El magistrado que ha frenado la doctrina sobre las hipotecas llegó a la presidencia de la sala tras las presiones de Lesmes

En 2015 ocurrió un hecho inédito en el Tribunal Supremo. A pesar de la norma no escrita de que todos los presidentes de sala renuevan tras su primer mandato, José Manuel Sieira vio cómo los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) votaban a otro candidato para apartarlo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Luis María Díez-Picazo, sin apenas experiencia en el alto tribunal, ganó con los votos de los conservadores tras una campaña de presión del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, según denunciaron entonces algunos vocales.

Ahora, Díez-Picazo ha protagonizado otro hecho inédito. Por primera vez ha decidido revisar una doctrina del Supremo ya consolidada en una sentencia. Ha convocado al Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, compuesto por 31 jueces, para que decidan si, como sostienen cinco de ellos, son los bancos quienes deben pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) y no los clientes. El propio Díez-Picazo les encargó a esos magistrados que sentaran jurisprudencia y, cuando decidieron fallar contra los bancos -con las consecuencias que conlleva su sentencia-, dio marcha atrás.

Díez-Picazo llegó al Supremo hace una década, en 2008. Lo hizo por el turno reservado a “juristas de reconocida competencia”. Es catedrático de Derecho Constitucional y ha impartido clases en universidades españolas e italianas. Hasta hace no mucho lo hacía en en el Centro Universitario de Estudios Financieros (Cunef), financiado por la Asociación Española de Banca (AEB).

Una campaña de presión “bestial”

En 2015 terminaron los primeros cinco años de mandato de Sieira al frente de la Sala Tercera, la de lo Contencioso-Administrativo. Su renovación se daba por hecha en el alto tribunal, pero semanas antes de la votación saltaron las alarmas entre algunos vocales del CGPJ. Varios de ellos advirtieron de las maniobras de Lesmes para aupar a Díez-Picazo, conservador y próximo al actual presidente del Supremo.

Fuentes del CGPJ recuerdan ahora esa campaña. Nadie en el órgano de gobierno de los jueces dudaba de la renovación porque Sieira no había tenido ninguna polémica durante su presidencia, había desarrollado una gestión solvente de la Sala Tercera y tenía buena acogida entre los magistrados de la misma. Pero entonces comenzó una campaña de presión “bestial”, señalan esas fuentes. Se convenció a vocales que se habían comprometido a votar a Sieira para que diesen su apoyo a Díez-Picazo. El primero llevaba 21 años en el alto tribunal; el segundo, siete.

Durante la reunión que debía elegir entre Sieira o Díez-Picazo -otros dos candidatos estaban prácticamente descartados- algunos vocales recordaron que el Supremo había establecido que primaba el magistrado con más experiencia, salvo que el más reciente tuviese otros méritos que hiciesen ese inservible. Por ejemplo, experiencia en el orden contencioso-administrativo: Sieira triplicaba a Díez-Picazo. Se compararon también sus resoluciones jurídicas: el primero había dictado 2.609 por 898 del segundo.

Los vocales del CGPJ también manejaron otros datos para tomar su decisión, como que Sieira había reducido de 10.743 asuntos pendientes a 4.421 en cinco años en una de las salas del Supremo que mayor ratio de recursos admitidos a trámite tiene. No había datos de Díez-Picazo, que no había presidido ninguna sala de ningún tribunal hasta el momento. Se procedió entonces a votar: 12 de 21 vocales se decantaron por Díez-Picazo. La polémica llegó a la ONU.

Algunos vincularon esa campaña de Lesmes con que Díez-Picazo era de corte conservador. Otros incidían en que los esfuerzos de Lesmes se debían a una animadversión personal con Sieira a raíz de la polémica por el indulto al conductor 'kamikaze' de Valencia. La Sala que presidía Sieira tumbó la propuesta de Lesmes de avalar ese indulto.

Díez-Picazo pidió la doctrina que ahora ha frenado

Fuentes del CGPJ señalan que la elección de Díez-Picazo, que causó una gran sorpresa entonces, se ha demostrado equivocada con el tiempo. Ha estado más centrado en sus conferencias y publicaciones que en la gestión de la Sala Tercera, que “no le ha importado nada”. También rechazan que, como han publicado algunos medios, no supiese de la trascendencia de la sentencia sobre el impuesto de las hipotecas. Por el sistema de admisión de recursos de casación y porque la resolución podía entrar en conflicto con algunas anteriores. Además, el propio Díez-Picazo firmó el auto de admisión a trámite del recurso que dio origen a la sentencia que el pasado jueves provocó que los bancos se desplomasen en la bolsa.

“Las cuestiones que se suscitan en el presente recurso de casación muestran interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, porque es notorio que ambas afectan a un gran número de situaciones, trascendiendo del caso objeto del proceso”, dice el escrito que lleva, entre otras, su firma. Añadía que la tarea de los seis jueces que iban a revisar el recurso era la de “precisar, aclarar, matizar, revisar o ratificar la doctrina jurisprudencial” sobre el impuesto de las hipotecas. Eso hicieron, sentar jurisprudencia, hasta que Díez-Picazo, 24 horas más tarde, paralizó esa doctrina para que fuese revisada por su “enorme repercusión económica y social”.

Esa decisión, sin precedentes, ha provocado la extrañeza de algunos magistrados del Supremo. “El pleno no está para esas cosas, no ha pasado nunca. En la sala los magistrados no están muy conformes”, señala uno de ellos. Varias fuentes coinciden en que el presidente de la Sala Tercera ha dejado en una situación muy delicada a los jueces que firmaron la sentencia, que afianzaron una doctrina que ahora el alto tribunal puede revertir.

“La consternación que hay en la calle la hay aquí dentro”, sostiene un magistrado, que define el sentimiento dentro del alto tribunal de “tristeza”. A la decisión de Díez-Picazo le han seguido multitud de ataques sobre la falta de independencia de los magistrados del Supremo, algo que este juez considera especialmente negativo en este momento, cuando se habla día sí y día también sobre “la posibilidad de presiones externas” en la causa del 1-O.

La incertidumbre que ha creado la decisión de Díez-Picazo, que ha afectado a la firma de hipotecas, se prolongará al menos hasta el 5 de noviembre, cuando ha fijado la fecha para estudiar si se aplica o no la doctrina sobre el impuesto. Lo ha hecho tras reunirse este lunes con Lesmes y los magistrados firmantes de la sentencia, un encuentro que ha acabado con un comunicado que trata de despejar las dudas sobre el enfrentamiento entre los jueces a raíz de este asunto.

Mientras tanto, IU ha reclamado la comparecencia de Lesmes en el Congreso para que dé explicaciones y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha pedido la dimisión de Díez-Picazo, partidario de que “de los jueces se hable lo menos posible, mejor que se hable de sus sentencias” porque “estar en el ojo del huracán no es bueno”.