La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha relevado al director de Régimen Jurídico fichado por su predecesor, Jokin Bildarratz. Según publica el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), aunque no se informó de ello públicamente en el último Consejo de Gobierno, termina por motivos de conciliación familiar su etapa en el Gobierno Eneko Goenaga -a quien se le agradecen los servicios prestados- y asume esas funciones Martín Gartziandia, que fue Síndico (defensor del vecino, un puesto similar al del Ararteko) en Vitoria, así como secretario municipal en una etapa más reciente.

Bildarratz fichó a Goenaga en 2022. Este jurista, sobrino del histórico dirigente del PNV guipuzcoano Joseba Egibar, aunque había estado en la constructora Amenabar, procedía del bufete Cuatrecasas. Allí, de la mano de Gonzalo Susaeta, formó parte del equipo de abogados de Alfredo de Miguel en el juicio por corrupción que se desarrolló en 2018 y que acabó con este exdirigente del PNV alavés encarcelado.

En su etapa en el Gobierno, el momento más polémico llegó con la contratación como asesor jurídico externo precisamente del director de Cuatrecasas en Euskadi, Joanes Labayen, para resolver la crisis abierta con la contrata de autobuses escolares en el curso 2023/2024. La oposición cuestionó al Gobierno no solamente por la incorporación de Labayen mediante un contrato directo -cuya responsabilidad asumió en primera persona el propio consejero- sino porque Labayen era a la vez asesor de una de las empresas adjudicatarias, Autocares Urpa.

Gartziandia, de su lado, llega como un jurista reconocido en Vitoria en sus diversas funciones, la primera más pública (atendiendo las quejas vecinales y proponiendo medidas) y la segunda más de control de legalidad interna. Colaboró con los dos últimos alcaldes, Gorka Urtaran del PNV y Maider Etxebarria, del PSE-EE. Su despedida municipal en 2024 concitó apoyos plurales y el apunte de que el “rigor” es una de sus señas de identidad.

Sin sorpresas y con mayoría absoluta, Bakartxo Tejeria (Donostia, 1971) continuará cuatro años más como presidenta del Parlamento Vasco y segunda autoridad vasca. En el cargo desde 2012, es la más longeva en esa responsabilidad desde hace tiempo y aspira a continuar en ella hasta 2028, una cuarta legislatura. Es también la mujer con más relevancia institucional en la Euskadi democrática. La Cámara ha celebrado este martes la sesión inaugural de su decimotercera legislatura tres semanas y dos días después de las elecciones vascas. PNV y PSE-EE, que negocian reeditar su coalición de Gobierno pero ahora con Imanol Pradales como lehendakari, han mostrado en las votaciones de la nueva Mesa que tienen engrasada su relación para que, después de las elecciones europeas, se puedan celebrar los debates de investidura en Vitoria y en Gernika, como es tradición.

Independentista convencida y representante fiel del PNV de Gipuzkoa de Joseba Egibar, está casada con un abogado del Estado, Joanes Labayen, hijo de Ramón Labayen (consejero y alcalde donostiarra) que ahora ejerce como responsable del bufete Cuatrecasas en Euskadi y que saltó a la primera línea en 2023 por un contrato que recibió del Departamento de Educación en plena crisis del transporte escolar. Labayen y los cuatro hijos del matrimonio han seguido la sesión desde un palco después de saludarse con Egibar, que tres décadas después ha dejado la Cámara y que acudido a ella ahora como invitado. Las mayores, que en 2012 le regalaron a su ama un dibujo por el nombramiento, han ido creciendo legislatura a legislatura y esta vez se han entretenido con el móvil. Tejeria, que llegó a Vitoria en 2001 con su gran amiga Eider Mendoza, ahora primera mujer diputada general de Gipuzkoa y que le ha acompañado también, tiene como característica principal que nunca se ausenta de las sesiones, por muy largas que sean. En doce años apenas son recordados dos breves instantes en que no ha estado al frente de la Mesa y siempre por causas justificadísimas. En su Parlamento, a diferencia de en el Congreso, ni se aplaude ni se abuchea. El 'Isiltasuna mesedez!' se ha convertido en marca de la casa, como también que todas las sesiones las dirige en euskera.

La misma mayoría de nacionalistas y socialistas ha hecho que Susana Corcuera Leunda (Donostia, 1963) se haya convertido en vicepresidenta primera aunque la segunda fuerza parlamentaria y empatada con el PNV sea EH Bildu. Eva Blanco (Amurrio, 1973) queda relegada a vicepresidenta segunda, aunque la coalición tendrá dos puestos en la Mesa por vez primera en su historia con Eraitz Sáez de Egilaz. La más joven de la Cámara es la primera representante de EH Bildu que no precede de EA en el órgano de Gobierno de la Cámara. Completa la dirección parlamentaria Jon Aiartza del PNV. Vizcaíno y con experiencia, se convertirá en el nuevo hombre fuerte del grupo del PNV junto con el flamante nuevo portavoz, el alavés Joseba Díez Antxustegi. El PP había protestado porque antes Podemos tuvo un hueco con menos escaños y votos que ellos.

Tejeria aboga por un “nuevo estatus”

Tejeria ha pronunciado un primer discurso institucional tras la reelección. Lo ha hecho citando a Jesús María de Leizaola, lehendakari en el exilio durante la dictadura y primer orador de la Cámara el 31 de marzo de 1980 por ser entonces el de mayor edad. “Reeditamos nuestro compromiso con este pueblo, sabedores del honor y la responsabilidad que comporta”, ha señalado. En el plano más político, ha considerado como “imprescindible” que Euskadi logre un “nuevo estatus” y que España reconozca su carácter “plurinacional”. “Hay que llegar a un acuerdo con el Estado que respete la mayoría de esta Cámara”, ha señalado.

En su intervención, ha apelado a “seguir construyendo la nación vasca” pero también a los acuerdos y al “respeto a los adversarios políticos” frente a los populismos. “Espero que la legislatura que empieza ahora traiga acuerdos amplios.. Cuanto más amplios, mejor. Hay que aunar las fuerzas de todo el mundo”, ha manifestado en euskera.

El conciliábulo de La Rubia

El pleno estaba programado a las 10.00 horas y ha empezado puntual, aunque el Parlamento estaba muy activo desde mucho antes. Se ha abierto el portón principal y ertzainas con uniforme de gala han ido saludando a los invitados. Quien será lehendakari, Pradales, ha entrado arropado por todo su equipo después de tomar un café en el bar La Rubia, el conciliábulo predilecto de sus señorías. Allí han coincidido con la delegación del PSE-EE y han exhibido su sintonía con abrazos y besos. Más tarde ha entrado quien es lehendakari, Iñigo Urkullu, que ha celebrado a primera hora de este martes su Consejo de Gobierno. Ha llegado acompañado por sus vicelehendakaris, Josu Erkoreka y ahora también Iñaki Arriola, socialista, que ha estrenado su posición y su nuevo escaño a semanas de abandonar la política. Con ellos ha comparecido todo el gabinete salvo los dos únicos miembros del Gobierno que continuarán en la primera línea política, Javier Hurtado de la parte socialista y Nerea Melgosa de la nacionalista. Menos formalismos han tenido Mikel Otero, de EH Bildu, que ha llegado en patinete, o Esther Martínez y Álvaro Gotxi, los dos del PP de Bizkaia que han llegado con la lengua fuera con un gran atasco en Bilbao que ha retrasado también al socialista Ekain Rico.

Quien ha sido el factótum del Parlamento durante dieceséis años, Iñigo Iturrate del PNV, no seguirá esta legislatura y, de hecho, ya se le ha reubicado al frente del palacio de congresos Euskalduna de Bilbao, que es controlado por la Diputación de Bizkaia. Pero todavía ha tenido un papel como antiguo secretario de la Cámara y ha sido él quien ha dado lectura a los nuevos 75 electos en el orden en que se han acreditado. De este modo, el primero ha sido Jon Hernández Hidalgo, secretario general del PCE-EPK y parlamentario de IU dentro de la coalición Sumar. La segunda en tomar posesión ha sido Amaia Martínez Grisaleña, la única de Vox. El tercero ya ha aparecido Imanol Pradales Gil, quien se ha sentado detrás de Urkullu y de la bancada del Gobierno en el escaño que durante lustros fue de Egibar. Los 27 del PNV tenían instrucciones de darle la mano, uno por uno, a un paciente Urkullu. Tejeria también ha saludado en primer término a Urkullu tras su cuarta designación.

Las últimas en tomar asiento han sido de EH Bildu: una debutante, Lamia Arcas, y una veterana, Rebeka Ubera. No hay formalmente ningún juramento ni promesa. En el pasado, con Borja Sémper, el PP llegó a protestar, ya que en otras instituciones que hay acatar la Constitución y manifestar “lealtad” al jefe del Estado. Hoy nadie ha protestado por ello. 35 de los 75 aforados son nuevos, pero el cálculo habrá que ajustarlo cuando se conforme el Gobierno y se constituyan los grupos definitivos.

Tras este formalismo, se ha retirado la Mesa de la anterior legislatura. Ha ocurrido a las 10.17 horas. Discretamente, ha sido el momento del abandono de Podemos del Parlamento. Gustavo Angulo era el último superviviente de la formación morada, que no tiene representación. Una Mesa de edad con las tres parlamentarias mayores y las dos más jóvenes ha ordenado la sesión. Las cinco han sido mujeres. La mayor, Miren Gallástegui, eibarresa de apellido esdrújulo y con tilde. Después, Irune Zuluaga del PNV -la única de más de 60 años que ha continuado tras el recambio generacional emprendido tras el relevo de Urkullu por Pradales- y la socialista Susana Corcuera. Con 27 años las más jóvenes venían de la bancada de EH Bildu, Edurne Benito del Valle y Eraitz Sáez de Egilaz. Ella puede presumir del honor de haberlo sido dos veces por vez primera, ya que en 2020 lo fue también a sus 23 años. Nadie ha corregido a Gallástegui cuando ha dado por error 25 minutos de receso en vez de 15, como dicta el reglamento, para preparar la elección de la presidenta. “Ésa es mi Miren”, ha bromeado su excompañero socialista Txarli Prieto, que se ha quedado a ver el primer pleno también como invitado después de abandonar la primera línea política. “Me van a disculpar: efectivamente, soy de letras”, ha bromeado tras admitir su error.

Las votaciones se han realizado en tres tandas. Primero, la presidencia. Tejeria se ha llevado los 39 votos de PNV y PSE-EE. A las 11.02 se ha confirmado su designación, recibida con aplausos. EH Bildu, PP, Sumar y Vox han votado en blanco. Después, las vicepresidencias se han elegido a las 11.16 horas, con 39 votos para Corcuera y 27 para Blanco. Finalmente, las secretarías han recaído a las 11.28 en Aiartza y Sáez de Egilaz, con los mismos votos. Un ujier ha preparado una urna de cristal con detalles de madera porque estas votaciones no son electrónicas sino nominales: sus señorías depositan una papeleta manuscrita cuando son llamados tras un sorteo. Los agraciados han sido Amancay Villalba, Ainhoa Domaica y Arkaitz Rodríguez.

La portavoz de EH Bildu, Nerea Kortajarena, se ha hecho acompañar en la sala de prensa de Blanco y Sáez de Egilaz para denunciar que no se haya respetado la posición de la coalición. “No pedimos ni ser más ni ser menos”, ha lamentado. EH Bildu ve a PNV y PSE-EE en una dinámica “excluyente, exclusiva y secreta” de negociaciones y más preocupados por el “reparto de sillas” que por tender puentes. El PNV ha afirmado que no dicen la verdad. “No es un buen inicio de la legislatura”, ha coincidido también Laura Garrido, del PP, que ha insistido en sus críticas por haberse quedado fuera de la Mesa. Igualmente, Garrido ha criticado que Tejeria haya empezado la legislatura con un discurso soberanista y apelando a un nuevo estatus. La ya más veterana del grupo 'popular' se ha dicho muy ilusionada por ser la nueva portavoz en esta legislatura dentro del equipo de Javier de Andrés.

Aunque el boato es mayor en las investiduras, los palcos del Parlamento han estado concurridos. Los servicios de protocolo han depositado pequeños carteles con nombres en algunos asientos. En el palco principal estaban los diputados generales de Álava y de Gipuzkoa, Ramiro González y Eider Mendoza, pero no la vizcaína Elixabete Etxanobe. También había un expresidente del Parlamento, Juan María Atutxa, y el otro dirigente del PNV que preside una Cámara autonómica, el navarro Unai Hualde. En ese lugar todos eran del PNV. A su izquierda estaban líderes políticos como Andoni Ortuzar e Itxaso Atutxa del PNV, Unai Urruzuno de EH Bildu, Cristina González, Mikel Torres y José Ignacio Asensio del PSE-EE, Carmelo Barrio del PP -que también ha dejado el escaño después de más de tres décadas- o Alba García Martín de Sumar (que no logró el escaño pero que tendrá un papel en el Parlamento como asesora del electo Jon Hernández). Igualmente, ha habido una representación de Eudel, del Ararteko o de las universidades, encabezada por la rectora de la pública UPV/EHU Eva Ferreira. Y, a la derecha, estaban los asesores de Urkullu, quienes le han seguido pleno tras pleno durante tres legislaturas, Manu Castilla, Jonan Fernández, Luis Petrikorena o Arantza Zugasti.

Después de un muy conflictivo arranque del curso académico 2023/2024, que incluyó días sin transporte escolar, un boicoteo de las empresas a las licitaciones del Gobierno vasco y la polémica por la contratación como asesor gubernamental de Joanes Labayen del bufete Cuatrecasas, que a la vez era miembro de una compañía adjudicataria (Autocares URPA), Educación busca un septiembre “pacífico” y ha presentado ya una propuesta para mejorar un 6% el pago por cada ruta de autobús en el curso 2024/2025. El consejero-portavoz del Ejecutivo, Bingen Zupiria, ha asegurado que los nuevos pliegos del concurso de transporte escolar son el fruto de las conversaciones iniciadas con el sector tras la crisis del pasado otoño.

