El juez Luís Villares, que fue líder de En Marea entre 2016 y 2020 y al que la Xunta había señalado en varias ocasiones por sus sentencias sobre los parques eólicos, ha sido apartado de la Sección Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La decisión la ha tomado la nueva presidenta de la sala, María Azucena Recio, quien tomó posesión a principios de mes tras competir por el cargo con el propio Villares. La asociación Xuíces e Xuízas para a Democracia (XXpD) teme que el mensaje que se envíe a la ciudadanía con esta “inusual” medida es que las “desmedidas” presiones políticas y empresariales han conseguido cambiar a los miembros de la sección y que el poder judicial se “dobla” a los intereses de las partes.

Según ha adelantado la Cadena SER, Recio justifica el traslado forzoso de la Sección Tercera de la sala a la cuarta –donde entenderá sobre tributos o catastro– para “salvaguardar la imagen de la institución y la imparcialidad de la sala”. Junto a él, mueve a otros tres jueces –una de ellas, María Dolores López, compañera de sección de Villares y firmante con él de algunas de las sentencias cuestionadas por el PP–, aunque lo hace por motivos bien diferentes: promover su “crecimiento profesional” y una “oportunidad” en su carrera.

Entre diciembre y enero pasados, el Tribunal Supremo anuló tres sentencias de la sala tras otros tantos recursos de casación de la concesionaria del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo al considerar que existían dudas sobra la “imparcialidad” de Villares. En todas ellas había admitido los recursos de la Consellería de Sanidade y el Sergas (Servizo Galego de Saúde) frente a las sentencias iniciales del juzgado de instancia. El Supremo ordenó entonces retrotraer las causas al momento anterior a los señalamientos para resolver el fondo de los asuntos previa constitución de una sala que “garantice el derecho a un juez imparcial”.

“Esto es lo que motiva la necesidad de modificar la composición personal de la Sección Tercera de esta Sala y, por consecuencia, de la Sección Cuarta”, escribe Recio en una resolución en la que invoca la “finalidad última” de “salvaguardar la apariencia y realidad de la imparcialidad” con que funciona una sala compuesta por dieciocho magistrados. La presidenta incluye la “propia salvaguarda” de Villares, “el magistrado cuya imparcialidad ha sido sometida a valoración judicial por el Tribunal Supremo” y suma a ella las “necesidades reorganizativas” derivada de número de procedimientos de cada sección para concluir que la reestructuración “va a reforzar el buen funcionamiento de la Sala”.

Para XXpD, la resolución del Supremo sobre un “caso concreto”, algo que considera “habitual en la vida normal de los tribunales”, no justifica un movimiento con el que se “discuten los criterios jurisdiccionales de la sección”.

“Ataques mediáticos y políticos”

La asociación de jueces ve “sorpresiva” una decisión tomada por Recio el pasado día 12, sólo seis días después de asumir el cargo de presidenta de la sala. En un comunicado, recuerda que durante los últimos “meses y años” fueron habituales “declaraciones desmedidas de determinados responsables políticos y empresariales” que ponían en entredicho “no sólo las resoluciones de la Sección, sino incluso la profesionalidad de sus integrantes”.

En el texto, ponen el foco en lo “inusual” de un traslado forzoso “de tanta envergadura” y las formas en las que se llevó a cabo, sin consulta previa a los presidentes de las secciones ni a los magistrados afectados. Frente al modo habitual de realizar cambios individuales para no “perturbar” el trabajo de las secciones, aquí se “desmantela” la tercera al trasladar a dos de sus cuatro integrantes. Todos llegan a nuevos puestos en los que carecen de experiencia previa, lo que provocará “disfunciones” en el funcionamiento de ambas salas.

XXpD considera que apartar a la mitad de la sección “afecta directamente a la continuidad de los criterios jurisdiccionales defendidos”, lo que les provoca “serias dudas” de que esa no sea la “intención” real del movimiento. “No es descartable que la ciudadanía pueda pensar que las reiteradas presiones políticas y empresariales finalmente consiguieron el resultado perseguido: el cambio de la composición de la Sección del TSXG que conoce de los litigios sobre los parques eólicos en Galicia”.

“La imagen del Tribunal y de su independencia quedan muy afectadas”, añaden. Les preocupa que se transmita que “el poder judicial se estaría doblando a los intereses de algunas de las partes en los litigios señalados”. Temen que “la especial trascendencia mediática y social” de los casos tratados por la Sección Tercera –los eólicos, pero también causas de contratación administrativa, como el propio hospital de Vigo– junto al “sorpresivo y difícilmente explicable cambio de su actual composición”, trasladen a la ciudadanía una “sospecha” –“esperemos que infundada”– sobre la “finalidad perseguida” por la decisión de la nueva presidenta.

BNG: “El poder de las eléctricas y los tentáculos del PP”

El BNG, primera fuerza de la oposición en la cámara gallega, respaldó los argumentos de XXpD. “Estamos ante una decisión absolutamente arbitraria, injustificada y a golpe de decreto, porque no es un juez en concreto”, sino que, según la viceportavoz parlamentaria, Olalla Rodil, “cambia por completo en su integridad la Sección Tercera del TSXG”.

Rodil cree que no hay “ninguna justificación” al traslado forzoso de personas “que estaban desarrollando su trabajo con absoluta normalidad. ”Es evidente que ya ni siquiera esconden cómo el poder de las eléctricas y, sobre todo, los tentáculos del PP injiriendo en la judicatura son cada vez más extensos“, concluyó.

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) volvió a evidenciar este miércoles los delicados equilibrios internos que rigen en el llamado bloque progresista. La presidenta Isabel Perelló, a la que se atribuyó una sensibilidad progresista cuando fue designada; y uno de los vocales elegidos a iniciativa de Sumar, Carlos Hugo Preciado, unieron de nuevo sus votos a los de los consejeros designados a iniciativa del Partido Popular. En este caso, para situar a una magistrada vinculada a la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en un puesto de carácter técnico. 

Esta designación se ha producido en el mismo pleno en el que se ha oficializado la cesión por parte de Preciado de uno de sus cuatro puestos en las distintas comisiones del órgano a José María Fernández Seijo, vocal elegido a iniciativa del PSOE y que amenazó con dimitir el pasado octubre tras la gran crisis que vivió el bloque progresista, del que ejerce como líder en la sombra. El desencadenante de esa crisis fue la decisión de Preciado y de la presidenta de pactar con los vocales de la derecha un nuevo reparto de poder que otorgó una mayoría conservadora a ocho de las once comisiones del órgano.

Entre ellas, la más relevante, la Permanente, una especie de núcleo duro donde se toman decisiones de calado. Con el nuevo reparto, esa comisión siguió conformada por cuatro vocales conservadores y tres encuadrados en el bloque progresista, a los que se suma Perelló, que ejerce la presidencia. La mayoría del bloque progresista quería situar en esa comisión a Fernández Seijo, pero el acuerdo parcial con la derecha frustró esa posibilidad. 

El pacto rubricado ahora entre ambos vocales dice asentarse en los criterios de “equilibrio, eficiencia organizativa y continuidad funcional” acordados al inicio del mandato. Y supone que Preciado cede a Fernández Seijo su puesto en la Comisión de Escuela Judicial, la encargada de preparar la actividad del espacio en el que se forman los nuevos jueces tras aprobar la oposición y atender su funcionamiento. En el entorno del vocal de Sumar ponen en valor ese “acuerdo entre vocales”: “Se ha pretendido restablecer las buenas relaciones y la aceptación de la existencia de diferentes sensibilidades”. 

A pesar de este movimiento, distintas voces dentro del bloque progresista insisten en que esta decisión no supone que Preciado vuelva al grupo ni que se hayan reconducido las relaciones. “No quiere integrarse en ningún grupo, tiene su hoja de ruta propia y lo único que quiere es tener relación fluida con los vocales del grupo progresista, por si hay intereses comunes. Nada más”, sostiene una fuente del bloque de la izquierda. 

Otro miembro de este grupo también se muestra muy crítico con este vocal y con la presidenta Perelló. “Son un grupo satélite que vota con la derecha”, sostiene. Diferentes integrantes del bloque progresista coinciden en que Preciado ha dado este paso apremiado por la presidenta, que no estaba dispuesta a aceptar la renuncia de Seijo y que exploró esta vía para tratar de limar asperezas. Es un acuerdo que, a juicio de otros vocales, permite “zanjar las tensiones de octubre” e intercambiar información, pero sin que Preciado se someta a ninguna disciplina. “No tiene mayor interés en reintegrarse a ningún grupo, tiene su hoja de ruta, respetable aunque no compartida”, dice uno de ellos. 

“Mérito y capacidad”

El nombramiento que suscitó polémica es un puesto de carácter técnico, la jefatura de Sección de Planta Judicial. Para ese cargo resultó elegida Ana Laita García-Luzón, una jueza sin destino fijo vinculada a la conservadora APM. Su nombramiento, propuesto por el bloque conservador, salió adelante gracias a los votos de Perelló y de Preciado. El resto de vocales elegidos a iniciativa del PSOE y Sumar se decantaron por la candidatura de la funcionaria Blanca Cano, que ha tenido puestos de responsabilidad en el Ministerio de Justicia con Francisco Caamaño (PSOE) y Alberto Ruiz Gallardón (PP). Uno de esos vocales explica que la voluntad del grupo era abrir este tipo de plazas a personas que no forman parte de la carrera judicial. 

En el entorno de Preciado defienden, sin embargo, que la decisión estuvo marcada por los principios de “mérito y capacidad”. Este vocal ha defendido en reiteradas ocasiones su rechazo a una supuesta “sumisión a la disciplina de voto”. También suele descalificar al resto de los vocales de izquierdas como “próximos al Ministerio de Justicia”.

Para la elección de este cargo técnico basta con una mayoría absoluta de los 21 miembros del órgano. No es así en el caso de los nombramientos judiciales, que requieren el respaldo de tres quintos del pleno. El bloque progresista, con sus nueve miembros, mantiene esa minoría de bloqueo en las designaciones clave.

Otras voces del órgano recuerdan que estos nueve vocales progresistas también votan de forma diferenciada en algunas ocasiones. Ocurrió este mismo miércoles, con la elección de la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. A ese puesto optaba el juez Luis Villares, que en 2016 fue candidato de En Marea a las elecciones gallegas y que obtuvo el respaldo del propio Preciado y de la otra vocal elegida a iniciativa de Sumar, Inés Herreros, que se ha integrado con los demás vocales progresistas como una más. El resto se decantó por la aspirante finalmente elegida, la magistrada María Azucena Recio, que no está asociada. 

Al margen de estas designaciones, el órgano acordó por unanimidad el nombramiento de Jacobo Barja de Quiroga como presidente de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, en el que será su segundo mandato. También la elección de los magistrados José Arsuaga y Carlos Gómez Martínez como presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Cantabria e Illes Balears, respectivamente. Todos ellos eran los únicos candidatos que aspiraban a esas tres plazas.

Barja de Quiroga es considerado progresista. Arsuaga está vinculado a asociación Francisco de Vitoria, que se autodefine como independiente, y Gómez Martínez a la progresista Juezas y Jueces para la Democracia. No se llegó a abordar la renovación de otros puestos relevantes en el Supremo, donde está pendiente de asignar una vacante en la Sala Segunda, la que juzga a los aforados, como el ya ex fiscal general del Estado o el exministro socialista José Luis Ábalos.

El Gobierno ha anunciado este lunes que creará 500 plazas de jueces este año para reforzar especialmente los tribunales de instancia, además de otros órganos como las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo. “Se trata de la mayor creación de plazas judiciales en un solo año” de la historia judicial española, recoge un comunicado del Ministerio de Justicia. 

El departamento que dirige Félix Bolaños resalta que la creación de ese medio millar de plazas en un año es “una cifra superior a la suma de las creadas durante la última década” y es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. La planta judicial crecerá un 8,5% en un solo año y que la medida tendrá un coste de 55,7 millones de euros. 

Esa ley introduce un “nuevo modelo organizativo más moderno y eficiente” al eliminar los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única oficina judicial de apoyo técnico.

Ese modelo permite crear una plaza judicial sin necesidad de poner en marcha un juzgado completo y con un coste de unos 100.000 euros, mientras que activar un juzgado tradicional “costaba alrededor de 500.000 euros. ”En total, la creación de las 500 unidades judiciales proyectadas para este año tendrá un coste de 55,7 millones de euros. Con el modelo anterior hubiese sido de 260 millones“, ha contrapuesto, para resaltar que con esta iniciativa ”la actual planta judicial, que cuenta con 5.876 plazas, crecerá un 8,5% en un solo año“.

Justicia ha explicado que, de las 500 nuevas plazas, 363 serán para tribunales de instancia, dos para el Tribunal Central de Instancia y 85 para órganos colegiados como las audiencias provinciales (71), los tribunales superiores de Justicia (7), la Audiencia Nacional (4) o el Supremo (3). Las 50 plazas restantes serán de adscripción territorial, destinadas a un territorio, pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo en sus tribunales, ha precisado.

Según Justicia, para la distribución de las 500 nuevas plazas se ha tenido en cuenta criterios objetivos como la litigiosidad y la población de cada comunidad autónoma, así como los informes de carga de trabajo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las propuestas de las propias comunidades con la competencia transferida y de los tribunales superiores de justicia.

Juezas y Jueces para la Democracia celebra la medida 

El portavoz del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, ha calificado de “muy relevante” el anuncio de Justicia. Rodríguez considera que “la medida ha sido posible gracias a la transformación estructural que suponen los tribunales de instancia, que, a diferencia de los antiguos juzgados, facilita incrementar el número de integrantes de la judicatura que trabaja en los mismos”.

Rodríguez también considera un “acierto” que la nueva creación de plazas judiciales se haga en los tribunales con mayor carga de trabajo“, puesto que ”los casos más relevantes se encuentran en la primera instancia y en aquellas localidades que desde tiempo atrás se ha detectado padecen más problemas como consecuencia del significativo aumento de la litigiosidad“.

Juezas y Jueces para la Democracia espera que esta medida permita dar acomodo a las últimas promociones judiciales —en particular la 73 y 74— que estaban abocadas a trabajar como juezas y jueces en expectativa de destino, una figura que, a su juicio, debería ser suprimida por el Consejo General del Poder Judicial.

El sector conservador de la judicatura valenciana ha excluido al magistrado José Manuel Ortega, presidente de la Audiencia de Valencia, de la Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. Se trata de un magistrado progresista, destacado miembro de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que tomó posesión el pasado 26 de septiembre con un discurso de apoyo a la instructora de la causa de la dana.

La asociación progresista ha expresado su “preocupación” por la composición de la Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del TSJ-CV, tras la votación celebrada este pasado miércoles, en la que la mayoría conservadora que ostenta la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha exluido al presidente de la Audiencia de Valencia.

“El presidente de la Audiencia Provincial de Valencia ha quedado fuera de dicho órgano, pese a que tradicionalmente ha formado parte del mismo, dada la relevancia de esta Audiencia por su volumen de asuntos y su peso organizativo en la Comunidad Valenciana”, afirma JJpD en un comunicado.

