara, como puede ser Budia. Para ello se cuenta con un equipo multidisciplinar donde, además de aspectos eminentemente tecnológicos, también se abordan otros específicamente médicos o económicos.

Simplificación administrativa en el medio rural

La segunda de las jornadas se celebrará el jueves, 4 de julio, a las 12.30 horas, bajo el título ‘Simplificación Administrativa en el medio rural’, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Mondéjar, en la que participará cargo de José Luis Domínguez Álvarez, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca.

Su objetivo poner de relieve la importancia de avanzar en el establecimiento de medidas de discriminación jurídica positiva en favor de los territorios rurales y también podrá seguirse a través del streaming.

Posteriormente a la jornada se llevará a cabo una enriquecedora mesa redonda denominada ‘Optimización de trámites en el medio rural’ protagonizada por varios expertos, entre ellos el propio José Luis Domínguez Álvarez, coordinador del informe; Rafael Esteban Santamaría, vicepresidente de FEMP-CLM y alcalde de Marchamalo; y Héctor Gregorio Esteban, diputado delegado de Desarrollo Rural, Desarrollo Sostenible y Agenda 2030 de la Diputación de Guadalajara y alcalde de Jadraque.

La mesa estará moderada por Rubén Garrido Yserte, director del Observatorio de la Despoblación y director del IAES de la Universidad de Alcalá.

El Gobierno de Asturias ha aprobado hoy el proyecto de la Ley Proyectos de Interés Estratégicos (PIER), que el lunes comenzará su tramitación parlamentaria, para acortar plazos y eliminar trámites burocráticos a iniciativas empresariales que supongan mayor inversión o generación de empleo.

Para que puedan beneficiarse de eta ley, las empresas deben presentar proyectos que generen un centenar de puestos de trabajo directos e indefinidos, a jornada completa, o una inversión de 30 millones en menos de dos años. Además, los puestos de trabajo creados deberán mantenerse, como mínimo, tres años desde el inicio de la actividad empresarial.

Estos umbrales se rebajan a la mitad cuando las compañías tengan previsto asentarse en alguno de los municipios considerados en crisis demográfica o en riesgo de despoblamiento. En esos casos, será suficiente con que se comprometan a crear 50 empleos o a movilizar 15 millones.

Las iniciativas susceptibles de acceder a estos beneficios deben promover desarrollo económico, social o territorial; nuevas actividades que sustituyan a sectores en declive; actividades alienadas con las orientaciones estratégicas establecidas por el Principado; o inversiones industriales o de servicios avanzados que generen o amplíen cadenas de valor añadido, entre otras.

El Ejecutivo autonómico será el encargado de declarar los PIER, que gozarán de un impulso preferente ante las administraciones y prioridad para acceder a todas las herramientas de apoyo económico y financiero del Principado. En concreto, el período máximo para resolver será de tres meses desde la presentación de la solicitud. La norma acortará plazos, simplificará procedimientos y permitirá ofrecer respaldo a las administraciones municipales que lo necesiten.

En este sentido, las entidades locales que manifiesten falta de medios materiales o humanos para la tramitación de los expedientes podrán encomendar al Principado su gestión y la adopción de todos los acuerdos necesarios, a excepción de la concesión de licencias urbanísticas.

Rosa Ana Martín Martínez vive en el pueblo de Santa Marina, en el concejo asturiano de Siero, y preside la protectora de animales “Acariciar con el alma”. Su amor por los animales le ha llevado a recoger perros en situación de maltrato y abandono a los que cuida, atiende y alimenta en una finca que adquirió hace cuatro años. Un grupo de vecinos presentó varias denuncias ante el ayuntamiento por las molestias que les ocasionan los canes y, tras una inspección, el consistorio ha ordenado el desalojo de tres de los ocho perros.

La propietaria asegura que está sometida a “una campaña de acoso permanente” desde que decidió abrir la casa de acogida a la que se dedica de forma altruista. Al deterioro de la convivencia con los vecinos se suma, además, la batalla legal con el ayuntamiento que se dirime en los tribunales de justicia.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Oviedo emitió una sentencia favorable al consistorio al considerar que se había sobrepasado el número máximo de canes -cinco- permitido en la normativa.