Educación ha acordado ya iniciar la licitación de 416 itinerarios que quedaron desiertos el pasado año, cuando las compañías ni siquiera se presentaron a la mayoría de rutas diseñadas por Educación para dos cursos al entender que el servicio era deficitario por las exigencias horarias, de estado de los vehículos y de precios de combustible, entre otros factores. En datos, en Álava apenas hubo ofertas para 14 de 138 líneas, en Bizkaia 1 de 190 y en Gipuzkoa 65 de 139 (de las que URPA, la empresa del asesor Labayen, se llevó 15). Además, las compañías interpusieron decenas de recursos. Educación llegó a valorar presentar una denuncia al interpretara que las empresas estaban actuando de forma concertada a modo de cártel, una práctica ya detectada en el pasado tanto en el transporte escolar de Gipuzkoa como en los comedores.

Ahora se propone un contrato para un curso, de modo que se acompasen las rutas adjudicadas para dos años este septiembre con las que entrarían en vigor el próximo curso. Se plantea para estos 416 lotes un presupuesto de 20,2 millones de euros. Indica el Gobierno que se mejora la contraprestación un 6% en cada uno de ellos. “La convocatoria que hoy hemos aprobado es el resultado del proceso de diálogo que iniciamos y prometimos en el momento en que al inicio del curso encontramos aquellas dificultades con las empresas. Han sido meses de trabajo en común para detectar aquellos aspectos que convenía incorporar. Y eso es lo que se ha hecho”, ha enfatizado a preguntas de los periodistas el portavoz Zupiria después de presentar las líneas generales del nuevo concurso.

Este contrato afecta exclusivamente a la red pública. En Euskadi engloba a apenas el 50% de los estudiantes totales. Se ofrece transporte escolar a alumnado que resida a más de dos kilómetros del colegio hasta los 14 años y a más de cuatro kilómetros en el segundo ciclo de Secundaria. En casos de menores con movilidad reducida, se obtiene el derecho a solicitar transporte a una distancia de 500 metros con todas las edades. Educación estima en 584 las rutas totales actuales y en 20.915 alumnos de 257 colegios públicos los beneficiarios diarios. El Gobierno considera el desplazamiento un “servicio complementario” para “garantizar la universalidad” del derecho a la educación.

No ha habido sorpresas. El Parlamento Vasco no celebrará una comisión de investigación en este final de la legislatura en relación al fichaje como asesor externo del Departamento de Educación del abogado Joanes Labayen, responsable del bufete Cuatrecasas en Euskadi, para la crisis con las empresas del transporte escolar en el inicio del curso académico 2023/2024. Llegó a haber varios días sin servicio en septiembre y ahora se funciona con un acuerdo transitorio. Labayen, marido de la presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria, y próximo al PNV, es también miembro del consejo de administración de una de las empresas adjudicatarias de las rutas de Gipuzkoa. Fue el propio consejero, Jokin Bildarratz, el que lo eligió directamente para realizar esta labor, a razón de más de 300 euros por hora. Su asesor jurídico interno, Eneko Goenaga, procede precisamente de Cuatrecasas, del equipo de Labayen.

La propuesta partía de un acuerdo de PP y Elkarrekin Podemos-IU. Ambas formaciones, muy distantes en lo ideológico, no llegan al mínimo de escaños para poder solicitar una comisión de investigación en solitario y pactaron un texto de mínimos compartido. Han sumado los apoyos de Ciudadanos, de Vox y EH Bildu, cuya postura estaba en duda y que, finalmente, ha dicho que “noski” que solamente podían votar a favor. Sin embargo, el Gobierno de Iñigo Urkullu goza de mayoría absoluta. La oposición no ha logrado que el PSE-EE se desmarque de su socio. Precisamente la última comisión de investigación fue sobre Educación y de nuevo tras un pacto entre la derecha y la izquierda. Hace cuatro años, salió adelante porque la oposición superaba en escaños al Ejecutivo de Urkullu.

En la defensa de la iniciativa, Carmelo Barrio (PP) ha recordado que Bildarratz ya compareció en una comisión ordinaria para hablar del asunto. Sin embargo, ha considerado que seguía teniendo vigencia pedir una ponencia especial porque el consejero “quiso que parecer normal lo que no es normal”. Ha indicado que el informe entregado por Labayen fue “lamentable” ya que presentaba “muchos errores” y no tenía ni conclusiones ni fecha. “Es una actuación verdaderamente irregular”, ha resumido. Y Miren Gorrotxategi (Elkarrekin Podemos-IU) ha señalado que el transporte -al igual que los comedores- es un servicio “básico” para garantizar el “derecho a la educación”. Asimismo, ha explicado que la posición de Labayen en el Gobierno y, a la vez, en Autocares URPA implica que “podría existir un conflicto de intereses”.

Por parte de EH Bildu, su portavoz educativo, Ikoitz Arrese, ha aprovechado para hacer una panorámica más general y ha afirmado que “a este Gobierno le faltan mecanismos de control y de transparencia”. Ha citado el veto a medidas de EH Bildu contra la corrupción -su enumeración en euskera ha llegado a nueve puntos- o incluso que la ley de Transparencia lleva “diez años parada”. “Esto nos deja cuanto menos una sospecha”, ha seguido. “Nos parece que no se han hecho las cosas todo lo bien que se tenían que hacer desde el principio. Este Gobierno tiene un problema de transparencia, un 'modus operandi' que se alarga durante años”, ha enfatizado. Finalmente, José Manuel Gil (Ciudadanos) ha estimado que era oportuno mirar “hasta el último detalle” de este caso, un “escándalo”; y Amaia Martínez Grisaleña (Vox) ha señalado que negar la investigación solamente hace acrecentar las “sospechas”. Eso sí, ha advertido a los promotores, singularmente a Elkarrekin Podemos-IU, de que no les han gustado las formas, ya que anunciaron en la prensa la intención de crear la comisión sin negociarla previamente.

El PNV, por medio de Gorka Álvarez, ha denunciado el “ruido político” que buscaba la iniciativa finalmente rechazada. Y ha destacado el “ejercicio de transparencia” de Bildarratz sobre este asunto en los últimos meses. Álvarez ha indicado también que es la colaboración de Cuatrecasas fue “puntual” y que Educación nunca operó con “improvisación”. Los socios, el PSE-EE, han hecho una defensa cerrada de Bildarratz, hasta el punto de verbalizar palabra por palabra cuestiones del argumentario del PNV. Por boca de una exconsejera, María Jesús San José, han criticado algunas informaciones periodísticas inexactas sobre Labayen y han lamentado que la oposición pidiera la comisión de investigación antes incluso de escuchar al consejero en la comparecencia ordinaria. “No ha existido irregularidad alguna en la contratación del bufete de abogados”, ha zanjado San José, que ha sugerido que la oposición quiere buscar “rédito político” en puertas de unas elecciones autonómicas.

No ha estado ausente del debate que Bildarratz llegó a amagar con acudir a la Fiscalía ante su discrepancia con las empresas del sector. De hecho, sí se llegó a consultar a la Autoridad Vasca de la Competencia. En el pasado, este organismo investigó y sancionó a URPA dentro de una causa más amplia contra empresas de transporte de Gipuzkoa por haber conformado un cártel para manipular contratos, incluidas las rutas escolares. Precisamente Labayen ejerció como abogado de esa compañía y pleiteó contra el Gobierno vasco para intentar (sin éxito) no abonar la multa por las irregularidades cometidas. Tejeria, de su lado, no se ha inhibido y ha dirigido el debate con normalidad y ha votado con su partido contra la investigación.

Casi tres meses después de su formalización y dos meses después de la polémica, el Gobierno vasco ha publicado en su portal de transparencia el contrato de asesoramiento que el Departamento de Educación firmó con el bufete Cuatrecasas para responder a la crisis en el transporte escolar en el inicio del curso 2023/2024. Este 'fichaje' fue objeto de polémica por que el responsable del despacho, al abogado del Estado en excedencia Joanes Labayen, fue elegido directamente por el consejero Jokin Bildarratz conociendo que es próximo al PNV y marido de la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, y también miembro del consejo de administración de una de las empresas adjudicatarias de las rutas guipuzcoanas, Autocares URPA. Labayen, que entregó un informe de 21 páginas sin fechas, con errores y con el apartado de conclusiones vacío, cobró 302,50 euros la hora.

Según el expediente, Educación autorizó un gasto máximo de 14.500 euros más IVA, dentro del margen de 15.000 euros que permite la ley para adjudicaciones directas, sin concurso. Se da la circunstancia de que en fechas cercanas Cuatrecasas recibió otra contratación para asesoramiento jurídico en EiTB con un presupuesto de 14.900 euros. El contrato se firmó el 14 de agosto, un lunes en medio de un puente y su duración fue de “cinco semanas”.

El consejero Bildarratz, que fue el que decidió en primera persona fichar a Labayen por su reputación, ya indicó que el coste final se iba a determinar en función de las horas de trabajo. Se liquidó en 5.400 euros más IVA, es decir, en 6.534 euros totales. En concreto, se fijó como cláusula que “como el alcance de la dedicación final se desconoce en el momento de la contratación, se acuerdan unos honorarios por horas de trabajo: 250€ + IVA por las horas de trabajo del socio, y 200 € + IVA, por las horas de trabajo de la asociada senior, que conformaban el equipo”. Labayen percibió 302,50 euros por hora y su colega Nerea Arana 242 euros. El asesoramiento, en función del coste final, no pasó de 27 horas efectivas como máximo.

Estos datos han aparecido horas antes de que el Parlamento Vasco vote este jueves la creación de una comisión de investigación a instancias de PP y Elkarrekin Podemos-IU, que pactaron hacerlo conjuntamente al no tener los escaños suficientes. Se da por hecho que la iniciativa no prosperará porque el Gobierno de Iñigo Urkullu tiene mayoría absoluta sumados al PNV los votos del PSE-EE, que no ha mostrado públicamente ninguna intención de desmarcarse de su socio en esta materia. En cuanto al resto de los grupos de la oposición, está en el aire la postura de EH Bildu. Ciudadanos y Vox sí han sido más claros en las diferentes intervenciones públicas y han llegado a pedir la dimisión de Bildarratz por este asunto.

Costó 5.400 euros (más IVA) y, en las últimas dos semanas, ha sido objeto de un gran polémica política. Es el informe para resolver la crisis en el sector del transporte escolar de los colegios públicos en el inicio del curso académico encargado por el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, a Joanes Labayen, abogado y socio-director del despacho Cuatrecasas en Euskadi, muy próximo al PNV y, al tiempo, miembro del consejo de administración de una de las empresas que hacen esas rutas, Autocares URPA. La oposición, que ha planteado desde la dimisión del consejero (Ciudadanos) hasta una comisión de investigación (PP y Elkarrekin Podemos-IU), ha alertado de un conflicto de intereses que Bildarratz -arropado ya decididamente por el lehendakari, Iñigo Urkullu- y el propio asesor rechazan. Las otras empresas de transporte han llegado a afirmar que el Gobierno dio a su competencia influencia para mejorar su posición en el mercado.

Pero, ¿cómo es el documento? El trabajo consta de 21 páginas, incluida la carátula. No tiene ninguna fecha de referencia. “Donostia-San Sebastián, a de 2023”, se lee en la portada. Labayen lo firma junto a una compañera de despacho, Nerea Arana, y se identifica como “abogado del Estado”. En el índice se proponen tres partes: “Antecedentes y consulta”, “Resolución” y “Conclusión”. Ninguna de ellas aparece bien numerada y, de hecho, se promete que el último de los apartados llegará en la inexistente página 198. El informe se presenta como “información confidencial” pero recoge una cláusula en que Cuatrecasas puede autorizar su difusión. El consejero Bildarratz lo ha entregado al Parlamento esta semana.

En cuanto a su contenido como tal, en el que se escriben los nombres de Bizkaia y Gipuzkoa en castellano y hay erratas de redacción, el punto 2.7 apunta que los contratos del transporte escolar han sido objeto de hasta 27 recursos durante su tramitación. Sin embargo, se afirma que el bufete “no accedido” a esa documentación para emitir el dictamen, aunque es pública. El punto 2.25 directamente no está rellenado y aparece con texto falso. “SSSS”, es lo que consta. El 2.26 y el 2.27 están también cortados y mal formateados. El punto de conclusiones está vacío. Eso sí, en un momento anterior, el asesor le propone a Bildarratz lo siguiente: “Si ha de elegirse entre respetar la ortodoxia en la contratación administrativa y asegurar el ejercicio de un derecho fundamental, no cabe duda de que debe optarse por la segunda”.

El consejero de Educación, que ha asumido en primera persona la decisión de fichar como asesor externo a Labayen, afirmó que eligió a Cuatrecasas “por su capacidad, solvencia y acreditada experiencia”. Se buscaba una “segunda opinión jurídica” de “refuerzo” del trabajo de los letrados propios. Su asesor jurídico interno, Eneko Goenaga, por cierto, procede del equipo de Cuatrecasas. Indicó también que ese informe “sirvió de base” para una resolución que permitiera ordenar la continuidad forzosa del servicio de autobuses toda vez que apenas el 17% de las líneas habían sido asignadas tras el concurso por el plante de las compañías, fundamentalmente en Bizkaia y en Álava. Admitió que tiene “erratas de formato” y que una prueba de la voluntad de transparencia es el hecho de haber aportado el informe “en bruto”, con esos fallos. Indicó que “se emite el 30 de agosto”.

