Primero fueron unas declaraciones en los pasillos del Congreso donde Gabriel Rufián justificaba que su partido busque alianzas con fuerzas de la izquierda plurinacional de toda España. Después llegó el rechazo de su partido, ERC, que descartó tener prevista ninguna fórmula electoral que no pase por presentarse con sus propias siglas en las cuatro circunscripciones electorales catalanas. Pero este martes, Rufián ha vuelto a la carga y ha defendido en un tuit un espacio común de la izquierda impulsado desde el soberanismo.

“El independentismo y el soberanismo de izquierdas ha reclamado históricamente una izquierda plurinacional que le entienda y ayude. Yo digo que ya basta de esperar y que la hagamos nosotros. O nos la volverán a hacer. Y volverá a ser mentira”, ha justificado su posición el diputado.

El mensaje de Rufián contiene una crítica velada contra Podemos, el mismo día que la formación había votado junto a la derecha contra un decreto energético que favorecía las energías renovables. “Quien crea que le va a ir mejor con un gobierno de PP y VOX vergüenza le debería dar basar su proyecto en el sufrimiento de la gente”, ha escrito.

En sus declaraciones de un día antes ya había lanzado un dardo en dirección a Podemos, cuando abogó por crear un “espacio plurinacional de verdad” y no uno “creado desde el despacho de una universidad de Madrid con antenas rotas respecto a lo que significa Euskadi y Catalunya, sobre todo”.

No es casualidad que ERC y Podemos lleven varios días en guerra abierta, coincidiendo con unas declaraciones de Ione Belarra en las que afirmaba que se opondrían a la delegación de competencias en materia de migración a la Generalitat porque, de conseguirlas, los Mossos harían redadas racistas.

Con todo, Rufián no solo apunta contra Podemos, sino que también dejó este lunes un recado a Sumar cuando consideró que, ante el fracaso de fórmulas anteriores, la izquierda “periférica” debía intentar formar un espacio ante para intentar “sumar de verdad”.

Estas palabras no han sido obstáculo para que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, haya cogido el guante del catalán. Díaz ha apostado por una alianza de izquierdas, pero ha advertido que el principal reto es ponerse de acuerdo en un programa “de mínimos” para hacer frente a la extrema derecha.

“¿Qué tenemos que hacer? Algo sencillo. Ponernos de acuerdo en un programa de mínimos, un programa de emergencia democrática y quien defienda ese programa generar una alianza. No va de sumar de siglas porque eso no funciona. Un programa de mínimos que le dé esperanza a la ciudadanía y movilice a los progresistas y a los demócratas”, ha defendido en una entrevista en Antena 3.

Con todo, la vicepresidenta Díaz ha recordado que las palabras de Rufián no tienen el respaldo de su formación, que este lunes salió a desautorizar cualquier aventura estatal por boca de la portavoz Esther Capella. “No estamos en este escenario”, aseguró la diputada catalana cuando fue preguntada por una posible lista común de las izquierdas.

Otra cosa distinta, defendió Capella, es que ERC “hable” con las diversas formaciones que forman parte de la izquierda en España. Los republicanos, además, ya tienen una alianza estrecha con EH Bildu y BNG, con quienes concurren a las europeas bajo la marca Ahora Repúblicas y que mantienen, fuera del periodo electoral, lazos de intercambio recíproco.

“Todos los que trabajáis a nivel mundial, entendéis y apreciáis toda la importancia de Europa cuando estáis fuera de Europa”. El ex primer ministro de Italia y actual presidente del Instituto Jacques Delors ha abierto este jueves al Foro ICEX 2024, abarrotado de funcionarios del sector exterior y de empresas exportadoras, con un objetivo claro: reivindicar una UE con músculo propio y común en un mundo en transformación.

Letta ha compartido escenario con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y con la CEO del ICEX, Elisa Carbonell, quien ha moderado la charla entre ambos. Una conversación titulada “De la geopolítica a la geoeconomía” que viene precedida por el informe que el Consejo Europeo encargó al italiano para “mirar al futuro buscando en las raíces”, según sus propias palabras, y que se conoce y se cita como “informe Letta”.

En Madrid, el ex primer ministro italiano ha incidido en la importancia de avanzar en políticas comunes de telecomunicaciones, servicios financieros, energía y defensa, porque “son sectores decisivos para la competitividad, la seguridad, la creación de empleo y la cohesión social”.

“El resto del mundo está cambiando y en estos cuatro temas, nuestro sistema es casi el mismo de hace años. Así que tenemos que movernos”, ha enfatizado. En su opinión, las distintas políticas se están debatiendo enfrentando la bandera de cada país con la bandera de Europa, pero “en realidad hay que verlo como un problema de creación de empleo, de competitividad...” de toda la UE.

Por ejemplo, “no existe un gran mercado financiero europeo en el que encontrar dinero para crecer e invertir”, ha dicho. Sin embargo, nuestros ahorros, nuestro propio dinero, acaban en los mercados de Estados Unidos o China [financiando empresas y proyectos] “porque son más innovadores”, pero, sobre todo, “son mercados más integrados”. Por ejemplo, “el Nasdaq [el índice norteamericano de bolsa de empresas tecnológicas] es tan grande como todas las bolsas europeas juntas”.

Según ha denunciado el italiano, “el soberanismo nacional es un suicidio”, y la consecuencia es que nuestro dinero se va fuera, y alimenta empresas extranjeras. “Necesitamos un enfoque europeo más integrado, más eficaz, con la posibilidad de darnos más dinero para invertir. Si no invertimos en el mundo de hoy, sufriremos”, ha añadido.

En definitiva, es “difícil competir con China o Estados Unidos en telecomunicaciones, energía, finanzas o defensa” si en la UE se continúa pensando a nivel de Estado único. “El hecho de que no exista un verdadero mercado único en muchos sectores estratégicos es un enorme inconveniente para los inversores”, ha insistido el ex primer ministro italiano, quien ha concluido resaltando que “no hay más tiempo, por lo que es hora de actuar”.

El caso de la industria la defensa

Entre los cuatro sectores decisivos para Letta, el italiano ha señalado que “tenemos que seguir ayudando y apoyando a la resistencia ucraniana”. Para ello, “gastamos dinero del contribuyente europeo” en la industria de “Michigan, Wisconsin, Turquía o Corea del Sur”.

Mientras, en la UE, “de forma separada, estamos trabajando en 16 helicópteros diferentes. Tenemos muchos tipos diferentes de cosas. No estamos trabajando juntos”. La consecuencia es que la creación de empleo ocurre “en Michigan Turquía y Corea del Sur y no aquí”.

Según ha finalizado, deberíamos “utilizar nuestro dinero para tener paz a través de la creación de empleo en la UE. Creo que este ejemplo, es muy simple”.

El 45% de catalanes creen que la solución al encaje político de Catalunya en España pasa por el diálogo y la negociación “sin límites”, y considerado por tanto que podría rebasar la Constitución llegado el caso. Así lo recoge la Encuesta sobre la polarización en España elaborada conjuntamente por el Instituto Catalán Internacional por la Paz (ICIP) y ESADE, que muestra que ahora solo el 12% de catalanes apuesta por la unilateralidad y el 25% sí pone la Carta Magna como límite en la negociación.

El diálogo libre es también la opción recomendada por los vascos, mientras que la tendencia al resto del Estado es que la negociación se circunscriba a la Constitución. En la encuesta a ciudadanos de toda España, el límite del texto constitucional obtiene un apoyo con valores que bailan entre el 43% y el 48%, según la comunidad autónoma. La segunda opción preferida en el resto del Estado es la “mano dura” del Gobierno español, que llega al 30% en Extremadura.

Al preguntar por la forma de organización territorial querida, los catalanes encuestados prefieren la autodeterminación (45%) o más autogobierno (22%), por delante de quienes prefieren dejarla igual (10%), reducir la autonomía (6%) o directamente eliminarlas todas (9%). La media estatal, sin embargo, opta mayoritariamente por dejar las cosas como están (24%). La supresión de las autonomías representa el 19% en el conjunto del Estado y su reducción el 18%, mientras que el aumento de competencias supone el 20% y la autodeterminación de los territorios el 13%, en promedio.

El sondeo –realizado entre 7.189 residentes en el Estado de más de 15 años entre el 22 de octubre y el 12 de noviembre de 2021– también pone sobre la mesa la transición entre el Franquismo al actual régimen democrático. Para el 45,5% de catalanes, la forma en cómo se hizo esta transición no es “motivo de orgullo”, un porcentaje que contrasta con el del resto del Estado, donde creen que sí lo es con porcentajes entre el 42 ,1% y el 50,3%, aunque varían según el territorio. Los catalanes que se muestran orgullosos suman el 19,8%. Tampoco en el País Vasco están orgullosos de la transición política, ya que el 31,6% ha elegido esta opción frente al 21,6% que sí expresa orgullo.

Buena convivencia

El objetivo de la encuesta es analizar la polarización y la convivencia entre ciudadanos. Los autores del estudio no detectan que haya ningún problema de convivencia en el Estado. El principal foco de polarización que encuentran son los partidos políticos y el debate sobre la organización territorial, pero sin embargo hay consensos en cuestiones como la igualdad de género y la percepción de convivencia en el entorno. De hecho, el 59,7% de catalanes consideran buena o muy buena la convivencia en su municipio o barrio y el 48,2% opina lo mismo sobre el conjunto de su comunidad autónoma. En la media estatal estos porcentajes suponen el 68,6% y el 63,6% respectivamente.

Xavier Antich ha relevado formalmente a Jordi Cuixart como presidente de Òmnium Cultural este sábado, después de que los socios hayan validado su candidatura, la única presentada, durante la Asamblea General de la entidad. Desde la Farga de L'Hospitalet y ante un millar de socios y representantes políticos y agentes sociales, Antich agradeció la labor llevada a cabo por sus predecesores en el cargo y prometió que Òmnium “seguirá estando”, como estuvo en el referéndum del 1-O y en otoño del 2019 en las calles. “No hemos venido a pasar el rato, sabemos a dónde queremos ir y qué hacer para llegar”, ha asegurado.

En este sentido, ha destacado que no quieren reformar el Estado sino salir de él y, para ello, ha añadido, habrá que “revisar los marcos” con los que han trabajado hasta ahora y crear “nuevas complicidades”.

Por otro lado, Antich también ha apuntado que no son “ingenuos” y que saben que el reto es “gigante”. “Trabajamos para cambiar radicalmente el marco político en el que vivimos y lo haremos como siempre hace Òmnium: escuchando y actuando, haciendo propuestas y buscando consensos, luchando contra la represión y fortaleciéndonos”, señaló.

Además, avisó de que serán “exigentes” con los representantes políticos, los partidos y las instituciones porque quieren “incidir políticamente”. Ahora bien, también matizó que no darán aire “a la fobia antipolítica” porque es ahí “donde crece el desánimo, el populismo y la extrema derecha”.

El “gigante” Jordi Cuixart

Durante su intervención, Antich también recordó a sus predecesores Jordi Porta, Muriel Casals y “el gigante” Jordi Cuixart, que lideró el Òmnium junto con el vicepresidente Marcel Mauri que ha descrito como el de “las luchas compartidas, del 1-O, la firmeza contra el Tribunal Supremo y los 190.000 socios”. “Nuestro gran reto es saber estar a la altura y ser dignos”, declaró prometiendo llevar el legado “mucho más lejos” si cabe. “Nunca agradeceremos suficientemente todo lo que habéis hecho por Òmnium y por el país”, concluyó. Según ha anunciado, la voluntad del nuevo liderazgo también quiere hacer crecer a la entidad hasta el millón de socios.

Por otro lado, recordó a los líderes políticos “exiliados” en Bélgica y en Suiza e indicó que la entidad trabajará para que vuelvan “a casa”, así como también tuvo un recuerdo para los “casi 4.000 represaliados”. En este contexto, auguró que “vendrá más represión”, pero matizó que será “una buena señal” porque querrá decir que “la lucha continúa”.