La Comisión Permanente es el órgano en el que se adoptan muchas de las decisiones “relevantes” del gobierno judicial autonómico y “resulta especialmente importante en el contexto actual, marcado por la implantación de los Tribunales de Instancia y otros cambios organizativos de calado”, agrega la asociación.

“Entendemos que la exclusión del presidente José Manuel Ortega Lorente no responde a parámetros de representación institucional, pluralidad y equilibrio que deberían presidir los órganos de gobierno del Poder Judicial”, agrega.

JJpD defiende un modelo de gobierno judicial “orientado al buen funcionamiento del servicio público de la Justicia” y “no condicionado por mayorías asociativas”. “Confiamos en que esta disfunción pueda ser corregida en la renovación de la Comisión Permanente el año que viene”, concluye el comunicado.

Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha reprochado que la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por el delito de revelación de secretos “rebaja de facto el estándar probatorio exigible para condenar sobre indicios”.

La asociación de jueces reacciona a la condena contra García Ortiz desde el “respeto institucional hacia las resoluciones” judiciales, si bien se muestra crítico con ella, “firme en la defensa de los derechos y principios que informan el sistema de justicia penal”.

“La resolución envía el mensaje de que se ensancha el perímetro del Derecho penal sobre conductas vinculadas a la comunicación institucional, se rebaja de facto el estándar probatorio exigible para condenar sobre indicios y se flexibiliza el control de proporcionalidad sobre medidas de investigación especialmente intrusivas”, considera.

Juezas para la Democracia señala que la sentencia califica como “dato reservado” tanto el contenido del correo remitido por la defensa de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como la propia existencia y desarrollo de esas negociaciones con la Fiscalía. Pero, a su juicio, se trata de “información generada por la defensa, voluntariamente trasladada al Ministerio Fiscal, que no afecta a la intimidad personal ni revela extremos patrimoniales desconocidos para la administración y que, además, termina siendo utilizada y alterada en el debate público por personas ajenas al investigado y a su letrado”.

“Extender la noción de 'dato reservado' a este tipo de informaciones supone una interpretación expansiva del artículo 417.1 del Código Penal, que aproxima el tipo penal a una cláusula general de protección de la reserva institucional y tensiona los principios de legalidad y taxatividad penal del artículo 25.1 de la Constitución Española”, indica.

Y ello genera al mismo tiempo, según añade, “una evidente inseguridad para todas las instituciones y responsables públicos que, en cumplimiento de su función, deban facilitar información veraz a la ciudadanía sobre asuntos de relevancia pública”.

La asociación sostiene que la condena a dos años de inhabilitación “se apoya en una prueba indiciaria cuyo armazón resulta discutible”, puesto que “el enlace entre hechos base y hecho consecuencia se debilita”. “Y se otorga un peso decisivo a elementos como el borrado de datos o la negativa del acusado a responder, desplazando en la práctica el contenido del derecho a no auto incriminarse y a guardar silencio”, agrega.

La absolución hubiera sido “más coherente”

A sus ojos, todo ello va acompañado de “una escasa operatividad reconocida a la prueba de descargo, en particular a la testifical directa de los periodistas, sin una explicación reforzada suficiente que justifique su neutralización probatoria”.

JJpD critica que se “normalizan” medidas de investigación “de máxima injerencia”, como el copiado íntegro de dispositivos o “amplias búsquedas” en repositorios electrónicos. Señala a su vez que se hizo “con una ponderación de proporcionalidad relativamente laxa, pese a que el objeto del procedimiento era una filtración muy concreta de un correo que albergaba la propuesta de un pacto de conformidad, que ya había sido difundido públicamente”, lo que supone “un umbral de intervención tecnológica especialmente intenso frente a un alto cargo institucional”.

Asimismo, la asociación refiere que este caso tiene como contexto “intensas polémicas mediáticas” y la difusión de “informaciones inexactas o abiertamente falsas” sobre la actuación de la Fiscalía, que “no sólo puede, sino que debe defender su prestigio institucional y la legalidad de su actuación, desmintiendo bulos y rectificando narrativas que erosionan la confianza ciudadana en la justicia”.

“Restringir de facto el margen de reacción institucional frente a campañas organizadas de desinformación puede debilitar injustificadamente los mecanismos de defensa de la Fiscalía frente a la manipulación informativa y, con ello, afectar al derecho de la ciudadanía a recibir información veraz sobre el funcionamiento de las instituciones encargadas de la persecución de los delitos”, expone.

JJpD sostiene que el voto particular aboga por una “solución absolutoria” que “hubiera sido más respetuosa con estos principios y más coherente con la función de última ratio que corresponde al Derecho penal en un Estado social y democrático de Derecho”.

Según concluye, la sentencia obliga a toda la comunidad jurídica a una profunda reflexión dirigida a asegurar la defensa de las instituciones y de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

El sol sale por el este, cuatro más dos son seis, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado y la izquierda se divide. Siempre. Sin excepción. 

Es casi una ley universal. Una especie de maldición que afecta a todos los ámbitos de la vida pública. Especialmente al poderoso Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Cambian los tiempos, cambian los protagonistas, pero no cambia esta nefasta tradición. La historia de casi todos los CGPJ siempre es igual: con los vocales progresistas enfrentados y la derecha aprovechándose de esa división. 

Esta semana, en el pleno del Consejo, la implacable ley de la división de la izquierda ha vuelto a cumplirse. Tocaba votar algo importante: la composición de las distintas comisiones de trabajo del CGPJ, empezando por la más poderosa: la Comisión Permanente.

El resultado ha sido catastrófico para los progresistas: la derecha ha logrado su plan de máximos, gracias al voto de sus diez vocales, la presidenta del CGPJ y uno de los vocales nombrados por Sumar. Hay, de facto, una nueva mayoría, que ha aplicado el rodillo sin compasión frente a los otros nueve vocales progresistas. Esto ha provocado un duro comunicado del bloque progresista e incluso la posible dimisión de uno de ellos. Es una enorme derrota para la izquierda. Pero esto viene de lejos y solo acaba de empezar.

La persona clave en esta historia, el vocal que va por libre y que ha votado este acuerdo con los conservadores, se llama Carlos Hugo Preciado (Tarragona, 1969). Es un magistrado muy distinto al perfil habitual. Empezó a trabajar muy joven, como ordenanza, nada más terminar COU. Se sacó la carrera de Derecho a distancia por la UNED. Fue abogado laboralista, para la CGT. Y mientras seguía trabajando, a los 39 años, aprobó la oposición por el turno libre. Es miembro de Juezas y Jueces para la Democracia y fue el candidato al CGPJ con más apoyos en esta asociación. 

Preciado fue nombrado para el Consejo a propuesta de Sumar. Pero la hegemonía que hoy vuelve a tener la derecha en el CGPJ no se explica sin su intervención y su peculiar personalidad. Empezando por el nombramiento de la actual presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló.

En 2024, tras un lustro de bloqueos, el PP por fin se animó a cumplir la Constitución y permitir la renovación del CGPJ: un órgano importantísimo porque decide los nombramientos judiciales más relevantes, empezando por los del Tribunal Supremo.

El reparto que se pactó fue el siguiente: diez vocales conservadores y otros diez progresistas. Iba a ser también la primera vez en que los partidos no decidirían previamente quién presidiría ese consejo: lo harían de verdad los vocales, como dice la ley. Pero el pacto firmado sí incluía una cláusula secreta: que la nueva presidenta fuera una mujer, magistrada del Tribunal Supremo y progresista. 

Los diez vocales conservadores fueron elegidos, todos ellos, por el PP. Mientras que los diez progresistas se repartieron: ocho para el PSOE y dos para Sumar. Y cuando estos vocales empezaron a negociar quién iba a ser esa mujer progresista que presidiría por primera vez el Poder Judicial, empezaron los problemas.

Los progresistas proponían a dos juezas del Supremo: Pilar Teso y Ana Ferrer. Los conservadores se negaban a ambas y bloquearon durante dos meses el nombramiento. Fue ahí cuando Carlos Hugo Preciado maniobró por primera vez y negoció por su cuenta un nuevo nombre: el de Isabel Perelló. 

En aquel primer momento, Carlos Hugo Preciado aún contaba con la confianza de la otra vocal de Sumar, Inés Herreros. Preciado pactó con el líder de facto del sector conservador, José Antonio Montero, a espaldas del resto de su grupo. Y a Montero el nombre propuesto le encantó: es amigo y compañero de Perelló en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. La conocía muy bien.

Para el resto de los progresistas, el acuerdo entre Preciado y los conservadores supuso un jaque mate. Entre los diez conservadores más los dos de Sumar, ya alcanzaban los votos suficientes: una mayoría de tres quintos. Conscientes de su derrota, el resto de los progresistas decidieron apostar por el consenso, vender ese nombramiento como si fuera su triunfo y respaldar públicamente a Perelló, que finalmente salió nombrada con una mayoría algo más amplia. Muchos de ellos se arrepienten hoy.

El nombramiento de Perelló fue la primera gran victoria de los conservadores. Entre todas las posibles, eligieron a la magistrada progresista que más les gustaba. La que pensaban que mejor podrían controlar. 

Isabel Perelló formó parte de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) –se dio de baja al ser nombrada presidenta– pero allí no tiene ni grandes apoyos ni muchos partidarios. De personalidad tímida y reservada, no aparecía en ninguna de las ternas posibles porque nunca ha sido una líder ni ha tenido un papel relevante en esa asociación. No se le da demasiado bien hablar en público. No ha dado entrevistas. Para los asociados a JJpD, su ascenso a la presidencia del Poder Judicial fue una gran sorpresa.

Su gran valedora y amiga siempre fue Margarita Robles, hoy ministra de Defensa. Perelló llegó al Supremo en 2009, en los años en los que Robles lideraba el bloque progresista del Poder Judicial. Su apoyo fue clave en ese primer ascenso al Supremo. Y en la carrera judicial, muchos consideran que su nombramiento al frente del CGPJ fue también una victoria de Margarita Robles frente al ministro de Justicia, Félix Bolaños –con quien tiene una pésima relación–. 

Carlos Hugo Preciado, desde el primer momento, se convirtió en el interlocutor preferido de Perelló, con el que hoy tiene una gran afinidad. Y la nueva presidenta empezó a apoyarse cada vez más en este vocal propuesto por Sumar y en su amigo del Supremo, el conservador José Antonio Montero. 

El resultado de este primer año del nuevo CGPJ no ha sido nada bueno para los progresistas. El sector conservador se ha llevado los dos nombramientos más importantes del año: las presidencias en el Supremo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y de la Sala de lo Penal para Pablo Lucas y Martínez Arrieta, en detrimento de Ana Ferrer y Pilar Teso.

Pese a la ley de Paridad –que está muy lejos de cumplirse en el Tribunal Supremo– los conservadores lograron imponer a dos hombres. Y estas dos preparadísimas juristas, hartas de los bloqueos contra ellas, decidieron renunciar. En parte, al ver que Perelló se ponía de perfil con sus candidaturas. 

Tampoco ha ido mucho mejor con los demás nombramientos, que se deciden por consenso porque hace falta una mayoría de tres quintos. El dominio de la Asociación Profesional de la Magistratura es abrumador. Esta asociación conservadora, ella solita, se ha llevado el 39% de todos los nombramientos del Consejo, muy por delante de las demás. Es cierto que este predominio de la derecha también se explica por su presencia apabullante en la carrera judicial: hay muchos puestos donde, sencillamente, todos los candidatos son conservadores. Pero con el nuevo consejo, y con la apuesta de los progresistas por el consenso, a la derecha judicial le está yendo francamente bien. 

Para explicar estos malos resultados, Carlos Hugo Preciado acusa a los otros nueve vocales progresistas de haber negociado fatal. Es posible que así sea, pero resulta más difícil cuando la presidenta no apoya y el bloque no es sólido porque hay un vocal que va por libre.

Antes de la renovación del consejo, hubo muchas voces en la carrera judicial que advirtieron a PSOE y a Sumar del riesgo que suponía la personalidad de Carlos Hugo Preciado para la unidad del bloque progresista. Unos augurios que se han cumplido.  

Era algo que ya conocían en Juezas y Jueces para la Democracia, donde muchos recuerdan su etapa en la dirección de esta asociación: cuando no estaba de acuerdo con la decisión colegiada, solía mandar una nota por su cuenta: una especie de “voto particular”. 

Esa misma estrategia la ha reproducido en el CGPJ. Tras cada pleno, tras cada polémica, suele enviar su propio comunicado de prensa, donde se presenta a sí mismo como “vocal progresista independiente”, al tiempo que descalifica al resto de los vocales de izquierdas como “próximos al Ministerio de Justicia”. 

En la práctica, los bloques en el CGPJ son ya tres: diez conservadores, nueve progresistas y un “vocal progresista independiente”, Carlos Hugo Preciado. 

En cuanto a la presidenta, Isabel Perelló, está hoy bastante más alineada con Preciado que con el bloque progresista. Y no solo por lo que denuncian los nueve vocales en minoría. La prueba más evidente llegó este mismo jueves, con el reparto de comisiones: Perelló votó con Preciado y el bloque conservador, a pesar de que habría bastado con su abstención.

Críticas de su propia asociación

Este viernes, en el congreso que organizó en Ávila Juezas y Jueces para la Democracia, varios de sus compañeros pidieron públicamente explicaciones a Carlos Hugo Preciado por su “deslealtad”. Algunas voces incluso exigieron su dimisión, a lo que Preciado se negó. Su respuesta ante ellos fue que él responde al programa por el que fue elegido y no al interés del PSOE. Incluso comparó su situación con la de Julio Anguita, al relacionar estas críticas de “los socialistas” con “la pinza”. Es una explicación que cuadra mal con el hecho de que hay otra vocal nombrada por Sumar que no ha roto con los demás. 

Esa otra vocal propuesta por Sumar, la fiscal Inés Herreros, pronto se distanció del individualismo de Carlos Hugo Preciado y se ha integrado con los demás vocales progresistas como una más. 

En un primer momento, Preciado intentó ganársela para su proyecto. El sector conservador también la rondó y probablemente le iría mejor en la vida si hubiera aceptado las ofertas que recibió. Con su apoyo, la derecha ya no necesitaría al resto del bloque progresista para alcanzar la mayoría de tres quintos en los nombramientos. Pero Herreros dijo que no y ahora es ella una de las más perjudicadas por las maniobras del “vocal independiente”, con el que ya apenas se habla. 

En la primera propuesta que quería sacar adelante Carlos Hugo Preciado con los votos de la derecha, Inés Herreros no figuraba en ninguna de las comisiones. Ni una sola. Algo que es simplemente ilegal y que tuvieron que corregir en el pleno justo antes de la votación para darle, de forma improvisada, un puesto en la Comisión de Escuela Judicial.

Sumar no ha querido distanciarse de este pacto de su vocal con la derecha. Más bien al contrario: el diputado de Sumar Enrique Santiago –responsable de los temas de Justicia de la coalición– le ha respaldado públicamente esta semana con varios mensajes en redes sociales.

