Isabel Díaz Ayuso y su mano derecha, Miguel Ángel Rodríguez, llevan año y medio desacreditando a los jueces y fiscales que han investigado por fraude fiscal a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Desde la fiscal provincial de Madrid hasta la jueza que ha enviado a Alberto González Amador al banquillo, los ataques de las caras visibles de la Comunidad de Madrid chocan con el discurso del Partido Popular y se suceden ante la pasividad de las asociaciones mayoritarias y conservadoras de jueces y fiscales y del Consejo General del Poder Judicial. 

El último ataque ha llegado a través de la cuenta de la red social X de Miguel Ángel Rodríguez, donde el jefe de gabinete de Ayuso acostumbra a comentar o vaticinar la actualidad de las causas judiciales con dimensión política con expresiones como “pa’lante”. En esta ocasión, ha cargado contra la jueza Carmen Rodríguez-Medel por abrir juicio oral a González Amador, acusado de defraudar 350.000 euros usando facturas falsas.

“Resulta que es la hermanita de un tipo al que Marlaska ha ascendido. Todo Sánchez es corrupto”, escribió Rodríguez. Menos de 24 horas después, el PP de Feijóo desautorizaba las palabras al decir que no creían en el “lawfare”. Por el momento, solo dos asociaciones judiciales han realizado comunicados en defensa de esta magistrada tras el mensaje de Miguel Ángel Rodríguez: la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente. La Asociación Profesional de la Magistratura, que ha cargado con dureza y de forma pública cuando políticos como Pedro Sánchez han criticado a jueces, ha optado por guardar silencio. 

Rodríguez-Medel es la última en una larga lista de funcionarios en recibir los ataques del entorno de Ayuso por su relación con la causa de fraude fiscal de su pareja. La magistrada, provisionalmente encargada de tramitar estas diligencias, ha protagonizado diversas investigaciones relevantes en la última década. Imputó y llevó a juicio a Cristina Cifuentes por el caso Máster desvelado por elDiario.es, también trató sin éxito de que se abriera una causa al exlíder del PP Pablo Casado por otro título dudoso, y finalmente lideró la causa judicial en la que investigó al Gobierno de Pedro Sánchez por permitir la manifestación feminista del 8 de marzo de 2020, en las primeras semanas de pandemia. 

La jueza a la que Miguel Ángel Rodríguez define ahora como “hermanita” de un mando de la Guardia Civil ascendido el año pasado fue, por tanto, la magistrada que abrió una causa contra el entonces delegado del Gobierno de Madrid a instancias de un abogado estafador por permitir esa concentración feminista. La causa terminó archivada, pero, por el camino, supuso una de las mayores crisis de la Guardia Civil en democracia y fue usada por el PP y Vox como munición política contra el Gobierno en la pandemia. 

Sin respuesta del Poder Judicial

No se espera que el último embate de Rodríguez tenga respuesta por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya presidenta, Isabel Perelló, sí pidió frenar las “descalificaciones” a los jueces poco después de que el presidente del Gobierno afirmara que algunos miembros de la carrera judicial “hacen política”. Lo hizo en el acto solemne de la apertura judicial, donde insistió en que esas críticas “son inoportunas y rechazables”. Y después de que el bloque conservador del órgano le pidiera visibilizar su “rechazo a los ataques injustos e injustificados a los jueces por parte del Ejecutivo” a raíz de las citadas palabras que Sánchez. 

Las palabras del jefe de gabinete de Ayuso no han gustado a la mayoría de los vocales progresistas, que consideran que “debilitan la confianza en la independencia del Poder Judicial y generan confusión en la ciudadanía al ignorar las reglas básicas del funcionamiento de tribunales”. No obstante, distintas fuentes reconocen que en ningún momento ha estado encima de la mesa la posibilidad de promover ninguna acción coordinada dentro del órgano para reprobar estas consideraciones.

De acuerdo a las fuentes consultadas, el sentir mayoritario dentro de este sector es que los jueces son servidores públicos que deben estar a expensas de la “crítica razonable”. Y, aunque enmarcan las declaraciones de Rodríguez en un “ataque directo” y “poco acorde con la lealtad institucional” que deberían tener todos los cargos públicos, no creen que el órgano deba reaccionar cada vez que desde el ámbito político se hagan apreciaciones sobre el trabajo de los jueces.

De Hacienda a la fiscal de Madrid

Ayuso y su entorno, con y sin micrófonos, se lanzaron a atacar a cualquier empleado público relacionado con el caso de su pareja la misma mañana en que elDiario.es desveló que había sido denunciado por fraude fiscal. El primer objetivo fue Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid y superior jerárquica del fiscal que investigó y denunció al empresario. 

La presidenta madrileña cuestionaba veladamente la posición de la Fiscalía en el caso de su pareja horas antes de que su mano derecha, Miguel Ángel Rodríguez, pusiera en circulación el gran bulo del caso: que un fiscal había ofrecido un pacto silencioso a González Amador para zanjar el caso de forma discreta, pero que se había retirado por “órdenes de arriba”. Rodríguez difundió entre decenas de periodistas la mentira poco después de que la presidenta regional pusiera la sombra de la duda sobre Rodríguez. 

Las críticas contra la Fiscalía, desde el fiscal general hasta el fiscal del caso, se han sucedido durante meses sin que la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales o el Consejo Fiscal hayan emitido ningún tipo de comunicado en defensa de sus compañeros. También se han enmarcado en una estrategia más amplia: asegurar que González Amador está siendo “asediado por todo el poder de un Estado” a través de una “inspección fiscal salvaje” y una Fiscalía a la que ha acusado en decenas de ocasiones de actuar a las órdenes de Pedro Sánchez para perjudicar su carrera política a través de su pareja. 

Este mismo martes Ayuso ha insistido en que todo fue una “inspección fiscal” y ha intentado dar a entender que la causa judicial contra su pareja ha avanzado a medida que ha sido necesario para el Gobierno opacar los avances judiciales de las causas contra el fiscal general, la esposa o el hermano de Pedro Sánchez. Los métodos de Ayuso y su entorno chocan con la estrategia del Partido Popular y de su líder, Alberto Núñez Feijóo, que han hecho de su supuesto respaldo a los jueces uno de los ejes de su tarea de oposición al Gobierno.

Los ataques de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, a la jueza que acordó este lunes enviar al banquillo a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid no han tenido una reacción unánime por parte de las asociaciones de jueces. Dos de las asociaciones que se autodefinen como independientes han criticado las palabras del alto cargo, que cargó contra la jueza Carmen Rodríguez-Medel al afirmar que “no respeta a la Audiencia Provincial”. 

La conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, muy beligerante cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que “hay jueces haciendo política y políticos que intentan hacer justicia”, no ha reaccionado al mensaje. Tampoco lo ha hecho la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, que entonces fue la única que admitió la existencia de una “instrumentalización partidista de ciertos procesos judiciales”, aunque apuntó que “quizá” no le correspondía al presidente del Gobierno hacer estas consideraciones.  

“Hasta donde sé, la jueza no respeta a la Audiencia Provincial. Decide enviar a juicio a González Amador justo antes de tomar posesión el juez que toca y resulta que es la hermanita de un tipo al que [Fernando] Grande-Marlaska ha ascendido. Todo [Pedro] Sánchez es corrupto”, escribió Rodríguez este lunes en su cuenta de X, después de que trascendiera la decisión de la magistrada de abrir juicio oral contra el empresario y comisionista. Si la Audiencia Provincial no lo evita en el último momento, González Amador se sentará en el banquillo acusado de cinco delitos, incluido el de grupo criminal. 

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), segunda en número de afiliados, ha calificado de “inaceptable” que un alto cargo político “señale y acuse a una jueza que cumple con su labor porque discrepe del contenido de una resolución”. “Estas declaraciones dañan gravemente la separación de poderes y menoscaban la confianza ciudadana en la Justicia”, recoge un mensaje publicado en sus redes sociales. 

Para Foro Judicial Independiente (FJI), cuarta en representación en la carrera judicial, las palabras del jefe de gabinete de Ayuso son un “intolerable e inaceptable señalamiento personal”. “El poder político, da igual su ideología, no acepta contrapesos ni la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley”, figura en otro mensaje difundido por la asociación. 

“Debilita la confianza”

Las palabras de Rodríguez tampoco han gustado a la mayoría de los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que consideran que “debilita la confianza en la independencia del Poder Judicial y generan confusión en la ciudadanía al ignorar las reglas básicas del funcionamiento de tribunales”. No obstante, distintos vocales de este bloque no se plantean por el momento promover ninguna acción coordinada dentro del órgano para reprobar estas consideraciones.

De acuerdo a las fuentes consultadas, el sentir mayoritario dentro de este sector es que los jueces son servidores públicos que deben estar a expensas de la “crítica razonable”. Y aunque enmarcan estas declaraciones en un “ataque directo” y “poco acorde con la lealtad institucional” que deberían tener todos los cargos públicos no creen que el órgano deba reaccionar cada vez que desde el ámbito político se hagan declaraciones sobre el trabajo de los jueces.

El pasado 4 de septiembre, los vocales conservadores sí solicitaron a la presidenta del órgano, Isabel Perelló, que en su discurso en el acto de apertura del año judicial visibilizara su “rechazo a los ataques injustos e injustificados a los jueces por parte del Ejecutivo” a raíz de las palabras que Sánchez había pronunciado días antes. En su discurso, Perelló exigió el final de las críticas a los jueces: “la confianza y la credibilidad en la justicia son un bien común que debe ser preservado”, afirmó. “Los jueces no obedecemos órdenes ni instrucciones de nadie, ahora bien, independencia no equivale a libre arbitrio”, añadió.

La única investigación abierta hasta el momento en los tribunales sobre la actuación del Gobierno durante la peor crisis sanitaria en más de un siglo ha acabado en archivo provisional. La jueza Carmen Rodríguez-Medel dio carpetazo este viernes a la causa abierta hace poco más de dos meses, en los momentos más duros de la pandemia, contra el delegado del Gobierno en Madrid por no haber prohibido los encuentros multitudinarios que tuvieron lugar en los nueve días previos al estado de alarma, entre ellos la marcha feminista del 8 de marzo.

Este archivo provisional cuestiona la estrategia de oposición del Partido Popular y de Vox, que en las últimas semanas se habían agarrado a la tesis de que el Gobierno ocultó información sobre la expansión del coronavirus y permitió que la ciudadanía se contagiara en las marchas feministas por puro sectarismo partidista. La jueza no ve responsabilidad penal en la actuación de José Manuel Franco porque en ese momento no tenía información sanitaria “cierta, técnica y fundada” sobre la expansión del coronavirus y tampoco nadie le dijo que prohibiera esas manifestaciones.

