El próximo 27 de febrero arranca 'Novo Carthago', el juicio por presunta corrupción urbanística en una zona protegida frente al Mar Menor. El expresidente de la Comunidad Ramón Luis Valcárcel, el exconsejero Francisco Marqués y la exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro figuran entre las 36 personas citadas a declarar como testigos en el proceso por la Sección Tercera de la Audiencia provincial. Se espera que el proceso se prolongue hasta finales de abril, un mes antes del inicio de las elecciones autonómicas.

Entre los ocho imputados en la causa se encuentran los exconsejeros del Gobierno regional del PP Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana. Se investiga si en el proyecto urbanístico Novo Carthago hubo presuntos delitos de corrupción política relacionados con la recalificación de terrenos situados en la zona conocida como Lo Poyo, que estaba calificada por el Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena (PGOU) como de Especial Protección Mar Menor (NUPM). El proyecto consistía en la construcción de construcción de 10.000 viviendas, un campo de golf y hoteles de lujo e iba a cargo de la promotora urbanística Hansa Urbana.

La Fiscalía ha solicitado una condena de tres años y medio de prisión y otros tantos de inhabilitación, además de una multa de 12.600 euros para el exconsejero de Agricultura y Agua del gobierno murciano Antonio Cerdá por el presunto caso de corrupción urbanística conocido por Novo Carthago.

El escrito de la acusación pide también distintas penas para otros seis exaltos cargos regionales, entre los que se encuentra el exdelegado del Gobierno y exconsejero de Obras Públicas Joaquín Bascuñana, y para una exasesora de Cerdá.

Todos ellos, según el fiscal, habrían intervenido con mayor o menor poder decisorio, como autores o cooperadores necesarios, en las actuaciones llevadas a cabo para hacer viable un macroproyecto urbanístico que se ejecutaría en una zona de 565 hectáreas junto al Mar Menor, en terrenos no urbanizables y, parte de ellos, de especial protección.

Según el escrito, el proyecto fue impulsado por la empresa Hansa Urbana, que pretendía construir en este espacio hasta diez mil viviendas, además de campos de golf y hoteles de lujo junta a la laguna salada.

Para Antonio Cerdá se solicitan las penas citadas como presunto autor de un delito de falsedad documental en concurso un delito continuado de prevaricación.

A este acusado se le atribuye, especialmente, haber impulsado la modificación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) para hacer viable el proyecto urbanístico.

Una de las solicitudes de condena más elevadas se la que se hace para la que fue su asesora María Antonieta Fernández, a la que se atribuyen los mismos delitos que al exconsejero, por los que se piden tres años y tres meses de prisión y otros tantos de inhabilitación y multa de 9.000 euros.

A esos delitos se añade el de blanqueo de capitales, por el que se reclaman cinco meses de prisión, multa de 125.000 euros y la devolución de esa suma.

En cuanto a Bascuñana, la solicitud de pena que se hace en las conclusiones provisionales de la fiscalía se eleva a seis años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público como presunto autor de un delito de prevaricación.

Tras la presentación de su escrito acusatorio por la fiscalía, serán ahora las acusaciones particulares personadas en este procedimiento, que comenzó a ser tramitado hace una década, las que entreguen los suyos, lo mismo que deberán hacer las defensas.

El caso Novo Carthago comenzó a ser investigado en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia dada la condición de aforado de Cerdá, pero al dimitir este pasó a un Juzgado de Instrucción.

Por otra parte, el fiscal solicita que declaren como testigos el expresidente de la Región Ramón Luis Valcárcel, la senadora Pilar Barreiro y el exconsejero Marqués.

La exalcaldesa de Cartagena, quien fue recientemente exculpada de la trama Púnica, también quedó apartada del caso Novo Carthago por decisión del Tribunal Supremo, ante el que declaró por ser aforada.

"En esa lista de súper-súper-inocentes apartados por la magistrada del proceso figura, aparte de los familiares de Valcárcel, algún otro nombre significativo"

"Merece la pena volver a reparar en el `equipo habitual´ de funcionarios que, a las órdenes también sobre todo de Cerdá, fabricaron informes, papeles e indicaciones, apartaron a compañeros díscolos..."

Oigo y veo a Joan Baldoví, diputado de Compromís en el Congreso, comentar la detención de Zaplana, don Eduardo, diciendo algo así como que el político cartagenero-benidormí ha sido siempre una especie de anguila de la Albufera que siempre alcanza a escabullirse. Por analogía, o quizá porque también hubo novedades al respecto prácticamente el mismo día, me viene a la cabeza lo de Novo Carthago. Y el procesamiento de los ex consejeros Joaquín Bascuñana, Antonio Cerdá y Francisco Marqués, plana mayor que fueron de uno de los gobiernos de Ramón Luis Valcárcel.

