Jueces y fiscales se revuelven contra las reformas del Gobierno

Jueces y fiscales están llamados este miércoles a un paro de 10 minutos ante las sedes de juzgados y tribunales. La convocatoria parte de las cinco asociaciones del centroderecha judicial, soliviantadas por las reformas del ministro Félix Bolaños. Principalmente, por la inclusión de una prueba escrita en la oposición que da acceso a la carrera, hasta ahora únicamente oral y memorística; y por su plan para regularizar a los jueces sustitutos —la mayoría mujeres— que cubren bajas y sacan adelante juzgados en situaciones precarias.

En paralelo, un grupo de más de un millar de jueces y fiscales se están organizando en WhatsApp para convocar una huelga sobre la base de un manifiesto plagado de tergiversaciones. En ese texto se afirma que el Gobierno “controlará la preparación de la oposición” por su propuesta para que los aspirantes tengan la posibilidad de acudir a un centro público. También figura que las reformas implican que las carreras “pasarán a estar politizadas de base”, sin ofrecer argumentos que sostengan una acusación de ese calado.

El Gobierno se ha afanado en los últimos días en desmentir los “bulos” y aclarar las “falsedades” que se han difundido en torno a las reformas, al tiempo que ha anunciado la convocatoria de 1.440 nuevas plazas para jueces y fiscales durante los próximos tres años, aunque las asociaciones desconfían de que cumpla esta promesa ante la “ausencia de presupuestos”. También se ha reunido con las asociaciones y ha anunciado que reforzará los juzgados de violencia de género con la creación de 50 nuevas plazas de jueces y 42 de fiscales ante la próxima entrada en vigor de la reforma que amplía su ámbito de actuación a todas las agresiones sexuales contra mujeres.

Pero estos anuncios no han calmado los ánimos entre las asociaciones y los promotores de la huelga, que exigen la retirada de una reforma que este jueves pasará el primer trámite de su camino parlamentario con su toma en consideración en el pleno del Congreso. Y que incluye otras medidas como blindar por ley el sistema de becas en un contexto en el que el 98,71% de los jueces de la última promoción contaron con el apoyo económico de sus padres durante la preparación de la oposición, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El 64,52 % del total no había trabajado antes.

Una “vuelta atrás”

Con relación a los aspectos más cuestionados de las reformas, fuentes del Ejecutivo reiteran que las pruebas memorísticas —un examen tipo test y una prueba oral— no se eliminan. Y que lo que se hace es introducir un caso práctico que permite evaluar otras aptitudes igualmente necesarias para el ejercicio de la jurisdicción, como la capacidad de redacción, la argumentación jurídica o la aplicación del derecho a casos concretos. Recuerdan, además, que otros cuerpos como los notarios, los registradores o los abogados del Estado también deben pasar exámenes escritos en sus oposiciones. E insisten en que los mensajes serán anonimizados y que, además, las pruebas orales se grabarán.

Las asociaciones convocantes defienden, sin embargo, que el dictamen “supone una vuelta atrás de 30 años y un incremento de la subjetividad en la evaluación de los jueces y fiscales”. “El examen práctico se quitó en su momento con el argumento de que permitía elegir cierto perfil de candidatos. Además, la parte práctica ya existe en la Escuela Judicial. La reforma reduce el nivel de exigencia”, afirma el magistrado Alejandro González Mariscal de Gante, portavoz de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que secunda el paro junto a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), que agrupan al 47% de la carrera judicial, la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF).

“La reforma de las oposiciones supone la introducción de riesgos que hasta ahora no existían. Es una rebaja del listón porque el dictamen podrá admitir varias respuestas válidas y será de evaluación subjetiva”, añade, por su parte, el magistrado Jesús Villegas, miembro del comité del autodenominado grupo “Unión de Fiscales y Jueces”, que se agrupa en dos grupos de WhatsApp y la cuenta de X @Huelga2025.

El manifiesto de este grupo “espontáneo” afirma también que “con esta reforma se devalúa la formación de los jueces y fiscales y el poder político podrá influir en el perfil de quienes ingresen en la carrera judicial y fiscal, alterando progresivamente su composición, lo que perjudica seriamente la separación de poderes”. Villegas afirma que esa afirmación hay que “ponerla en conexión” por el llamado cuarto turno, el que permite al acceso a la carrera judicial por concurso de méritos a profesionales con más de diez años de experiencia, sin pasar una oposición. “Eso se puede convertir en un coladero”, sostiene.

En realidad, el acceso por el cuarto turno existe desde 1985. La ley preveía que debían suponer el 25% de la carrera, pero en la actualidad solo el 9,33% de los magistrados han accedido a la carrera por esta vía. Lo que hace la reforma es garantizar que sus convocatorias deberán ser “anuales y simultáneas” con las de la oposición libre. Fuentes del Ejecutivo defienden que al fijarse las convocatorias de manera simultánea y que el cuarto turno sea una de cada cuatro plazas, cuantas más plazas haya de turno libre, más habrá de cuarto turno y que nunca crecerá una en detrimento de otra.

