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Cristina Cifuentes vivía a principios de 2018 el mejor momento de su carrera política cuando estalló el escándalo de su máster falso. A punto de cumplirse tres años de su mandato como presidenta de la Comunidad de Madrid, había logrado afianzar la imagen de azote de la corrupción tras años de escándalos protagonizados por su propio partido. Y algunos medios especulaban, sin que ella se esforzarse por negarlo, con que podía ser la sucesora de Mariano Rajoy al frente del PP, cuyo gobierno vivía horas bajas.

La exclusiva de elDiario.es sobre que había aprobado un máster en la Universidad Rey Juan Carlos I con notas falsas truncó su ascenso de golpe, la obligó a dimitir y la jubiló de la política. Ahora, casi tres años después, afronta las consecuencias judiciales de sus desesperados intentos por salvar su presidencia: la Fiscalía pide que sea condenada a tres años de cárcel por un delito de falsedad en documento oficial.

Ese documento que presuntamente se falsificó es el acta con la que pretendía demostrar que hizo una defensa del Trabajo de Fin de Máster (TFM) que nunca tuvo lugar. Lo que ha llevado a Cifuentes a enfrentarse a peticiones de pena de cárcel no es el fraude de su máster, sino el intento desesperado por tapar el escándalo con mentiras y documentos falsificados, una huida hacia delante con el único objetivo de salvar su carrera política. El juicio es el punto final a una historia que se divide en cuatro actos.

Acto 1: Un máster sin hacer nada

Cifuentes se matriculó en el máster de Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos el 21 de diciembre de 2011, tres meses después de que acabara el plazo legal para hacerlo. Era una destacada militante del PP en la capital y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, un cargo que iba a compatibilizar con un posgrado de unas 1.500 horas entre clases, estudio, trabajos y presentaciones académicas. Las clases ocupaban entre 12 y 15 horas semanales: jueves por la tarde (cuando la Asamblea celebra sus plenos), viernes por la tarde y sábados por la mañana.

El comienzo tardío ya implicó que se saltase un trimestre entero de clases. Tampoco acudió a las restantes, como contaron luego los alumnos que sí iban presencialmente a la Universidad, hacían exámenes y entregaban los trabajos necesarios para aprobar. Desde el 12 de enero de 2012, además, Cifuentes pasó a estar al frente de la Delegación del Gobierno en Madrid designada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

En junio de ese mismo año se celebran los exámenes del posgrado. Ningún alumno ve a Cifuentes presentarse por el campus, pero aún así consigue sacar cinco sobresalientes. La versión que ella ha sostenido y que luego se ha demostrado mentira es que el 2 de julio defendió su Trabajo de Fin de Máster –TFM– y consiguió una calificación de 7,5.

Unos meses más tarde, en noviembre de 2012, Cifuentes paga las tasas universitarias para volver a presentar su Trabajo de Fin de Máster, el que supuestamente ya había entregado, aunque en su expediente salía como "no presentado". Es el 23 de octubre de 2014 cuando una funcionaria de la Universidad, Amalia Calonge, entra en el sistema informático para cambiar dos notas del expediente de Cifuentes: de no presentado pasa a notable. El 6 de noviembre de 2014, Cifuentes paga las tasas para retirar el título, aunque no lo recoge hasta el 16 de noviembre de 2017. Ese día, se hace una foto con Calonge.

Acto 2: Una meteórica carrera política

Cuando recoge su título de posgrado lo hace ya como presidenta de la Comunidad de Madrid. Su carrera despegó cuando, en pleno curso del máster, Mariano Rajoy la sacó de su puesto de vicepresidenta de la Asamblea para colocarla como delegada del Gobierno en Madrid.

Ese cargo le permitiría impulsar su imagen durante los años en los que la capital vivió las grandes movilizaciones contra los recortes. Era habitual verla en la televisión y queda para el recuerdo una de sus intervenciones en la que exhibió una de las piedras que supuestamente habían lanzado manifestantes contra la policía.

Cifuentes empezó pronto a sonar como posible candidata en Madrid. Con un pasado político más bien discreto, que la había mantenido alejada de los grandes casos de corrupción del PP de Madrid, y un perfil que se separaba del ala más conservadora del partido, cada vez ganaba más enteros.