“La hecatombe se veía venir. Lo sabían”, tuiteó este lunes el líder del PP, Pablo Casado, haciéndose eco de un polémico informe forense remitido a la jueza. “El pecado original de esta pandemia es la obsesión ideológica por el feminismo”, había dicho la semana anterior su portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo. En Vox tampoco han escatimado en declaraciones subidas de tono en los últimos días. Su portavoz en la comisión de Sanidad, Juan Luis Steegmann, aseguró este jueves que el pasado 8M “pasará a la historia de la enfermedad y de la desgracia en España”.

En esa estrategia de oposición han tenido mucho que ver los informes del forense y de la Guardia Civil, estos últimos plagados de conclusiones sesgadas, errores y hasta bulos difundidos por algunos medios, que han servido a la jueza para mantener abierta durante más de dos meses esta investigación. Los testigos desmontaron ante la jueza una de las principales tesis con la que la Guardia Civil trató de apuntalar la acusación de prevaricación contra Franco: que la Delegación del Gobierno presionó a quienes tenían actos convocados después del 8M para que los anularan por la alerta sanitaria mientras había mantenido la marcha feminista.

La decena de promotores de manifestaciones interrogados negaron esas presiones, lo que llevó a la magistrada a concluir que “no ha quedado indiciariamente acreditado que con dichas llamadas se coaccionara a los convocantes o manifestantes a no ejercitar su derecho fundamental”. Varios testigos aseguraron que ni siquiera fueron contactados o que ya habían tomado la decisión de suspender antes de que los funcionarios de la Delegación del Gobierno se pusieran en contacto con ellos.

Illa y Simón en los informes de la Guardia Civil

En sus informes, tanto el instituto armado como el forense señalaron al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aunque ninguno estaba siendo investigado por la jueza.

De este último, diana de las críticas de la derecha por ser la voz del Gobierno durante la pandemia, la Guardia Civil llega a decir en uno de sus atestados que algunas de sus palabras “implican un propio riesgo para la comunidad”. El médico forense Julio Lorenzo Rego, por su parte, afirmó en el segundo de sus informes que “la hecatombe en España” que ha devenido en la crisis sanitaria “se veía venir” desde semanas antes del 8 de marzo y que ambos conocían la situación.

La jueza rechazó actuar contra Simón porque ya había otras denuncias contra él en otros juzgados que también han acabado archivándose sin dar lugar a ninguna investigación. No obstante, en el auto en el que cierra la investigación contra el delegado del Gobierno Rodríguez-Medel deja abierta la puerta a otras responsabilidades y advierte de que si otras autoridades o instancias conocían o no el riesgo de contagio que se podía producir en aglomeraciones es algo que “no es objeto” del procedimiento que ella inició el pasado 23 de marzo.

La abogada del Estado Rosa María Seoane, encargada de la defensa de Franco, ha insistido en sus escritos en que Rodríguez-Medel ha intentado “convertir” esta investigación en una “causa general” contra la actuación del Gobierno en la crisis sanitaria y ha criticado que en su “afán de encontrar indicios” solicitara información también de “otras autoridades” a las que ni siquiera identificaba en sus resoluciones.

Seoane, que defendió con éxito los intereses del Gobierno en el procés, también ha resaltado la “sorprendente celeridad” de la jueza para aceptar la denuncia —el pasado 23 de marzo, solo tres días después de que cayera en su juzgado— e impulsar las pesquisas en plena pandemia y con todos los procedimientos judiciales no esenciales suspendidos por el estado de alarma.

También la Fiscalía, que pidió esta semana el archivo de la causa, se unió en los últimos días a las críticas por la “celeridad” de la instrucción. El Ministerio Público afirmó incluso que la jueza había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del único investigado al llevar adelante la investigación “sin posibilidad de que se tramiten de forma ordinaria los recursos planteados y sin que la actividad instructora pueda ser valorada por un órgano superior con la misma celeridad que la instrucción”.

En el Gobierno respiran aliviados con el archivo provisional de un asunto que ha levantado una tremenda polvareda también de puertas para adentro. Los atestados realizados por la Guardia Civil a instancias de la jueza derivaron en el cese del jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos. Esa decisión se vio seguida de las contradicciones en las versiones ofrecidas por el Ministerio del Interior y generó una crisis para el Ejecutivo, entre acusaciones de la oposición por intentar interferir en una investigación judicial.

Al PP y Vox no le quedó más remedio este viernes que mostrar su respeto a la decisión de la jueza aunque ambas formaciones mantienen que el 8M no debió celebrarse e insisten en que seguirán buscando responsabilidades. El partido de Pablo Casado quiere una comisión de investigación en el Congreso que saque a la luz “toda la verdad”. Pero las miradas se dirigen ahora hacia el Tribunal Supremo, donde el Gobierno se enfrenta casi a medio centenar de querellas por la gestión de la crisis sanitaria sobre las que ni la Fiscalía ni los jueces se han pronunciado todavía.

La jueza Carmen Rodríguez-Medel ha acordado el sobreseimiento provisional de la investigación abierta por un presunto delito de prevaricación administrativa por omisión contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por no haber prohibido los encuentros multitudinarios que tuvieron lugar en los nueve días previos al estado de alarma, entre ellos la marcha feminista del 8 de marzo. Esta era la única denuncia contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por su gestión de la crisis sanitaria que se había traducido hasta el momento en una investigación penal.

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid no ve indicios suficientes de delito en los hechos atribuidos al delegado del Gobierno. Considera que “no puede concluirse que (...) tuviera, en aquel momento, un conocimiento cierto, técnico y fundado sobre que el hecho de que no mantener la distancia social incidía en el riesgo de contagio del COVID-19”. No obstante, advierte de que si este conocimiento lo tenían o no otras autoridades o instancias “no es objeto” de este procedimiento.

La jueza dice que tampoco consta que recibiera ninguna comunicación o instrucción con “una alerta clara y técnica” sobre el citado riesgo por parte de una autoridad sanitaria. Además, concluye que “ninguna persona física o jurídica, pública o privada” le instó a que “prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones” por la COVID-19.

La decisión no es firme y puede ser recurrida ante la propia jueza y ante la Audiencia Provincial de Madrid. La magistrada ha denegado el sobreseimiento libre solicitado por la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa del político socialista en este procedimiento. El colectivo de mandos de la Guardia Civil Unión de Oficiales, que ejerce una de las acusaciones populares, ya ha anunciado que recurrirá la decisión.

Sin elementos “sólidos y suficientes”

La magistrada deduce que “no consta” que Franco “velara por los derechos y libertades de los ciudadanos ponderando el riesgo para la salud pública que conllevaba la aglutinación de personas ante la gravísima situación sanitaria del COVID-19”. No obstante, resalta que tampoco tenía los elementos técnicos “sólidos y suficientes” como para restringir un derecho fundamental porque ni recibió información sanitaria al respecto ni consta oficialmente que hiciera algo para informarse a través de las autoridades sanitarias competentes.

Es por eso que concluye que no pudo haber en su actuación un delito de prevaricación administrativa por omisión, un tipo penal que exige un dolo reforzado, es decir, que la conducta omisiva se lleve a cabo “a sabiendas de su injusticia”. Franco, que era el único investigado en esta causa, aseguró este miércoles en su declaración como imputado que actuó en todo momento “con arreglo a la ley y a la información de los expertos sobre la evolución del coronavirus”.

La Fiscalía había pedido el archivo de las actuaciones al considerar que Franco no debía permitir las manifestaciones, solo tomar nota de la comunicación de que se iban a celebrar, y que la institución que dirige tampoco tiene competencias en materia sanitaria. Este jueves, en otro recurso, el Ministerio Público cargó contra la jueza por la “celeridad” que imprimió a la instrucción cuando los plazos procesales estaban suspendidos por el estado de alarma, lo que a su juicio había generado una “situación de indefensión” al delegado del Gobierno.

También este jueves los testigos desmontaron una de las principales tesis con la que la Guardia Civil trataba de apuntalar la acusación de prevaricación contra Franco: que la institución presionó a quienes tenían actos convocados después del 8M para que los anularan por la alerta sanitaria mientras había mantenido la marcha feminista.

La decena de promotores de manifestaciones interrogados por la jueza negaron esas presiones. Sobre este hecho concreto la jueza concluye que “no ha quedado indiciariamente acreditado que con dicha llamada se coaccionara a los convocantes o manifestantes a no ejercitar su derecho fundamental” y que tampoco hay indicios de que las llamadas se quisieran ocultar porque las comunicaciones por teléfono con los convocantes “nunca” se documentan en los expedientes. Varios testigos aseguraron que ni siquiera fueron contactados o que ya habían tomado la decisión de suspender las movilizaciones antes de recibir esas llamadas.

El auto recoge que los días 10 y 11 de marzo la Delegación del Gobierno continuó dictando resoluciones de toma de conocimiento de concentraciones o manifestaciones sin exigir que se adoptara medida de precaución alguna y que así lo hizo al menos en 16 ocasiones en esos dos días. De hecho, entre el 11 y el 14 de marzo se celebraron en Madrid 21 concentraciones o manifestaciones, según los datos facilitados al juzgado por Delegación del Gobierno. Sólo a partir del 16 de marzo, cuando estaba en vigor el estado de alarma y se había decretado el confinamiento domiciliario, la Delegación del Gobierno prohibe manifestaciones bajo el argumento de la salud pública.

Algunos testigos incluso apuntaron la existencia de “errores” o declaraciones interpretadas de forma equivocada en los atestados del instituto armado. Los polémicos atestados de la Guardia Civil, plagados de conclusiones sesgadas, errores y hasta bulos difundidos por algunos medios, derivaron en el cese del jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos. Esa decisión se vio seguida de las contradicciones en las versiones ofrecidas por el Ministerio del Interior y generó una crisis para el Ejecutivo, entre acusaciones de la oposición por intentar interferir en una investigación judicial.

El asunto también ha levantado una tremenda polvareda política. En las últimas semanas, la tesis de que el Gobierno mandó a la gente a contagiarse a las marchas feministas por puro sectarismo partidista ha sido el centro de la argumentación del PP y Vox para cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

No hubo presiones de Delegación del Gobierno para desconvocar manifestaciones por la alerta sanitaria tras haber permitido el 8M. La decena de promotores de manifestaciones que han comparecido este jueves como testigos ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel han negado haberse sentido presionados por los funcionarios que, a partir del 11 de marzo, contactaron a algunos de ellos porque tenían previstas convocatorias cuando el Ejecutivo ya había aprobado las primeras medidas ante la situación provocada por el coronavirus. Varios han relatado incluso que ni siquiera fueron contactados o que ya habían tomado la decisión de suspender las movilizaciones antes de recibir la llamada de la Delegación del Gobierno.