La analogía me lleva a pensar que, si en Valencia Zaplana es equiparable a ese anfibio escurridizo, aquí quien lo sería es el ex presidente Valcárcel, que también se escapa de todas, como en Novo Carthago, cual anguila del Mar Menor, la culebra de secarral o, incluso –– quién sabe––, aquella lagartija de rabo colorao de esas a las que él mismo hizo referencia en alguna ocasión.

Este turbio asunto de nuestra sufrida laguna salada le ha más que rozado y sale de momento indemne junto con una de sus hijas, su yerno correspondiente, su cuñado y tío del famoso consejerito cultural y algunos otros adláteres más. Resulta especialmente interesante revisar la lista de los que se han escapado del banquillo. Casi más indicativa que la de los que tendrán que sentarse en él, cuyos nombres estaban más o menos cantados.

En esa lista de súper-súper-inocentes apartados por la magistrada del proceso figura, aparte de los familiares de Valcárcel, algún otro nombre significativo. Como el del arquitecto Juan Sánchez Carrillo, hermano que es del otrora todopoderoso presidente del comité electoral ––el que aprueba las listas–– del PP, Antonio Sánchez Carrillo, que además fue teniente de alcalde de Vía Pública con el procesado ex alcalde Cámara, y se hinchó a hacer obras; y también vicepresidente de CajaMurcia por la parte política, que en algún momento osó a optar a la presidencia de la caja regional murciana rescatada y finalmente subsumida en Bankia.

¡Qué casualidad que el arquitecto y su socio José Alberto Meroño, con raíces en Los Martínez del Puerto de donde son los suegros del ex alcalde Cámara, fueran comanditarios con el cuñado de Valcárcel en uno de los negocios colaterales al macroproyecto urbanístico de Novo Carthago! Pero no hay indicios suficientes para sentarlos en el banquillo, mantiene la magistrada.

Otro nombre “interesante” descartado por la titular del número Dos de Instrucción es el del farmacéutico exconcejal de Cartagena Agustín Guillén, mano derecha que fue de la exalcaldesa Pilar Barreiro, relacionada con el caso Púnica y con el ex alcalde socialista José Antonio Alonso, y que fue también amiguísimo de Francisco Marqués en sus mejores tiempos de consejero de Valcárcel. Tampoco se han hallado indicios suficientes, al estimar de la magistrada.

Habría que recuperar la foto de presentación de la pretendida macrourbanización con toda la plana mayor política y constructora y presencia ineludible de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), cuyo presidente territorial a la sazón era el catedrático de Historia Francisco Javier Guillamón, quien, hombre que fue del Zaplana que entonces dominaba Valencia y, por ende, la caja principal de esa comunidad, quizá tendría mucho que decir o que contar sobre todo este asunto habida cuenta de que nunca vio nada claro que el proyecto fuera algo defendible.

Aunque no totalmente agotada la nómina de descartes, tampoco está de más echar un vistazo a la de quienes siguen inmersos hasta las cejas en el proceso judicial. Poco más hay que decir de los tres ex consejeros que serán procesados. Tanto Cerdá ––sobre todo él–– como Bascuñana y Marqués tienen una muy poluta hoja de servicios que les hace más que dignos de estar donde están.

Pero sí merece la pena volver a reparar en el `equipo habitual´ de funcionarios que, a las órdenes también sobre todo de Cerdá, fabricaron informes, papeles e indicaciones, apartaron a compañeros díscolos... lo que hiciera falta para servir a los egregios intereses ultradesarrollistas y depredadores del medio natural de la región tal y como fueron enumerados y proclamados por Valcárcel y sus corifeos.

Los propagandistas de la fe urbanizadora pepera figuran en la mencionada foto de marras, pero quienes hacían el trabajo de fontanería preciso para que las cosas salieran “legalmente” adelante fueron los funcionarios que ahora llama la magistrada a ocupar su sitio en el banquillo de los acusados: inocentes mientras no se demuestre lo contrario, pero procesados son José María Ródenas Cañada, Antonio Alvarado, María Antonieta Fernández, Manuel Alfonso Guerrero, y Luis Manuel Romera.

