Las personas con ingresos de hasta 68.541 euros -6,5 veces el IPREM- podrán beneficiarse de los nuevos avales públicos que el Govern pondrá en marcha para la entrada de una primera vivienda. En el caso de las parejas, podrán beneficiarse si cuentan con ingresos de hasta 73.437 euros.

Se trata de uno de los requisitos para acceder al nuevo aval público que prepara el Govern y que forma parte de las 25 medidas anunciadas recientemente por la presidenta del Ejecutivo, Francina Armengol, para hacer frente a la situación económica de inflación.

Con este aval, el Govern garantiza el 20% que se ha de poner de entrada cuando se va a comprar una vivienda -el precio de la misma no puede superar los 270.000 euros-. Otros requisitos para acceder a este aval son residir como mínimo cinco años en Balears y no tener viviendas en propiedad.

El conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, y la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, han dado estos detalles, en rueda de prensa, tras un encuentro con las principales entidades bancarias de Balears, las cuales han mostrado su voluntad de adherirse a este programa.

“No es una medida puntual, viene para quedarse”, ha señalado Sánchez, quien ha explicado que hay personas que “no tienen ahorros para acceder a la hipoteca y se quedan fuera de tener una vivienda en propiedad”.

A la reunión con el Ejecutivo han asistido Sabadell, CaixaBank, Caixa Colonya, Cajamar, Banca March, Santander, Abanca y BBVA. En este sentido, Marí ha resaltado la predisposición de las entidades bancarias, que se han mostrado “muy abiertas” con este nuevo programa.

El conseller ha destacado la importancia de topar con un máximo de 270.000 euros las viviendas que podrán beneficiarse, un precio que ha considerado “asequible y razonable”. A pesar de que el Govern no dispone de una cifra aproximada de personas que podrían beneficiarse, Marí ha indicado que “una cantidad importante de gente” podrá acceder.

“Es una herramienta que se suma a la política de vivienda de este Govern y viene a reforzar las medidas que hemos impulsado para incentivar la vivienda protegida de iniciativa privada. Estas fianzas beneficiarán de forma importante a la compra de vivienda protegida privada, sin olvidar las que se puedan adquirir en el mercado libre”, ha apuntado.

Marí ha señalado, así mismo, que los promotores calculan que saldrán al mercado 14.000 viviendas de protección oficial privadas en las Islas, después de que se hayan subido los precios máximos.

En nombre de las entidades bancarias, el director del Centro de Instituciones de CaixaBank en Balears, Hilari Llabrés, ha asegurado “es una medida que ayuda a que se puedan conceder más operaciones hipotecarias”.

En estos momentos, el Govern ha comenzado a elaborar la nueva normativa y la intención es que el programa empiece a funcionar a partir del 1 de enero de 2023. Todas las entidades bancarias que operan en Balears tendrán acceso a esta herramienta y podrán sumarse mediante un convenio de adhesión que firmarán con el Ejecutivo balear.

La batalla por quién debe pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en las hipotecas llegará al Tribunal de Estrasburgo. El Ayuntamiento de Rivas llevará al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la decisión del Constitucional español de no admitir a trámite sus recursos contra la polémica decisión del Tribunal Supremo de revertir tres sentencias propias y acordar que son los clientes, y no los bancos, quienes tienen que pagar el llamado impuesto de las hipotecas. “Iremos a Estrasburgo para solicitar un amparo que la justicia española nos niega”, ha asegurado en Twitter el alcalde del ayuntamiento madrileño, Pedro del Cura.

En cuatro resoluciones a las que ha tenido acceso eldiario.es, el Constitucional decide no admitir a trámite otros tantos recursos presentados por la EMV de Rivas contra la decisión que tomó el Pleno de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, por un estrecho margen de 15 votos frente a 13, “por no apreciar la especial trascendencia constitucional” que exige la ley. Las resoluciones fueron notificadas el pasado 2 de septiembre y están firmadas por los magistrados Andrés Ollero, Santiago Martínez-Vares y María Luisa Balaguer

El caso se remonta a noviembre de 2018. Tres sentencias previas del Tribunal Supremo habían dado la razón a la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid (gobernada por IU, Más Madrid, Podemos y PSOE) y habían determinado que el impuesto que se paga por registrar notarialmente una hipoteca debía abonarlo el banco que diera el préstamo, al ser el principal interesado en el acto jurídico en sí. Sin ese registro, no se podrían ejecutar las hipotecas.

Las tres sentencias anulaban un artículo de la legislación vigente y renovaban la doctrina previa de la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que hasta entonces habían dado la razón a los clientes.

Pero en una decisión inédita hasta el momento, el presidente de la Sala, Luis Díez-Picazo, decidió convocar al pleno para revisar la nueva doctrina. Díez-Picazo entendió que la primera de las sentencias -contraria a dos resoluciones anteriores- suponía un “giro radical” en la jurisprudencia que provocaba una “enorme repercusión económica y social”. La avocación a Pleno era una decisión inédita, ya que suponía revisar una doctrina consolidada en una sentencia, cuando lo normal es reunir a todos los magistrados, si es necesario, antes de que se produzca el fallo.

Las tres sentencias del Supremo que daban la razón a la EMV de Rivas, quien inició el procedimiento legal, mantenían su vigencia. Pero el ayuntamiento que dirige Pedro del Cura decidió presentar, primero, un incidente de nulidad ante el propio Supremo, además de los recursos ante el Constitucional. El edil, de IU, ha acusado al Alto Tribunal de “lavarse las manos” y de propiciar con ello un “nuevo y vergonzoso rescate judicial a la banca”.

“Rivas solicitó amparo al Tribunal Constitucional porque el Supremo decidió que la justicia tenía derecho de admisión: lo que valía para la EMV (que los bancos pagasen el impuesto) no podía aplicarse a millones de familias españolas. Algo inaudito”, asegura el alcalde, quien recuerda que el Constitucional ha tardado año y medio en resolver la no admisión de los recursos. “Han tardado un año y medio para mirar a otro lado. Es una vergüenza, así que iremos a Estrasburgo para solicitar un amparo que la justicia española nos niega”, concluye.

La lucha de Rivas contra este precepto de la ley tributaria arranca en 2011, cuando los servicios jurídicos municipales, gobernado históricamente por IU, llevaron al Supremo varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que daban la razón al Gobierno regional, dirigido entonces por Esperanza Aguirre, y determinaban que era la Empresa Municipal de la Vivienda ripense la obligada a pagar el impuesto en litigio.

El Supremo dio la razón a Rivas, para inmediatamente desdecirse. La decisión del Supremo, tanto en el fondo como en la forma, suscitó un intenso debate social y político que salpicó al propio presidente del tribunal, Carlos Lesmes, quien hoy continúa al frente de la institución por la negativa del PP a renovar la cúpula del Consejo General del Poder Judicial. Lesmes fue quien impuso en 2015 a Díez-Picazo al frente de la Sala. Y él mismo participó en las reuniones previas a que el presidente convocara la reunión del Pleno.

Podemos e IU convocaron una concentración frente al Tribunal Supremo para protestar por la decisión y desde el Gobierno, por entonces del PSOE en solitario, se aseguró que era “jornada negrísima para la Justicia española que deja por los suelos el prestigio de los tribunales”. Con todo, los socialistas habían rechazado unos meses antes apoyar una proposición de modificación de la ley hipotecaria planteada por Unidos Podemos y que encargaba a la banca el pago del impuesto en cuestión. Tras la decisión del otoño, Podemos llevó a los tribunales a Díez-Picazo, pero el propio Tribunal Supremo inadmitió la causa.

El Gobierno Valenciano subirá en 2020 el impuesto de actos jurídicos documentados, un gravamen de obligado pago cuando se firma una hipoteca. El Tribunal Supremo sentenció en noviembre de 2018 que este impuesto debían pagarlo los bancos y no los clientes, como había sucedido hasta entonces.