El abogado Eloi Sarrió Santana, experto en Derecho Animal que representa a Rosa Ana, recurrió la sentencia en apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que aún no ha resuelto y, en el interin, el consistorio ha anunciado la ejecución del fallo.

Fuentes municipales han confirmado a elDiario.es Asturias que la sentencia es favorable, está en vigor y, por tanto, “es ejecutable”, un planteamiento que rechaza el letrado que estima que el desalojo es un acto “nulo de pleno derecho”, una medida “desproporcionada”, ha sido dictado por “órgano incompetente”, carece de fundamento legal, vulnera derechos constitucionalmente reconocidos a la recurrente, entra en conflicto con lo dispuesto en la normativa de protección animal y aún no puede ser ejecutada “al estar pendiente el recurso” en el alto tribunal asturiano.

Las denuncias de los vecinos

Rosa Ana compró en 2020 una finca en este pueblo ubicado en el cuarto municipio de Asturias. Defiende que su único objetivo siempre fue “ayudar a los animales” y por eso invirtió en este proyecto todos los ahorros de su vida. Solicitó los permisos al Ayuntamiento para construir una nave de unos 60 metros y en el consistorio le dijeron que el plazo para su concesión rondaría los ocho meses pero, según explica, los vecinos iniciaron una recogida de firmas y ahí empezaron las primeras trabas ya que la autorización no le llegó hasta dos años después.

“Compré dos viviendas independientes, con dos referencias catastrales diferentes, para destinarlas a casa de acogida para que los perros estuviesen protegidos y tuviesen una estabilidad hasta que llegase el momento de adopción, pero los vecinos denunciaban y llamaban de forma constante al ayuntamiento”, comenta.

El 14 de diciembre de 2022, un subinspector de la Policía Urbanística realizó una inspección en la finca a requerimiento de la Jefa de Sección de Disciplina Urbanística y Medio Ambiente, para comprobar los perros existentes en las parcelas, ante las quejas de los vecinos de la zona.

En esa visita identificó a siete perros de “Acariciar con el Alma”, y a una perra con sus cachorros lactantes, que según se indicaba en el acta, “no son propiedad de la asociación”.

El letrado asegura que todos los perros se encuentran en régimen de acogida temporal bajo la custodia de la asociación protectora de animales “Acariciar con el Alma” y hace hincapié en las contradicciones en las que recae el consistorio a la hora de calificar sus informes.

Tanto las actividades que se imputan como el número de animales y las consecuencias de la supuesta infracción se van modificando a lo largo de un expediente sin garantías que genera indefensión y tiene como único objetivo alcanzar una resolución sancionadora. Además de no tener fundamento, es desproporcionada y confiscatoria y, por tanto, no es ajustada a Derecho

Eloi Sarrió Santana — Abogado especialista en Derecho Animal. Representa a la presidenta de la protectora

“Tanto las actividades que se imputan como el número de animales y las consecuencias de la supuesta infracción se van modificando a lo largo de un expediente sin garantías que genera indefensión y que tiene como único objetivo alcanzar una resolución sancionadora. Además de no tener fundamento, es desproporcionada y confiscatoria y, por tanto, no es ajustada a Derecho”, señala.

Así, en la propuesta de resolución, de 23 de diciembre de 2022, inicialmente se refiere a “una vivienda”, pero más adelante ya se habla de “una pequeña explotación ganadera tradicional, dedicada al autoconsumo y a la venta local” con el objetivo, según Eloi Sarrió, de justificar que está sujeta a la tramitación de licencia de actividad puesto que supera el límite de cinco perros “de cría o guarda mayores de tres meses”.

Rosa Ana alega a estos informes que no existe explotación ganadera, comercial ni de negocio alguno, identifica a la asociación como titular de los perros y expresa que esa actividad no encaja en la disposición sancionadora que el ayuntamiento esgrime para iniciar el expediente.

El derecho de defensa

La propietaria insiste en que se trata de dos inmuebles divididos por propiedad horizontal, no siendo aplicables el límite de cinco animales por propiedad y pone de manifiesto que al no haber sido requerida la asociación ésta no ha podido ejercer su derecho de defensa, solicitando su archivo.