Además, durante el discurso también ha hablado de la defensa de la lengua catalana y el modelo de escuela en catalán, la cultura y la cohesión social, las luchas compartidas contra las desigualdades y la exclusión social, y ha enviado un mensaje de solidaridad y apoyo a la comunidad ucraniana en Catalunya.

Asamblea General de Òmnium

El acto en la Farga de L'Hospitalet se ha celebrado después de la Asamblea General de Òmnium, que ha contado con la presencia de representantes de las juntas y presidencias del medio centenar de sedes de la entidad, así como de Òmnium Catalunya Nord, Òmnium l'Alguer, Obra Cultural Balear, Acció Cultural del País Valencià y Escola Valenciana. También ha asistido una amplia representación de la sociedad civil, del mundo cultural, sindical, empresarial y asociativo, como el ANC, el AMI, Plataforma por la Lengua, FOLC, Irídia, la Mesa del Tercer Sector, el Fútbol Club Barcelona , la Intersindical, USTEC, IAC, UGT, CCOO, entre otros muchos.

De la clase política e institucional han asistido el president de la Generalitat, Pere Aragonès, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, miembros de la mesa del Parlament, representantes de los partidos políticos soberanistas y los líderes políticos indultados.

La Asamblea de la entidad ha avalado tanto la candidatura del doctor en filosofía y profesor Xavier Antich como nuevo presidente como otros cargos. Concretamente, Mònica Terribas será la nueva vicepresidenta primera; Marina Gay la vicepresidenta segunda; Marina Gallés la secretaria; y Marta Garsaball la tesorera.

Los socios también han avalado como nuevos miembros de la Junta Nacional a Joaquín Forn, David Fernández, Natza Farré, Natalia Touzon, Iolanda Fresnillo, Núria Basi, Ángel Castiñeira, Gerard Pijoan, Lluís Duran, Didac Amat y Marc Sanjaume. Todos ellos se han sumado a la nueva Junta Nacional de Òmnium, también integrada por Neus Torbisco, Joan Pujolar, Paco Poch y Jordi Arcarons. 

Daniel Innerarity (Bilbao, 1959) dedica su último libro, 'Comprender la Democracia' (gedisa editorial), a analizar las dificultades que tenemos los ciudadanos para entender de manera crítica la política en un momento en el que la abundancia de mensajes no siempre se traduce en más información. Este catedrático de Filosofía Política y reconocido ensayista advierte de que crear sociedades inteligentes no es lo mismo que tener sociedades con individuos formados.

En su libro explica que la nueva mayoría está constituida por los que no entienden. ¿Es porque los políticos no se explican bien o porque los ciudadanos queremos respuestas sencillas a problemas complejos?

Los que no entendemos somos mayoría y yo me cuento entre ellos. Esta falta de comprensión de lo político tiene fundamentalmente tres causas. Una primera es que la vida política se ha vuelto muy compleja. Muchos de los conceptos de participación y de rendición de cuentas estaban pensados para épocas de la historia en los que las realidades políticas eran sencillas y homogéneas.

La segunda causa es un sistema político que hace las cosas innecesariamente opacas. Por poner un ejemplo, nos extrañamos de que crezca la desafección respecto a la Unión Europea y de que Bruselas sea el chivo expiatorio de las políticas impopulares que hay que hacer cuando lo que ha pasado es que no se ha explicado bien cuál es la lógica que llevó a unos estados a mancomunarse. A eso hay que sumarle la mala praxis de algunos políticos. Y la tercera son un conjunto de causas que tienen que ver con nuestra incompetencia personal como ciudadanos que no conseguimos formarnos un juicio de manera responsable en medio de tanta infobasura.

¿Nos ayudaría a tener más criterio si en los medios se recuperase la figura del experto?

Una democracia con el actual nivel de complejidad no puede funcionar sin que haya una gran movilización de saber experto. Lo que ocurre es que ese saber experto no puede ser la última palabra. La democracia no es un sistema en el que gobiernan los expertos sino uno en el que gente no experta gobierna y tiene la última palabra. No hemos acertado en equilibrar adecuadamente la autoridad de los expertos con los criterios de legitimidad popular.

Pero el conocimiento no vende y a menudo las acciones de los gobiernos o los partidos llega a la ciudadanía a través de tertulias en las que se invita al que más grita o polemiza.

Tenemos democracias de audiencia en las que la simplificación de los problemas tiene todas las de ganar en el corto plazo. Hay un enorme combate por llamar la atención, la política se ha contaminado de la lógica de la publicidad y la formulación simplificada, impactante y antagónica, de nuestros problemas tiene mucha más éxito que el discurso matizado y argumentado. Lo que pasa es que eso probablemente nos pasará factura. Somos democracias girando en torno al cortísimo plazo que no emprende las transformaciones de fondo que nuestras sociedades exigen.

Dice que crear sociedades inteligentes no es lo mismo que sociedades con individuos formados. Entonces, ¿cómo se hace?

Cuidando el diseño institucional, la cultura política y revisando la función de los medios.

¿Cuál debe ser esa función de los medios?

La responsabilidad no es de uno o dos sectores. Es muy fácil echar la culpa a los políticos, los medios o a la gente. Tenemos que considerarlo como un todo. En cada ámbito hay que cambiar ciertas cosas. En la política hay que cuidar más el diseño institucional en vez de empeñarse en hacer un casting para escoger a los supuestamente mejores. Hay que primar la lógica de los reglamentos y los cauces de resolución de conflictos.

Los medios son un elemento básico porque buena parte del debate público de vehicula a través de ellos. Hoy en día se hace con dos lógicas diferentes según hablemos de redes o medios convencionales. En estos momentos de gran complejidad echo de menos una mayor atención a las razones de fondo de las cosas. Veo un excesivo seguidismo por parte de los medios de comunicación del ruido superficial que hay en la sociedad. Si solo atienden a las cosas más ruidosas estarán contribuyendo a estabilizar el desequilibrio de poder que hay entre la gente que tiene capacidad de llamar la atención y los intereses débiles de aquellos que no pueden presionar.

¿Cómo puede la opinión pública ejercer un control efectivo sobre el poder?

Los ciudadanos hemos sustituido el control por la observación. Pensamos que como lo vemos todo y no hay quien esconda su whatsapp porque se termina sabiéndose, ya hemos satisfecho nuestra función de control. Nos estamos convirtiendo en mirones de la política, 'voyeurs' de un espectáculo en el que no estamos implicados. Esa espectacularización de la política también nos acaba pasando factura.

¿Qué puede hacer un ciudadano para no limitarse a ser un simple observador de la política?

Desconfiar de lo llamativo y preguntarse siempre por los intereses que no están bien representados. Un ciudadano debe buscar en medio de esta intoxicación en la que estamos filtros y criterios que le permitan hacerse una idea de lo que está pasando. Nuestro problema no es la falta de información sino la desinformación. Podemos recurrir a medios, libros, que permitan no tanto aumentar la información sino establecer esos filtros. Otra recomendación es la de pluralizar las fuentes de información. Se trata de tener una dieta informativa variada, no escuchar a una sola fuente o tener fuentes muy similares. Escuchar voces que contrastan con lo que nosotros pensamos es lo que nos mantiene razonables y cuerdos.

¿Está de acuerdo con aquellos que consideran que la democracia española es de baja calidad?

Sí. Más que de democracia hablaría de un sistema político muy poco capaz de integrar nuevas demandas y adaptarse a contextos nuevos como el papel de la mujer, la realidad europea, las nuevas demandas territoriales o los nuevos derechos sociales. Darles un cauce democrático y que tenga un reflejo institucional e incluso constitucional. ¿Qué democracia es aquella en la cual abrir el dossier de la reforma constitucional es abrir la caja de Pandora?

¿El espectáculo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial es la prueba de que estamos retrocediendo en ese sistema político?

Evidentemente. El actual diseño institucional tiene un montón de disfunciones. Durante estas últimas semanas hemos visto la partidización del nombramiento de los miembros del CGPJ por partidos que representan el 50% de los ciudadanos, un enfrentamiento institucional a raíz de la sentencia de las hipotecas, y estamos asistiendo a un deterioro de la monarquía que, en el caso catalán, ejerce funciones que no le corresponden. A ello le añadiría que pensar que asuntos como el de Catalunya se pueden resolver reduciéndolos a un problema de orden público o a un problema judicial es omitir que se trata de un asunto político que debe ser resuelto por cauces de tipo político.

Y además dedicamos horas y horas a hablar de las grabaciones de un comisario corrupto que pone en cuestión el funcionamiento de todo un país.

Sí, porque se da a entender que este tipo de malas praxis tienen un recorrido muy largo en el tiempo y que han sobrevivido a sucesivos gobiernos de distintos partidos. Eso indica que estamos ante un problema especialmente grave.

En alguna ocasión ha comentado que no conoce ningún partido que no sea algo populista y que lo que pasa es que cada uno tiene un populismo hecho en casa. En el caso de España, ¿se atrevería a señalar cuáles son los elementos populistas de cada uno de ellos?

Hay populismo cuando se ofrecen soluciones simples a problemas complicados. Eso lo encontramos en ciertos hábitos de Podemos. Existe populismo cuando la campaña andaluza gira alrededor de la cuestión catalana. El uso de la nación española por parte de la derecha es un uso populista. Ciertos discursos del soberanismo catalán respecto al supuesto mandato popular son populistas en la medida que no reconocen algo básico en democracia: el poder procede del pueblo pero el pueblo solamente existe en la pluralidad de las interpretaciones que hacemos sobre qué significa el pueblo.

¿Nadie puede arrogarse la portavocía única de ese pueblo?

Exactamente. Ser portavoz de los derechos de los catalanes, sin contestación, sin el porcentaje que te corresponde de representatividad, es también una forma de populismo.

¿Qué significa ver que casi cada semana en el Parlament y en el Congreso se habla de golpistas y fascistas?

Significa que si algún día llegan los golpistas y los fascistas no vamos a tener argumentos para definirlos. Son calificativos que bloquean el diálogo y no designan una realidad. En Catalunya no ha habido un golpe de estado. Ha habido una serie de actuaciones que en buena medida me parecen criticables, pero con expresiones de este tipo lo que se hace es rehuir el matiz.

En el caso de las nuevas derechas se equivocará quien no haya entendido las diferencias. La derecha liberal tiene un concepto de igualdad en el origen pero muy poca sensibilidad respecto a la igualdad en el resultado, y es más bien voluntarista respecto a la capacidad de reforma del Estado. La derecha conservadora es, si me permite la expresión sin que tenga connotación negativa, vaga respecto a las reformas. Esas dos derechas van a convivir. Pese a que ambas tengan, en distintas medidas, rasgos autoritarios, empeñarse en ponerlas bajo el calificativo de fascistas es hacer un uso populista de la expresión y cometer errores de diagnóstico.

En su libro nos da claves para comprender la democracia. Tal vez otra de las asignaturas pendientes es entender cómo es España.

El que mejor lo ha explicado es Josep Colomer en su libro sobre el relativo fracaso de España a la hora de construir un estado integrador de las diferencias y respetuoso con su pluralidad interna. Seguirá así mientras no seamos capaces de entender que en estos últimos años se han producido dos cambios, protagonizados por el fenómeno Podemos y el fenómeno catalán, que suponen un cambio en la sociedad española porque no vamos a volver a la situación anterior.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha visto el soberanismo y el populismo como los principales retos que tiene que afrontar la Unión Europea (UE) en el futuro, abogando por combatir estos fenómenos con políticas efectivas hacia los ciudadanos para que sigan creyendo en el proyecto común europeo.

Así lo manifestó este viernes durante su intervención en la conferencia organizada por el Partido Demócrata Europeo -en el que líderes europeos exponen su visión sobre La democracia y el futuro de Europa-, donde defendió el ejemplo de las RUP como modelo de acción conjunta desde la diversidad.

“Uno de los retos que afrontamos como UE es la tensión separatista que anida en algunas zonas de nuestro continente político. La tentación de buscar soluciones particulares existe y con esta tentación de desandar el camino ha convivido siempre la Unión Europea”, explicó.