Enrique Santiago vende como una “buena noticia” que los progresistas tengan “ocho presidencias” de quince comisiones y grupos de trabajo. Pero oculta la clave de los nuevos nombramientos: que la derecha y Preciado tendrán la mayoría en nueve de las once comisiones y que el más beneficiado por este acuerdo es, precisamente, el vocal que ha roto con los demás. De las once, siete son de mayoría de derecha, otras dos dependerán de lo que hagan Preciado y la derecha y los nueve progresistas solo tendrán la mayoría en dos.

En la Comisión Permanente –la más poderosa e importante de todas–, el bloque progresista ha quedado barrido. Solo tendrá dos vocales de ocho votos. Uno es siempre para la presidenta, Isabel Perelló, que tiene voto de calidad en caso de empate. Otros cuatro se los ha quedado el sector conservador. Y el último es para el muñidor de este acuerdo: el “vocal independiente progresista”, Carlos Hugo Preciado. Que así se garantiza la capacidad de desempatar cualquier votación en la Permanente, entre uno y otro sector. 

Además, Preciado también se ha llevado la presidencia de un nuevo grupo de trabajo de Derechos Humanos… donde los vocales conservadores también tendrán la mayoría. Y también es vocal en otras tres comisiones más. 

El resultado final es catastrófico. En estas comisiones se toman decisiones importantes –como las sanciones disciplinarias o las políticas de la Escuela Judicial– donde basta con la mayoría simple. “Preciado así consigue su espacio de poder, superior al que tendría dentro del bloque progresista. Y la derecha ha vuelto a amarrar el CGPJ”, resume uno de los muchos magistrados que están decepcionados con lo ocurrido. 

Fuentes de Sumar argumentan que esta votación es el resultado del intento de los vocales progresistas para desplazar a Carlos Hugo Preciado. “Le quisieron quitar de la Comisión Permanente de forma injusta, este enfrentamiento es responsabilidad del PSOE, que aquí tampoco entiende que no tienen la mayoría y gobernamos en coalición”. “Esto servirá para revertir la mayoría conservadora que hasta ahora han provocado los acuerdos propuestos por el PP y el PSOE”, aseguran también desde Sumar. 

En asuntos importantes, en esa misma Comisión Permanente, es cierto que Preciado vota desde una sensibilidad de izquierda, que sin duda tiene. También lo ha hecho la presidenta Perelló en algunos temas. Por ejemplo, cuando abrió expediente al juez que acusó de golpista al presidente Pedro Sánchez, o al juez que criticó a la exministra Irene Montero por haber trabajado “de cajera en el Mercadona”.

En otras cuestiones, prima otro eje que no es exactamente ideológico. “Carlos Hugo Preciado es muy corporativista”, critica un vocal. “Es algo en lo que también coincide con Isabel Perelló y con el bloque conservador”. Y uno de los asuntos más espinosos en este nuevo consejo tiene que ver con el enorme retraso de algunos juzgados, que no siempre es culpa de la falta de medios sino de un trabajo deficiente. O con el tema de los preparadores de oposiciones. O con la reforma en el acceso a la carrera judicial.

No está claro cómo evolucionará esta situación. Por ahora, esa ruptura del bloque progresista no afecta directamente a los nombramientos importantes, donde es necesaria una mayoría de tres quintos que la derecha aún no tiene. Pero la herida abierta en el Consejo es muy profunda. Y siempre puede ir a peor.

Lo ocurrido es también una lección terrible. Una que ya conocían los vocales que, en otros momentos de la historia, estuvieron en ese mismo consejo. El PP no necesita volver a bloquear el Poder Judicial: le basta con esperar a que la izquierda se devore a sí misma.

Juezas y Jueces para la Democracia, la asociación a la que pertenece Carlos Hugo Preciado, el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ha votado junto al bloque conservador el nuevo reparto de poder del órgano, está celebrando su congreso anual en Ávila. Durante esa cita, se deja un espacio para que los vocales del CGPJ avalados por la asociación den cuenta de su gestión, como es su caso. Distintas fuentes consultadas por elDiario.es confirman que alrededor de una decena de intervinientes han pedido explicaciones a Preciado, cuyo movimiento ha provocado una enorme tensión en el bloque progresista.

Estas mismas fuentes coinciden en que algunos afiliados, incluso, han llegado a pedirle la dimisión entre reproches y acusaciones de deslealtad. El propio Preciado, presente en el congreso, ha explicado su gestión y mantiene que su voluntad es defender el “programa” con el que se presentó como candidato y por el que fue avalado por la asociación, según confirma a elDiario.es. También ha explicado que durante el primer año de mandato votó en contra en más de 20 ocasiones “en materia de nombramientos de perfil conservador que, sin embargo, fueron apoyados por los otros nueve vocales progresistas”. Ninguno de los intervinientes ha planteado su reprobación ni se ha llegado a votar retirarle la confianza.

Esta mañana nueve vocales progresistas han difundido un duro comunicado en el que acusan a la presidenta Perelló de haber impuesto de “manera abrupta y deliberada” un cambio de reglas que les “excluye” en el nuevo reparto de poder del órgano de gobierno de los jueces. Los nueve progresistas sostienen que el nuevo reparto es “arbitrario” y “desequilibrado” y otorga al vocal Carlos Hugo Preciado una representatividad equivalente a la de un grupo propio lo que, a su juicio, quiebra cualquier regla mínima de equilibrio interno. Carlos Hugo Preciado se ha garantizado su continuidad en la Permanente con la nueva composición y también forma parte de otras dos comisiones.

El vocal José María Fernández Seijo, uno de los ocho que fueron elegidos hace un año a iniciativa del PSOE, ha amenazado con renunciar al cargo después de lo ocurrido. Distintas fuentes consultadas por elDiario.es confirman que el vocal ha presentado una carta de dimisión a la presidenta, Isabel Perelló, si bien sus compañeros de grupo se están movilizando para que reconsidere su decisión. Un portavoz oficial del CGPJ afirma que, por el momento, en el Registro del órgano no consta ninguna carta de renuncia de este vocal. 

El origen del conflicto está en la nueva composición de las distintas comisiones en las que se organiza el trabajo del órgano. Esa composición fue aprobada este jueves con los votos del grupo conservador, la presidenta y uno de los vocales elegidos a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado. Con el nuevo reparto, ocho de las once comisiones tienen mayoría conservadora. 

La precaria mayoría progresista con la que fue renovado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado verano no ha logrado atenuar el dominio conservador en las cúpulas de los principales tribunales. Así lo evidencian el más de centenar de nombramientos realizados durante este primer año de mandato. La magistrada Isabel Perelló, que tomó posesión como presidenta del CGPJ hace justo un año, se comprometió en su primer discurso a realizar “con rigor, transparencia y respetando estrictamente los principios de mérito y capacidad” la “ingente labor” que suponía cubrir el centenar de plazas vacantes en las cúpulas de los principales tribunal que había dejado el bloqueo de los últimos años.

Doce meses después, el balance de esas designaciones muestra que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera, ha logrado 51 de las 134 designaciones, el 38% del total. Es casi el doble de lo que han conseguido las otras tres asociaciones juntas. Además, ha copado casi la mitad de los ascensos al Tribunal Supremo, que son especialmente relevantes porque se mantienen hasta la jubilación.

Juezas y Jueces para la Democracia, progresista y tercera en número de asociados, ha situado a 25 de sus afiliados, el 19% del total de plazas adjudicadas. Por contra, los jueces no asociados, que suponen el 42% de la judicatura, se han hecho solo con una de cada cuatro plazas, hasta un total de 35. La asociación Francisco de Vitoria, segunda en número de afiliados, ha accedido únicamente a ocho (6%). Y Foro Judicial Independiente, cuarta en representación, a tres (apenas un 2%).

El último pleno celebrado antes del parón veraniego certificó esta tendencia. El bloque conservador se apuntó una de las victorias más importantes a las que podía aspirar en este mandato al situar a sus candidatos en las presidencias de las salas más delicadas del Tribunal Supremo: la de lo Penal, que es la que juzga a los aforados; y la de lo Contencioso-Administrativo, que es la que revisa los recursos contra las decisiones del Gobierno. Sus designaciones se produjeron después de que las dos aspirantes propuestas por el sector progresista renunciaran a sus candidaturas tras ser vetadas por los consejeros elegidos a iniciativa del Partido Popular.

El acuerdo que sacó del bloqueo al CGPJ después de cinco años con el mandato caducado dividió el órgano completamente a la mitad con diez vocales progresistas y diez conservadores. A ellos se suma la presidenta, Isabel Perelló, a la que se atribuyó una sensibilidad progresista cuando fue elegida pero que ha mantenido una posición neutral en las cuestiones más controvertidas. Los nombramientos requieren 13 votos y la gran mayoría de ellos se han logrado por unanimidad o por mayorías muy holgadas tras acuerdos entre ambos bloques, que negocian en una comisión con representantes de ambos grupos.

El vocal elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado se ha desmarcado de una veintena de ellos. En una reciente entrevista en elDiario.es se mostró crítico por la forma en la que se han negociado esas designaciones y apuntó a posibles fallos en la estrategia. El resto del bloque progresista también se dividió en la elección de las presidencias de las dos salas más sensibles del alto tribunal. Otros vocales de este grupo admiten que el balance sobre los nombramientos no es positivo, aunque insisten en que su objetivo siempre ha sido elegir a aquellos candidatos que acreditaran un mayor mérito y capacidad y que, en igualdad de condiciones, se han decantado por aspirantes de sensibilidad progresista.

La situación en el Supremo

El nuevo reparto de las presidencias de sala del Tribunal Supremo refleja una diversidad de procedencias asociativas. Ignacio Sancho, vinculado a la conservadora APM, fue elegido para presidir la Sala de lo Civil; Concepción Ureste, de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), está al frente de la Sala de lo Social; Andrés Martínez Arrieta, miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, ha asumido la presidencia de la Sala de lo Penal; y Pablo Lucas, no afiliado, preside la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Son mandatos que tienen una duración de cinco años, aunque en el caso de Martínez Arrieta y Lucas no los cumplirán porque alcanzarán la edad forzosa de jubilación, 72 años, en abril de 2027 el primero y en julio de 2026 el segundo.

Más relevantes, si cabe, son el resto de ascensos al Supremo porque, salvo renuncia, se mantienen hasta la jubilación. Y ahí la APM ha accedido casi a la mitad de los puestos designados: 10 de 23. Además, en el último pleno también fue ascendido a esta sala Antonio Narváez. Exmagistrado conservador del Tribunal Constitucional, fue uno de los fiscales que llegó a expresar su deseo de que Alberto Núñez Feijóo llegara al Gobierno, según informó El País. Narváez es fiscal y entró por el llamado turno de juristas.

También se han situado en el Alto Tribunal siete magistrados de la asociación progresista y dos de la Francisco de Vitoria. De todos los nombrados que accedieron por la vía judicial solo cuatro no están vinculados a ninguna asociación.

Especialmente llamativa es la situación de la Audiencia Nacional, donde una mayoría abrumadora de excargos del PP y otros jueces conservadores en la carrera optaron a sus puestos clave. Finalmente, de los cinco puestos renovados tres han sido para candidatos de la APM, incluido su presidente, Juan Manuel Fernández, que durante el anterior mandato fue vocal del CGPJ a propuesta del PP. Además, la Sala de lo Penal la presidirá el veterano Alfonso Guevara, un magistrado considerado conservador que no está asociado.

Desde el pasado febrero también se han renovado las presidencias de 13 tribunales superiores autonómicos y en nueve resultaron elegidos jueces vinculados a la APM: Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia. Cinco de ellos fueron candidatos únicos. Además, fue designada una presidenta progresista para el TSJ de Catalunya y otro vinculado a la Francisco de Vitoria en Andalucía, que afronta su tercer mandato al frente de ese tribunal.

También se han nombrado 34 presidentes de las diferentes salas de los tribunales superiores autonómicos. Prácticamente la mitad, un total de 16, no están vinculados a ninguna asociación. Nueve sí están afiliados a la conservadora. Entre ellos está el caso de Carmen Romero, que fue nombrada presidenta de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura a pesar de que no tenía experiencia en órganos colegiados. El otro aspirante a ese puesto era el magistrado Raimundo Prado, que forma parte de esa sala desde hace más de una década. Prado fue portavoz de la asociación Francisco de Vitoria.

Por otro lado, de las 43 presidencias de audiencias provinciales que se han renovado, 19 han pasado a estar ocupadas por jueces de la asociación conservadora durante los próximos cinco años, que es la duración que tienen este tipo de cargos gubernativos. Es el caso de A Coruña, Albacete, Alicante, Araba-Álava, Ávila, Asturias, Barcelona, Burgos, Castellón, Córdoba, Huelva, Jaén, La Rioja, Madrid, Pontevedra, Sevilla, Teruel, Toledo y Valladolid. Los vocales eligieron candidatos conservadores a pesar de que en 12 de los casos había otros candidatos. Los siete restantes sí fueron aspirantes únicos.

Además, habrá presidentes progresistas en una decena de audiencias provinciales. Es el caso de Girona, Las Palmas, Lugo, Málaga, Murcia, Palencia, Soria, Valencia, Zaragoza, y Zamora. Por otro lado, los presidentes de las audiencias de Baleares y Tenerife están vinculados a la Francisco de Vitoria y la de Huesca a Foro Judicial Independiente.

“Intercambio de cromos”

Precisamente estas asociaciones, cuyos afiliados apenas acceden a estos puestos de designación discrecionales, las que se muestran más críticas con la política de nombramientos del CGPJ, que tiene entre sus vocales a siete miembros vinculados a la APM y cuatro de Juezas y Jueces para la Democracia.

“Ha habido un intercambio de cromos entre las dos asociaciones que tienen presencia en el Consejo. La apariencia es de que el criterio que más prima es la adscripción a una de esas dos asociaciones. Se está echando por la borda excelentes magistrados que con mérito y capacidad incontestables no tienen la posibilidad de competir en igualdad con personas adscritas a esas asociaciones”, lamenta el magistrado Sergio Oliva, que es portavoz de la Francisco de Vitoria.

Oliva defiende que es necesario que se lleve a cabo una reforma en torno a los nombramientos encaminada a conseguir un sistema “objetivo” y que permita “baremar” de forma correcta los currículums y la experiencia. “Es cierto que los nombramientos son discrecionales, pero es que ahora rozan la arbitrariedad”, añade.

El magistrado Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente, cree que la política de nombramientos del actual Consejo es “tan mala” como la del mandato anterior porque, a su juicio, las designaciones se sustentan en “afinidades ideológicas, asociativas o personales” y no en criterios de “mérito y capacidad”.

“Que muchos nombramientos se hayan llevado a cabo por unanimidad es la constatación de que ha habido un concierto entre las partes en vez de discutir cada candidatura individualmente. No se trata de que se nombre a más magistrados de FJI o de Francisco de Vitoria, sino de que se nombre a los mejores por un procedimiento que quede claro”, sostiene.

Edmundo Rodríguez, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, afirma, por su parte, que aunque es habitual que el asunto de los nombramientos genere “insatisfacción” destaca como aspecto positivo que salvo para las salas del Supremo se está respetando la paridad. Es, a su juicio, algo que “debiera ser un objetivo irrenunciable de este CGPJ para conseguir que en el futuro sea una conquista irreversible”.