Con estas declaraciones, los testigos —que comparecen bajo juramento o promesa de decir verdad— han desmontado una de las principales tesis con la que la Guardia Civil trata de apuntalar la acusación de prevaricación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco: que la institución presionó a quienes tenían actos convocados después del 8M para que los anularan por la alerta sanitaria mientras había mantenido la marcha feminista. De hecho, algunos de los testigos incluso han apuntado la existencia de “errores” o declaraciones interpretadas de forma equivocada en los atestados del instituto armado.

Los agentes concluyeron en unos de sus informes que 12 “reuniones/manifestaciones/concentraciones” fueron canceladas “en virtud de dichas llamadas” y que “en alguno de los casos” los funcionarios utilizaron “expresiones imperativas” para instar a la cancelación de esos eventos. Sin embargo, en las declaraciones que se recogen en el informe policial ninguno de los testigos habla de presiones por parte de la Delegación del Gobierno. Todas estas declaraciones han sido ratificadas este jueves ante la jueza.

Una de las testigos es Diana Chnaiker, de la Asociación de Personas Aptas sin Ayudas del Alquiler (APASAA), que tenía previstas tres manifestaciones en marzo los días 5, 12 y 19. La primera se celebró; la segunda decidieron anularla porque iba a hacerse frente a la Asamblea de Madrid pero se había suspendido el pleno, aunque no avisaron a la Delegación del Gobierno; y la del 19 –con el estado de alarma ya en vigor– se desconvocó.

Ante la jueza ha admitido que el 17 recibió una llamada de un funcionario que le preguntó si estaba al tanto de la situación y si podía comunicar por escrito que, con el actual escenario, no iban a manifestarse. Pero para entonces su organización ya había decidido desconvocar la protesta por la entrada en vigor del estado de alarma. A la pregunta de si recibió alguna presión para no cancelar esa concentración, Chnaiker ha asegurado que “no, rotundamente”, según ha explicado ella misma a los medios de comunicación a la salida del juzgado.

Según la Guardia Civil, “el motivo de la cancelación se debe a que el día 17 de marzo de 2020, sobre las 13.00 horas, la sra. Chnaiker recibió una llamada telefónica de un hombre empleado de la DG” que le dice que la protesta no puede llevarse a cabo por la situación sanitaria, “accediendo a lo solicitado”. Ante la jueza, Chnaiker ha afirmado que pudo haber alguna confusión en la interpretación de sus palabras porque su organización no decidió desconvocar tras recibir la llamada.

Otros testigos como María Teresa Martínez, de Defensa del Sistema Público de Pensiones de Getafe; o Luis Concha, del Colectivo de Afectados de Forum Afinsa; han asegurado que ni siquiera fueron contactados por la Delegación del Gobierno. La primera ha señalado que su organización, que se manifiesta todos los lunes para exigir una pensiones dignas, decidió a partir del lunes 9 no volver a manifestarse “dada la situación sanitaria”.

Concha, por su parte, también ha asegurado no haber recibido ninguna llamada de la Delegación del Gobierno. “El día 11 yo mismo me puse en contacto con ellos para cancelar una concentración prevista en Ferraz para el día siguiente”, ha señalado a la salida del juzgado. De hecho, aprovechó su declaración para corregir uno de los datos incluidos en el informe de la Guardia Civil, que recogía que él había anulado el día 6 de marzo la manifestación prevista para el 12 cuando en realidad ese fue el día que obtuvo el permiso de la Delegación del Gobierno para celebrarla.

Pedro Gallego, de la Plataforma de Pensionistas de Alcorcón, ha explicado a la jueza que recibió la llamada de la Delegación del Gobierno el 12 por la tarde aunque su organización, que también se reúne todos los lunes, ya había pensado no seguir movilizándose tras anunciar el Gobierno el martes 10 las primeras grandes medidas contra coronavirus, como evitar los desplazamientos no imprescindibles o suspender los viajes del Imserso.

Santiago de la Iglesia, del sindicato Oficios Varios del Sur CGT, también ha negado ante la jueza haber recibido presiones para cancelar una movilización prevista para el 14 de marzo, el mismo día que se decretó el estado de alarma. “Desde la Delegación del Gobierno nos sugirieron el dia 12 que pensáramos seguir adelante porque era mejor evitar aglomeraciones, pero insistimos en que no íbamos a cambiar de opinión. Pero el 13 al ver que se iba a decretar el estado de alarma entendíamos que lo más probable es que viniera poca y decidimos comunicar que desconvocábamos, pero por un criterio sindical”, ha aseverado tras salir del juzgado. D e la Iglesia también ha asegurado que la Guardia Civil resumió tanto su declaración que acabó obviando algunos de los “detalles” a los que hizo alusión en esa primera comparecencia.

Por la mañana declaró como testigo ante la jueza el presidente de APAG Extremadura ASAJA, Juan Metidieri, que confirmó haber recibido una llamada de la Delegación del Gobierno “entre el 12 y el 14 de marzo” para que renunciara por motivos sanitarios a una tractorada prevista para el 24 de marzo entre Extremadura a Madrid. La organización se negó a desconvocar, pero el 16 de marzo, dos días después de la declaración del estado de alarma, recibió la notificación de que no podía celebrar su manifestación, según ha señalado el propio Metidieri.

Esta organización tampoco obtuvo el permiso para concentrarse el 2 de marzo ante la vivienda en Galapagar (Madrid) del vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, aunque este caso la denegación fue por vulneración al derecho a la intimidad y no por razones sanitarias. En su declaración como imputado este miércoles, Franco afirmó que en ese caso primó el derecho a la intimidad sobre el de manifestación y que probablemente si la cita hubiera sido en el ministerio no se habría prohibido.

El delegado del Gobierno insistió este jueves en su declaración como imputado en que “no había ningún elemento en aquel momento que llevase a la Delegación del Gobierno a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental”. También insistió en que “no está acreditado que el incremento de casos que se dieron el día 9 tuvieran que ver con la manifestación del 8 porque los expertos saben que, si se ha producido el contagio, tarda en manifestarse más o menos 14 días”.

Lo cierto es que fue el 9 de marzo cuando se produjo un crecimiento exponencial de los casos en la Comunidad de Madrid —se multiplicaron por ocho los nuevos detectados— y se declaró “transmisión comunitaria significativa” en esa región, la ciudad de Vitoria y la localidad de Labastida. Ese día el Consejo Interterritorial de Sanidad tomó las primeras medidas de distanciamiento social, para las áreas en esa fase, como la suspensión de la actividad docente, y recomendaciones generalizadas como la limitación de salidas a las personas vulnerables.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado un nuevo recurso en el que pide que se archive la investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar la manifestación del 8 de marzo. El texto carga contra la jueza, Carmen Rodríguez-Medel, por la “celeridad” que ha imprimido a la instrucción cuando los plazos procesales estaban suspendidos por el estado de alarma. El Ministerio Público considera que este hecho ha generado una “situación de indefensión” al político socialista, que es el único investigado hasta el momento.

“Se está instruyendo sin posibilidad de que se tramiten de forma ordinaria los recursos planteados, y sin que la actividad instructora pueda ser valorada por un órgano superior con la misma celeridad que la instrucción”, dicen los fiscales. El recurso que tendrá que resolver la Audiencia Provincial defiende que se ha vulnerado el derecho a la “tutela judicial efectiva” de Franco porque la jueza sí ha establecido plazos para la práctica de diligencias mientras ha mantenido suspendidos el plazo para la interposición de los recursos legalmente establecidos.

La acusación contra Franco por un presunto delito de prevaricación se fundamenta en no haber prohibido los encuentros multitudinarios que tuvieron lugar en los nueve días previos al estado de alarma, entre ellos la marcha feminista, supuestamente a sabiendas del riesgo que suponían para la población por la expansión del coronavirus.

Precisamente este jueves, la jueza ha pedido a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital que informen sobre los “eventos colectivos o masivos públicos o privados que se celebraron entre el 5 y el 9 de marzo” y si algún acto así fue “suspendido o cancelado por motivos sanitarios” relacionados con la COVID-19.

Con esta petición, realizada a instancias de la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de Franco, la instructora quiere saber si en esos días de marzo se celebraron otros eventos cuya celebración no dependía de la Delegación del Gobierno, sino de otras administraciones públicas y cómo actuaron ante actos multitudinarios.

Franco, único imputado en la causa, aseguró este miércoles en su declaración ante la jueza que la institución que preside actuó “en todo momento con arreglo a la ley y a la información que tenían los expertos sobre la evolución del coronavirus”. “No había ningún elemento en aquel momento que llevase a la Delegación del Gobierno a prohibir un derecho fundamental ni está acreditado que el incremento de casos del 9M tenga que ver con la manifestación”, aseguró preguntas de los periodistas tras declarar durante más de una hora y media como imputado ante la jueza

La Fiscalía ya pidió este lunes el archivo de la causa al considerar que Franco no debía permitir esa manifestación, solo tomar nota de la comunicación de que se iba a celebrar, y que tampoco tiene competencias en materia sanitaria. También la Abogacía del Estado ha solicitado a la jueza que ponga fin a esta investigación. En varios de sus escritos, la abogada del Estado ha acusado a la jueza de estar impulsando una investigación sin indicios de delito y “con tendencia a ser una causa general contra la gestión de la crisis sanitaria”.

La Abogacía del Estado ha presentado este lunes un nuevo recurso ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel, que dirige la investigación sobre la autorización de la marcha 8M, en el que piden que archive la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. En el documento, de 74 páginas, acusa a la magistrada y a los agentes de la Guardia Civil de impulsar una investigación sin indicios de delito y “con tendencia a ser una causa general contra la gestión de la crisis sanitaria”.

“Los más de 2.000 folios de investigación que han sido necesarios para poder llamar al delegado del Gobierno como investigado evidencian que al iniciar las diligencias previas no había ningún indicio, y sigue sin haber, como se desprende de los informes encargados para hacer acopio probatorio, sino meras sospechas huérfanas de apoyo”, señala la Abogacía. “La instrucción tenía por objeto, no investigar indicios de delito, sino encontrarlos”, añaden.

El documento de la Abogacía, adelantado por El País y que firma Rosa María Seoane, asegura que los agentes de la Guardia Civil que elaboraron los informes llenos de errores, bulos y mentiras por querer involucrar forzosamente al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, que no estaba investigado en la causa. Solo está imputado el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

La Abogacía critica que los agentes se dirigieran al CCAES para solicitar información cuando no se lo había pedido la jueza. Denuncian también que los agentes urgieron a Simón a entregar documentación de manera inmediata cuando se encontraba en plena gestión de la pandemia.