“En una nueva propuesta de resolución sancionadora, el 25 de enero de 2023, se le ordena el cese inmediato de la actividad consistente en el albergue, refugio o acogida de animales al no disponer de licencia de apertura, retirando la totalidad de los animales albergados en el inmueble, basándose incluso en normas legales diferentes para imponer dicha sanción”, asevera el letrado.

Dos meses después, el área municipal de Urbanismo instaba al cese de la actividad. Rosa Ana recurrió a los tribunales y, un año después, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 ha dado la razón al ayuntamiento.

Esta sentencia ha llevado al ayuntamiento a instar a su ejecución, otorgándole un plazo improrrogable de 24 horas para que se ajustara a la legalidad urbanística, retirando tres perros y anunciando que en caso de que no cumpliera esta medida se procedería a su ejecución subsidiaria, a su costa, y con apertura del correspondiente expediente sancionador.

La denunciante se muestra muy molesta porque asegura que el juez no entró a valorar, ni a rebatir sus argumentos, lo que le está ocasionando un fuerte impacto emocional y un gran desgaste psicológico.

“No es una explotación ganadera”

Rosa Ana rebate que su casa de acogida pueda ser asimilada a una explotación ganadera. Dice que el Ayuntamiento se aferra a que su vivienda está en un suelo de interés agrario y que tiene una explotación ganadera donde solo puede tener un máximo de cinco perros de cría o de guarda.

“El ayuntamiento no tiene razón. Aquí son dos viviendas distintas y mis perros no están guardando nada, ni son de cría porque están todos esterilizados”, aduce.

Desde el consistorio también le han solicitado una licencia de actividad, un requisito que ella incide en que no es necesario porque las casas de acogida ya se contemplan como una figura dentro de la nueva Ley de Bienestar Animal.

El Ayuntamiento se aferra a que la finca está en un suelo de interés agrario y que tengo una explotación ganadera donde solo puede haber un máximo de cinco perros de cría o de guarda. Aquí hay dos viviendas distintas y mis perros no están guardando nada, ni son de cría porque están todos esterilizados

Rosa Ana Martín Martínez — Presidenta de la asociación protectora 'Acariciar con el alma'

Los animales acogidos proceden de situaciones de maltrato y abandono y la asociación que es la titular rescata, presta atención sanitaria, socializa, identifica y esteriliza “en orden a proporcionarles una segunda oportunidad mediante su adopción responsable en familias”, resalta.

A modo ilustrativo, su abogado recuerda que alguno de ellos incluso fue rescatado en el pasado por solicitud del propio ayuntamiento.

Por ello, en su opinión, el ayuntamiento intenta disfrazar de infracción urbanística lo que “no es más que la materialización de la persecución que sufre Rosa Ana desde 2020”.

La versión municipal

Fuentes municipales aseguran que miembros del equipo de gobierno se reunieron con Rosa Ana varias veces y se le explicó que en la normativa del Plan General, para ese tipo de explotaciones, solo puede tener cinco perros y si hay varias denuncias, como es el caso, “el ayuntamiento sigue la tramitación como el resto de expedientes”.

“Se le dijo, se le explicó y se le planteó su situación, pero ella insistía en que tenía dos referencias catastrales, que no son dos viviendas independientes sino una sola vivienda. Se comprobó in situ, se vio que no ha lugar a su reclamación y se le dio el trámite de audiencia correspondiente”, manifiestan.

El tema no tiene más recorrido que la normativa dice que no puede tener ocho perros, sino cinco. A la vista de la sentencia, la resolución del ayuntamiento ya es ejecutiva porque ya estaría en vigor. Ahora tenemos abierto el trámite para que personal del ayuntamiento vaya a la finca, haga las fotografías y compruebe si realmente están ahí o no los animales

Miembros del equipo de gobierno — Ayuntamiento de Siero

La propietaria acudió al contencioso, que es una de las vías a la que tiene derecho todo el mundo, y la sentencia dice que el ayuntamiento tiene razón, que ella no puede tener ocho perros y que no considera en ningún caso que tenga dos viviendas, recalcan las mismas fuentes.

“El tema no tiene más recorrido que la normativa dice que no puede tener ocho perros, sino cinco. A la vista de la sentencia, la resolución del ayuntamiento ya es ejecutiva porque ya estaría en vigor. Ahora tenemos abierto el trámite para que personal del ayuntamiento vaya a la finca, haga las fotografías y compruebe si realmente están ahí o no los animales”, exponen.