Clavijo insistió en que en la actualidad se ve cómo ha rebrotado cierta pulsión rupturista que alimenta de los daños causados por una década de crisis económica. “Y en tiempo de escasez --apuntó-- la primera tentación es buscar soluciones individuales. No es casual quieres hoy alientan estas tentaciones secesionistas alimentan sus discursos de utopía con promesas de soluciones inmediatas”.

El populismo, un reto

“La crisis financiera y sus efectos en la sociedad han generado una crisis entorno a las ideas, una crisis sobre lo que queremos ser como sociedad. Esta situación, marcada por la prisa y las necesidades, tienta a la búsqueda de soluciones mágicas a corto plazo”, dijo.

Clavijo añadió que cualquier crisis importante se convierte en un “riesgo” de querer remover zonas de consenso que hasta entonces parecían invulnerables y matizó que no cree que estén en riesgo las ideas democráticas de la UE, sino el enfoque y la gestión real de lo que se llama funcionamiento democrático.

El máximo dirigente canario hizo especial hincapié en que el trabajo de los parlamentos de todos los países de la UE es “fundamental”. “Tenemos que ser capaces de revertir esa situación de desconfianza de la ciudadanía hacia sus instituciones”, aseveró.

“En los últimos años -prosiguió- vemos como aparecen de nuevo este tipo de políticas que se alimentan del miedo proyectado en el otro. Y ahí están las raíces del peor populismo. Esa tentación de creer que cuanto peor, mejor; y por eso es tan necesario desmontar el discurso catastrofista del populismo extremista que se basa en el miedo social que generó la crisis”.

“Mejores si estamos juntos”

Para Clavijo, el final de la UE no llegará porque “somos mejores si estamos juntos”. “Y la historia lo demuestra”, apostilló.

En este punto, el presidente de Canarias puso como ejemplo del progreso de la unión a las políticas de las Regiones Ultraperiféricas (RUP), nueve regiones que han sido capaces de ponerse de acuerdo para mostrar sus necesidades específicas en la UE, “mayoritariamente pensado desde el hecho político continental”.

“Las RUP hemos sido capaces de construir un relato político y de diseñar una hoja de ruta común que nos ha permitido reconocernos como iguales, siendo muy diferentes, tan diferentes que algunas no estamos ni siquiera en el mismo continente geográfico”, recordó.

Finalmente, Clavijo ha entendido que la agenda de la UE para el futuro tiene que detectar antes sus debilidades. “En términos geopolíticos -prosiguió-, en Europa presenciamos el regreso del soberanismo, también una mayor distancia euroatlántica que no se había visto en décadas, el cambio de peso en la influencia hacia el este de Europa y el debilitamiento de las instituciones internacionales multilaterales”.

“Eso miedos no deben paralizarnos, son miedos que se deben combatir con más y mejor política. Necesitamos rearmar una mayoría favorable a la integración, así como dar respuestas efectivas a los ciudadanos que quieren seguir creyendo en la UE”, concluyó.

A cualquier observador de la política en Euskadi no se le escapa que una parte de la sociedad vasca ve con cierta envidia algunas de las cosas que han pasado en Catalunya en los últimos años. Las sucesivas movilizaciones multitudinarias en las Diadas los últimos 11 de septiembre, el poder llenar las escuelas de urnas para votar hasta en dos ocasiones sobre el futuro de esa comunidad autónoma… Casi de repente, en los balcones de algunas casas vascas han empezado a dejarse ver, sobre todo en los últimos meses, como el rojo y amarillo de las esteladas se hacía un hueco sin dificultad, junto a otras reivindicaciones como la exigencia de que los presos de ETA vuelvan a casa o el color amarillo de las pancartas de la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak, en solidaridad con los refugiados.

En las fiestas de los pueblos este verano no era raro encontrarse esteladas colgando de los cuellos de los jóvenes en las verbenas y a cuadrillas enteras gritando lemas en favor de la independencia en la comunidad hermana mientras los katxis de ‘kalimotxo’ o cerveza pasaban de mano en mano. En las tres últimas semanas, Gure Esku Dago, la plataforma que lleva más de tres años haciendo “pedagogía política” en favor del denominado “derecho a decidir” en Euskal Herria, ha celebrado dos marchas multitudinarias en Bilbao con más de 30.000 personas en las calles -en cada una de las convocatorias- en apoyo al ‘procés’. En la última de ellas, se ha visto una imagen inédita en los últimos años: los líderes de EH Bildu y PNV, Arnaldo Otegi y Andoni Ortuzar, respectivamente, compartiendo la calle y juntos para que los fotógrafos inmortalizaran. Los viejos del lugar recordaban aquella otra instantánea de Xabier Arzalluz y el propio Otegi, entonces juntos en favor de la vuelta de los presos etarras a Euskal Herria, en plena estrategia de acumulación de fuerzas nacionalista a finales de los años 90, al calor del Pacto de Lizarra.

¿Son todas esas realidades, tomadas por separado y sin aparente conexión, las piezas de un mismo puzzle que revelan cierto grado de contagio, aunque sea aún muy tímido, de la estrategia independentista catalana?

“Lo que está ocurriendo en Catalunya acabará o no ocurriendo en Euskadi en función de cómo se resuelva el asunto allí”. Quien hace esta reflexión es el doctor en Ciencia Política Óscar Rodríguez. Para este politólogo, en su día parlamentario del PSE-EE y ahora desligado de la vida interna de esa formación, “si la Generalitat sigue sin dar un paso atrás y una parte de la sociedad sigue saliendo a la calle a darle cobertura, si el Gobierno del PP termina suspendiendo la autonomía catalana y, además, tenemos algún nuevo episodio de violencia, el cóctel está servido”, añade Rodríguez.

Para este politólogo, es precisamente esa “carga emocional” y el hecho de que la bomba política catalana tenga una “mecha muy larga”, junto a todas las circunstancias que él mismo ha apuntado, lo que podría hacer que “la explosión sea brutal”. Y que la onda expansiva acabe alcanzado en parte a la realidad política vasca.

Javier es un funcionario del Gobierno vasco con más de 50 años. Ha pasado por votar a la izquierda abertzale, el voto nulo con una papeleta en la que ponía “independentzia” o a meter la papeleta de Podemos en alguna ocasión. Hace unas semanas se compró un par de esteladas que ya cuelgan en la ventana de su domicilio. Y lanza esta pregunta: “¿Por qué apoyo a la Catalunya actual en sus derechos de poder independizarse, de hacer un referéndum con garantías, no como el que el Estado español no dejó hacer el pasado 1 de Octubre? Pues, es muy claro. En mi ventana hay una estelada, símbolo independentista catalán con el que me identifico, la cual no quitaré hasta que el Estado español tome una determinación coherente y no fascista como las que ha venido tomando hasta ahora. Esta estelada quiere decir que la Independencia de cualquier pueblo debiera ser posible incluso aunque no esté contemplado dentro de una constitución que no aprobó todo el Estado, y menos dentro de nuestro pequeño Euskadi. Y la tengo, porque mi papel actual es el de apoyar a un pueblo al que no le dejan ejercer uno de sus derechos fundamentales”.

Como muchos otros -más del 20% de la población según diferentes encuestas-, Javier sueña con un “referéndum de autodeterminación para Euskal Herria” que, “un día no muy lejano pudiéramos pertenecer a esa Euskal Herria independiente y nuestra, aunque sé que se trata de una ilusión muy difícil de conseguir en un mundo totalmente globalizado, en el cual, la mezcolanza de cultura, idioma, raza,… es el futuro”, admite.

Hay datos objetivos que permiten sostener la falta de mimbres, hoy por hoy, de la estrategia diseñada hace ya tres años en favor del derecho a decidir por parte de la plataforma Gure Eusku Dago. Por ejemplo, en las 91 localidades en donde se han realizado en estos años consultas –con preguntas diferentes muchas veces, pero todas con el derecho a decidir como telón de fondo- la iniciativa no ha sido mayoritaria.

Ninguno de esos municipios es ni Vitoria, Donostia o Bilbao, las tres capitales, lo cual demostraría la limitada capacidad del movimiento, asentado sobre todo en miles de voluntarios de obediencia prioritariamente abertzale. O, al menos, evidenciaría el gradualismo –palabra talismán en estos momentos en los sectores independentistas catalanes más reacios a declarar ya la independencia de manera unilateral- de su estrategia. Y los resultados, con participaciones muy dispares según el municipio, demostrarían en muchos casos el paralelismo entre los votantes que apoyan a partidos abiertamente independentistas (EH Bildu), con los apoyos logrados por esa coalición soberanista por ejemplo en las últimas elecciones municipales, celebradas en 2015.

Por ejemplo, en las 34 localidades de Gipuzkoa (y una en Bizkaia) donde se celebraron consultas el pasado 19 de marzo, si tomamos las nueve más pobladas –Astigarraga, Hernani, Errenteria, Oiartzun, Pasaia, Lezo, Ibarra, Tolosa y Villabona- los resultados en favor a la independencia son prácticamente calcados a los obtenidos por la coalición independentista en 2015: 23.243 de votos logrados en esos nueve municipios por EH Bildu y 23.227 en favor de la independencia.

“Estamos dando pasos favorables y trabajando para toda la ciudadanía; y el debate y la pedagogía en torno al derecho a decidir se están extendiendo de forma natural y significativa. Ciertamente, esa es la base de nuestros retos”, se ha resaltado desde la plataforma impulsora de las consultas. Pero también con una dosis de realismo en sus filas al admitir que, pese a ver que “los ciudadanos nos estamos empoderando, y seguiremos haciéndolo”, es indispensable “ampliar los consensos” políticos si se quiere “llegar a decidir sobre el futuro político de Euskal Herria”.

La limitada autocrítica de Otegi

Si en el aspecto de movilización social no hay espejo que aguante la comparación –los millones de catalanes que han salido a las calle durante las últimas Diadas, sin perder fuelle, no tienen su paralelismo en Euskadi-, en lo político el PNV –que vendría a representar a la extinta CIU- y, sobre todo, el lehendakari, Íñigo Urkullu, han defendido su propia vía basada en el diálogo, el acuerdo entre diferentes y la bilateralidad. “Consulta sí, pero legal y pactada”, repiten en Lehendakaritza y en Sabin Etxea, justo antes de que la ponencia parlamentaria de Autogobierno arranque sus trabajos para elaborar la propuesta de nuevo Estatuto vasco, una vez que Elkarrekin Podemos ya ha registrado su propuesta. Fuentes parlamentarias creen que “hay mimbres” para triangular un documento que descanse en una mayoría formada por PNV, Elkarrekin Podemos y el PSE-EE, pese a la distancia que existe en materia de “derecho a decidir” y su reconocimiento. Algo que será aprovechado por los independentistas de EH Bildu para introducir una cuña en ese intento de mayoría parlamentaria aún en estado muy embrionario.

Lo que sí ha puesto de manifiesto la vía catalana hacia la independencia es que quienes durante 50 años apoyaron una vía político militar con el terrorismo de ETA como vanguardia de ese movimiento y con cerca de 860 personas asesinadas asisten desde la perplejidad a lo que ha pasado en Catalunya desde la sentencia sobre el Estatut en 2010 del Tribunal Constitucional. Incrédulos y con una gran dosis de envidia, han visto el plano secuencia de lo ocurrido allí, una película independentista basada en un movimiento social que ha sido capaz de arrastrar hacia el independentismo a partidos como CIU que hasta hace bien poco denostaban o criticaban abiertamente esa estación término. Y todo en apenas seis años.

Otegi lo admitía con la boca pequeña recientemente en una entrevista en Radio Euskadi. Y de manera tímida y con circunloquios afirmaba: “Pues sí. No es solo una única persona quien lo dice. Es algo muy a tener en cuenta y algún día me extenderé sobre ello. Pero ahora no me lo voy a plantear de manera prudente y algún día me extenderé en esta reflexión porque creo que Catalunya está haciendo una gran contribución en el sentido que usted pregunta y que es que la estrategia que algunos planteamos tendría que variar y construir otro tipo de estrategia más eficaz. Desde posiciones democráticas y pacíficas se está demostrando que esto es más eficaz que otro tipo de estrategias, al menos en este contexto histórico”.