La modificación se ha incluido en la Ley de Medidas Fiscales de la Comunitat Valenciana que acompaña a los presupuestos de 2020, aprobada este miércoles en las Corts Valencianes. La subida viene en una enmienda de PSPV, Compromís y Unides Podem que eleva del 1,5 al 2% este impuesto y lo convierte en el más alto de España junto a Cataluña.

El impuesto de actos jurídicos documentados es el que grava la escritura notarial necesaria para la constitución de una hipoteca y es uno de los más elevados que esta transacción acarrea.

El portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Fran Ferri, calcula que el aumento de este impuesto permitirá recaudar cerca de 30 millones de euros durante el próximo año. “No es la panacea”, expresaba en el pleno, “pero es una Generalitat que se cree su papel” redistributivo. “No podemos entrar en competiciones de dumping fiscal; ganan los millonarios, pierden las familias”, apuntaba el portavoz.

El PP ha criticado esta medida y su presidente, Pablo Casado, pidió que se eliminara cuando se conoció la sentencia que obliga a que sean los bancos quienes lo paguen. Casado olvidó que en las comunidades autónomas gobernadas por los conservadores se subió este impuesto que entonces asumían los hipotecados, como el caso de la Comunidad Valenciana, donde se duplicó. El Gobierno del PSPV lo fijó en el 0,5% y Eduardo Zaplana lo aumentó hasta el 1% en 2002. Años después, ya con la burbuja inmobiliaria rota, el presidente del PP Alberto Fabra subió este impuesto al 1,5%. Seguían pagándolo los ciudadanos.

La división que se vivió en la sala tercera del Tribunal Supremo a comienzos de mes cuando se decidió por 15 votos a 13 que era el cliente y no el banco el que debía abonar el impuesto sobre las hipotecas se ha trasladado a las sentencias. El Tribunal Supremo ha publicado este martes los dictámenes sobre los tres casos estudiados en dicho pleno, en los que hay seis votos particulares que critican la actuación del alto tribunal.

Se trata de las tres sentencias que utilizó la sala para dirimir cuál era la doctrina que debía seguirse a partir de ese momento. Por un lado, la sentencia del 16 de octubre aseguraba que eran los bancos, y no los clientes como hasta la fecha, los que debían abonar el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD). Por otro, la doctrina previa, que apuntaba que el resultado debía ser el inverso.

Finalmente, la sala optó por esta segunda posibilidad. La medida fue inmediatamente respondida por el Gobierno, que en Consejo de Ministras aprobó un cambio en la ley vía Real Decreto, que obligaba al banco y no al cliente a pagar el AJD. Este texto fue posteriormente avalado por el Congreso la pasada semana.

En los votos particulares a estas tres sentencias se encuentran duras reprimendas a lo decidido por la mayoría de la sala, que suponía volver a la doctrina de los últimos 20 años. Especialmente duro es el voto particular de Francisco José Navarro Sanchís al que se adhieren los magistrados Eduardo Calvo Rojas, Ángel Aguallo Avilés y Jesús Cudero Blas. “Esta es la primera vez en la historia del bicentenario Tribunal Supremo en que, de un modo indisimulado, se convierte un recurso de casación, que el pleno de la Sala Tercera estaba llamado a resolver, en otra cosa distinta y sustancialmente peor: en un desinhibido repertorio de medias verdades, desahogos verbales y argumentación poco rigurosa”.

En ese voto particular, los magistrados califican de “insólito” el pleno al que fueron convocados y en el que se representó “una suerte de auto de fe contra la doctrina jurisprudencial de la sección segunda y, sin reparo alguno, contra la tarea de juzgar afrontada por todos sus componentes”. Los jueces califican así la decisión de Díaz-Picazo de convocarles a esa reunión para decidir si refrendaban o no la doctrina sobre las hipotecas de la Sección Segunda, que finalmente tumbaron por una mayoría mínima.

Esa decisión “denota una inaceptable falta de respeto hacia los verdaderos protagonistas de los recursos de casación, las partes que intervienen en él, a quienes se ha convertido, a su pesar, en convidados de piedra que asisten a un espectáculo poco edificante y ajeno a ellos”. Las sentencias que resultaron de ese pleno solo sirven, dicen estos magistrados, para “dar cauce a una reprimenda inaudita a una de las secciones de la Sala, la sección segunda”.

Estos jueces llegan a calificar la decisión de Díaz-Picazo de “nueva e indeseable práctica cinegética” y cargan también contra el tono de las sentencias, impropio, dice, del Alto Tribunal, “vértice de la pirámide judicial española y llamado por ello especialmente a dispensar a los ciudadanos y, en particular, a los demás jueces y tribunales, un exquisito comportamiento en que, desde luego, impere el razonamiento sobre el exabrupto”.

Las resoluciones que avalan que los clientes paguen el impuesto de las hipotecas contienen, según estos magistrados, errores “de grueso calibre” que no se aclaran de ninguna manera. Esos textos utilizan un tono “despectivo o burlesco” cuando hablan de los criterios jurídicos de los discrepantes, y “panegírico” cuando aluden a los atributos del presidente de la Sala Tercera para convocar el pleno.

Los jueces discrepantes son especialmente duros cuando señalan que “las faltas de consideración repetidas y evidentes que exhiben estas sentencias, que van a pasar perennemente a la historia jurisprudencial como un baldón sonrojante”.

Estos magistrados lamentan que este asunto haya dañado la imagen del Tribunal Supremo. “Esa percepción negativa del Tribunal Supremo, que se centra en especial en su Sala Tercera, amplificada y distorsionada extraordinariamente por los medios -nutridos éstos, a su vez, por evidentes fuentes internas- está por desgracia muy arraigada, como consecuencia de circunstancias indisolublemente unidas a las extrañas vicisitudes que han acompañado a este asunto”.

Para los jueces discrepantes, “el áspero e hiperventilado tono adoptado por las sentencias” busca “reconstruir a posteriori una justificación posible que diera sentido al pleno convocado, tan sin sentido, lo que sólo se podría lograr -creo que infructuosamente- cargando la mano, sin piedad, contra la sección segunda”.

En esta línea, el magistrado Nicolás Maurandi remarca que la confianza social en la administración de Justicia “es un elemento esencial para el modelo de convivencia” y esa confianza queda “gravemente quebrantada” si después de un cambio de jurisprudencia “extensamente argumentado”, se deja sin efecto en menos de un mes “sin justificar que sea un claro desacierto”.

En este sentido Maurandi asegura que aunque es necesario velar por la seguridad jurídica, este no puede ser por sí solo “un freno para el cambio jurisprudencial” cuando aparezcan unos argumentos favorables a dicho cambio que presenten “una superior fuerza persuasiva a la que era ofrecida por los de la anterior jurisprudencia”.

El magistrado Pablo María Lucas Murillo, junto con Isabel Perelló, José María del Riego, y Diego Córboba, firman otro voto particular en el que también se habla de la imagen perjudicada del Tribunal Supremo. Aunque defienden que el pleno pueda rectificar una doctrina cuando se considere errónea, “se debe evitar en el curso de unos pocos días el Tribunal Supremo afirme una cosa y la contraria” ya que “no transmitirá a la sociedad la imagen de que hace justicia sino la de que siembra desconcierto”.

“El respeto a la función que se nos ha confiado, el respeto que debemos al propio Tribunal Supremo y a los ciudadanos a los que sirve debió haber llevado a la Sala, una vez que se vio en la tesitura de hacerlo, a resolver del modo en que ya lo hizo la Sección Segunda” en la sentencia del 16 de octubre, añade.