La apertura del año judicial

Es en este contexto en el que el Tribunal Supremo acoge este viernes el solemne acto de Apertura del Año Judicial, una cita a la que acude el rey Felipe VI y que da el pistoletazo de salida al nuevo curso en los tribunales tras el parón veraniego. La cita estará marcada en esta ocasión por la situación en la que se encuentra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, procesado por la supuesta filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y también por las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la entrevista que concedió el lunes a TVE, donde aseguró que “hay jueces haciendo política y hacen un inmenso daño a la Justicia”. 

Tras haber asistido en los últimos años, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, comunicó este miércoles que no acudirá a la inauguración del año judicial “por un compromiso previamente adquirido”: un mitin de la presidenta Ayuso. No obstante, el mismo comunicado, el PP acusaba al Ejecutivo de “tensionar” al rey por hacerle “compartir acto” con un fiscal general procesado.

La convocatoria de tres días de huelga por parte de jueces y fiscales contra las reformas judiciales del Gobierno ha puesto de manifiesto las diferencias de criterio respecto al ejercicio de ese derecho entre los dos bloques del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La mayoría de los vocales propuestos por la izquierda rechazan que los jueces, como titulares de un poder del Estado, puedan hacer huelga. Los consejeros elegidos a propuesta del Partido Popular defienden, sin embargo, que no hay una prohibición expresa y que ha habido otras convocatorias de paros de jueces por diferentes motivos que no han tenido consecuencias legales, lo que permitiría un escenario similar ahora, de acuerdo a distintas fuentes del órgano consultadas por elDiario.es.

[Actualización: El Poder Judicial rechaza por unanimidad que los jueces puedan hacer huelga porque no hay “soporte” legal]

El CGPJ tiene previsto celebrar este jueves un pleno extraordinario al que los grupos conservador y progresista, con diez representantes cada uno, acuden en principio con posturas opuestas. Las negociaciones seguían abiertas a última hora de la tarde de este miércoles. La presidenta del órgano, Isabel Perelló, ha defendido en conversaciones internas que no hay cobertura legal para el ejercicio del derecho de huelga por parte de los jueces, aunque también ha mantenido la legitimidad de al menos parte de las reivindicaciones expresadas por los convocantes, explican las fuentes consultadas. Perelló convocó el pleno para analizar la posición del CGPJ tras recibir el preaviso de las asociaciones promotoras del paro, todas menos las progresistas.

Entre tanto, el Ministerio de Justicia que dirige Félix Bolaños ha remitido un oficio al CGPJ en el que le advierte de que si finalmente determina la existencia del derecho a la huelga de los convocantes, deberá facilitar al Ministerio la información sobre las personas que la secunden para descontarles la parte proporcional del salario. El mismo oficio señala que si, por el contrario, el CGPJ opta por dar por no anunciada la convocatoria de paro, deberá tomar “medidas” para restar el salario a “quien cese la prestación del servicio voluntariamente y sin una causa justificada”. Justicia pide al CGPJ una respuesta antes del 1 de julio, cuando está prevista la primera de las tres jornadas de paros consecutivos.

Limbo legal

La huelga está promovida por las cinco asociaciones del centroderecha judicial. Entre ellas se encuentra la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que pertenecen siete de los diez vocales conservadores. La progresista Juezas y Jueces para la Democracia, a la que están afiliados tres consejeros, no secunda los paros aunque ha mostrado ciertas reticencias al proceso de estabilización de jueces sustitutos que centra parte de las críticas de las asociaciones convocantes.

La huelga es un derecho fundamental recogido en la Constitución. Pero en el caso de jueces y fiscales está en un limbo legal porque no existe soporte normativo que lo sustente. Tampoco que lo prohíba. Por ejemplo, son los propios huelguistas los que fijan los servicios mínimos. En las cinco convocatorias previas —con gobiernos del PP y del PSOE— quienes las secundaron no perdieron la parte del salario correspondiente a ese día, como le ocurre al resto de trabajadores, pero solo quedó reflejado a efectos estadísticos. Y fueron únicamente ciudadanos y abogados los que pagaron las consecuencias de los paros con la suspensión de juicios u otras actuaciones judiciales previstas.

La única vez que el órgano de gobierno de los jueces se ha pronunciado de forma expresa sobre esta cuestión fue en 2009, con una convocatoria auspiciada por la segunda asociación por número de afiliados, Francisco de Vitoria, y por el minoritario Foro Judicial Independiente. El titular de esta cartera era Mariano Fernández Bermejo (PSOE), que dimitió apenas una semana después, asediado por este conflicto y por las críticas por su cacería con Baltasar Garzón, que todavía estaba en activo en la Audiencia Nacional.

Entonces, el CGPJ afirmó por unanimidad que no había “cobertura legal” para el ejercicio del derecho de huelga por parte de los jueces. Así que dio por no anunciada la convocatoria y tampoco fijó servicios mínimos. Desde entonces, no se ha aprobado ninguna norma que reconozca el derecho a la huelga a los jueces. Tampoco consta que el CGPJ haya revocado ese criterio en las cuatro huelgas celebradas con posterioridad.

Salario y servicios mínimos

Ante este vacío legal, la tesis mayoritaria en el bloque progresista es que el derecho de los ciudadanos a acceder a la Justicia no puede interrumpirse en ningún caso y que no es posible reconocer el derecho a la huelga a quien integra un poder del Estado. La posición de gran parte de los miembros de este bloque es que el CGPJ no debería reconocer este derecho a los jueces ni fijar los servicios mínimos que cubran la actividad esencial.

De hecho, hay quien incluso apunta que el órgano debería tomar medidas contra una movilización que consideran irregular, lo que abre la puerta a posibles expedientes disciplinarios. La ley del Poder Judicial establece que la ausencia injustificada y continuada por más de un día natural y menos de cuatro de la sede del órgano judicial en que el juez o magistrado se halle destinado es una falta leve. Este tipo de sanciones pueden acarrear una advertencia o una multa de hasta 500 euros.

La falta de competencia del CGPJ para fijar los servicios mínimos también es defendida de forma mayoritaria en el bloque conservador, donde sostienen que tampoco el Ministerio de Justicia está habilitado para descontar el salario a los jueces huelguistas, según coinciden las fuentes consultadas. Dolores Delgado, que fue ministra de Justicia entre 2018 y 2020, intentó por primera vez descontar el salario a los jueces y fiscales que secundaron la huelga del 19 de noviembre de 2018, apenas cinco meses después de la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez.

Pero uno de los magistrados afectados recurrió a la Audiencia Nacional la resolución del Secretario de Estado de Justicia que había acordado detraer un porcentaje de su nómina tras participar en la huelga. Alegó que el Ministerio de Justicia —que es quien paga las nóminas de jueces y fiscales— no era competente para hacer lo que técnicamente se conoce como deducción de haberes. Y que lo había hecho incumpliendo la legislación sobre protección de datos, al obtener la información sobre quién había hecho huelga sin consentimiento de los jueces y sin tener en cuenta quién había formado parte de los servicios mínimos.

La sentencia, fechada el 11 de noviembre de 2020, no entró al fondo del asunto sobre si los jueces deben o no cobrar su salario cuando hacen huelga. Pero sí consideró “disconforme a derecho” la resolución del secretario de Estado de Justicia que había establecido la “deducción proporcional” en las nóminas de quienes habían secundado el paro. Y obligó a devolver al magistrado 193,03 euros. En aplicación de esa sentencia, las cuantías fueron devueltas a todo el personal que secundó la huelga, según informó el Ministerio de Justicia tras una petición al Portal de Transparencia realizada por elDiario.es.

La resolución determinó que, examinada la normativa, “no se encuentra en ella precepto alguno que otorgue competencia al Secretario de Estado para acordar descuentos retributivos o deducciones de haberes a los jueces y magistrados que conforman el Poder Judicial”. Y, por contra, afirmó que son “numerosas” las disposiciones que atribuyen al CGPJ la competencia para determinar devengos, como ocurre con las retribuciones variables por objetivos, trienios, licencias o suspensiones de empleo.

El CGPJ, sin embargo, se limitó a poner en conocimiento de Justicia los datos de quienes participaron en la huelga, extraídos de los que estos habían remitido a los órganos de gobierno, pero no adoptó “acuerdo alguno” en relación con las nóminas. Ahora se espera una actuación similar por parte del órgano de gobierno de los jueces. Consultado por elDiario.es, un portavoz afirmó que “la deducción de haberes, en su caso, correspondería al Ministerio de Justicia”, dado que el CGPJ “no tiene competencia en materia salarial”.

Jueces y fiscales están llamados este miércoles a un paro de 10 minutos ante las sedes de juzgados y tribunales. La convocatoria parte de las cinco asociaciones del centroderecha judicial, soliviantadas por las reformas del ministro Félix Bolaños. Principalmente, por la inclusión de una prueba escrita en la oposición que da acceso a la carrera, hasta ahora únicamente oral y memorística; y por su plan para regularizar a los jueces sustitutos —la mayoría mujeres— que cubren bajas y sacan adelante juzgados en situaciones precarias.

En paralelo, un grupo de más de un millar de jueces y fiscales se están organizando en WhatsApp para convocar una huelga sobre la base de un manifiesto plagado de tergiversaciones. En ese texto se afirma que el Gobierno “controlará la preparación de la oposición” por su propuesta para que los aspirantes tengan la posibilidad de acudir a un centro público. También figura que las reformas implican que las carreras “pasarán a estar politizadas de base”, sin ofrecer argumentos que sostengan una acusación de ese calado.

El Gobierno se ha afanado en los últimos días en desmentir los “bulos” y aclarar las “falsedades” que se han difundido en torno a las reformas, al tiempo que ha anunciado la convocatoria de 1.440 nuevas plazas para jueces y fiscales durante los próximos tres años, aunque las asociaciones desconfían de que cumpla esta promesa ante la “ausencia de presupuestos”. También se ha reunido con las asociaciones y ha anunciado que reforzará los juzgados de violencia de género con la creación de 50 nuevas plazas de jueces y 42 de fiscales ante la próxima entrada en vigor de la reforma que amplía su ámbito de actuación a todas las agresiones sexuales contra mujeres.

Pero estos anuncios no han calmado los ánimos entre las asociaciones y los promotores de la huelga, que exigen la retirada de una reforma que este jueves pasará el primer trámite de su camino parlamentario con su toma en consideración en el pleno del Congreso. Y que incluye otras medidas como blindar por ley el sistema de becas en un contexto en el que el 98,71% de los jueces de la última promoción contaron con el apoyo económico de sus padres durante la preparación de la oposición, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El 64,52 % del total no había trabajado antes.

Una “vuelta atrás”

Con relación a los aspectos más cuestionados de las reformas, fuentes del Ejecutivo reiteran que las pruebas memorísticas —un examen tipo test y una prueba oral— no se eliminan. Y que lo que se hace es introducir un caso práctico que permite evaluar otras aptitudes igualmente necesarias para el ejercicio de la jurisdicción, como la capacidad de redacción, la argumentación jurídica o la aplicación del derecho a casos concretos. Recuerdan, además, que otros cuerpos como los notarios, los registradores o los abogados del Estado también deben pasar exámenes escritos en sus oposiciones. E insisten en que los mensajes serán anonimizados y que, además, las pruebas orales se grabarán.

Las asociaciones convocantes defienden, sin embargo, que el dictamen “supone una vuelta atrás de 30 años y un incremento de la subjetividad en la evaluación de los jueces y fiscales”. “El examen práctico se quitó en su momento con el argumento de que permitía elegir cierto perfil de candidatos. Además, la parte práctica ya existe en la Escuela Judicial. La reforma reduce el nivel de exigencia”, afirma el magistrado Alejandro González Mariscal de Gante, portavoz de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que secunda el paro junto a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), que agrupan al 47% de la carrera judicial, la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF).

“La reforma de las oposiciones supone la introducción de riesgos que hasta ahora no existían. Es una rebaja del listón porque el dictamen podrá admitir varias respuestas válidas y será de evaluación subjetiva”, añade, por su parte, el magistrado Jesús Villegas, miembro del comité del autodenominado grupo “Unión de Fiscales y Jueces”, que se agrupa en dos grupos de WhatsApp y la cuenta de X @Huelga2025.

El manifiesto de este grupo “espontáneo” afirma también que “con esta reforma se devalúa la formación de los jueces y fiscales y el poder político podrá influir en el perfil de quienes ingresen en la carrera judicial y fiscal, alterando progresivamente su composición, lo que perjudica seriamente la separación de poderes”. Villegas afirma que esa afirmación hay que “ponerla en conexión” por el llamado cuarto turno, el que permite al acceso a la carrera judicial por concurso de méritos a profesionales con más de diez años de experiencia, sin pasar una oposición. “Eso se puede convertir en un coladero”, sostiene.

En realidad, el acceso por el cuarto turno existe desde 1985. La ley preveía que debían suponer el 25% de la carrera, pero en la actualidad solo el 9,33% de los magistrados han accedido a la carrera por esta vía. Lo que hace la reforma es garantizar que sus convocatorias deberán ser “anuales y simultáneas” con las de la oposición libre. Fuentes del Ejecutivo defienden que al fijarse las convocatorias de manera simultánea y que el cuarto turno sea una de cada cuatro plazas, cuantas más plazas haya de turno libre, más habrá de cuarto turno y que nunca crecerá una en detrimento de otra.

La reforma del Gobierno también acaba con la preparación de oposiciones como un negocio eminentemente privado. Así, pretende convertir el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), ubicado en Madrid, en un espacio público de preparación de oposiciones para jueces y fiscales. Además, el objetivo es que el CEJ llegue a acuerdos con otros entes provinciales para que los opositores que no residan en la capital tengan la oportunidad de acudir allí para preparar parte de sus oposiciones.

Las asociaciones defienden que esa medida conlleva “un evidente riesgo de control ideológico del acceso a la carrera judicial y fiscal por parte del Ejecutivo” que es “inasumible en un Estado de derecho con separación de poderes”. En el Gobierno insisten en que la voluntad es que el CEJ se convierta en un lugar asequible y con presencia en todo el territorio para preparar las oposiciones. Pero ni será obligatorio prepararlas allí ni se intervendrá en los contenidos de la preparación de cada preparador que preste allí sus servicios. Tampoco se hará ninguna selección para crear un cuerpo de preparadores.

Entre las cuestiones que han generado más controversia está también el proceso extraordinario de estabilización de jueces y fiscales sustitutos con el que el Gobierno afirma que busca cumplir el mandato de la Comisión Europa. Fuentes de Justicia explican que el Ministerio ha recibido dos cartas de la Comisión Europea, la primera en julio de 2024, que ordenan acabar con la precariedad de los trabajadores públicos. En su informe sobre el anteproyecto, el CGPJ afirma que el régimen jurídico de estos profesionales no es discriminatorio o constitutivo de un abuso contrario a la directiva sobre empleados interinos.