De momento, EH Bildu sigue encadenada a la estrategia de ‘catalanizar’ la política vasca y su última aportación política es recuperar su reivindicación de territorialidad. La idea es construir una “República Confederal de Euskal Herria”, con Navarra, País Vasco y las tres provincias del País vasco francés. En el caso de Euskadi, la vía vasca hacia la independencia se basaría en un pacto inicial en la ponecia de Autogobierno y una consulta habilitante, como ha defendido en algún momento el PNV. Si el Estado no lo acepta, EH Bildu sería partidario de proclamar de manera unilateral esa república al margen de la legalidad española.

“El independentismo de izquierdas está preparado para liderar el país junto a otra fuerzas sociales, sindicales y políticas, hacia un escenario de creación y espacio soberano, en el que la ciudadanía sea la que decida cómo viven y de qué manera organiza su modelo social, económico y político”. Aunque Otegi sabe que en ese camino su aliado más evidente lo tiene en el campo sindical (y no en el político), con una central mayoritaria como es ELA -en guerra con el PNV y, sobre todo, con el Ejecutivo vasco-, volcada en la estrategia soberanista desde que en 1997 dio carta de naturaleza a la defunción del Estatuto de Gernika. Fue su secretario general de entonces, José Elorrieta, quien proclamó precisamente en una acto del sindicato en Genika que “El Estatuto ha muerto”.

No ha llovido nada desde entonces.

La ley de referéndum aprobada este miércoles en el Parlament de Catalunya protagoniza las portadas de los medios impresos

Mientras los medios nacionales coinciden en su postura, la prensa catalana está más dividida

La aprobación del decreto de convocatoria del referéndum del 1-O acaparan las portadas de los principales medios impresos en España de este 7 de septiembre. Los titulares recogen lo ocurrido en el Parlament este miércoles como “golpe de Estado”, “secuestro de la democracia” y “desobediencia”, entre otras referencias.

El País: “Los separatistas imponen su referéndum en el Parlament”

El Mundo: “Secuestro de la democracia para fracturar España”

ABC: “Golpe de Estado en el Parlament”

La Razón: “Secuestro de la democracia”

El Correo: “El soberanismo culmina su desafío con un esperpento parlamentario”

La Voz de Galicia: “Contra la consulta ilegal”

La Voz de Galicia: “Contra la consulta ilegal”

La prensa catalana, dividida

Mientras la prensa nacional sigue una misma línea, las portadas de los principales diarios catalanes informan de la convocatoria del 1-O de distinta forma.

El más crítico es El Periódico que abre su primera plana con una única palabra: “Desobediencia”. Además califica como “bronca histórica” el pleno. Mismo tono utilizan en su editorial La consumación de un fracaso, en la que describe lo ocurrido como una “bochornosa jornada” ocurrida tras “violentar las normas del Parlament”.

La Vanguardia se muestra más neutro e informa sin utilizar tantos adjetivos. Con el titular “EL Govern convoca el 1-O tras imponer su mayoría”, el rotativo sólo utiliza la palabra “forcejeo” en su portada. Mientras en su editorial titulado Crisis de estado señalan que “la institucionalidad catalana quedó ayer gravemente herida” y que “no se puede imponer un programa de ruptura sin una inequívoca mayoría social”.

“Referéncum convocado”, así abre su portada el diario ARA en su versión catalana. Califica el pleno de “muy tenso después de que Ciudadanos, el PP y PSC abandonasen el hemiciclo”, no haciendo referencia alguna a las maniobras ni decisiones tomadas por las fuerzas independentistas.

“Yo por mi hija, mato, ¿me entiendes? ¡eh! MAAA-TO”. Belén Esteban ha sido una heroína popular. La Princesa del pueblo. Suya es esta declamación de contenido universal. La Esteban expresaba, de manera estrafalaria y desmedida –propia del personaje que ha construido– un sentimiento que no nos resulta ajeno. Somos proclives a anteponer las necesidades y aspiraciones de los “nuestros”, especialmente nuestros familiares (por los que podemos llegar a estar dispuestos a matar para protegerlos), pero también de los semejantes que sentimos más próximos, a nuestros ídolos y los líderes que nos representan.

La tendencia a favorecer a los miembros del propio grupo ha sido acreditada en condiciones experimentales. Son particularmente interesantes las investigaciones académicas que crean grupos con personas desconocidas entre sí usando criterios arbitrarios. Diversos estudios con experimentos han mostrado como incluso esas agrupaciones pueden conducir a identidades grupales, en que los miembros de esos “equipos” terminan manifestando preferencia por individuos de su grupo recién creado (endogrupo) frente a los de un grupo externo (exogrupo). Bajo ciertas condiciones pueden acabar desarrollando actitudes negativas hacia los miembros del exogrupo.

Un experimento célebre en esta línea es el de Robbers Cave, diseñado por el matrimonio de psicólogos Muzafer y Carolyn Sherif en 1954. En el estudio, veintidós adolescentes que no se conocían entre sí fueron trasladados en autobús a un parque natural en Oklahoma, en dos expediciones de once chicos cada una. Los muchachos acamparon en dos áreas lejanas entre sí, de manera que durante los primeros días la presencia de los 'otros' fuera ignorada. Tras esta primera fase de convivencia aislada fueron agrupados. Antes de la agrupación, se les invitó a poner nombre a sus grupos. Unos escogieron “The Rattlers” (Los Serpientes de Cascabel), los otros “The Eagles” (Los Águilas).

En ese momento comienza la segunda fase del experimento. Bajo condiciones de competitividad, provocadas deliberadamente con distintos juegos de campamento, Serpientes de Cascabel y Águilas reforzaron los sentimientos de afinidad personal dentro del grupo, y cultivaron otros de hostilidad hacia los miembros del exogrupo (que desembocó en varios incidentes de violencia verbal y vandalismo entre ellos). Con ello, los Sherif habían evidenciado que, más allá de los perfiles individuales de los muchachos, la clave que explicaba las actitudes aparecidas era la asignación de los chicos a los dos grupos y las dinámicas de competición establecidas entre ellos.

De hecho, en una tercera fase del experimento, bajo dinámicas diferentes (de tipo cooperativo) y en una nueva situación de convivencia conjunta, los Sherif fueron capaces de integrar de manera relativamente fácil a los miembros de los Serpiente de Cascabel y los Águilas, restañando las “heridas” producidas en la fase competitiva del experimento.

La preferencia por el endogrupo puede conducir a comportamientos particularistas para favorecer a los tuyos. La antropología y la ciencia política han descrito profusamente cómo la tendencia al particularismo puede convertirse en un elemento central de una sociedad, abocando a “trampas sociales” de las que es muy difícil escapar. Un estudio antropológico clásico muchas veces referenciado en ese sentido es el trabajo de Edward Banfield sobre el “familismo amoral”, una acentuada tendencia a anteponer las necesidades y aspiraciones del grupo de parentesco de pertenencia a cualquier otra consideración. En el trabajo del antropólogo norteamericano se describen las relaciones sociales en Chiaromonte, en el sur de Italia, marcadas por la incapacidad de los aldeanos de actuar juntos por su bien común o, de hecho, por cualquier fin que trascendiera el interés inmediato y material de la familia.

Los ejemplos que he puesto hasta ahora evocan relaciones en grupos pequeños o en pequeñas comunidades con fuertes vínculos primarios, y quizás invitan a dudar sobre la posibilidad para generalizar. ¿Qué tienen que ver los boy scouts del experimento de los Sherif o los aldeanos de Banfield con las dinámicas de nuestras complejas sociedades postindustriales? Más de lo que seguramente sospechan.

La tendencia a favorecer a los “nuestros”, sea lo que sea lo que nos una, anida en el corazón de muchos procesos que están de plena actualidad. Ahí tenemos, por ejemplo, el llamado “chovinismo de bienestar”. El concepto se refiere a las actitudes de quienes creen que las prestaciones de bienestar deben limitarse a los nativos de un país, privando a extranjeros de derechos sociales. El fantasma de los inmigrantes que drenan recursos sociales escasos es uno de los principales recursos retóricos del populismo de derechas, y una de las raíces principales del apoyo que cosechan. “Primero los de casa” ha sido una de los eslóganes más elocuentes de Plataforma per Catalunya, un pequeño grupo de la derecha radical que ha llegado a obtener resultados electorales notables en distintas poblaciones catalanas desde su nacimiento a principios de milenio. Es también el leitmotiv de distintos grupos neonazis que se organizaron en forma de ONG “solidaria” para repartir alimentos a familias empobrecidas durante la crisis a condición de que pudieran acreditar españolidad.

En otros términos, el chovinismo de bienestar ha cobrado actualidad en otra clase de relaciones entre “nosotros” y “ellos”, las que se establecen entre nacionalistas en comunidades ricas y Estados a los que tratan de arrancar autonomía fiscal o de los que aspiran a separarse. “Roma ladrona” de la Lega o la “Espanya ens roba” del nacionalismo catalán conservador son dos expresiones recientes de insolidaridad fiscal respecto a un demos que se siente ajeno. En este relato, la aportación al Estado se convierte en una losa que pagan “los nuestros”: La España subsidiada vive a costa de la Cataluña productiva.

La defensa de los nuestros puede llevar a disculparles actos reprobables. Hay un gran volumen de investigaciones que evidencian que tendemos a mostrarnos más indulgentes con comportamientos corruptos pasados de los líderes y partidos que favorecemos que con los mismos comportamientos si incurren en ellos otros líderes y partidos. También les permitimos iniciativas políticas que censuraríamos tajantemente si las llevaran a cabo los líderes o partidos a los que nos oponemos.

Según un estudio del que se hizo eco el Washington Post la semana pasada, la mitad de los votantes republicanos declara que aceptarían aplazar las elecciones previstas para 2020 si Trump lo propusiera para limpiar el censo de extranjeros que están votando ilegalmente en las elecciones. Recuerden que este tipo de presunto fraude electoral fue una alegación que, sin más pruebas, realizó Trump en las últimas elecciones para justificar su “derrota” en el recuento nacional de votos (que no ponía en cuestión su victoria final gracias a su ventaja en delegados elegidos en representación de los Estados). Sin embargo, la creencia es compartida por muchos republicanos. Tres de cada cuatro creen que los episodios de fraude en el voto se produjeron con cierta o mucha frecuencia.

Es decir, “los nuestros” pueden llegar a contar con nuestro beneplácito cuando se proponen traspasar la legalidad. Es lo que parece dispuesto a intentar el gobierno de Puigdemont: liarse la manta a la cabeza con la indulgencia (incluso el aplauso) de muchos de los suyos. Pero seguramente no todos. ¿Cuántos estarán dispuestos a seguirle hasta las últimas consecuencias? Es la gran incógnita que resolveremos en los próximos meses.

En el curso de las últimas semanas están apareciendo las primeras voces que desde el independentismo expresan miedos, apuntan a que se están cometiendo errores o manifiestan dudas. También se tensan las costuras de una alianza complicada entre socios muy diferentes, que ante la probable inviabilidad de la independencia se sienten tentados a aprovechar la coyuntura para impulsar sus propias agendas.

El independentismo no tiene más remedio que contener estas tendencias para mantener intactas sus opciones de sacar su proyecto adelante, pero si adopta maniobras reactivas demasiado drásticas corre el riesgo de debilitar sus credenciales democráticas y trasversales, lo que también puede resultar contraproducente en orden a mantener las filas prietas. Se encuentra, pues, frente un delicado juego de equilibrios, quizás incluso imposible de resolver favorablemente. A lo largo de los últimos años las fuerzas independentistas han demostrado una extraordinaria capacidad de resistencia a las presiones y amenazas externas. Incluso podríamos sospechar que, en muchos sentidos, esas presiones y amenazas han retroalimentado su apoyo. ¿Pero hasta dónde resistiría la disolución del endogrupo?

Fuera de Cataluña, ya casi la mitad de los españoles de izquierdas se muestran favorables al referéndum de independencia.

“Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán”.