También el magistrado José Manuel Sieira, anterior presidente de la sala antes de Díez Picazo, critica en un voto particular la decisión del Supremo. En concreto, apunta que el modo de hacer, la corrección en pocos días, “atenta contra la seguridad jurídica”. “Si el propio Tribunal Supremo pone en cuestión el valor de su jurisprudencia, como podrá pedirse el respeto a la misma por los Juzgados y Salas de lo Contencioso de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional”, concluye.

El Congreso ha convalidado hoy el Real Decreto Ley que modifica la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD) para que lo pague la banca cuando afecta a las hipotecas, aunque será tramitado como proyecto de Ley para recibir enmiendas.

El Pleno del Congreso ha respaldado la norma con 205 votos a favor (PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, Compromís, PDeCAT, Foro Asturias y UPN, entre otros) y 137 abstenciones (PP, PNV y EH Bildu), mientras que casi todos los diputados han aprobado que la Ley reciba enmiendas en su trámite parlamentario.

En este sentido, la mayoría de los partidos solicitarán medidas para que la banca no repercuta en el cliente el coste de tener que abonar el impuesto y mientras el PP y Ciudadanos pedirán también que sea suprimido o tenga un tipo cero; Unidos Podemos o ERC pedirán que se aplique con efectos retroactivos.

De este modo, el Gobierno logra el respaldo de la cámara baja a su decisión de cargar sobre las entidades financieras el impuesto hipotecario. Pedro Sánchez anunció esta medida menos de 24 horas después de que el Tribunal Supremo dictaminara que con la anterior formulación de la ley correspondía a los clientes su abono. A su vez, el alto tribunal corregía la doctrina de otra sentencia anterior que obligaba a las entidades financieras.

Día uno en las sucursales bancarias después del Real Decreto del gobierno que obliga a la banca a pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Los precios se mantienen respecto a la semana pasada, pese a los augurios y las sensaciones en las primeras horas de esta nueva realidad se definen por “normalidad”, según las entidades, y “caos”, según organizaciones de consumidores como Adicae. 

La tan anunciada y prevista subida de precios por parte de las entidades financieras no se ha producido “al menos por el momento”. Fuentes de las principales entidades financieras como CaixaBank, Banco Santander, Sabadell, Bankia, ING, Bankinter, Abanca y otros, coinciden en el mensaje de que se está trabajando “con normalidad”.

Todas estas compañías aseguran que se mantienen los precios que había hasta la fecha y que por el momento no hay ningún plan cerrado por parte de estas entidades para modificar sus ofertas hipotecarias. “No está previsto que cambie en los próximos días”, señalan, por ejemplo, desde Bankinter. “Seguramente no se produzcan grandes cambios, dependerá del tipo de cliente y de hipoteca”, apuntan desde Sabadell.

Algunas fuentes dentro del sector financiero señalan que entre las entidades “se mirarán de reojo” en las próximas semanas para conocer que hacen sus rivales. En esta línea se posicionaron algunos directivos del sector en los últimos días antes de la decisión final del Supremo, apuntando que sería “la dinámica competitiva” la que marcaría cómo serían finalmente los precios.

La más clara en este sentido ha sido Bankia. La compañía, con una participación mayoritaria por parte del Estado a través del FROB, ha tomado la decisión de que este impuesto no se traslade al precio de las hipotecas y que se mantendrán las ofertas tal cual están en este momento, según confirman fuentes de la entidad. La entidad además reconoce que se producirán en los próximos días un mayor número de firmas de hipotecas, tras el freno de los días previos a la decisión del Supremo.

Sin embargo, alguno de estos bancos sí que reconoce que se está “estudiando” la situación, como apunta Banco Santander. Fuentes del grupo apuntan que se han adaptado a la nueva realidad que abre el cambio de pagador en el impuesto y que se está “a la expectativa” y estudiando la posible “toma de decisiones en los próximos días”.

Una rebaja en el TAE

Lo que confirman algunas entidades, como ING o Bankia, es que se producirá en los próximos días una rebaja en la TAE de las ofertas de hipotecas de las entidades financieras, debido a que en su cálculo se debe eliminar ahora el coste que suponía el pago del impuesto hipotecario. 

Frente a la normalidad que transmiten las entidades financieras, Adicae, organización de consumidores del sector financiero, ha denunciado que se está produciendo un “caos” en las comunicaciones que hacen los bancos. La organización hizo el lunes varias visitas a sucursales en distintas provincias y lamentaron que, entre otras cosas, se están produciendo diferencias entre las ofertas de las webs y las ofrecidas en las oficinas.

Además, acusan a algunas entidades de presionar a los clientes advirtiendo de una posible subida de costes en los próximos días. Por otro lado, la organización lamenta que no se están aportando una actualización en los folletos y en las ofertas cuando los clientes se acercan a las oficinas con dudas sobre la nueva situación.

Por otro lado, algunas pequeñas entidades han aprovechado el contexto de cambio en el pagador del AJD para lanzar ofertas hipotecarias remarcando esta nueva realidad y asegurando que son sin comisiones, en un contexto en el que todas las voces del sector durante las pasadas semanas auguraban una subida de precios.

Es el caso de Pibank, filial del ecuatoriano Banco Pichincha, que ha presentado este lunes sus nuevos préstamos para la adquisición de vivienda “asumiendo el banco todos los gastos”. En la misma línea se encuentra Myinvestor, filial digital de la andorrana Andbank, que ya la pasada semana anunciaba “la primera hipoteca sin el impuesto y sin gastos”.

Mientras, las instituciones públicas han lanzado el mensaje de que se mostrarán vigilantes ante posibles abusos del sector. El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, aseguró en una entrevista en RNE que no permitirá que el sector bancario adopte conductas coordinadas o lleve a cabo recomendaciones colectivas para repercutir el coste del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados sobre los clientes.

En este sentido, la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, subrayó que el Gobierno vigilará “estrechamente” que la asunción por parte de la banca del impuesto no se traduzca en cláusulas abusivas para los clientes ni repercuta en el precio, ya que recurrirá a la CNMC si es necesario.

Además, ha aclarado que las cajas rurales y las cooperativas también tendrán que asumir el pago del impuesto y que las exenciones -como la bonificación del 95% del impuesto a las familias numerosas- decaen con el cambio legal.

Desde esta semana, la banca paga el impuesto hipotecario. Así lo ha decidido el Gobierno por decreto ley, resolviendo una cuestión que había desatado una tormenta en el Tribunal Supremo. Analizamos qué ha pasado en estas dos semanas: ¿Por qué el Tribunal Supremo dio marcha atrás? ¿En qué consiste la ley que le rectifica? Y lo más importante de todo: ¿cómo podríamos garantizar la independencia de poderes y recuperar el prestigio de las instituciones democráticos?

Hablamos con Pedro del Cura, alcalde de Rivas, municipio madrileño donde comenzó la batalla por las hipotecas. También contamos con Cristina Gallardo, Jefa de Tribunales en Europa Press y con Ignacio González Vega‏, Portavoz de Jueces y Juezas por la Democracia.

Y para salirnos de las leyes que rigen al mercado, Brenda Chavez vuelve con propuestas sostenibles y alternativas en su sección, Consuma Crudeza

Y terminamos el programa en el campo con nuestra veterinaria y poeta María Sánchez y su sección Notas de Campo.

Carne Cruda cumple 10 años gracias a sus oyentes Ayúdanos una temporada más. ¡A por la décima!

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El conocido impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) en los contratos hipotecarios ha abierto un profundo debate regulatorio, legal y tributario como un nuevo caso de estudio. Así lo evidencian expertos, con posiciones contrarias y el propio Tribunal Supremo, con correcciones de su propia doctrina en varias ocasiones.