La norma prevé un proceso abierto y no se limita a quienes han desempeñado las funciones de sustitutos y suplentes dentro de las carreras judicial y fiscal. Los aspirantes deberán acreditar cinco años de ejercicio profesional jurídico para poder presentarse a un dictamen práctico al que seguirá una fase de méritos. Según las asociaciones, este proceso “no asegura la acreditación rigurosa de los conocimientos jurídicos necesarios para ejercer funciones jurisdiccionales o fiscales” Y otorga acceso directo a la categoría de juez o fiscal, tras las prácticas, sin equipararse en exigencia al proceso ordinario del turno libre.

Qué opinan los jueces progresistas

La asociación progresista Jueces y Jueces para Democracia, que no respalda el paro y está a favor de gran parte de la reforma, cree que al menos se debería ampliar a diez años la exigencia de ejercicio profesional. Además, defiende que el proceso debería estar abierto únicamente a quienes han desempeñado las funciones de sustitutos y suplentes dentro de las carreras judicial y fiscal, para los que la norma sí reserva propuestas de baremación de méritos que potencian su experiencia frente a otros méritos profesionales de relevancia.

Lydia Polo, presidenta de la Asociación Pro Dignidad de Jueces y Juezas Sustitutos/as y Magistrados/as Suplentes, defiende que la reforma “no es una concesión ni un privilegio, sino una cuestión de legalidad”. Polo afirma que su figura ha sido “históricamente invisibilizada” pese a haber sido esencial para el sostenimiento del servicio público de justicia. Han dictado, de media, el 20% de las resoluciones judiciales en España durante años, según sus propios datos. “Somos juristas formados, con experiencia, que hemos sostenido juzgados y fiscalías cuando el sistema no daba abasto”, añade Polo, que afirma que es el único colectivo de trabajadores temporales que no ha accedido a ningún proceso de regularización, a pesar de llevar años trabajando en condiciones precarias.

En el Ejecutivo insisten en que ningún juez sustituto logrará una plaza directamente: tendrá que superar un dictamen ante un tribunal designado por el CGPJ y presidido por un magistrado del Tribunal Supremo. Si la supera, entrará en un concurso de méritos. El colectivo de jueces sustitutos está cercano al millar de personas, de las que el 70% son mujeres. En algunos órdenes jurisdiccionales suponen el 10%, según fuentes del Ejecutivo. Son elegidos por los Tribunales Superiores de Justicia y nombrados por el CGPJ, sin intervención por parte del Ministerio de Justicia.

La de este miércoles es la tercera movilización que afronta el Gobierno progresista por parte del tercer poder del Estado tras las polémicas concentraciones con toga por el acuerdo de investidura entre PSOE y Junts después de la amnistía y el conato de huelga que se saldó con una subida salarial de 450 euros al mes hace dos años. El CGPJ ha evitado por el momento entrar de lleno en este conflicto, aunque la presidenta del órgano, Isabel Perelló, defendió públicamente el “vigente” y “democrático” sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal, sin ahondar en sus reparos al nuevo modelo.

La protesta también servirá para medir las fuerzas de las asociaciones convocantes, que se sienten especialmente amenazadas, ya que la reforma prevé también impedir que puedan acceder a cualquier tipo de patrocinio o subvención privada. La llamada “Unión de Fiscales y Jueces” defiende que es momento de optar por “medidas más contundentes” que un paro de 10 minutos, lo que acerca una próxima convocatoria de una huelga que tampoco desechan las asociaciones. “No descartamos la huelga, asumimos que es lo que va a llegar”, sostiene el portavoz de la APM.

Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) organiza este lunes en València una conferencia sobre el genocidio en Gaza en la que participan dos magistradas palestinas: Scarlet Bishara y Sumoud Aldumeiri.

Las magistradas conversarán, mediante videoconferencia, con las juezas Marta Altea Díaz Galindo, que estuvo destinada como 'Senior Criminal Justice Expert' en la Misión Eupol Copps en Ramala, y Begoña López Anguita, coordinadora de la comisión internacional de JJpD y miembro de Juristas por Palestina.

En el acto, convocado por la asociación progresista de jueces en el Colegio Mayor Rector Peset (situado en la plaza del Horno de San Nicolás de València), también participa Jorge Ramos Tolosa, profesor de Historia Contemporánea de la Universitat de València.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha dirigido por carta a todas las asociaciones de jueces y fiscales para pedir un debate “serio, riguroso y sosegado” sobre las últimas reformas que afectan al sector legal y para aclarar “informaciones inexactas” sobre ellas. La propuesta, publicada hoy en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, incluye modificaciones como un examen práctico en las oposiciones, la regularización de jueces sustitutos y, entre otras, la prohibición de que estas asociaciones se financien con dinero de bancos o empresas privadas.

La misiva que el titular de la cartera de Justicia ha remitido a las siete principales asociaciones del sector explica, como ha hecho en diversas intervenciones públicas, que el ejecutivo impulsa “la mayor transformación de la Justicia en décadas” para “consolidar un servicio público ágil, digital y cercano al ciudadano”. Con reformas “imprescindibles”, añade, que abarcan desde algunas ya vigentes como los recientes tribunales de instancia como otras en tramitación parlamentaria.

El proyecto de Ley Orgánica que publica hoy el Boletín de las Cortes, añade Bolaños, tiene por objetivo “mejorar y modernizar” el acceso a la judicatura y la Fiscalía, que esos procesos tengan más “objetividad y transparencia” y que se mantengan los criterios de “mérito y capacidad”.

Cita, entre una decena de medidas, los cambios que se introducirán en las oposiciones: un examen práctico posterior al tradicional test y la prueba oral que permitirá “evaluar la capacidad de razonamiento jurídico” del aspirante a juez o fiscal. Los exámenes orales, además, serán grabados.

La regularización de cientos de jueces sustitutos, que ejercen sin haber pasado esa oposición, es uno de los aspectos que más polémica han generado en el mundo judicial y Bolaños recuerda que han seguido las medidas de la Comisión Europea y la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión. Habrá un tribunal de selección presidido por un magistrado del Supremo y el proceso, añade, permitirá consolidar “a personas que llevan muchos años ejerciendo con profesionalidad” en los tribunales.

Las becas públicas para opositores quedan blindadas con una cuantía equiparada al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para que el acceso a la judicatura o la Fiscalía “venga determinado exclusivamente por el mérito, la capacidad y el esfuerzo” sin influencias de “condicionantes económicos”. El Centro de Estudios Jurídicos, añade, se convertira en “un centro público de preparción de oposiciones”, que no impedirá que los aspirantes puedan seguir recurriendo a un preparador privado.

La norma, entre otras medidas, afecta directamente a las asociaciones de jueces y fiscales a las que se dirige Bolaños: solo podrán financiarse con subvenciones públicas o a través de las cuotas que paguen sus miembros. Pero no, como sucede en varios casos, con patrocinios o dinero de empresas privadas o grandes bancos.

El objetivo, explica Bolaños, es “fortaceler y proteger su efectiva independencia y la apariencia de esta, evitando que pueda interpretarse que la financiación privada pueda condicionar su actuación”.

Después de 28 años de presidentes conservadores en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la renovación del pasado verano con una exigua mayoría progresista abría la puerta a un reequilibrio en la correlación de fuerzas en las cúpulas de los tribunales a favor de la izquierda. Sin embargo, los nombramientos realizados en este primer medio año de mandato han apuntalado el dominio de la principal asociación de la derecha judicial. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera, ha logrado 34 de las 88 designaciones, el 39% del total. En la mitad de esos nombramientos no se presentaron más aspirantes que los de la APM. En todo caso, son más de los que han conseguido las otras tres asociaciones juntas.

Juezas y Jueces para la Democracia, progresista y tercera en número de asociados, ha situado a 18 de sus afiliados. Por contra, los jueces no asociados, que suponen el 42% de la judicatura, se han hecho con solo 25 plazas. La Asociación Francisco de Vitoria, segunda en número de afiliados, ha accedido únicamente a cuatro. Y Foro Judicial Independiente, cuarta en representación, a dos. Todas estas designaciones son fruto del acuerdo por unanimidad de los dos bloques del órgano, partido a la mitad entre diez vocales elegidos a propuesta del PP y diez a iniciativa de PSOE y Sumar, a los que se suma una presidenta, Isabel Perelló, a la que se atribuyó una sensibilidad progresista cuando fue elegida el pasado septiembre. Los nombramientos requieren 13 votos. 

Ese consenso unánime se rompió esta semana, cuando el órgano constató la imposibilidad de sacar adelante la renovación de las presidencias de las salas más delicadas del Tribunal Supremo: la de lo Penal, que es la que juzga a los aforados; y la de lo Contencioso-Administrativo, que es la que revisa los recursos contra las decisiones del Gobierno. Se celebraron cuatro votaciones consecutivas que evidenciaron la división entre los bloques, con los diez progresistas apoyando las candidaturas de Ana Ferrer (Penal) y Pilar Teso (Contencioso-Administrativo) y los conservadores las de Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, respectivamente. La presidenta votó en blanco. 

Este último pleno también evidenció las fisuras existentes en el bloque progresista después de que la presidenta y un vocal elegido a iniciativa de Sumar, Carlos Hugo Preciado, votaran junto al bloque conservador y en contra del resto de vocales progresistas tres puestos de carácter técnico. Este movimiento generó un enorme malestar con ambos entre el resto de vocales del ámbito progresista. Preciado defiende que se ha alineado con el resto del grupo en los nombramientos realizados hasta la fecha por unanimidad y critica que se le ha “excluido” de las negociaciones de unos nombramiento que ha apoyado “sin dejar de ser crítico con la estrategia negociadora” y con “los magros resultados obtenidos por el sector progresista”. 

Esos nombramientos por unanimidad son los que han permitido situar a candidatos de la APM en prácticamente la mitad de los puestos que se han renovado. Vocales consultados admiten que ha sido el bloque progresista el que ha asumido principalmente esa “pluralidad” de la carrera, proponiendo a magistrados de otras asociaciones distintas a Juezas y Jueces para la Democracia, así como a “no asociados con muy buenos currículos”. Según estas fuentes, los vocales conservadores proponen principalmente a vocales de la APM —a la que pertenecen siete de ellos—, mientras que el 40% de los propuestos por el bloque progresista están afiliados a Juezas y Jueces para la Democracia y el 60% restante son perfiles no asociados o vinculados a la Asociación Francisco de Vitoria. 

La APM, que representa al 26% de los jueces con 1.412 asociados, ha accedido a 34 nombramientos, el 39% del total. La asociación que preside la jueza María Jesús del Barco sale especialmente bien parada en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, una instancia judicial muy relevante porque es la que revisa los recursos contra las decisiones del Ejecutivo. Se han renovado 14 plazas, de las que seis han recaído en magistrados vinculados a esta asociación. Asimismo, pertenecen a la APM el nuevo presidente de la Sala de lo Civil del Supremo, Ignacio Sancho, y otro de los nuevos magistrados de esta sala, así como otros dos miembros de la Sala de lo Social. Los ascensos al alto tribunal son especialmente relevantes porque, salvo renuncia, se mantienen hasta la jubilación. 

El dominio de la asociación conservadora también es muy evidente en los tribunales superiores autonómicos. Se han renovado las presidencias de nueve de ellos y en siete resultaron elegidos jueces vinculados a la APM: Asturias, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Extremadura, La Rioja, Madrid y Murcia. Además, de las 26 presidencias de sala de TSJ que se han renovado, cinco están vinculadas a esta asociación. 

Llama la atención especialmente la situación de la Audiencia Nacional, donde una mayoría abrumadora de excargos del PP y otros jueces conservadores optaron a sus puestos clave. Finalmente, de los cinco puestos renovados tres han sido para candidatos de la APM, incluido su presidente, Juan Manuel Fernández, que durante el anterior mandato fue vocal del CGPJ a propuesta del PP. Además, la Sala de lo Penal la presidirá el veterano Alfonso Guevara, un magistrado considerado conservador que no está asociado.

Por otro lado, de las 22 presidencias de audiencias provinciales que se han renovado, nueve pasarán a estar ocupadas por jueces de la asociación conservadora durante los próximos cinco años, que es la duración que tienen este tipo de cargos gubernativos. Es el caso de La Rioja, Ávila, Barcelona, Teruel, Burgos, Araba-Álava, Toledo, Valladolid y Huelva. En siete de los casos los aspirantes de la APM no tuvieron rivales. 

La asociación progresista sitúa a 18 jueces

Teniendo en cuenta su nivel de representación en la carrera, la asociación Jueces y Juezas para la Democracia es la que mejor parada sale en los nombramientos. Representa a un 8% de la carrera —tiene 436 afiliados, según los últimos datos facilitados por el CGPJ— y ha sido la segunda en nombramientos. Un total de 18 jueces vinculados a este colectivo de carácter progresista han sido nombrados por el nuevo CGPJ, el 20% de las designaciones. 

Una de sus asociadas, Concepción Ureste, ha sido nombrada presidenta de la Sala de lo Social del Supremo, la encargada de examinar en última instancia los conflictos laborales. A esta sala se sumarán otros tres jueces de esta asociación. La misma cifra se sumará a la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Otra magistrada vinculada a esta asociación presidirá la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Y también habrá presidentes progresistas en el TSJ de Catalunya y en las audiencias provinciales de Girona, Murcia, Zaragoza, Zamora y Palencia. Otros cuatro miembros de Jueces y Juezas para la Democracia presidirán salas en tribunales superiores autonómicos. 

En contraposición, la Asociación Francisco de Vitoria, segunda en número de afiliados con 933 —el 17% de la carrera—; apenas ha accedido al 5% de los nombramientos, con un total de cuatro. Uno de sus afiliados ha sido nombrado para la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo y otros dos presidirán sendas salas en tribunales autonómicos. Además, otra jueza vinculada a esta asociación fue elegida como presidenta de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife. Esta asociación, que se autodefine como independiente, criticó recientemente en un comunicado lo que consideran un “rechazable reparto de cromos” entre los bloques conservador y progresista.

Foro Judicial Independiente, cuarta en número de asociados con 342 —el 6% del total—, ha obtenido solo dos nombramientos, lo que representa apenas el 2% del total de designaciones realizadas. En un comunicado reciente, esta asociación que también se autodefine como independiente, lamentaba la politización del CGPJ, la falta de una representación plural en los nombramientos y apuntaba a la existencia de un “circuito privilegiado” para llegar a los altos cargos de la magistratura. 

El actual CGPJ inició su mandato con el reto de renovar un centenar de plazas de las cúpulas de los tribunales tras los casi cinco años de bloqueo a los que el Partido Popular sometió al ente que decide los principales ascensos de la judicatura. Hasta ahora, se han nombrado por unanimidad desde el pasado noviembre un total de 88. Pero sigue habiendo otros que se atragantan, como la renovación de las presidencias de las dos salas claves del Supremo. 

“La crítica no puede comportar la falta de respeto a las decisiones judiciales”. La nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso, ha defendido la labor de los jueces tras las críticas y descalificaciones (algunas de ellas matizadas, como la realizada por la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero) que siguieron a la absolución de Dani Alves.