Aunque el Gobierno de Urkullu quiso por zanjado este asunto con las explicaciones de Bildarratz y la presentación del informe, la oposición no ha soltado la pieza. Para el PP, es un “ejemplo de soberbia institucional”. Carlos Iturgaiz afeó a Educación haber señalado de irregularidades a la parte de las empresas de Bizkaia y Álava que se plantaron al inicio del curso cuando el problema estaba en Gipuzkoa. Ironizó que el PNV del territorio tiene que pasar a llamarse “Gipuzko Bus Batzar” en vez de “Gipuzko Buru Batzar” y que con los nacionalistas siempre son los del partido los “primeros”, en las vacunaciones, en las oposiciones o en las adjudicaciones.

Ciudadanos manifestó que no se puede llamar “completa” a unas explicaciones con este informe “sin fecha ni conclusiones”. “Parece venir de un estudiante de primero de derecho”, abundó Vox. Elkarrekin Podemos-IU y otros grupos han afeado a Educación que entregara el informe sin margen para su lectura y análisis detallado y poder hacer otro tipo de preguntas a Bildarratz. Esta coalición ha acordado con el PP la solicitud de una comisión de investigación sobre el asunto que es previsible que sea votada a finales de octubre o primeros de noviembre. Sin embargo, es poco previsible que prospere ya que el Ejecutivo en el Parlamento tiene mayoría absoluta y el PSE-EE no ha mostrado ninguna fisura con el PNV en esta materia.

El contrato con Cuatrecasas, a pesar de haber sido ejecutado en agosto y finiquitado ya, sigue sin aparecer en los portales de transparencia del Gobierno vasco. El propio lehendakari ha manifestado que “el Gobierno Vasco no tiene ningún tipo de vinculación con la empresa Cuatrecasas”. “El Gobierno vasco ha contratado a la empresa Cuatrecasas sus servicios en materia jurídica con carácter muy puntual para responder a necesidades muy específicas”, señaló. Concretó que han sido cuatro las contrataciones con el bufete de todas las áreas del Ejecutivo y recalcó que se elige a la empresa y no a Labayen. Este letrado es el marido de la presidenta del Parlamento Vasco.

El “tengo plena confianza en ti, Jokin” que pronunció el lehendakari, Iñigo Urkullu, el pasado viernes marcó un antes y un después en la polémica política en torno a la contratación del abogado Joanes Labayen como asesor externo del Departamento de Educación, algo decidido en primera persona por el consejero Bildarratz, ante el conflicto abierto con las empresas del transporte escolar. Labayen, que es socio-director del bufete Cuatrecasas en Euskadi y muy próximo al PNV, es igualmente miembro del consejo de administración de una de las compañías adjudicatarias de las rutas escolares, Autocares URPA (11% de cuota en Gipuzkoa y 3% en el conjunto de Euskadi), y facturó a la Administración 5.400 euros más IVA por su asesoramiento. Cuando trascendió, crecieron las voces sobre un posible conflicto de intereses. Las otras empresas del sector llegaron a decir que el Gobierno, que amagó con llevarlas a la Fiscalía por irregularidades, había dado a su competencia la oportunidad de tumbarlas de un plumazo.

Bildarratz, que este miércoles ha dedicado varias horas en el Parlamento a dar explicaciones y a responder a algunas preguntas, parece despejar su futuro político tras dos semanas muy intensas. Abrumando con datos y relatos cronológicos y rodeado de casi todo su equipo -aunque no había facilitado la documentación del asunto con antelación para que sus contrarios se prepararan mejor-, ha solventado la sesión y superado el trámite. En estos días, habían llegado desde peticiones de dimisión, que ya no tendrá eco, hasta una comisión de investigación planteada por parte de la oposición (Elkarrekin Podemos-IU y PP) que es evidente que no alcanzará mayoría en el Parlamento ante la postura del PSE-EE , el socio de Gobierno, de ni siquiera hacer preguntas al PNV por este asunto. Se prevé que se pueda votar a finales de octubre o primeros de noviembre, pero salvo sorpresa política mayúscula no prosperará.

Internamente, en el PNV y en el propio Ejecutivo había quienes, desde el convencimiento de que Bildarratz y Labayen habían operado en la legalidad absoluta, consideraban que se podían haber mejorado las cosas desde el punto de vista “estético”. Entre ellos estaba el propio Andoni Ortuzar, presidente del partido. En la Cámara, el titular de Educación incluso ha descartado que haya ese tipo de problemas con bastante vehemencia. Todo es legal, todo es ético y, como mucho, puede haber una “confusión” que ahora, debidamente explicada, debería llevar a todo el mundo a entender que la decisión de fichar a Labayen fue no solamente adecuada sino oportuna para minimizar el impacto del plante de las empresas de Bizkaia y de Álava, que finalmente dejó sin servicio a unos 7.500 escolares de la red pública durante los primeros siete días lectivos.

Bildarratz ha insistido en que la situación del contrato de las rutas escolares es poco menos que caótica. Ya el curso pasado hubo que operar con una prórroga pactada de madrugada la víspera del arranque del curso escolar y los pliegos de la licitación han recibido hasta 27 recursos en los últimos meses. Según sus datos, de 138 rutas en Álava solamente en 14 había empresas dispuestas a poner autobuses. En Bizkaia era aún peor, 1 de 190. En Gipuzkoa la situación ha sido más pacífica con 65 de 139. Una vez finalizado el proceso de contratación con apenas un 31% de un servicio “esencial” garantizado fue cuando se buscó la “capacidad, solvencia y acreditada experiencia” de Labayen para armar una orden ejecutiva que garantizara las rutas desde el primer día cubriendo el “coste real” más un 6% de “beneficio”.

El titular de Educación, que hizo él mismo las gestiones, recabó “una segunda opinión jurídica”, un asesoramiento “puntual” que en nada tiene que ver con su posición en URPA. Las propuestas del abogado externo en nada afectaban a URPA porque sí había participado en el concurso y estaba dispuesta a cumplir el contrato, según Educación. Esto es, no se veía concernida por la orden ejecutiva que se iba a implementar. Bildarratz, además, se ha quejado de que han florecido muchas “mentiras” sobre el dinero que recibe esta empresa del Gobierno o sobre el papel real de Labayen en ella. De hecho, ha subrayado que URPA pidió 34 rutas y que acabó gestionando 15, de las cuales 12 porque no había otra alternativo. Y, con rotundidad, ha descartado que Labayen fuera el instigador del amago de llevar a las empresas díscolas de Bizkaia y de Álava a los tribunales.

¿En qué consistió ese movimiento? En plena negociación previa al arranque de curso y con una amenaza cierta de plante, el propio Bildarratz aseguró tener datos de que las compañías podían estar incurriendo en “prácticas colusorias”. Resumidamente, se estimó que se habían puesto de acuerdo para manipular el contrato y para buscar maximizar sus beneficios, en detrimento del interés público. Nunca cristalizó la denuncia a la Fiscalía -se llegó a admitir que el “nuevo clima” abierto tras un acuerdo transitorio para este curso lo hacía inoportuno- pero sí se llegó a abrir un expediente de Competencia. Se da la circunstancia de que existió un precedente en Gipuzkoa de cártel en el transporte en general y en las rutas escolares en particular y que URPA fue una de las empresas implicadas. Labayen fue el abogado que la defendió en los tribunales, aunque sin éxito.

Educación aún no ha publicado el contrato con Labayen en sus portales de transparencia. Pero Bildarratz ha indicado que fue una adjudicación directa (lo que se denomina técnicamente “contrato menor”). No tuvo precio de inicio, solamente unos honorarios en función de las horas. Se ha liquidado en “5.400 euros más IVA” su participación en una reunión en nombre del Gobierno como apoyo a los altos cargos políticos -enfrente su hermano era uno de los dos representantes de URPA- y un informe. Ese documento ha sido entregado a la oposición, que ha criticado que no tenga ni fecha ni apartado de conclusiones. Bildarratz ha admitido que presenta unas “erratas” de “formato” a pesar de alabar la “capacidad” de Cuatrecasas.

Ciudadanos y PP, que ahora ya intervienen por separado en el Parlamento, han coincidido en denunciar que Cuatrecasas en Euskadi es “el despacho del PNV”. El asesor jurídico interno de Bildarratz, de hecho, procede del equipo de Labayen. Es Eneko Goenaga, quien a su vez es sobrino del presidente del partido en Gipuzkoa, Joseba Egibar, como Labayen es marido de la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria. En su momento lideraron la defensa del exdirigente alavés Alfredo de Miguel, investigado y ahora condenado por corrupción. El consejero ha recordado que en Cuatrecasas también está Soraya Sáenz de Santamaría, la exvicepresidenta del Gobierno con el PP para despejar esa supuesta relación política. Ha negado, además, que hayan contratado a este bufete en más ocasiones durante la legislatura. De hecho, ha revelado que mantiene otra asesoría con Garrigues, que es el despacho que asiste a las empresas de Bizkaia y de Álava en el conflicto del transporte escolar.

En cuanto al resto de grupos de la oposición, Ikoitz Arrese de EH Bildu ha recalcado que no es un tema menor porque, objetivamente, esta crisis dejó sin servicio a un volumen relevante de estudiantes en el inicio del curso. Ha afeado también al Gobierno que en los últimos años no haya apoyado propuestas sobre transparencia y contra la corrupción. En el caso de Elkarrekin Podemos-IU, el consejero ha mantenido un encontronazo con la portavoz, Isabel González, ya que ha acusado a la coalición de izquierdas de “denostar” a la escuela pública. “Defendemos una posición ideológica con orgullo, que es la de lo público”, se ha revuelto González.

La bola de nieve en torno a la gestión del servicio de transporte escolar en los colegios públicos vascos sigue creciendo. Aunque el servicio se retomó con normalidad en todo el territorio en la segunda semana del curso, los ecos de la fuerte tensión que se produjo en los días previos a la 'vuelta al cole' siguen siendo evidentes, como también la polémica en torno a Joanes Labayen. El socio-director del bufete de Cuatrecasas en Euskadi fue contratado como asesor del consejero de Educación, Jokin Bildarratz, y acompañó al Gobierno en agosto a una reunión con el sector al tiempo que es miembro del consejo de administración de Autocares URPA, una de las empresas que realiza rutas escolares en Gipuzkoa y que estuvo en ese encuentro a su hermano como uno de sus dos representantes.

En el Parlamento Vasco, el letrado Guillermo Saiz, de otro gran despacho como es Garrigues, ha afirmado que Labayen secundó el amago del Gobierno de denunciar a las empresas de Bizkaia y de Álava que se negaban a prestar el servicio sin mejoras económicas ante la Fiscalía por indicios de que habían conformado un cártel para presionar a la Administración y maximizar sus beneficios, exactamente lo que ocurrió en Gipuzkoa hace un lustro. Es más, Saiz, que representa al grueso de compañías vizcaínas y alavesas a través de varias asociaciones profesionales como Anetra, AATC, Asintra, ANITCV y AUNDI, ha mostrado su inquietud por el hecho de que miembro de una empresa se alinease con el Ejecutivo para proponer un proceso penal que podía acabar con la prohibición de contratar para buena parte de su competencia.

“Las asociaciones a las que yo represento desconocían ese dato en la reunión [la vinculación de Labayen con URPA]. La sorpresa ha sido con la publicación de la noticia. De entrada, lo valoramos con cierta preocupación. Si no se hubieran adoptado salvaguardas... La idea con la que nos quedamos es que a ese asesor se le había contratado para preparar la denuncia a la Fiscalía. Si eso lo realiza alguien que es administrador en una compañía competencia del resto del sector y una consecuencia jurídica que pueda llevar aparejada es la prohibición de contratar, evidentemente eso genera preocupación. Confiamos en la integridad de ese asesor y en que el Gobierno vasco haya hecho esa contratación con garantías”, ha explicado Saiz en la Cámara en respuesta a una pregunta de Carmelo Barrio, portavoz del PP. El abogado ha comparecido invitado por la oposición (EH Bildu), que también prepara incluso una comisión de investigación sobre la materia (Elkarrekin Podemos-IU y PP).

Según fuentes presentes en la reunión, la intención de acudir a la Fiscalía la expuso el viceconsejero de Bildarratz, Xabier Aizpurua. Entonces, la parte del Gobierno cedió la palabra a Labayen, quien corroboró la existencia de base legal para dar ese paso, sin más detalles. Esta parte no consta en el acta de la sesión, aunque sí la presencia de Labayen y de su hermano como parte de la representación de URPA. La cita, en todo caso, se grabó también en vídeo.

Nueva reunión el lunes

El consejero Bildarratz, antes de que trascendiera el papel de Labayen, se había felicitado por haber calmado las aguas con las empresas de Bizkaia y de Álava y de haber acabado con el plante que dejó sin autobús a unos 7.400 estudiantes durante siete jornadas lectivas, lo que ha obligado a activar ayudas compensatorias extraordinarias. De hecho, llegó a admitir implícitamente que este nuevo “clima” les hacía replantearse el ir a la Fiscalía a pesar de que, días atrás, habían sido claros en que tenían “indicios” de graves irregularidades, no muy diferentes a las ya constatadas en Gipuzkoa en el pasado y que precisamente salpicaban, entre otras, a Autocares URPA. De hecho, el propio Labayen demandó al Gobierno vasco para intentar frenar la sanción que recibió su compañía de la Autoridad Vasca de la Competencia.

Saiz, en la Cámara, ha sido contundente en que sus empresas representadas no son ni “cartelistas” ni “delincuentes”, sino pequeñas organizaciones con estrecheces económicas. Aunque la Fiscalía no tiene ninguna denuncia, sí ha abierto un expediente Competencia. Constan como investigadas medio centenar de empresas, la mayoría vizcaínas y alavesas. El letrado de Garrigues sostiene que se incoó ese procedimiento sin base legal alguna y ha pedido su archivo. Además, ha revelado que el próximo lunes habrá una nueva reunión con Educación. Aunque el conflicto está en pausa, el servicio se presta con contratos transitorios y toca definir un marco estable ya de cara al curso 2024/2025.