Una de las últimas voces en escucharse ha sido la de los asesores fiscales, reunidos en la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF). Ignacio Herráez, delegado de Madrid zona centro de la organización, ha criticado este lunes en unas jornadas organizadas junto a ICADE sobre el AJD el papel que han jugado el poder judicial y el ejecutivo desde que se dictara la sentencia del 18 de octubre.

Para Herráez, dicha sentencia, que concluía que era el cliente y no el banco el que debía abonar el impuesto hipotecario, era “técnicamente correcta”. Por ello, considera que se sienten “horrorizados” por lo ocurrido después. El especialista en derecho tributario considera un error que la decisión final del Tribunal Supremo, de la pasada semana, fuera tomada por “personas que no eran expertas en derecho tributario”. Y ha añadido que “han enmendado la plana a las personas que más sabían de ello”.

Pero también ha cargado contra la decisión del Gobierno de aprobar un Real Decreto “en 48 horas”. Según el experto, esto ha llevado a que se comentan errores técnicos en el texto, como referirse a una sentencia del 6 de noviembre “que todavía no se ha publicado”. Además, considera que deja en el aire “decenas” de regulaciones autonómicas que existían sobre el AJD.

A ello se suma que los asesores fiscales critican el hecho de que no sea deducible en Sociedades el pago de este impuesto, como se ha incluido en dicho Real Decreto. “El problema es la justificación, todo gasto no deducible, como por ejemplo una sanción, debe estar consecuentemente justificado, y este no lo está”, ha apuntado el experto. Según él, la intención es “meramente recaudatoria”, para evitar una pérdida de ingresos por parte de las haciendas autonómicas.

En el encuentro monográfico sobre el AJD también ha participado Ramón Casero, profesor de dicha universidad privada y abogado que ha llevado el caso de la Empresa Municipal de Vivienda de Rivas Vaciamadrid, cuya sentencia favorable el 18 de octubre abrió esta crisis en el Supremo sobre el impuesto hipotecario.

El abogado asegura que tras la decisión de la semana pasada del Tribunal Supremo, hay todavía “una vía legal” para reclamar. Dicha sentencia contradecía la del 18 de octubre, por lo que actualmente se encuentra con tres casos en los que el alto tribunal sentenció a su favor, y tres en contra. Además de otros casos pendientes. Así, Casero ha defendido que llevará presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y, si este no sale, acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El profesor de derecho tributario considera, además, que existe todavía una vía para que los clientes reclamen al Estado “daños y perjuicios” por el pago del impuesto de Actos Jurídicos Declarados. En concreto, entiende que, al haberse anulado en la sentencia del 18 de octubre el reglamento de dicho gravamen en el que se decía que era el cliente que debía pagar, esto abre el camino a las reclamaciones. Si bien, reconoce que será complicado, al poder ser respondido con la nueva doctrina planteada por el Supremo.

Este sábado a las 18.00 están llamados a la movilización decenas de municipios ante las Audiencias Provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia para protestar contra la rectificación del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas convocados por partidos, sindicatos, organizaciones de consumidores y asociaciones vecinales. En Madrid, Unidos Podemos se manifestará a esa hora frente a la sede del Alto Tribunal con la presencia, entre otros, del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el coordinador federal de IU, Alberto Garzón.

También los sindicatos CCOO y UGT han emplazado a la ciudadanía a movilizarse ante el Tribunal Supremo en Madrid y ante las Audiencias Provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia de las principales capitales de provincia para expresar su “indignación” ante la rectificación del Supremo sobre el impuesto de las hipotecas. Otras ciudades, como Castellón o Valencia, se manifestaron este viernes. Otras lo harán por la mañana, como Oviedo.

El coordinador de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha argumentado que la convocatoria −que se ha mantenido después de que el Gobierno haya aprobado un real decreto para que sean los bancos quienes paguen este tributo, insuficiente para Unidos Podemos− responde a la necesidad de que las familias trabajadoras se movilicen para que “las entidades de siempre” no les roben: “Lo que ha ocurrido en España respecto al Supremo es un escándalo mayúsculo, uno de los mayores escándalos de la democracia, porque ha sido clarísima la intervención para salvar a los bancos de pagar más de 4.000 millones de euros, que sí vamos a pagar las familias trabajadoras en conjunto”.

La PAH y FACUA también se encuentran entre las entidades que han respaldado y convocado a manifestarse a las puertas de los juzgados. FACUA ha hecho un llamamiento a la participación para reclamar la independencia del poder judicial y la dimisión del presidente del Supremo, Carlos Lesmes, y el de su Sala Tercera, Luis María Díez-Picazo. “Asimismo, las movilizaciones pretenden que el Gobierno y el conjunto de fuerzas políticas con representación en el Congreso modifiquen la legislación hipotecaria para garantizar los derechos de los consumidores”, remarca la organización.

Esta es la respuesta a la rectificación del Supremo, que este martes invalidó una sentencia firme del propio tribunal por la que el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados debían abonarlo las entidades bancarias y no los clientes. El Consejo de Ministros aprobó este jueves un real decreto para que sean los bancos quienes paguen este impuesto y no puedan deducírselo, pero para Unidos Podemos esta “solución parche” que plantea el Ejecutivo “no es suficiente”.

Autores: Irene Martínez Nevot y Carlos Benéitez Fernández.

El Gobierno ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto por el cual se modifica la ley del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, para que sean los bancos quienes lo abonen en el caso de créditos hipotecarios. El texto fue aprobado el jueves por el Consejo de Ministras y entra en vigor mañana, sábado.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, informó tras el Consejo de Ministras que el Real Decreto contemplaba la reforma del artículo 29, en el que se anotaba expresamente que debería ser el prestamista (el banco) y no el prestatario (el cliente) quien abonase este gravamen, corrigiendo así la práctica de las últimas dos décadas y la decisión del Tribunal Supremo del pasado martes.

Sin embargo, la norma contempla una segunda reforma, que hace referencia al artículo 45 de dicha ley. Esta modificación permite una serie de casos en los que el banco no tendrá por qué hacer frente al impuesto de AJD (por sus siglas), según el prestatario al que vaya destinado el crédito hipotecario.

Esta lista diversa incluye, en primer lugar, al Estado, las administraciones o la Seguridad Social. Tampoco lo abonará en el caso de que la hipoteca se conceda a la Iglesia Católica, o en caso de otras confesiones con acuerdos de cooperación con el Estado. En estas excepciones también se encuentran los partidos políticos con representación parlamentaria.

Fuera de estas instituciones, tampoco se deberá aportar el impuesto en el caso de que el préstamo se conceda a la Cruz Roja, a la ONCE o a las Reales Academias. Se incluyen también la posibilidad de incluir en la lista a aquellas federaciones deportivas, fundaciones o ONG, si están acogidas al régimen especial.

El Real Decreto está integrado por tanto de un artículo único, que incluye las dos reformas de estos aspectos de la ley del AJD, así como una disposición derogatoria, que deja sin efecto artículos de otras normativas de menor rango que se opongan a lo dispuesto en la actual formulación, y tres disposiciones finales.

Una de estas disposiciones finales supone también la reforma de la ley del impuesto de Sociedades. El Gobierno ya anunció tras el Consejo de Ministras que los bancos no podrán deducirse el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en el importe que deban abonar de Sociedades. Sin embargo, el texto deja una pequeña vía a los bancos para que todavía no se les aplique esta modificación. En concreto, señala que tendrá efectos “en los periodos impositivos que se inicien a partir de la entrada en vigor del real decreto ley”. Como el ejercicio fiscal de los bancos suele ser de 1 de enero a 31 de diciembre, todavía podrían deducirse el gasto en el AJD hasta final del presente año.