Tras una sucesión de escándalos sobre su ático, Ignacio González es apartado por Rajoy, que coloca a Cifuentes como candidata del PP para las elecciones en la Comunidad de Madrid. La decisión, anunciada el 6 de marzo de 2015, supone un juego de equilibrios con el aguirrismo. El presidente nacional transige con que la propia Aguirre sea candidata a la alcaldía pero desplaza a González del cartel electoral para situar a Cifuentes. El 27 de mayo de ese año Cifuentes gana los comicios y pacta con Ciudadanos.

Los años de Gobierno de Cifuentes fueron un intento constante de ruptura con el pasado que nunca llegaba a materializarse del todo. Su discurso contra la corrupción chocaba constantemente con la realidad. Mantuvo en sus puestos a cargos imputados en Púnica y denunció el caso Lezo cuando Anticorrupción ya lo estaba investigando, para luego poner trabas a la investigación. Trató de apuntarse el tanto de haber destapado las irregularidades del Campus de la Justicia de Aguirre, cuando era el resultado de un arduo trabajo, siempre lleno de escollos, de los partidos de la oposición.

A pesar de ello, su estrategia tuvo buenos resultados. Parte de la prensa compró ese discurso y presentó a Cifuentes como un mirlo blanco frente a la corrupción, la política que regeneraba todo lo que tocaba. En marzo de 2018 ese castillo de naipes iba a comenzar a derrumbarse.

Acto 3: El escándalo que acabó con todo

Hasta marzo de 2018, la tranquilidad de la que gozaba el Gobierno de Cifuentes solo se había visto perturbada por un informe de la UCO que la implicaba en la financiación irregular del PP de Madrid, y que la presidenta solventó con una comparecencia en la Asamblea, un pin de la Guardia Civil en la solapa, muchos aplausos de los suyos y la ayuda de los medios afines. Se basaba en una participación tangencial desde el órgano de Gobierno del parlamento regional en un comedor a las empresas de Arturo Fernández.

El 21 de marzo de 2018, elDiario.es publica la exclusiva sobre su máster: Cristina Cifuentes obtuvo su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas. La presidenta madrileña alega en un primer momento que se volvió a examinar en 2014 y que por eso se le cambiaron las notas en la intranet de la Universidad. Esa es la primera de una serie de mentiras que se sucederán durante 36 días frenéticos, en los que Cifuentes da versiones contradictorias y maniobra para tratar de salvarse.

Aunque la agonía se prolonga durante más de un mes, es el día 21 en el que se concentran los movimientos que finalmente acaban considerados como delictivos por la Fiscalía. Una asesora de Cifuentes, Maite Feito, se desplaza a la Universidad para pilotar la estrategia que debe desembocar en una explicación plausible de lo ocurrido. Lo primero que hace Feito es instar al responsable del máster, Enrique Álvarez Conde, a crear los documentos que la presidenta necesitaba para defenderse.

Ese día de llamadas y presiones para salvar a Cifuentes se bifurca en dos itinerarios: por un lado, Álvarez Conde y otro profesor mienten ante todos los medios de comunicación en una comparecencia televisada sobre el cambio de notas de Cifuentes, una versión que trasladan junto al rector de la Universidad, Javier Ramos; por otro lado, Álvarez Conde encomienda a una profesora del máster, Cecilia Rosado, el encargo de reconstruir el acta del Trabajo de Fin de Máster. Ella lo hace: se inventa la fecha, el título, la composición del tribunal y falsifica las firmas. A lo que sí se niega Rosado es a elaborar el trabajo en sí.

El resultado es un documento falso que la Comunidad de Madrid envía a los medios para demostrar que Cifuentes defendió su TFM. Los medios afines compran la versión y alguno llega a titular: la presidenta "presenta todos los documentos que acreditan que realizó el máster". Ella misma exhibe el acta en un vídeo que cuelga ese día en las redes sociales. No lo sabe en ese momento, pero ese día Cifuentes comete la serie de actos que la llevarán a juicio.

En las jornadas siguientes se sucede una catarata de informaciones que van desmontando poco a poco la coartada de Cifuentes. elDiario.es publica que el registro de la secretaria prueba que no aprobó el master en 2012, como habían asegurado sus profesores. El 22 de marzo la Universidad abre una investigación interna. Varias asociaciones de la URJC llevan el caso a la Fiscalía.

Cifuentes pasa entonces de la hiperactividad mediática habitual a esquivar a la prensa. Surgen las primeras dudas sobre el acta: el tribunal que lo compone es ilegal. Además, lo integran tres profesoras que son colaboradoras estrechas de Álvarez Conde. El 23 de marzo los alumnos que sí cursaron el máster cuentan que nunca la vieron por clase. El día 26, Cifuentes pasa al ataque y anuncia una querella contra los periodistas de elDiario.es: el director, Ignacio Escolar y Raquel Ejerique, autores de la exclusiva.