En el caso de que los animales sigan allí, el ayuntamiento tendría que actuar de oficio y plantear una ejecución subsidiaria, un procedimiento que se realiza “igual que el resto de expedientes”, subrayan.

La fiesta local y los voladores

La asociación cultural y festejos “Los Cuquiellos” de Santa Marina lleva 25 años organizando las fiestas locales. Su presidente es Nacho Fernández Martín, que deja claro que su asociación es totalmente ajena a las denuncias por las molestias de los animales que se presentaron en el ayuntamiento.

Sin embargo, su experiencia con esta vecina es diferente. Habitualmente, las fiestas se celebran el primer fin de semana de agosto y duran cuatro días, de viernes al lunes siguiente. Hace unos años, Rosa Ana, sin contactar previamente con ellos, se dirigió al cuartel de la Guardia Civil y les denunció por tirar voladores; una denuncia que les sorprendió especialmente porque ni la conocían, ni trató de hablar con los organizadores.

“Nosotros tiramos tres docenas de voladores, que no son profesionales, en los cuatro días de fiesta, siempre en horario diurno y contando con todos los permisos municipales”, explica Nacho.

A raíz de la denuncia, agentes de la Guardia Civil se personaron en el prao de la fiesta, la organización les enseñó el permiso municipal y no prosperó.

Las dos versiones de un mismo hecho

“Fue una situación violenta porque no sabíamos qué habíamos hecho y por qué se presentaba la Guardia Civil pidiéndonos la autorización. Es una fiesta donde tiramos seis voladores el sábado a la hora de comer, una docena durante la procesión y otra docena a las siete de la tarde el lunes con el reparto de bollo. La fiesta se hace todos los años y nunca tuvimos el más mínimo problema”, corrobora el presidente.

Nacho lamenta que la vecina no hubiera hablado previamente con la organización, pero incide en que la asociación siempre ha velado por el buen desarrollo de la fiesta y la convivencia entre vecinos.

“Es una pena, pero la única interacción que tuvimos con ella fue a través de esa denuncia”, ratifica.

Unas acusaciones que la presidenta de la protectora ha desmentido tanto en nombre propio como a través de su abogado. Ambos aseguran que son totalmente falsas.

Rosa Ana afirma que ella jamás llamó o denunció a los vecinos y mucho menos por los voladores. Según ha explicado, “solo constan las denuncias que me hicieron los vecinos a mí en el Seprona. Pero ninguna a mi nombre, ni ningún hecho denunciado por mi parte. Además de que jamás entraría en batalla, sería bastante torpe por mi parte denunciar algo que es legal”, ha añadido.

Convocada una manifestación en Siero

Por otro lado, el próximo domingo día 28 de abril, hay convocada una manifestación en apoyo a la protectora y a su propietaria. La protesta partirá a las 12 del mediodía de la plaza de Les Campes, seguirá hasta el Parque Alfonso X “El sabio”, junto al Ayuntamiento de Siero.

En el cartel donde se anuncia esta manifestación se pide a la ciudadanía que se sume a sus reivindicaciones para garantizar el bienestar de los animales.

“Somos Sherpa, Sugar, Pluto y Chispa. Llevábamos viviendo juntos cuatro años en una casa de acogida que nos brindaba cuidados y protección hasta que alguien nos adoptase. El ayuntamiento dio 24 horas para que saliéramos de allí, sin importar a dónde y mucho menos nuestro bienestar. Necesitamos que nos escuchen. Necesitamos que se respeten nuestros derechos”, reza el cartel con las imágenes impresas de los perros donde se pide ayuda para evitar su separación y la continuidad de la labor altruista de la protectora.

La Sindicatura de Cuentas, órgano fiscalizador de la administración pública asturiana, ha recomendado a la Federación Asturiana de Concejos (FACC), órgano que agrupa a los 78 municipios de la región, que adecúe mecanismos específicos que permitan solventar posibles deficiencias en la tramitación de sus expedientes de contratación y garanticen que se ajustan a la normativa vigente.