“Hemos procedido de manera legal. No hay ninguna tacha”, ha insistido Bildarratz este miércoles en Radio Popular. Sobre Labayen, Educación recalca que “el abogado del bufete contratado no es propietario, ni gestor, ni administrador y ni tiene acciones en la empresa de transportes que supuestamente habría salido beneficiada en la adjudicación”. Ha prometido dar próximamente en el Parlamento todas las explicaciones “con luz y taquígrafos”.

“No tengo ningún conflicto de intereses”. Joanes Labayen (Donostia, 1971), el abogado y socio-director de Cuatrecasas en Euskadi contratado personalmente por el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, para asesorarle con la crisis abierta en el transporte escolar de la red pública, que es a la vez miembro del consejo de administración de una de las adjudicatarias de esos contratos, Autocares URPA, niega cualquier tipo de irregularidad en su proceder con rotundidad -y en numerosas ocasiones- en una conversación con este periódico.

El conflicto con las empresas del transporte escolar lleva años larvándose. En 2016, la Autoridad Vasca de la Competencia destapó la existencia de un cártel en Gipuzkoa por el cual se produjeron hasta 14 reuniones de diferentes compañías para repartirse, entre otros contratos públicos, las rutas escolares de la provincia. Una de las empresas sancionadas por estos hechos era Autocares URPA. Después, caducó el contrato y tras una sucesión de licitaciones y recursos han pasado varios cursos sin acuerdo. En 2022, en la noche previa al inicio del curso, se llegó a una tregua 'in extremis' con las empresas del sector a cambio de una subida del 24% de los precios.

En 2023, se volvieron a sacar a concurso todas las rutas. En Gipuzkoa se adjudicaron 65 pero en Bizkaia -15 de ellas para URPA, que copa el 11% de los lotes de Gipuzkoa y el 3% de Euskadi- y en Álava las empresas boicotearon el proceso y ni siquiera presentaron ofertas. Con la mayoría de servicios desiertos y sospechas de que el cártel se haya vuelto a reproducir, Educación ofreció una prórroga a las adjudicatarias anteriores y, finalmente, decidió promulgar una orden de cumplimiento forzoso para cubrir las líneas sin autobuses pagando el coste real del servicio más un 6% de beneficio industrial.

Labayen indica que es en esta fase final donde le llaman del Gobierno vasco. No oculta, como tampoco lo ha hecho Bildarratz, que las conversaciones las mantienen directamente, sin intermediarios. Al más alto nivel. El contrato aún no aparece en los portales de transparencia del Gobierno vasco y Labayen rechaza ofrecer ese dato apelando a la confidencialidad entre cliente y letrado: “Por deontología profesional nunca hablamos de esto”. Sí recalca que el asesoramiento ha finalizado ya y que ahora mismo no le une ninguna vinculación contractual con el Gobierno vasco. Además, añade -sin ocultar su cercanía con el PNV o que su esposa es la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria- que los contratos públicos apenas representan un 1% en el mejor de los supuestos de la facturación anual de su bufete.

El letrado indica que no participó en las licitaciones de Autocares URPA para las rutas de Gipuzkoa, que todo el papeleo lo realizaron otras personas. “No había cuestiones jurídicas”, señala. También afirma que la compañía no estaba afectada en ningún momento por el encargo que le hizo Bildarratz, porque era para hallar una fórmula para las líneas que no tenían adjudicataria, básicamente las de Bizkaia y las de Álava. “El asesoramiento no se refiere a mi empresa de ninguna manera”, afirma en referencia Autocares URPA. Y sigue: “¿Tengo algún conflicto de interés? Pues no. No tengo ninguno”. Eso sí, participó en el lado de la mesa del Gobierno en una reunión que tuvo lugar el 22 de agosto y, en el otro, había dos representantes de URPA. Según 'El Correo', uno de ellos era el hermano de Labayen. El aludido matiza que, en total, había más de cuarenta personas en una gran sala del Gobierno vasco.

Agrega que Cuatrecasas es una casa grande y de prestigio que lleva “a rajatabla” el control de posibles incompatibilidades. Da a entender que si tuvieran dudas jamás aceptarían embarcarse en algo que pudiera ser polémico. “¿Es estético? Cada uno tiene su opinión. Pero desde el punto de vista de conflicto de intereses no hay ninguno. Nada de lo que yo le dije al consejero y nada del asesoramiento jurídico tiene que ver con URPA. Lo hicimos pensando que echábamos un cable para una situación muy complicada para mucha gente”, insiste.

Sobre el pasado de URPA como empresa sancionada por manipular para maximizar sus beneficios, entre otros contratos, los lotes de transporte escolar, Labayen admite que él ejerció de asesor jurídico de la compañía y que lideró un recurso contra el Gobierno vasco para tratar de evitar la multa impuesta por Competencia, que fue de 9.000 euros. Pero asegura que “esas prácticas son ajenas a la actual propiedad” de la mercantil, ya que él llegó cuando el grupo Transitia se hizo con el control de esta compañía guipuzcoana de autobuses. “De alguna forma, nos encontramos con esa situación al llegar”, explica. Y abunda: “Hay una realidad y es que a URPA le sancionaron. Eso es indiscutible. Y que ese acto administrativo de sanción fue ratificado por un tribunal. Eso no admite la mínima duda y, por tanto, hay que suponer que está bien impuesta la sanción. Pero la actual propiedad de URPA no tiene nada que ver con esos hechos”.

La Euskadi política, en sus tertulias y corrillos, debate en los últimos días sobre la figura de Joanes Labayen, el prestigioso socio–director del bufete Cuatrecasas en Donostia, adonde llegó como abogado del Estado. Labayen forma parte del consejo de administración de una de las compañías que realiza las rutas de transporte escolar de la red pública, Autocares URPA, que tiene una cuota del 11% en Gipuzkoa y del 3% en el conjunto de Euskadi. Al tiempo, ha sido contratado como asesor externo por parte del Gobierno vasco, en una decisión personalísima del consejero de Educación, Jokin Bildarratz, que la ha asumido en primera persona. La controversia surge porque ambas partes viven un conflicto larvado durante años y que ha explotado en el arranque de este curso académico. Hay quien ve en Labayen un claro conflicto de intereses, que es juez y parte. Un ejemplo: Labayen, en 2017, demandó al Gobierno vasco en nombre de URPA después de que se probara que esta empresa había formado parte de un cártel para manipular adjudicaciones públicas y beneficiarse. En concreto, URPA participó en 14 reuniones para pergeñar irregularidades en el transporte escolar. Hay voces, también internas en el Ejecutivo, que empiezan a admitir que al margen de la legalidad más estricta se trata de un asunto poco estético que puede golpear al Gobierno de Iñigo Urkullu en el tramo final de una legislatura en la que el PNV no niega que sufra un desgaste. La oposición ya ha empezado a exprimir esta oportunidad.

1 – La contratación de Cuatrecasas

La adjudicación a Cuatrecasas fue directa, lo que técnicamente se conoce como “contrato menor”. Necesariamente, no superará los 15.000 euros sin IVA. De lo contrario, no habría podido hacerse así. De hecho, este mismo bufete fue contratado por EiTB por 14.900 euros en fechas recientes, a principios de septiembre. Es una forma de proceder legal que bordea los topes que permiten no convocar un concurso abierto donde otras empresas pueden optar a prestar el servicio. Todavía hoy no está publicada la información sobre este expediente en el portal de transparencia del Gobierno vasco, aunque fue decidida en agosto. Bildarratz, en el Parlamento y en una entrevista en Radio Euskadi, ha explicado sin tapujos que lo gestionó él, en primera persona. Ha mencionado el “prestigio” de Cuatrecasas para ello. Eso sí, también son muchos los lazos de esa oficina con el PNV. Labayen es el marido de la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria. El responsable jurídico interno de Bildarratz, Eneko Goenaga, procede de Cuatrecasas, del equipo de Labayen, y es sobrino del presidente del partido en Gipuzkoa, Joseba Egibar. Este despacho fue el que lideró –sin éxito– la defensa de Alfredo de Miguel en el juicio por corrupción. Uno de los letrados de su equipo jurídico era precisamente Goenaga. Este periódico ha tratado de contactar -sin éxito- con representantes del bufete en Euskadi.

2 – Labayen en Urpa, ¿cuál es su papel real?

¿Es Labayen dueño o accionista de URPA? No. ¿Forma parte del consejo de administración? Sí. ¿Desde cuándo? Desde que el grupo Transitia, del que era asesor jurídico, compró esta compañía de transporte guipuzcoana. Tiene en una las mismas funciones que en la otra. ¿Y cuál es su función? Es secretario del consejo. ¿Recibe URPA contratos del Gobierno vasco? Sí. Gestiona un 11% de las rutas de Gipuzkoa y un 3% del total. ¿Lo ha dejado Labayen tras ser contratado como asesor del Gobierno para resolver el litigio del transporte escolar? No. ¿Es eso un conflicto de intereses? Las partes implicadas señalan que no hay problema, aunque el 22 de agosto hubo una reunión en la que Labayen estaba sentado en el lado de la mesa del Ejecutivo y que, en el otro, había dos representantes de su empresa, de URPA. ¿Conocía estas circunstancias Educación? Bildarratz ha dicho que sí, que lo habló con Labayen, y que concluyeron que no había problema.

3 – El precedente: Labayen contra Educación

La doble función de Labayen en el sector del transporte escolar acarrea llamativos precedentes. El 10 de abril de 2019 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) desestimó casi en su totalidad un recurso en el que consta como “demandante” el letrado “don Joanes Labayen Andonagegui” en nombre de Autocares URPA y como “demadado” el Gobierno vasco. En concreto, Labayen pleiteó contra quien ahora asesora como consecuencia de una resolución de la Autoridad Vasca de la Competencia, que es un órgano administrativo autonómico, en la que se probó que esta empresa –y varias otras– habían conformado un cártel para repartirse los contratos de transporte en Gipuzkoa, incluidos los lotes de los colegios de la escuela pública. Aunque había pruebas de que dentro de la asociación Avitrans se habían pactado precios y se habían adoptado otras decisiones para manipular contratos públicos, Labayen sostenía que “el hecho de que [Autocares URPA] haya resultado adjudicataria de diversos itinerarios de transporte escolar público en las comarcas de Buruntzaldea y Tolosaldea no acredita su participación en un acuerdo de reparto de mercado”. La empresa, según su abogado, “no obtuvo ningún beneficio [ilícito] ni aspiró a obtenerlo”.

Confluyen en este punto dos elementos. El primero es que el Gobierno vasco y sus asesores jurídicos, precisamente, adujeron que muchos de los problemas en los contratos de transporte escolar del inicio de este curso podrían estar motivados por un nuevo cártel. En aquella ocasión, los hechos probados se dieron en Gipuzkoa, donde se produjeron irregularidades durante décadas. El segundo es que, en aquel pleito, los letrados que entonces defendían los intereses del Ejecutivo tuvieron que recordar que las irregularidades fueron “continuadas” y que todas las empresas, también la de Labayen, fueron conocedoras de ellas y se beneficiaron. En concreto, URPA estuvo en 31 reuniones de fijación de tarifas infladas, en 22 de reparto de mercado y en 14 de manipulación de la adjudicación de rutas de transporte escolar. El Superior constató las irregularidades aunque admitió que la multa que tenía que pagar la empresa, de unos 9.000, no estaba bien motivada.

El Parlamento Vasco, al hilo de la sentencia del 'caso Margüello' de irregularidades en Sanidad durante el mandato de Gabriel Inclán (PNV) que da por probada la existencia en las adjudicaciones de contratos de gestión de listas de espera de una concertación entre el exresponsable de Osakidetza en Bizkaia, José Ramón Elorriaga, y el doctor y empresario José Carlos Margüello, ha aprobado una resolución de cuatro puntos en la que rechaza, en el primero de ellos, “cualquier forma de corrupción que implique un mal uso del poder público con el fin de lograr una ventaja ilegítima e ilegal”. El texto, impulsado por Elkarrekin Podemos, ha sido pactado con EH BIldu y PP, así como el PSE-EE, socio del PNV en el Gobierno y que ha vuelto a desmarcarse de sus aliados en un caso que saltó a la luz siendo consejero el socialista Rafael Bengoa. Los nacionalistas, por consiguiente, se han quedado como los únicos en no sumarse a esta iniciativa.

El representante del PNV, Kerman Orbegozo, ha querido iniciar su intervención queriendo “dejar claro” que su partido “denuncia totalmente la corrupción”. Pero ha considerado inasumible el contenido del texto sobre el 'caso Margüello' ya que, según su criterio, la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia, que será recurrida por la Fiscalía, desmonta la tesis de que hubo corrupción durante la etapa de Inclán al frente de Sanidad. “El objetivo es extender las sospechas al PNV”, ha lamentado Orbegozo, quien ha añadido que Euskadi lidera las clasificaciones de “transparencia” de España y que Osakidetza es el mejor servicio de Salud autonómico.

Para Orbegozo, detrás del 'caso Margüello' hay cuestiones “individuales” y ha apuntado que no hay que olvidar que los acusados fueron absueltos de malversación de caudales, es decir, que no hubo quebranto económico. Se da la circunstancia de que la Fiscalía sí estimaba en 6,8 millones el efecto negativo de los contratos de Margüello pero interpretó que fue muy difícil lograr una sentencia en esa dirección puesto que el afectado, el propio Gobierno vasco cuyos servicios jurídicos controla el PNV, dio un paso atrás en el juicio y estimó que no había perjuicio dinerario.

“¿Cómo vamos a ratificar algo que los tribunales han dicho que no es cierto?”, se ha preguntado Orbegozo sobre los puntos de la resolución del resto de partidos en las que se planteaba refrendar el trabajo de la comisión de investigación que en 2011 denunció las responsabilidades políticas en torno a este caso. Según Orbegozo, su partido estaba dispuesto a votar a favor del primer punto crítico con la corrupción y del último, de apoyo a la separación de poderes.