En su discurso de toma de posesión como presidenta del TSJC, sin mencionar explícitamente el caso de Alves, Caso sí ha reclamado “respeto” a las decisiones judiciales. Tras recalcar que la judicatura sí acepta la crítica “honesta y objetiva”, Caso ha advertido que no se pueden traspasar lineas rojas: “Sin respeto se debilita el Estado de Derecho y las instituciones que lo protegen”.

Las magistradas progresistas que integraban el tribunal que absolvió a Alves han escuchado a Caso desde las primeras filas del Palacio de Justicia de Barcelona.

“Nuestras decisiones a veces son difíciles de entender y de compartir, pero el derecho es un instrumento técnico que tiene reglas complejas y un sistema de recursos que garantiza la revisión de nuestras decisiones”, ha aseverado Caso, que ha insistido en que a los jueces y juezas les importan “las personas que hay detrás de los conflictos”. “Nos duelen sus desvelos y esperas”, ha agregado.

Con la toma de posesión de Caso, asociada a Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), el TSJC estará liderado por primera vez por una jueza progresista. El cargo estaba caducado desde el año 2021: Jesús María Barrientos, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, fue elegido en 2016 por un Consejo de mayoría conservadora que impidió que renovara su mandato el hasta entonces presidente, el progresista Miguel Ángel Gimeno.

La flamante presidenta del TSJC ha confesado su “orgullo” por ser la segunda mujer que ocupa la presidencia de la institución, después de la magistrada Maria Eugènia Alegret, quien “rompió el techo de cristal” y “abrió camino” al hacer creer al resto de juezas que ostentar la máxima responsabilidad en la justicia de Catalunya “era posible”.

Nacida en Barcelona en 1964, Caso fue jueza decana de Barcelona entre los años 2013 y 2021. Accedió a la carrera judicial en 1989, como titular del juzgado mixto número 1 de Vilafranca del Penedès, y en 1992 ascendió a la categoría de magistrada.

Posteriormente, ejerció en los juzgados mixto número 6 de Mataró (Maresme), penal 12 de Barcelona y primera instancia número 19 de Barcelona, especializado en temas de familia. Entre 2007 y 2012, formó parte del equipo de profesores de la Escuela Judicial.

Caso, hasta ahora magistrada de la sección 12ª de la Audiencia de Barcelona y especialista en derecho civil, asume las riendas del TSJC cuando se han normalizado las relaciones entre la judicatura y el Govern tras los desencuentros generados por el procés. En la ceremonia de este lunes su madrina ha sido la magistrada de la Audiencia de Barcelona Montserrat Comas d'Argemir.

Muestra de ello ha sido la numerosa presencia de autoridades en el acto solemne de toma de posesión de Caso. Al acto han acudido el president de la Generalitat, Salvador Illa; y los consellers de Justicia e Interior, Ramon Espadaler y Núria Parlon. También ha asistido el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló.

“Trabajaré para una Justicia que coloqué a las personas en el centro”, ha prometido Caso, que ha situado como otros retos de su mandato el despliegue de la nueva ley de eficiencia, la mejora en el uso del catalán en la Justicia y la “transformación” y mejora de la administración de Justicia. Caso ha reivindicado “cargas de trabajo saludables” para los jueces, y se ha propuesto que sus compañeros de carrera puedan volver a decir que trabajan “porque creen en la Justicia”.

Caso ha recordado en su discurso el “mundo convulso” donde vivimos actualmente, en el que “las reglas de convivencia que nos parecían incuestionables son puestas en duda”, y ha reivindicado “más que nunca” el Estado de Derecho y lo que comporta: “Cuando la oscuridad nos envuelve, hay que encender la luz, y la luz es la defensa de los derechos fundamentales de todos los seres humanos”.

“Hoy más que nunca, en un mundo en el que los derechos tan dolorosamente conseguidos parecen ignorarse impunemente, renovemos con vehemencia, con inquebrantable convicción, nuestra defensa del Estado de Derecho”, ha agregado.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera judicial, ha logrado 26 de los 56 nombramientos discrecionales en los principales tribunales que ha realizado el renovado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), mientras Juezas y Jueces para la Democracia, progresista y tercera en número de asociados, ha situado a 13 de sus afiliados. Por contra, los jueces no asociados, que suponen el 42% de la judicatura, se han hecho con solo siete plazas. La Asociación Francisco de Vitoria, segunda en número de afiliados, ha accedido únicamente a cuatro. Y Foro Judicial Independiente, cuarta en representación, a uno. 

Son las grandes cifras de los acuerdos en materia de nombramientos alcanzados por el nuevo órgano del órgano de gobierno de los jueces en dos plenos recientes, el último esta misma semana. La institución arrancó su mandato con el reto de renovar un centenar de plazas de las cúpulas de los tribunales tras los casi cinco años de bloqueo a los que el Partido Popular sometió al ente que decide los principales ascensos de la judicatura. Todas las designaciones son fruto del acuerdo por unanimidad de los dos bloques del CGPJ, partido a la mitad entre diez vocales elegidos a propuesta del PP y diez a iniciativa de PSOE y Sumar, a los que se suma una presidenta, Isabel Perelló, a la que se atribuye una sensibilidad progresista. Los nombramientos requieren 13 votos. 

Las designaciones de altos cargos judiciales —los presidentes de sala y de los magistrados del Tribunal Supremo y los presidentes de la Audiencia Nacional, los tribunales superiores de Justicia y sus salas y las audiencias provinciales— se realizan de forma discrecional por parte de los vocales del CGPJ, que a su vez son elegidos por las Cámaras por una mayoría de tres quintos, según los nombres pactados por los partidos. Entre los 12 vocales que pertenecen a la judicatura, la mayoría se presentan avalados por las asociaciones de jueces. Del Consejo actual, siete están vinculados a la APM y cinco a Jueces y Juezas para la Democracia. Se da la circunstancia de que ambas asociaciones han copado el 70% de los nombramientos efectuados hasta la fecha. 

“Mérito y capacidad” o “reparto de cromos”

La normativa que regula los nombramientos de jueces se rige por los principios de “mérito y capacidad” y tiene en cuenta elementos objetivos como la antigüedad en la carrera judicial o la pertenencia a cierto orden jurisdiccional; pero también otros sujetos a valoración como las sentencias significativas dictadas, la producción jurídica (libros, artículos...) o la participación en cursos o conferencias. Los candidatos también se someten a entrevistas públicas. La Comisión de Calificación hace un primer corte y propone una terna al pleno, formado por los veinte vocales y la presidenta, que toma la decisión final. 

Sectores de la judicatura cuestionan que hay un “reparto” en los nombramientos de jueces entre las diferentes asociaciones y que en estos nombramientos tienen una gran influencia los vínculos políticos e ideológicos. Vocales consultados defienden la “transparencia” de los nombramientos y aseguran que, en cada caso, la elección responde a la aplicación de los principios de mérito y capacidad que establece la ley. Defienden, además, que la voluntad del órgano es garantizar una elección “plural” en la que estén representadas todas las sensibilidades judiciales y en la que la “excelencia” sea un factor determinante. 

Sin embargo, la revisión de las designaciones realizadas por el nuevo CGPJ evidencia que el bloque conservador ha logrado situar a candidatos de la APM en prácticamente la mitad de los puestos que se han renovado. Y que es el bloque progresista el que ha asumido principalmente esa “pluralidad” de la carrera, proponiendo a magistrados de otras asociaciones distintas a Juezas y Jueces para la Democracia, así como a no asociados con muy buenos currículos, tal y como sostienen vocales consultados. 

La APM, que representa al 26% de los jueces con 1.412 asociados, ha accedido a 26 nombramientos, el 46% del total. La asociación que preside la jueza María Jesús del Barco sale especialmente bien parada en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, una instancia judicial muy relevante porque es la que revisa los recursos contra las decisiones del Gobierno. Se han renovado 14 plazas, de las que seis han recaído en magistrados vinculados a esta asociación.

Asimismo, pertenecen a la APM un nuevo magistrado de la Sala de lo Civil y dos de la Sala de lo Social. Los ascensos al alto tribunal son especialmente relevantes porque, salvo renuncia, se mantienen hasta la jubilación. También está vinculado a la APM el nuevo presidente de la Sala de lo Civil del Supremo, así como los presidentes de los TSJ de Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana. 

Especialmente llamativa es la situación de la Audiencia Nacional, donde una mayoría abrumadora de excargos del PP y otros jueces conservadores en la carrera optaron a sus puestos clave. Finalmente, de los cinco puestos renovados tres han sido para candidatos de la APM, incluido su presidente, Juan Manuel Fernández, que durante el anterior mandato fue vocal del CGPJ a propuesta del PP. Además, la Sala de lo Penal la presidirá el veterano Alfonso Guevara, un magistrado considerado conservador que no está asociado.

Por otro lado, de las diez presidencias de audiencias provinciales que se han renovado, siete pasarán a estar ocupadas por jueces de la asociación conservadora durante los próximos cinco años, que es la duración que tienen este tipo de cargos gubernativos. Es el caso de La Rioja, Ávila, Barcelona, Teruel, Burgos, Gipuzkoa y Araba-Álava. En cuatro de ellas sólo se habían presentado candidatos de esta asociación, que es algo que ocurre en ocho de los 26 nombramientos de jueces vinculados a la APM. 

Teniendo en cuenta su nivel de representación en la carrera, la asociación Jueces y Juezas para la Democracia es la que mejor parada sale en los nombramientos. Representa a un 8% de la carrera —tiene 436 afiliados, según los últimos datos facilitados por el CGPJ— y ha sido la segunda en nombramientos. Un total de 13 jueces vinculados a este colectivo de carácter progresista han sido nombrados por el nuevo CGPJ, el 23% de las designaciones. 

Una de sus asociadas será la presidenta de la Sala de lo Social del Supremo, la encargada de examinar en última instancia los conflictos laborales; a la que se sumarán otros tres jueces de esta asociación. La misma cifra se sumará a la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Otra magistrada vinculada a esta asociación presidirá la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Y también habrá presidentes progresistas en el TSJ de Catalunya y en las audiencias provinciales de Girona y Murcia. 

En contraposición, la Asociación Francisco de Vitoria, segunda en número de afiliados con 933 —el 17% de la carrera—; apenas ha accedido al 7% de los nombramientos, con un total de cuatro. Dos de sus afiliadas han sido nombradas para la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo y otros dos presidirán sendas salas en tribunales autonómicos. Esta asociación, que se autodefine como independiente, ha criticado en un comunicado lo que consideran un “rechazable reparto de cromos” entre los dos bloques del CGPJ.

“Resulta imposible no apreciar (...) que los nombramientos se proyectan sobre un grupo cerrado de candidatos, dentro del cual se procede a la distribución de asignaciones de plazas entre los dos sectores [del CGPJ] y sin que se produzca, como sería exigible, un tratamiento individualizado de los diferentes candidatos”, continúa el comunicado, que cuestiona la existencia de un “sesgo asociativo” que condiciona unos nombramientos que “no se corresponden con la realidad sociológica” de la carrera judicial.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) estará liderado por primera vez por una jueza progresista. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha nombrado a la magistrada Mercè Caso, asociada a Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), al frente del alto tribunal catalán, con los que los progresistas recuperan esta plaza.

El cargo de presidente del TSJC estaba caducado desde el año 2021: Jesús María Barrientos, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, fue elegido en 2016 por un Consejo de mayoría conservadora que impidió que renovara su mandato el hasta entonces presidente, el progresista Miguel Ángel Gimeno.

Nacida en Barcelona en 1964, Caso fue jueza decana de Barcelona entre los años 2013 y 2021. Accedió a la carrera judicial en 1989, como titular del juzgado mixto número 1 de Vilafranca del Penedès, y en 1992 ascendió a la categoría de magistrada. Posteriormente, ejerció en los juzgados mixto número 6 de Mataró (Maresme), penal 12 de Barcelona y primera instancia número 19 de Barcelona, especializado en temas de familia. Entre 2007 y 2012, formó parte del equipo de profesores de la Escuela Judicial.

Caso, hasta ahora magistrada de la sección 12ª de la Audiencia de Barcelona y especialista en derecho civil, asumiría las riendas del TSJC cuando se han normalizado las relaciones entre la judicatura y el Govern tras los desencuentros generados por el procés, y en un momento en que Govern y Ejecutivo central han empezado a concretar una de las históricas reclamaciones de los jueces: la ampliación de la planta judicial para paliar el déficit endémico de magistrados en Catalunya.

El TSJC ya había tenido a una mujer al frente. Fue la magistrada María Eugenia Alegret, asociada a la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y que fue la primera magistrada en España en presidir un alto tribunal autonómico en 2004.

A la sucesión de Barrientos, que seguirá en la Sala Civil y Penal del TSJC, se habían presentado, además de Caso, la actual decana de los juzgados de Barcelona, la magistrada Cristina Ferrando, asociada a la APM, así como el titular del juzgado de primera instancia 1 de Barcelona, Guiller Soler, perteneciente a la asociación soberanista Àgora Judicial.

Por otro lado, el CGPJ también ha nombrado nuevo presidente de la Audiencia de Girona, que ocupará el magistrado Adolfo García Morales, presidente de la sección 3ª de la Audiencia de Girona desde el año 2005.

El dominio de las asociaciones judiciales que cubren el espacio de la derecha y el centroderecha es total en los puestos de responsabilidad que los jueces de carrera eligen de forma directa mediante votación. Así lo vuelven a poner de manifiesto las elecciones a las salas de gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 tribunales superiores autonómicos celebradas esta semana. La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) se hizo con el 52% de los asientos, mientras la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial, que se definen como “independientes”, accedieron al 25% y al 11%, respectivamente. La progresista Juezas y Jueces para la Democracia consiguió apenas el 3,3% de los puestos en liza. 

Estos comicios se rigen por un sistema mayoritario puro en el que resultan elegidos los aspirantes más votados y en el que cada elector puede votar a tantos candidatos como puestos deben cubrirse. Es un modelo similar al que el Partido Popular defiende implantar para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos actuales consejeros tienen encomendada la tarea de realizar un informe sobre el modelo de elección de los miembros del órgano que debería estar redactado el próximo febrero. 

La elección directa por los propios miembros de la judicatura y sin intervención del Parlamento de los 12 miembros procedentes de la carrera judicial también es defendida por tres de las cuatro asociaciones judiciales. La APM apoya la designación directa por los jueces “sin restricciones”, mientras la Francisco de Vitoria y Foro Judicial incluyen matices a la elección corporativa para incluir a las “minorías” y solo Juezas y Jueces para la Democracia secunda el actual modelo. 

Las salas de gobierno cumplen principalmente tareas organizativas y administrativas, no jurisdiccionales. No obstante, son relevantes órganos internos, pues aprueban las normas de reparto de los asuntos, proponen jueces suplentes o tienen facultades disciplinarias. Su número de integrantes es variable porque depende del tamaño del tribunal autonómico en relación al número de provincias. Están constituidas por miembros natos y electos, que son los que se han renovado esta semana. Y que se eligen a través de un modelo de elección directa y listas abiertas, en el que se votan personas, no candidaturas cerradas. 