Tras más de 10 días sin agenda pública, el 4 de abril de 2018 Cifuentes comparece en la Asamblea obligada por la oposición. Ese mismo día El Confidencial publica que el acta del TFM se fabricó el 21 de marzo y que tiene dos firmas falsas. A pesar de ello, en una rueda de prensa ese día, la presidenta insiste en la mentira: dice que defendió el máster de manera presencial.

El 5 de abril la Cadena SER publica que una de las profesoras, Alicia López de los Mozos, ha confesado que ella no estuvo en el tribunal aunque así figure en el acta. El 6 de abril, en una entrevista en Onda Cero, Álvarez Conde admite que hubo que "reconstruir" el acta del TFM. Esa misma mañana la tercera profesora que consta en el tribunal revela que su firma se ha falsificado en ese documento.

Dos semanas después de estallar el escándalo, Cifuentes ya no tiene coartada. A pesar de ello, el PP celebra un Congreso Nacional en Sevilla el 7 de abril que acaba convertido en un ejercicio de apoyo y refuerzo a la presidenta madrileña, que recibe el respaldo explícito de Mariano Rajoy y de María Dolores de Cospedal y forzadas ovaciones de todos los presentes. En el acto en el que interviene tiene que pedir a los asistentes que dejen de aplaudir para que pueda hablar, visiblemente tocada.

Pero las informaciones no paran. El 10 de abril elDiario.es publica que las firmas de los profesores en las actas de tres asignaturas están falsificadas. El 13 de abril la Universidad suspende al director del máster, Enrique Álvarez Conde, que falleció en 2019. El 17 de abril, Cifuentes da una rueda de prensa en la que renuncia al título de posgrado en un último movimiento desesperado e inocuo. Ese día no es capaz de repetir la coartada que había sostenido sobre su TFM y se limita a remitirse a comparecencias anteriores.

El 25 de abril Okdiario publica una información que nada tiene que ver con el máster. Se trata de un vídeo de 2011 de una cámara de seguridad en el que se observa que un vigilante de un establecimiento comercial ha pillado a Cifuentes con dos cremas en su bolso que no pensaba pagar. En el PP consideran que esta es la puntilla y que la presidenta tiene que irse.

Cifuentes convoca a los medios y anuncia que adelanta una decisión que ya tenía tomada. 36 días después de la primera información sobre el máster, presenta su dimisión.

Acto 4: Las consecuencias judiciales

El proceso que ha desembocado en el juicio se solapó con el final del escándalo político y permitió, durante los meses posteriores, descubrir todas las mentiras que habían pronunciado los protagonistas del caso.

La Fiscalía abrió una investigación el 5 de abril de 2018 y el día 10 la policía interrogó a las profesoras. Allí confesaron por primera vez la falsedad del acta del TFM. Pero no es hasta el 27 de abril cuando el caso pasa a manos de la jueza Carmen Rodríguez Medel, titular del juzgado de Instrucción número 51 de Madrid. Ese día inicia la investigación e imputa a Álvarez Conde y a otros profesores.

Rodríguez Medel despliega en los meses siguientes una exhaustiva investigación bajo el convencimiento de que el master que cursó Cifuentes había tenido una serie de alumnos VIP, no solo en esa promoción, que habían obtenido el título sin hacer absolutamente nada. A la jueza no le tiembla la mano a la hora de imputar a toda persona sobre la que recaiga una mínima sospecha. Pide además ingentes cantidades de documentación a la Universidad.

El 8 de mayo, un viernes a última hora, Cifuentes anuncia que deja su acta de diputada. Ese día pierde el aforamiento y abre la vía a ser citada por la jueza. El 11 de mayo se produce una de las comparecencias clave del caso: Cecilia Rosado, la profesora que falsifica el acta, confiesa que lo hizo presionada por Álvarez Conde y bajo las amenazas de Maite Feito, la asesora de Cifuentes. "Arreglad esto o la presidenta y el rector os matan", cuenta que les dijeron.

Los testimonios de las tres profesoras permitieron reconstruir todos los movimientos del día 21 de marzo, que incluyó una reunión de los implicados en un restaurante de Madrid para trazar el plan que acabó con la falsificación del acta.

El mismo día de la confesión de la profesora, la jueza imputa a Cristina Cifuentes por falsedad documental y cohecho, al haber recibido un título de posgrado en base a su posición política, como si se tratase de un regalo.