Además, el Gobierno presenta una extensa argumentación para la motivación de la reforma de esta ley, asegurando que se busca defender a los consumidores y evitando la situación de inseguridad jurídica en la que había dejado la decisión del Supremo de suspender su sentencia del 18 de octubre. “Se hacía necesario fijar de modo preciso un margo jurídico que establezca las reglas de una actividad mercantil tan común”, subraya el texto.

El Tribunal Supremo no podía haber gestionado peor todo el escándalo del impuesto de las hipotecas, pero no olvidemos que si al final, la ley se ha cambiado para que a partir de ahora lo paguen los bancos será gracias a unos señores magistrados, los de la sección especializada en tributos de la sala de lo contencioso-administrativo del Alto Tribunal.

Porque lo que está muy claro es que si ellos no hubieran aceptado hace tres semanas los recursos del Ayuntamiento de Rivas, nada de todo esto hubiera ocurrido.

Los partidos que hoy se llevan las manos a la cabeza, indignados porque el famoso impuesto lo iban a seguir pagando los ciudadanos son los mismos que aplicaron esa ley tan tranquilos durante más de 20 años. PSOE y PP se han turnado en Moncloa sin que a nadie se le ocurriera modificar esa ley que hoy clama al cielo. Ciudadanos y Podemos no han gobernado, es cierto, pero si han condicionado a los dos últimos ejecutivos y ni Rivera exigió a Rajoy que cambiara ese impuesto en los acuerdos con el PP ni Pablo Iglesias, que ahora llama a manifestarse a la puerta del Supremo, lo puso como condición para el reciente pacto de presupuestos con el PSOE.

Así que menos golpes de pecho y un poco de autocrítica que siempre viene bien. Tras el formidable escándalo, al gobierno de Pedro Sánchez no le quedaba otra salida que anunciar el cambio de la ley para que el impuesto recaiga sobre los bancos. Era una salida fácil, popular y que además le sale gratis porque las Haciendas autonómicas lo van a seguir cobrando. Se da la paradoja de que es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por cierto uno de los valores más firmes del gobierno, la que ahora obliga a pagar a los bancos un impuesto que ella como consejera de Hacienda de Andalucía le cobraba a los ciudadanos.

Los ciudadanos han pasado en 20 días varias veces por la ducha escocesa: primero ya no tendrían que pagar el impuesto y además se iba a poder reclamar de forma retroactiva; después, parón y cuenta nueva y al final, cambio de la ley, pero con la certeza general de que los bancos pagaran ese impuesto, pero al final se lo cobraran de alguna manera al que pida la hipoteca. De hecho, ni el presidente del gobierno puede dar ningún tipo de garantía y los bancos ya están preparando la estrategia.

Por en medio eso sí, el prestigio del Tribunal Supremo ha quedado por los suelos en el momento más delicado, cuando está a punto de comenzar el juicio del procés y su presidente, Carlos Lesmes totalmente desautorizado. Su relevo que ya era inminente ahora es de máxima urgencia. Lesmes debería haber dimitido y por supuesto, también Luis Díez-Picazo, el presidente de la Sala que decantó la votación teniendo evidentes relaciones con la banca.

“Es meno s que nada pero no es suficiente, señor presidente, hay que hacer más cosas”. Así ha recibido el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el anuncio de la nueva ley hipotecaria presentada este jueves por el Gobierno español.

Durante el arranque en Sevilla de la ruta ‘La mitad del camino’, junto a la candidata de la coalición Adelante Electoral (Podemos-IU) a la presidencia de la Junta de Andalucía, Teresa Rodríguez, Iglesias ha denunciado que “es enormemente grave lo que ha pasado”, en alusión al cambio de criterio del Tribunal Supremo respecto al impuesto de las hipotecas, porque “el derecho es el instrumento para proteger a los más débiles y en este país la sala competente dijo que el derecho daba la razón a las familias y que tiene que pagar el banco”.

“Ha sido un ataque escandaloso a la democracia española”, ha dicho Iglesias recordando la querella que anunció hace unos días tras la paralización de la primera sentencia. “Si un banco pone condiciones abusivas, las sanciones las tiene que poner el poder legislativo. No está mal que los bancos paguen a partir de mañana pero lo sensato sería restituir lo que dijo la sala competente”, ha remachado el líder de Podemos, precedido también por la concejal de Participa Sevilla Susana Serrano y la diputada Noelia Vera.

“Y eso lo dijo el Tribunal Supremo, no Facua, ni la PAH, ni Podemos, …Eso es lo que hay que hacer, devolver el dinero a la gente. Y no lo han arreglado. No nos conformamos con eso. Los bancos tienen que pagar lo que deben”.

En ese sentido ha dicho que Unidos Podemos va a pedir “otra ley y alguna cosa más. Que los jueces nos enseñen su declaración de bienes”, como anunció ayer, pidiendo al Gobierno “que sea coherente con su programa”. “El patriotismo tiene que ver con compartir, no con quien tiene la bandera más grande en la terraza”, ha aseverado.

“Pero no basta con pedirlo. Hay que salir a la calle, como hacen los pensionistas, como hicieron las mujeres el 8M. Esto tiene que ver con el país de verdad. Somos España y queremos que nos devuelvan el dinero porque así lo dijo el Tribunal Supremo”, ha dicho animando a una “gran movilización” el próximo sábado.

El Consejo de Ministras ha anunciado este jueves la aceleración del trámite de la ley de crédito inmobiliario que está actualmente en el Congreso de los Diputados. La ministra portavoz, Isabel Celáa, ha anunciado que pedirá que se traslade al Senado en una “tramitación acelerada”.

Con ello, la nueva regulación, que está llamada a suponer una mayor protección del cliente hipotecario, llegará al Senado “en 20 días naturales y no en dos meses”, según ha subrayado la ministra Celáa. La portavoz del Gobierno ha defendido que esta aceleración del trámite se produce por el retraso que acumula esta ley —que proviene de una directiva de 2014— y “no queremos muchas multas por incumplimiento”.

En el marco de esta “prisa” por no retrasar la transposición de directivas europeas a la normativa española, el Gobierno ha aprobado también un anteproyecto de ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley de regulación de planes y fondos de pensiones. Según ha explicado la portavoz del Gobierno, se trata de actualizar o trasladar a la legislación española una directiva de 2016 relativa a las actividades y supervisión de los fondos de pensiones de empleo.

En esta línea, Bruselas ha anunciado este jueves que suspende dos de los procesos que había abierto contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no transponer en tiempo y forma otras dos leyes que hacen referencia al sector financiero. Una de ellas de regulación de instrumentos financieros, conocida como MiFid II, que fue aprobada en Real Decreto en octubre, y la de supervisión prudencial.

Aprobada la modificación del impuesto hipotecario

El Consejo de Ministras ha aprobado el Real Decreto para la modificación de la ley del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos declarados, para que sea el banco y no el cliente el que abone el polémico impuesto hipotecario, tal y como anunció el miércoles el presidente del Gobierno.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recordado que supone la modificación del artículo 29 de dicha ley, para clarificar que es el banco el sujeto pasivo. Adicionalmente, ha añadido que las entidades financieras no se podrán deducir este impuesto.

El Real Decreto será publicado este viernes y entrará en vigor el sábado. Por ello, en las hipotecas firmadas a partir del lunes, los bancos comenzarán a abonar el impuesto de actos jurídicos declarados. Tras ello, la ministra se ha mostrado confiada en que reciba el respaldo del Congreso de los Diputados, a tenor de las declaraciones que han hecho las distintas fuerzas políticas. Y ha advertido al PP que si no vota a favor, mostrará que considera que debe ser el cliente el que abone el impuesto y no el banco.

Montero ha criticado “el mantra” de que este coste que tendrán que afrontar los bancos será trasladado a los consumidores. La ministra de Hacienda entiende que serán “las leyes del mercado y la competencia” las que acaben marcando cómo afronte el banco este nuevo coste.