La Sindicatura ha hecho esta advertencia en el informe de fiscalización de la FACC como central de contratación de las entidades locales correspondiente al año 2021. Dicho informe indica que fueron detectadas algunas limitaciones en cuanto a un acuerdo suscrito con un tercero para la prestación de servicios de mediación de seguros.

Según el órgano fiscalizador asturiano, la FACC no publicó en el perfil del contratante un plan anual de contratación que incluyese ese acuerdo marco para la prestación de los servicios de mediación de seguros. Tampoco insertó el anuncio de información previa en el Diario Oficial de la Unión Europea, como exige la Ley de Contratos del Sector Público.

La Sindicatura también ha avisado a la Federación de la posibilidad de que incurra en una cesión ilegal de trabajadores al realizar encargos para las entidades locales asociadas mediante la contratación temporal de personal que desempeñe tareas en instalaciones municipales. 

Hace ahora cuatro años, unos vídeos grabados en Estepona (74.493 habitantes) se asomaron a las televisiones de España. Señoras y niños se deslizaban a toda velocidad por un larguísimo y empinado tobogán hasta dar con sus huesos en la arena. “¡Uy, las bragas, mi madre!”, se escuchaba decir a una mujer, alarmada por el trance de su parienta. El tobogán, que unía calles a diferente altura salvando un importante desnivel, fue clausurado un día después de su inauguración por los daños que sufrieron algunos vecinos.

Sin embargo, algunos responsables municipales, con el alcalde José María García Urbano (PP) a la cabeza, no se han rendido en este tiempo. Han madurado la idea, de modo que este viernes Estepona inaugura un nuevo Ayuntamiento cuyas plantas cuarta y quinta estarán unidas por lo que en Málaga se conoce como chorraera.

Estas dos plantas están destinadas a su ocupación por trabajadores municipales. Cada una cuenta una docena de despachos individuales, una zona de trabajo común, sala de reuniones y aseos. La previsión es que sean ocupadas por 200 trabajadores municipales, según el proyecto que ha podido consultar este medio. Ellos son los usuarios potenciales del nuevo tobogán.

La estructura, de la que desde hace días circulan fotos y vídeos de móvil en móvil, sigue siendo metálica, pero esta vez es cerrada. Discurre haciendo un looping hasta finalizar en una moqueta verde. Curiosamente, aunque aparece en los planos como una especie de nudo, no está descrita en la memoria del proyecto básico de ejecución del nuevo edificio, suscrito por la arquitecta municipal de Estepona.

“La ciudad y los vecinos tienen necesidades más importantes que cubrir con dinero público”, protesta Emma Molina, portavoz municipal del PSOE, que denuncia que, al aparecer en los medios por este tipo de noticias, el alcalde “está convirtiendo a Estepona en algo de cachondeo”. “Quiere convertir la ciudad en un parque temático, y se está perdiendo la esencia de la ciudad, que debería ser conocida por su patrimonio histórico y natural”, añade.

Un nuevo edificio “sostenible” de 13,5 millones de euros

La nueva sede municipal servirá para aglutinar en un solo edificio dependencias hasta ahora dispersas en diferentes espacios, incluyendo unos locales municipales que el Ayuntamiento ha vendido a precio de saldo (una cuarta parte de su valor real) a una empresa que mantiene vínculos societarios con el alcalde y con el marido de la concejala de Obras, según el Registro Mercantil, tal y como ha desvelado este medio.

El edificio tiene 13.068 metros cuadrados distribuidos en siete plantas, más baja, entreplanta y sótano destinado a aparcamientos, y está en la Glorieta José Tomás, en una ubicación muy céntrica. La obra fue adjudicada en marzo de 2020 a Aguas, Caminos y Puentes, S.L. por 13.482.414,57 euros, IVA incluido.

El Ayuntamiento hace especial hincapié en que se trata de un edificio energéticamente sostenible que apuesta por “fuentes renovables y soluciones bioclimáticas”. Desde fuera, lo más vistoso es la celosía exterior, blanca y luminosa, que cubre la mayor parte de la fachada acristalada, y que servirá como protección ante la radiación solar, ahorrando consumo energético, según el Consistorio. En su cubierta se han instalado paneles fotovoltaicos, con los que se espera cubrir la totalidad de la demanda eléctrica.