El 14 de mayo el caso da un giro. elDiario.es publica que la jueza ha abierto otra línea de investigación que afecta a Pablo Casado, entonces portavoz del PP. Tal como había desvelado este medio, Casado había obtenido el mismo máster en 2009 sin ir a clase y convalidando 18 de las 22 asignaturas. No hay pruebas de lo que hizo para aprobar las otras cuatro.

La atención se centra entonces en el joven político del PP, ya por entonces una de las caras más visibles del partido, cuya labor era defender sus tesis en televisiones y tertulias. La investigación revela que no hay rastro de sus supuestos trabajos. La jueza imputa a tres compañeras de clase de Casado que aprobaron el máster con su mismo expediente. Se descubre que Casado había sacado sobresalientes sin ir a clase ni examinarse.

De forma paralela, la jueza avanza en la investigación sobre Cifuentes, un caso que ha adquirido una dimensión mucho mayor: revela que el máster de derecho público tuvo durante varias promociones unos alumnos que consiguieron el título sin hacer nada. Rodríguez Medel intenta interrogar a la expresidenta el día 23 de junio pero esta no acude alegando que sufre migrañas. Vuelve a ser citada el 23 de julio: insiste en que hizo el trabajo, aunque no lo encuentra.

El 2 de agosto una alumna que cursó el máster con Casado admite que Álvarez Conde le permitió obtener el título sin hacer nada. Ella y otras dos compañeras del político del PP son acusadas de prevaricación y cohecho. El 3 de agosto la jueza imputa a otro profesor de Casado por prevaricación administrativa.

El 6 de agostó la jueza entiende que el Supremo debe investigar a Casado. Argumenta en un escrito al alto tribunal que obtuvo su máster "a modo de prebenda" por su "relevancia política", "sin efectivamente cursarlo, sin mérito académico alguno". Rodríguez Medel incluye en su relato la tesis fundamental del caso, que acumula ya decenas de imputados: "Sólo se benefició a alumnos con una posición relevante en el ámbito político, institucional".

Pero el Tribunal Supremo echa toda esa investigación al traste con un auto que publica el 28 de septiembre. Aunque ve indicios de trato de favor a Casado dice que no tiene consecuencias penales. Eso sí, su resolución admite que no hay ninguna prueba de que hiciera el máster. Su relato presenta a un alumno que decidió no ir a clase ni entregar trabajos pero se encontró, sin más, con que le calificaron con sobresalientes. El tribunal rechaza ahondar en si para ello se concertó con los profesores, donde estaría el posible delito.

Casado salió libre del caso pese a no existir pruebas de que aprobase el máster. La que no puedo zafarse de las sospechas de irregularidades fue la entonces ministra de Sanidad Carmen Montón. elDiario.es publicó que había obtenido un máster en el Instituto dirigido por Álvarez Conde sin ir a clase. El 11 de septiembre presentó su dimisión. La jueza archivó la investigación que había abierto contra ella un par de meses después.

La decisión del Supremo sobre Casado cambió radicalmente la investigación. El 1 de octubre la jueza del caso Máster decide que el criterio del alto tribunal sobre Casado se tiene que aplicar al resto de implicados. El resultado es que archiva la mayor parte de las pesquisas: se acabó investigar cómo un grupo de profesores de la URCJ beneficiaron a alumnos VIP en la obtención del máster de derecho público.

El caso quedó reducido entonces a lo que se juzga desde este lunes: la falsificación del acta del TFM de Cifuentes. Junto a la expresidenta quedaron imputados únicamente el director del máster, Enrique Álvarez Conde, las profesoras Cecilia Rosado y Alicia López de los Mozos, cuya firma aparece en el acta falsificada, y la asesora María Teresa Feito.

Con la investigación ya solo acotada a las maniobras para salvar a Cifuentes, la jueza la procesó en noviembre de 2018 junto con el resto de implicados. El 26 de febrero de 2019 la Fiscalía publica su escrito de acusación en el que pide más de tres años para la expresidenta. Ella se da de baja del PP unos días más tarde, el 1 de marzo.

El día que el Ministerio Público reunió todas sus acusaciones contra Cifuentes en un escrito, ella respondió: "El tiempo dará y quitará razones". Ese tiempo ha llegado. El juicio por falsedad comienza este lunes a las 10.00 horas en la Audiencia Provincial de Madrid.

Publicado el
16 de enero de 2021 - 22:16 h

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