Esta fue la promesa estrella que José Luis Rodríguez Zapatero se reservó para el mitin de clausura de la campaña electoral del PSC de las autonómicas catalanas de 2003. Con el fin de dar último impulso a la candidatura de Pascual Maragall, Zapatero se animó a extender un cheque en blanco a los socialistas catalanes para que pudieran reformar a su antojo el modelo territorial de nuestro país.

Puede que Zapatero creyera que la lealtad de partido se impondría y que Maragall acabaría planteando un Estatuto dócil y asumible para el conjunto del PSOE. O puede que simplemente se tratara de un farol, de una promesa tan atractiva para una mayoría de catalanes como poco costosa para quien la ofrecía, pues entonces el CIS situaba al PSOE a casi ocho puntos por detrás del PP. Las promesas parecían asumibles cuando lo que se esperaba era que el responsable de negociar con Maragall fuera Rajoy, y no Zapatero.

Al margen de cuál fuese el motivo original, es probable que la decisión de Zapatero de abrir una reforma territorial sin tener un proyecto claro y con el compromiso de refrendar ciegamente lo que saliera del parlamento catalán diera inicio a la profunda crisis territorial de nuestro país. Una crisis que acabó por pasar factura al PSOE. La desorientación de los socialistas en torno al modelo territorial abrió una ventana de oportunidad para que pudieran irrumpir partidos de corte anti-nacionalista (o nacionalista español, según gusto del consumidor) como UPyD o Ciutadans. Ambas formaciones, junto con la ayuda del PP, consiguieron utilizar de forma eficaz la cuestión nacional para abrir una grieta en las bases electorales del PSOE.

Fue durante la primera legislatura de Zapatero (2004-2008), cuando el PSOE empezó a perder la batalla en la dimensión territorial. Los socialistas, desorientados y sin una idea clara de cómo organizar la España de las autonomías, se dieron cuenta de que enfrentarse al PP o a UPyD en esa materia se traducía en un desgaste electoral. Debido a ello, el PSOE renunció a dar la batalla, y asumió o al menos renunció a enfrentarse abiertamente a los postulados de sus rivales políticos.

El PSOE quedó fuera de juego, sin capacidad de liderazgo en materia territorial, justo en un contexto en la que el “problema catalán” crecía año tras año. Sin embargo, con la ruptura del bipartidismo, llegó Podemos. Y con esta nueva formación, la izquierda (o mejor dicho una parte de ella) decidió dejar de ir a remolque y volver a tomar las riendas del debate territorial.

Cuando Podemos irrumpió en el escenario político, los españoles de izquierdas en la mayoría del territorio eran más partidarios de una recentralización del Estado que de dotar a las comunidades autónomas de mayor autogobierno. Podemos se encontraba, pues, con una izquierda, a priori, poco simpatizante con propuestas de mayor descentralización. Sin embargo, aún con el considerable riesgo electoral que implicaba, Podemos decidió defender la necesidad de realizar un referéndum de independencia de Cataluña.

El tiempo ha demostrado que Podemos ha sido capaz de revertir esta situación inicialmente hostil, y ha conseguido arrastrar a sus simpatizantes hacia sus posiciones. Según la encuesta de GESOP para El Periódico publicada en febrero, tres de cada cuatro votantes de Podemos (excluyendo Cataluña) estaría dispuesto a aceptar la celebración de un referéndum como vía de resolución del “problema catalán”. La inmensa mayoría del electorado de Podemos es hoy favorable al referéndum. De hecho, actualmente ya existe un porcentaje similar de partidarios (49%) como de detractores (47%) del referéndum de independencia entre los españoles de izquierdas que no viven en Cataluña.

El gráfico de arriba muestra la probabilidad de que los votantes españoles (excluyendo Cataluña) simpaticen con el referéndum y con un posible pacto fiscal en función de su afiliación partidista. En el caso del referéndum, existe un claro “efecto Podemos”. La probabilidad de simpatizar con la idea del referéndum es claramente superior entre los votantes de Podemos que entre los votantes del resto de partidos. Sin embargo, este “efecto Podemos ”se desvanece completamente si nos centramos en la posibilidad de un pacto fiscal diferenciado para Cataluña. Contrariamente a lo que ocurre con el referéndum, el hecho de votar a Podemos no lleva a considerar el pacto fiscal como una buena opción para la resolución de conflicto catalán.

¿Por qué simpatizar con Podemos está relacionado con una mayor propensión a aceptar el referéndum pero no el pacto fiscal? Es posible que esta discrepancia esté relacionada con una cuestión de percepción de costes. El referéndum puede no resultar costoso (si gana el “no”), pero una mejora de financiación para Cataluña conlleva trasladar de forma inmediata los costes de esta medida al resto de comunidades autónomas, especialmente a aquellas que hoy cuentan con un saldo positivo. Sin embargo, los datos no avalan la idea de que exista una relación clara entre entre el apoyo o no a un nuevo pacto fiscal para Cataluña entre los habitantes de una determinada comunidad autónoma, y el déficit fiscal de dicha comunidad autónoma. Si bien es cierto que el apoyo es particularmente bajo en regiones con balanzas positivas como las Castillas y Galicia, existen importantes excepciones. Por ejemplo, Andalucía, que cuenta con un superávit fiscal similar al de Castilla la Mancha, revela un apoyo a un nuevo acuerdo fiscal para Cataluña comparativamente elevado.

Una explicación alternativa puede residir en la capacidad de los partidos de liderar o convencer a la opinión pública de que cambien de preferencias y asuman como propias las propuestas políticas de los partidos. Como comentábamos en el inicio del artículo, Podemos decidió –a pesar de contar con una opinión más bien desfavorable a la descentralización- defender el uso del referéndum de independencia para resolver la crisis territorial. Sin embargo, la propuesta de un nuevo pacto fiscal para Cataluña no ha cobrado un protagonismo destacado ni el debate público ni en los planteamientos de Podemos.

En definitiva, es un error creer que los políticos deben tomar las preferencias de los ciudadanos como fijas e inalterables. La ciencia política ha demostrado en numerosas ocasiones que las élites políticas a menudo rechazan acomodarse a lo que piensa la gente y deciden enfrentarse a la opinión pública para lograr que sean los ciudadanos los que se acomoden a ellos. Los políticos no se limitan a atender las demandas que les trasladan los ciudadanos, sino que son capaces de crear, o al menos moldear, las preferencias de sus votantes.

Puede que el PSOE, tras la errática política territorial de Zapatero, perdiera su capacidad de liderar a sus votantes y arrastrarlos a sus postulados.  Pero no hay nada que impida que los socialistas puedan volver a recuperar su capacidad de liderazgo en esa materia. La excepcional adhesión al referéndum catalán entre los votantes de Podemos parece una clara demostración de que la opinión pública es más moldeable de lo que a veces tendemos a pensar.

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Nota metodológica: el gráfico muestra las probabilidades predichas a partir de un modelo de regresión logísitica en el que se incluye la ubicación de los individuos en la escala ideológica y nacionalista  como variables de control. 

Cuesta creer que haya personas en España que se levanten por la mañana angustiadas porque Catalunya quiera hacer un referéndum. De independencia o no. Incluso que la unidad de España afecte sus vidas mucho más que los grandes atropellos que se suceden en ella. Ni las políticas que los provocan. Las encuestas del CIS no reflejan en absoluto esa inquietud: en el último Barómetro publicado, de mayo, citan la independencia de Cataluña como problema el 0,9% de los encuestados. Menos aún de lo habitual. Todos ellos deben tener un puesto en alguna tertulia en el o staff directivo de un medio.

El 'procés' pasará a la historia como uno de los más grandes errores de la intransigencia de Rajoy y la huida hacia delante de Artur Mas. Alguien algún día habrá de buscar cauces a la realidad, fuera de intereses, como aconsejan hasta desde el New York Times. Por citar a algún medio que contrarreste a la cerril Caverna española.

Lo realmente preocupante es la sistemática y acelerada cruzada contra la Democracia que se observa en el mundo desarrollado. Donald Trump tiene a la Democracia como un calzoncillo sucio que es imagen adecuada al interfecto. Tal como avisó, podría  plantarse en la Quinta Avenida disparando a la gente que no le pasaría factura. Es inaudito que se tolere lo que está haciendo y en el Partido Republicano, el auténtico cáncer ultra, su gestión es aprobada por el 80%. El astrofísico Stephen Hawking afirma que Trump puede hacer un daño irreversible a la Tierra: “Convertirla en Venus con temperaturas de 250º y lluvia de ácido sulfúrico”. La mirada corta, estúpida y sin escrúpulos es lo que tiene. 

La deriva en suelo patrio también es alarmante. El consejero Jordi Baiget es expulsado del Govern por dudar del referéndum. Homs, su compañero del PDeCat, se manifiesta harto hasta donde los hombres como él sitúan el nivel de hartazgo: más o menos por la mitad del cuerpo, vista frontal. Y los medios nos lo cuentan sin descanso. Como las cada vez más esperpénticas metáforas que asemejan el procés a un globo pinchado que –oh, maravilla– conserva el poder de “golpear cosas”. Rajoy crea estilo en el PP.

Punto y aparte merece la invocación al ejército de Cospedal, al frente de Defensa, emulando a Margaret Thatcher en ese desestabilizador retorno al involucionismo. O las censuras, menos guerreras sin duda, como la que expresó el Ministro Íñigo Méndez de Vigo. Porque, veamos, los independentistas catalanes se proponen redactar una Constitución que, en la versión de El País para la edición nacional, es “bolivariana”, y “asamblearia” en la dedicada a Catalunya. Terrible para ellos, en cualquier caso. El ministro de Educación, Cultura y Deportes dice que tal procedimiento es propio de “otras latitudes”, señalando con el ojo oculto a Latinoamérica. A la de Maduro, no a la Temer en Brasil, como suelen hacer nuestros clásicos.

La aversión por la Democracia se está extendiendo. Recojo a menudo manifestaciones que evidencian rechazo a las urnas por lo que traen de incertidumbre a los negocios que tantos de nuestros políticos y medios representan. Estemos alerta a lo que prepara Macron en Francia porque apunta a una Tecnocracia de nuevo cuño. El  mensaje general que se está mandando es que sobre la democracia directa hay una “aristocracia” que sabe más que nosotros, los implicados.

Méndez de Vigo, por su cargo actual y sus puestos anteriores en Europa, debería saber que Islandia elaboró su nueva Constitución de forma asamblearia. Es cierto que son “otras latitudes”, al norte y de Europa. Esa zona que suele gustarnos tanto. Y lo hicieron al convertirse en la primera víctima de la estafa neoliberal que llamaron “Crisis del 2008”. El fraude y la corrupción de sus gestores –que suelen venir unidos– les dejaron en completa bancarrota. Y con deudas a pagar a sus bancos –como nosotros, los españoles– y además a sus acreedores británicos.

Pasaron de ser el país número 1 en Índice de Desarrollo Humano a perderlo todo. No podían vivir dentro y su dinero no servía fuera, suspendida su cotización. Dicho para desmemoriados. Se negaron a pagar los fiascos de sus bancos, lo negociaron, los encausaron. Juzgaron también a sus políticos. Por eso su Constitución es resultado de un movimiento asambleario, hubieron de tomar las riendas. Y aun así tienen que quitarse de vez en cuando a presidentes pringados en Paraísos Fiscales.

A los españoles no se les ocurre citar la independencia de Catalunya como problema pero muchos son sensible a las directrices de los jefes de pista en el circo mediático. A las alharacas por el empleo récord que se crea y se alaba la propia ministra Fátima Báñez. A “la economía” que tapa la corrupción, aunque las facciones del PP estén ya a navajazos ante nuestros ojos. Pero no mire, no escuche. O sí.

Es una cantinela constante desde que despunta el día a la noche. La mañana de este martes me ha deparado esta pesca textual radiofónica: Puigdemont, como un burro amarrado en la puerta del baile, deporte sí pero tomando Flexium, Montoro investiga a los tertulianos, ahora y en la hora de nuestra muerte amén, la Generalitat y muchos otros cargos de la Generalitat, todavía hay mucho humo me están diciendo mis compañeros porque tengo que estar aquí y no lo veo, así se lo hizo saber al club merengue, llama al 902, quiéreteme, quién se resiste a un 40% de descuento, Puigdemont, Homs, Baiget, Manuel Benítez, el cordobés, era un torero viva la vida, Manolete era un torero viva la muerte.