Algunos de ellos ya empezaron sus actuaciones al respecto tan lejos como en 1996, cuando se consiguió la recalificación de los terrenos de Lo Poyo que derivó con el tiempo en el macroproyecto urbanístico de que hablamos. Y alguno de ellos también, como Ródenas, ––hermano del actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura y director general de Agua que fue con Antonio Cerdá–– acumula unas cuantas comparecencias ante la justicia en los últimos tiempos, a pesar de su acreditada inserción en esa buena sociedad murciana que nos lleva gobernando desde hace justo ahora 23 años.

Ese modo de hacer política que dijo Urralburu ––perdón por citar a la bicha junto a tanto nombre ilustre–– va a ser muy difícil de desmontar, pues más que eso es todo un entramado social asfixiante. Y es que, como recordó Baldoví y bien saben los biólogos y los naturalistas, las anguilas, las culebras, o incluso las lagartijas de rabo colorao son muy escurridizas.

Óscar Urralburu ha asegurado que las casualidades existen “en los trucos de magia y los cuentos infantiles” pero que en el caso del Partido Popular en la Región de Murcia es “muy real que cada vez que hablamos de corrupción, todos los indicios apuntan al mismo partido”.

Lo del caso Novo Carthago es “flagrante” según Urralburu, puesto que se pone encima de la mesa “que Valcárcel presuntamente recibía mordidas para la aprobación de ese megalómano proyecto urbanístico y que provenían de todas las empresas promotoras”.

Ante la gravedad del caso, el Secretario General de Podemos en Murcia ha solicitado a la justicia “la mayor celeridad posible porque las personas de esta Región tenemos derecho a saber qué estuvo haciendo Ramón Luis Valcárcel durante su etapa como presidente”.

Si bien, Óscar Urralburu ha incidido en que Novo Carthago y Valcárcel son un ejemplo más de “todo lo que tiene que ver con el Partido Popular últimamente. Un PP del que se habla más con palabras relacionadas con organizaciones criminales, como trama, mafia, comisiones, fianzas, mordidas, sobres, etc”.

“No son manzanas podridas, es un partido que está imputado”, ha continuado Urralburu, quien ha recordado que ya no es un problema tampoco de “ex altos cargos, como Valcárcel, Cámara o Bascuñana, es que tenemos al actual presidente regional con el teléfono pinchado por la Guardia Civil porque no tuvo reparos en manchar la imagen de la Región para lavar la suya con la Púnica”.

Visto el estado del procedimiento y de conformidad con lo que se acordó en el auto del 3 de marzo de 2015 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia por el magistrado Manuel Abadía. La jueza instructora de las diligencias sobre el proyecto Novo Carthago ha acordado citar como investigados a Rosario Valcárcel Cruz, hija del ex presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel; así como a Fulgencio Perán Jiménez, marido de ésta; y Juan Francisco Cruz Alfaro, hermano de la esposa del ex presidente.

Asimismo, la magistrada ha citado en calidad de investigados a José Alberto Meroño García y a Juan Sánchez Carrillo, que es hermano del exconcejal de Murcia Antonio Sánchez Carrillo, visto el estado del procedimiento y de conformidad con lo que se acordó en el auto del 3 de marzo de 2015 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Las declaraciones están señaladas para el 29 de junio y el 11 de julio, según informa el TSJMU, En esta causa se investiga una presunta trama de corrupción urbanística relacionada con la construcción del resort 'Novo Carthago', que consistía en la construcción de hoteles y más de 10.000 viviendas en una zona que estaba calificada como de especial protección para el Mar Menor y donde una parte de los terrenos eran LIC, ZEPA y ZEPIN y por otra parte como no urbanizable de protección del trasvase (NUPT).

Jiménez, además de Juan Francisco Cruz Alfaro y su socio, José Alberto Meroño García ya fueron citados ante el juez el pasado 20 de abril, por la investigación que pesa sobre ellos por el caso Novo Carthago, ya que “habrían actuado como testaferros” del expresidente de la Región de Murcia, actualmente eurodiputado y vicepresidente del Parlamento Europeo, sobre el que afirmó en su auto del 26 de febrero de 2015 que hay “múltiples e inequívocos indicios que apuntan hacia Ramón Luis Valcárcel” como “integrante de la trama que acordó el pacto con la alcaldesa de Cartagena  y el promotor del proyecto urbanístico Novo Carthago”.

Por su parte, Ramón Luis Valcárcel sigue en calidad de aforado, por lo que cualquier relación que tuviera con el caso Novo Carthago no podría conocerse hasta que el Tribunal Supremo le quite esa condición por unanimidad.

En una entrevista concedida al programa La Cuenta Atrás de Gtm Televisión y a preguntas de la periodista Marienca Fernández , Valcárcel ha señalado que no le ha sorprendido lo dicho por el ex presidente Alberto Garre en cuanto a la necesidad de que Rajoy se retire de la primera línea política y facilitar así la gobernanza de España.