“Es evidente que se ha querido investigar y se ha investigado a quien no ha tenido nunca la condición de investigado, por hechos que no constituyen el objeto de las presentes actuaciones y nada tienen que ver con la presunta prevaricación administrativa por no prohibir manifestaciones entre los días 5 y 14 de marzo”, sostiene la Abogacía.

“Pero además de prospectiva, la causa nació con tendencia a ser una causa general contra la gestión de la crisis sanitaria y ello ha quedado patente en los informes de la Policía Judicial, en particular en el segundo de ellos”, añade el escrito.

Informes basados en noticias y filtrados a la prensa

A partir de ahí, el escrito de la Abogacía entra a cuestionar el contenido de los informes de la Guardia Civil. Señala que muchos de los errores son consecuencia de haber acudido como fuente a medios de comunicación. Además, señala que esos documentos han sido filtrados a la prensa antes de su traslado a las partes vulnerando el derecho de defensa.

“Esos informes se han convertido en sí mismos en los indicios que la instructora buscaba y lo han hecho, porque lejos de dedicarse a la averiguación de hechos, lo que han hecho es una análisis de los mismos, elaborando incluso conclusiones”, añade el escrito. En algunas ocasiones, sostienen que la Guardia Civil se ha guiado por noticias de prensa sin solicitar los informes oficiales a la administración.

Por ejemplo, inciden en este punto en lo referente al congreso evangélico que se canceló, y que la Guardia Civil argumenta como prueba de la supuesta doble vara de medir de Sanidad. La Abogacía dice que los agentes han “copiado sesgadamente” la noticia de un medio de comunicación obviando datos esenciales como que se preveía la asistencia de participantes extranjeros.

“En definitiva, considera esta defensa que los informes aportados desbordan el alcance de lo que como Policía Judicial debía haberse realizado, tanto por extenderse a cuestiones ajenas a la presente causa y al único investigado, como porque en apariencia, van más allá de lo acordado por la instructora”, insiste el escrito.

Los contagios se dispararon el 9 de marzo un 835%

La tesis principal del escrito es que los agentes han obviado que en Madrid se dispararon los contagios un 835% el 9 de marzo, y que esos nuevos contagios nunca podían ser consecuencia de la manifestación del 8M. Es a partir de entonces cuando todas las instituciones, dice, comienzan a tomar las medidas más drásticas de contención del coronavirus: “Sorprendentemente, este dato de un crecimiento tan abrumador de nuevos casos el día 9 es pasado por alto por la Policía Judicial, que no hace referencia alguna al salto que supone ni al cambio drástico que se produjo en la gestión de la crisis sanitaria a partir del día 9”.

Por tanto, dicen, también cambió la gestión que la Delegación del Gobierno hizo de las manifestaciones que estaban previstas a partir del 9 de marzo. Por eso se optó por una medida inédita como fue llamar a los manifestantes e instarles a que cancelaran las protestas que tenían previstas. “Se optó por consultar a los propios organizadores y en caso de que por esta u otra causa desistieran de su voluntad inicial, instarles a que presentaran ellos la desconvocatoria para que constara y pudieran desactivarse, en su caso, los operativos de seguridad u orden público organizados para cada una de ellas”, dice la Abogacía.

Los agentes se esfuerzan en ver “oscuras maniobras”

No hay tampoco, insisten, indicios de que los trabajadores de la Delegación del Gobierno quisieran ocultar esas llamadas porque, como ellos dijeron en sus declaraciones como testigos, nadie les dio esa orden y la aplicación que utilizan no permite registrar las comunicaciones telefónicas: “Los esfuerzos de la Policía Judicial por tratar de hacer ver oscuras maniobras para obligar a desconvocar han sido públicamente denunciados por los testigos cuyas declaraciones han sido tergiversadas en los informes y que han negado que se les obligase en ningún momento por la Delegación del Gobierno a desconvocar sus manifestaciones”.

“La desgraciada y lamentable realidad evidencia lo absurdo de esas conclusiones. Y solo puede comprenderse lo sesgado, parcial y predeterminado del plantea-miento si incurrimos en el error de valorar estos hechos pasados no solo con los conocimientos y la experiencia actual tras más de tres meses de estado de alarma y de gestión diaria de esta crisis sanitaria”, concluye la Abogacía, que como ha hecho la Fiscalía, recuerda también en su escrito que Franco no tiene competencias sanitarias, y que estas corresponden a la Comunidad de Madrid.

No es la primera vez que la Abogacía del Estado critica la gestión de Carmen Rodríguez-Medel. El pasado 27 de mayo indicaron que la jueza estaba “convirtiendo” la instrucción abierta contra el delegado del Gobierno en Madrid por autorizar la celebración de la manifestación del Día Internacional de la Mujer en “una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria”.

La Fiscalía, en la misma línea

Precisamente este lunes, y en la misma línea que la Abogacía del Estado, la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado un recurso ante el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid en el que pide que se archive la investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar la manifestación del 8 de marzo.

El texto defiende que Franco no debía permitir esa manifestación, solo tomar nota de la comunicación de que se iba a celebrar, y añade que no tiene competencias en materia sanitaria.

De la avalancha de querellas contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por su gestión de la crisis sanitaria, solo una hasta el momento se ha traducido en una investigación penal. La decisión ha correspondido a la magistrada que instruyó el caso Máster, Carmen Rodríguez-Medel, quien al octavo día del confinamiento consideró que había fundamento en la querella que había presentado contra el delegado del Gobierno en Madrid un abogado y que resultaba urgente ponerse a investigar.

La acusación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, se fundamenta en no haber prohibido los encuentros multitudinarios que tuvieron lugar en los nueve días previos al estado de alarma, entre ellos la marcha feminista del 8 de marzo, supuestamente a sabiendas del presunto riesgo que suponían para la salud de la población. Se trata de un delito castigado con entre nueve y 15 años de inhabilitación para ejercer un cargo público y que no conlleva pena de cárcel.

Pese a la condena menor del delito que se le atribuye indiciariamente y la suspensión vigente de los plazos de instrucción —no corre el plazo máximo para investigar—, Rodríguez-Medel puso a los agentes de Guardia Civil, seleccionados por ella previamente, a realizar una ardua investigación con numerosas tomas de declaración, requerimientos de documentación y análisis de “fuentes abiertas”. Al mismo tiempo reclamó al forense de los juzgados de Plaza de Castilla un dictamen sobre la incidencia de las concentraciones de aquellos días en la propagación del virus Sars-Cov-2. Su resultado no le ha resultado concluyente y, como ha hecho con la Guardia Civil, ha solicitado otro informe ampliatorio.

Los polémicos atestados del instituto armado, plagados de conclusiones sesgadas, errores y hasta bulos difundidos por algunos medios, derivaron en el cese del jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos. Esa decisión se vio seguida de las contradicciones en las versiones ofrecidas por el Ministerio del Interior y ha generado una crisis para el Ejecutivo, entre acusaciones de la oposición por intentar interferir en una investigación judicial.

El asunto ha levantado una tremenda polvareda política: la tesis de que el Gobierno mandó a la gente a contagiarse a las marchas feministas por puro sectarismo partidista es el centro de la argumentación del PP y Vox para cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La portavoz parlamentaria del principal partido de la oposición, Cayetana Álvarez de Toledo, repite durante los últimos días frases de este calibre: “El pecado original de esta pandemia es la obsesión ideológica por el feminismo”. Vox, menos dado a las sutilezas, insiste cada vez en que el feminismo mata.

Todo comenzó el 19 de marzo de 2020. Con el país en shock por la declaración del estado de alarma y el confinamiento domiciliario, el abogado Víctor Valladares, con condenas anteriores por estafa, se presenta en el Tribunal Supremo para interponer una denuncia contra Pedro Sánchez y los delegados del Gobierno de las 17 comunidades autónomas. Les atribuye un delito de prevaricación por haber autorizado manifestaciones cuando se supone que ya había constancia oficial del riesgo de propagación del coronavirus. Pero, según su relato, se encuentra el registro del Alto Tribunal cerrado. Así que se traslada con el mismo papel a la Plaza de Castilla de Madrid, donde está el juzgado de guardia y, de “manera manuscrita”, registra esa denuncia dirigiéndola “al Juzgado de Instrucción que por turno de reparto corresponda”.

El 20 de marzo, la querella cae por reparto en manos de la jueza Carmen Rodríguez-Medel, que tres días después abre una causa penal contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, el único sobre el que tiene competencia. Contra Sánchez, al ser aforado, solo puede actuar el Tribunal Supremo y el resto de delegados del Gobierno tendrían que ser en todo caso investigados en sus respectivos territorios. La jueza rechaza la personación de Valladares por no cumplir los requisitos, pero los indicios que le ha presentado le sirven para abrir una investigación sin necesidad de una acusación popular.

El caso Máster y el amago de declaración de Casado

No es el primer caso de un político que recae en el juzgado de la magistrada. Rodríguez-Medel ya había sido la instructora del caso de los máster supuestamente regalados en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid a Pablo Casado y Cristina Cifuentes, al que dio cerrojazo casi al completo tras la negativa del Supremo a investigar al por entonces recién elegido líder del PP. La jueza consideró un lunes de septiembre que la decisión del Supremo de no investigar al presidente del PP condicionaba toda su investigación y que no era posible seguir. A pesar de la resolución del Supremo, el viernes anterior la jueza tenía intención de ahondar en las pesquisas citando a Casado como testigo, una comparecencia que el aforamiento del líder de la oposición no podía evitar. Nunca lo hizo.

La magistrada había sido antes asesora de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia durante el Gobierno de Mariano Rajoy, un cargo que ocupó durante once meses. Según reveló eldiario.es, en la sobremesa del 4 de agosto de 2018, en plena instrucción del caso Máster, la antigua jefa de Rodríguez-Medel en el ministerio, Carmen Sánchez-Cortes, número dos de Rafael Catalá, telefoneó a la magistrada para interesarse por sus planes con Casado. La togada percibió aquello como un intento de injerencia intolerable.

Finalmente, el más grave caso de corrupción universitaria conocido quedó sin reproche penal a pesar de las declaraciones de alumnos y profesores que acreditaron que había alumnos VIP a quienes les regalaron títulos sin hacer nada o casi nada. Sólo está pendiente de juicio la falsificación del acta con la que Cifuentes intentó justificar que sí había cursado esos estudios antes de que el caso acabase con su carrera política.

Una “sorprendente celeridad” en la instrucción

En la instrucción del caso Máster la jueza no escatimó en solicitudes de información o declaraciones de testigos a partir del trabajo periodístico de éste y otros medios. Ha seguido el mismo esquema con el 8M aunque el país y los tribunales estuvieran prácticamente paralizados por la pandemia y haya un solo investigado por un delito sin pena de cárcel, frente a la veintena de imputados que llegó a tener el caso Máster por varios delitos de cohecho, prevaricación y falsedad documental.