Precisamente sobre este aspecto, Moody's ha publicado este jueves un informe en el que considera que la decisión del Supremo es buena para los bancos, ya que evita el hecho de que se pudiera realizar retroactividad en el pago del impuesto. Además, añade que, aunque lo vayan a pagar en el futuro, “tendrá un impacto limitado ya que transmitirán el coste a través de intereses y comisiones.

En este sentido, la ministra ha asegurado que será la autoridad de defensa del consumidor hipotecario el que velará por que los bancos no trasladen este coste mediante cláusulas abusivas. Esta autoridad fue anunciada el miércoles por Pedro Sánchez y aseguró que se “presentará en las próximas semanas”, como ha remarcado Montero este jueves.

La ministra no ha avanzado cuáles serán los poderes de esta autoridad y si sus decisiones serán o no ejecutivas. Se ha remitido a la presentación que realizará Economía de este nuevo organismo.

La responsable del ramo, Nadia Calviño, ha asegurado en un acto organizado por la CNMC que hay ya una prohibición “clara” de cláusulas y comportamientos abusivos de la banca. Ha avanzado que la autoridad de defensa del consumidor financiero que prepara reunirá algunas funciones que actualmente están en manos del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Imagínense que un presidente de sala del Tribunal Supremo encarga a una de sus secciones que fije doctrina en un controvertido asunto tributario. Lo hace porque los magistrados miembros de la misma resultan ser los más reconocidos expertos judiciales en esa específica rama del derecho. Imaginen que ese tribunal no solo sienta esa doctrina por una amplísima mayoría sino que, además, anula aquel precepto legal que, de manera única, fundamentaba la jurisprudencia anterior.

Imaginen que el presidente, cabreado porque nadie le ha avisado de un cambio jurisprudencial con el que o no contaba o no está de acuerdo, hace aquello que tenía que haber ejecutado desde el primer día: convocar el pleno de la Sala para que tan importante decisión cuente con el mayor respaldo jurídico posible. Imaginen finalmente que dicho Pleno restablece la jurisprudencia anterior, exclusivamente basada en un artículo que ya no está en el reglamento porque ha sido anulado, contraviene el criterio de los ponentes de las dos nuevas sentencias y lo decide en una votación ajustada donde, al parecer, algunos magistrados dijeron una cosa y luego votaron exactamente lo contrario.

No es el Proceso de Kafka, ni un guión de The Good Fight: es el Tribunal Supremo de España. En un país normal, donde el poder judicial también tuviera que rendir cuentas, nadie que haya tenido una mínima responsabilidad en semejante desorden debería seguir en su puesto. Los errores se pagan, los jueces no están ni exentos ni dispensados, aunque ellos parezcan convencidos de estarlo.

Si además anda la banca por medio, el desastre se convierte en tragedia. Por muy buena que sea la argumentación jurídica que sustente las dos nuevas sentencias, la certeza de que la Justicia ha actuada así porque la nueva jurisprudencia perjudica a los intereses de los más fuertes se ha extendido con la rapidez y contundencia de un virus extremadamente mortal y agresivo.

Ya no tiene remedio y una Justicia sin reputación es un desastre inminente. Una vez más la banca gana y vuelve a asombrarnos con su inagotable capacidad para lograr que ejecutivos, gobiernos, reguladores, medios y ahora también jueces y magistrados de las más altas instancias se inmolen sin dudarlo para garantizarle su mayor gloria y beneficio.

Dice Carlos Lesmes, presidente del Supremo, que la ley no es clara. Pero suena a una excusa tan burda como las carreras de los partidos para ponerse la medalla por solucionar una injusticia que no les había preocupado durante tres décadas, ocupados como estaban en sus cosas. La nueva jurisprudencia que acaban de tumbar era cristalina y clara como la luz de un día de verano, y no le sirvió de nada.

Para no entender la magnitud del daño hay que vivir en Marte, o en una realidad paralela donde la posición de privilegio y poder que supone ser juez se confunde con la impunidad y la independencia se convierte en una licencia para decidir lo que venga en gana. Si en el Supremo pretenden consolarse con la coartada de que acaban de darnos una lección y probado que las sentencias no se escriben en la calle o en los medios, se engañan. Solo nos han demostrado que su justicia no es de este planeta.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ve insuficiente el decreto anunciado por Pedro Sánchez un día después de la decisión del Supremo para que sean los bancos quienes paguen el impuesto de las hipotecas a partir de ahora. Pide que haya retroactividad y se devuelva el dinero a los ciudadanos que ya han pagado el tributo: “La propuesta del Gobierno está bien, pero no basta”.

“Hay que legislar para hacer lo que dijo la Sala Tercera del Supremo: devolver a las familias su dinero y que los bancos paguen lo que deben”, ha reclamado Iglesias a través de Twitter. Además de reiterar la propuesta de Unidos Podemos de aprobar un impuesto a las entidades financieras “para que devuelvan lo prestado en los peores momentos”, plantea que se sancione a las entidades que incluyan cláusulas abusivas, que en la Ley de Enjuiciamiento Civil se asegure que la gente “se pueda defender de los bancos” y que se modifique la ley de crédito inmobiliario “para que no se activen miles de desahucios que ahora están paralizados”.

En la misma línea, Alberto Garzón, ha criticado que la decisión del Gobierno “llega tarde, es insuficiente, no permite recuperar el dinero de las familias afectadas y no afectará a las cuentas bancarias”. Lo ha calificado, además, de “simple gesto” que no afectará a los bancos, porque tienen “suficiente poder” para subir el coste de la hipoteca en la misma cuantía que el impuesto.

“La única forma de que eso se corrija es reduciendo su poder: y esta ley no abordará nada de eso”, ha lamentado en sus redes sociales. Para el coordinador federal de Izquierda Unida, incluso con una sentencia favorable del Supremo los bancos cargarían igualmente el impuesto a las familias.

“Pedro Sánchez dice que los 5.000 millones que pagaron injustamente las familias y se ahorraron los bancos se quedan así. Que la banca va a pagar el impuesto, pero solo a partir de ahora. Al PSOE le vuelven a temblar las piernas con los poderosos”, incide Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos.

Pedro Sánchez ha anunciado este miércoles que modificará la ley a través de un decreto para que “nunca más” los clientes tengan que pagar el impuesto de las hipotecas y que se hagan cargo las entidades financieras. La decisión la tomará formalmente el Consejo de Ministras en su reunión de este jueves.

“La decisión que tomaremos mañana será que nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague la banca”, ha expresado el presidente, que ha explicado que este martes “habló el Poder Judicial y hoy y mañana va a hablar el Poder Judicial”.

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha respaldado este miércoles frente a varios medios de comunicación la decisión del pleno, en la que se revirtió la sentencia que establecía que el impuesto de las hipotecas debía de ser pagado por los bancos. 

Lesmes ha defendido la actuación de los 28 magistrados que participaron en la votación, tanto de los 15 que votaron a favor de que paguen los usuarios, como de los 13 que defendían que eran los bancos quiénes debían asumir este coste: “Todos ellos actuaron con absoluta libertad e independencia de criterio”.

El magistrado ha admitido que se trataba de “una cuestión controvertida”: “Las discrepancias se resuelven votando”. Lesmes ha aceptado las críticas y ha declarado que estas decisiones “legítimas” están sujetas “al escrutinio de la opinión pública”.

El presidente del Supremo ha culpado de la crisis sobre el impuesto a la “falta de la claridad de la ley durante 35 años”. “Esta situación se ha producido, sin duda, como consecuencia de la falta de claridad de la ley”, ha sentenciado, y ha trasladado la responsabilidad al poder legislativo: “Las Cortes tienen una magnífica oportunidad para clarificar quién es el sujeto pasivo de esta ley”.