De hecho, en una misma candidatura puede haber miembros de varias asociaciones y no asociados. No obstante, los jueces no asociados están totalmente infrarrepresentados en estos órganos de representación. La carrera judicial está formada por 5.416 jueces y magistrados. De ellos, el 58% forma parte de alguna de las asociaciones profesionales reconocidas por el CGPJ. El otro 42% no está asociado. Pese a ello, las asociaciones volvieron a hacerse con un elevadísimo porcentaje de los puestos: 110 de 121, el 90%. Por contra, sólo resultaron elegidos 11 jueces no asociados, apenas un 9% de las plazas.

Dominio total de la APM

Por asociaciones, el dominio de la conservadora APM sigue siendo total. Esta asociación, con 1.412 miembros, representa al 26% de la carrera. Sin embargo, gracias al voto directo de jueces y magistrados consigue tener hasta 63 miembros electos en las salas de gobierno, más de la mitad del total. Le sigue la Francisco de Vitoria, que se autodefine como “independiente”, y segunda en número de afiliados con el 17% de la carrera. Accedió al 25% de los puestos, un total de 30.

Foro Judicial Independiente, tercera en afiliación con el 6%, consiguió 13 sillones en las salas de gobierno, el 11% de los que se repartían. La peor parada es la progresista Juezas y Jueces para la Democracia. Representa al 8% de la carrera con sus 436 afiliados y solo tiene cuatro miembros electos en las salas de gobierno.  Así, según estas cifras, la APM, Francisco de Vitoria y Foro Judicial acaparan el 88% de los puestos electos en estos órganos aunque representan al 50% de la carrera. 

Este sistema mayoritario puro ha recibido críticas de las asociaciones que no son la mayoritaria por limitar las opciones de las listas que no son la más votada a pesar de que sí tengan cierto apoyo. Y, en consecuencia, por no reflejar el pluralismo existente en el cuerpo electoral. En 1999 las tres asociaciones judiciales minoritarias no concurrieron a los comicios en protesta por un sistema electoral que, denunciaron, “no permite la representación de las minorías”, según relató El País.

El estudio en detalle de los resultados evidencia el predominio de los representantes de la asociación conservadora y esa infrarrepresentación de las minoritarias y, sobre todo, de los jueces no asociados. Así, la APM logró hacerse con el 100% de los puestos en juego en la Audiencia Nacional y hasta cinco tribunales autonómicos: Andalucía, Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid. Además, obtuvo la mayoría absoluta en el Tribunal Supremo y los tribunales de Asturias, Baleares y el País Vasco. 

Las candidaturas de la Francisco de Vitoria, segunda en número de afiliados, obtuvieron el 100% de los puestos electos en las salas de gobierno de los tribunales de Canarias, Cantabria y Murcia y la mayoría absoluta en Catalunya y Extremadura. Foro Judicial Independiente, por su parte, logró el 100% de la representación en el tribunal superior de Aragón, la mayoría en el de Navarra y también tiene representación en Catalunya, Castilla y León, La Rioja y País Vasco. Juezas y Jueces para la Democracia solo tiene cuatro representantes: dos en el tribunal autonómico de Asturias, uno en el de La Rioja y otro en el del País Vasco. 

Las elecciones a las salas de gobierno y las de la Comisión de Ética Judicial —un organismo independiente del CGPJ, cuya función es orientar sobre la interpretación de los principios de ética judicial— son las únicas donde los jueces ejercen su derecho al voto de forma directa. Para las salas de gobierno la votación se puede realizar únicamente de forma presencial o por correo, mientras que para la Comisión de Ética Judicial sí está previsto el voto telemático.

Los y las adolescentes ven pornografía por primera vez a los 12 años y siete de cada 10 la consumen de forma frecuente. Fueron los demoledores datos del estudio '(Des)información sexual: pornografía y adolescencia' que en Save The Children elaboraron hace cuatro años. Desde entonces, según diferentes indicadores, los datos no han cambiado. Es más, varios informes han vinculado el acceso temprano al porno con los repuntes de violencia machista o sexual.

Pero no es una cuestión en la que dos datos lo resuelvan todo y el punto A lleve al punto B. El acceso de los menores a la pornografía ya se ha querido regular en España y las herramientas que ha querido poner en marcha el Gobierno están demostrando la complejidad del problema.

A principios de este año, el Consejo de Ministros aprobó un informe en el que se detalla la hoja de ruta que prevé seguir con el objetivo de “proteger a los menores del porno” en internet. Este documento, elaborado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, tiene como objetivo “dar respuesta al problema social” del acceso a pornografía por parte de los chicos y chicas, una realidad “ante la que no podemos permanecer impasibles ni como sociedad ni como Gobierno”.

El plan consta de tres patas: por un lado, el desarrollo de una ley integral “para la protección de los menores en internet”, también una estrategia disciplinar que aborde ámbitos como la educación, la igualdad y las competencias digitales y en la que trabajarán varios ministerios así como el grupo de expertos creado hace un mes por el Ministerio de Juventud e Infancia, y por último, la puesta en marcha de una herramienta “pionera” de verificación de la edad que está en desarrollo por parte de la Agencia de Protección de Datos y la Fábrica de Moneda y Timbre.

Esta última medida, en forma de app, todavía no se ha desarrollado y es la prueba de las dificultades técnicas que implica una regulación de los accesos.

“No es que nadie ponga en duda que los menores deban o no acceder, es que es complicado tecnológicamente debido a que es difícil ponerle puertas al campo y a que conforme avanza la técnica, también avanzan las formas de saltarse cualquier protección”. Así lo explica el magistrado Benjamín Sánchez Fernández, miembro del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia. Es el coordinador de unas Jornadas “Pornografía, violencia y deshumanización” que durante los días 22 y 23 de octubre se celebran en el Colegio de Abogados de Ciudad Real y que debaten sobre las consecuencias de la exposición sexual para los menores.

Se trata de un evento protagonizado por juristas que se realiza cada año en Ciudad Real, vinculado con la igualdad. En años pasados se han centrado en la prostitución, en la trata de mujeres o en la violencia machista. En esta ocasión, la asociación ha querido poner el foco en una cuestión que considera que necesita “debate y reflexión”.

Sánchez Fernández recalca que la pornografía es uno de los factores que está detrás de ciertos repuntes de la violencia machista y sexual entre los jóvenes. No es la única causa, destaca, pero sí una de las importantes.

Pero, partiendo de esa premisa, reconoce la dificultad de afrontar el asunto, sobre todo por “la complejidad técnica de cómo poner puertas al campo”. “Uno de los problemas es la capacidad real que puede tener un Gobierno para controlar un fenómeno que hoy por hoy está descontrolado”.

La pornografía no un fenómeno nuevo, es tan antigua como la humanidad, pero ahora se difunde con herramientas nuevas y se accede de manera individual. Eso es muy difícil de limitar

Para el magistrado prohibir el acceso de los menores al porno “invita a poca discusión”. “Hay que hacerlo, igual que se les impide la compra de bebidas alcohólicas o el acceso a los locales de juego. Se pueden plantear diferentes opciones, pero el problema siempre va a ser técnico”.

“La pornografía no un fenómeno nuevo, es tan antigua como la humanidad, pero ahora se difunde con herramientas nuevas y se accede de manera individual. Eso es muy difícil de limitar. Muchas páginas web ni siquiera están dentro del ámbito de la Unión Europea, y en el mundo de la tecnología, conforme salen regulaciones, también se multiplican las maneras de burlarlas”, argumenta.

De cualquier forma, consideran en la asociación que el problema no solo hay que enfocarlo en medias “delimitativas” o “prohibitivas”, sino también a través de las familias. “Si la tecnología evoluciona, la educación también tiene que hacerlo, con nuevos enfoques, para que los menores puedan desenvolverse en estos entornos de una manera segura”.

Benjamín Sánchez también pone el acento en los “derechos en conflicto”. Explica que cuando la pornografía se realiza entre “personas adultas y libres”, en principio es una “actividad lícita”, son actores y actrices. “Ahí está el derecho de esas personas a la producción económica y a su trabajo”. Pero, por otra parte, señala la necesidad de proteger a la población vulnerable, además de “los vínculos con la posible cosificación de la mujer y el trato denigrante”.

Los límites a la libertad de expresión o “mirar hacia otro lado”

Afirma que algunos estados de la Unión Europea se han planteado límites a los contenidos del “porno duro”, pero esa cuestión choca con el derecho de emisión de esas películas que “en teoría no estarían fuera de la ley”. Además, remarca que “poner límites a la libertad de expresión es peligroso, da pie a una forma de censura puede ser un problema”. “Pero lo contrario, mirar a otro lado, que es lo que estamos haciendo ahora, tampoco es una solución”.

Por todo ello, está convencido de que esta cuestión requiere un estudio y “reflexiones muy serias y objetivas”, sobre todo en lo que afecta a la igualdad de género y “siempre teniendo en cuenta que internet ha revolucionado el propio concepto de pornografía”.

Lo que le llama especialmente la atención es el “poco caso” que se hace a este debate desde la sociedad. “Yo mismo tengo dudas en relación con todo esto, pero lo que más llamativo me resulta es el silencio que hay, que apenas se hable ni se reflexione. Insisto, para abordar todo esto debe existir un debate serio que hoy por hoy a nivel social no se da”.

Y, por último, señala el magistrado que otra cuestión para reflexionar es que quizás los estados “no sean el marco regulatorio más adecuado”, sino que debiera hacerse a nivel europeo y con un amplio consenso social.

Durante las jornadas organizadas en Ciudad Real se aborda la pornografía también en sus vínculos con otras cuestiones como la inmigración, la trata, la exploración social, la complejidad jurídica o las investigaciones judiciales. Todas ellas con el ánimo de “aportar algo a ese debate y que podamos encontrar soluciones”.

Carlos Hugo Preciado (Tarragona, 1969) es uno de los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Juez desde hace 17 años, tiene su plaza en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, aunque en la última etapa ha ejercido como letrado coordinador en el Tribunal Supremo, especializado en la jurisdicción social. Es miembro del bloque progresista del órgano, donde recaló a iniciativa de Sumar tras recibir el aval de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia. 

Preciado recibe a elDiario.es horas después del acto solemne de Apertura Judicial, una ceremonia marcada por la renovación del CGPJ y la elección como presidenta de Isabel Perelló, de la que dice sentirse “muy satisfecho”. Afima que la igualdad de género y “recobrar el prestigio” frente a la ciudadanía y a la carrera judicial serán unos de los retos de la institución después del bloqueo y la polarización política del último mandato. Y defiende que “en la función de defender la independencia judicial no entran muchas iniciativas o comunicados que se han hecho con un tinte claramente partidista desde el Consejo”. 

¿Está satisfecho con el acuerdo logrado para la presidencia del CGPJ? 

Estoy muy satisfecho y lo valoro como un hecho triplemente histórico. Primero, porque en toda la historia de más de 200 años del Tribunal Supremo hay una mujer que lo preside y se rompe un importante techo de cristal en una carrera que está feminizada en su composición, pero que tiene en su cúpula una sobrerrepresentatividad masculina que no tiene ningún género de explicación.

Segundo, porque es una persona con un compromiso incuestionable e intachable con el espacio ideológico progresista, lo cual representa una sana alternancia tras diez años en los que el Poder Judicial ha estado en manos de una sensibilidad más conservadora. Y tercero, porque esta vez sí la presidenta del Tribunal Supremo la ha elegido el Consejo General del Poder Judicial sin ningún tipo de imposición política. Ha habido una negociación real, que no ha sido nada fácil, pero que ha sido una evidencia de que no ha sido una candidata de ningún poder ajeno al Poder Judicial. Eso es un síntoma democrático enormemente esperanzador.

Ha dicho que no ha recibido ninguna instrucción. ¿Tampoco ninguna sugerencia sobre a quién debían elegir? 

Ha salido publicado en prensa que a mí me propuso Sumar. Y, probablemente, en las negociaciones políticas eso fuera así. Pero yo no he recibido ningún tipo de instrucción sobre quién debía ser la presidenta. Respecto a mis compañeros, cada uno tendrá que decirlo. Pero a mí la impresión que me ha dado la negociación y su dificultad es que no había una imposición política directa.

Si hubiera sido así no hubiéramos estado un mes negociando, no hubiéramos barajado siete candidaturas y no se hubiera tenido que aportar otra candidatura nueva para intentar desbloquear. La evidencia habla por sí sola. No ha habido una imposición del poder político, sino todo lo contrario: una negociación entre los vocales, como democráticamente debe producirse de forma natural y acorde con la Constitución.

Aunque se barajó, Perelló no estaba en la primera terna de candidatas propuestas. ¿Por qué eligieron otros perfiles?

Hubo una negociación entre los integrantes de las distintas sensibilidades y los de sensibilidad conservadora optaron por presentar cuatro candidatos y los de sensibilidad progresista por presentar tres. Es innegable que había más perfiles —entre ellos, el de Isabel Perelló que yo desde de un primer momento había propuesto—, pero por razones de consenso y de estrategia negociadora se optó por no presentar esa candidatura. 

Cuando parecía que todo estaba encallado apareció el nombre de Perelló. ¿Quién lo propuso?

Creo que no es ningún secreto porque ha aparecido en prensa. El vocal José Antonio Montero, del bloque conservador, se puso en contacto conmigo para ver cómo se podía desencallar la situación. Mantuvimos una conversación larga y aparecieron algunos nombres, entre los cuales estaba el de Perelló. Yo trasladé ese posible punto de consenso a los compañeros de la sensibilidad progresista. Y finalmente eso ha desembocado felizmente en un acuerdo de consenso que hoy en día nadie cuestiona. 

Tal y como está el escenario político de España los acuerdos están incluso un poco mal vistos. Pero desde el punto de vista de la política y de la política judicial, creo que tendríamos que volver a la cultura del acuerdo, de saber limar las diferencias y llegar a puntos comunes, siempre encaminados al servicio público de la ciudadanía.

Seis vocales del bloque progresista votaron a Perelló y cuatro a Ana Ferrer, una de las candidatas propuestas desde el inicio. ¿Hay división en el grupo? 

He visto en prensa un relato de división en el bloque progresista que desmiento rotundamente. No estamos en una cultura de bloques, estamos en una cultura de sensibilidades diversas. Es decir, dentro de la gente que tiene una orientación conservadora, hay diversos perfiles. Y dentro de la de la gente que tiene una orientación progresista, otros diversos perfiles. Pero no existe una división tal y como se ha querido narrar. Es sano que haya habido esta votación por distintas candidatas y es sano que se haya llegado a un acuerdo. 

Uno de los grandes retos del mandato es renovar casi un centenar de plazas en los principales tribunales. Acaba de reconocer la existencia de esos diferentes perfiles. ¿Teme que cada nombramiento se convierta en un viacrucis? 

Creo que sabremos encontrar entre todas y todos las vías de acuerdo suficientes como para que cada nombramiento o propuesta no sea un viacrucis. Somos conscientes de la enorme responsabilidad institucional que nos concierne y de la necesidad de que lleguemos a acuerdos. El Consejo ha estado paralizado durante cinco años y ahora hay un cúmulo de nombramientos que constituyen un reto para seguir en esta cultura del acuerdo con la que se ha iniciado este octavo mandato. 