En el auto de apertura de la causa del 8M, Rodríguez-Medel pidió enseguida una extensa batería de diligencias y apuntó la comisión de otro posible delito no citado por el denunciante —lesiones imprudentes— que descartó semanas después. La Abogacía del Estado, encargada de la defensa de Franco, ha criticado la “sorprendente celeridad” de la instrucción.

La Abogacía destaca que acordó iniciar las diligencias a pesar de considerar las actuaciones “no urgentes” y de estar suspendidos los plazos procesales (no se han reactivado hasta este jueves 4 de junio). Así que tanto el forense como la Guardia Civil han ido aportando informes sin que el único investigado hasta el momento haya tenido la oportunidad de “defenderse”, según expone la Abogacía del Estado, que considera que la jueza ha “vulnerado” las disposiciones del estado de alarma. La abogada del Estado Rosa María Seoane, que defendió con éxito los intereses del Gobierno en el juicio del procés, sostiene que Franco está siendo víctima de una “palmaria indefensión” que es “reiterada y continuada”. La Fiscalía no se ha pronunciado todavía en esta causa por la suspensión de los plazos procesales.

La quiniela para la Guardia Civil que nunca existió

La jueza Rodríguez-Medel está unida familiarmente a la Guardia Civil. Su abuelo fue un comandante que murió el 18 de julio de 1936 defendiendo la legalidad republicana. Dos meses antes de abrir la causa contra el delegado del Gobierno, y coincidiendo con el cese de Félix Azón como director general de la Guardia Civil, algunos medios publicaron erróneamente que Rodríguez-Medel, a la que se recordaba por el caso Máster, figuraba en las quinielas para ocupar su puesto. eldiario.es se interesó entonces por esa posibilidad y una fuente autorizada de Interior lo desmintió tajantemente: “Nunca ha estado en ninguna quiniela”. Previamente a esas publicaciones en prensa, Rodríguez-Medel había deslizado en círculos próximos al Ejecutivo su idoneidad para ocupar el cargo por el conocimiento que tiene de la institución.

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid designó en plena pandemia a la Guardia Civil como policía judicial para investigar al delegado del Gobierno. Desde el instituto armado se le ofreció a la Unidad Central Operativa (UCO), la estructura de élite del Cuerpo, para efectuar las diligencias, pero ella prefirió a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Madrid, por conocer de otros casos a su capitán y teniente, según trasladan fuentes de la Guardia Civil, y pese a que el trabajo de éstos se suele centrar en delitos especializados, pero en el ámbito violento o de la criminalidad organizada, siempre cometidos en su demarcación, municipios de la Comunidad de Madrid con menos de 30.000 habitantes.

Conato de actuar contra el Ministerio del Interior

La jueza comentó en círculos próximos su contrariedad por la decisión de Interior de destituir a Pérez de los Cobos el pasado 25 de mayo. Ella misma había trasladado al capitán verbalmente al principio de la investigación, y recordó en una providencia a las pocas horas de que se conociera el cese, que la policía judicial solo debía informarle a ella. Rodríguez-Medel también advirtió de que actuaría contra Interior si tenía conocimiento oficial de que el cese estaba relacionado con los informes de la causa.

El pasado martes se conoció finalmente la propuesta de cese de la directora de la Guardia Civil, en la que se confirma que el coronel fue destituido por no informar a sus superiores de la labor de la policía judicial a las órdenes de la jueza. Hasta el momento no ha trascendido actuación alguna de la jueza al respecto. El mismo día en que trasladó su intención de investigar a Interior en el caso de conocimiento fehaciente del motivo del cese, Rodríguez-Medel también puso en valor la investigación del capitán y el teniente de la Guardia Civil, pese a los clamorosos errores incluidos en sus informes.

En ese segundo atestado, también solicitado por la jueza, los investigadores incluyen varias noticias de prensa sobre el 8M para apuntalar la tesis de que el Gobierno conocía los riesgos de contagio de coronavirus y aún así autorizó esa manifestación mientras prohibía otros actos. Entre ellos, un 'off the record' descontextualizado de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el comentaba que la menor afluencia a esa manifestación podía deberse al miedo de algunas personas a contagiarse.

Además, el informe sigue poniendo el foco en personas que no están investigadas en esta causa por decisión de la propia magistrada titular, como el doctor Fernando Simón. Rodríguez-Medel ha rechazado investigarle porque había sido denunciado en otros dos juzgados de Madrid que ya han rechazado los indicios contra él.

La jueza encargó al forense de Plaza de Castilla que indagara sobre si las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid entre los días 5 y 14 de marzo “fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas”. En un informe que adelantó El Español, el forense confirmó la “imposibilidad de establecer la relación de causalidad” entre las concentraciones convocadas y los contagios, pero también aseguró que “de haberse evitado dichas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad”.

Es precisamente en esta última afirmación en la que se basó la jueza para pedir el pasado 25 de mayo una ampliación de ese informe al forense. La Abogacía del Estado considera que esa petición es “inútil, innecesaria e impertinente” e insiste en que ese empeño solo se explica por el “afán” de la jueza de “agotar todas las posibilidades de reabrir la investigación por el presunto delito de lesiones imprudentes y con ello permitir la entrada de acusaciones particulares”. La ley permitía a Rodríguez-Medel recurrir a un experto en la materia y no necesariamente al forense de los Juzgados de Plaza de Castilla, poco habituado a pronunciarse sobre causas de contagio masivo fruto de virus desconocidos.

La Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena y la Unión de Oficiales, asociación profesional con representación en el Consejo de la Guardia Civil, dirigirán la acusación popular en esta causa, según un auto de la jueza del pasado jueves. También han pedido personarse Vox y el pseudosindicato Manos Limpias, cuyo secretario general, Miguel Ángel Bernad, está siendo juzgado en la Audiencia Nacional por liderar una “organización criminal” por sus supuestos chantajes a entidades financieras, a las que también pedía dinero por retirar querellas. A todos ellos la jueza les ha pedido una fianza de 1.000 euros para poder ejercer la acusación.

Esa cantidad ya ha sido depositada por el denunciante Valladares —abogado condenado y sancionado por estafar a clientes, según desveló la Cadena SER— que se presenta en representación de la asociación de Afectados por la Gestión del Coronavirus. Sin embargo, sigue sin estar personado. Él no puede representarse a sí mismo porque no está colegiado y tampoco ha designado todavía a otro letrado que defienda sus intereses. Y eso, según la jueza, “a pesar de haber sido requerido en varias ocasiones para que se persone con los requisitos exigidos legalmente”. Según explicó Valladares en una reciente entrevista en EsRadio, a la plataforma que respalda la denuncia que ha dado origen a esta investigación se han unido “personas cabreadas con la gestión del Gobierno, los que han perdido a familiares, enfermos de coronavirus y autónomos que se han arruinado por el estado de alarma”.

La jueza que instruye la causa sobre la manifestación del 8M insiste en su rechazo a actuar contra el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, al recordar nuevamente que el epidemiólogo tiene otros procedimientos abiertos en juzgados de Madrid por estos hechos.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, acuerda que no procede ampliar la denuncia contra Simón como reclamaron la Asociación contra la Gestión de Coronavirus (AGC) y el letrado que interpuso la denuncia Víctor Valladares.

Lo justifica por no estar aún personados como acusación popular pero ante todo porque la magistrada ya dictó una providencia el pasado 29 de mayo “en la que se hacía constar que este procedimiento no se dirige frente al citado denunciado señor Simón”.

Dice que basta “una consulta en la aplicación informática”de los juzgados para percatarse de que “otros juzgados han incoado procedimientos frente al citado denunciado”, por lo que les emplaza a “presentar la ampliación ante dichos órganos jurisdiccionales y no ante este”.

Una asociación de afectados interpuso una querella contra Simón que recayó en el Juzgado número 53 de Madrid mientras los que familiares de una fallecida por COVID-19 hicieron lo mismo en el Juzgado 11, pero el magistrado de este último rechazó admitir a tramite la denuncia por falta de competencia, ya que murió en Móstoles, aunque tampoco apreció indicios de delito.

El juez les emplazó a denunciar en esta localidad, algo que la familia ya ha hecho, según informaron a Efe fuentes jurídicas.

Al margen de su negativa a actuar contra Simón, la instructora ha citado a declarar a otros ocho testigos —convocantes de manifestaciones y trabajadores de la Delegación del Gobierno— para el próximo día 11 entre las 09.00 y las 12.30 horas con un intervalo de treinta minutos. 

Y se ha negado a suspender la declaración del próximo día 10 del delegado de Gobierno, Jose Manuel Franco, como solicitó la Abogacía del Estado mientras se resuelven los recursos presentados ante la misma; así como a ampliar la denuncia contra él como reclamó la AGC por no estar aún personados en el procedimiento.

La magistrada da cuenta en su providencia de los requisitos a distintas asociaciones para personarse como acusación popular.

A la Asociación contra la Gestión de Coronavirus les pide depositar una fianza de mil euros y un escrito firmado por su letrado para ya después pronunciarse sobre las cuestiones que han planteado con anterioridad

Luego da “por anunciada” la personación de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, a quienes solicita que aporten la misma fianza, un poder especial y documentación relativa a la asociación; pero en cambio rechaza por el momento a Manos Limpias hasta que no presente un poder especial a favor de procurador y la misma fianza.

Abierta hace poco más de dos meses, en los días más duros de la pandemia, la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir la marcha feminista del 8M y otras 76 manifestaciones acumula en sus cuatro tomos varios folios de severos reproches. Son principalmente los que hace a la jueza instructora la Abogacía del Estado, encargada de la defensa de Franco, imputado por prevaricación y pendiente de declarar en el juzgado de instrucción 51 de Madrid.

La abogada del Estado Rosa María Seoane, que defendió con éxito los intereses del Gobierno en el juicio del procés, está siendo especialmente crítica en sus escritos. Sostiene que la magistrada pretende “convertir” esta investigación en una “causa general” contra el Gobierno. Y critica que en su “afán de encontrar indicios” ha solicitado información no solo del imputado José Manuel Franco, sino de “otras autoridades” a las que ni siquiera identifica en sus resoluciones.

También cuestiona el carácter “prospectivo” de la investigación, iniciada sobre “meras sospechas e hipótesis” que la jueza “trata de suplir” con la extensa batería de diligencias acordadas, asegura Seone. Entre ellas, la que ha dado lugar al polémico informe de la Guardia Civil que incluye en sus 80 páginas multitud de errores, bulos y documentos públicos mutilados. Ese atestado es el principal documento conocido que, al menos hasta ahora, avala la denuncia que presentó el letrado Víctor Valladares.