Trump, los Republicanos, los votantes de Trump. El PP, sus socios, los votantes del PP y de sus socios. Los corruptos, sus voceros, sus tramposos. La convivencia social supeditada a intereses empresariales. La política ejecutiva, la justicia ilícita. La censura, la pérdida de derechos y libertades. La moral desaprensiva. La mirada corta y estúpida.  

Gracias a la Democracia, están destruyendo la democracia y no tienen derecho a hacernos esto a los demás. Ustedes verán.

El 10 de abril de 2013 dio comienzo, públicamente, el Procés Constituent a Catalunya, impulsado por un movimiento social liderado por gentes como Arcadi Oliveres o Teresa Forcades, con el fin de lograr un nuevo modelo de estado y de organización socio-económica para Cataluña. Desde entonces hasta hoy el Procés ha cogido velocidad de crucero, aunque por el camino se han quedado los liderazgos del tipo Oliveres-Forcades junto con las reivindicaciones anticapitalistas que podrían encarnar (expropiación de la banca privada, defensa de una banca pública y ética, lucha contra la corrupción, reducción de la jornada laboral, reversión de los resortes, reconversión ecológica de la economía, salida de la OTAN…).

El caso es que, cuatro años después de aquel 10 de abril, son muchas las personas que en Euskadi se preguntan (bastantes con frustración, otras con alivio, algunas con simple curiosidad científica) por qué lo que viene ocurriendo en Cataluña está teniendo un efecto tan reducido en Euskadi. La pregunta no es baladí: sorprende que cuando la pulsión autodeterminista palpita al lado mismo de casa su efecto-contagio sea nulo; justo lo contrario de lo que ocurría en otros tiempos, cuando quienes pugnaban por su autodeterminación eran lituanos, croatas, norirlandeses o québécoises.

En efecto, nadie podrá decir que el nacionalismo vasco no se haya mostrado en otras ocasiones activamente interesado o concernido por los episodios soberanistas que han surgido por doquier. Recordemos la declaración aprobada el 15 de febrero de 1990 por el Parlamento Vasco, con los votos de PNV, Eusko Alkartasuna y Euskadiko Ezkerra en un contexto de explosión de las expectativas nacionalistas en toda Europa tras la caída del Muro de Berlín. Dos meses antes, el 12 de diciembre de 1989, el Parlamento de Cataluña había aprobado una resolución en el mismo sentido.

Y del espejo báltico, al espejo irlandés. El Acuerdo de Viernes Santo (o de Stormont) firmado en Belfast el 10 de abril de 1998 va a cumplir para el nacionalismo vasco la función de referente exterior que en 1990 cumplieran las Repúblicas bálticas independizadas de la URSS: la de constituir un indicador de posibilidad histórica del ejercicio de del derecho de autodeterminación en la Europa del siglo XXI. Su consecuencia en Euskadi será el Pacto de Lizarra (y el contrapacto del Kursaal), la doctrina del “ser para decidir” y el Nuevo Estatuto de Ibarretxe.

Aunque con menos efectos prácticos (pero sí con una gran influencia simbólica), también podríamos referirnos al largo y sangriento proceso de disolución de Yugoslavia y surgimiento de los nuevos estados balcánicos (Serbia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Kosovo), a la segunda consulta en Quebec en 1995 y, más recientemente, el referéndum escocés de 2014: “Nos mostrasteis un camino, ése es también nuestro camino”, se dijo en el acto de entrega del premio Sabino Arana al exprimer ministro de Escocia Alex Salmond.

De ahí la pregunta: ¿por qué un proceso autodeterminista como el catalán, cercano, civil y aparentemente insoslayable, está teniendo tan poco efecto en esta Euskadi de hoy, en la que el nacionalismo vasco gobierna por primera vez el Gobierno, las Diputaciones y las principales ciudades vascas? Más allá de algún gesto medido de simpatía, la actitud oficial del PNV ha sido el distanciamiento expreso.

Para explicar esta actitud hay quien propone la tesis del “escarmiento” del Plan Ibarretxe. También hay quien defiende la hipótesis del pragmatismo pendular, encarnada en este caso en Iñigo Urkullu, envés del pendular independentismo de Ibarretxe. O se indica que el PNV no está dispuesto a arriesgar su posición dominante y verse superado por nacionalistas más radicales, como le ha ocurrido a CiU en Cataluña; a pesar de las tranquilizadoras palabras de Otegi en el sentido de que “si conquistáramos un estado independiente, a nosotros nos daría igual que el hegemónico fuera el PNV durante los siguientes veinte años”.

Si fuera por alguna de estas razones, o por otras de parecido tenor tacticista, la cuestión que nos planteamos no tendría mayor interés. ¿Podría la respuesta encontrarse en otro lugar, tal vez en situaciones y procesos sociales que en estos últimos cuatro o cinco años exigen repensar viejos tópicos políticos, como el de la soberanía estatonacional? Pienso en cuestiones como la crisis de la construcción europea y el reforzamiento de las identidades defensivas y excluyentes, en el reto que plantea el aumento de la diversidad cultural en nuestras sociedades, en la consolidación de un régimen de riesgos globales, en la dislocación entre políticas estatales y procesos económicos globalizados, en la integración de identidades locales y cosmopolitas…

El primer punto de la declaración aprobada por el Parlamento vasco en febrero de 1990 decía (y dice) así: “El pueblo vasco tiene derecho a la autodeterminación. Este derecho reside en la potestad de sus ciudadanos para decidir libre y democráticamente su estatus político, económico, social y cultural, bien dotándose de un marco propio o compartiendo, en todo o en parte, su soberanía con otros pueblos”. Sea por lo que sea, creo que hoy en Euskadi estamos en la mejor situación para, bien asegurados en el mástil de la nave común para evitar los cantos de sirena mono-soberanistas, profundizar en la dimensión necesariamente compartida, limitada y solidaria, de cualquier aspiración a la soberanía. Aprovechémosla.

Imanol Zubero, doctor en Sociología y profesor titular en la UPV/EHUImanol Zubero

Llevamos demasiado tiempo debatiendo sobre si referéndum sí o referéndum no, independencia sí o independencia no. Estamos en una sociedad en la que todo evoluciona a gran velocidad, donde un día es un mundo, por lo que llevamos demasiado tiempo perdido en este debate. A veces da la sensación de que es un camino hacia ninguna parte y que busca esconder otros problemas más graves de la gestión tanto de los gobernantes españoles como de los catalanes.

Ante esto, la única opción que he visto que se sale algo del guión es la propuesta realizada por el PSOE de modificar la Constitución para convertir nuestro país en un Estado federal. Propuesta que en la práctica supone muy poco respecto a la situación actual, ya que como indican muchos expertos nuestro sistema en la práctica es un Estado federal, además de ser –como hemos podido comprobar– una propuesta con poco recorrido, aunque haya servido como intento para salir del debate simplista en el que estamos instalados. 

Con esta situación, permítanme que hoy lance una nueva propuesta, que no tiene por qué sacarnos de la situación que vivimos hoy, pero que seguramente nos permita avanzar y salir del callejón en el que nos encontramos.

Si nos fijamos en las distinta encuestas que han ido saliendo a lo largo de los últimos años sobre el sentimiento de independencia de los catalanes, hemos visto cómo éste ha ido creciendo hasta llegar a su máximo, apostando por esta opción la mitad de la población catalana. Pero me da la impresión de que nadie se ha parado a pensar cuál ha sido el motivo de ese incremento progresivo. Si preguntamos a distintas personas, cada una tendrá una opinión distinta: unas dirán que todo empezó con el rechazo del Constitucional al nuevo Estatut aprobado en Cataluña; otras dirán que se debe a la gestión de Mariano Rajoy y a su falta de diálogo con una gran parte de la sociedad; otras, al deterioro de los servicios públicos en Cataluña... Seguramente habrá tantos motivos como personas opinando y todas tendrán su parte de razón.

Creo que merece la pena saber a ciencia cierta cuál es el sentimiento actual de la sociedad catalana y que nos ha llevado a esta situación. Por ello propongo una tercera vía, distinta a la del referéndum y a la modificación de la Constitución para hacer de España un Estado federal. Aunque puede que esta culmine con un Estado federal o un referéndum.

Siempre he creído que las consultas son más un elemento de opinión que un verdadero proceso de participación, por lo que propongo que se ponga en marcha en Cataluña un proceso de participación real sobre el sentimiento y la situación de Cataluña respecto a su encaje en el Estado español. Un proceso que debe estar diseñado con la participación de todas las fuerzas políticas y organizaciones representativas de todos los sectores. Que permita la participación presencial y virtual, que se lleve a cabo a través de un proceso que recompense y haga atractiva la participación, buscando la implicación máxima de la población catalana.

De este proceso seguramente saliéramos con una conclusión clara de qué nos ha llevado hasta la situación actual y qué acciones podemos llevar a cabo para acercarnos a una posible solución. Dudo que los gobernantes actuales, tanto catalanes como nacionales, apuesten por esta tercera vía, pero sí me gustaría que mi partido la pusiera en práctica; demostraría que hay otra forma de hacer política y que el PSOE ha entendido que la mejor manera de estar cerca de los ciudadanos es escuchando sus demandas, sus propuestas y sus inquietudes.

La sentencia del 9-N, que este lunes ha condenado a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, ha encontrado en frente a todas las fuerzas soberanistas, aunque en diferentes grados. La primera en reaccionar ha sido ERC, que por boca de su portavoz Sergi Sabrià ha calificado la decisión del TSJC de “indigna y antidemocrática”.

“El Estado utiliza los juzgados para intentar detener un proceso político”, ha considerado Sabrià, “pero por mucho que inhabiliten políticos y utilicen las cloacas policiales, llegaremos hasta el final y pondremos las urnas”. El dirigente independentista ha remarcado la disposición del gobierno que comparten con el PDECat ha cumplir con la promesa de celebrar un referéndum antes del próximo otoño.

Por su parte, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, se ha expresado desde su twitter, remarcando la coincidencia entre la sentencia del 9-N con el anuncio de la presidenta escocesa de celebrar un nuevo referéndum de independencia. “Mi timeline lo hace coincidir y la comparación es todavía más punzante. ¡Qué error! Qué diferencia entre las democracias consolidadas y saludables”, ha asegurado el president.

En sentido absolutamente contrario se han manifestado tanto el principal partido de la oposición, Ciutadans, como el PP catalán. Carlos Carrizosa, portavoz de los naranjas, ha mostrado todo su respeto a la sentencia porque “en España no se juzga a nadie por sus ideas, que son todas legítimas, sino para saltarse las leyes”. Para Ciutadans, la sentencia demuestra que el 9-N fue ilegal, como ilegal sería un nuevo referéndum. “Ahora ya no hay dudas”, ha indicado, “el 9-N fue ilegal, por lo tanto no caigamos en el error de hacer un nuevo 9-N”.

En el bloque de los soberanistas, ICV también se ha mostrado en contra de la sentencia, aunque en tono más matizado. Para su coordinador, David Cid, el expresident Mas “ha de dejar la política por la corrupción, no por el 9-N”. Los ecosocialistas han querido remarcar su rechazo absoluto de la judicialización de la política, pero han asegurado que esto no debe servir para “dar cobertura a los casos de corrupción”.

Los comunes han mostrado su rechazo a la sentencia con un tweet de su líder, Xavier Domènech. “En democracia poner urnas no puede ser un delito”, ha asegurado.

Contra la llamada “judicialización de la política” han salido también los socialistas del PSC. Pese a eso, el secretario de Organización, Salvador Illa, ha subrayado el hecho de que la sentencia imponga la pena más baja posible para el delito de desobediencia y absuelva a los encausados por el delito de prevaricación. Para el PSC la sentencia indica que es hora de que ambos gobiernos, español y catalán, modifiquen su rumbo de confrontación para entrar en uno de pacto, que para los socialistas debería dar lugar a una reforma federal de la Constitución que buscase un encaje de Catalunya en España.