Perelló dijo que su nombramiento es un reconocimiento a la lucha de las mujeres, pero que “queda mucho camino por recorrer”. ¿Buscar un equilibrio de género será clave en estos nombramientos?

Una de las claves de este octavo mandato va a ser la igualdad de género. En la carrera judicial hay un techo de cristal que hemos empezado a romper, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Por ejemplo, sólo hay un 17% de magistradas en el Tribunal Supremo cuando el 65% de la carrera son mujeres. Hay un evidente desequilibrio que también está presente en las presidencias de los tribunales superiores de Justicia o de las audiencias provinciales. Ha sido un buen principio, pero falta un camino largo que tendrá que terminar con un mandato donde esta diferencia termine en una situación de paridad o muy aproximada a la paridad.

Durante el último mandato, el sector conservador utilizó el CGPJ como ariete contra el Gobierno. Por ejemplo, publicó un texto contra la amnistía cuando la ley ni siquiera se había presentado. ¿Cómo valora ese tipo de iniciativas? 

Cada institución tiene que servir a unas funciones. Defender la independencia judicial —como dijo la presidenta en su discurso— quiere decir defender a los jueces y magistrados que estén realizando sus funciones frente a ataques de otros poderes, frente a descalificaciones que comporten un descrédito de lo que es la confianza de la ciudadanía en la independencia judicial. Pero no creo que dentro de la función de defender la independencia judicial entren muchas iniciativas o comunicados que se han hecho con un tinte claramente partidista desde el Consejo, desacreditando así la función que le corresponde de defensa de la independencia judicial.

¿Cree que otro de los desafíos del mandato es recuperar el prestigio de la institución?

Los desafíos de este mandato son muchísimos. Uno de ellos es recobrar el prestigio de la institución en dos ámbitos distintos: frente a la ciudadanía y respecto de los integrantes de la carrera judicial. Frente a la ciudadanía, en los últimos cinco años, el Consejo ha sido una fuente incesante de noticias que le convertían en el problema por su no renovación. Ha habido una crisis constitucional e institucional sin precedentes.

Eso ha sido profundamente injusto para todos los profesionales y plantea el segundo reto, hacia adentro de la carrera judicial, que empezó el mandato del anterior presidente [Carlos Lesmes] en 2013 con unas declaraciones en las que decía que a los jueces y las juezas había que tratarles con el palo y con la zanahoria. Esta concepción cosificadora de los jueces y las juezas, que es profundamente burocrática y alejada de lo que es la dignidad en el ejercicio de la función judicial, va a terminar con este Consejo. 

Evidentemente, para garantizar esa independencia tendremos que buscar los medios materiales y personales que garanticen la agilidad de la Justicia. No es asumible que un juzgado de familia tarde meses en dar respuesta a una situación de crisis conyugal, como tampoco es asumible que un despido se esté señalando a juicio desde que se interpone la demanda pasados dos años de ese despido. Estas son las cuestiones que nos deben preocupar hacia afuera y, por tanto, hacia adentro del Poder Judicial. Se tiene que luchar por garantizar los medios materiales y personales por parte de todas las administraciones implicadas para que la Justicia sea la tributaria del derecho efectivo a la tutela judicial. La Justicia que llega tarde nunca es justicia.

Otra de las grandes tareas de este mandato es la propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales. ¿Usted es partidario de hacer cambios? 

Es una cuestión que se tiene que someter a un informe que tenemos que rendir en el plazo de seis meses y que tiene que estar avalado por la mayoría de tres quintos de los vocales, lo cual nos obligará a integrar las distintas sensibilidades. La función de proponer leyes no corresponde al Poder Judicial. Nosotros lo que haremos será rendir un informe que exponga cuáles son los sistemas de elección que sean más acordes con el ordenamiento de la Unión Europea.

En el modelo que tenemos ahora —que es el modelo heredado y diseñado por el Partido Popular, pues quiero recordar que esta ley se produce en 2013 bajo el Ministerio de Justicia de Alberto Ruiz Gallardón— hay una participación de la judicatura. Yo me sometí a unas elecciones dentro de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia de las que salí con la primera posición y después el Senado acordó por tres quintos que yo fuera uno de los miembros del Consejo. 

Todos los métodos son mejorables. A mí me hubiera gustado exponer y someterme al escrutinio de la soberanía popular representada en las Cortes Generales respecto de un programa de política judicial, cosa que en la actual legislación no se puede hacer. Por ejemplo, el sistema americano aunque a los jueces del Tribunal Supremo los propone el presidente del Gobierno, se someten a un estricto y exigente escrutinio en el Senado. Se tiene que mejorar el sistema y propiciar que la participación ciudadana sea efectiva. 

Sin embargo, lo que se pretende desde la derecha política y judicial es otra cosa: “que los jueces elijan a los jueces”. 

Eso en parte está ocurriendo ya con la actual ley, que seguramente es mejorable. La frase de que “que los jueces elijan a los jueces”, sin otro matiz, puede provocar determinadas derivas corporativistas. Creo que sería poco justificable que los militares eligieran al ministro o ministra de Defensa, los médicos al ministro de Sanidad o los funcionarios al ministro de Administración Pública. Conforme a la Constitución, la justicia emana del pueblo y la máxima representación del pueblo son las Cortes Generales. 

Dentro de eso, evidentemente, hay que garantizar la función de la independencia judicial en el marco de la separación de poderes y tiene que haber alguna participación de la carrera. Ahí está el tema de en qué grado, en qué momento, en qué modo, con qué amplitud de los integrantes de la de la carrera judicial… Pero la Justicia emana del pueblo, es del pueblo y no de los jueces. Los jueces sirven a la Justicia y sirven al pueblo.

Entiendo, de su reflexión, que no es partidario de que se amplíe la participación de la carrera judicial. 

El debate se ha querido sintetizar en “que los jueces elijan a los jueces”. Toda simplificación siempre tiene cierto grado de perversión. De alguna manera, lo que se está pidiendo es otra cosa distinta a que los jueces elijan a los jueces. 

¿Qué se está pidiendo?

Si lo que se pide es que el Poder Judicial, en lugar de emanar del pueblo, emane de 5.000 personas que integran la carrera judicial, yo no estaría de acuerdo. No considero que sea constitucionalmente admisible. A veces, la simplicidad del debate político y de las consignas oscurece la complejidad de las cuestiones. Y si se dice “que los jueces elijan a los jueces”, yo podría decir que los jueces ya elegimos a los jueces. A mí y al resto de representantes judiciales del Consejo nos han votado nuestros compañeros a través del aval asociativo o incluso del aval de los no asociados. 

Después de eso, las Cortes Generales tienen que tener algún tipo de participación para contrastar el perfil, el programa político… ¿Si no, de qué manera estamos garantizando que la Justicia emana del pueblo? Es una cuestión mucho más compleja de lo que se ha querido trasladar en el debate político.

Dos partidos acordaron hace unos meses incluir el término ‘lawfare’ en el texto de un acuerdo. La reacción de todas las asociaciones de jueces fue contundente y unánime. Al tiempo, es difícil creer que en España no se hayan adoptado en los últimos años decisiones judiciales demasiado teñidas de ideología, siempre en la misma dirección. ¿Tienen la piel demasiado fina los jueces? 

Nuestra resoluciones tienen que estar sometidas a la crítica pública, incluso a la crítica desabrida o poco agradable. En eso radica la esencia de la libertad de expresión. Somos servidores públicos y tenemos que estar sometidos y acostumbrados a esa crítica pública. La libertad de expresión de la ciudadanía va incorporada a la toga. Nada que reprochar a toda crítica o queja sobre la Administración de Justicia que los ciudadanos perciban. 

Ahora, de eso a utilizar o manipular los procesos judiciales para propósitos que no son nada coincidentes con la Administración de Justicia y con el servicio público hay un largo trecho. En este sentido, la acusación popular tiene un amplio recorrido para ser mejorada y para garantizar que su único interés sea que se haga Justicia y no otros intereses políticos, sindicales o mediáticos. La utilización de las causas para realizar juicios paralelos y menoscabar el honor y la reputación de las personas sometidas a esas causas se tiene que solventar.

Creo que ahí radica buena parte del origen de esa queja por el ‘lawfare’. Hay mucho que mejorar y no hay que caer en el simplismo de decir sí existe o no existe ‘lawfare’. Hay jueces condenados por prevaricación. Me refiero, por ejemplo, al caso de la magistrada Vicky Rosell [en el que resultó condenado el juez Salvador Alba]. Eso ha sido un escándalo, entre otros muchos, de una magnitud considerable. Todas y todos tenemos la obligación de cambiar este tipo de actuaciones de utilización perversa de la Justicia.

El acuerdo firmado entre el PSOE y PP el pasado junio para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tenía una cláusula que hasta ahora era secreta. Ambos partidos acordaron que, por primera vez en la historia, ellos no pondrían el nombre de la persona que iba dirigir la institución. Pero sí pactaron que los veinte vocales —diez progresistas y diez conservadores— debían ponerse de acuerdo sobre la base de tres condiciones: que fuera mujer, progresista y magistrada del Tribunal Supremo. 

Isabel Perelló (Sabadell, 1958) cumple con todos esos requisitos. Elegida con 16 votos, su designación permitirá que la institución empiece a funcionar con normalidad tras años de desprestigio. Y también supone que el primer sillón de la judicatura española vuelva a estar ocupado por una persona de perfil progresista después de casi tres décadas. 

Pero el camino recorrido hasta el consenso no ha sido fácil. Primero, con un complejo acuerdo político al que el PP se resistió durante años con excusas crecientes y cambiantes. Y después, con cinco semanas de intensas negociaciones entre los flamantes vocales, en las que el sector conservador amagó con incumplir la letra pequeña de ese pacto entre los partidos. Su estrategia pasó en primer lugar por tratar de imponer al magistrado Pablo Lucas, del que defendían su “brillante” currículum; y, después, a Carmen Lamela, a la que promocionaron tras aceptar que el puesto debía estar en manos de una mujer y a la que intentaron atribuir una sensibilidad progresista difícil de apoyar en su trayectoria como magistrada.

Durante semanas, la división entre los dos bloques del órgano pareció insalvable. Un escenario de parálisis que distintas fuentes atribuyen a un “choque de liderazgos” dentro del sector conservador. De un lado, los vocales más cercanos al Partido Popular, que asumían que había que cumplir con el acuerdo político pactado. Y de otro, los más próximos a la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que se resistían a designar un perfil progresista cuando su predominio en la carrera judicial es incuestionable. 

Encima de la mesa estaban los nombres de siete magistrados del Supremo. El de Perelló, aunque se barajó en un inicio, no llegó a ser incluido en la terna propuesta por los vocales de la izquierda judicial. Estos se decantaron por impulsar las candidaturas de las también magistradas del Supremo Pilar Teso, a la que los conservadores veían como una “emisaria” del ministro de Justicia, Félix Bolaños; y de Ana Ferrer, a la que atribuyen proximidad al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.

Aunque son dos reputadas juristas, sus perfiles eran rechazados de plano por los vocales conservadores, cuyo respaldo era imprescindible para sacar el nombramiento adelante y que insistían en imponer a sus candidatos. Todo ello a pesar de que, en los dos acuerdos previos de renovación del CGPJ que se fueron al traste, PSOE y PP pactaron el nombre de Teso. En 2013 también fue la candidata de parte del bloque progresista en oposición a Carlos Lesmes. Años después, distintas fuentes coinciden en que esa circunstancia ha supuesto una “rémora” para Teso, a la que se ha colocado como la candidata preferida de la Moncloa y cuyo nombre ni siquiera formó parte de la votación definitiva de este martes. 

Nuevos perfiles en el Supremo  

Tras un impasse que duró semanas, la situación empezó a desencallarse hace varios días, cuando comenzó a tomar fuerza la posibilidad de buscar nuevos perfiles de consenso en el Supremo. Fuentes del órgano detallan que el primer paso lo dio el vocal conservador José Antonio Montero, que propuso a un consejero del otro bloque, Carlos Hugo Preciado, el nombre de Perelló, compañera suya en la Sala Tercera del Supremo y a quien le une una amistad de años.

La propuesta fue bien recibida por algunos vocales progresistas, que vieron en este movimiento una vía de salida al bloqueo. Otros expresaron sus dudas ante el hecho de que hubiera que cambiar las reglas que ellos mismos se habían dado en julio y que determinaban que la presidencia debía salir de los primeros siete nombres propuestos. A mediodía del lunes, los conservadores propusieron formalmente abrir la lista de candidaturas y su iniciativa se aprobó por unanimidad.

En este punto, los relatos de la decena de fuentes consultadas dentro y fuera del órgano divergen sobre qué llevó a los vocales conservadores de rechazar los perfiles de Teso, Ferrer o Ángeles Huet a aceptar el de otra magistrada “inequívocamente progresista” como es Perelló. Hay quien habla de “razones de responsabilidad” ante el “descrédito” que habría supuesto llegar sin presidencia al solemne acto de apertura del año judicial que se celebra este jueves y que preside Felipe VI. También hay quien alude a la “victoria pírrica” que supone haber abortado la designación de la candidata preferida del Gobierno. “Aceptamos unos puntos de partida, pero no imposiciones de partida”, dice una fuente de la derecha judicial. 

Otras fuentes apuntan a la “intervención” de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que es amiga íntima de Perelló desde hace años y cuyas carreras profesionales han discurrido de forma paralela. Han compartido afiliación en la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia y han trabajado mano a mano en la Audiencia Nacional y en el Supremo. “Perelló llegó al Supremo de la mano de Robles en 2009, cuando ella era vocal del CGPJ que la designó”, rememora un magistrado del Alto Tribunal.

Un salvavidas ante el bloqueo

El nombre de Perelló emergió como una suerte de salvavidas para todos los vocales, conscientes del enorme descrédito que habría supuesto presentarse ante el desfile de togas y autoridades de la apertura judicial sin haber sido capaces de elegir a un presidente o presidenta. “Hemos desbloqueado una situación compleja, con independencia y sin instrucciones. Es de agradecer el viaje que han hecho los vocales conservadores desde Pablo Lucas hasta ahora”, dice un miembro del bloque progresista, quien dice que este primer acuerdo “no cierra puertas, sino que abre muchas puertas”. 

“Va a ser muy difícil sacar adelante en su totalidad el proyecto progresista que tenemos. Pero la conclusión de todo esto es que antes de empezar cada pleno deberíamos hablar y limar asperezas”, sostiene otro miembro de este grupo. También en el sector conservador son conscientes de que ahora toca “mucho diálogo”. Uno de sus miembros apunta a que el hecho de que la mayoría de las decisiones relevantes se tengan que llevar a cabo por tres quintos —13 votos de los 21— va a “romper inevitablemente la política de bloques”. 

Entre esas cuestiones más inmediatas está empezar a revertir las consecuencias de los cinco años de bloqueo a los que el PP sometió al CGPJ. Y, como primer reto, está cubrir 98 plazas que están vacantes en los principales tribunales, 26 de ellas en el Supremo, donde casi una de cada tres plazas está sin cubrir. Esas designaciones requieren una mayoría reforzada que dependerá, sin duda, de la capacidad de alcanzar acuerdos.