La reforma del Gobierno también acaba con la preparación de oposiciones como un negocio eminentemente privado. Así, pretende convertir el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), ubicado en Madrid, en un espacio público de preparación de oposiciones para jueces y fiscales. Además, el objetivo es que el CEJ llegue a acuerdos con otros entes provinciales para que los opositores que no residan en la capital tengan la oportunidad de acudir allí para preparar parte de sus oposiciones.

Las asociaciones defienden que esa medida conlleva “un evidente riesgo de control ideológico del acceso a la carrera judicial y fiscal por parte del Ejecutivo” que es “inasumible en un Estado de derecho con separación de poderes”. En el Gobierno insisten en que la voluntad es que el CEJ se convierta en un lugar asequible y con presencia en todo el territorio para preparar las oposiciones. Pero ni será obligatorio prepararlas allí ni se intervendrá en los contenidos de la preparación de cada preparador que preste allí sus servicios. Tampoco se hará ninguna selección para crear un cuerpo de preparadores.

Entre las cuestiones que han generado más controversia está también el proceso extraordinario de estabilización de jueces y fiscales sustitutos con el que el Gobierno afirma que busca cumplir el mandato de la Comisión Europa. Fuentes de Justicia explican que el Ministerio ha recibido dos cartas de la Comisión Europea, la primera en julio de 2024, que ordenan acabar con la precariedad de los trabajadores públicos. En su informe sobre el anteproyecto, el CGPJ afirma que el régimen jurídico de estos profesionales no es discriminatorio o constitutivo de un abuso contrario a la directiva sobre empleados interinos.

La norma prevé un proceso abierto y no se limita a quienes han desempeñado las funciones de sustitutos y suplentes dentro de las carreras judicial y fiscal. Los aspirantes deberán acreditar cinco años de ejercicio profesional jurídico para poder presentarse a un dictamen práctico al que seguirá una fase de méritos. Según las asociaciones, este proceso “no asegura la acreditación rigurosa de los conocimientos jurídicos necesarios para ejercer funciones jurisdiccionales o fiscales” Y otorga acceso directo a la categoría de juez o fiscal, tras las prácticas, sin equipararse en exigencia al proceso ordinario del turno libre.

Qué opinan los jueces progresistas

La asociación progresista Jueces y Jueces para Democracia, que no respalda el paro y está a favor de gran parte de la reforma, cree que al menos se debería ampliar a diez años la exigencia de ejercicio profesional. Además, defiende que el proceso debería estar abierto únicamente a quienes han desempeñado las funciones de sustitutos y suplentes dentro de las carreras judicial y fiscal, para los que la norma sí reserva propuestas de baremación de méritos que potencian su experiencia frente a otros méritos profesionales de relevancia.

Lydia Polo, presidenta de la Asociación Pro Dignidad de Jueces y Juezas Sustitutos/as y Magistrados/as Suplentes, defiende que la reforma “no es una concesión ni un privilegio, sino una cuestión de legalidad”. Polo afirma que su figura ha sido “históricamente invisibilizada” pese a haber sido esencial para el sostenimiento del servicio público de justicia. Han dictado, de media, el 20% de las resoluciones judiciales en España durante años, según sus propios datos. “Somos juristas formados, con experiencia, que hemos sostenido juzgados y fiscalías cuando el sistema no daba abasto”, añade Polo, que afirma que es el único colectivo de trabajadores temporales que no ha accedido a ningún proceso de regularización, a pesar de llevar años trabajando en condiciones precarias.

En el Ejecutivo insisten en que ningún juez sustituto logrará una plaza directamente: tendrá que superar un dictamen ante un tribunal designado por el CGPJ y presidido por un magistrado del Tribunal Supremo. Si la supera, entrará en un concurso de méritos. El colectivo de jueces sustitutos está cercano al millar de personas, de las que el 70% son mujeres. En algunos órdenes jurisdiccionales suponen el 10%, según fuentes del Ejecutivo. Son elegidos por los Tribunales Superiores de Justicia y nombrados por el CGPJ, sin intervención por parte del Ministerio de Justicia.

La de este miércoles es la tercera movilización que afronta el Gobierno progresista por parte del tercer poder del Estado tras las polémicas concentraciones con toga por el acuerdo de investidura entre PSOE y Junts después de la amnistía y el conato de huelga que se saldó con una subida salarial de 450 euros al mes hace dos años. El CGPJ ha evitado por el momento entrar de lleno en este conflicto, aunque la presidenta del órgano, Isabel Perelló, defendió públicamente el “vigente” y “democrático” sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal, sin ahondar en sus reparos al nuevo modelo.

La protesta también servirá para medir las fuerzas de las asociaciones convocantes, que se sienten especialmente amenazadas, ya que la reforma prevé también impedir que puedan acceder a cualquier tipo de patrocinio o subvención privada. La llamada “Unión de Fiscales y Jueces” defiende que es momento de optar por “medidas más contundentes” que un paro de 10 minutos, lo que acerca una próxima convocatoria de una huelga que tampoco desechan las asociaciones. “No descartamos la huelga, asumimos que es lo que va a llegar”, sostiene el portavoz de la APM.