Sin embargo, el resto de partidos han rechazado una votación separada del texto y la fotografía final ha sido del PNV, en solitario, sin apoyar esta resolución. La representante de EH Bildu, Eva Blanco, ha denunciado que el PNV nunca haya querido negociar la redacción y que, a última hora, haya buscado un resquicio para no quedarse solo en la votación. Ha indicado también que la “prevaricación no es cosa menor” y que el hecho de que algunos delitos no se hayan probado no exime de gravedad a la sentencia judicial del 'caso Margüello'.

Más beligerantes aún han sido Elkarrekin Podemos y PP. Juan Luis Uria (Elkarrekin Podemos) ha dicho que “Margüello era un corrupto” y que en Osakidetza era 'vox populi' que su amistad con el consejero Inclán le procuraba prebendas. Laura Garrido (PP) ha añadido que el PNV exige limpieza a los demás pero “no asume ninguna responsabilidad” cuando los casos le afectan a él. Ha citado el juicio del 'caso De Miguel' y también el reciente escándalo por la posible manipulación de las OPE de Osakidetza. Garrido ha recordado, igualmente, que el hoy consejero, Jon Darpón, y la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, firmaron en su día un manifiesto de apoyo a Margüello.

Como ocurrió el pasado año, el PSE-EE ha roto la dinámica de unidad de acción con su socio de Gobierno, el PNV, y se ha unido a la oposición. Este caso no forma parte de las discrepancias pactadas pero sí es especialmente simbólico para los socialistas porque fue el exconsejero Bengoa el principal impulsor de la investigación. “Los socialistas hacemos en 2018 lo que hacíamos entonces”, ha resumido Natalia Rojo, que sin agotar los tiempos de intervención ni cargar las tintas contra los nacionalistas ha indicado que el PSE-EE no puede quedarse de “brazos cruzados” en este asunto.

La Fiscalía de Bizkaia no quiere dar por cerrada la batalla judicial en el denominado 'caso Margüello', en el que se destaparon irregularidades en la externalización de servicios sanitarios en el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) y que se saldó con una sentencia que recogía penas mínimas, ninguna de ellas de cárcel, a pesar de dar por probados los delitos de corrupción. Según fuentes de la oficina que dirige Ana Barrilero, quienes han dirigido la investigación han acordado ya recurrir ante el Tribunal Supremo la resolución de la Audiencia Provincial, pero ha de ser la Fiscalía del alto tribunal la que, en última instancia, analice, decida y formalice, en su caso, la apelación.

Según la sentencia del 'caso Margüello', son “hechos probados” que un alto cargo del Departamento de Sanidad dirigido por Gabriel Inclán (PNV), de nombre José Ramón Elorriaga y responsable territorial en Bizkaia, hizo todo y más, incluso insultar a funcionarios, para contratar 'a dedo' a una empresa de su amigo José Carlos Margüello, facultativo de Osakidetza y jefe de Calidad del hospital de Cruces, que era también cercano al propio Inclán.

Margüello constituyó y dirigió -a través de una testaferro para “burlar” la “incompatibilidad”- la mercantil Gestión de Servicios Sanitarios XXI, con la que pretendió intermediar entre el Servicio Vasco de Salud y una clínica privada para derivar pacientes. Sin embargo, pese a la gravedad de los hechos, la condena del 'caso Margüello' es mínima, solamente por un delito de prevaricación que no comporta penas de prisión. La clave es que los servicios se prestaron y que no se ha probado una pérdida de dinero público o malversación de caudales.

La Fiscalía sí defendió en el juicio un quebranto económico de 6,8 millones de euros, el valor de las dos contrataciones irregulares de Elorriaga a empresas de Margüello. Sin embargo, los abogados del Gobierno vasco negaron la existencia de agujero alguno. “El delito de malversación exige acreditar el perjuicio y ello es complicado cuando la Administración afectada considera que no se ha producido”, interpreta el ministerio fiscal.

No obstante, uno de los asideros es que la posición del propio Gobierno ha variado y que en el pasado sí consideró que se produjo una pérdida de recursos públicos. De hecho, la denuncia inicial partió en 2009 del propio Departamento de Sanidad cuando el consejero era el socialista Rafael Bengoa. El que también ha sido asesor de la OMS y de la Administración de Barack Obama fue muy explícito en el juicio sobre el papel de las empresas de Margüello como intermediarias: “Aunque el monto total sea el mismo, eso quiere decir que si alguien se queda con parte de ese dinero, le ha llegado menos al paciente. Parte de ese dinero se ha usado para un proceso innecesario”.

El Gobierno vasco se ha felicitado por que la sentencia del 'caso Margüello' acredita que no hubo quebranto económico para la Administración y porque el único alto cargo investigado, el viceconsejero de Salud Rafael Cerdán, ha quedado absuelto. Según el portavoz Josu Erkoreka, responsable también de los servicios jurídicos de la Administración autonómica, los condenados por graves irregularidades en la externalización de contratos de gestión de listas de espera de la Sanidad pública vasca José Ramón Elorriaga y José Carlos Margüello no pasan de “funcionarios con más o menos relevancia”.

La resolución judicial de la Audiencia Provincial de Bizkaia que pone fin a casi una década de recorrido judicial recoge la “opacidad” con la que el responsable de Sanidad en Bizkaia, Elorriaga, actuó para procurar un contrato 'a dedo' a la empresa de su amigo Margüello, responsable de Calidad del hospital de Cruces y que operaba a través de una testaferro, María Nieves Fernández. Ha quedado probado que Elorriaga operó de modo “grotesco” para beneficiar a Margüello hasta el punto incluso de encararse con funcionarios. De Cerdán se dice que fue “negligente” como superior jerárquico pero que no compartía los mismos “intereses personales” que el resto de acusados.

Sin embargo, la condena es mínima, sólo por “prevaricación”. La Audiencia rechaza, en línea con la petición realizada en el juicio por los letrados del Gobierno vasco del PNV, que exista un quebranto económico porque, a pesar de ser un contrato ilegal, el servicio se prestó y se atendió a los pacientes derivados. No atiende el criterio anterior del Gobierno, expuesto en el juicio por el exconsejero Rafael Bengoa, que remarcó que la sola existencia de una intermediaria sin medios técnicos y humanos, como lo era la empresa de Margüello, suponía un sobrecoste frente a una subcontratación directa de una clínica privada.

Erkoreka, preguntado por los periodistas, ha destacado que haya quedado claro en la vía judicial que “no existió perjuicio económico” y que el “único alto cargo” acusado haya sido completamente exonerado. Repreguntado por el papel de Elorriaga, un cargo de confianza del entonces consejero, Gabriel Inclán, y de Margüello, amigo de ambos, ha rebajado su papel en la Administración a “funcionarios con más o menos relevancia”. “No eran altos cargos en función de la Ley de Gobierno”, ha querido remarcar el consejero-portavoz.

La sentencia del 'caso Margüello' también ha suscitado reacciones en la oposición. EH Bildu ha considerado que las irregularidades puestas de manifiesto en la resolución judicial indica la necesidad de “hacer una apuesta inequívoca por la gestión directa de los servicios públicos”. “Externalizar servicios sanitarios abre la puerta a actuaciones irregulares”, valora la parlamentaria Eva Blanco. Sobre el fondo del asunto, Blanco asegura que “llama la atención que el tribunal no vea malversación cuando constata voluntad de beneficiar a empresas que no podían contratar con la Administración”.

Desde Elkarrekin Podemos, Lander Martínez ha criticado que el Gobierno vasco no haya denunciado con mayor beligerancia la “corrupción” en la Administración pública cuando ha sido el “principal perjudicado”. Fuentes de la Fiscalía han indicado a eldiarionorte.es que es muy complicado lograr una condena por malversación si el afectado estima que no ha sufrido un perjuicio. Martínez ha adelantado que pedirá la comparecencia de Erkoreka en el Parlamento porque 

“el Gobierno tiene que explicar cómo no ha exigido ninguna pena para quien daba contratos a dedo a sus amigos con el dinero de todos los vascos”.

Según el dirigente morado, la sentencia evidencia “la lógica clientelista” llevada a cabo en la Administración vasca “durante demasiados años y sin consecuencias legales”. Y ha recordado que el propio consejero actual, Jon Darpón, firmó en su momento un documento de apoyo a los acusados. 

¿Qué es el 'caso Margüello'? Son “hechos probados” por la Audiencia Provincial de Bizkaia que un alto cargo del Departamento de Sanidad dirigido por Gabriel Inclán (PNV), de nombre José Ramón Elorriaga y responsable territorial en Bizkaia, hizo todo y más, incluso insultar a funcionarios, para contratar 'a dedo' a una empresa de su amigo José Carlos Margüello, facultativo de Osakidetza y jefe de Calidad del hospital de Cruces, que era también cercano al propio Inclán.

Margüello constituyó y dirigió -a través de una testaferro para “burlar” la “incompatibilidad”- la mercantil Gestión de Servicios Sanitarios XXI, con la que pretendió intermediar entre el Servicio Vasco de Salud y una clínica privada para derivar pacientes. Sin embargo, pese a la gravedad de los hechos, la condena del 'caso Margüello' es mínima, solamente por un delito de prevaricación que no comporta penas de prisión. La clave es que los servicios se prestaron y que no se ha probado una pérdida de dinero público o malversación de caudales.

Afirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia, que cierra un caso abierto en 2010 y cuyo juicio se celebró en marzo y abril de este año, que Gestión de Servicios Sanitarios XXI era un simple intermediaria, en ningún caso un centro sanitario autorizado y homologado para concertar con la Administración. Resumidamente, no tenía médicos. No es “suficiente” que una empresa así “disponga de convenios de colaboración” con otras clínicas, en este caso la San Francisco Javier de Bilbao. Simplemente, legalmente no podía prestar servicios sanitarios.

En efecto, en aquella época (2006) había un problema de listas de espera. Pero ese problema no justificaba la activación de un procedimiento de emergencia. Esa fórmula contratación directa, sin concurso público, se llevó a cabo no para acelerar la atención de los pacientes sino para evitar los controles administrativos y dar “opacidad” a la contratación irregular de la compañía de un amigo.

El tribunal, presidido por Alfonso González Guija, subraya que Elorriaga “no cesó hasta obtener un informe que, aunque fuese parcialmente, le pudiese dar cobertura o apariencia de legalidad a su actuación”. En su intento de “resolver cualquier cortapisa” sobre la falta de homologación de Gestión de Servicios Sanitarios XXI, hasta “insultó” a funcionarios a su cargo. Era un proceder “grotesco” con tal de beneficiar a un amigo personal, que también lo era del jefe, el consejero Inclán. Tampoco importó que conociera que en la empresa estuviera involucrado una persona incompatible por su cargo en Osakidetza para contratar con la propia Osakidetza por más que se ocultara detrás de María Nieves Fernández, la cara visible de Gestión de Servicios Sanitarios XXI pero una simple testaferro.

El procedimiento de urgencia fue visado por el viceconsejero Rafael Cerdán. Interpreta el tribunal que fue negligente al no detectar las irregularidades del expedientes, si bien estima que no compartía los intereses personales de Elorriaga por su relación con Margüello. Así pues, son culpables de prevaricación exclusivamente Elorriaga y el facultativo, más Fernández como colaboradora necesaria. Su condena se limita a inhabilitación para nueve años (siete para la testaferro), sin cárcel.

A esta primera contratación le siguió una segunda. Esta vez se activó un concurso público para la externalización de las listas de espera. Pero se suspendió y se retomó un procedimiento directo que volvió a beneficiar a Gestión de Servicios Sanitarios XXI, esta vez en una UTE con la Clínica Indautxu y Rehabilidom (otra de las mercantiles de Margüello, que en total facturó más de 30 millones con Inclán). La sentencia interpreta que es un contrato “altamente reprobable desde el punto de vista moral” porque “sobrevuela la intencionalidad” de volver a beneficiar a Margüello, pero entiende que no hay elementos ni si quiera para hablar de prevaricación, que consiste en dictar resoluciones administrativas injustas a sabiendas de que lo son.

La clave del procedimiento era el dinero que percibió Gestión de Servicios Sanitarios XXI por estos contratos. La Fiscalía reclamaba la devolución de 6,8 millones de euros, pero la representación letrada del Gobierno vasco retiró toda acusación en el juicio al entender que no se podía hablar de quebranto. Hecha bien o mal la contratación, el servicio se prestó y los pacientes fueron atendidos.

¿Incrementó o no la factura la existencia de una intermediaria? El consejero socialista Rafael Bengoa, que en 2009 denunció esta trama, fue muy explícito en el juicio en este sentido: “Aunque el monto total sea el mismo, eso quiere decir que si alguien se queda con parte de ese dinero, le ha llegado menos al paciente. Parte de ese dinero se ha usado para un proceso innecesario”. Las defensas insistieron en que los precios públicos pagados por la Administración se ajustaron a la legalidad. También para la Audiencia de Bizkaia “la contratación de tales servicios no supuso la sustracción o consentimiento en la sustracción de bienes o caudales públicos”. Es decir, no hubo malversación y toca absolver a los acusados de ese delito, que sí les hubiera llevado a la cárcel. Y todo a pesar de reconocer que la creación de una intermediaria tenía “ánimo de lucro” toda vez que los medios materiales y humanos lo ponía una clínica subcontratada.

Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Las partes disponen de un plazo de cinco días para hacerlo efectivo. Consultada la Fiscalía, ha indicado que estudia el posible recurso. No obstante, asume que “el delito de malversación exige acreditar el perjuicio y ello es complicado cuando la Administración afectada considera que no se ha producido”.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha hecho pública este lunes la sentencia del denominado 'caso Margüello', que investigó irregularidades en la externalización de servicios sanitarios a empresas vinculadas al doctor José Carlos Margüello durante la etapa de Gabriel Inclán al frente de la Sanidad pública vasca. Cinco meses después del juicio, el tribunal presidido por Alfonso González Guija ha cerrado este caso que tanto revuelo político generó cuando se destapó hace una década con penas mínimas, sólo por prevaricación y no por malversación de caudales públicos, para tres de los cuatro acusados. Ello hará que ninguno de ellos tenga que entrar en prisión a pesar de que el fallo establece que los acusados se pusieron de acuerdo para “beneficiar económicamente” a las empresas de Margüello, que era “incompatible” para contratar con la Administración, “eludiendo los principios de legalidad, objetividad y publicidad”. ¿Por qué? “No consta perjuicio económico cuantificable ni evaluable. Los servicios fueron efectivamente prestados”, se lee en la resolución.

Eran cuatro los acusados. El principal y que dio nombre al caso era el doctor José Carlos Margüello, amigo del exconsejero de Sanidad por el PNV Gabriel Inclán. Margüello era apoderado de la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI, la intermediaria contratada para gestionar las listas de espera de la Sanidad pública vasca. En la mercantil su socia era María Nieves Fernández, señalada como testaferro en las empresas investigadas. Los otros dos imputados eran cargos políticos del organigrama de Inclán. José Ramón Elorriaga, responsable de Sanidad en Bizkaia, fue quien promovió las contrataciones, mientras que Rafael Cerdán, viceconsejero, fue el firmante del primero de los dos expedientes sometidos a escrutinio judicial.

La Audiencia de Bizkaia ha condenado por prevaricación a Margüello, Elorriaga y Fernández, lo que les supondrá una pena de inhabilitación de nueve años (siete en el caso de esta última, en calidad de cooperadora necesaria) y nada de cárcel. Quedan absueltos de malversación, fraude y negociaciones prohibidas. El cuarto acusado, Cerdán, queda eximido de todas las acusaciones. Sobre la primera contratación, en la que participó, el tribunal sostiene que actuó “de manera negligente” al no comprobar las ilegalidades en torno a Gestión de Servicios Sanitarios XXI, si bien entiende que “desconocía los intereses personales” del resto de implicados.

Inicialmente la Fiscalía reclamaba 11 años para todos excepto para Cerdán por un doble delito, aunque a última hora se planteó como “alternativa” que los hechos se interpreten como una sola irregularidad “continuada”, lo que rebajaría la condena a casi la mitad excepto para Cerdán, que se quedaría en una situación similar. Finalmente, la sentencia queda muy lejos incluso de la nueva calificación.

El caso tomó el apellido del doctor Margüello. Sus empresas contrataban con Sanidad hasta sumar más de 30 millones de facturación en aproximadamente una década desde finales de la década de 1990 hasta la salida del PNV del Gobierno vasco en 2009. “Durante 10 años, sobre todo en el período 2004-2007, hay unos procesos de contratación que no siguen la norma y que intentan buscar vías paralelas, más rápidas y más beneficiosas para esas empresas, para asegurar y retener una serie de contratos que no se lanzan a puja pública. Ocurre como un patrón sistemático durante muchísimos años. Un patrón sistemático de prórrogas cada año y también un patrón sistemático de subidas de tarifas muy muy exageradas. Y siempre está el mismo grupo de empresas en este marco contractual. Es evidente que hay una organización y una trama para conseguir estos beneficios”, denunció en el juicio el exconsejero socialista Rafael Bengoa, quien al relevar a Inclán en 2009 denunció este caso ante la Fiscalía.

Fueron dos los contratos concretos objeto de juicio. En ambos la beneficiaria fue Gestión de Servicios Sanitarios XXI, una empresa de nueva creación en 2006 y no habilitada como clínica privada que en pocos meses recibió 'a dedo' (procedimiento de emergencia) la misión de intermediar entre Osakidetza y los centros concertados para derivar pacientes. Margüello era el titular de apenas el 1% de las participaciones y la administradora formal era María Nieves Fernández. En el juicio él se presentó como simple “asesor” en la empresa y trató de establecer que el día a día era cosa de “la señorita Edurne”, como se han referido varias personas a la gestora. Su abogado, Javier Beramendi, llegó a decir que el principal imputado era “el último mono” en este asunto. Margüello, en cambio, tenía amplios poderes en la compañía hasta el punto de que él mismo firmó con la clínica San Francisco Javier de Bilbao el acuerdo de derivación. Su sobrina era una de las administrativas de Gestión de Servicios Sanitarios XXI.

En la segunda contratación se convocó un concurso público inicialmente, pero luego de nuevo se optó por la vía directa mediante un procedimiento “negociado sin publicidad” que benefició a una UTE de Gestión de Servicios Sanitarios XXI con la clínica Indautxu, el nuevo destino de las derivaciones en sustitución de San Francisco Javier, y una tercera mercantil vinculada igualmente a Margüello, Rehabilidom. Con un tope de 200.000 euros, finalmente la UTE obtuvo casi 5 millones de este contrato mediante una sucesión de ampliaciones.

¿Se perdió dinero con la operación? La Fiscalía reclamaba a los acusados que devuelvan solidariamente los 6,8 millones que costaron esos dos contratos (Cerdán sólo el 25% del primero de ellos, valorado en 1,9). Los imputados alegaron que la Administración no sufrió ningún quebranto porque el servicio le costó lo mismo que si la derivación se hubiese realizado sin intermediación. El Gobierno vasco, que en su día denunció los hechos cuando gobernaba el PSE-EE, retiró finalmente durante el juicio la petición de reintegro de ese dinero. Su abogado, Javier Otaola, defendió que el servicio se prestó y que, por lo tanto, recuperar esas cantidades sería un “enriquecimiento injusto” de la Administración.

El exconsejero Bengoa, en cambio, matizó que aunque la derivación directa costase lo mismo, 6,8 millones, el coste de la intermediación ha generado un perjuicio en el servicio. “Aunque el monto total sea el mismo, eso quiere decir que si alguien se queda con parte de ese dinero, le ha llegado menos al paciente. Parte de ese dinero se ha usado para un proceso innecesario”, enfatizó quien también ha sido asesor en materia sanitaria del presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

El portavoz del Gobierno vasco y consejero responsable de los servicios jurídicos, Josu Erkoreka, ha avalado en la sesión de control celebrada este viernes en el Parlamento la estrategia de los abogados de la Administración en el juicio del ‘caso Margüello’, que no aprecian delito en los contratos suscritos por la Sanidad pública con una intermediaria para gestionar las listas de espera y que tampoco entienden que ese servicio supusiera un sobrecoste para las arcas públicas. Erkoreka ha explicado que la posición en el proceso penal viene marcada por los dictámenes de los dos últimos directores de la Oficina de Control Económico del Gobierno (OCE) – “de dos Gobiernos diferentes e ideologías dispares”- que “coincidieron en constatar que no se había producido quebranto económico a la Hacienda vasca”.

El ‘caso Margüello’ surge con la constatación de que Sanidad había contratado ‘a dedo’ en 2006 un servicio de intermediación de la derivación de pacientes en lista de espera en Bizkaia a una empresa recién creada y vinculada al doctor José Carlos Margüello, jefe de Calidad de Cruces y amigo personal del entonces consejero, Gabriel Inclán. Posteriormente, cuando la OCE cuestiona el procedimiento de “emergencia” para tramitar esa adjudicación, la Administración realizó un segundo contrato, de nuevo directo, y que recayó en una UTE controlada de nuevo por esa mercantil, llamada Gestión de Servicios Sanitarios XXI

El Gobierno del PSE-EE, con Rafael Bengoa como consejero de Sanidad, envió el caso a la Fiscalía al entender que la existencia de un intermediario era innecesaria y que o encarecía el servicio final o, si se pagaba el mismo precio, reducía el dinero realmente destinado al paciente, como ha ratificado recientemente en el juicio. El mismo Ejecutivo que denunció, en la actualidad controlado por el PNV, entiende ahora que no existió tal perjuicio económico, como sostienen las defensas de Margüello, de su socia Edurne Fernández y de los dos excargos sanitarios procesados, José Ramón Elorriaga y Rafael Cerdán. El argumento es que los pacientes fueron atendidos y que las tarifas pagadas por las derivaciones fueron las mismas con o sin intermediaria.

Elkarrekin Podemos ha llevado el asunto al pleno del Parlamento al entender que el Gobierno vasco, “como el de Mariano Rajoy”, “se pone al servicio del partido” y protege a “imputados por corrupción”. “Son 7 millones de euros los que nos robó esta gente y el Gobierno no tiene la decencia de pedirles que devuelvan lo que se llevaron”, ha enfatizado la parlamentaria Cristina Macazaga.

Erkoreka ha replicado que los letrados gubernamentales han permanecido “hasta el último minuto” personados en el juicio, aunque también lo han estado en otras siete causas (“dos penales y cinco en lo contencioso-administrativo”) en las que se “perdió”. “Si hay condena no tenga ninguna duda. Si el juez considera que efectivamente se produjo lesión patrimonial, el Gobierno vasco recuperará hasta el último céntimo de euro. No se preocupe, será contundente y claro. Pero con seriedad”, ha expuesto el consejero-portavoz, que ha pedido a la oposición que huya de la “demagogia” en este asunto y que repase un “dossier” jurídico de “127 páginas” que él mismo entregó a la Cámara a petición del PP.

El ‘caso Margüello’ está visto para sentencia, aunque no se conoce la fecha en la que se conocerá la resolución judicial. Sólo la Fiscalía sostiene que los cuatro acusados han de ingresar en prisión, aunque ofreció a última hora una “alternativa” al tribunal que reduce sensiblemente las penas de cárcel de los 39 años inciales (en conjunto) a unos 23. Mantiene, eso sí, que los procesados deben resarcir con 6,8 millones a la Administración autonómica por el quebranto económico que, a su entender, supuso contratar a una empresa del doctor José Carlos Margüello (Gestión de Servicios Sanitarios XXI) para intermediar en la derivación de pacientes en listas de espera.

El 'caso Margüello' ha quedado esta semana visto para sentencia nueve años después de que el diario 'El Mundo' publicara los primeros datos en torno a las presuntas irregularidades en torno a dos contratos millonarios adjudicados por el Departamento de Sanidad para la derivación a clínicas privadas de pacientes en listas de espera de Bizkaia durante la etapa final de Gabriel Inclán (PNV) como consejero. Tras la larga investigación, entrelazada con otros procedimientos judiciales colaterales que no se han saldado con condenas, la causa principal será resuelta en el plazo de, como mínimo, un mes. Se exponen a elevadas penas de prisión cuatro acusados: el doctor José Carlos Margüello, amigo de Inclán y apoderado de Gestión de Servicios Sanitarios XXI -la intermediaria contratada por Sanidad para gestionar las listas de espera-, su socia María Nieves Fernández, señalada como testaferro en las empresas investigadas, y los excargos políticos José Ramón Elorriaga, responsable de Sanidad en Bizkaia que promovió las contrataciones, y Rafael Cerdán, viceconsejero y firmante del primero de los dos expedientes sometidos a escrutinio judicial. Inicialmente la Fiscalía reclamaba 11 años para todos excepto para Cerdán por un doble delito, aunque a última hora ha planteado como “alternativa” que los hechos se interpreten como una sola irregularidad “continuada”, lo que rebajaría la condena a casi la mitad excepto para Cerdán, que se quedaría en una situación similar. A continuación, las cinco claves de este caso.

1 - ¿Por qué 'caso Margüello' y no 'caso Fernández'?

El caso tomó el apellido del doctor José Carlos Margüello, exdirector de Calidad del hospital de Cruces, amigo personal de Inclán y además empresario. Sus firmas contrataban con Sanidad hasta sumar más de 30 millones de facturación en aproximadamente una década desde finales de la década de 1990 y la salida del PNV del Gobierno vasco en 2009. Así describía la situación el exconsejero Rafael Bengoa (PSE-EE), bajo cuyo mandato en 2009 se iniciaron las investigaciones: “Durante 10 años, sobre todo en el período 2004-2007, hay unos procesos de contratación que no siguen la norma y que intentan buscar vías paralelas, más rápidas y más beneficiosas para esas empresas, para asegurar y retener una serie de contratos que no se lanzan a puja pública. Ocurre como un patrón sistemático durante muchísimos años. Un patrón sistemático de prórrogas cada año y también un patrón sistemático de subidas de tarifas muy muy exageradas. Y siempre está el mismo grupo de empresas en este marco contractual. Es evidente que hay una organización y una trama para conseguir estos beneficios”. En los dos contratos concretos objeto de juicio, la beneficiaria fue Gestión de Servicios Sanitarios XXI, una empresa de nueva creación en 2006 y no habilitada como clínica privada que en pocos meses recibió 'a dedo' (procedimiento de emergencia) la misión de intermediar entre Osakidetza y los centros concertados para derivar pacientes. Margüello era el titular de apenas el 1% de las participaciones y la administradora formal era María Nieves Fernández. En el juicio él se ha presentado como simple “asesor” en la empresa y ha tratado de establecer que el día a día era cosa de “la señorita Edurne”, como se han referido varias personas a la gestora. Su abogado, Javier Beramendi, ha llegado a decir que el principal imputado era “el último mono” en este asunto. Margüello, en cambio, tenía amplios poderes en la compañía hasta el punto de que él mismo firmó con la clínica San Francisco Javier de Bilbao el acuerdo de derivación. Su sobrina era una de las administrativas de Gestión de Servicios Sanitarios XXI.

2 - ¿Era necesario el contrato?