La magistrada objeto de estas críticas es Carmen Rodríguez-Medel, que fue la instructora del caso de los máster supuestamente regalados en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid a Pablo Casado y Cristina Cifuentes, al que dio cerrojazo casi al completo tras la negativa del Supremo a investigar al actual líder del PP. También por su parte ha habido algún reproche a la Abogacía del Estado.

En una providencia del 27 de mayo, la jueza ve “sorprendente” la petición de Seoane de aplazar la declaración de Franco como imputado alegando que “necesita tiempo para instruirse” cuando asegura que tardó más de un mes en acudir al juzgado a hacerse con una copia de la investigación. La jueza aceptó posponer la declaración, pero lo hizo sin dejar pasar la oportunidad de reprochar a la defensa su intento de demorar la causa. Finalmente, la citación es para el próximo 10 de junio.

La abogada del Estado ha resaltado en sus escritos precisamente lo contrario: la “sorprendente celeridad” de la jueza para aceptar la denuncia —el pasado 23 de marzo, solo tres días después de que cayera en su juzgado— e impulsar las pesquisas en plena pandemia y con todos los procedimientos judiciales no esenciales suspendidos por la situación de excepcionalidad.

“La apertura de diligencias previas y el acuerdo de practicar diligencias de investigación no urgentes supone una vulneración de las normas que resultan de aplicación durante la vigencia del estado de alarma”, dice el escrito del 20 abril con el que la Abogacía del Estado recurrió el auto que dio lugar a la apertura de la causa.

Seoane critica que tanto el forense como la Guardia Civil hayan ido aportando informes sin que el único investigado hasta el momento haya tenido la oportunidad de “defenderse”. El citado recurso del 20 de abril sigue pendiente de resolución en la Audiencia Provincial de Madrid. Y tampoco la Fiscalía se ha pronunciado “oportunamente” antes de que se pusiera en marcha la extensa batería de diligencias acordadas. El Ministerio Público no ha hecho ningún posicionamiento sobre esta causa por la suspensión de los plazos, que se levanta el próximo 4 de junio.

Estos son los elementos que llevan a la abogada del Estado a afirmar que Franco está siendo víctima de una “palmaria indefensión” que es “reiterada y continuada”, según detalla en sus escritos. Su tesis es que si las actuaciones no eran urgentes —como dijo la propia jueza— no deberían haberse iniciado. Pero, una vez abiertas, genera “una clara indefensión” al investigado mantener suspendidos los plazos para recurrir.

La Abogacía del Estado también cuestiona el “afán” de la jueza por intentar ampliar la causa con el delito de lesiones imprudentes que descartó hace unas semanas. Así, califica de “inútil, innecesaria e impertinente” la petición de que el forense, si lo considera “preciso”, amplíe el informe que le pidió en el inicio de la causa y con el que pretendía tener más información sobre si las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid entre el día 5 y 14 de marzo de 2020 “fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas”.

El forense, en un informe que adelantó El Español, confirmó la “imposibilidad de establecer la relación de causalidad” entre las concentraciones convocadas y los contagios por la COVID-19, pero también aseguró que “de haberse evitado dichas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad”. Es precisamente en esta última afirmación, y no en la anterior, en la que se basa la jueza para pedir una ampliación de ese informe.

La Abogacía del Estado se opone frontalmente. E insiste en que ese empeño solo se explica por el “afán” de la jueza de “agotar todas las posibilidades de reabrir la investigación por el presunto delito de lesiones imprudentes y con ello permitir la entrada de acusaciones particulares”.

I.

¿Ha cometido delito la jueza Carmen Rodríguez-Medel al decidir, ante una denuncia dirigida contra todos los Delegados de Gobierno de las Comunidades Autónomas, proceder solamente contra el Delegado del Gobierno en Madrid sin deducir testimonio de la denuncia a los jueces decanos de las provincias donde está fijada la residencia de la Delegación del Gobierno de la correspondiente Comunidad Autónoma, a fin de que la autoridad judicial competente decidiera lo que estimara pertinente? ¿No está “discriminando” con ello al Delegado de Gobierno en Madrid respecto de los demás Delegados de Gobierno? ¿No está privando con ello a los jueces radicados en las distintas Comunidades Autónomas del ejercicio de la potestad jurisdiccional? ¿Considera la jueza Carmen Rodríguez-Medel que entra dentro de su competencia reducir la denuncia dirigida contra todos a uno solo? ¿Considera que ella sí y los jueces radicados en las demás Comunidades Autónomas no pueden entender de la denuncia presentada por el Sr. Valladares? ¿Con base en qué criterio “objetivo y razonable” considera que puede hacerlo? ¿Era distinto el derecho de manifestación cuya pretensión de ejercicio se puso en conocimiento de todos los los Delegados de Gobierno de todas las Comunidades Autónomas? ¿Era distinta la competencia de los distintos Delegados del Gobierno respecto del ejercicio del derecho? ¿Singularizaba la denuncia del Sr. Valladares la conducta del Delegado del Gobierno en Madrid respecto de las conductas de los demás Delegados del Gobierno? ¿Hacía alguna consideración sobre la diferente naturaleza del derecho ejercido el 8 de marzo en Madrid y en las demás ciudades españolas?

Es posible que la jueza Carmen Rodríguez-Medel tenga una respuesta para todos estos interrogantes o para algunos de ellos y que, en consecuencia, pueda justificar de una manera “objetiva y razonable”, por qué ha decidido actuar contra el Delegado en Madrid sin “deducir testimonio” a los jueces decanos para que pudieran los jueces competentes en las distintas Comunidades Autónomas hacerlo o no hacerlo contra los Delegados del Gobierno de dichas comunidades.

Es posible que así sea y que, en consecuencia, la conducta de la jueza no se vea afectada por la “interdicción de arbitrariedad”. Porque me imagino que la juez Rodríguez-Medel será consciente de que la interdicción de arbitrariedad también es de aplicación a los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional.

Puede que yo vea fantasmas y que no haya nada que reprochar a la jueza Rodríguez-Medel en este asunto. En todo caso, si fuera el Delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, solicitaría a la jueza una respuesta a todas estas preguntas, ya que, de no recibir una respuesta “ajustada a derecho” a las mismas, podría proceder penalmente contra ella. No me limitaría simplemente a recurrir el auto de la jueza, sino que la denunciaría porque el auto supone una decisión imposible de justificar con ninguna de las reglas de interpretación comúnmente aceptadas en el mundo del derecho. La jueza Rodríguez-Medel habría actuado de la forma en que lo ha hecho, porque le ha “salido del alma”. Y ningún juez puede tomar una decisión porque le sale “del alma”. Es constitutivo de delito.

II.

¿Es constitutiva de delito la conducta de los dos miembros de la Guardia Civil que han elaborado el informe que les encargó la jueza Rodríguez-Medel? ¿Desconocían que pesa sobre ellos la obligación de ecuanimidad e imparcialidad en la evacuación del informe? ¿Pueden faltar a la verdad en la fijación de la fecha en la que la Organización Mundial de la Salud declaró la situación de pandemia? ¿Pueden manipular e incluso tergiversar la respuesta que dan a las preguntas algunos de los testigos? ¿Pueden atribuir a la intervención del Gobierno la suspensión de determinados eventos cuando los organizadores de los mismos han dicho expresamente que no hubo intervención de ningún tipo?

Si fuera el Delegado del Gobierno, interrogaría a los autores del informe y, en el supuesto de que quedara acreditada una conducta torticera en la elaboración del mismo, procedería penalmente contra ellos.

III.

¿Puede el coronel Pérez de los Cobos pretender que no tiene la obligación de comprobar que sus subordinados no ejercen su tarea de una manera tan desviada que linda con lo delictivo? ¿No tiene ninguna responsabilidad por una actuación de personas por él designadas, cuando estas se comportan de la forma en que lo han hecho los autores del informe? ¿No es razonable que, ante una negligencia 'in vigilando' en asunto de tanta gravedad, el coronel Pérez de los Cobos haya sido cesado?

Lo que sería imperdonable es que no lo hubiera sido. El Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, si ha cometido algún error, es no haberse dado cuenta de qué maniobras se estaban poniendo en marcha dentro de un cuerpo de seguridad del Estado, como es la Guardia Civil, sobre el que tiene la responsabilidad última. Lo que ha ocurrido con el informe solicitado por la jueza Rodríguez-Medel no debería haber ocurrido, porque no deberían estar en el puesto en que estaban las personas que lo elaboraron, lo que a su vez quiere decir que tampoco debería haberlo estado el coronel Pérez de los Cobos. No deberían haberse producido ceses porque las personas cesadas no deberían haber estado ocupando el puesto del que ahora han sido removidos. Si algo se le puede reprochar al ministro, es haber actuado tarde. Esperemos que la lección haya sido aprendida.

Por otra parte, ya está bien de la cantinela del honor de la Guardia Civil. El honor de la Guardia Civil no se ha visto afectado por los ceses ordenados por la Directora General del Cuerpo, sino por la conducta de los autores del informe con la aquiescencia de su superior jerárquico. Una cosa es el honor de la Guardia Civil y otra el honor de cada uno de sus miembros. ¿O es que el teniente-coronel Tejero no era miembro de la Guardia Civil? ¿Hay que esperar a que se dé un golpe de Estado para constatar la falta de honorabilidad?

La jueza Carmen Rodríguez-Medel ha rechazado la petición del denunciante del caso del 8-M de investigar al director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, porque el procedimiento que ella instruye no se dirige contra el epidemiólogo sino exclusivamente contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

La magistrada dice al abogado que presentó la denuncia que hay al menos otros dos juzgados de Madrid donde se han presentado acciones contra Simón, según Rodríguez-Medel ha comprobado en la aplicación informática, y que serán éstos los que deberán pronunciarse acerca de las acusaciones por lo que deberá, “en consecuencia presentar la ampliación ante dichos órganos jurisdiccionales”.

Igualmente la magistrada rechaza ampliar la denuncia contra varios funcionarios de la Delegación del Gobierno, como también pretendía el denunciante, a los que atribuía indiciariamente una serie de delitos contra la vida, la integridad física o contra el ejercicio de los derechos y libertades. En este caso, la magistada sí entra a valorar el escrito del denunciante y concluye: “No hay indicios de que hayan cometido los delitos denunciados”, escribe la magistrada en su providencia. 

La jueza cita además a siete testigos para el próximo 11 de junio, todo ellos convocantes de actos en los días cercanos a la manifestación del 8 de marzo y que fueron interrogados por la Guardia Civil para redactar su informe. Entre ellos figura el sindicalista de CGT que niega haber dicho a los agentes que suprimieron su protesta por el riesgo de pandemia, como plasma el informe del instituto armado. 