Al ser preguntado por los medios sobre si iba a dimitir, el magistrado ha evitado responder.

El voto del presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, ha sido determinante para inclinar en la deliberación de este martes la balanza a favor de la banca, de manera que sigan siendo los ciudadanos quienes asuman el pago del impuesto relativo a las hipotecas. Díez-Picazo fue también quien convocó el Pleno para revisar la doctrina porque suponía un “giro radical” en la jurisprudencia que ha provocaba una “enorme repercusión económica y social”.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, durante su intervención ante los otros 27 magistrados que participaban en la deliberación sobre este asunto, Díez-Picazo se había mostrado favorable a la 'tercera vía' planteada por la magistrada Pilar Teso, quien proponía que el impuesto recayese sobre la banca pero a partir de la sentencia, es decir, sin el carácter retroactivo que habría supuesto un desembolso de entorno a 5.000 millones de euros.

Sin embargo, llegado el momento de votar pasadas las siete de la tarde, Díez-Picazo ha cambiado de postura tras observar que se estaba produciendo un empate entre quienes apostaban por cargar el impuesto a los bancos y quienes defendían que lo hiciese el ciudadano. Él, el último por turno en votar, se ha decantado del lado de la banca.

De este modo, el Pleno de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fallado finalmente por 15 votos frente a 13 que sean los clientes quienes asuman finalmente el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados, corrigiendo a la Sección que innovó la doctrina y volviendo a la jurisprudencia anterior, favorable a las entidades bancarias.

Díez-Picazo forzó la revisión de la doctrina

Fue el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo quien sometió a revisión la doctrina que obligaba a pagar a los bancos en una decisión inédita. Un día después del fallo, Díez-Picazo informó en un comunicado que convocaba al Pleno (los 31 magistrados de la Sala) para revisar la doctrina. Su argumento era que la sentencia suponía un “giro radical” respecto a lo que el Supremo había dicho en otras ocasiones, lo que provocaba una “enorme repercusión económica y social”.

El escándalo que provocó la maniobra de Díez-Picazo obligó a Carlos Lesmes a reunirse con él y con los magistrados que habían firmado la sentencia. El propio Lesmes pidió perdón públicamente a los ciudadanos el pasado 25 de octubre. “No lo hemos gestionado bien”, dijo a la prensa en unas jornadas de puertas abiertas en el Tribunal Supremo.

Las entidades financieras se anotan una victoria judicial. Tras dos días de deliberaciones, el Tribunal Supremo ha concluido que deben ser los clientes y no los bancos los que paguen el impuesto de actos jurídicos declarados en los créditos hipotecarios.

La banca logra con ello un triunfo judicial frente a las reclamaciones por parte de los consumidores y los bufetes de abogados, que ya preparaban una batería de reclamaciones en los juzgados para que las entidades abonaran dicho impuesto, como atestiguaba la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 18 de octubre.

Las tres patronales del sector —AEB (banca), Ceca (antiguas cajas) y Unacc (cooperativas de crédito)— ha asegurado que, a falta de conocer el contenido de la decisión del Supremo, la decisión del tribunal “preserva la seguridad jurídica necesaria para el buen funcionamiento del mercado”.

Desde que se conociera la sentencia de hace dos semanas, la banca, a través de sus patronales y de los principales directivos del sector, inició una fuerte campaña pública en la que se defendía que debían ser los clientes y no los bancos los que abonasen este impuesto. El argumento, “en el resto de Europa lo pagan los clientes”, apuntaron de manera repetida.

Este mismo argumento se ha repetido en el escueto comunicado realizado por las patronales del sector. Las tres organizaciones han defendido que se mantiene lo que decía “la normativa vigente durante más de 20 años” y “está en línea con el marco jurídico de nuestro entorno”.

Las entidades esquivan con ello un coste que rondaba al año los 640 millones de euros, según cálculos realizados por la agencia crediticia Moody’s. Un coste que habría tenido un “impacto limitado” en sus cuentas, según señalaba en un informe. Sobre todo teniendo en cuenta que, entre enero y septiembre sumaban las seis principales entidades más de 13.200 millones de euros de beneficio.

La decisión final del Tribunal Supremo ha supuesto una sorpresa incluso dentro del sector financiero. Las declaraciones por parte de los directivos del sector contenían una cierta asimilación de que tendrían que ser las entidades financieras las que abonaran el impuesto. “Asumiremos lo que decida el Supremo”, reconocían algunos de estos ejecutivos.

Tal era el nivel de asimilación de esta posibilidad, que los bancos habían centrado en las últimas semanas sus declaraciones en contra de la retroactividad de este pago. De este modo, se rechazaba la eventual devolución de los gastos de este impuesto durante los últimos cuatro años o, en el peor de los escenarios, en los últimos 20 años, como apuntaban algunas organizaciones de consumidores.

Las dudas sobre quién debía pagar el impuesto de actos jurídicos declarados ha coincidido en las últimas semanas con la presentación de resultados del tercer trimestre de las entidades financieras. En las respectivas ruedas de prensa los directivos de la banca remarcaron que ellos no habían ingresado nada y que no se podría “sancionar” a las empresas que habían cumplido con la ley tal y como estaba establecida, como aseguró Carlos Torres, consejero delegado de BBVA.

La propia agencia Moody's apuntaba tres posibles escenarios para la banca española tras la decisión del Supremo y ninguno de ellos contemplaba que el tribunal decidiera que fueran los clientes los que abonaran el impuesto.

Las entidades financieras comenzaron a deslizar incluso que repercutirían el coste del impuesto a los clientes de los préstamos hipotecarios. “Lo que no vamos a hacer es vender hipotecas a pérdida”, aseguró María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter. Otros, como José Sevilla, de Bankia, fueron más cautos y aseguraron que el precio de las hipotecas lo marcaría “la importante competencia” en el sector.

“Alguien tiene que proteger a la banca”

Durante estas semanas algunos de estos directivos han aprovechado para criticar a la opinión pública existente contra la banca. La más clara en este sentido fue Dancausa, de Bankinter, quien señaló que “en algún momento alguien nos tiene que ayudar y proteger” ya que “estamos solos”. La ejecutiva criticó a “algunos políticos” por sus declaraciones sobre la sentencia. No fue la única voz que deslizó este lamento en este sentido. José Antonio Álvarez, consejero delegado de Santander, apuntó que “existe una corriente de opinión pública crítica con la banca” y añadió que “los medios saben que se lee más si se habla mal de los bancos”.

Dentro de todas estas declaraciones, los ejecutivos, que criticaron la “incertidumbre” en la que se había sumido al sistema hipotecario, ensalzaron la relevancia que han tenido en España estos préstamos, que defendieron que eran más baratos que en el resto de Europa. “Si un mercado ha funcionado bien en España ha sido el hipotecario”, aseguró Álvarez, de Santander.

De haber tenido que afrontar el pago retroactivo de este impuesto, Moody's calculó que habría tenido un “coste manejable” de 2.300 millones de euros en caso de haber sido los últimos cuatro años, periodo en el que es posible reclamar a las haciendas por cobros indebidos de impuestos. De haber afectado a los más de 20 años en los que ha funcionado de esta manera, se estimaba en entre 16.000 y 25.600 millones de euros, según la agencia crediticia y el sindicato de técnicos de hacienda, Gestha.

“La mayoría de los magistrados no tenemos claro un criterio sobre este asunto y vamos a aprovechar el Puente para estudiárnoslo”. La frase es de uno de los 31 integrantes de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, convocados este lunes a un Pleno insólito en el que se juegan mucho la banca, que podría tener que afrontar gastos de hasta 16.500 millones de euros en el peor escenario diseñado por la agencia Moody’s, y el propio alto tribunal, que se arriesga a sufrir un daño irreparable en su credibilidad por el sentido de la resolución y la más que cuestionable gestión de la crisis que han hecho su presidente, Carlos Lesmes, y el responsable de lo Contencioso-Administrativo, Luis Díez-Picazo. 

