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El Poder Judicial avala por unanimidad el pacto entre Bolaños y Perelló para convocar 500 plazas de jueces

Pleno del CGPJ.

Elena Herrera

18 de febrero de 2026 10:14 h

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El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha refrendado por unanimidad en un pleno extraordinario el acuerdo alcanzado este lunes entre el titular de Justicia, Félix Bolaños, y la presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, para dotar de contenido a las 500 nuevas plazas que el Gobierno se ha comprometido a crear este año, informan a elDiario.es fuentes del CGPJ. La reunión apenas ha durado unos minutos.

Las fuentes consultadas explican que el CGPJ se compromete a convocar 125 plazas del llamado cuarto turno de juristas de reconocido prestigio, una vía alternativa que permite el acceso a la carrera de juristas con más de una década de experiencia a través de un concurso de méritos, sin pasar una oposición. El Ministerio de Justicia, por su parte, accede a triplicar esa cifra, hasta las 375, a través de una convocatoria extraordinaria del turno libre, la tradicional oposición memorística. 

En una intervención en el pleno del Congreso, el titular de Justicia ha aludido a esta “macroconvocatoria” de 500 nuevas plazas de jueces y magistrados por parte del Ministerio y del CGPJ. Bolaños ha afirmado que “por primera vez en la historia cumple con el 25% de las plazas para el cuarto turno”.

La ley establece desde 1985 que de cada cuatro vacantes que se produzcan en la categoría magistrado dos deben cubrirse por concursos por escalafón (antigüedad), una a través de pruebas de especialización (civil, penal, contencioso, violencia sobre la mujer...) y otra por este cuarto turno. Se llama así porque se suponía que sería una cuarta parte de las plazas: el 25%.

Según datos del CGPJ, desde 2014 hasta la actualidad se han convocado 208 plazas para el cuarto turno: 11 en 2013, 50 en 2015, 12 en 2018, 50 en 2020 y 85 en 2023. Por contra, las plazas del turno libre han ascendido en el mismo período en 1.232. La realidad es que solo el 9% de los jueces en activo ha entrado así debido al incumplimiento histórico del CGPJ, que ahora empezará a revertirse con esta convocatoria. El CGPJ encargará un informe sobre las vacantes que “pueden ofertarse”, pero las fuentes consultadas coinciden en que serán 125.

Como contrapartida, el Ministerio de Justicia hará una convocatoria extraordinaria del turno libre, de las que ofertará 375 plazas. Los Presupuestos vigentes —prorrogados desde 2023— acotan a 200 las plazas que se pueden convocar de la oposición, si bien los técnicos de Justicia están trabajando con los de Hacienda para articular esta convocatoria extraordinaria incluso si el Gobierno no consigue aprobar las nuevas cuentas, como parece probable.

Según el Plan Estratégico de Recursos Humanos del CGPJ, el sistema judicial se enfrenta a una jubilación masiva en la próxima década que dejaría la plantilla en 4.401 efectivos en 2035 si no se toman medidas drásticas, lo que generaría un agujero de más de 2.200 jueces. 

El pasado 27 de enero representantes de Justicia y del CGPJ se reunieron en la llamada comisión-mixta para abordar la dotación de esas 500 nuevas plazas que el Ejecutivo confía en tener creadas después del verano. Pero una cosa es la creación administrativa de la plaza y otra la llegada efectiva de un juez que la ocupe. “Eso es una silla con una mesa, no es el señor o la señora que va a dictar sentencias”, explica una fuente. 

El proceso funciona como un efecto dominó en el que las nuevas plazas se ofrecen a los magistrados más veteranos, que tienen la opción de optar a los nuevos destinos en función de su antigüedad. Solo cuando la vacante llega al final de cadena se puede ofrecer a quienes acaban de entrar en la carrera. Ese proceso no estará culminado hasta dentro de un año, según el horizonte temporal con el que trabaja el Ministerio.

En esa reunión, los miembros del CGPJ reclamaron al Ejecutivo que aumentara el número de plazas de la convocatoria de acceso por oposición de 2026, como finalmente se ha comprometido a hacer. Citaron el precedente de 2004, cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero tomó una decisión similar.

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