Xavier García Albiol ha sido el político que con más contundencia ha aplaudido la condena de los tres encausados. El líder del PP ha considerado que la sentencia es un claro “ejemplo de separación de poderes”, ya que “en Catalunya y en España quien actúa en contra de la legalidad tiene una respuesta judicial”. Albiol se ha felicitado de que “la democracia siempre pone a cada uno en su lugar” y ha asegurado que la condena no solo es un duro golpe contra Mas, Ortega y Rigau, sino “un ejemplo para los que ahora siguen en el mismo camino”.

Lo que haga un Estado es principalmente responsabilidad de los gobernantes elegidos democráticamente pero una parte recae en cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Y creo que recae ahora en nosotros la responsabilidad de defender la vida democrática; es necesaria una movilización democrática dentro de un sistema político degradado y que se cae a pedazos, como es el vigente en el Reino de España.

El sistema político nacido de la Transición se agotó hace tiempo, ahora son unas ruinas administradas perversamente por enemigos de la democracia de siempre. Esta democracia está seriamente dañada o vaciada, el Partido Popular se ha apoderado completamente del Estado y usa de manera partidista las instituciones identificándose con el Estado mismo. Su política ha conducido finalmente a un verdadero dilema: aceptar y asumir la inevitabilidad de sus políticas o rebelarse contra el Estado.

Y la única verdadera respuesta no ha nacido como una reacción a unas medidas antisociales sin paliativos sino en la movilización cívica catalana. Ése es el desafío democrático a este sistema político que está siendo tan antidemocrático. Y debe ser apoyado por cualquier persona que se considere demócrata; defender la democracia en España hoy es exigirle al Gobierno que dialogue con la Generalitat para encontrar la forma legal de que los catalanes decidan libremente. Para eso no es preciso ser catalanista, basta ser demócrata.

Los gobiernos de Mariano Rajoy utilizaron todos los medios legales y aun ilegales para presionar y coaccionar a la ciudadanía catalana y atemorizarla. Se ha llegado a una situación de uso abusivo de la administración del Estado y de utilización del poder judicial, reduciéndolo a un empleado del Gobierno.

Fue y es la política de la derecha y los intereses centralistas la que originó un cambio de opinión tan profundo en la sociedad catalana acerca de su relación con España. Es el PP de Rajoy el causante de esa exigencia cívica. Todas sus acciones lo han sido, desde el posado orgulloso ante los cientos de miles de firmas recogidas contra el estatuto catalán hasta la última o penúltima operación ilegal y sucia para desprestigiar a los políticos catalanes. Si hay temor a que los catalanes expresen su opinión será porque saben que ha sido una ciudadanía que ha sido ofendida.

Pero no es por temor realmente sino porque el centralismo español fue la soga con la que la derecha española ató a la izquierda, el PP al PSOE. Y en la que viene educando a la población a través de un sistema de medios de comunicación que se ha degradado deontológicamente como nunca, siendo cómplices e instrumentos de operaciones políticas.

La negativa al referéndum es el único desafío a la burla a la democracia que es la política de este Gobierno. El verdadero dilema democrático, si vivimos en democracia o no, es permitir votar a la población catalana. Aunque algo tan serio es ocultado de modo planificado y casi unánime por ese sistema de medios de comunicación, impidiendo conocer a la ciudadanía española lo que siente y piensa la catalana.

No debemos ser ciudadanos y ciudadanas de un estado donde una parte de la población no es escuchada y se siente ocupada o encerrada. Lo que pide esa ciudadanía catalana es lo que queremos los demás, democracia. Y eso ahora y aquí es permitir ese referéndum.

El desafío soberanista de Cataluña vuelve a tomar impulso tras unos meses de cierto letargo. No debería sorprendernos porque lo hace de acuerdo a los tiempos contemplados en el programa de gobierno de Carles Puigdemont, aunque también ayuda la estela de algunos pronunciamientos judiciales que se aprovechan desde el independentismo para alimentar la idea de frustración con el Estado. Parece claro, en todo caso, que se reanuda un escenario de confrontación en el que no parece que haya espacio para que, desde el gobierno, tomen impulso soluciones dialogadas. En este contexto, la preocupación debería ser máxima entre todos los que tienen responsabilidades de gobierno: unos porque no ignoran que la solución jurídica nunca resolverá por sí sola esta cuestión, otros porque saben que no se permitirán soluciones al margen de la ley y, unos y otros, porque son plenamente conscientes de que quizás Cataluña no sea nunca independiente, pero España no será por ello más atractiva. Veamos porqué.

Cataluña no será independiente. No lo será mediante un proceso diseñado sin respaldo legal. La aspiración de mejorar el autogobierno e incluso la ambición de ver convertida a Cataluña en un estado independiente es, desde un punto de vista político, una pretensión legítima que puede tomar forma, como así ha ocurrido, en un programa político de gobierno para el que se ha pedido la confianza de los ciudadanos durante sucesivos procesos electorales. Sin embargo, para que el proyecto en cuestión tenga alguna oportunidad de abandonar el ámbito de los deseos y convertirse en realidad, éste debe conducirse por los cauces legalmente establecidos y contar con unas mayorías bastante más amplias de las que hasta el momento ha concitado.

Las condiciones expuestas no sólo deben respetarse de forma cumulativa sino que, además, tienen que concurrir en el orden indicado. No basta, por tanto, con alcanzar unas mayorías determinadas en el Parlamento, ni resulta suficiente movilizar amplias capas de la sociedad dispuestas a manifestarse en torno a una idea cuya consecución se plantea sin respetar el marco legalmente establecido.

Habrá quien piense que las sociedades no pueden quedar atrapadas en normas que no se acomodan a sus pretensiones. Quienes así piensan tienen parte de razón. La perderán, empero, si pretenden subvertir ese marco jurídico vigente mediante un procedimiento distinto al previsto al efecto para su reforma. Ahí está, entre otras, la diferencia entre los métodos revolucionarios para lograr objetivos políticos y los métodos democráticos que garantizan su consecución mediante reformas. No parece necesario insistir mucho en que vulnerar las “reglas de juego” que vertebran el funcionamiento pactado de una sociedad democrática no sólo es una práctica contraria a derecho que difícilmente aceptarán las estructuras jurídicas del Estado.

Conviene no olvidar que también es la mejor estrategia para erosionar la legitimidad de nuestro marco institucional, dilapidar la confianza de los ciudadanos en las estructuras políticas y, lo más preocupante, es la fórmula más exitosa para fracturar el modelo de convivencia pacífica de una sociedad que, como es el caso de la catalana, está tensionada por un proceso cuyo rumbo se asienta en unas cartas de navegación con información errónea.

España ya no es atractiva. No lo es y no sólo para Cataluña. Ya tuve oportunidad de comentar en estas mismas líneas cómo la cuestión del (re)acomodo político y jurídico de determinados territorios con el Estado ha consumido gran parte de nuestro capital político durante los últimos años (El País Vasco vuelve a escena). Aunque desde el año 2012 nos centramos con especial preocupación en la “cuestión catalana”, es evidente que la configuración de nuestro Estado de las Autonomías ha entrado en una fase de agotamiento en la que se manifiestan con más intensidad los fallos, que sus múltiples virtudes. Basta como prueba la reivindicación por parte de algunos territorios de una (¿nueva?) especificidad que, si bien la Constitución Española de 1978 ya les reconocía, el desarrollo del modelo ha ido, al parecer, diluyendo progresivamente. De igual forma, la última reunión de la Conferencia de Presidentes en el mes de enero ha puesto de manifiesto cómo un modelo que nunca ha ocultado su vocación federal debería ser capaz de acomodarse mejor al principio de cooperación leal.

Cuando se aborda una situación política difícil como la relativa a Cataluña desde la perspectiva de llegar a una solución, no es inteligente invertir esfuerzos en identificar a los culpables que nos han conducido hasta aquí, máxime si el tiempo corre en nuestra contra. Ello no significa que quienes están dispuestos a incumplir la ley y quienes están en disposición de hacerla cumplir no deban responder de sus actos en función de su responabilidad. Se trata, en estos momentos, de evitar situaciones que nos distraigan de aquellas que ayuden a encauzar la situación y acertar con la fórmula de solución. Lo demás caerá por su propio peso.

Nuestra propuesta, en este sentido, pasa por ensanchar el marco jurídico actualmente vigente de tal forma que el proceso de reforma constitucional sirva para discutir y acordar propuestas sobre las que todos podamos pronunciarnos. No es una fórmula mágica, ni está exenta de riesgos pero nos permitiría inaugurar una etapa conducente a acordar el proyecto de España para los próximos cuarenta años. De hecho, aunque no se hable mucho de ello, la fuerza del desafío independentista catalán actual también tiene que ver, al menos esa es nuestra idea, con la debilidad que arrastra el proyecto de España como nación y como Estado. Pensemos en ello.

Cuando el conflicto entre el Estado español y Cataluña estalle sin posibilidad de vuelta atrás la mayor parte de los españoles se quedará atónita. Porque nadie le habrá advertido de que eso podía ocurrir. Los medios masivos, y particularmente las televisiones, llevan muchos meses, y particularmente en los últimos tiempos, ocultando la gravedad del asunto. Porque eso es lo que el Gobierno cree que le interesa, por eso de que lo que no sale en la tele no existe. Pero cada día que pasa parece más inevitable una guerra abierta entre el independentismo catalán y el centralismo español. Una guerra de verdad, que puede derivar en lo que sea, hasta en lo peor. Y los plazos se acortan, sin que en el horizonte se atisbe el mínimo indicio de que ese designio pueda ser evitado.

El Gobierno del PP cree, o hace que cree, que tiene el pulso ganado. El independentismo, por muchos conflictos internos que lo aflijan, está convencido de que nadie va a poder derrotar su causa. Ese tipo de convencimiento mutuo en sus propias fuerzas ha sido siempre la condición necesaria para que se produjeran los enfrentamientos más terribles. La necesidad de mantener el tipo, de no ceder en nada porque se entiende que eso sería un signo de debilidad, suele ser un complemento que refuerza tales dinámicas infernales. Y estamos en eso. O muy cerca de eso.

Hace un par de meses, cuando recuperó oficialmente el Gobierno, Rajoy inició una tímida maniobra de acercamiento a los dirigentes catalanes. Seguramente sólo movido por la necesidad de demostrar que hacía algo, aunque no fuera a conducir a nada significativo. Pero ese intento, que nunca fue más que una insulsa operación de relaciones públicas, se agotó el día que José María Aznar tronó desde su púlpito de FAES. El expresidente le dijo muy clarito a su sucesor que si se atrevía a dar un solo paso negociador con Cataluña él pondría en pie en su contra a las bases del partido. Y Mariano bajó la cabeza sin decir nada. En eso consistió el rifirrafe. Que perdió Rajoy.

Unas semanas antes algo parecido se había producido en el interior del PSOE. Otro expresidente, en este caso Felipe González, salió inopinadamente a la palestra para pedir la cabeza de Pedro Sánchez. Porque no quería que éste, en su desesperada lucha por mantener el cargo, pactara un gobierno con Podemos. Pero sobre todo porque temía que el entonces secretario general socialista consiguiera la abstención de los independentistas catalanes en su investidura a cambio de no sabe qué, pero en todo caso de escuchar sus peticiones, de matizar el “no” a cualquier demanda que procediera de Cataluña que hasta ese momento el PSOE había mantenido como postura oficial.

Felipe González ganó su envite como más tarde Aznar ganaría el suyo. Pedro Sánchez fue apartado y hoy los dos primeros partidos del Parlamento tienen la misma posición ante el conflicto catalán. Sólo una derrota del oficialismo socialista, el de Susana Díaz y la comisión gestora, en las futuras primarias podría modificar esa relación de fuerzas. Que el PSC pueda quedar triturado por el centralismo de su partido no parece importar a quienes controlan la sede de Ferraz. Para ellos es más importante conservar el poder que les queda en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Asturias, y en esos territorios, tras largos años de algo muy parecido al anti-catalanismo por parte de los dirigentes locales socialistas, cualquier veleidad negociadora con el independentismo se pagaría muy cara.