Inauguración a las puertas de unas nuevas elecciones

La inauguración de un nuevo tobogán trae a colación el recuerdo de aquel otro instalado en mayo de 2019. El alcalde lo definió entonces como “el tobogán más grande del mundo”: 35 metros de un tubo que recordaba, por su forma e inclinación, a los que se usan para arrojar escombros de obra. Solo que aquí, la chorraera escupía personas a velocidad de bobsleigh. El Ayuntamiento acusó a algunos usuarios de ponerse en riesgo tirándose mal.  

Para salvar la diferencia de altura entre las calles Sofía y Eslovaquia, el tobogán tenía una inclinación de 31 a 34 grados, 60 centímetros de anchura y formaba “curvas adaptadas al terreno con peraltes de 18 centímetros”. Una especie de scalextric, sometido a las normas de seguridad en parques infantiles, a pesar de que estaba abierto a su uso por personas de todas las edades.

Aquel tobogán se inauguró a las puertas de unas elecciones municipales, igual que ahora ocurre con el edificio y con la torre sociocultural, la más cara de la historia del municipio, que se inaugura el 30 de marzo con un sobrecoste reciente de 1,8 millones de euros. Tan cerca estaban los comicios cuando estrenó el tobogán original, que la Junta Electoral prohibió a García Urbano llamar inauguración a lo que era una inauguración. La obra no pasó por el Pleno y costó 28.662,20 euros.

Está previsto que a la inauguración del nuevo Ayuntamiento de Estepona acuda el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Se desconoce todavía si hará uso de la chorraera. 

Los funcionarios vascos empezarán a percibir en su nómina de febrero el incremento retributivo del 2,5% que se aplicará este año a los empleados públicos, una medida que tiene efecto retroactivo a fecha de 1 de enero de 2023. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes esta subida salarial, que se aplicará con respecto a las retribuciones anuales íntegras vigentes 2022 para el personal funcionario y laboral al servicio de la Administración General, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado, sociedades públicas, fundaciones públicas y consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma.

Este incremento salarial también se aplicará al lehendakari, a los consejeros, al personal alto cargo y asimilados, al personal eventual y al personal directivo de la Administración. La subida se aplica en la totalidad de los conceptos retributivos vigentes para cada uno de los colectivos citados. El importe estimado para esta medida es de 103.627.047 euros, según detalla Europa Press.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Zupiria ha recordado que esta medida es “consecuencia directa” de una decisión del Gobierno central, que “vincula y obliga” a todas las administraciones públicas. De esa forma, ha afirmado que aunque la aplicación de este incremento en Euskadi no contó con la aprobación de los sindicatos, fue adoptada “de acuerdo a las leyes en vigor”. “No queda mucho margen para discutir sobre esto”, ha añadido.

Nos temas dominantes no debate político actual, perdeu forza aquel ataque ao rol do público na economía, que iluminou na época de Aznar todas as rotas das privatizacións. Aquilo era basto, pero a súa persistencia e repetición acabou calando no ideario colectivo en forma de verdade adquirida: o público -dicíase- é ineficaz, custoso, pouco áxil e anticuado. Hoxe os adails do liberalismo non precisan campañas de trazo groso como aquela, xa que os plans responden a unha estratexia de desgaste de feito, mais con resultados mesmo mellores (aos seus fins), que os daquela propaganda. É suficiente non repoñer persoal nos organismos da administración ou dos servizos públicos, para que, sen outra organización recomposta, resulten ineficaces, xerando uns custos engadidos para as actividades privadas. De aí o corolario de que é mellor privatizar case nace de seu.

Por exemplo, en sanidade, xustifícase desde os gobernos do PP que os problemas actuais son debidos á falta de médicos, mais o persoal non desapareceu por consunción. Un administrador debe saber cando e como repoñer persoal para seguir funcionando. O resto do discurso só é unha escusa de mal xestor que coa súa actitude funciona como un obstáculo á vida económica diaria, en lugar dun apoio público. Un só caso pode servir para ilustrar: se os trens de proximidade e o metro (nas cidades que gozan deses servizos) non son pontuais e cumpridores en frecuencia, as cidades non funcionan: entran en caos. A maiores, un bon funcionamento non é só un gasto a asumir polo erario público, senón que pode contar con empresas públicas cunha vida óptima en rendibilidade.