Sobre las declaraciones del ex presidente Garre Valcárcel ha asegurado asegura que “mentiría si dijera que me sorprendieron”.

El ex presidente de la Región de Murcia , Presidente del PP regional , y vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, , ha asegurado en GTM Televisión que “Mariano Rajoy no tiene porqué dar un paso atrás”.

Tras calificar de “grave error político” las afirmaciones de Alberto Garre que “tanto han gustado a la oposición” y que han trascendido a la política nacional esta semana al ser Garre el primer miembro del partido Popular que públicamente ha pedido la retirada del Rajoy, Valcárcel ha señalado que no entiende ¿porque el candidato que ha ganado las elecciones tendría que renunciar?.

En cuanto a lo que parece que fue el punto de inflexión de Garre y el Partido Popular, la designación de Pedro Antonio Sánchez como cabeza de lista a las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Murcia, Ramón Luis Valcárcel ha dicho que siempre se le avisó a Garre de que su etapa como presidente era provisional. “siempre supo que su nombramiento era por un tiempo, en mi presencia así se lo comunicó María Dolores de Cospedal la secretaria general del Partido Popular. Le dijo que era para un tiempo, no para repetir, nunca, jamás, como candidato”.

Sobre la corrupción, Valcárcel se pronunció en cuanto a la posible imputación de Pedro Antonio Sánchez por el caso Auditorio, mostrando su preocupación por el asunto e indicando que tiene “confianza plena en la honestidad del ex alcalde de Puerto Lumbreras y confianza en que no sea finalmente imputado”.

Al respecto de su relación con a la investigación judicial del caso Novo Cartago, Valcárcel afirmó que no hay ningún señalamiento de la Justicia contra él. “El que sabe que la tiene hecha, se esconde. Como no es mi caso, puedo ir por la Región con la cabeza muy alta”.

Izquierda Unida-Verdes ha registrado en el Tribunal Supremo el recurso interpuesto por la acusación popular ante el Auto de archivo de la causa contra la exalcaldesa de Cartagena, la popular Pilar Barreiro, dentro del llamado 'caso Novo Carthago'. En el escrito, el letrado Juan Francisco Pérez Avilés reclama la nulidad del auto del Juez Soriano exponiendo “la falta de garantías para la acusación particular, la ausencia de la tutela judicial efectiva y la injustificada dilatación en el reconocimiento como parte en el proceso”.

El recurso también señala que aunque que IU-V cumplió formalmente la personación a principios de marzo, el juez no le ha dejado participar en el proceso e interrogar a la acusada, y que tampoco le han enviado “ni un sólo escrito de los presentados, en los que se solicitaban careos, petición de informes y pruebas, al objeto de que la resolución lo fuese tras conocer en profundidad lo que motivó la exposición razonada del magistrado Abadía en Murcia”.

Por último, se aduce “la disparidad de criterio de la Fiscalía del Supremo con la Fiscalía Anticorrupción de Murcia, en la causa que conoce el Juzgado número dos”. “Subsidiariamente” solicita que “en cualquier caso el sobreseimiento pudiese considerarse provisional”.

Javier Iniesta, portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, ha manifestado tras conocer el archivo de la imputación de Pilar Barrerio, exalcaldesa de Cartagena, que “es un caso más y ya van 75 causas archivadas, por lo que se cumple la máxima de que no se puede condenar a nadie hasta que el juez decide si mantiene la imputación o no, como en este caso y nada más y nada menos que el Tribunal Supremo”.

“Este sobreseimiento respalda la prudencia y la voluntad del PP de la Región de Murcia de ir paso a paso con toda la prudencia posible y no precipitarse”, ha señalado el portavoz del PP, que ha añadido que “esta prudencia ha sido referida en todas las declaraciones de los distintos miembros del Partido Popular”.

Ahora, dice Iniesta, lo que toca es “que pidan perdón todos aquellos que, sin esperar ni un minuto se lanzaron en tromba a condenar a Pilar Barreriro sin esperar la confirmación del Juez, sobre todo debería pedir esas disculpas el PSOE, que es especialista en condenar antes de que el Juez estime o no la demanda”.

El portavoz popular ha concluido “apostando porque el PP seguirá manteniendo su prudencia y su respeto a todos y cada uno de los casos que se conocen y al mismo tiempo recomienda que todos los partidos políticos deberían hacer lo mismo”.