La decisión de que el Pleno revise el cambio de criterio que obliga a los bancos a pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en beneficio de los clientes que solicitan una hipoteca, por la “enorme repercusión económica y social” que tiene este asunto, abre en canal la Sala Tercera y deja la resolución que adoptaron los magistrados especializados en materia tributaria en manos de otros que, en su día a día, se dedican a analizar conflictos medioambientales, urbanísticos o de competencia en el mercado. Muchos de ellos nombrados por Lesmes. 

La batalla que se juega el lunes es de lealtades y también ideológica. De un lado, los próximos al presidente del Supremo y al propio Díez-Picazo, que entre 2011 y 2017 compatibilizó su puesto en la Sala Tercera con labores de profesor en Cunef, la universidad privada creada y patrocinada por la Asociación Española de Banca (AEB). Enfrente, los miembros del tribunal que dictaron la sentencia, presidido por un magistrado asociado a la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, Nicolás Maurandi, con ponencia de otro integrante de este colectivo, Jesús Cudero, y con el único voto particular de Dimitry Berberoff, director del Gabinete Técnico de Lesmes hasta su toma de posesión el 24 de julio pasado. 

Que todos los magistrados de una Sala se pronuncien sobre un asunto trascendente no es extraño y, de hecho, es lo habitual cuando dos tribunales de esa misma Sala resuelven un conflicto similar de forma contradictoria. Pero en este caso, no hay resoluciones opuestas porque el tribunal que cambió las reglas de juego, la Sección Segunda de la Sala Tercera, aplicó su nueva doctrina en tres sentencias que, de forma unívoca, quitan la razón al Estado y a la Comunidad de Madrid y se la dan a la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas, municipio gobernado por IU. 

Díez-Picazo, que llegó a calificar de “radical” el “giro jurisprudencial” aplicado por sus compañeros, convocó el Pleno agarrándose al artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece que “podrán ser llamados, para formar Sala, todos los magistrados que la componen” cuando “el presidente, o la mayoría de aquéllos, lo estime necesario para la administración de Justicia”. Que la necesidad, en este caso, dependa de la “enorme repercusión económica y social” del asunto no deja en buena posición al Supremo y será el argumento que defenderán este lunes al menos tres magistrados de la Sala para pedir la nulidad del propio Pleno. Es el primer escollo que tendrá que superar Díez-Picazo, al que Lesmes aupó al frente de la Sala en detrimento del respetado magistrado conservador José Manuel Sieira, que aspiraba a repetir mandato. 

Si como es de prever, el trámite de la petición de nulidad se liquida por la vía rápida, los togados entrarán de lleno en el dilema: o validan la doctrina y mantienen que el sujeto pasivo del impuesto de las hipotecas, el que lo paga, es el banco; o la tumban, y se vuelve a la situación anterior para que sean los consumidores los que tengan que rascarse el bolsillo. La segunda opción es muy arriesgada porque, además del infinito daño reputacional que sufriría el Supremo, al que se presentaría como una institución sometida al poder de la banca por la actuación de uno de sus profesores, se daría la absurda circunstancia de que el Pleno, que tiene que analizar otros tres recursos de Rivas idénticos a los ya resueltos, fallaría en sentido contrario al dictado este mes de octubre. 

Tomemos el primer camino. Si la Sala decide validar que sean los bancos los que paguen el impuesto, doctrina que en todo caso contradice la de la Sala Civil (que se pronunció por última vez a favor de las entidades financieras el 15 de marzo pasado), los magistrados entrarán en el asunto mollar, que es fijar la retroactividad con la que se aplica la medida y de qué manera colisiona con las leyes tributarias autonómicas y la normativa europea de protección a los hipotecados. 

Y ahí, según fuentes del Supremo, caben tres opciones. La primera es la retroactividad total, que sería desastrosa para la banca. Según Moody’s, el coste del pago del impuesto entre 2004 y 2018 se elevaría a 16.500 millones de euros. La retroactividad media, segunda alternativa, situaría el plazo para recuperar lo 0agado de más en los cuatro ejercicios fiscales no prescritos (entre 2014 y 2018) y supondría una factura, según la agencia, de 2.300 millones de euros que abriría un litigio entre la banca y la Administración tributaria. 

La irretroactividad, que establecería que los bancos comenzarían a abonar el tributo de aquí en adelante, tendría un coste asumible para el Supremo y muy ventajoso para las entidades financieras porque contemplaría un gasto de 640 millones de euros al año que fácilmente podrían repercutir al prestatario imponiendo, por ejemplo, una comisión de apertura de la hipoteca. Al final seguirían pagando los ciudadanos, los millones de ciudadanos que hoy se sienten desprotegidos por haber pagado un impuesto que nunca debieron pagar. 

El sector financiero, las asociaciones de consumidores y los bufetes de abogados tienen marcado en rojo en el calendario el 5 de noviembre, el próximo lunes. Ese día está previsto que el Tribunal Supremo dictamine quién debe ser, a partir de ahora, quien pague el impuesto de actos jurídicos declarados en la formalización de hipotecas, el banco o el cliente.

La decisión del Supremo, que sentenció el 18 de octubre que tenía que ser el banco aunque luego suspendió la decisión a falta de que la sala decida la doctrina a seguir, puede marcar un cambio en una práctica de más de dos décadas, que obliga al cliente a abonar dicho impuesto.

Las entidades financieras han evitado hacer sus cuentas públicamente sobre el impacto de este cambio y se han limitado a defender que debe ser el consumidor el que haga frente a un gasto que supone entre el 0,5% y el 1,5% del valor de la hipoteca, dependiendo las Comunidades Autoónomas.

Sin embargo, la agencia de rating Moody's ha publicado este martes un breve informe en el que contempla tres probables escenarios que pueden hacer que el coste para la banca vaya de los 640 millones de euros al año a tener que hacer frente a más de 16.000 millones si tiene efectos retroactivos.

El escenario más probable, según dicha agencia de análisis crediticio, es que el Supremo dictamine que, a partir de ahora, tienen que ser los bancos los que abonen este impuesto. Según sus estimaciones, esto supondría un coste para la banca de 640 millones. En este sentido, Moody's considera que el impacto en la rentabilidad de las compañías es “limitado” ya que los prestamistas “tendrían varias herramientas para transmitir el coste al cliente, incluyendo el alza en los tipos de interés o las comisiones”.

En el segundo escenario, Moody's sitúa la posibilidad de que los clientes puedan reclamar los últimos cuatro años del impuesto. En este caso, entiende la agencia, las autoridades podrían reclamar estos importes a las entidades financieras. En este caso, considera que el coste para los bancos rondaría los 2.300 millones de euros, lo que sería “igualmente manejable” para las entidades.

Sin embargo, considera que “no está claro” que las haciendas autonómicas puedan reclamar esta devolución. En este sentido, remarca que los bancos habían “cumplido” con la regulación fiscal hasta la fecha. Este es el argumento que utiliza el sector para considerar que no se debe aplicar retroactividad a la sentencia.

Por último, considera un tercer escenario que supondría que los bancos tuvieran que hacer frente a las cantidades abonadas por los clientes desde antes de 2014. En concreto, estima que si se considerase desde el año 2004, debería hacer frente a 16.400 millones de euros. Sin embargo, entiende que esta hipótesis es “menos probable”.

En cualquier caso, Moody's matiza que sus estimaciones son “a la baja” debido a distintas variables que implicarían un aumento en las cantidades que tendrían que abonar las entidades en caso de una sentencia “adversa” a sus intereses.