Non obstante, adóitase ollar moi pouco para o papel económico das institucións locais, cando a súa importancia é decisiva, tanto na xestión administrativa da vida diaria de cidadáns privados como na das empresas: en análise económica son observábeis como unha parte do Estado e valorábeis na súa contribución ao crecemento económico e ao benestar dos seus habitantes. Os concellos -adóitase dicer- son o primeiro chanzo e máis próximo á vida dos cidadáns. Certamente, e de funcionaren adecuadamente, poden ser un contributo neto ao desenvolvemento acaído da vida ordinaria dos cidadáns e da das empresas instaladas no seu territorio. O subministro de bens esenciais -auga por exemplo- ou a regulamentación da vida colectiva na urbe ou nas entidades singulares de poboación precisan da actuación eficiente dun concello.

O problema é a inadecuación do funcionamento desta administración ás necesidades dos cidadáns ou das unidades de produción. Engadiremos que levar a cabo as accións da administración fóra dos cambios técnicos e de coñecementos medioambientais actuais constitúe unha traba ao desenvolvemento e ao benestar: captar, distribuír, controlar, reciclar, economizar e volver a distribuír auga potábel non se pode circunscreber ao territorio dun concello -e moito menos coas técnicas e controis do século pasado- por razóns de tamaño, e de feito, por necesidade, non se funciona así.

Igualmente é inconcebíbel, estudando o mercado da construción, que as normas no territorio galego sexan orixinadas nos concellos e que a actividade e cálculo económico das empresas viva pendente dun fío administrativo incerto, cunha demora de meses para permisos e requisitos. Nos catro últimos anos, pandemia á parte, observamos algún cambio de melloría na xestión dos concellos? Dá a impresión nunha primeira ollada de que os maiores problemas da xestión municipal, pendentes desde hai lustros, non foron resoltos e na maioría dos casos, nen sequer abordados. Non atopamos respostas nen accións propositais no campo da xestión municipal na maioría dos concellos galegos, e o máis magoento é que esta ausencia xoga en contra dos intereses económicos da cidadanía galega.

A listaxe de problemas observados afecta en profundidade ao desempeño das actividades dos servizos públicos municipais e ás actividades económicas privadas. O primeiro problema vén dado polo número e tamaño dos concellos; vinculado a este, a operatividade e funcionalidade do sistema de ordenación do territorio. Citamos tamén a atomización e diseminación de competencias cando o territorio é un, e como tal debía ser gobernado: a dispersión administrativa é favorábel ao incremento das diferenzas e mesmo pode resultar foco de inxustiza relativa. As discrepancias nos criterios urbanísticos e no cumprimento das normas sanitarias afecta a todo o territorio e non só aos do mesmo padrón. Así mesmo, os cálculos dos custos empresariais nos investimentos mudan dun concello a outro, ás veces de maneira escandalosa. Ao existir unha superposición de distintas administracións na regulamentación de certas actividades, xéranse tamén trabas burocráticas que impeden de feito un bon fluír das actividades económicas.

En Galiza hai 313 concellos cuns ingresos orzamentados en 2022 de máis de 2.693 millóns de euros. Se descontamos o destinado ás sete cidades, quedan 1.547 millóns para cobrir as necesidades de 306 concellos repartidos por unha superficie territorial ben diferenciada. Coñecida a tendencia ao baleirado dos concellos rurais como realidade, tamén o é que nas sete cidades (é dicer, nos sete concellos das cidades) non vive a maioría da poboación galega: os 306 concellos restantes -da nosa referencia- están poboados por polo 63,6% da poboación total galega. E o feito de observar a realidade da vida dos cidadáns polo seu empadroamento é relevante á hora de coñecer dereitos, servizos e nível de benestar.