Uno de los debates más acalorados durante el juicio es si estos contratos, que tuvieron un coste de 6,8 millones de euros, eran realmente necesarios. ¿Aportaba algo Gestión de Servicios Sanitarios XXI a la atención sanitaria? Las defensas han insistido en que la compañía ofreció a Sanidad algo “novedoso”, un plantel de médicos para poder atender un pico de demanda en Osakidetza. Esta intermediaria contrataba a los profesionales y éstos intervenían a los enfermos inicialmente en la San Francisco Javier y fruto del segundo contrato en la Clínica Indautxu. Esta fórmula, sin embargo, no se ha empleado ni antes ni después en las concertaciones con centros privados, que se hacen directamente entre Osakidetza y las clínicas sin necesidad de terceros. Los testigos de la acusación, singularmente Bengoa, han calificado de “innecesario” el papel de Gestión de Servicios Sanitarios XXI. ¿Qué aportaba una empresa sin experiencia, sin recursos y sin habilitación médica en la gestión de las listas de espera? ¿No se podía haber firmado el concierto directamente con San Francisco Javier o con Indautxu? Algunos de ellos han hablado de que no era más que una “agencia de viajes”. El que fuera 'número dos' de Bengoa, el actual diputado socialista Jesús María Fernández, deslizó incluso que se comprometió la “seguridad clínica” de los pacientes al ceder sus historiales a la “agencia” de Fernández y Margüello.

3 - ¿Se ha perdido dinero con la operación?

Es, sin duda, el asunto mollar del juicio. La Fiscalía reclama a los acusados que devuelvan solidariamente los 6,8 millones que costaron esos dos contratos (Cerdán sólo el 25% del primero de ellos, valorado en 1,9). Los imputados alegan que la Administración no sufrió ningún quebranto porque el servicio le costó lo mismo que si la derivación se hubiese realizado sin intermediación. Han aportado testigos que aseguran que Gestión de Servicios Sanitarios XXI no obtuvo grandes beneficios de esta operación y han incidido en que los precios de los procesos médicos se ajustaron a los máximos regulados en las órdenes oficiales de tarifas. El Gobierno vasco, que en su día denunció los hechos, ha retirado finalmente durante el juicio la petición de reintegro de ese dinero. Su abogado, Javier Otaola, defendió que el servicio se prestó y que, por lo tanto, recuperar esas cantidades sería un “enriquecimiento injusto” de la Administración. El exconsejero Bengoa, en cambio, matizó que aunque la derivación directa costase lo mismo, 6,8 millones, el coste de la intermediación ha generado un perjuicio en el servicio. “Aunque el monto total sea el mismo, eso quiere decir que si alguien se queda con parte de ese dinero, le ha llegado menos al paciente. Parte de ese dinero se ha usado para un proceso innecesario”, enfatizó en un 'cara a cara' con Beramendi, abogado de Margüello y de su socia, así como de Elorriaga. En todo caso, en el juicio no se ha calculado el porcentaje que se quedó la intermediaria para poder medir el efecto real de estas contrataciones y los acusados ven exagerado que se les haga responsables de todo el coste del contrato, incluido el del servicio médico.

4 - ¿Fueron contrataciones ilegales?

Mucho se ha discutido también sobre la forma en que se realizaron las contrataciones. La primera de ellas, la de 2006, se ejecutó por el procedimiento de emergencia, reservado en la normativa para catástrofes o incluso para asuntos de seguridad nacional. La Oficina de Control Económico (OCE) afeó 'a posteriori' este procedimiento, lo que motivó el segundo de los contratos. Las defensas han alegado que la propia OCE autorizó un año antes contratos similares en Sanidad y han recalcado que había una situación crítica en Osakidetza y, en concreto, en Bizkaia, que había de ser solucionada con celeridad. La gripe de 2006 -han repetido hasta la saciedad- retrasó otros procesos médicos y, además, el Gobierno aprobó un nuevo decreto para garantizar la atención en unos tiempos máximos. Elorriaga, responsable de Sanidad en la provincia, habló incluso de “escándalo” social para justificar la necesidad de buscar una solución de emergencia al colapso de los quirófanos y consultas vizcaínos. Fue el propio Elorriaga el que detalló en su comparecencia en el juicio que, tras las dudas de la OCE, se planteó una nueva contratación del servicio de gestión de las listas de espera en Bizkaia. En esta segunda ocasión se convocó un concurso público inicialmente, pero luego de nuevo se optó por la vía directa mediante un procedimiento “negociado sin publicidad” que benefició a una UTE de Gestión de Servicios Sanitarios XXI con la clínica Indautxu, el nuevo destino de las derivaciones en sustitución de San Francisco Javier, y una tercera mercantil vinculada igualmente a Margüello, Rehabilidom. Con un tope de 200.000 euros, finalmente la UTE obtuvo casi 5 millones de este contrato mediante una sucesión de ampliaciones. ¿La justificación de Elorriaga? “Habrá empresas privadas que llevan 45 años prestando servicios con prórrogas anuales…. Al proveedor hay que facilitarle su existencia y consolidarle para que sea un fiel servidor”, manifestó.

5 - ¿Tiene el caso un componente político?

El letrado Javier Beramendi es un fijo en los casos mediáticos con cargos públicos implicados en Euskadi. Últimamente está siendo protagonista en el 'caso De Miguel' como defensor de Xabier Sánchez Robles -acusado igualmente de contrataciones irregulares en los años 2006-2009- y ha participado en otros muchos procesos. No sorprendió por ello que en su alegato final, además de las conclusiones meramente jurídicas, introdujera el componente político. Mirando al tribunal -presidido por Alfonso González Guija- habló de causa “inquisitorial” y pidió que se ponga fin a un “calvario” de casi una década de duración. Sugirió que todo el caso es una venganza del PSE-EE contra el PNV en un momento muy concreto, en plena polémica por la salida de Juan José Ibarretxe tras el pacto con el PP para desalojar al PNV del poder. Aludió incluso que los socialistas devolvieron a los nacionalistas el golpe por la investigación que en su día probó que tanto el PSE-EE como la UGT manipularon una OPE de Osakidetza para colocar a su gente. “Es una lucha política a la antigua que se sirve en plato frío”, espetó Beramendi. El 'caso Margüello', en efecto, enfrentó políticamente al PNV con el entonces Gobierno socialista. Los 'jeltzales' criticaron duramente la labor de la comisión de investigación del Parlamento y se llegó a promover un comunicado de apoyo a Margüello, Inclán y el resto de implicados. Aquel manifiesto fue firmado por, entre otros, el actual consejero Jon Darpón. Durante el juicio -y aunque ambos partidos comparten ahora Ejecutivo de coalición- los principales apoyos de la Fiscalía han sido Bengoa y Fernández, ambos excargos socialistas. De hecho, uno de los pocos desmarques del PSE-EE con su socio en el Parlamento en lo que va de legislatura fue una votación en la que los socialistas se unieron a la oposición para exigir al Gobierno que recuperara hasta la última peseta en el juicio.

El juicio por el denominado 'caso Margüello', en el que se han investigado las posibles irregularidades en la externalización de las listas de espera de Osakidetza durante el período 2006-2009, ha quedado este viernes a las 15.09 horas visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Bizkaia. La última de las vistas, como es costumbre, se ha cerrado dando por última vez la palabra a los acusados. Sólo uno ha hecho uso de la prerrogativa. Ha sido el exresponsable de Sanidad en Bizkaia, José Ramón Elorriaga, que se ha equivocado al proclamar su inocencia y ha acabado diciendo justo lo contrario: “Éramos una trama organizada”. Sólo la Fiscalía sostiene ese argumento y exige penas de prisión contra los cuatro imputados, aunque ha ofrecido a última hora una “alternativa” al tribunal que reduce sensiblemente las penas de cárcel de los 39 años inciales (en conjunto) a unos 23. Mantiene, eso sí, que los procesados deben resarcir con 6,8 millones a la Administración autonómica por el quebranto económico que supuso contratar a una empresa del doctor José Carlos Margüello (Gestión de Servicios Sanitarios XXI) para intermediar en la derivación de pacientes en listas de espera. El directamente afectado, el Gobierno vasco, ha “retirado” cualquier exigencia económica al entender que el perjuicio patrimonial “no ha quedado acreditado en el juicio” porque los pacientes fueron debidamente atendidos y no hubo sobrecostes en el servicio.

El fiscal José Manuel Ortiz, a pesar de que en el juicio ha mantenido un perfil bajo, se ha apoyado en las pruebas del sumario para dar por constatado el fraude de 6,8 millones, que son la suma de los 1,9 de un primer contrato 'a dedo' por el procedimiento de emergencia a Gestión de Servicios Sanitarios XXI y de los casi 5 millones de uno segundo que recayó en la misma mercantil aunque esta vez en UTE con otras sociedades. El nuevo procedimiento se articuló por los reparos legales que se detectaron en el primero.

Según Ortiz, Gestión de Servicios Sanitarios XXI, como intermediaria y sin tener licencia de clínica privada, “no aportaba nada a la gestión de salud”. “Es un artificio, un intermediario que se queda con parte de los fondos”, ha enfatizado para remarcar el “carácter innecesario y finalidad fraudulenta” de estas adjudicaciones promovidas por Elorriaga desde la Delegación de Bizkaia. Están imputados también el que fuera viceconsejero de Sanidad Rafael Cerdán, que firmó el primero de los dos contratos, y María Nieves Fernández, admistradora de las empresas de Margüello y a la que se acusa de testaferro del doctor, que era alto cargo del hospital de Cruces y amigo personal del consejero de Sanidad de la época, Gabriel Inclán (PNV). “Ese dinero público nunca debió salir del sistema vasco de salud”, ha recalcado el fiscal en sus conclusiones a pesar de aceptar como alternativa a la petición inicial de penas (11 años de prisión excepto para Cerdán, 6) una rebaja de casi la mitad de años de cárcel al acceder que en vez de dos delitos de malversación, prevaricación y fraude, uno por contrato, se produjo solamente uno aunque “continuado” en el tiempo para beneficiar a la trama de Margüello.

Como ya se intuía desde el inicio de las vistas, el Gobierno vasco ha dejado solo al ministerio fiscal en sus acusaciones. Su letrado, Javier Otaola, asume que la “posición” del Ejecutivo es “un poco delicada”. Con el PSE-EE en Lakua, fue el propio Departamento de Sanidad el que denunció los hechos ante la Justicia. El exconsejero socialista Rafael Bengoa ha ratificado su creencia en que hubo irregularidades manifiestas durante su declaración en el juicio. Pero la posición del Gobierno actual es que la investigación y el juicio “no han podido acreditar un daño real y efectivo” a las arcas públicas. Según Otaola, la intermediación no hizo que no se atendieran a los pacientes y el servicio se ajustó a las tarifas máximas fijadas para la concertación de servicios. “Esto justifica nuestra retirada y nos retiramos”, ha argumentado Otaola. 

El abogado de Margüello, Fernández y Elorriaga, Javier Beramendi, ha interesado del tribunal que preside Alfonso González Guija “una sentencia absolutoria que ponga fin a esta irracionalidad”. “Intereso de ustedes que pongan fin a este calvario”, ha abundado. A su juicio, “tiene bemoles” que se incrimine en este caso a Margüello cuando era “el último mono” en unas empresas dirigidas formalmente por su socia Fernández. En efecto, Margüello apenas tenía una pequeña participación societaria, pero constaba en el Registro Mercantil que tenía poderes y, además, él firmó con la clínica San Francisco Javier de Bilbao el contrato para derivar los pacientes que recibía Gestión de Servicios Sanitarios XXI de las listas de espera de Osakidetza. Su sobrina era una de las administrativas.

Según Beramendi, el 'caso Margüello' es poco menos que una venganza política del Gobierno del PSE-EE. Ha acusado abiertamente a Bengoa y a su equipo de “inflar” las acusaciones cuando ha quedado patente que había listas de espera en Bizkaia sobre las que actuar, que los pacientes fueron atendidos y que, además, no se produjo “ni una sola queja” por la supuesta mala calidad de la atención.

El único imputado con otro abogado ha sido Cerdán, implicado sólo en el primero de los contratos. Su letrado, Joanes Labayen, ha defendido también la absolución del exviceconsejero porque firmó un contrato que tenía todo los parabienes de los técnicos y cargos políticos que le asesoraban. “Aquí no hay nada reprochable por parte del señor Cerdán”, ha remarcado. Igualmente, ve excesivo reclamar que se devuelvan los 6,8 millones que costaron los conciertos sanitarios. En todo caso, habría que haber fijado en el juicio la cantidad concreta que elevó la factura la intermediación de la mercantil investigada o cuánto se pudo haber ahorrado si se hubiera realizado un concurso público y no una adjudicación 'a dedo'.

El doctor Rafael Bengoa conoció “un día antes” de acceder al cargo de consejero de Sanidad, en mayo de 2009, las presuntas irregulares en torno a los contratos para la derivación de pacientes en lista de espera de Bizkaia, que recayeron en la empresa intermediaria Gestión de Servicios Sanitarios XXI, vinculada a un conocido directivo del hospital de Cruces, José Carlos Margüello. Esta empresa sin personal médico ni instalaciones sólo se encargaba de trasladar a los enfermos a clínicas privadas. Casi la primera decisión de Bengoa fue encargar una investigación interna que concluyó que era “innecesario” este servicio de intermediación, que costó 6,8 millones de euros. Según ha declarado en la sesión del juicio del 'caso Margüello' de este lunes el exconsejero por el PSE-EE, con experiencia en la Organización Mundial de la Salud e incluso como asesor de Barack Obama, estas anomalías administrativas sólo pueden explicarse por la existencia de una “trama” para “conseguir beneficios”. El dinero público, ha apostillado, “se quedó en el camino” y se perjudicó la atención a los pacientes.