La jueza rechaza varias pretensiones para ejercer la acusación popular por no reunir los requisitos para ello, pero acepta la de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, a quien impone una fianza de 1.000 euros. Con indepedencia de su personación en esta causa, esta asociación tiene presentada una querella en los juzgados de Madrid en la que también señala a Simón y a otros responsables ministeriales, nunca de gobiernos autonómicos, y en la misma pide que declaren, entre otros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. 

Un escrito de la Abogacía del Estado, incorporado a la investigación del delegado del Gobierno de Madrid por no prohibir el 8M, acusa a la Guardia Civil de “deslizar continuas sospechas” y “generar suspicacias” en el informe que le reclamó la jueza en el marco de esa causa. La Abogacía del Estado ejerce la defensa del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, investigado por presunta prevaricación por haber permitido la celebración de eventos multitudinarios como la manifestación feminista del 8 de marzo cuando se supone que había constancia oficial del riesgo de propagación del virus. 

“La Policía Judicial desliza continuas sospechas y comentarios suspicaces por los complementos de documentación, perjudicial para la investigación y para el investigado, ya que genera aclaraciones posteriores, sucesivas, que hacen más complejo el análisis global de toda la información cuando no generan suspicacias, que son de todo punto innecesarias  y podrían evitarse dando el tiempo necesario para cumplir adecuadamente esos requerimientos”, dice el escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es, en alusión a su crítica a la jueza Carmen Rodríguez-Medel de ejercer una instrucción apresurada pese a la situación generada por la pandemia. 

La abogada del Estado Rosa María Seoane dice que el instituto armado ha actuado con “claro sesgo acusatorio” y acusa a la jueza de promover ese informe pese a que estaba pendiente resolver el recurso de apelación presentado por la Abogacía al auto que dio inicio a la causa. De hecho, el escrito, que ha adelantado El País, El Paísrecuerda que ni la Fiscalía se pudo pronunciar “oportunamente” antes de que se desenvolvieran todas las diligencias acordadas ni la Audiencia Provincial ha revisado la “legalidad” de la forma de proceder de la instructora. 

El órgano dependiente del Ejecutivo asegura en otra parte de este escrito que el citado informe de la Guardia Civil no incluye “ningún análisis de evidencias científicas” y que sólo incorpora “referencias mutiladas y parciales a documentos técnicos o noticias de prensa”. Según publicó eldiario.es, ese informe, que contiene contiene clamorosos errores y bulos ya desmentidos, incluye también declaraciones que han negado testigos interrogados. La tesis del instituto armado en ese documento es que el Ejecutivo autorizó la marcha del 8M y trató de desconvocar otras por la puerta de atrás con criterios arbitrarios. 

A este respecto, la Abogacía del Estado señala que, a la luz de ese informe de la Guardia Civil, “parecería que lo que se persigue, lo sospechoso y lo criminalmente reprobable es gestionar la desconvocatoria voluntaria por los organizadores de una concentración en un momento, a partir del día 9 de marzo, en el que la situación epidemiológica en Madrid cambió de forma sustancial”.

En este recurso, que tendrá que resolver la propia jueza, la Abogacía del Estado insiste en que se está vulnerando el derecho del delegado del Gobierno a un proceso con todas las garantías. Así, sostiene que se está “cercenando el derecho de defensa” al no tramitar ninguno de los recursos que se han interpuesto como consecuencia de la suspensión de plazos procesales decretada en el estado de alarma, lo que está provocando al investigado una “indefensión material, reiterada y continuada”.

La Abogacía del Estado también se refiere de manera extensa al informe del forense, adelantado por El Español, que confirmó la “imposibilidad de establecer la relación de causalidad” entre las concentraciones convocadas y los contagios por la COVID-19, pero que también estableció que “de haberse evitado dichas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad”. Para la defensa del delegado del Gobierno esta última afirmación “no tiene ningún sustento científico ni técnico y el forense no la razona, ni argumenta ni la apoya en ningún dato objetivo”. 

Es por eso que pide a la jueza que reconsidere la decisión de pedir al forense que amplíe su informe en lo relativo precisamente a esa última afirmación. La abogada del Estado cree que es una diligencia “innecesaria, impertinente e inútil” para la investigación del delito de prevaricación y “sólo se explica por el afán de agotar todas las posibilidades de reabrir la investigación por el presunto delito de lesiones imprudentes y con ello permitir la entrada de acusaciones particulares”. 

El escrito también desliza las tesis de defensa de Franco, que mantiene es “falso” que los organismos internacionales, como la OMS o el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC), la agencia de salud pública comunitaria, recomendaran antes del 8M cancelar eventos multitudinarios sin distinción alguna, algo que asegura la Abogacía del Estado que obvia el forense. Seoane cita, por ejemplo, un informe del 2 de marzo del ECDC que recomendaba la cancelación de eventos según el grado de expansión en cada zona. 

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha acordado retrasar al 10 de junio la declaración del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, quien acudirá en calidad de investigado por autorizar la marcha feminista del 8M en Madrid. Atiende así la petición de la Abogacía del Estado que pedía tiempo para preparar la defensa. Además, la declaración tendrá que ser presencial cuando en un primer momento se había fijado que fuera telemática. 

En una providencia, la jueza retrasa así su comparecencia, que había sido fijada inicialmente para el 5 de junio, en cinco días, y señala que tendrá lugar a las 15.30 horas. Tras él declararán en calidad de testigos otras tres personas, y la magistrada explica que las declaraciones serán presenciales finalmente “a la vista de la incidencia técnica” sufrida con el sistema ZOOM, usado para las videoconferencias, en días anteriores.

“A fin de evitar que problemas similares impliquen mayores retrasos en las declaraciones de la presente causa, se acuerda que, dada la imposibilidad de tener certeza de que la conexión telemática es posible, se practiquen de forma presencial, debiendo en consecuencia comparecer las partes y los testigos en esta sede judicial en el día y hora indicados”, añade.

La Abogacía del Estado sostiene que la jueza Carmen Rodríguez-Medel está “convirtiendo” la instrucción abierta contra el delegado del Gobierno en Madrid por autorizar la celebración de la manifestación del Día Internacional de la Mujer en “una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria”.

El órgano dependiente del Ejecutivo, que defiende a José Manuel Franco en este proceso el carácter “prospectivo” de la investigación, iniciada en base a “meras sospechas e hipótesis” que la jueza “trata de suplir” con la extensa batería de diligencias acordadas. En el escrito, adelantado por El Español y al que ha tenido acceso eldiario.es, destaca de la magistrada su “sorprendente celeridad” a la hora de abrir la causa solo tres días después de que entrara en su juzgado.

En el recurso, presentado el pasado 20 de abril ante la Audiencia Provincial de Madrid, la Abogacía del Estado solicita la nulidad de la instrucción por una supuesta vulneración del derecho del delegado del Gobierno a un proceso con todas las garantías, pues sostiene que la magistrada “obvió” las “limitaciones” que el estado de alarma impuso en el ámbito judicial para actuar contra él. Franco está imputado por autorizar la celebración de la manifestación feminista del 8M en Madrid cuando se supone que había constancia oficial del riesgo de propagación del virus.

La abogada del Estado Rosa María Seoane —la misma que defendió la tesis de la sedición durante el juicio del 'procés'— critica que la causa se abriera sin que el investigado pueda “defenderse” como consecuencia de la “suspensión” de los plazos procesales para todos los órdenes jurisdiccionales que se estableció cuando entró en vigor el estado de alarma. Esa suspensión se levantará el próximo 4 de junio.

A su juicio, la suspensión de plazos no se entiende sin una “paralización” del dictado de resoluciones judiciales “que puedan provocar una necesaria intervención en defensa de los legítimos intereses de cada parte”. Además, defiende que estas diligencias no entrarían en el tipo de actuaciones urgentes e inaplazables que son las únicas que no quedan suspendidas durante el estado de alarma.

El escrito también incluye las tesis de defensa de Franco, que mantiene que hasta el 14 de marzo, cuando entró en vigor el estado de alarma, “no había ninguna resolución de ninguna autoridad competente en materia sanitaria, ni local, ni autonómica, ni estatal, que limitara las concentraciones de personas, ya no en ejercicio de un derecho fundamental, como lo es el derecho de reunión, sino con ningún objeto y finalidad”.

Asegura que con anterioridad a esa fecha había únicamente “recomendaciones sanitarias” que fueron intensificándose a partir del día 11 de marzo, pero que no supusieron impedimento alguno para limitar, por ejemplo, la celebración de eventos deportivos como el partido de fútbol celebrado en Madrid el día 7 de marzo entre el Atletico de Madrid y el Sevilla. Además de la manifestación feminista, el 8 de marzo también se celebró en Madrid un mitin de Vox que reunió a 9.000 asistentes en un espacio cerrado.

La jueza Carmen Rodríguez-Medel está dispuesta a abrir una investigación al Ministerio del Interior si confirma que el coronel Diego Pérez de los Cobos ha sido cesado por obedecer sus órdenes y no informar a sus superiores de la investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid por tolerar la manifestación del 8M, han informado a eldiario.es fuentes jurídicas.

La magistrada advirtió al capitán al mando de la investigación que el deber de secreto que tiene en cualquier causa se vería reforzado en la presente por tratarse el único investigado por el momento de un superior jerárquico suyo, el delegado del Gobierno, José Manuel Franco. El capitán le trasladó esta orden de la jueza al coronel Pérez de los Cobos, informan fuentes del instituto armado.

El Ministerio del Interior se ha limitado a decir públicamente que Pérez de los Cobos ha sido cesado por “pérdida de confianza”, pero al jefe de la Comandancia de Madrid le explicó la directora general del Cuerpo que el motivo era no haber informado de la entrega a la jueza del informe de Guardia Civil por la causa del Juzgado número 51 de Madrid.

La magistrada ha reaccionado con un auto en el que cita a declarar al ya investigado José Manuel Franco y recuerda a los agentes del instituto armado que es a ella a la única que deben dar cuenta de su trabajo. Este es el argumento principal, el deber del secreto de los agentes que actúan como policía judicial, de una carta que la jueza ha remitido al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, una vez ha trascendido el cese de Pérez de los Cobos.

Cuando se publicó la primera información del máster, el pasado 21 de marzo, Cristina Cifuentes ni podía atisbar que meses después iba a tener que declarar en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid. Cuando se acercó ese día trató de evitarlo por todos los medios a su alcance, pero finalmente el 23 de julio tuvo que sentarse ante la jueza. Carmen Rodríguez-Medel no se creyó ninguna de las excusas que dio para tratar de hacerla creer que hizo su Trabajo de Fin de Máster (TFM), pero que no conservaba ninguna prueba de ello.