A racionalidade administrativa, a adecuación á xestión capaz nos tempos presentes, o coñecemento na utilización de todos os recursos disponíbeis para uso municipal está suxeito -na práctica- a unhas grandes diferenzas dependendo do tamaño municipal, e non son precisamente os pequenos e medianos os máis eficientes. E, á súa vez, os cidadáns, en tanto que usuarios, e os titulares de empresas como demandantes de servizos municipais, viven nun continúo stress administrativo comparándose coas cidades, en tanto gozan de servizos individuais e colectivos de todo tipo. Cal é a proposta de solución deste desaxuste? Pola nosa parte, ben simples: eliminar unha grande parte dos concellos existentes, reunindo en cada cabeceira de comarca a administración local. A dotación en orzamentos e a capacidade de xestión para os servizos prestados por novos entes locais, deseñados ex novo, debería ser o froito dunha reforma administrativa, pendente desde o inicio do século XXI, non só na Galiza, senón en todo o Estado.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha presentado en la pequeña localidad de Jadraque el proyecto 'La Administración, cerca de ti', es una herramienta para acercar la administración a los vecinos más pequeños con el fin de garantizar de garantizar las mismas oportunidades a todos.

De la mano de la Federación Española de Municipios y Provincias y los ministerios de Política Territorial y Economías, entra en marcha un servicio que va a beneficiar al menos a 7,5 millones de ciudadanos de localidades de entre 500 y 8000 habitantes.

“Se trata de un proyecto para dar soluciones”, ha señalado la ministra en una intervención en la que ha asegurado que el objetivo también es dar igualdad de oportunidades a los ciudadanos vivan donde vivan porque y “ante los problemas, no quedarnos en la queja o el lamento sino proponer acciones para hacer la vida más fácil a la gente y que sean más felices”.

Además, la titular de Política Territorial, ha recordado en su intervención la importancia de lo público y “en esa línea de trabajo y de resolver los problemas de la gente están los tramites con la Administración”, ha subrayado.

Así, tal y como ha señalado Rodríguez, personas como Alicia o Josefa tendrán más fácil poder saber si ya se pueden jubilar o hacer cualquier gestión que precisen sin que se encuentren indefensa frente a otro vecino que vive en un municipio grande o que tiene las habilidades en torno a la digitalización.

En este sentido, la ministra ha incidido en que, con este programa se trata de “hacer más fácil la vida a la gente y evitar la discriminación” entre quienes viven en el medio rural y los que viven en la ciudad y eso se hace acercando la Administración a los ciudadanos.

Así, 400 funcionarios se han comprometido a salir de los despachos para realizar esta función y “esto también es una manera de poner en valor lo público”, ha abundado.

De su lado, el presidente de la Federación de Reto Demográfico de la Federación Española de Municipios y Provincias, Miguel Gracia, cree que este convenio se abre una posibilidad “tremenda” a los municipios de menos habitantes y ha calificado de “maravilla” este programa.

Pero también cree que debe darse un paso más frente al Reto Demográfico e introducir “lo legal”. A su juicio, no puede ser que el peso de una capital de provincia determine las ayudas, sino que “hay que descender la lupa” porque “solo la legislación nos puede hacer iguales a todos”.

El viceconsejero de Administración Local de Castilla-La Mancha, José Miguel Camacho, ha defendido también este programa tras asegurar que la brecha digital es un poco más pequeña, y decir que desde Castilla-La Mancha se va a seguir trabajando por Ley contra la Despoblación de Castilla-La Mancha y para que los ciudadanos del mismo rural puedan tener las mismas oportunidades y recursos que el resto.

Por último, el alcalde de Jadraque, Héctor Gregorio, un municipio de apenas 1.400 habitantes, ha mostrado su satisfacción por la presentación del proyecto en su localidad y ha alabado la ley frente a la despoblación del Gobierno regional, aunque ha lamentado que se haya excluido esta provincia de los fondos de zonas despobladas, por lo que ha reclamado la necesidad de que “entre todos” se vuelquen para revertirlo, con una petición expresa al Gobierno central en ello.

No es la primera localidad de Castilla-La Mancha que estrena -o ejerce como lugar piloto- para implantar un programa nacional. Esta misma semana, el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, visitaba varias localidades de la Agrupación Judicial de Tarazona de la Mancha, concretamente, La Roda, Madrigueras y la propia Tarazona de la Mancha, acompañado del presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero.

El municipio encabeza la Agrupación elegida por el Ministerio para poner en marcha, desde el pasado 10 de octubre y como piloto en fase experimental, su proyecto de Oficinas de Justicia en los Municipios (OJM). Una iniciativa incluida en el nuevo modelo organizativo judicial que busca “ mejorar la administración de justicia acercándola a la ciudadanía”.