Bengoa ha comparecido finalmente en la tercera sesión de este proceso en el que además de Margüello se sientan en el banquillo María Nieves Fernández, la administradora formal de las mercantiles vinculadas al doctor, y dos excargos del PNV en Sanidad, el director territorial en Bizkaia, Rafael Elorriaga, y el viceconsejero Rafael Cerdán. El consejero entre 2009 y 2012 estaba citado para el pasado martes pero se hallaba de viaje en Brasil. La citación le fue enviada a un despacho profesional antiguo y recepcionada por una persona contra la que “actuará” la Audiencia Provincial de Bizkaia. Según ha explicado el presidente del tribunal del 'caso Margüello', Alfonso González Guija, esa persona mostró una “clara falta de colaboración” para localizar al exconsejero, lo que ha provocado el retraso hasta el 27 de abril de un juicio que iba a quedar visto para sentencia el pasado jueves.

El testigo más importante de la Fiscalía, por su peso político, ha señalado que Osakidetza tiene capacidad para “gestionar desde dentro” las listas de espera. “No hacía falta intermediar entre la Administración y los prestadores [clínicas privadas]”, ha asegurado recordando que ni en su mandato ni en el actual de Jon Darpón, de nuevo del PNV, se recurre a este tipo de empresas.

Esa empresa intermediaria era Gestión de Servicios Sanitarios XXI. Se creó en febrero de 2006, un mes antes de que el consejero en aquel momento, Gabriel Inclán, aprobara un decreto para agilizar los tiempos de espera en Osakidetza y que incluía plazos máximos para atender a los pacientes. Esa nueva garantía ciudadana entró en vigor en julio y en junio, a través de un procedimiento de “emergencia”, Elorriaga y Cerdán autorizaron una adjudicación 'a dedo' a la firma en la que Margüello tenía apenas el 1% de las acciones pero sí un importante peso interno. Rondó los 1,8 millones. Gestión de Servicios Sanitarios XXI quedó eximida de la autorización sanitaria al ser simplemente una gestora que luego derivaba a los enfermos a los facultativos que tenía conveniados. Como esa adjudicación fue cuestionada por la Oficina de Control Económico del Gobierno, se convocó un concurso aunque luego se volvió a suspender para repetir la contratación con la intermediaria, ahora en UTE con la Clínica Indautxu. Aquella tenía un tope de 0,2 millones de euros pero con las prórrogas costó alrededor de 5.

“Nadie más se presentaba a las licitaciones”

Las pesquisas internas, ha precisado Bengoa, pusieron de manifiesto que Margüello tenía intereses también en otras empresas como Rehabilidom o Medical Dom. Desde 1996 todas las sociedades relacionadas con el hoy acusado sumaron 30 millones en contratos. “Durante 10 años, sobre todo en el período 2004-2007, hay unos procesos de contratación que no siguen la norma y que intentan buscar vías paralelas, más rápidas y más beneficiosas para esas empresas, para asegurar y retener una serie de contratos que no se lanzan a puja pública. Ocurre como un patrón sistemático durante muchísimos años. Un patrón sistemático de prórrogas cada año y también un patrón sistemático de subidas de tarifas muy muy exageradas. Y siempre está el mismo grupo de empresas en este marco contractual. Es evidente que hay una organización y una trama para conseguir estos beneficios”, ha señalado el exconsejero preguntado por la Fiscalía. Y ha añadido: “Hay una especie de pared de silencio, nadie se presenta a las licitaciones”.

Acompaña al ministerio público como “acusación” el propio Gobierno vasco. El abogado de la institución que promovió la investigación sobre este asunto, Javier Otaola, ha formulado apenas dos preguntas a Bengoa. En ellas ha buscado del exalto cargo una ratificación pública de que los contratos con las empresas de Margüello no generaron un quebranto económico para las arcas públicas.

En la misma línea ha enfocado su interrogatorio Javier Beramendi, letrado de Margüello, Fernández y Elorriaga. Ha sido un cuestionario muy duro en el que el penalista apenas quería que Bengoa se saliera del 'sí' o el 'no'. Por momentos ha podido cuestionar su gestión política al frente de Sanidad hasta que el presidente del tribunal le ha cortado porque Bengoa no era ni mucho menos el acusado. “Para mí la única forma de cuestionar su validez es preguntándole cómo ha tomado otras decisiones que van en contra de lo que está exponiendo”, se ha justificado Beramendi.

Éste ha sido el momento más tenso:

-¿Abrió el Tribunal de Cuentas del Estado responsabilidades por alcance contable?

-No he oído hablar de eso.

-¿Conoce usted que las tarifas a Gestión de Servicios Sanitarios XXI y a la UTE eran las mismas que las del resto de empresas concertadas?

-Las tarifas eran para poder prestar el servicio, no para que se retenga algo el intermediario.

-Pero, ¿costaba un euro más sí o no?

-Podré contestar algo más que sí o no, ¿verdad? Si hay dinero público de por medio, no queremos que los impuestos acaben en una situación intermediaria. Los impuestos deberían haber ido enteros para la actividad médica final. Insiste en que la suma final es la misma... Sí, pero se iba quedando dinero en el camino y, por lo tanto, hay un impacto negativo sobre los pacientes al final.

-Pero se cobraba lo mismo en San Juan de Dios que en Gestión de Servicios Sanitarios XXI.

-Eso es bien interesante. Aunque el monto total sea el mismo, eso quiere decir que si alguien se queda con parte de ese dinero, le ha llegado menos al paciente. Parte de ese dinero se ha usado para un proceso innecesario.

-No lo entiendo. ¿Qué dinero llega al paciente?

-¿No lo entiende? Al paciente le llegan unos servicios con el dinero del pagador. Si parte se está usando para intermediar unas listas de espera es evidente que llega menos dinero al prestador final.

-Al mismo coste para la Administración...

-Pero con impacto negativo para el paciente.

-Yo no lo entiendo.

El juez González Guija ha cortado este cruce de comentarios reprochando la actitud de Beramendi. “Lo ha explicado dos o tres veces. Otra cosa es que no le satisfaga la respuesta”, ha terciado, pese a lo cual, la siguiente pregunta retórica del letrado ha sido nuevamente “¿Cuál es el perjuicio económico?”.

Bengoa también ha calificado de “muy irregular” que Osakidetza cediera a Gestión de Servicios Sanitarios XXI la custodia de historias clínicas, documentos confidenciales y extremedamente sensibles. El exconsejero ha revelado que, debido a la falta de medios de la empresa intermediaria, inicialmente se guardaban “en un piso”. Más adelante los propios imputados reconocieron que quedaron almacenadas en la clínica San Francisco Javier, donde realmente se trataba a los pacientes.

La Fiscalía no interroga a Inclán

Además de Bengoa, el 'caso Margüello' ha recibido la visita de su predecesor, Gabriel Inclán. El exconsejero por el PNV, amigo personal del principal imputado y responsable de Sanidad cuando se produjeron las presuntas irregularidades, ha tenido un paso fugaz por la Audiencia de Bizkaia. “Mi amistad no me impide decir la verdad”, ha puntualizado al principio de su comparecencia para luego añadir sobre su posible influencia para que Margüello accediera a contratos: “Ni un ápice más para los amigos y ni un ápice menos para los enemigos”.

Llamado por Beramendi, las defensas han convocado a Inclán para explicar que Euskadi y, concretamente Bizkaia, vivían a finales de 2005 una situación de “emergencia” en cuanto al incremento de las listas de espera que justificaban un actuación urgente para derivar pacientes a la Sanidad privada. “Cuando hay personas esperando, nuestra obligación era atenderlas”, ha indicado. Es la misma versión que defendieron los imputados en su declaración.

El exconsejero ha añadido que las clínicas ya concertadas de Bizkaia estaban “en su tope” para justificar que la Administración se fijara en Gestión de Servicios Sanitarios XXI, que ofertaba un plantel de médicos para atender las derivaciones -que en el fondo o eran de Osakidetza o de otras clínicas-. “La contratación de emergencia no significa que es ilegal. Es otra forma de legalidad. Tomaron la decisión más apropiada para hacerlo lo antes posible”, ha destacado Inclán sobre la adjudicación urgente de 2006. Ha añadido que las tarifas que se pagaron a esta empresa no fueron un “capricho” sino dentro de los máximos fijados para todas las clínicas y que “nunca hubo una queja” en relación al servicio de gestión de las listas de espera.

Sólo los abogados defensores han aprovechado la presencia de Inclán en el juzgado. La Fiscalía no ha formulado ni una sola pregunta, ni siquiera incidir en si su relación con Margüello tuvo relación con los hechos investigados. El fiscal José Manuel Ortiz ya sorprendió la pasada semana al dedicar apenas 11 minutos al interrogatorio del principal acusado. El ministerio público solicita once años de cárcel contra todos los imputados excepto para Cerdán, a quien rebaja la petición a seis años porque no participó en la segunda adjudicación a la UTE en la que participa Gestión de Servicios Sanitarios XXI.

El juicio del 'caso Margüello', en el que se analizan las presuntas irregularidades en dos contratos para la derivación a la Sanidad privada de pacientes de Osakidetza en lista de espera valorados en 6,8 millones de euros, no está dando los frutos esperados por la Fiscalía. Si en la primera jornada su interrogatorio al principal acusado, el doctor José Carlos Margüello, apenas duró 11 minutos y prácticamente se limitó a 'no sés' y 'no me constas', en la segunda el gran titular ha sido la ausencia del testigo más significativo de la acusación, el exconsejero de Sanidad por el PSE-EE, Rafael Bengoa, quien bajo su mandato ordenó revisar los expedientes de contratación de sus predecesores con empresas vinculadas a Margüello, que es amigo íntimo del anterior titular de Sanidad con el PNV, Gabriel Inclán.

Bengoa no ha participado en la sesión de este martes del juicio ya que se halla de viaje en Brasil. Fuentes de su entorno explican que el exconsejero “no recibió la citación” para comparecer como testigo en tiempo y forma, ya que fue remitida a un despacho profesional en el que hace años que no trabaja. No es el primer caso en que la Justicia es incapaz de localizar a una persona de relevancia pública en los últimos meses. Bengoa no regresará de su viaje hasta la próxima semana y el tribunal, presidido por el magistrado Alfonso González Guija, ha comunicado este miércoles que la citación se traslada finalmente al próximo 26 de marzo, día en el que se realizará también parte de la prueba testifical propuesta por las defensas, según ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia vasco. El resto de la prueba testifical y las conclusiones del juicio quedan para el 27 de abril, como estaba previsto.

El ‘caso Margüello’ surge precisamente al poco de tomar posesión Bengoa en mayo de 2009. Su equipo, al levantar alfombras, detectó que las empresas vinculadas al amigo de Inclán habían obtenido más de 30 millones en contratos sanitarios entre 1996 y 2008. El doctor era jefe clínico en la unidad de Calidad de Cruces, un cargo menor. Pero en paralelo gestionaba varias compañías a pesar de la posible incompatibilidad. Entre ellas se puso el foco en Gestión de Servicios Sanitarios XXI, que no tenía más plantilla que dos administrativas. En ella Margüello sólo poseía el 1% del capital social y el 99% era de su socia María Nieves Fernández, aunque una de las empleadas era hermana del facultativo y él era apoderado.

En 2006, apenas unos pocos meses después de constituirse y con base en un decreto para reducir las listas de espera, Gestión de Servicios Sanitarios XXI, que tenía que buscar médicos externos y conveniar el uso de una clínica privada, recibió 'a dedo' un contrato para la gestión de las derivaciones de pacientes a una clínica privada. Para ello, se activó un procedimiento de “emergencia” que evitó sacar a concurso la licitación, valorada en alrededor de 1,9 millones. Como ese contrato recibió un informe negativo de la Oficina de Control Económico, se reformuló dos años después mediante un sistema “negociado sin publicidad” que benefició a otra UTE controlada por Gestión de Recursos Sanitarios XXI. Aquel contrato tenía un máximo de 200.000 euros pero acabó elevándose hasta rozar los 5 millones.

No ha comparecido Bengoa en el juicio pero sí su 'número dos', Jesús María Fernández, actualmente diputado socialista en el Congreso. El que fuera viceconsejero de Sanidad ha asegurado que “no estaba justificaba” la contratación de una intermediaria para gestionar las listas de espera. Ha explicado que con anterioridad y después de ese contrato Osakidetza ha contratado directamente con las clínicas. “Nunca se había hecho antes, ni nunca se ha hecho después y que no está justificado”, ha señalado. La investigación ha puesto de manifiesto que Gestión de Servicios Sanitarios XXI se quedaba con un porcentaje por su labor de coordinación que oscilaba entre el 5% y el 20%. Fernández no se ha quedado ahí y ha declarado que esas contrataciones irregulares “pusieron en riesgo la salud, la atención sanitaria y la seguridad clínica”, según informa Europa Press.

Fernández, ante la ausencia de Bengoa, se ha convertido en el principal apoyo de la Fiscalía para lograr las condenas propuestas para los imputados -el viceconsejero Rafael Cerdán y el director en Bizkaia, José Ramón Elorriaga, por firmar las adjudicaciones irregulares y el doctor Margüello y su testaferro María Nieves Fernández-. Ha dado también algún detalle de cómo se gestó este caso en 2009 y ha destacado el trabajo investigador previo del diario 'El Mundo'.

Fernández ordenó una primera investigación interna “por la publicación en un periódico de una serie de informaciones sobre casos de estas adjudicaciones, irregulares según el periódico”. Ese trabajo se lo encomendó a Xabier Elexpe, quien también ha comparecido este martes ante la Audiencia Provincial de Bizkaia, y a otra funcionaria. Sus conclusiones “reafirmaban todos los hechos que se habían publicado” por lo que se empezaron a tomar medidas laborales, administrativas y también políticas (una comisión de investigación en el Parlamento vasco).

“Se abrió expediente administrativo y se demostró que había habido una presunta autorización ilegal para concertar y contratar a la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI y se solicitó un informe de la comisión jurídica asesora del Gobierno vasco que declaró nula de pleno derecho la autorización”, ha explicado sobre la empresa aparentemente controlada por Margüello, que en días antes de recibir la contrata para la derivación de las listas de espera fue declarada exenta de obtener la homologación que requieren las clínicas privadas.