Así lo hace constar la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid en el auto por el que este miércoles ha dado por finalizada la investigación del caso Máster. Rodríguez-Medel lo ha concretado en su escrito de diez páginas en el que no solo deja patente que no cree el relato de la expresidenta madrileña. También relata que fue Cifuentes quien instigó la falsificación del acta sobre su TFM con el que trató de sobreponerse a las informaciones de eldiario.es sobre su posgrado que amenazaban durante aquellas primeras semanas su carrera política.

La jueza dedica ahora algunos párrafos de ese auto a desmontar la tesis que defendió Cifuentes durante su declaración. La presidenta, que había dado su versión en algunos medios de comunicación y en la Asamblea de Madrid, trató de no hacerlo en la sala de declaraciones de Rodríguez-Medel, que hasta el momento se había mostrado implacable en la investigación.

Cifuentes primero trató de llevar su caso al Tribunal Supremo, el mismo que luego archivaría la parte de la investigación contra el líder del PP, Pablo Casado, por un máster parecido. La jueza lo rechazó argumentado que la ya expresidenta no gozaba de aforamiento y que, en cualquier caso, era la propia magistrada la que decidiría cuando elevaba la causa al Alto Tribunal.

El día marcado para su declaración, el 26 de junio, Cifuentes no se presentó. Su defensa, ya con todo el mundo dentro de la sala, alegó que estaba enferma. La jueza envió a un médico a su casa para comprobarlo y luego pospuso la declaración para el 23 de julio.

Las fechas no cuadran y no hay agenda

En esa segunda citación, Cifuentes entró por el garaje, con escolta, y con la seguridad de que en el pasillo no se iba a encontrar a ningún periodista. La seguridad del edificio les había expulsado. Por fin frente a la jueza declaró que hizo el TFM y lo presentó el 2 de julio de 2012. Rodríguez-Medel no se lo cree.

Según la jueza, para cumplimentar ese trámite tenía que haber completado antes todas las asignaturas, tal y como rige la normativa académica. No era el caso de Cifuentes. El auto señala que la expresidenta pidió matricularse para hacer el TFM en octubre de 2012 y pagó las tasas en noviembre. Según el relato que hizo la expresidenta abonó la matrícula para presentar ese trabajo meses después de haberlo defendido ante un tribunal.

Cifuentes dijo que había comprobado en marzo en su agenda oficial -en ese momento era delegada del Gobierno- que el 2 de julio de 2012 tenía marcada la cita con el tribunal de su máster. Otra versión que la jueza desmiente después de haber pedido esa agenda a la Delegación de Gobierno. La institución contestó que no se conservaba, dado el tiempo transcurrido. Es decir, que Cifuentes tampoco podía haber comprobado ese extremo.

“En definitiva, sus alegaciones exculpatorias sobre este particular quedan desvirtuadas por la contestación recibida desde la Delegación del Gobierno en cumplimentación del oficio remitido”, remata la jueza.

“No parece verosímil” que no usaran el mail

Cifuentes también le contó a la jueza que enviaba a Enrique Álvarez-Conde, el director de su máster, los borradores de su trabajo en copias manuales a través de un mensajero y no por mail porque le resultaba “más cómodo”. Ademas, dijo que manejaba solo copias impresas porque hacía correcciones a mano sobre ellas con varios colores. Así se lo contó a la jueza cuando le preguntó si es que no conservaba, como sus compañeros de promoción, ninguna de esas copias en su mail. La magistrada no se cree esa versión.

“No parece verosímil que en 2012 obviaran esta forma de comunicación (tan ágil, sencilla, rápida, accesible) y fuera todo manual (además de no resultar convincentes las alegaciones que hizo la investigada relativas a que por costumbre ella corrige en papel y en colores, cuando en el caso que nos ocupa las correcciones no las hacía ella, sino teóricamente correspondía hacerlas al profesor Sr. A.C. -Álvarez Conde-)”, escribe Rodríguez-Medel.

Cifuentes también alegó en su declaración que no conservaba la copia final del TFM. Esgrime que se ha mudado varias veces de casa y que quizá se encontraba en una de las cajas que aún tenía por abrir. Una tesis que también había desplegado en sus comparecencias públicas. La jueza no se cree tampoco esta excusa y concluye que no hizo el TFM: “No resultaron creíbles las manifestaciones de la investigada relativas a que efectivamente hizo el trabajo y lo defendió públicamente ante un tribunal”.

La jueza del caso Máster, Carmen Rodríguez-Medel, ha rectificado su negativa a tramitar el segundo recurso de la Universidad Rey Juan Carlos contra el archivo de gran parte de la causa que la magistrada había dictado. Rodríguez-Medel alegaba que la representación legal de la Universidad había excedido en un día el plazo de presentación del recurso sobre el que debe decidir la Audiencia Provincial de Madrid.

La URJC recurrió de inmediato la decisión de la jueza. La Universidad presentó un cálculo del plazo que la propia jueza les había concedido que no coincidía con el de la magistrada y que demostraba que el escrito había sido presentado a tiempo.

En una providencia a la que ha tenido acceso eldiario.es, Rodríguez-Medel asume que ese plazo concluía el día 30, fecha en la que la URJC presentó en su juzgado el recurso de apelación, y no el 29, como ella misma afirmaba. Ahora, la jueza da traslado del recurso a la Fiscalía y el resto de las partes para que se pronuncien antes de cinco días sobre el recurso sobre el que debe fallar la Audiencia Provincial.

La Universidad recurrió el archivo dictado por la jueza contra 19 imputados y que conlleva que los únicos investigados en este momento sean la propia Cifuentes, el director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, las profesoras Cecilia Rosado y Alicia López de los Mozos, cuya firma aparece en el acta falsificada, y la asesora de la expresidenta María Teresa Feito, quien presionó presuntamente a las docentes para conseguir una coartada.

La magistrada rechazó el recurso en un auto en el que culpaba a la Universidad del resultado final de su investigación por su “pasividad” y porque “su actuación no ha ayudado en nada al esclarecimiento de los delitos”. La Universidad decidió recurrir de nuevo, esta vez en apelación, a la instancia superior a la jueza, que es la Audiencia Provincial de Madrid.

Rodríguez-Medel decidió sobreseer gran parte de su propia instrucción después de que el Tribunal Supremo rechazara investigar a Pablo Casado una vez analizada la extensa exposición razonada que ella le remitió con los indicios contra el aforado, presidente del Partido Popular.

“No resulta posible circunscribir la decisión del Alto Tribunal al aforado, ni apartarse esta instructora de su superior criterio en lo que es responsabilidad de esta magistrada-juez, a saber, los no aforados, cuando la argumentación le resulta de plena aplicación”, recoge la magistrada en un auto.

La jueza del caso Máster, Carmen Rodríguez-Medel, ha rechazado elevar a la Audiencia de Madrid el recurso presentado contra el archivo de la causa que ella dictó porque, según alega, la Universidad Rey Juan Carlos presentó el mismo fuera de plazo.

En una providencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, la jueza dice que “no ha lugar a su admisión (del recurso de la URJC), por extemporáneo, ya que la resolución fue notificada a las partes el pasado 19 de octubre, a las 14:30 horas, por lo que el plazo de 5 días expiró el 29 de octubre, constando que auto que el recurso fue presentado vía lexnet el día 30 de octubre, a las 14:47 horas”.

La Universidad recurrió el archivo dictado por la jueza contra 19 imputados y que supuso que solo Cristina Cifuentes, Enrique Álvarez Conde y tres profesoras siguieran imputadas, pero solo por la falsificación del acta de Trabajo de Fin de Máster. La magistrada rechazó el recurso en un auto en el que culpaba a la Universidad del resultado final de su investigación por su “pasividad” y porque “su actuación no ha ayudado en nada al esclarecimiento de los delitos”.

La Universidad decidió recurrir de nuevo, esta vez en apelación, esto es, a la instancia superior a la jueza, la Audiencia Provincial de Madrid. La URJC presentó ese recurso fuera de plazo por un día, según la jueza, que en ocasiones anteriores había mostrado una actitud flexible con la entrega en el juzgado de los escritos.

La Universidad Rey Juan Carlos va a recurrir la decisión de la jueza al entender que la fecha de entrega del recurso de apelación es correcta, según la ley. A diferencia de la jueza, la URJC considera que el plazo comienza a contar al día siguiente de que el juzgado les comunicara la posibilidad de recurso y que tal notificación fue el lunes 22 de octubre y no el 19, como alega la magistrada.

La Universidad asegura que el escrito de la jueza llegó al buzón de la procuradora ese viernes 19 a las 13:40 horas y que la interpretación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece para casos como ese que la notificiación se establezca el lunes siguiente. También alegan que hay una circular del Ilustre Colegio de Procuradores que desarrolla el texto legal.

“El recurso se presentó el martes 30 de octubre a las 14:47 horas con lo que de conformidad con la Circular del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, el recurso está presentado en plazo”, aseguran fuentes de la URJC.

La jueza de caso Máster ha citado a declarar como testigo en esa causa al actual consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken. Carmen Rodríguez-Medel cree que su testimonio puede facilitar el esclarecimiento de las supuestas presiones que recibieron profesores del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) para falsificar el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) con la que Cristina Cifuentes intentó defenderse de las primeras informaciones que apuntaban a que había obtenido un título de forma irregular.

En su declaración ante la jueza, el rector de la URJC, Javier Ramos, aseguró que tanto el consejero como su secretaria lo llamaron en numerosas ocasiones reclamando documentación del máster el día que eldiario.es desveló que Cifuentes había obtenido su título de máster con notas falsificadas. Van Grieken, que siempre ha negado las supuestas presiones, fue reprobado por este hecho en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Tras solicitarlo el catedrático Enrique Álvarez Conde, exdirector del IDP, el consejero tendrá que declarar como testigo el día 31 de octubre.

En otro auto, la magistrada rechaza el recurso que la URJC, que es acusación particular en este caso, presentó contra el archivo de gran parte del caso. Para saber si la mayoría de la investigación sigue adelante o no habrá que esperar a si la universidad decide o no recurrir ante la Audiencia Provincial de Madrid. Tras el carpetazo de Rodríguez-Medel, la causa que investigaba si se dieron títulos regalados a alumnos “escogidos” frente a otros “ordinarios”, quedó reducida a una investigación contra cinco personas –Cifuentes entre ellas– y solo circunscrita a la falsificación de la citada acta.

En la misma resolución, la jueza estima el recurso presentado por Alicia López de los Mozos, la profesora que reconoció en sede judicial que falsificó las notas de otros alumnos además de la expresidenta. Por último, desestima la pretensión de María Mateo Feito y Fernando Suárez Bilbao y mantiene que para ellos el sobreseimiento de la causa siga siendo provisional y no libre como solicitaban en su recurso.