El 4 de mayo de 2005, el entonces consejero de Medio Ambiente de Murcia, Francisco Marqués, firmó una resolución sobre el proyecto de Novo Carthago que se apoyaba en la orden de su antecesor en el cargo –y de nuevo, actual consejero de Medio Ambiente-, Antonio Cerdá. Sólo cinco días después visitó la caja fuerte que tenía contratada en una oficina de Caja Mar y compró un bungalow y un garaje en la localidad alicantina de Campoamor, por los que entregó al vendedor un sobre con 392.000 euros en efectivo.

Según expone el último auto del juez que instruye el caso Novo Carthago, se trata de un sólido indicio de criminalidad, y más teniendo en cuenta que en aquel tiempo Francisco Marqués disponía de una renta de 50.523 euros y que a partir de la firma, el exconsejero subió exponencialmente los ingresos en efectivo en caja.

A la espera de la declaración este miércoles del actual delegado del Gobierno y exconsejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, y del consejero de Medio Ambiente Antonio Cerdá, ambos imputados junto con Francisco Marqués en el caso Novo Carthago, el auto del juez Manuel Abadía sigue elevando la temperatura política en la Región de Murcia.

Además de imputar a otros altos cargos del equipo de Bascuñana y de señalar “indicios racionales de criminalidad” contra Pilar Barreiro, alcaldesa de Cartagena y diputada nacional del PP en el Congreso, el magistrado desgrana “una serie de actos sucesivos” y encadenados unos con otros, en los que “no puede entenderse la última resolución sin las anteriores”.

Según el juez instructor, uno de esos actos fue la firma de Marqués, pero hubo más entre las diferentes administraciones gobernadas por el PP, todos relacionados entre sí y ninguno intrascendente para conseguir el fin pretendido: la recalificación de un espacio protegido de la costa del Mar Menor para la construcción de una urbanización de lujo con hoteles, campo de golf y 10.000 viviendas.

El magistrado Abadía no duda en calificar el proceso de recalificación como “voladura de las leyes estatales y autonómicas” en cuestión medioambiental, y añade que la promotora de la urbanización Novo Carthago, Hansa Urbana, buscó “el plácet político” e “incluso reforma legislativa” que garantizara la financiación del proyecto por parte de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. De hecho, en el auto afirma que “tuvo lugar un acuerdo” entre Rafael Galea, gerente de la promotora, “y autoridades políticas de primer nivel como Pilar Barreiro”, alcaldesa de Cartagena.

En declaraciones al diario La Verdad, el expresidente Ramón Luis Valcárcel ha distinguido entre los miembros imputados de su partido que siguen ostentando cargos y aquellos que tuvieron que dejarlos por anteriores causas judiciales como el propio Marqués –por el caso Zerrichera-, a quien el auto del juez Abadía atribuye la compra de su bungalow en relación a una parte del proceso de recalificación de Novo Carthago.

Así, en cuanto a la reciente imputación del delegado del Gobierno, Valcárcel ha afirmado que “moralmente” no le puede decir a Joaquín Bascuñana que se vaya, como tampoco lo hizo con Antonio Cerdá –actual consejero de Medio Ambiente, también imputado en la causa de Novo Carthago-, Miguel Ángel Cámara –actual alcalde de Murcia imputado en el caso Umbra-, y Pedro Antonio Sánchez –actual consejero de Educación, imputado por cohecho en la supuesta compra ilegal de una vivienda-. En opinión del expresidente de Murcia, en estos casos intuye que hay “argumentos suficientes para creer en su inocencia y honestidad”.

Además, Valcárcel critica que algunos autos judiciales se conozcan primero a través de la prensa, “como es habitual en Murcia” y no se da por aludido cuando el juez Abadía señala que se produjo un acuerdo entre la promotora Hansa Urbana y “autoridades políticas de primer nivel”.

Según el mismo diario, Valcárcel se reunió la semana pasada durante varias horas con el presidente de la comunidad, Alberto Garre, y con algunos de los cargos imputados de su partido en Murcia, y les arengó para que cierren filas. Ante esa actitud, el coordinador regional de IU en Murcia, José Antonio Pujante, afirmó que “defendiendo a sus imputados”, lo que hace el expresidente murciano y diputado del PP en Bruselas es “defenderse a sí mismo”. PSOE, IU-V y UPyD de la Región de Murcia han pedido la dimisión inmediata del último imputado en la causa de Novo Carthago, el delegado del Gobierno Joaquín Bascuñana. Además, el Partido Socialista ha anunciado que esta misma semana exigirá en el Congreso de los Diputados que Bascuñana cese de su cargo de forma urgente.