En este último frente, su crónica política del último año está marcada por la incapacidad de establecer una estrategia común y el riesgo constante de que ésta devenga en división abierta. En su seno se libran distintos combates, el más importante de los cuales es la lucha por la primacía que enfrenta a la antes vencedora CIU y ahora cada vez más débil PdCat, de un lado, y a Esquerra Republicana del otro. Con las CUP como francotiradores autónomos que amenazan día sí, día no con hacer imposible la tarea a ambos.

Aunque no lo reconozcan en público, el PP y el PSOE confían en que esa tensión interna, junto con el martilleo de las acciones judiciales contra sus líderes, acabe debilitando, si no arruinando, al independentismo. Ese es su único plan de acción. Pero todo indica que no va a valer para nada. Porque más allá del hartazgo de la opinión pública catalana, que debe ser muy extendido y profundo, incluso en sus ámbitos más independentistas, una mayoría abrumadora de la misma sigue queriendo que se celebre un referéndum. Ese es el dato central de la cuestión, por su contundencia y porque no se ha debilitado lo más mínimo en los últimos años.

No tiene sentido político alguno hacer como que se ignora esa realidad. Una gran mayoría de catalanes quiere que se les reconozca el derecho a decidir. Lo cual no quiere decir que esa mayoría opte por la independencia. Y mucho menos después de comprobar, con las idas y venidas del último año, lo mal que la pueden gestionar quienes van a encabezarla. El derecho a decidir colma buena parte de las aspiraciones que en este terreno tienen muchos de quienes lo demandan. Pero nada, seguramente ni siquiera un desastre, les va a apartar de ese objetivo.

El lunes juzgan a Artur Mas por desobediencia. El Financial Times acaba de decir que es un “juicio político, que tiene muy poco fundamento legal”. Le puede inhabilitar por 10 años. Si esa es la sentencia, Mas, la única esperanza que le queda al nacionalismo de centro-derecha, quedaría fuera del juego político para siempre y Oriol Junqueras y Esquerra tomarían el mando del frente independentista. ¿En qué mejoraría eso las posiciones del bloque centralista PP-PSOE? En nada.

Hace 40 años, nada más ser nombrado presidente del gobierno, Adolfo Suárez dejó helados a propios y extraños cuando llamó a La Moncloa a Josep Tarradellas, el emblema irredento del nacionalismo catalán que llevaba casi cuatro décadas en el exilio francés. Ese fue el primer paso, clamoroso, del reconocimiento de la autonomía catalana por parte de un poder central que todavía era franquista.

Vista fríamente la cosa, hoy no haría falta un gesto tan dramático. Bastaría con que el PP, apoyado por el PSOE, se mostrara dispuesto a explorar la posibilidad de un referéndum legal, incluso no vinculante, o cuando menos, la posibilidad de modificar algo las leyes para hacerlo viable. Pero nada indica que eso pueda ocurrir. A menos que pase algo muy gordo. Como que el Gobierno de Madrid precinte los colegios electorales donde habría de votarse un referéndum ilegalmente convocado por la Generalitat o que suspenda, en parte o en todo, la autonomía catalana al abrigo del artículo 155 de la constitución. Cualquier hipótesis sobre cuál sería la reacción popular a esas medidas carece hoy de fundamento. Pero no la suposición de que éstas puedan ser adoptadas. Y dentro de poco.

El soberanismo, ese etéreo movimiento que agrupa a todas las fuerzas que desean un referéndum sobre el futuro político de Catalunya, no pasa por su momento de mayor unidad. Más bien lo contrario. Pero este jueves las diferentes expresiones soberanistas han aparcado sus diferencias para arropar a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en la vigilia del día que declarará ante el TSJC, investigada por un presunto delito de desobediencia al haber permitido un debate en el Parlament prohibido por el Constitucional.

Miles de personas han secundado las concentraciones convocadas por las entidades en diferentes ciudades catalanas, entre las que han destacado el acto en la plaza Sant Jaume de Barcelona, donde han aparecido las primeras figuras del Govern, del soberanismo en el Parlament y, también, de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Ella ha sido la encargada de leer el manifiesto de apoyo a Forcadell, como ya lo hizo en el acto de apoyo a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. Con la repetición del gesto, los comunes han recordado su compromiso firme con el derecho a decidir y contra la “judicialización” del independentismo.

A la alcaldesa de Barcelona, han acompañado el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, los diputados Jordi Turull (PDECat); Eulàlia Reguant (CUP); Albano-Dante Fachin (CSQEP) y Antoni Castellà (Demòcrates), el líder de CC.OO. en Cataluña, Joan Carles Gallego y el de UGT, Camil Ros, además de los presidentes de las dos principales entidades soberanistas, Jordi Sánchez, de la ANC y Jordi Cuixart, de Ómnium.

En el manifiesto leído por Colau, las principales caras del soberanismo han advertido que “si Forcadell es juzgada será juzgado todo un pueblo” y se han reafirmado en la defensa de las instituciones catalana y de los cargos públicos que están siendo investigados por actuaciones políticas.

Forcadell declarará este viernes a las 9:30 de la mañana ante el TSJC, dejando la imagen inédita de una presidenta de un parlamento compareciendo ante la justicia por actividades llevadas a cabo en sede parlamentaria. Las partes le formularán sus preguntas para que responda sobre los presuntos delitos de desobediencia y prevaricación que le imputa la Fiscalía.

Según el ministerio fiscal, Forcadell desobedeció al Constitucional con “total desprecio a la Constitución de 1978” cuando el 27 de julio pasado permitió que el pleno debatiese y votase las conclusiones de la comisión sobre el proceso constituyente. El TC había apercibido con anterioridad a los miembros de la mesa que permitir este punto en el pleno del orden del día era considerado contrario a su suspensión de la declaración independentista del 9 de noviembre.

La declaración de Forcadell ante el juez dará fin a una semana de alto voltaje en el seno del independentismo, que comenzó con las detenciones por parte de los mossos de miembros de la CUP, por la presunta quema de fotos del rey en la última Diada, lo que provocó un conflicto político entre el Govern de JxSí y la CUP. La unidad en peligro se recompondrá también el próximo viernes, para cuando Carles Puigdemont ha convocado una reunión con las fuerzas soberanistas para tratar el asunto de la convocatoria de un referédum. Según se ha sabido también este jueves, a ella acudirá Colau, que volverá a tener un papel coprotagonista por su doble condición de no independentista y de comprometida con el derecho a decidir. 

Mientras el eje izquierda-derecha sigue siendo el principal en el que los partidos se alinean y el cuerpo electoral los ubica, emergió con fuerza, desde los últimos comicios al Parlamento Europeo, una línea de fractura entre lo que se ha dado en llamar nueva y vieja política. Por más que existan razonables dudas sobre el trasfondo real de este debate, sí que resulta notorio que el producto se ha vendido con cierto éxito.

También es evidente que la emergencia de este clivaje ha contribuido a propiciar una mayor tensión (apertura de algunos actores y oposición radical de otros, maximalismo de los nacionalistas periféricos…) en el eje territorial. Un eje solapado al izquierda-derecha en áreas concretas y preeminente en algunas de ellas.

En el sistema de partidos español, no existe una formación que se presente ante el electorado como el partido nacionalista español, es decir, un partido homologable al Frente Nacional francés, por citar un ejemplo comprensible. Esto no quiere decir que el nacionalismo español haya estado huérfano de referentes. Nada más lejos de la realidad. PP y PSOE han articulado, al alimón, la representación del nacionalismo español, en sus diferentes versiones, toda vez que el conflicto centro-periferia ha tenido, para dichos partidos, un relevancia secundaria, en comparación con el de clase.

Por lo que respecta a los nacionalistas periféricos, se ha producido una notable maximización de sus pretensiones. Las diferencias, respecto a las demandas históricas, radican en dos factores: los nacionalistas catalanes abanderan las reivindicaciones más ambiciosas (mientras Euskadi, tradicional locomotora de las iniciativas, experimenta unos tempos totalmente distintos y de inicio de la convivencia pacífica) y el surgimiento de una nueva izquierda rupturista genera una estructura de oportunidad política desconocida.

De la Declaración de Barcelona de 1998 (firmada por CiU, PNV y BNG) y el Plan Ibarretxe, hemos pasado a la monopolización de la agenda por parte del proceso catalán y su hipotética asociación (razonablemente dudosa) con un escenario de reforma constitucional.

Entretanto, cabe reseñar el ensanchamiento del soberanismo (entendido, en este caso, como extrapolación explícita y desacomplejada del derecho de autodeterminación a las nacionalidades y regiones del Estado) en el Congreso de los Diputados. Vale la pena echar la vista atrás y repasar su exponencial crecimiento:

1977 (1): Euskadiko Ezkerra (1). Al no estar legalizados, no pudieron presentarse los antecedentes de Herri Batasuna. Lo mismo sucedía con Esquerra Republicana de Catalunya, que no tenía unas posiciones independentistas homologables a las actuales y tuvo que concurrir camuflada en las candidaturas del Partido del Trabajo de España.

1979 (5): Herri Batasuna (3), Esquerra Republicana de Catalunya (1) y Euskadiko Ezkerra (1).

1982 (4): Herri Batasuna (2), Esquerra Republicana de Catalunya (1) y Euskadiko Ezkerra (1).

1986 (7): Herri Batasuna (5) y Euskadiko Ezkerra (2).

1989 (8): Herri Batasuna (4), Eusko Alkartasuna (2) y Euskadiko Ezkerra (2). Durante la noche previa a la sesión de investidura, fue asesinado en Madrid el electo de HB Josu Muguruza. La ausencia, a lo largo de la legislatura, de los diputados de HB permitiría a Felipe González gobernar con mayoría absoluta de facto. En 1990, se aprobó en el Parlamento Vasco una moción favorable al derecho de autodeterminación, acordada por EE, PNV y EA. La evolución de las dos primeras formaciones citadas, en relación a esta reivindicación, se tornaría dispar durante la década iniciada.

1993 (4): Herri Batasuna (2), Esquerra Republicana de Catalunya (1) y Eusko Alkartasuna-Euskal Ezkerra (1).

1996 (7): Bloque Nacionalista Galego (2), Herri Batasuna (2), Esquerra Republicana de Catalunya (2) y Eusko Alkartasuna (1).

2000 (5): Bloque Nacionalista Galego (3), Esquerra Republicana de Catalunya (1) y Eusko Alkartasuna (1).

2004 (18): Esquerra Republicana de Catalunya (8), Partido Nacionalista Vasco (7), Bloque Nacionalista Galego (2) y Eusko Alkartasuna (1). Es la legislatura del Plan Ibarretxe.

2008 (5): Esquerra Republicana de Catalunya (3) y Bloque Nacionalista Galego (2).

2011 (12): Amaiur (7), Esquerra Republicana de Catalunya (3) y Bloque Nacionalista Galego (2).

2015 (19): Esquerra Republicana de Catalunya (9), Democràcia i Llibertat (8) y Euskal Herria Bildu (2).

Las cifras son concluyentes, tanto a nivel absoluto como en perspectiva diacrónica. Además, en los comicios de 2015, hay que sumar una novedad trascendente: un partido de ámbito español y sus coaliciones aliadas (67 escaños, en total) que se muestran receptivos (al menos, a priori) a integrar, al máximo nivel, en la agenda de la legislatura el debate acerca de la plurinacionalidad del Estado.

Si sumamos la representación, por ejemplo, del PNV, se supera holgadamente un cuarto de los escaños del Congreso de los Diputados favorable a una concepción del Estado que ponga en tela de juicio el ultranacionalista artículo 2 de la Constitución española.

No se trata, obviamente, de una mayoría, pero sí que encarna la instauración de un nuevo polo de la política española (alternativo a la confrontación izquierda-derecha) que, como avanzó Pablo Iglesias en su rueda de prensa de valoración de los resultados electorales, ya no puede ser soslayado.

Signifique eso lo que signifique, puesto que, a día de hoy, las condiciones de esta competencia están determinadas por la polarización y el maximalismo. En otras palabras, por muchas líneas rojas y escasa capacidad de transacción.